Myriam L. Merino-Rosero, Gladys A. Sabando-Murillo, Janneth B. Alulema-Aimara, Oscar B. Guadalupe-Arias
que las capacidades dinámicas del sector público son necesarias para coordinar
servicios, datos, producción y respuestas territoriales ante desafíos complejos.
En este sentido, mejores condiciones de capital humano, expresadas en
salud, educación e igualdad de oportunidades, pueden favorecer un entorno
más propicio para la productividad, la innovación y el aprendizaje territorial.
Surovitskaya et al. (2021) señalan que los procesos de innovación requieren el
fortalecimiento de capacidades científicas y educativas, especialmente cuando
se busca un desarrollo territorial sostenible.
De la misma forma, reglas de juego transparentes, capacidades
institucionales y coordinación entre actores públicos, privados y sociales
pueden fortalecer la gobernanza territorial. Este tipo de gobernanza estratégica
y colaborativa favorece la articulación de recursos locales y la construcción de
entornos productivos más dinámicos (Pokolenko, 2023).
Las políticas gubernamentales, como la inversión en infraestructura, la
regulación empresarial y fiscal, la política comercial y la provisión de servicios
públicos, pueden incidir en las condiciones territoriales para la actividad
productiva. No obstante, su efectividad depende de la coherencia entre las
intervenciones públicas, las capacidades locales y las necesidades específicas
de cada territorio.
La existencia de recursos naturales, biodiversidad y servicios ecosistémicos
puede ampliar las oportunidades productivas e innovadoras, siempre que su
aprovechamiento sea sostenible y compatible con las capacidades del territorio
(Benavidez et al., 2023; Pane, 2023). De igual manera, la infraestructura de
transporte, comunicaciones, conectividad digital y energía constituye una
condición básica para reducir costos de transacción, ampliar mercados y mejorar
la productividad territorial.
Desde el punto de vista del ecosistema económico, la existencia de
mercados, la capacidad de participar en el comercio nacional e internacional, las
redes empresariales y las relaciones con proveedores son condiciones relevantes
para dinamizar la producción local (Ormaza et al., 2022; Rosková et al., 2020;
Santos, 2022; Espinoza, 2023).
La medición de estas condiciones puede abordarse en distintos niveles:
microempresarial, sectorial, nacional o territorial. En el nivel empresarial,
el análisis suele apoyarse en los enfoques de ventajas competitivas y
posicionamiento estratégico desarrollados por Porter (1990), así como en
aportes posteriores sobre diferenciación, creación de valor, capital intelectual
y estrategias de mercado (Bueno, 1996; Treacy y Wiersema, 1995; Kim y
Mauborgne, 2008; Bueno et al., 2008).
A nivel meso, nacional y territorial, la competitividad se ha medido
mediante índices compuestos que integran pilares económicos, institucionales,
sociales y tecnológicos. Entre las metodologías internacionales destacan
el enfoque del Institute for Management Development (IMD) y el Índice
de Competitividad Global del World Economic Forum, que en su versión
2019 organiza la competitividad en pilares relacionados con instituciones,
infraestructura, adopción TIC, estabilidad macroeconómica, salud, habilidades,
mercados, sistema financiero, dinamismo empresarial e innovación (Solano et
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 9(17), pp. 47-66. Segundo Semestre de 2026
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI:https:10.37135/kai.03.17.03
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