ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
ISSN No. 2631-2743
Adrián A. Alvaracín-Jarrín
adrian_alvaracin.j@hotmail.com
Universidad Nacional de Chimborazo
(Riobamba – Ecuador)
ORCID: 0000-0002-0740-1152
Recibido: 04/11/24
Aceptado: 31/12/24
LINEAMIENTOS PARA
UNA POLÍTICA CRIMINAL
RACIONAL
GUIDELINES FOR A RATIONAL
CRIMINAL POLICY
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.14.10
KAIRÓS, Vol. (8) No.14, pp. 193-210, enero - junio 2025
ISSN No. 2631-2743
,
LINEAMIENTOS PARA
UNA POLÍTICA CRIMINAL
RACIONAL
GUIDELINES FOR A RATIONAL
CRIMINAL POLICY
Resumen
Suele extenderse la idea de que la formulación de una
política criminal comprende una tarea compleja. Este
trabajo intenta mostrar otra perspectiva. De esta manera,
la investigación establece lineamientos para el diseño
de un plan político-criminal de reducción de daños. Así,
los lineamientos presentados a continuación, permiten
dotar de racionalidad a las decisiones gubernamentales
en el ámbito de la política criminal. De esta forma, se
utiliza el método cualitativo para indagar las principales
vigas maestras que congurarían una política criminal
basada en el respeto a la dignidad humana. A modo de
conclusión, se diseñan las estrategias y modalidades del
diseño político-criminal, previniendo la diáspora tanto
conceptual como práctica del tratamiento del fenómeno
criminal.
Palabras clave: Política criminal, criminalidad,
conicto, políticas públicas.
Abstract
It is often said that the formulation of a criminal policy
is a complex task. This paper attempts to show another
perspective. In this way, the research establishes
guidelines for the design of a political-criminal plan for
harm reduction. Thus, the guidelines presented below
make it possible to provide rationality to governmental
decisions in the eld of criminal policy. In this way,
the qualitative method is used to investigate the main
guidelines that would shape a criminal policy based on
respect for human dignity. In conclusion, the strategies
and modalities of the criminal-political design are
designed, preventing the conceptual and practical
diaspora of the treatment of the criminal phenomenon.
Keywords: Criminal policy, criminality, conict,
public policies.
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.14.10
KAIRÓS, Vol. (8) No.14, pp. 193-210 , enero - junio 2025
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 8(14), pp. 193-210. Primer Semestre de 2025
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.14.10
Lineamientos para una política criminal racional
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Introducción
El diseño de una política criminal -en adelante PC- que responda al momento actual de dominio
planetario desplegado en el contexto un capitalismo de la vigilancia que produce y reproduce
nuevas violencias mediante técnicas de poder innovadoras como la psicopolítica usada a
través de redes sociales, debe sostenerse -como su antítesis- ineludiblemente en la dignidad
humana. Por esta razón, aquella debe plantearse como alternativa real de liberación de los
sectores excluidos, lo que se consigue precautelando espacios de interacción, cuya nalidad
será la transformación mediante una concepción crítica, decolonial, pluralista e intercultural
(Wolkmer, 2017, p.36).
Esta tarea crítica comprende un método dialógico con y, sobre todo, a partir del otro, colocando
su alteridad en el centro de la discusión. Así, es “necesario volver a considerar la vida partiendo
del otro, desde la relación con el otro, otorgándole al otro una prioridad ética, (…) escuchando
y respondiendo al otro” (Han, 2018, p.110). Anitua (2006), siguiendo a Habermas, coincide
en la validez y universalidad de la acción comunicativa, siendo un criterio preponderante que
toda acción deba ser reconocida por todos a quienes pueda afectarles (p.526), otorgándoles el
derecho a hablar y decidir.
Para ello, la construcción de un plan político-criminal debe sostenerse en la deslegitimación del
sistema penal, demostrando que, el uso de la PC entendida como política pública de gestión de
conictos, propende a transformar la vida de personas excluidas, quienes, en última instancia,
experimentan los efectos del poder punitivo, dada la ínsita selectividad de este. Comprendiendo
de manera simplicada a dicha selectividad penal, como la manera en que el sistema penal
selecciona a las personas más empobrecidas, estereotipadas y excluidas de la sociedad para
engrosar las cárceles de la región a través del ejercicio del poder punitivo. La forma de contener
el avance de este fenómeno punitivista como generador de exclusión radica en el “manejo del
sistema penal y su control, neutralizándolo como instrumento de este” (Zaaroni, 2005, p.127).
De allí también, la idea de dotar de legitimidad a una PC adecuada a los principios jurídicos de
rango constitucional (Cavaliere, 2013, p.15).
En esa línea, se verican dos corrientes de pensamiento dentro del plano político-criminal que
guían a manera de objetivos la elaboración de una PC con enfoque de reducción de daños. El
derecho penal mínimo, es una de esas corrientes, la cual propone una contracción del derecho
penal y un uso restringido del poder punitivo. Otra corriente, se encuentra en la propuesta de
abolición del poder punitivo, lo que se conoce como abolicionsimo penal. Ambas corrientes,
deben ser consideradas como estrategias para develar las injusticias que provocan los sistemas
penales, considerando ciertas falencias propias para su aplicación en nuestro margen (Zaaroni,
2005, p.93).
Adrián A. Alvaracín-Jarrín
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 8(14), pp. 193-210. Primer Semestre de 2025
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Ambas corrientes proponen, como se verá más adelante, una alternativa a los diseños tradicionales
de PC, los cuales suelen anclarse a valores y patrones culturales en suposición predominantes
en la sociedad, dejando por fuera los datos empíricos aportados por la Criminología, los cuales
son determinantes al momento de formular una política criminal criminológica (Beristain,
1999, p.77); lo cual, permite considerar a la PC como una política autónoma, descontrolada,
difusa y sin efectos prácticos visibles. Por ello, la hipótesis que guía este trabajo radica en la
rme convicción de que la PC trabaja sobre un diseño planicado que garantice la reducción
de daños producidos por el poder punitivo, logrando de esa forma, descender los niveles de
violencia social.
En ese sentido, la presente investigación de alcance teórico-reexivo indaga a través del enfoque
cualitativo aquellas premisas que permiten encuadrar a la PC en un marco constitucional
de formulación de política pública a n de comprenderla bajo un enfoque garantista y no
meramente punitivista -el solo uso de la violencia estatal-. En esa senda, el método inductivo
proporciona herramientas útiles por cuanto este permite “[…] construir teoremas desde
situaciones particulares y casos concretos, establecer regularidades, generalizar y pautar
conclusiones” (Villabella, 2009, p.938). De la misma forma, se ha optado por la investigación
documental referente a la PC en sus dimensiones tanto conceptual como de su praxis. Dicha
técnica de investigación “es un procedimiento cientíco, un proceso sistemático de indagación,
recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un
determinado tema” (Morales, 2003, p.2). Para ello, se determina como pregunta cientíca la
siguiente: ¿Bajo qué lineamientos político-criminales se puede formular una PC respetuosa de
la dignidad humana?
En efecto, las implicaciones de este trabajo se reejan en el establecimiento de lineamientos
que permitan controlar las nuevas formas de poder que reproducen la violencia social, entre
las que se encuentran las producidas por el propio sistema penal, dotando a las agencias
gubernamentales de herramientas para formular un diseño político-criminal tomando en
consideración la operatividad real del poder punitivo, el cual siempre es selectivo y pernicioso,
no resuelve ningún conicto, sino que lo suspende e incluso lo agrava, con la consecuente
reproducción de la propia violencia (Zaaroni, 2011, p.32).
Este aporte teorético invita a debatir sobre el diseño de una PC en el marco de un saber y una
praxis liberadora, en sintonía con las necesidades sociales y comprometida con la dignidad
humana. En concreto, el texto debate la tesis que indica que toda política criminal de base
democrática se sostiene en lineamientos que propendan a reducir los niveles de violencia
desplegados por el sistema penal.
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Entre el diseño minimalista y el abolicionista
Como se estableció anteriormente, los marcos regulativos de una PC pasan por el primer
ltro teorético de deslegitimación del sistema penal. Así, el plan diseñado desde la mínima
intervención comprendería un derecho penal como mal menor, cuya nalidad es evitar la
venganza privada a través de la imposición de una pena. Para Ferrajoli (2005), el n de la pena
sería la minimización de la reacción violenta contra el delito, esto es, impedir la venganza
(p.100).
En cambio, para el abolicionismo, el sistema penal causa sufrimientos innecesarios que se
reparten de modo injusto, además de que la intervención de este no causa efectos positivos
sobre las personas, en ocasiones agrava el conicto y, por último, es sumamente difícil controlar
su operatividad real (Ferrajoli, 2005, p.103). Para el abolicionismo existen maneras ecaces de
resolver conictos, sin la necesidad de acudir al poder punitivo, poniendo de relieve alternativas
que toman al conicto como algo inevitable que debe tener respuesta en soluciones distintas
al encierro. Una de las consecuencias más graves del ejercicio del poder punitivo es que, en
sociedades donde existen grandes grupos y los individuos pueden ser reemplazados fácilmente,
son los excluidos quienes se vuelven candidatos del sistema punitivo (Ferrajoli, 2005, p.106).
De esta manera, minimalismo y abolicionismo penal no se contraponen. Al contrario, se
consideran elementos necesarios para el control y neutralización del sistema penal. Dicho
aquello, el minimalismo penal se convertiría en un largo tránsito hacia el abolicionismo del
poder punitivo, en tanto se creen progresivamente nuevas formas de solución de conictos.
Aunque no se puede obviar que el abolicionismo necesitaría implicaría también un cambio
civilizatorio.
En todo caso, bajo el enfoque expuesto, Zaaroni (2012) elabora una posible respuesta
político-criminal desde lo que el autor denomina realismo marginal, el cual es una crítica
criminológica desde nuestra realidad periférica, desde un ser-aquí que pretende revelar “la
violentísima contención represiva de los más carenciados y la violencia de igual magnitud
que implica la invulnerabilidad de los poderosos” (p.24); es decir, una “nueva perspectiva
teórica ensayada desde otro punto del poder, una crítica y una respuesta desde otro momento
del poder” (Zaaroni, 2005, p.179), lo cual implica formular cuestionamientos desde y para
nuestra realidad latinoamericana.
Su propuesta político-criminal desde el realismo marginal se basa en los siguientes ejes:
1) El objetivo más apremiante es la reducción de muertes y la reconstrucción de vínculos
comunitarios a través de la generación de espacios de libertad. 2) Introducir en las agencias
políticas un discurso diferente y no violento, lo propio con las universidades. 3) Introducir
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mensajes que logren neutralizar la propaganda punitiva que se proyecta en los medios masivos-
4) Efectuar contra-campañas de ley y orden. 5) La intervención mínima como táctica y como
modelo diferente de solución de conictos (Zaaroni, 2005, pp.180,183).
Las propuestas sobre la generación de espacios de libertad, el contraataque a la publicidad
vindicativa, la cual se reproduce actualmente en redes sociales y, la intervención mínima
como táctica son los principales ejes que fundan cualquier plan político-criminal destinado
a la reducción de daños, entendido este último como aquellos daños producidos por la
criminalización selectiva de grupos carenciados.
Es notable que la generación de espacios de interacción, así como el contraataque a la publicidad
vidicativa no se podrán lograr a través de la simple acción político criminal, sino que ésta
última necesariamente debe estar inscrita en un plan mucho más amplio de política pública.
Es así como, la formulación planteada se concibe desde un entendimiento conceptual distinto
al de la PC tradicional cuyo eje gira en torno al uso de la violencia estatal, el cual comprende
que, desentenderse de la política pública ocasionaría un vox clamanti in deserto sin resultados
prácticos sobre la violencia que pretende evitar.
Consecuentemente, se torna necesario entender a la PC desde el principio de respaldo, como
aquella que “ayuda siempre a otra política, no tiene nalidades propias” (Binder, 2009, p.125).
De esta manera, la PC “es una política pública, gestionada de un modo preponderante por el
Estado” (Binder, 2016, p.204), la cual debe ser sustentada “en el paradigma de gestión de los
conictos y ser parte de esas políticas” (Binder, 2016, p.202); lo cual lleva a denir a la PC
como “el segmento de la Política de Gestión de la Conictividad (PGC) que organiza el uso de
los instrumentos violentos del estado para intervenir en la conictividad, sobre la base de los
objetivos y metas generales que ja la PGC, para evitar de un modo general la violencia y el
abuso de poder” (Binder, 2016, p.171). Por tanto, la PC al formar parte de una política pública
más amplia, llámese Política de Gestión de Conictos de un Estado, etc-, tiene como n evitar
la violencia y el abuso de poder en coordinación con otras políticas que gestionan los conictos.
En ese contexto, es importante comprender que la PC es una parte relevante de la política
pública, interactuando con otras soluciones no violentas de solución de conictos. En otras
palabras, la PC no puede aislarse de otras políticas que gestionan la conictividad social. La
tarea básica de la PC es la de organizar el poder penal, reduciendo aquella violencia que ejerce
el Estado respecto de los conictos. Lo innovador de esta propuesta consistiría en trasladar el
manejo de la cuestión conictiva concebida solo desde la óptica del concepto de delito y dirigir
el conicto hacia el problema de la desatención por parte del Estado en cuanto ente encargado
de la elaboración de políticas públicas que gestionen ya no solo el delito sino algo mucho más
amplio, el conicto.
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Así, el objetivo es “permitir que se desarrolle la conictividad dentro del marco social; pero,
al mismo tiempo, evitar que el abuso de poder y la violencia se conviertan en el modo de
resolver conictos” (Binder, 2016, p.135). Es importante también mencionar que dicha gestión
de la conictividad se enmarca en “tres modalidades básicas: la preventiva, la disuasiva y la
reactiva” (Binder, 2016, p.138). Para llevar a cabo una adecuada PC. es necesaria la coordinación
sociedad-estado consolidando una red social de gestión de conictos (Binder, 2016, p.146), lo
que posibilitaría la creación de espacios donde se entregue la capacidad de autogestión o de
mediación comunitaria, pues la sociedad debe intervenir de manera directa en el conicto.
La línea del pensamiento en la que se construye una PC democrática es aquella que considera que
el Estado ha puesto los instrumentos de coerción, violencia y represión al servicio de los grupos
sociales poderosos. Por ello una PC democrática debe ineludiblemente ser transformadora,
para lo cual usa la violencia del Estado con este propósito. Desde este fundamento se analizará
en líneas posteriores el uso de la violencia estatal en un sentido distinto hasta el ahora ensayado
por la PC tradicional en Ecuador.
La gestión de la conictividad frente a nuevas formas de poder
El contexto de la PC tradicional ha sido el de la aceptación de la idea de un orden de cosas.
La PC ha jugado un rol importante para concebir al delito como fenómeno natural y no una
creación político-criminal, que se da cuando el Estado mete miedo. La violencia simbólica que
se desarrolla en el aparente orden de cosas ha servido para ejercer violencia sobre minorías
claramente en desventaja cognoscente, al considerarse una violencia suave y disfrazada
(Bourdieu, 1990, p.196). Esto ha sido (re) producido mediante discursos, palabras, propaganda
y toda sutil mediación por parte de los medios de comunicación. Este tipo de violencia no es un
dato menor. Los medios de comunicación fabrican la realidad.
Así, la psicopolítica neoliberal que domina el ámbito prerreexivo del ser humano en la
actualidad, condicionándolo a los dictados de la publicidad proyectada en redes sociales, se
convierte en “una técnica de dominación que estabiliza y reproduce el sistema dominante por
medio de una programación y control psicológicos” (Han, 2014, p.62). Por ello, cualquier
plan político-criminal debe considerar estas nuevas técnicas de poder a n de comprender el
contexto social de dominación donde se despliegan las violencias.
En esta realidad es donde opera la PC democrática buscando formas de contrarrestar los efectos
del ejercicio de poder. Entonces, sus fundamentos se encuentran en dos principios básicos. Por
un lado, el principio de ultima ratio, el cual hace que primen los instrumentos no violentos, lo
cual inevitablemente reduce el uso del poder punitivo; y, por otro lado, el principio de mínima
intervención, el cual impide ejercer violencia donde sea innecesario (Binder, 2009, p.124).
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El principio de mínima intervención trata de evitar que la sociedad se plague de violencia,
pues cuando el Estado interviene en un conicto en ocasiones no solo lo suspende, sino que
lo agrava y la violencia se multiplica. Por tanto, este principio no solo sirve al diseño de la
PC, sino que es base para su ejecución (Binder, 2016, p.177). En consecuencia, el principio de
mínima intervención impone, a saber, dos límites a la PC: a) como límite externo evita que los
hombres sean tratados con violencia y, b) como límite interno es una regla de ecacia donde
al tener como objetivo reducir la violencia, es lógico que se deba usar la menor cantidad de
violencia estatal, pues ésta siempre se traduce en abuso de poder (Binder, 2016, p.179).
La corriente del abolicionismo a través del principio de última ratio persigue la utopía de
mecanismos que eviten la violencia del Estado, encontrando soluciones no violentas para los
conictos que se dan en la sociedad. Para Hulsman cuando un conicto ha entrado en el radar
del sistema penal, éste último hace que sea imposible que se solucione.
El clásico ejemplo de los cinco estudiantes reeja mejor esta idea. Cinco estudiantes conviven
en una residencia universitaria. Un día uno de ellos rompe el televisor que compraron entre
todos. Sus compañeros se molestan e inmediatamente se desencadenan distintas reacciones
-algo así como la reacción social-. El primero, se enfurece y pide que lo boten a la calle. El
segundo, pide que pague por un televisor. El tercero, exclama que su compañero está loco y
debería tratarlo un psiquiatra. El último, maniesta que tal vez algo anda mal en su relación
de amistad y que dialogando quizás encuentren el problema y su solución (Hulsman & Bernat
de Celis, 1984, p.89). Todos son modelos de reacción, como el compensatorio, terapéutico,
conciliatorio. Asimismo, todos pueden combinarse y solucionar de manera efectiva el conicto.
Empero, cuando se decide por el punitivo, botarlo a la calle, los demás se tornan inaplicables,
pues lo que consigue el poder punitivo es suspender el conicto y, en ocasiones, agravarlo.
La búsqueda de soluciones alternativas a los conictos es una tarea ardua pero productiva,
además de que implica que el Estado busque alternativas y no realice la tarea más sencilla,
remitirse simplemente al uso de la violencia. Buscar alternativas signica implementar
direccionalidad, estrategias, plazos, objetivos, metas y recursos, lo que implica un trabajo
articulado y comprometido con la transformación social.
Como se ha dicho, resaltar la dignidad humana es función principal de una PC democrática.
Ya Kant determinaba a través de su principio de humanidad que: “(…) Los seres racionales
están todos bajo la ley de que cada cual no debe tratarse a sí mismo ni a los demás nunca
simplemente como medio, sino siempre al mismo tiempo como un n en sí mismo” (Kant,
2002, p. 122). Bajo este axioma las personas deben ser tratadas como el n último y no como
un simple medio en el desarrollo de la PC.
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De modo que se deben evitar errores sustanciales. El primer error al formular una PC es el
uso de la categoría de delito, el cual es totalmente inútil y contraproducente desde el punto de
vista del análisis político-criminal (Binder, 2016, p. 212); pues no se debe hablar en términos
abstractos cuando se desea tener una visión clara de un conicto. El otro error es la idea de
castigo, el cual no importa tanto para la PC, sino que la misma se interesa más por el control de
criminalidad. El tercer error tiene que ver con la excepcionalidad y los tipos de personas, pues
por un lado no se debe usar la violencia en conictos donde no exista regularidad y tampoco
se debe dirigir la gestión del conicto sobre personas especícas, pues lo que se busca es de
detectar regularidades sociales (Binder, 2016, p. 215). Estos lineamientos coadyuvan a decidir
si intervenir o no con violencia.
Pues bien, la PC democrática tiene una nalidad: evitar el abuso de poder y la violencia. Para
tal n, hay que considerar el contexto donde se produce la conictividad. Un error común es el
de considerar la criminalidad como un fenómeno local, cuando se trata de una cuestión global.
Entendida la PC desde ese ámbito, se pueden formular estrategias para solucionar conictos
que afectan en gran medida a la sociedad. En ese sentido, los medios de comunicación son un
factor destacado en la gestión de la conictividad, dada su incidencia en el actuar colectivo y
su inuencia sobre los diversos tipos de violencia social.
De ese modo, no es menos importante que en la actualidad la persona se autoexplota creyendo
que se realiza (Han, 2014, p. 180) para conseguir nes impuestos por la publicidad consumista.
La propaganda viral que se lleva a efecto en redes sociales sobre los hechos violentos genera
una sociedad paranoica donde se trata de buscar un chivo expiatorio de turno a n de descender
la pulsión de muerte colectiva (Han, 2022, p. 21). El sistema penal continuará, como lo ha hecho
hace siglos, persiguiendo a los vulnerables, que en el momento actual son los excluidos, aquellas
personas impedidas de acceder a los nes impuestos por dicha publicidad. El poder punitivo
se ensaña contra grandes mayorías de vulnerables. Es así que, el neoliberalismo impone nes
sociales donde imperan la optimización y el consumo desmesurados, mientras nuestra región se
torna inequitativa y empiezan a surgir campañas de ley y orden. El panorama es desalentador. Y
ante esto, la política pública en la que se incluye la PC tiene la tarea apremiante de formularse
desde un enfoque democrático y humano. Se debe pensar en la liberación colectiva.
Para tal nalidad, el monopolio de la violencia que dispone el Estado debe ser concebido como
un proceso de absorción de la violencia social (Binder, 2016, p. 238), lo que se traduce en que se
aplicará la violencia solo donde sea necesario, detectando brotes de violencia social con graves
afectaciones a los derechos humanos; caso la intervención se anula. Operando de esa manera se
logra la reconversión del monopolio de la violencia. La reconversión de la violencia signica
redenirla, con elementos que legitimen su intervención, pues el Estado debe intervenir en el
conicto de manera distinta a como lo harían las personas del conicto (Binder, 2016, p. 237),
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caso contrario, la PC no tendría sentido.
Es así como se entendería que existen distintas maneras de castigar sin violencia, fortaleciendo
valores imperantes, con mecanismos incluyentes que no impliquen exclusión. Esto, se logra
a través de una na elaboración de alternativas para la gestión de conictos. En ese orden de
cosas, otro principio orientador para la formulación de una PC es el principio de lesividad, que
exige para la intervención punitiva, una afectación grave a los bienes jurídicos lesionados. Así,
por ejemplo, el poder punitivo se destinaría a los delitos de los poderosos o crímenes globales
y, no tanto, a los delitos de bagatela o subsistencia (Ferrajoli, 2012, p.100). Esa sería una forma
de subvertir la selectividad penal y conducir a la PC hacia nes que impliquen un cambio
tangible.
Una PC pensada desde ese enfoque se ubicaría en tres modalidades distintas de intervención
de la conictividad, que son las modalidades preventiva, disuasiva y reactiva (Binder, 2016, p.
203). Todas ellas creadas y dirigidas por el Estado para evitar el abuso de poder y la violencia
al momento de resolver la conictividad social. La modalidad preventiva busca remover las
causas que generan el conicto. Esta modalidad se encuentra en el nivel de la prevención de
los conictos, intentando remover las causas que lo originan. Se genera como política pública.
Cabe recordar aquí que no existe mejor PC que una buena política de desarrollo (Croxatto,
2019, p.21).
En la modalidad disuasiva el conicto puede aparecer en la sociedad y se trata de evitar que se
maniesten sus efectos. Se espera una tensión entre la acción disuasiva y el conicto, tratando
de evitar en gran medida las consecuencias del conicto. En esta modalidad interviene en
su versión pura la PC, esto es, como uso estatal de la violencia. En la modalidad reactiva o
represiva, que reere al control penal, se pretende disolver el conicto o en solucionarlo, pues
este ya se ha manifestado, por lo cual se desea reconducir el conicto. Las tres modalidades
pueden complementarse unas a otras y no siempre tienen una jerarquía establecida (Binder,
2016, pp. 138,141).
Como se ve, la PC actúa en el segundo nivel de intervención, pero dentro de los cauces de
una política pública, siendo esta última como política de gestión de la conictividad, la que
limita el uso de la violencia estatal. Entonces, se torna inadecuado tratar de formular una PC
como política autónoma. Las sociedades actuales se encuentran atravesadas “por un proceso
de descomposición de lo social, de lo común y de lo comunitario” (Han, 2014, p. 184), siendo
relevante usar aquellos mecanismos que permitan una mejor forma de gestionar la violencia
que surge en la sociedad.
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Lineamientos para una política criminal racional
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Política criminal de reducción de daños
En este apartado se toma en serio la reducción de daños producidos por la violencia ejercida
sobre sectores desfavorecidos, precautelando su dignidad. Para ello, se entregan aportes que
podrían ser útiles dentro de un plan de gestión de la conictividad con sus niveles de intervención
preventiva, disuasiva y reactiva. Por eso, es necesario que el plan se guíe por objetivos y
metas. Los objetivos aquí propuestos son de transformación y de extinción, los mismos que
pretenden transformar las formas de intervención violentas, procurando salvaguardar formas
de intervención no violentas en los conictos (Binder, 2016, pp. 249-250).
Así, se usan dos aportes teóricos de la sociología para lograr reducir el daño provocado por el
aparato punitivo del Estado sobre conictos en los cuales se encuentran inmersas personas de
sectores desfavorecidos o excluidos. El primer aporte es la hermenéutica diatópica desarrollada
por Boaventura de Sousa Santos. El segundo aporte es la clínica de la vulnerabilidad propuesta
por Eugenio Zaaroni. Ambos elementos teoréticos serán articulados de conformidad al
esquema esbozado para el plan. La nalidad última será entregarle un uso transformador a la
PC.
Por ello, se torna indispensable la construcción de planes político-criminales que aborden
las problemáticas desde la realidad propia de cada sociedad latinoamericana, considerando
que esta es la región más violenta del mundo (Sahd K et al., 2023). De allí, la urgente tarea
de transformar de manera eciente y oportuna el uso de la violencia del Estado desplegada
hacia los sectores vulnerables. La base de una PC racional y democrática pasa por el diálogo
constructivo con aquellos a los cuales se destina dicha política.
En ese contexto, la hermenéutica diatópica es el primer paso dentro de esa construcción
dialógica de la PC. La inclusión de los excluidos en el diálogo es la tarea primordial de la PC
democrática. Contrario a usar la violencia innecesaria -principio de última ratio-, la solución
se encuentra en detectar casos donde el sistema penal es altamente selectivo, produciendo el
aumento de la vulnerabilidad al mismo poder punitivo por parte de los sectores desfavorecidos.
Es conocido que la cárcel produce un deterioro progresivo de la identidad y de la personalidad
(Zaaroni, 2022, p.111), introyectando roles desviados durante la etapa de encierro. Esta, sin
duda, no es una forma de solucionar el conicto, sino de empeorarlo.
Los excluidos tienen mucho que decir. Sus miedos, preocupaciones, problemas, percepciones
y demás, forman parte de la tópica del Sur-no imperial (Santos, 2003, p. 390). La traducción
de saberes y el diálogo intercultural son importantes para gestionar un conicto, pues el mismo
entrega información para tomar decisiones acertadas. Es así como, por mandato constitucional
ecuatoriano (Constitución de Ecuador, 2008, art. 85), se torna necesario e indispensable que las
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personas a quienes se destina la PC sean quienes aporten en la formulación de esta, a través de
sus experiencias y vivencias.
Ahora bien, una vez considerada la importancia de la articulación de todos los actores en
la formulación de políticas públicas, es necesario también poner de relieve la necesidad de
crear espacios de interacción, cuya nalidad sea descender el nivel de vulnerabilidad al poder
punitivo.
Para Zaaroni (2005), el grado de vulnerabilidad es lo que decide la selección criminalizante
y no la comisión del injusto, porque es sabido que existen más injustos que dejan indiferente
al sistema penal (p. 275). En la realidad, el sistema penal a través de sus agencias policiales
selecciona escasos hechos delictivos que son puestos en conocimiento de los operadores de
justicia, mientras va dejando por fuera muchos otros hechos delictivos que son mayormente
lesivos, como la criminalidad de mercado, los delitos de cuello blanco, los crímenes de sistema,
entre otros, lo cual es provocado por el grado de vulnerabilidad y los estereotipos.
Los excluidos que son atrapados por las redes del sistema penal, se encuentran en una situación
de grave deterioro físico y psíquico. Estos datos de la realidad son de gran relevancia para
la formulación de la PC. No es un dato menor que en las clases marginales se acentúe la
vulnerabilidad, como consecuencia de una estigmatización que le reduce el espacio social
(Zaaroni, 2012, p. 25). Para tratar esta vulnerabilidad criminalizante, se propone una etiología
de la vulnerabilidad dentro de una clínica de la vulnerabilidad. Esta, funciona bajo dos aspectos
importantes: “la distinción entre procesos deteriorantes previos a la intervención del sistema
penal y el análisis de los agentes que los desarrollaron (grupo de crianza, escuela, sistema
sanitario, etc.)” (Zaaroni, 2012, p. 26), a los cuales agregaríamos procesos de desideologización
como última fase del tratamiento a n de conseguir otro nivel de conciencia.
Lo fundamental sería entonces, descender el nivel de vulnerabilidad al sistema penal. Para
la consecución de estos nes, se elaboran objetivos, metas, recursos, implementación y
actividades en las diferentes modalidades de intervención. Se trata de entregar a los infractores
de poca monta, otra visión de vida, donde se conviertan en actores propios de su destino.
Como observamos el plan político-criminal trata de transformar la propia violencia del Estado
y de convertirse en una herramienta de transformación juntamente con otras políticas públicas.
Como un ejercicio práctico, se desarrolla a continuación un esquema de PC en sus distintas
modalidades, conforme lo abordado hasta este punto.
Guía para la construcción de una política criminal de reducción de daños
En primer término, es necesario precisar que se debe conocer para prevenir. No se puede
prevenir lo que se desconoce. Es así como, el conicto es llevado al plan político-criminal para
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Lineamientos para una política criminal racional
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indagar, conocerlo, abordarlo y proponer soluciones. Por ello, la primera acción es generar
una visión general del conicto. Dentro de esa visión se plasman objetivos que guíen el
accionar del plan. Así, se establecen un objetivo general como reducir el porcentaje de muertes
provocadas por el propio sistema penal y reconstruir vínculos comunitarios; en tanto que, como
objetivos especícos que guardan coherencia con el general, se pueda identicar los casos
que merecen una intervención no punitiva; analizar las modalidades de intervención ecaces
para solucionar el conicto e introducir mensajes en redes sociales con potencial emancipador,
que neutralicen la propaganda punitiva y las campañas de ley y orden, las cuales generan
percepciones infundadas.
El contexto es importante para conocer la realidad del fenómeno del conicto. De esa manera,
existen cinco contextos que son determinantes para la PC: a) el contexto institucional; b)
el contexto organizacional; c) el contexto político; d) el contexto cultural y e) el contexto
nanciero (Binder, 2016, p. 255). Para el contexto institucional es necesario que se articulen
las políticas de seguridad, control y justicia. Para el contexto organizacional la intervención
de varios ministerios es fundamental, a n de atender las necesidades de manera articulada.
Las organizaciones civiles y la policía entregan los principales instrumentos de la PC para su
efectiva operatividad.
El contexto político depende de las ideas que rijan en el ambiente electoral y de una decida
meta de transformación. El contexto cultural implica un cambio social donde se debe considerar
patrones culturales en la sociedad e intentar subvertirlos, uno que es bastante signicativo, es la
publicidad vindicativa que atañe a los medios de comunicación. De esta manera, la psicopolítica
neoliberal debe ser uno de los objetivos a contrarrestar a través de mensajes de inclusión y toma
de conciencia por parte de la población. Asimismo, la clínica de la vulnerabilidad aportaría su
cuota de descolonización del pensamiento en ese sentido. El contexto nanciero corresponde a
los recursos que se deban destinar bajo el enfoque de una política pública bien articulada. Ante
lo descrito, lo cierto es que debe existir el compromiso de los sectores políticos para buscar
la inclusión, así como la emancipación, entregando una herramienta tanto a víctimas como a
infractores para una real recuperación de la comunidad, lo que implica menos recursos de los
que se invierte en el uso de violencia estatal.
En esa línea, como todo plan debe contener metas, las cuales son necesariamente cuanticables,
por lo que se deben señalar tiempos en los cuales se pueda cumplir lo establecido. Se puede, por
ejemplo, identicar cada trimestre del año la reducción de violencia producida por el sistema
penal sobre poblaciones excluidas, así como evaluar cada tiempo los resultados del diálogo
efectuado con las personas que han sufrido la intervención del sistema penal o evaluar cada seis
meses los resultados de la intervención de la clínica de la vulnerabilidad.
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Luego de denir las metas, se proceden a establecer las acciones en cada modalidad de
intervención. Así en la modalidad preventiva que “busca evitar que un determinado conicto
nazca o una manifestación de ese conicto o un modo de desarrollo de él no aparezca” (Binder,
2016, p. 138), tendrá como nalidad remover o impedir que las causas del conicto aparezcan.
Su objetivo principal, de modo ilustrativo, será fomentar espacios de interacción de los
excluidos en los cuales sea posible el intercambio de saberes, lo cual proyecta una sociedad
inclusiva. Para Gargarella (2008) promover la justicia social es una tarea que se basa en dos
principios: la inclusión y la deliberación (p. 90).
Esto implica desechar de plano una PC elitista y optar por una que acoja a los más desfavorecidos,
tomando en consideración dos compromisos teóricos importantes, los cuales son “el compromiso
de la inclusión (aplicando a una crítica del carácter elitista del diseño de las políticas penales
actuales), y el compromiso con la deliberación democrática” (Gargarella, 2008, p. 98).
Al Gobierno Nacional a través de sus ministerios le correspondería coordinar la implementación
de diversos espacios de interacción con enfoque preventivo, considerando que “las políticas
públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen
vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad” (Constitución
de Ecuador, 2008, art.85); donde los recursos son destinados a la creación y fortalecimiento de
dichos espacios.
En cambio, la modalidad disuasiva “pretende evitar que un conicto o una manifestación o
desarrollo de él no se produzca (…) en tanto se desarrolla la acción disuasiva” (Binder, 2016,
p. 139). Esta modalidad está diseñada para abordar el conicto a mediano plazo, es decir, para
que actúe cerca o antes de que se genere el conicto. Hay que considerar que el conicto va a
producirse en la realidad. Aquí, el papel de la policía es fundamental.
La implementación de una policía comunitaria permite detectar oportunamente casos en los
cuales sea necesario el uso de la violencia estatal, pero que, a diferencia de una policía alejada de
su comunidad, ésta se encargará de determinar, juntamente con los afectados, aquellos lugares
en los cuales sea necesario mayor patrullaje, mejor organización de la comunidad, mayores
recursos para implementación de servicios sociales, etc. El programa político-criminal que
propone la criminología actuarial es la incapacitación selectiva (Garland, 2005, p. 312), que
considera al delincuente como un riesgo para la sociedad y por tanto se lo debe neutralizar. En
cambio, la PC democrática trata de que, bajo el principio de última ratio, los conictos logren
resolverse por mecanismos distintos a la represión, permitiendo su vericación empírica.
Por último, aunque no menos importante, la modalidad represiva actúa expost. Sus efectos son:
“disolver el conicto, solucionarlo, mediante la creación de una situación de tolerancia, armonía
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o dando razón a uno de los intereses en pugna” (Garland, 2005, p. 140). En esta etapa se ha
desencadenado el conicto, por tanto, implica el uso de la violencia estatal organizada. Aunque
de igual forma, se deben tener presentes los principios de última ratio y mínima intervención.
Pues bien, en esta modalidad hablamos de represión. Entonces, la policía comunitaria tendrá
la potestad de detener, poner a órdenes de las agencias judiciales -jueces, scales, defensores,
etc.- y, éstos últimos deberán juzgar limitando el poder punitivo.
Ahora bien, todo plan debe ser monitoreado en cuanto a sus resultados. Esta etapa estará a
cargo de funcionarios capaces de dar seguimiento a la política aquí expuesta. De igual forma,
la toma de conciencia emancipadora por parte de la comunidad será monitoreada por diferentes
organismos destinados a salvaguardar el interés común, al cual se le apostaría como elemento
emancipador.
En este momento del plan, se tendrán elementos sucientes, previamente establecidos en los
objetivos, los cuales se vericarán en la realidad. En el caso in examine, se usaron dos elementos
teóricos fuertes para la elaboración del plan, los cuales fueron la hermenéutica diatópica a
través del diálogo con el excluido, así como la ecacia de la contrapropaganda vindicativa en
redes sociales y la ecacia de objetivos y metas de la clínica de la vulnerabilidad. Se evaluarán
dos nes claros. En un momento, la integración comunitaria de quienes sufren los efectos del
sistema penal y, en un segundo momento, la reducción de violencia social conforme los plazos
que se hayan jado.
Es así como, se podrán evaluar la ecacia de la policía comunitaria, con frecuencia trimestral.
Se evaluará su manera de proceder, la forma y fondo de las detenciones, así como el nivel
de poder punitivo desplegado en cada caso. Asimismo, se evaluarán los resultados de cada
institución que interactúa en los diferentes niveles de intervención, sin olvidar la resistencia
que debe imponérsele a los mensajes vindicativos y a la manipulación mediática que hoy en
día se debate en redes sociales. De esta manera, se esbozaría un plan político-criminal sobre la
base de la dignidad humana, el cual tendrá consecuencias sobre la vida de las personas.
Para nalizar, un ejemplo ilustrativo sobre política criminal de reducción de daños se encuentra
en Portugal. Desde el año 2001, el país europeo ha implementado una política de reducción
de daños en cuanto a las personas consumidoras de drogas. Para dichas personas no se destina
cárcel, sino que se les ofrece un tratamiento de salud. Son consideradas personas enfermas que
requieren de un tratamiento adecuado paras superar su adicción. Bajo esa premisa, el consumo
de drogas es una enfermedad que puede ser tratada y con paciencia puede ser también curada,
sustrayendo el conicto de la esfera penal -de la prisión- y convirtiéndolo en un asunto de salud
pública.
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Desde que se despenalizó el consumo de drogas y se entregó tratamiento a los consumidores,
los indicadores precisan que el propio consumo, el contagio de VIH, la muerte por sobredosis y
la delincuencia relacionada con estupefacientes disminuyó drásticamente (RT, 2018). Portugal
tomó en serio la dignidad de esas personas, las acogió, interpretó sus carencias y molestias
y las transformó a través de una visión holística del humnaismo, la dignidad y los derechos
humanos. De esta manera, se logra conseguir lo que para Du (2020) es una comunidad cívica
que entrega el estatus de ciudadano a la persona, lo que, a su vez, sostiene un Derecho penal
legítimo. Todo aquello se logra a través de una política pública de reducción de daños.
Conclusión
Las premisas esbozadas demuestran la necesidad de construir una PC racional de base
democrática con lineamientos sólidos cuya nalidad se enmarque en el descenso de los
niveles de violencia social. Su ecacia se demuestra en la capacidad de reducir el uso de la
violencia estatal. Los principios rectores de esta PC no serían más que aquellos consagrados en
instrumentos internacionales de derechos humanos, mientras que los principios orientadores
como el principio de mínima intervención y el de última ratio servirían para dotarle de
racionalidad en las decisiones. El plan político-criminal que sustenta a la PC debe formularse
con nes emancipadores dentro de una praxis liberadora.
Así la cuestión, los lineamientos presentados encuentran como basamento de su efectividad el
encuentro con el otro, atendiendo a sus necesidades, escuchando para resolver el conicto y
destinando los esfuerzos de esta formulación hacia la transformación del uso de la violencia
estatal donde sea estrictamente necesario, evitando los efectos perniciosos que produce el
sistema penal sobre las personas más débiles de la sociedad, donde el norte sea la dignidad
humana.
La PC diseñada desde ese enfoque resultará transformadora. La reducción de la violencia es
condición esencial de un Estado Fundamental de Derecho. La tarea emancipadora desde la
PC no sería posible sin la intervención colectiva de aquellos que sufren las intervenciones del
sistema penal. Recuperar los espacios de interacción, es el aporte racionalizador de cualquier
política. El bagaje de instrumentos que se diseñen para la contención y reducción del poder
punitivo como instrumento de exclusión, debe hacerse desde la visión de la PC de reducción
de daños.
Declaración de contribución de autoría CRediT
Adrián A. Alvaracín-Jarrín: Conceptualización, investigación, metodología, redacción: borrador original –
Preparación, creación y/o presentación del trabajo publicado, especícamente la redacción del borrador inicial
(incluyendo la traducción sustantiva), redacción (revisión y edición).
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Declaración de conictos de interés
Los autores declaran no tener ningún conicto de intereses.
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