FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
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KAIRÓS, REVISTA DE
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
nunca fueron consultadas, tal como exige la constitución,
el Convenio 169 y los tratados internacionales. Los
miembros de la comunidad San Marcos, fueron
desalojados violentamente de su territorio. El 16 de
diciembre del 2015, entre las dos y seis de la mañana
con presencia policial, funcionarios de la comisaría,
scales y trabajadores de ECSA ejecutaron los desalojos,
destruyeron la escuela, la iglesia y las casas utilizando
maquinaria pesada. “Fuimos desalojados violentamente,
nuestras casas fueron tumbados con maquinaria, nunca
pagaron las indemnizaciones, no fuimos reubicados. De
un momento para el otro, perdimos nuestras casas, las
tierras, los animales, el pequeño patrimonio obtenido
con mucho trabajo”, señala José Sánchez, presidente de la
comunidad Cascomi (Entrevistado por Plan V, 19.02.19).
De acuerdo al testimonio de este mismo dirigente, “las
personas que perdieron sus tierras y casas, ahora viven en
Pangui, en Gualaquiza arrendando un cuarto, sin trabajo,
sin parcelas y sin animales. Por la minería, perdieron
todo” (Entrevistado por Plan V, 19.02.19).
Según las versiones ociales de ECSA, hay un acuerdo
conjunto con los antiguos propietarios de las tierras
donde está situada la minería a gran escala, la población
de Tundayme habría mejorado sus condiciones de vida,
tendría acceso a nuevos recursos, la empresa observa la
responsabilidad con la sociedad (ECSA, 2019). Según la
versión de José Sánchez, “no todos están de acuerdo con
ECSA, pocas personas respaldan la minería y la presencia
de esta empresa. La mayoría queremos nuestras tierras y
un ambiente vital sano. A causa de la minería se ha roto el
tejido comunitario” (Entrevistado por Plan V, 19.02.19).
Los conictos entre ECSA y los pueblos indígenas de
Tundayme, a más de los actos violentos de desalojo,
el aniquilamiento de las formas ancestrales de vida, la
ruptura del tejido organizativo, llegó a cobrar la vida del
dirigente José Tendetza. El 3 de diciembre de 2014, su
cuerpo sin vida fue encontrado atado con una cuerda en
el río Chucumbletza. El 28 de noviembre del mismo año,
él habría salido de su casa a participar en una reunión de la
Asociación Shuar de Bomboiza, pero no llegó. El objetivo
de esta reunión fue la preparación sobre los impactos de
la minería en el medio ambiente, que planeaba llevar a la
cumbre de los pueblos, un evento paralelo a la conferencia
de las partes (COP 20), que se realizó en Lima, a nes del
2014 (Carvajal, 2016).
Por estos actos cometidos contra las comunidades y sus
dirigentes, en contraste a las versiones optimistas del
gobierno, de ECSA y de algunos indígenas que trabajan
en la empresa, la mayoría de los indígenas de Tundayme
desconfían de la empresa y de la actividad minera. Ven en
la minería el inicio de la vida precaria, por cuanto ahora
ya no tienen agua limpia ni acceso a fuentes hídricas, los
ríos Wawayme, Tundayme y Kime están contaminados
con material pétreo y con los metales pesados que son
nocivos para la salud (Pérez, 2019). El gran problema
ambiental, según los dirigentes consultados por Plan V,
es el tratamiento de los relaves, los depósitos de tierra o
escombreras que saldrán de las 60 mil toneladas de piedras
al día, la contaminación de las aguas y la deforestación en
una zona de montañas de poca consistencia pétrea (Plan
V, 2019).
La empresa asegura que cumple con todos los
requisitos ambientales (ECSA, 2019), sin embargo, las
organizaciones ecologistas, los indígenas y los críticos
del proyecto sostienen que los informes y autorizaciones
ambientales no han sido expuestos públicamente ni por la
empresa ni por el Ministerio del Ambiente (Pérez, 2019).
La destrucción medio ambiental provocada por ECSA,
ocasiona la desaparición de cientos de especies animales
que se quedan sin su hábitat, la ora más rica, con más de
202030 especies, entre ellas 65 tipos de orquídeas, y una de
las pocas plantas carnívoras del Ecuador (Palma, 2017).
Los derechos colectivos de los
pueblos indígenas y el extractivismo
minero
Desde los tiempos de la colonia y aún establecidas las
repúblicas, los pueblos indígenas se encuentran afectados
por las decisiones desacertadas de los Estados (Das y
Poole, 2008). Sus demandas son escasamente acogidas; sus
territorios frecuentemente son expuestos a los intereses de
mineros, madereros, buscadores de caucho, o la industria
petrolera o farmacéutica (Paz, 2018). En muchos casos,
los Estados que tienen territorios amazónicos delegaron
la administración de estos lugares a las congregaciones
religiosas católicas, a los colonos o sencillamente les
abandonaron a su suerte (Muratorio, 1998). Esto dio paso
al saqueo, al desalojo de los indígenas de sus tierras, la
introducción de nuevas enfermedades, la destrucción de
los bosques y la biodiversidad, el genocidio y el etnocidio,
y a todo acto de ilegalidad cometido por las personas
foráneas, las maas y las empresas transnacionales
(Hernández, 2009).
En caso de existir la preocupación de los Estados por
ejercer la administración territorial y poblacional de
los pueblos indígenas, otorgar seguridad jurídica,
militar y policial, ejecutar políticas públicas, en cuanto
construcción de vías, puentes, escuelas y centros de
salud, estos se dan, bajo la lógica económica de recaudar
impuestos, regalías y de posibilitar que empresas
trasnacionales vinculadas con los Estados, puedan operar
Kairós, Vol. (3) No. 5, pp. 30-40, Julio - Diciembre 2020, Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba-Ecuador - ISSN No. 2631-2743
http://kairos.unach.edu.ec