UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
KAIRÓS, REVISTA DE  
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS  
Vol. 2 (2019), No. 3, Segundo Semestre (Julio-Diciembre), (49-57)  
ISSN No. 2631-2743  
EL CURSO GARANTISTA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA SOCIEDAD  
ECUATORIANA  
THE GUARANTEE COURSE OF PUBLIC POLICIES IN ECUADORIAN SOCIETY  
Adrian A. Alvaracin Jarrín 1  
Resumen  
Ecuador se encuentra sumido en un modelo neoliberal de exclusión, que impone retos para el Derecho en general y una  
respuesta inexorable y específica desde el Derecho constitucional y el desarrollo de sus garantías políticas. En primer  
lugar, se refleja el cambio de paradigma en cuanto a los efectos desplegados por una sociedad neoliberal. Posteriormente  
se analiza de manera cualitativa las garantías constitucionales, específicamente las garantías políticas, pues son éstas y no  
otras las encargadas de limitar el abuso de poder e impedir el avance de políticas autoritarias y de ideologías que encubren  
formas de exclusión. Por último, una vez estudiados los efectos que trae consigo la ideología neoliberal y la manera  
de contrarrestarlos a través de un sistema de garantías políticas constitucionales, se elabora una respuesta aplicable al  
Ecuador. De este modo, se formula una Política pública de reducción de daños, aplicable al Ecuador y adecuada a su  
ordenamiento jurídico constitucional.  
Palabras clave  
Políticas públicas; Derecho constitucional; Garantías constitucionales; Neoliberalismo.  
Abstract  
Ecuador is immersed in a neoliberal model of exclusion, which imposes challenges for the law in general and an  
inexorable and specific response from constitutional law and the development of its political guarantees. In the first place,  
the paradigm shif is reflected in terms of the effects deployed by a neoliberal society. Subsequently, the constitutional  
guarantees are analyzed in a qualitative manner, specifically the political guarantees, since these are the ones that are  
responsible for limiting the abuse of power and preventing the advance of authoritarian policies and ideologies that  
conceal forms of exclusion. Finally, once the effects of neoliberal ideology and the way of counteracting them through  
a system of constitutional political guarantees are studied, a response applicable to Ecuador is elaborated. In this way,  
a public policy of harm reduction is formulated, applicable to Ecuador and appropriate to its constitutional legal order.  
Keywords  
Public Policies; Constitutional Rights; Constitutional Guarantees; Neoliberalism.  
1
Ministerio de Justicia. República del Ecuador. Correo electrónico: adrian_alvaracin.j@hotmail.com  
Rec i bid o 1 9j un i o 20 19;Acept a d o31jul i o2 019 .
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sido expulsados del consumo e incluso marginados de  
los derechos fundamentales. Es así que a continuación se  
explica de manera descriptiva-crítica este nuevo modelo  
de sociedad, tratando de hallar los insumos para una  
Política pública de reducción de daños, pues el Derecho  
constitucional debe enfrentar aquél marco planetario de  
poder denominado globalismo, el cual genera exclusión  
en nuestros pueblos latinoamericanos. Para la finalidad  
expuesta, las garantías constitucionales y los derechos  
fundamentales son necesarios como instrumentos  
invaluables en el camino por encontrar una Política  
garantista que preserve la dignidad de aquellas culturas  
alternativas de los excluidos, logrando contener los  
abusos del poder y las injusticias.  
Introducción  
En el entramado neoliberal que desregulariza el  
mercado, privatiza hasta los confines del alma y excluye  
a los desposeídos que no logran acceder al mercado del  
consumo, comparece una relación de indiferencia social  
entre incluido-excluido con un modelo de sociedad  
8
0-20 (ochenta por ciento excluidos, veinte por ciento  
incluidos) (Martin & Schumann, 1996). La diferencia  
esencial entre una sociedad industrial que la rastreamos  
hasta mediados del siglo pasado, con una sociedad de  
consumo, radica en que la primera usa al explotado  
para sus fines productivos, mientras que la sociedad  
hiperconsumista ya no necesita de la explotación de la  
fuerza laboral, sino que excluye, así “en el nuevo mundo  
de los consumidores, la producción masiva no requiere  
ya mano de obra masiva. Por eso los pobres, que alguna  
vez cumplieron el papel de ejército de reserva de mano  
de obra, pasan a ser ahora consumidores expulsados del  
mercado” (Bauman, 1999), reinando el “nuevo principio  
de la modernización (…) el downsizing (el achicamiento  
o reducción de personal)” (Bauman, 1999), convirtiendo  
a las personas en descartables sociales, fácilmente  
reemplazables e innecesarios, lo que le permite desplegar  
su arsenal de dominación de manera fluida.  
Tesis de la reflexión  
El neoliberalismo impide el desarrollo de una política  
pública garantista acorde al ordenamiento jurídico  
constitucional del Ecuador.  
Desarrollo  
El neoliberalismo encubre una exclusión latente. En el  
Ecuador, durante los últimos años, hemos apreciado una  
inclinación por parte del Estado hacia la privatización, la  
flexibilización y el control de la criminalidad mediante lo  
denominado como mano dura. Esto ha ocasionado que  
por ejemplo el desempleo aumente (El Comercio, 2019)  
(políticas de flexibilización) o que el número de presos  
en el Ecuador se dispare de manera alarmante, llegando  
según cifras del Servicio Nacional de Atención Integral a  
Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes  
Infractores al 40% de hacinamiento en el país (La Hora,  
2019), lo que demuestra que existe una política criminal  
de mano dura que se inserta dentro de todo el enjambre  
neoliberal. Lo que está en juego en este entramado  
neoliberal es la exclusión de aquellas personas que por  
su situación de vulnerabilidad son alejadas de aquellas  
políticas de flexibilización o atrapadas por las políticas  
criminales de mano dura.  
Cuando el poder del mercado se instala en los intersticios  
de la sociedad, se hace casi imposible volver la mirada al  
ser humano. Max Weber desde inicios del siglo pasado  
alertaba sobre las consecuencias de una sociedad regida  
por el mercado, que dominaba todos los actos de las  
personas.Elmercadoeslarelacióndevidamásimpersonal  
en la que el ser humano puede entrar (Weber, 2014), de  
esta manera es el capital y el intercambio el que domina  
en el escenario del desarrollo social, centrándose en las  
cosas y no en la persona. Todo se explica en términos del  
mercado, las relaciones se tornan impersonales y si se  
vuelve la mirada hacia el individuo, la cuestión será sólo  
para evaluar su éxito personal y otra vez en torno a su  
producción dentro del mercado.  
La individualización a la que lleva el neoliberalismo y su  
libre mercado impide que valores socialmente adecuados,  
como el compromiso, el bien común, la reivindicación de  
derechos (laborales, económicos, minorías, etc.) se vean  
mermados ante el inmenso arsenal de ideología impuesta  
desde los fines del mercado, con el fin de mantener  
el establishment (entendido como el grupo social que  
impone y mantiene el orden establecido) requiriendo el  
control de esa inmensa población de excluidos que han  
El neoliberalismo como sostiene Klein (2017): “(…) es  
la expresión taquigráfica de un proyecto económico que  
denigra la esfera de lo público y cualquier cosa que no sea  
producto, o bien del funcionamiento del mercado, o de las  
decisiones individuales de los consumidores”, dejando de  
lado la participación del Estado. Es la receta que se aplicó  
por los años 70 durante las dictaduras en la región. Activa  
contribución y manejo de la República (cosa pública)  
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por parte del sector privado y nula intervención estatal;  
de esa manera se podría resumir el modelo neoliberal  
capitalista.  
liberalismo del neo-liberalismo, pero considero que lo  
más grave que propugna el neoliberalismo es el repudio  
a los Derechos Humanos (Zaffaroni & Días Dos Santos,  
2019).  
Como toda ideología, la neoliberal oculta y encubre su  
función política como mero justificativo para el ejercicio  
del poder (Ávila, 2019). Así, lo que pretende la ideología  
neoliberal es imponer su modelo de exclusión, pobreza  
y apartheid a través de la hegemonía que ostentan  
reducidos grupos de poder financiero, quienes ejercen en  
la actualidad el poder y la soberanía de los Estados a través  
del endeudamiento masivo, el cual se ha convertido en el  
arma de que se vale el totalitarismo financiero (Zaffaroni  
En esa línea, son sus ideólogos quienes han implementado  
ese rechazo, encontrándose entre ellos Milton Friedman,  
Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, los dos últimos  
personajes han sido citados y difundidos muchas veces  
por varios economistas a nivel regional y mundial. Su  
propuesta se basa en dos ejes: la negación de persona a  
todo ser humano, pues para von Mises la condición de  
humano no implica directamente la condición de persona  
(von Mises, 1995), resquebrajando totalmente el principio  
de igualdad y no discriminación, haciendo hincapié  
además en que nuestros pueblos son subdesarrollados por  
no adecuarse correctamente a las demandas del mercado,  
dejando con esto indemne al totalitarismo financiero  
respecto de la miseria de dos tercios de la población  
mundial. El segundo eje lo configura von Hayek: la  
separación entre libertad política y libertad individual.  
Para von Hayek no hay libertad sin libertad del mercado  
(von Hayek, 2011), lo que se traduce a manera de ejemplo  
en que un dictador por más cruel que sea, puede gobernar  
de manera liberal si el dictador implementa un modelo  
de libre mercado (Zaffaroni & Días Dos Santos, 2019).  
Entonces tenemos que la tendencia de esta ideología es  
aniquilar la democracia (Zaffaroni & Días Dos Santos,  
2019) y los derechos humanos.  
&
Días Dos Santos, 2019). Esta realidad que presenta  
el poder puede ser subvertida a través de los derechos  
tomados en serio, mediante una decisión política de  
proponer, aplicar y desarrollar integralmente las garantías  
constitucionales en la esfera de las políticas públicas.  
Por ejemplo, existe escasez de lo más elemental, así  
como desnutrición, pobreza, lo que torna a nuestras  
sociedades desiguales e inequitativas. En nuestra región  
la desigualdad descrita se puede verificar empíricamente  
a través del Coeficiente de Gini, que es un indicador el  
cual mide el grado de desigualdad en la distribución de  
riqueza en los países, así mientras el valor se aproxime  
a 0, el país es menos desigual o se acerca a la igualdad  
plena. De esta manera tenemos que en el año 2017 el  
coeficiente de Gini en Ecuador, según el INEC, obtuvo  
un resultado de 0,47(INEC, 2018), mientras que en países  
como Noruega, que mantienen sus reservas respecto  
de políticas neoliberales, el porcentaje se ubica en 0,27  
La idea del libre mercado es la constante en una  
sociedad neoliberal. Los efectos de esta ideología en  
su función política se traducen en que el empleo y  
subempleo alcanzan tan solo a un tercio de la población  
económicamente activa en todo el mundo, mientras  
que la mitad de la población vive con menos de dos  
dólares al día (Rajland, 2018), pues la lógica es que el  
mercado se autorregule, relegando a las personas como  
simples instrumentos al servicio del capital. Esto en  
cuanto a la esfera económica. Pero la ideología alcanza  
a toda la esfera política como gobierno de la polis. El  
recorte de presupuesto mediante los denominados  
ajustes, anulación de las conquistas de grupos sociales  
como la reivindicación de derechos, el acceso a una  
vivienda digna, el ocaso de las reivindicaciones sociales,  
la discriminación de grupos étnicos, la generación de  
pobreza, inseguridad y la acentuación de inequidades y  
desigualdades, sumadas al rápido deterioro del medio  
ambiente, la extinción de especies, la contaminación de la  
biosfera y podríamos continuar. La reivindicación de los  
(
Banco Mundial, 2018).  
Pues bien, ¿cómo se contrarrestaría esta realidad a través  
del Derecho o de los derechos? Si no se toma conciencia  
sobre esa realidad, entonces se necesita del derecho y el  
acceso a la información para poder develar lo que encubre  
una ideología. Para que ese derecho no se mantenga en  
un nivel enunciativo, se necesita de instituciones que  
garanticen el acceso real a esa información. En otras  
palabras, primero implementamos los derechos y luego  
los garantizamos a través de una Política pública.  
Se cree que el neoliberalismo proviene de dos voces que  
son neo y liberalismo. Pretende presentarse como un  
nuevo liberalismo para esta época. El neoliberalismo no  
guarda relación con el liberalismo originario producto de  
la burguesía en ascenso con la llegada de la Revolución  
Industrial en el siglo XVIII. Existen innumerables  
consideraciones que diferencian radicalmente el  
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derechos fundamentales ha sido una conquista llevada a  
cabo por largos años de lucha social, todo lo cual se ha  
dejado de lado por las políticas de carácter neoliberal que  
se definen como una serie de destrucciones del actuar  
colectivo de la humanidad (Houtart, 2001).  
qué no hacer por parte del Estado, con el fin de contener  
el avance de aquellas políticas que excluyen. Las garantías  
políticas pretenden des-cubrir y contrarrestar los efectos  
de una política que excluye. Por ello se denominan  
políticas de reducción de daños. Mientras una política  
criminal actúa con represión, una política de reducción  
de daños actúa en el nivel de la prevención.  
Una alternativa a este entramado neoliberal, la podemos  
encontrar en el Derecho constitucional, mediante  
estrategias, técnicas y tácticas específicas que blinden  
a las personas y a las instituciones de los embates que  
la globalización intenta penetrar en nuestros países  
a través de su ideología neoliberal, generando una  
deshumanización por exclusión económica y social.  
Ejemplifiquemos esta idea sobre una política de reducción  
daños. René se inyecta heroína, René es adicto y ha  
ocasionado disturbios en el barrio en el que vive. Los  
vecinos están molestos, René es un problema para todo  
el barrio, vende droga, se inyecta, frecuenta prostíbulos,  
no trabaja, en fin, representa un peligro. Los moradores  
del barrio creen que la solución pasa por encerrar a René  
y olvidarse de él. En efecto, a la más mínima infracción  
la policía lo detiene, un tribunal lo juzga e ingresa a la  
cárcel. En la cárcel, René aprende otras formas delictivas,  
sale deteriorado, ahora sabe dónde conseguir droga  
más barata, de vez en cuando roba con violencia. René  
vuelve al barrio que lo vio crecer. Aprendió una mejor  
manera de vender droga sin ser detectado, odia a la gente  
a su alrededor porque ellos lo metieron en el infierno y  
un día de los tantos, René sale a buscar su mercancía,  
pero entonces se da cuenta que el dinero no le alcanza.  
René quien contrajo VIH en la cárcel, sale a robar para  
conseguir el dinero que le permita comprar droga. René  
en el forcejeo con la víctima, la mata.  
Una garantía específica podría trazarnos el camino de  
la liberación: la garantía del derecho a la dignidad, que  
comprende y enmarca muchos otros derechos, como el  
respeto a la vida, a la seguridad, a la libertad de elección  
y a la autodeterminación de los pueblos. Esta garantía  
se enmarca en un método axiológico destinado a la  
transformación. Para esta construcción, los derechos  
fundamentales y las garantías constitucionales son  
herramientas poderosas para el empoderamiento de  
nuestros pueblos en su lucha por la emancipación y la  
liberación.  
Para Ferrajoli, la conquista más importante del derecho  
contemporáneo ha sido “la regulación jurídica del  
derecho positivo mismo, no solo en cuanto a las formas  
de producción sino también por lo que se refiere a los  
contenidos producidos” (Ferrajoli, 1992), lo que ha  
ocasionado que nuestro ordenamiento jurídico asegure  
de manera reforzada los derechos fundamentales en la  
Constitución y para ello se vale de garantías que pueden  
ser: a) garantías políticas; b) garantías orgánicas; c)  
garantías jurisdiccionales o d) garantías supraestatales o  
internacionales.  
Ahora se han generado dos graves problemas, René como  
consumidor y asesino, además de la víctima. Por un lado  
la ideología neoliberal del mercado presenta una vida de  
lujos que nuestros barrios precarios anhelan obtener (lo  
que se conoce como mímesis) y para ello cometen delitos,  
aunque no son los únicos que cometen delitos, pues las  
grandes organizaciones financieras los cometen a gran  
escala, pero son los ellos como René quienes ingresan a  
la cárceles; por otro lado, la política criminal de mano  
dura encerró a René, agravando el problema para él y la  
sociedad. Aquí se puede analizar la ideología neoliberal y  
una política criminal de mano dura.  
En este estudio se toma partida de las garantías políticas.  
La idea central es que podemos lograr grandes avances  
a través de una verdadera política de reducción de daños,  
que logre proteger el contenido esencial de los derechos  
de las personas o la esfera de lo indecidible en palabras  
de Ferrajoli. Para este fin es necesario “incluir también  
normas sustanciales como el principio de igualdad y los  
derechos fundamentales, que de modo diverso limitan y  
vinculan al poder legislativo excluyendo o imponiéndole  
determinados contenidos” (Ferrajoli, 1992).  
Bien, ¿qué habría hecho la política garantista de reducción  
de daños? El mejor ejemplo lo encontramos en Portugal.  
En el país europeo desde el 2001 ha implementado  
una política de reducción de daños en cuanto a los  
consumidores de droga. Para ellos no hay cárcel, sino  
tratamiento. El consumo de droga es una enfermedad  
que puede ser tratada y con paciencia puede ser también  
curada, convirtiéndose en asunto de salud pública y no  
Vincular al poder en torno a los derechos se consigue  
mediante garantías políticas que impriman el qué hacer y  
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de prisión. Desde que se despenalizó el consumo y se  
dio tratamiento a los consumidores, los indicadores  
precisan que el consumo, el contagio de VIH, la muerte  
por sobredosis y la delincuencia relacionada con  
estupefacientes disminuyó drásticamente (RT, 2018).  
Vemos entonces que Portugal tomó en serio la dignidad  
de esas personas, las acogió, interpretó sus carencias  
y molestias y las transformó. Eso hace una política de  
reducción de daños.  
incluidos), los límites y vínculos que se impongan a los  
poderes públicos deben darse en la línea del respeto y  
protección de los bienes humanos, como los denomina  
Finnis (Vigo, 2007), que son “una esfera de aquello que es  
-no decidible- por parte de ninguna mayoría” (Ferrajoli,  
2006), lo que abriría espacios de toma de decisiones para  
los excluidos, permitiendo evaluar de manera real el  
contenido de las decisiones de aquellos poderes públicos  
que implementan o crean políticas dirigidas a los sectores  
sociales vulnerables.  
v
Los derechos en este escenario son imprescindibles,  
pues en una sociedad inequitativa como la nuestra, las  
violaciones a derechos son cotidianas, por tanto, el Estado  
y todo órgano con competencia para conocer dichas  
violaciones deben tener en cuenta que “(…) los derechos  
no solo se violan por acciones –actos de agresión- sino  
que también se violan por omisión, - se violan por la  
omisión de dar a los demás la ayuda o los recursos que son  
necesarios para desarrollar una vida digna y autónoma”  
La protección de la esfera de lo -no decidible- implica  
por tanto una nueva concepción del Derecho, significa  
reconocer que “hay algo jurídico cognoscible que vale  
como tal, aunque no se lo haya reconocido o dispuesto  
socialmente”(Vigo, 2007), lo que impone al Estado y sus  
órganos de gobierno el reconocimiento de aquello que  
es indisponible en su accionar: la dignidad humana. El  
neoliberalismo no es ajeno al Ecuador ni mucho menos  
son ajenas sus políticas en el ámbito económico y socio-  
cultural. DesdeelgobiernodeLeónFebresCordero(1994-  
1998) (Foros Ecuador, 2019) hasta la actualidad con el  
gobierno de Lenín Moreno, el país se encuentra sumido  
en políticas de tinte neoliberal, las cuales despliegan, entre  
varios efectos, los siguientes: 1) Se conforma un Gabinete  
en donde los Ministros son representantes directos de  
grupos empresariales; 2) Se otorga la remisión de deudas  
tributarias y patronales a los grandes grupos económicos;  
3) Ampliación de la flexibilización laboral y el despido  
de funcionarios públicos; 4) La sumisión de la política  
monetaria a la banca privada; 5) La reinstalación de  
tratados bilaterales de inversión que debilitan al Estado  
frente al capital extranjero, lo que ocasiona una apertura y  
entreguismo por parte del Estado a la inversión extranjera;  
6) La continua explotación del ITT, lo cual genera  
estragos para las poblaciones no contactadas (Acosta  
& Cajas, 2018), medidas cuyo desenlace son los efectos  
comentados, para lo cual se torna necesario contener a  
esas políticas mediante los derechos fundamentales.  
(
Nino, 1989), de aquello se deduce que los derechos  
sociales no se contraponen a los derechos individuales  
sino que los primeros aparecen como extensión de los  
segundos, consiguiendo mayor alcance de protección.  
Conforme lo expuesto, las garantías de los derechos  
fundamentales esbozan toda una estrategia capaz de  
controlar el avance de políticas neoliberales, pues su  
aplicación implica la protección por parte del Estado  
hacia sus ciudadanos en tanto los derechos sean violados  
por acción u omisión. Nuestra Carta Fundamental en el  
numeral 4 del Art. 11 (Constitución del Ecuador, 2008)  
prevé el contenido esencial de los derechos, entendido  
como aquella garantía frente al legislador, pues bajo  
este precepto ninguna norma o política pública puede  
restringir derechos, en otras palabras, si se viola el  
contenido esencial se viola directamente la Constitución.  
Todo este cúmulo de derechos y garantías que se han  
expuesto, logran proteger a los ciudadanos en una  
sociedad cada vez más exclusiva y menos incluyente. La  
solución se encamina por tomar en serio los derechos  
esenciales.  
A manera de ejemplo, figuremos que el Estado decide  
explotar el petróleo de una zona protegida en la  
Amazonía, lo cual en suposición generará riqueza para las  
arcas fiscales, pero pobreza, marginación y exclusión para  
los pueblos no contactados de la zona. En este ejemplo  
el Estado debe abstenerse de actuar, por dos razones: 1)  
Porque el contenido de su decisión es inconstitucional al  
afectar derechos fundamentales, como el derecho a la vida,  
a un ambiente sano o la autodeterminación de los pueblos,  
con mayor razón si no efectúa una consulta previa y, 2)  
Como ha quedado señalado, es necesaria una política  
pública que resguarde y garantice derechos, para ello es  
necesaria la protección de bienes humanos como política  
garantista, que es la línea que se viene desarrollando.  
Empero, para que esta idea sea realmente plasmada,  
se necesita del Estado de Derecho, y por ende, de un  
sistema político democrático como Estado incluyente.  
Si el entramado neoliberal proyecta una sociedad 80-  
20 (ochenta por ciento excluidos y veinte por ciento  
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Afecta directamente bienes humanos que son la “esfera de  
lo no decidible”, por cuanto “ninguna mayoría ni siquiera  
unanimidad, puede legítimamente decidir la violación  
de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción  
de un derecho social” (Ferrajoli, 1992), así al afectar a la  
población se vulnerarían derechos fundamentales y las  
políticas neoliberales se ampliarían, lo cual atenta contra  
la convivencia horizontal de la sociedad.  
ser heurística (Zaffaroni, 2015) comprendiendo las  
necesidades que nos impone nuestra realidad. Para ello  
las garantías políticas son un eje donde debe primar  
la implementación de cada derecho y su garantía de  
protección reforzada. Se pretende lograr la realización  
social efectiva de los derechos fundamentales en el  
Ecuador para luchar contra las formas de dominación  
del actual momento planetario, adquiriendo prioridad  
la dignidad humana mediante el respeto a los derechos  
humanos y de la naturaleza.  
Garantías liberales (derechos de libertad) y garantías  
sociales (derechos sociales) son esenciales para la  
protección de derechos, pues ambas logran darle  
efectividad a los derechos fundamentales como “una  
cuestión de grado, que depende de la precisión de los  
vínculos positivos o negativos impuestos a los poderes  
públicos por las normas constitucionales y por el sistema  
de garantías que aseguran una tasa más o menos elevada  
de eficacia a tales vínculos” (Ferrajoli, 1992), lo que se  
traduce en que la medida de una verdadera democracia  
tiene su base en la gradualidad con la que vincula al Estado  
respecto de la protección de derechos fundamentales.  
Así la cuestión, nuestro país se encuentra confrontado  
entre dos modelos de Estado: uno incluyente,  
democrático, redistributivo, igualitario, independiente  
y con justicia social, y un estado excluyente, autoritario,  
no redistributivo, desigualdad extrema, dependencia del  
mercado. Para insertarnos en el primero es necesario  
entender que la Constitución y sus garantías políticas  
establecen un deber ser que puede llegar a ser a través de  
tres presupuestos que permiten analizar el desarrollo y  
cumplimientodelarealizaciónconstitucional.Imaginemos  
tres gradas y en la parte superior al culminar el camino  
se encuentra el Estado incluyente. Esas gradas contienen  
en cada escalón una regla o medida para verificar que  
el Estado incluyente se vaya realizando conforme los  
preceptos constitucionales. Estas tres gradas o escalones  
son: la Constitución, la realidad constitucional y el grado  
de realización constitucional.  
¿
Pero dónde se encuentran esos derechos fundamentales?  
Ellos se encuentran en los instrumentos de Derechos  
Humanos, cuya positivización en la legislación  
internacional se halla plasmada en la Declaración  
Universal de Derechos Humanos adoptada por la  
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de  
1
1
948 (“Declaración Universal de Derechos Humanos,”  
948), la misma que se dio como resultado de la empresa  
La Constitución establece, como dijimos, el deber ser  
donde se han subsumido los derechos fundamentales  
y las garantías. La realidad constitucional se mide por  
el aporte de los datos que arroje la realidad a través de  
una investigación sociológica, permitiendo valorar la  
realización constitucional, es decir el grado de realización  
de esas normas en la realidad, es la verificación del ser  
social a modo de juicio de lo establecido y prescrito por  
la Constitución (Zaffaroni, 2015), para esta tarea la obvia  
garantía que debe primar es la garantía política, pues  
son éstas las que trabajan con el ser y la realidad. En  
fin, en el Estado incluyente cada institución del Estado  
propende a la efectiva realización de los derechos y las  
garantías constitucionales cuya medida se verifica en las  
tres premisas enunciadas.  
genocida de la Segunda Guerra Mundial. Se conoce  
bien que el mero hecho de una declaración no mejora  
directamente la vida de las personas y por ello éstos  
derechos deben tener un valor programático.  
Entregarles valor programático significa otorgarles una  
función para su efectivización. El mandato de considerar  
a todo ser humano como persona es la principal función  
de los derechos humanos con su valor programático  
como respeto mínimo de la dignidad de las personas.  
El Ecuador ha encontrado la manera de plasmar los  
Derechos Humanos en lo más alto de la jerarquía de su  
ordenamiento jurídico: la Constitución (Título II). El país  
no solo adecuó la Declaración Universal de Derechos  
Humanos, sino que incluyó además los derechos de la  
naturaleza o Pacha Mama (Art.71), lo cual fortalece un  
Estado plurinacional e intercultural, además de avanzar  
en gran medida respecto de la protección de derechos de  
toda la vida que se desarrolla con nosotros.  
Por ejemplo, la Constitución (primera grada) determina  
que el derecho al trabajo garantiza a los trabajadores  
el pleno respeto a su dignidad con remuneraciones  
y
2
retribuciones justas (Constitución del Ecuador,  
008), entonces podemos subir seguros por esa grada,  
La función de los derechos humanos en el país debe  
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CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS  
apoyándonos de la premisa constitucional. Ahora vamos  
a la realidad constitucional (segunda grada), en ella  
tambaleamos, y observamos que en la realidad muchas  
empresas mantienen a sus trabajadores por más de tres  
años a prueba y luego los despiden sin indemnización,  
ni bonificación, así como nos percatamos de que las  
remuneraciones son injustas. Entonces, resbalamos de la  
segunda grada y no existe realización constitucional del  
Art. 33 (tercera grada), así como tampoco vivimos en un  
Estado incluyente, porque las garantías constitucionales  
no se cumplen en la realidad ecuatoriana. Como  
conclusión, tenemos que el Ministerio del Ramo,  
institución encargada de velar por el derecho de los  
trabajadores, ha incumplido con su garantía política  
de asegurar la primera grada (Constitución), por tanto,  
se deberá reevaluar su funcionamiento e implementar  
políticas que puedan permitir la realización constitucional  
del Art. 33 de la Carta Fundamental.  
prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas  
alternativas que concilien los derechos en conflicto”  
(Constitución del Ecuador, 2008). La política aplicada  
hasta ahora, como por ejemplo las privatizaciones, las  
políticas criminales de mano dura o cualquier política  
neoliberal debe ser evaluada y si afecta derechos, debe  
ser reformulada o adoptar medidas alternativas que  
precautelen los derechos fundamentales de las personas a  
quienes va dirigida dicha política, recordemos el ejemplo  
del caso de drogas en Portugal.  
Por último, el numeral 3 determina: “El Estado garantizará  
la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para  
la ejecución de las políticas públicas y la prestación de  
bienes y servicios públicos” (Constitución del Ecuador,  
2008). En este numeral se aprecia que el destino del  
presupuesto es la redistribución en favor de ejecución  
de políticas públicas que salvaguarden y efectivicen  
derechos, así como resguardar bienes y servicios públicos  
destinados a la protección de las personas excluidas.  
El nuevo paradigma de las políticas públicas se ubica  
en el nivel de garantizar los bienes humanos de todas  
las personas. En este paradigma del constitucionalismo  
queda por discutir la función misma del Derecho  
y la justicia. En este modelo garantista, las políticas  
neoliberales no tienen cabida porque las mismas niegan  
abiertamente los derechos humanos, la dignidad de las  
personas y prevalece al mercado por sobre las personas.  
En el garantismo descansa un deber ser destinado a la  
dignidad de toda persona cuyo fundamento lo encuentra  
en la realización constitucional.  
Las preguntas que surgen son ¿cómo medir esas gradas?  
¿
De qué manera se efectivizan? En cada una de estas  
gradas debe vivir el impulso “hacia la realización de la  
norma básica de la antropología constitucional (concepto  
constitucional del ser humano): todo ser humano es  
persona, nacemos con igualdad de dignidad y derechos”  
(
Constitución del Ecuador, 2008), lo que produce que  
se mida a la realización constitucional, respondiendo  
siempre a la dignidad humana.  
Es menester en este desarrollo traer a colación el Art.  
8
5 de la Constitución que determina la “formulación,  
ejecución, evaluación y control de las políticas públicas”  
Constitución del Ecuador, 2008). En este artículo se  
(
Entonces la política de reducción de daños será liberadora,  
democrática y humana, reconociendo el status de persona  
a todo ser humano y garantizando que sus demandas y  
derechosseanescuchadosporlasinstitucionesencargadas  
de brindarles protección, que en el Ecuador son todas,  
sin excepción. El constitucionalismo se encamina a la  
construcción de un Estado incluyente.  
establecen tres numerales en los cuales podemos apreciar  
todo un programa de política garantista de reducción de  
daños que se ha esbozado hasta este punto.  
Así, el numeral uno del artículo 85 establece: “Las  
políticas públicas y la prestación de bienes y servicios  
públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y  
todos los derechos, y se formularán a partir del principio  
de solidaridad” (Constitución del Ecuador, 2008). Este  
numeral se relaciona con la efectivización de derechos  
fundamentales destinados a hacer realidad el buen vivir o  
el Estado incluyente bajo el principio de solidaridad, que  
implica la fraternidad entre personas y la naturaleza.  
El numeral dos señala: “Sin perjuicio de la prevalencia  
del interés general sobre el interés particular, cuando los  
efectosdelaejecucióndelaspolíticaspúblicasoprestación  
de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen  
con vulnerar derechos constitucionales, la política o  
Conclusión  
Hemos demostrado que el neoliberalismo impide llevar a  
cabo todo un programa de política garantista de derechos  
que se adecue al ordenamiento jurídico ecuatoriano. A  
partir de esa demostración, se formuló otra tesis, según  
la cual el Estado de Derecho debe, por imperativo  
constitucional, vincular su accionar en los derechos  
fundamentales mediante una política pública de reducción  
de daños. Sin aquella premisa no es posible encontrar  
Revista Kairós, Vol. 2 (2019) No. 3, pp. 49-57, Julio - Diciembre, Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba-Ecuador - ISSN No. 2631-2743  
http://kairos.unach.edu.ec  
KAIRÓS, REVISTA DE  
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FACULTAD DE  
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS  
CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS  
un Estado de derechos y justicia. Así mismo, dicha  
vinculación puede darse en el contexto del garantismo  
donde lo no decidible sea base de una democracia efectiva.  
pdf  
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El Comercio. (2019). 261.767 personas perdieron  
su empleo adecuado en el último año, según INEC.  
Disponible en: https://www.elcomercio.com/  
actualidad/inec-desempleo-subempleo-ecuador-  
marzo.html  
El contenido esencial de los derechos que encontramos  
en el numeral 4 del Art.11 de la Constitución impide  
que cualquier política pública menoscabe derechos  
de las personas, además su formulación se encuentra  
programada en el Art.85 de la Norma Suprema. Estos  
derechos fundamentales, se erigen como base para  
formular cuestionamientos a las decisiones del poder,  
precisamente en las políticas que se destinen para nuestra  
convivencia como sociedad. Con esta premisa se torna  
insostenible propugnar políticas de tinte neoliberal.  
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ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/178816-  
el-neoliberalismo-en-el-ecuador-causas-  
consecuencias-y-caracter%C3%ADsticas-del-  
modelo-neoliberal  
Una política pública de reducción de daños que propenda  
a la liberación de los excluidos, toma en serio el diálogo  
como herramienta, por lo cual el Estado debe dirigir todos  
sus esfuerzos a escuchar sus peticiones, sus reclamos,  
en fin, sus derechos. En la misma línea, el Derecho  
constitucional debe garantizar derechos y a través de la  
política lograr encaminar la realización constitucional en  
el plano del ser, a través de la Constitución, su realidad y  
su efectivización. Los órganos del poder deben abstenerse  
de implementar políticas públicas que menoscaben  
derechos o garantías de su población. Una política que se  
encuentre en sintonía con el paradigma constitucional, es  
la principal alternativa.  
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