FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
II
TABLA DE CONTENIDOS
BIOÉTICA: DEL CÓDIGO DE NÚREMBERG A LA
JURISPRUDENCIA..............................................................................................................................................9
Luis Manuel Marcano Salazar
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE: UN ESTUDIO DE DATOS DE
PANEL PARA AMÉRICA LATINA..............................................................................................................24
Myriam L. Merino-Rosero, Gladys A. Sabando-Murillo, Mery S. Siquihua-Aviles,
Oscar B. Guadalupe-Arias
LOS COSTOS DE OPORTUNIDAD PARA EMPRENDEDORES EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA...........................................................................................................................................................44
Gabith Miriam Quispe Fernández, Otto Eulogio Arellano Cepeda, Leslie Sarai
Martínez Orellana, Gustavo Santos Tapia Daza
COMPOSICIÓN SOCIETARIA Y ECONÓMICA DE LAS
EMPRESAS LONGEVAS DE LA ZONA 3, CENTRO-ORIENTE
ECUATORIANO.....................................................................................................................................................63
Carla Ojeda-Zambrano
CRISIS DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD. PENAS ALTERNATIVAS Y
SUBSIDIARIAS..................................................................................................................................................82
Dr. Juan G. Ávila-Urdaneta PhD, Dr. Marily R. Fuentes-Águila Phd, Abog. Jhon A.
Patiño-Caiminagua
POBREZA Y FERTILIDAD EN ECUADOR, PERÍODO 2020...................................................103
Eduardo G. Zurita-Moreano, Nelly S. Maliza-Chavez, María G. González Bautista
MOTIVACIÓN EN LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS: UNA TAXONOMÍA
EMPÍRICA DE PROPIETARIOS UTILIZANDO ANÁLISIS FACTORIAL
EXPLORATORIO..............................................................................................................................................126
Fabián X. Martínez-Ortiz, Guido P. Santamaría-Quishpe, Efrén G. Montenegro-
Cueva, Milton Marcelo Cárdenas
ÍNDICE DE (IN)CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN ORDENADAS
POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS AL ESTADO
ECUATORIANO................................................................................................................................................140
Keevin F. Gallardo-Ruiz, Oswaldo V. Ruiz-Falconi, Mayra Ruiz-Falconi
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CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
COMITÉ EDITORIAL EQUIPO EDITORIAL
III
Ph.D. Diego Enrique Pinilla Rodriguez
DIRECTOR / EDITOR EN JEFE
Ph.D. Gerardo Miguen Nieves Loja
COORDINADOR EDITORIAL
Ph.D. Patricia Hernandez Medina
COORDINADORA EDITORIAL
MSc. Pablo Rosas Chávez
DISEÑADOR
MSc. Pablo Méndez Naranjo
COORDINADOR TECNOLÓGICO
Ph.D. Galo Rodrigo Guerrero
Universidad Técnica Particular de Loja
MSc. Carlos Hernando Escobar Uribe
Universidad del Bosque, Colombia.
Ph.D. Damián Bil
Consejo Nacional de Investigaciones Cientícas
y Técnicas, Argentina.
MSc. Marcos Baudean
Universidad ORT, Uruguay.
Ph.D. Juan Carlos Vilaseca Berrios
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia.
Ph.D. Susana de las Mercedes Andrade Orellana
Ponticia Universidad Católica del Ecuador.
Ph.D. Andrés Botero Bernal
Universidad Industrial de Santander, Colombia.
Lcd. Jenny Alexandra Freire Rivera
Universidad Nacional de Chiborazo,
Ecuador.
MSc. Patricia Chiriboga
ASISTENTE EDITORIAL
MSc. José Vinicio Palacios Carrillo
ASISTENTE EDITORIAL
Lcd. Jenny Alexandra Freire Rivera
TRADUCTORA DEL INGLES
Andrea Karolina Romero Bunshe
MAQUETADOR
Ph.D. Julio César Guanche Zaldivar
Flacso, Ecuador.
Ph.D. Tania Lizeth Zabala-Peñael
Flacso, Ecuador.
Ph.D. Edgar Corso Sosa
Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Universidad Nacional Autónoma de México.
Ph.D. Patricio Sánchez Cuesta
Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.
Ph.D. Maria de Los Angeles Sanchez Dominguez
Universidad de Granada, España.
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Ph.D. (c) Andrés Santacoloma Santacoloma
Goethe University Frankfurt, Alemania.
Ph.D. Paula Otero Hermida
Universidad Politécnica de Valencia,
España.
Ph.D. Maximiliano Alberto Aramburo Calle
Universidad Ponticia Bolivariana,
Colombia.
Ph.D. Javier Ivan Soledad Suescún
Universidad de Pamplona, Colombia.
Ph.D. Vicente José Benito Gil
Universidad de Alicante, España.
Ph.D. Diana Beatriz González Carvallo
Centro de Estudios Constitucionales de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
México.
Ph.D. Myrna Limas Hernández
Universidad Autónoma de Ciudad Juarez,
México.
Ph.D. José Luis Crespo Fajardo
Universidad de Cuenca, Ecuador.
Ph.D. Luis Rafael Morales La Paz
Universidad Católica Andrés Bello,
Venezuela.
Ph.D. Daniel Lahoud
Universidad Católica Andrés Bello,
Venezuela.
MSc. Diana Milena Murcia Riaño
Universidad del Bosque, Colombia.
Ph.D. Juan Pablo Jaimes Villamizar
Universidad Simón Bolivar, Colombia.
Ph.D. Miguel Ángel García
School of Law, University College Cork,
Irlanda.
Ph.D. Roberto del Barco Gamarra
Universidad Técnica de Oruro, Bolivia.
Msc. Gonzálo Jonás Paredes Reyes
Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil.
Msc. Sol David López Domínguez Rivas
Universidad de Guayaquil, Ecuador.
Ph.D. Juan Ramos Martín
Ponticia Universidad Javeriana, Colombia.
Ph.D. Priscila Hermida
Ponticia Universidad Católica del Ecuador,
Ecuador.
Ph.D. Milton Fernando Montoya Pardo
Universidad Externado de Colombia.
MSc. Juan Pablo Cabrera Vélez
Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador.
MSc. Jorge Andrés Cruz Silva
Ponticia Universidad Católica del Ecuador,
Ecuador.
COMITÉ CIENTÍFICO
IV
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COMITÉ CIENTÍFICO
Ph.D. Narcisa Jessenia Medranda
Morales
Universidad Politécnica Salesiana,
Ecuador.
Msc. Ximena Margarita Coronado
Otavalo
Ponticia Universidad Católica
del Ecuador, Ecuador.
Ph.D. Pablo Andrés Escandón
Montenegro
Universidad Andina Simón Bolívar,
Ecuador.
Msc. María Eugenia Borja Lombeida
Universidad Nacional de Chimborazo,
Ecuador
Ph.D. Damián Emilio Gibaja Romero
Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla, México.
Msc. William Iván Gallo Aponte
Universidad Externado de Colombia.
Msc. Alejandro Hernández Luis
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales FLACSO, Ecuador.
Ph.D. Amir Al Hasani Maturano
Universidad de las Islas Baleares, España.
V
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ÁRBITROS INVITADOS
Dr. Roberto del Barco Gamarra
Universidad Técnica de Oruro – Bolivia.
Dr. Daniel Lahoud
Universidad Católica Andrés Bello –
Venezuela.
Econ. Diego Marcelo Lara Haro
Universidad Técnica de Ambato – Ecuador.
Mg. Sol David Lopezdomínguez Rivas
Universidad de Guayaquil – Ecuador.
Mg. Ana María Idárraga Martínez
Universidad de La Sabana – Colombia.
Mg. Jomary Liz Ortegón Osorio
Colectivo de Abogados “José Alvear
Restrepo” – Colombia.
Ph.D. Juan José La Calle Domínguez
Universidad Técnica de Cotopaxi – Ecuador.
Mg. Ivonne Magaly Malaver Pérez
Fundación Tiempo de Juego – Colombia.
Mg. Fernando Torres Medina
Universidad La Gran Colombia – Colombia.
Dr. Ángel Acevedo-Duque
Universidad Autónoma de Chile – Chile.
Dra. María de los Ángeles Cervantes Rosas
Universidad Autónoma de Occidente – Colombia.
Dr. Luis Morales La Paz
Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela.
Dr. Fernando Spiritto
Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela.
Ph.D. Youseline Garavito Hernández
Universidad de Investigación y Desarrollo - Colombia.
Mg. William Eduardo Ramírez Torres
Universidad de Investigación y Desarrollo – Colombia.
Dra. Roxana Nayeli Guerrero Sotelo
Universidad de la Sierra Sur – México.
VI
KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
Presentamos el número 12 de KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administravas,
de la Universidad Nacional de Chimborazo. En este número, el primer arculo: Bioéca: del código
de Núremberg a la jurisprudencia, de Marcano Salazar (Universidad Central de Chile), presentan
los parámetros bioécos desarrollados luego de la Segunda Guerra Mundial y su inuencia en la
jurisprudencia, a parr de la pregunta por el reconocimiento judicial y su papel en la juridicación de
la bioéca.
En el segundo arculo, Compevidad y desarrollo sostenible: un estudio de datos de panel para América
Lana, Merino-Rosero, Sabando-Murillo, Siquihua-Aviles (Instuto Superior Tecnológico General Eloy
Alfaro), y Guadalupe-Arias (invesgador Independiente), idencan la inuencia del ecosistema en la
compevidad y el desarrollo sostenible, considerando para ello variables propias de las dimensiones
social, económica y ambiental. Encuentran que la sostenibilidad se explica por la instucionalidad, la
educación, el desarrollo nanciero y la innovación; mientras que las emisiones de CO2 se ven afectadas
por la infraestructura, el entorno macroeconómico, la educación, el desarrollo nanciero, el tamaño
mercado y la innovación.
En el tercer arculo: Los costos de oportunidad para emprendedores en la ciudad de Riobamba, Quispe-
Fernández, Arellano-Cepeda, Marnez-Orellana (Universidad Nacional de Chimborazo), y Tapia-
Daza (Universidad de Sevilla), esman los costos de oportunidad de los emprendedores en la ciudad
de Riobamba en el año 2022, que en promedio alcanza US$453,62; valor que incide en el inicio de
emprendimientos.
En el cuarto arculo: Composición societaria y económica de las empresas longevas de la zona 3, centro-
oriente ecuatoriano, Ojeda-Zambrano (Universidad Central del Ecuador) analizan 170 organizaciones
de la zona 3 del Ecuador, encontrando que ninguna de ellas logra superar el siglo de existencia y que
el tamaño más representavo corresponde a microempresas, lo que da cuenta del bajo nivel de
crecimiento no solo de sus ingresos totales sino también de su estructura organizacional.
En el quinto arculo: Crisis de la privación de libertad. Penas alternavas y subsidiarias, Ávila-Urdaneta,
Fuentes-Águila (Universidad Metropolitana), y Paño-Caiminagua (invesgador independiente),
evalúan la situación penitenciaria y fundamentan la necesidad de establecer penas alternavas y
subsidiarias a la privación de libertad en el Ecuador. Los jueces deben contar con la opción de escoger
entre la privación de libertad o multa como alternava, y de subsidiar la pena privava de libertad por
otras como el trabajo correccional con internamiento, el trabajo correccional sin internamiento y la
limitación de libertad.
En el sexto arculo, tulado Pobreza y ferlidad en Ecuador, período 2020, Zurita-Moreano, Maliza-
Chavez, y González-Bausta (Universidad Nacional de Chimborazo), analizan la relación entre la
pobreza y ferlidad en Ecuador durante el año 2020. Los resultados encontrados que la ferlidad
VII
EDITORIAL
KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
ene un impacto posivo y signicavo sobre la pobreza: a mayor número de hijos, mayor será la
probabilidad de caer en una situación de pobreza. Además, cuando la ferlidad es analizada en función
de otras condiciones, como bajo nivel de escolaridad de la madre, po de etnia y estado civil, existe
más profundidad para explicar los índices de pobreza.
En el sépmo arculo, Movación en los pequeños negocios: una taxonomía empírica de propietarios
ulizando análisis factorial exploratorio, Marnez-Orz, Santamaría-Quishpe, Montenegro-Cueva,
y Cárdenas (Universidad Técnica de Cotopaxi), brindan soluciones a dos problemas de movación
relacionados con la heterogeneidad: débil políca de capacitación para abordar temas especícos en
propietarios de pequeños negocios; y segundo, la dicultad para los propietarios de conocer y adaptar
a la prácca la movación. La solución pasa por crear una taxonomía de propietarios-movadores,
que se conforma de la siguiente forma: progresista, comunicador, exible, innovador y responsable
socialmente. Esta categorización permite ofrecer mejor apoyo prácco en sus acvidades relacionadas
a la movación.
En el octavo arculo: Índice de (in)cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos al estado ecuatoriano, Gallardo-Ruiz (Centro de Estudios en
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales), Oswaldo V. Ruiz-Falconi (Judicatura Provincial de
Chimborazo – Ecuador) y Mayra Ruiz-Falconi (invesgadora independiente), realizan
una evaluación al índice de (in)cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte
IDH al Estado ecuatoriano, parendo de la revisión individualizada de las resoluciones de supervisión
de cumplimiento tanto de los casos archivados como de los casos abiertos; así como de las medidas
idencadas por la jurisprudencia de la Corte. Se encuentra que el nivel de cumplimiento que varía
según el po de reparación ordenada, analizando criterios referentes a la responsabilidad internacional
desde la esfera de los Derechos Humanos.
Como se puede apreciar, estos arculos representan una contribución valiosa a la comprensión de
los desaos écos, económicos y jurídicos que enfrentamos como sociedad. Invitamos a nuestros
lectores a sumergirse en estas invesgaciones, cuesonar las convenciones establecidas y parcipar
acvamente en el diálogo connuo que impulsa la evolución de nuestras perspecvas y práccas.
KAIRÓS, propone en cada uno de sus números un viaje intelectual que trasciende las fronteras
disciplinarias. En este número, el interés radica en la interconexión esencial entre la éca, la
compevidad sostenible y la juscia humanitaria.
Como de costumbre agradecemos a los autores que publican en esta edición, así como a los revisores,
quienes aportaron para mejorar los arculos. KAIRÓS, connua con su rme compromiso con la
excelencia editorial, adelantando un riguroso proceso de evaluación de pares ciegos y publicando con
la mayor calidad. Mil gracias a todos.
Equipo Editorial
VIII
EDITORIAL
ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Luis M. Marcano-Salazar
luis.marcano@zonavirtual.uisek.cl
Becario - Doctorado en Derecho
Universidad Central de Chile
(Santiago de Chile)
ORCID: 0000-0003-0470-5764
Recibido: 17/06/23
Aceptado: 15/12/23
BIOÉTICA: DEL CÓDIGO
DE NÚREMBERG A LA
JURISPRUDENCIA
BIOETHICS: FROM THE
NUREMBERG CODE TO
JURISPRUDENCE
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.01
KAIRÓS, Vol. (7) No. 12, pp. 9-23, enero - junio 2024
ISSN No. 2631-2743
,
Resumen
Se presentan los parámetros bioéticos desarrollados
luego de la Segunda Guerra Mundial y su inuencia
en la jurisprudencia, a partir de la pregunta por el
reconocimiento judicial y su papel en la juridicación
de la bioética. Para reexionar sobre este interrogante
se analiza el concepto de bioética desarrollado desde
el código de Núremberg, revisando la importancia
de este código, así como de otros instrumentos como
el informe Belmont y la declaración de Helsinki.
También se identican los casos en donde se
judicializaron relaciones médicas por temas éticos.
Palabras clave: Bioética, código de
Núremberg, informe Belmont, declaración de
Helsinki, jurisprudencia.
Abstract
The bioethical parameters developed after the Second
World War and their inuence on jurisprudence
are presented, starting from the question of judicial
recognition and its role in the juridication of
bioethics. To reect on this question, the concept
of bioethics developed from the Nuremberg code is
analyzed, reviewing the importance of this code, as
well as other instruments such as the Belmont report
and the Declaration of Helsinki. Cases where medical
relationships were judicialized due to ethical issues
are also identied.
Keywords: Bioethics, Nuremberg code,
Belmont report, Helsinki declaration, jurisprudence.
BIOÉTICA: DEL CÓDIGO
DE NÚREMBERG A LA
JURISPRUDENCIA
BIOETHICS: FROM THE
NUREMBERG CODE TO
JURISPRUDENCE
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.01
KAIRÓS, Vol. (7) No. 12, pp. 9-23, enero - junio 2024
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 9-23. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.01 11
Bioètica: del código de Núremberg a la jurisprudencia
Introducción
El desarrollo del pensamiento jurídico contemporáneo amerita de la reexión sobre la
juridicación de la bioética. Las terribles coyunturas que ha vivido la historia de la humanidad
han posibilitado cambios estructurales en las diferentes facetas de la sociedad. Sin esos
momentos signicativos pero crudos, algunos espacios de vida en la comunidad internacional
no hubieran sufrido los cambios fundamentales ocurridos. Pasar de un estado de anormalidad
a una aceptación social, ha representado un riesgo fundamental para el desarrollo y viabilidad
social. En este marco es fundamental preguntarse por la juridicación de la bioética, ¿fue
el reconocimiento judicial, una manera de juridicar la bioética? Para dar respuesta a esta
pregunta se delimitará el análisis a un momento coyuntural de la historia del siglo XX: el
denominado genocidio judío, que fue más allá de un grupo étnico y se constituyó en un crimen
de magnitudes aún objeto de cuanticación y calicación.
Se estudiará la estructura normativa-societal del código de Núremberg y las propuestas
bioéticas vigentes (Belmont, 1979 y Helsinki 1964/1996). Se hace imprescindible la reexión
respecto del por qué las Naciones Unidas, luego de nalizada la Segunda Guerra Mundial,
consideró que aquello que ejecutaron los nacionalsocialistas debía ser sancionado y regulado
si, lamentablemente, apenas una década atrás había ocurrido algo en parte comparable en los
Estados Unidos.
El caso adelantado por el magistrado Oliver Wendell Holmes, una autoridad jurisprudencial,
inclusive hasta hoy, cuyas sentencias sirven de referencia obligada para los estudios de derecho:
“Buck vs. Bell”, en el año de 1927. El tribunal conrmó un estatuto que permitió al Estado de
Virginia esterilizar a los llamados discapacitados mentales o imbéciles. La persona en cuestión
era Carrie Buck, una mujer pobre y joven connada luego en la Colonia Estatal de Virginia para
epilépticos y con problemas mentales, aunque no era epiléptica ni mentalmente discapacitada.
En la histórica decisión, ocho jueces dictaminaron que el Estado de Virginia tenía derecho
a esterilizarla. El juez Oliver Wendell Holmes Jr, designado ponente, escribió la opinión
mayoritaria y concluyó: “Tres generaciones de imbéciles son sucientes”. La decisión
resultó en 60,000 a 70,000 esterilizaciones de estadounidenses considerados “no aptos” para
reproducirse. Como se expone en la sentencia (Caso Buck vs. Bell, 1927) “En los Estados
Unidos se pronunciaron leyes para la esterilización desde 1907…”. De su lectura se presume
que no fue una situación anormal (determinada por los parámetros universales y atemporales
de dignidad de la persona humana) que se fue normalizando con las decisiones judiciales del
alto tribunal estadounidense.
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 9-23. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.01
Luis M. Marcano-Salazar
12
Sin embargo, ese no fue el único caso ocurrido en Estados Unidos de Norteamérica. En el
estado de Alabama se realizaron entre 1932 y 1972 los denominados experimentos de Tuskegee
(Parker, 1997, p 1) en los cuales “399 hombres afroamericanos en Alabama no sabían que
estaban recibiendo un tratamiento con placebo para la sílis, y luego el gobierno federal los
siguió para estudiar los efectos de la enfermedad no tratada” (Ibid). Según reconoce la fuente,
fue un engaño que afectó a la comunidad afroamericana pero que generó la obligación del
consentimiento informado, luego que se convirtió en un escándalo mediático.
En una pirámide imaginaria del mal, pareciera que los experimentos realizados por médicos
nacionalsocialistas contra privados de libertad en los campos de concentración ocuparan la
cúspide, pero no es así. Incluso luego de promulgada la resolución 95 de Naciones Unidas
sobre los principios de Núremberg (fundamento del código de Núremberg), se realizaron
experimentos con humanos que violentaron un estado de normalidad ética en la relación del
ser humano con la medicina y los experimentos. Nos referimos al denominado “Proyecto
Ultra” (CHV Noticias, 2022, p. 1), según el cual entre 1953 y 1973, el gobierno estadounidense
nanció experimentos secretos para lograr el control mental, usando drogas alucinógenas LSD,
PCP y descargas eléctricas sobre pacientes psiquiátricos, privados de libertad y civiles, con o
sin su consentimiento (Sánchez, 2012).
También otros experimentos no muy conocidos o divulgados, vericados antes y después
de la Segunda Guerra Mundial, no dejan de ser menos crueles que aquellos perpetrados en
los campos de concentración que originaron los juicios de Núremberg contra los médicos,
enfermeros y personal de salud nacionalsocialista.
Debido a la necesidad de consolidar el legado que había asentado el código de Núremberg, se
produjeron nuevos aportes sobre bioética, como la declaración de Helsinki de la asociación
médica mundial, en la cual se sistematizan y especican los principios éticos para las
investigaciones en seres humanos (declaración de Helsinki, 1964) que ya habían sido denidos
en Núremberg, así como los aportes signicativos de Van Rensselaer Potter, que permitirán
judicializar algunos casos de mala praxis ética en experimentación humana.
De la revisión de los parámetros bioéticos desarrollados por la declaración de Helsinki
(1964/1996) y el informe Belmont (1979), es posible comprender el conjunto de reglas de respeto
y medidas éticas respecto de la relación del ser humano con la medicina y la experimentación.
Será importante denir la bioética sobre la base de los aportes mencionados para establecer si,
efectivamente, el reconocimiento judicial es una manera de juridicar la bioética.
De este modo, el objetivo es estudiar el concepto de bioética presente en el código de Núremberg
y en las propuestas doctrinarias sobre el tema, su implementación global, así como revisar su
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 9-23. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.01 13
Bioètica: del código de Núremberg a la jurisprudencia
importancia, el del informe Belmont y la declaración de Helsinki, e identicar los casos en
donde se judicializaron relaciones médicas por temas éticos. El objeto de reexión, por tanto,
se centra en los valores presentes en el código de Núremberg, su sistematización de principios,
el cuerpo de propuestas bioéticas y declaraciones, y la manera en la que fueron llevados a la
justicia galenos o investigadores médicos por violentar principios éticos en diferentes épocas.
De tal manera que el problema posee dos niveles: el factual-institucional (representado por los
hechos o experimentos que originaron los juicios de Núremberg contra los médicos y los demás
casos posteriormente judicializados) y el burocrático-judicial internacional (representado por
la jurisprudencia). Se parte de que los hechos ocurridos impactaron con su negativa potencia
en el tejido y en la sensibilidad de la comunidad internacional hacia el futuro y de manera
global. Es decir, fueron condicionados por la estructura doméstica-internacional- judicial y
la composición política internacional que buscaron en la decisión judicial una consecuencia
necesaria.
En tal sentido, se parte de la hipótesis que considera que, para juridicar la bioética, se hace
necesaria una relación de equilibro normativo, entre los principios jurídicos morales y los
avances tecnológicos en las ciencias biológicas, médicas y la jurisprudencia. Ello no depende
únicamente de la voluntad jurídica de los Estados-nacionales, ni de la comunidad internacional,
sino del despertar psico-cognitivo de la sociedad en la relación interdependiente entre la
dignidad, conocimiento y aplicación de la justicia. Esta aspiración de equilibrio no es nueva,
se encuentra presente en la principal propuesta bioética, producto de un proceso judicial: el
código de Núremberg.
El argumento se estructura en tres secciones: (I) la necesidad de juridicar la bioética, presente
en las lecciones que dejó el holocausto para la vericación del código de Núremberg y las
demás propuestas bioéticas; (II) la importancia del código de Núremberg y su legado en el
informe Belmont; (III) la bioética, el derecho y la jurisprudencia, y su relación interdependiente
con el código de Núremberg, la declaración de Helsinki y el informe Belmont, como elementos
holísticos de la juridicación de la bioética (García, 1989, p 4).
Lecciones del holocausto, aproximaciones conceptuales y propuestas bioéticas
El siglo XX, que a la vez vio nacer los avances tecnológicos y cientícos de mayor impacto
en la comunidad internacional, también sufrió las dos más mortíferas y devastadoras guerras
que haya vivido la humanidad, y los oprobios judiciales y médicos de mayor impacto en la
valoración moral del comportamiento humano.
Finalizados los juicios de Núremberg (Owen, 2007) que llevó a la justicia a los perpetradores
de tales oprobios, el nuevo sistema de Naciones Unidas, a través de la comisión de codicación
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 9-23. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.01
Luis M. Marcano-Salazar
14
jurídica, logró sistematizar un cuerpo de principios mediante la resolución 2625, que contiene
la declaración relativa a los principios del derecho internacional referentes a las relaciones
de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas (ONU, Resolución 2625) y la resolución 3, por medio de la cual se “toma conocimiento
de la denición de los crímenes de guerra, contra la paz y contra la Humanidad tal como guran
en el Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg de 8 de agosto de 1945”, denominados los
principios de Núremberg.
Los hechos juzgados en Núremberg abordan la transversalidad disciplinar de la bioética como
objeto de estudio, toda vez que quienes cometieron tales atrocidades, galenos, supuestamente
investidos de una autoridad médica, padecían trastornos de la personalidad1, que los llevó a
cometer hechos oprobiosos por los cuales fueron juzgados más de un centenar de trabajadores
de la salud, inclusive en ausencia, como fue el caso del médico general Joseph Mengele.
Una primera aproximación al concepto de bioética es que constituye una disciplina deontológica
bio-psico-social, pues tiene que ver con el ser humano y su conducta clínica, enmarcada dentro
de parámetros morales, socialmente aceptados. Entendemos por juridicar “el proceso de
regular en derecho, una situación que no había sido prevista en normas” (Wikilanguages, letra
J). Representa “un fenómeno inter escalar o inter legal que se caracteriza por el movimiento
entre distintas escalas y tipos de derecho y de la política, implicando una constante circulación
de acciones y conceptos” (Ibid). Depende fundamentalmente del poder legislativo, pero está
determinado por una necesidad de justicia.
Al juridicar la bioética, por vía legislativa o judicial, se busca humanizar en el contexto de la
ética normativa, una situación que no existe en la estructura normativa de la sociedad. Juridicar
la bioética representa que, una situación biomédica, ha sido interpretada por la sociedad como
necesaria de ser normatizada, por lo cual se establecen los parámetros para reglamentarla. Pero,
depende de la consistencia ético-moral de una sociedad, la circulación de acciones y conceptos,
sistematizados para explicar el nivel jerárquico de importancia en la escala de humanidad y
aceptación social. ¿Quién establece los parámetros morales que se hacen colectivos?
No son nuevas las reexiones sobre si es posible y necesario juridicar la bioética (Valdés,
2014), incluso Valdés (ídem) considera que entre las dicultades que encuentra para juridicar
la bioética está que los principios de ética biomédica han sido denidos como principios de
moral común que hacen difícil su aplicación. Valdés argumenta sus razones para concluir lo
dudoso que le parece, armando que la moral común no puede ser universal ya que los consensos
1. Esto da para que el presente tema, sea también abordado desde una perspectiva psicológica y psiquiátrica, en el
contexto de los trastornos de la personalidad de los que padecieron los perpetradores. En el trabajo, del psiquiatra
Leon Goldensohn titulado “Las entrevistas de Nüremberg”, advirtió que una variable condicionante y común de
todos los entrevistados era que, no tenían arrepintiendo ni condenaban moralmente lo que habían encarnizado.
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 9-23. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.01 15
Bioètica: del código de Núremberg a la jurisprudencia
que se dan son a nivel conceptual y no en sus contenidos, (ídem) su consistencia adolece de
vaguedad y abstracción, (Idem) y la jerarquización de principios carecerían de solidez, por su
intangibilidad.
Una de las lecciones del holocausto fue, precisamente, que los experimentos oprobiosos y
antinaturales estaban regulados, reglamentados y gozaban de aceptación grupal, pero no eran
derecho2. En efecto, gran cantidad de galenos nazis y personal de ciencia apoyaron las ideas de
la higiene racial antes de que los nazis subieran al poder. A partir de 1933 adoptaron el énfasis
del nuevo régimen sobre biología y herencia, así como las nuevas oportunidades profesionales
y el nanciamiento adicional para la investigación que esto ofrecía. Los experimentos estaban
orientados a establecer patrones de sobrevivencia del personal militar, probar nuevas medicinas
y prescripciones y la consolidación cientíca de los estándares raciales de los nazis. Dicha
aceptación llevó a los galenos a sistematizar los resultados, pruebas que fueron utilizadas en
los juicios de Nüremberg para justicar las condenas.
Los principios recogidos en el código de Núremberg serán de fundamental importancia para
la sistematización conceptual de la bioética. Entre 1962 y 1970, el médico oncólogo Van
Rensselaer Potter, reexionó sobre el futuro y el progreso humano, llevándole a sistematizar
sus opiniones en un artículo titulado: “Bioética la ciencia de la supervivencia” (Wilches, 2011).
Era la primera vez que se acuñaba el término bioética (Ibid.) y sirvió como punto de partida
para la primera propuesta bioética pero que adoleció de sistematización de su contenido. Se
propuso crear una nueva disciplina que permitiera:
(…) reunir el ámbito de los hechos y el de los valores, el dominio de las ciencias y el de las
humanidades, a n de buscar salidas (…) que pudieran servir de guía en la complejidad social,
consecuencia de la unión entre la revolución cientíca y la industrial (Wilches, 2011, p. 72).
Importancia del código de Núremberg: el informe Belmont
Ocho años después del trabajo de Van Rensselaer Potter en “1978” (sic) -según cita Manuel
Atienza- luego del trabajo generado por la Comisión Nacional3 designada por el Congreso de
Estados Unidos para “identicar los principios éticos básicos que deberían guiar la investigación
con seres humanos en las ciencias del comportamiento y en biomedicina”(Atienza, 1998), se
produce y publica el Informe Belmont sobre los principios y guías éticos para la protección de
los sujetos humanos de investigación, un breve documento integrado por 3 partes: a) límites
2. Ver cómo la Formula Radbruch aportará un elemento fundamental a la estructura del Derecho Contemporáneo. Según ella,
las normas extremadamente injustas e inmorales no son parte del Derecho.
3. Se trató de la “Comisión Nacional para la protección de los sujetos humanos de investigación biomédica y del comportamiento”
que producirá su informe en abril de 1979, disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclendmkaj/http://www.
bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf / Consultado el 23-02-23
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 9-23. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.01
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entre práctica e investigación, b) principios éticos básicos y c) aplicaciones) que se constituye
en una hoja de ruta en la relación de los procesos de experimentación y un cuerpo homogéneo
de normas éticas para su ejercicio.
Reconoce la importancia de la investigación cientíca y los benecios que ha aportado para
la humanidad, sin menoscabar los problemas éticos que han generado los abusos contra seres
humanos como consecuencia de experimentos biomédicos. Hace especial mención a los
crímenes cometidos por personal de la salud que fueron juzgados en los juicios de Núremberg4,
generando el código de Núremberg, que se convertiría “en el prototipo de muchos códigos
posteriores” (Informe Belmont, 1979) [que son reseñados en la primera nota de pie de página
del Informe Belmont]. La idea central era distinguir tres principios o normas prescriptivas
generales relevantes en la investigación, en la que se emplearan seres humanos (Idem). En tal
sentido, el informe distingue entre “investigación y práctica, una discusión de los tres principios
éticos básicos, y observaciones sobre la aplicación de estos principios” (Idem).
Al tratar lo relativo a los límites entre la práctica y la investigación, su objetivo fue proteger
a los sujetos de investigación, toda vez que la diferencia entre práctica e investigación era
considerada sutil, por ser parte de un mismo proceso, cuyos límites no habían sido denidos
cuidadosamente. Esta primera consideración será un buen ejemplo del legado del código de
Núremberg, por ser la primera declaración de carácter global en invocar la protección de las
personas involucradas en la investigación. Es signicativo reconocer que desde 1947 y 1964
[con la declaración de Helsinki] hasta 1979, y luego en 1996 [con la revisión de los principios
de Helsinki], no hubo otros intentos hacia la preocupación por normativizar la bioética, más
allá de las reexiones principistas y deontológicas de Van Rensselaer Potter.
El informe marca la importancia cientíca entre investigación, experimentación y práctica.
Justica que apartarse de los procedimientos regulares de aplicación no implica investigación
y, concluye que “la investigación y la práctica pueden ser llevadas a cabo conjuntamente cuando
el proceso investigativo va encaminado a la valoración de un tratamiento […]actividad [que]
debería someterse a revisión para la protección de los sujetos humanos” (Ibid, p2). ¿Estarán
detrás de estos supuestos los grandes laboratorios en la protección de sus intereses corporativos?
¿Qué tan involucradas están las sociedades en los procesos de juridicación de la bioética?
El informe, al tratar los principios éticos, parece responder a estos cuestionamientos, cuando
consagra que servirán para “justicar muchos de los preceptos éticos y valoraciones particulares
4. En efecto, según la historiografía del Derecho Internacional Público en diciembre de 1946 fueron juzgados en Núremberg
por el Tribunal Militar aliado, 23 médicos alemanes por su participación voluntaria en crímenes de guerra, por haber planicado
y ejecutado en la Alemania Nazi y, en los campos de concentración, el programa de Eutanasia que signicó el asesinato
sistemático de aquellos cuyas vidas era considerada de poco valor, por padecer enfermedades mentales, o ser discapacitados
motrices, por medio de experimentos cientícos de mucha crueldad, sin el consentimiento de los sujetos. Al nalizar el proceso,
7 de los 23 fueron condenados a muerte por ahorcamiento y, los otros 16 restantes, fueron encontrados culpables.
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Bioètica: del código de Núremberg a la jurisprudencia
de las acciones humanas, [estos son]… el respeto a las personas, de benecencia y de justicia”
(ídem). Señala que “el respeto a las personas incluye […] dos convicciones éticas, […] 1) que
todos los individuos deben ser tratados como agentes autónomos y 2) que todas las personas cuya
autonomía esté disminuida tiene derecho a ser protegidas” (Ídem), unidos a “dos prerrequisitos
morales […] el que reconoce la autonomía y [el que] requiere la protección de aquellos cuya
autonomía esté de algún modo disminuida” (Ídem).
El principio ético de benecencia busca asegurar el bienestar de las personas como un acto de
bondad y caridad más allá de la obligación, delimitado por dos reglas: 1) no causar un daño
a otro, 2) maximizar los benecios y la disminución de los eventuales daños. Respecto al
principio de justicia, se maniesta a partir de la justicia distributiva. Para explicarlo, invoca
los casos citados de Núremberg y de los experimentos de Tuskegee, en donde la injusticia se
expresaba vehementemente al ser sujeto de experimento el débil jurídico (Beauchamp, 1999).
Con este principio se busca generar un espacio de igualdad y que los benecios de un
experimento no sean sólo en benecio de quienes puedan pagar por él, precisamente por no
desfavorecer al débil jurídico económicamente, ni ser usadas personas que pertenezcan a
grupos que, probablemente, no sean los beneciarios de las investigaciones.
Respecto a las aplicaciones, el informe Belmont invoca la necesidad del consentimiento
informado, el cual se expresa a partir de una correcta información respecto a los procedimientos
de investigación, sus nes, riesgos y benecios que se esperan, los procedimientos alternativos
y ofrecer la posibilidad de que el sujeto pueda retirarse libremente de la investigación. Una
amplia comprensión de los supuestos cientícos, técnicos, que vayan más allá de la simple
comunicación de datos, para congregar los insumos y que el sujeto de investigación entienda y
acepte con discernimiento; y, voluntariedad, que manieste un consentimiento válido y libre de
coerción o manipulación. Ahora bien, más allá de los experimentos, está la propia vida humana
y el derecho a existir o a no existir. En la próxima sección reexionaremos sobre la relación
entre estos intentos de juridicar y, la judicialización de la bioética.
Bioética, derecho y jurisprudencia
¿Puede juridicarse la bioética judicialmente? ¿es posible llevar a los tribunales la aplicación de
la bioética en la toma de decisiones médicas? Estas preguntas han sido respondidas en diversos
casos que se presentan. La bioética es una disciplina que se ocupa de los valores y principios
éticos que deben guiar la práctica médica y cientíca en relación con la vida y la salud de las
personas. No sólo el código de Núremberg, la declaración de Belmont y la declaración de
Helsinki forman parte de la vida completa de la bioética. Lo son también las decisiones de los
tribunales, siempre y cuando se relacionen con los principios éticos sobre el respeto a la vida
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Luis M. Marcano-Salazar
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en un discurso de sentido común y respeto al indefenso.
En algunos casos, cuando la toma de decisiones médicas entra en conicto con los valores
y derechos fundamentales de los pacientes, puede ser necesario recurrir a los tribunales para
resolver el conicto. Por ejemplo, si un médico toma una decisión que va en contra de la
voluntad informada de un paciente, o si se sospecha que se han violado los derechos de un
paciente en una investigación médica, se puede presentar una demanda judicial para proteger
los derechos del paciente y buscar una solución justa, pues la bioética tiene implicaciones
legales que también se expresan a partir de decisiones judiciales. Esto complementa el mundo
de la juridicación de la bioética de acuerdo con cada caso concreto.
El caso Gard fue muy discutido en 2017. Involucró a un bebé británico, Charlie Gard, que
sufría de una rara enfermedad genética llamada síndrome de depleción del ADN mitocondrial.
La enfermedad afectaba su capacidad para respirar y moverse, y los médicos consideraban
que no había cura para ella. Los padres de Charlie buscaban tratamiento experimental en los
Estados Unidos, pero los médicos del hospital donde era tratado el bebé argumentaron que el
tratamiento no sería efectivo, por lo cual era mejor retirar el soporte vital y permitir que el bebé
muriera (Idem).
La situación se convirtió en una batalla legal y ética, con los padres de Charlie luchando por
el derecho de buscar tratamiento para su hijo y los médicos argumentando que cualquier
tratamiento adicional sería inútil y prolongaría el sufrimiento de Charlie. El caso llegó a los
tribunales tanto en el Reino Unido como en Europa y, nalmente, la Corte Europea de Derechos
Humanos dictaminó que los médicos del hospital podían retirar el soporte vital de Charlie y
permitir que muriera.
El caso generó un gran debate sobre el papel de los padres en la toma de decisiones médicas,
el papel de los tribunales en la protección de los derechos de los pacientes, y la ética de la
atención médica en situaciones cuando no hay cura para una enfermedad. También llevó a un
aumento en la conciencia pública sobre las enfermedades raras y la necesidad de investigación
y tratamiento para estos padecimientos. Sumado a ello, existe un grupo de causas judiciales
importantes relacionadas con la bioética que han sido muy discutidas y debatidas. Entre las más
emblemáticos, se distinguen:
1. Caso Roe v. Wade (Roe contra Wade): Fue una causa sentenciada por la Corte Suprema de
los Estados Unidos de 1973 que estableció el derecho de las mujeres a acceder al aborto. El
caso se basó en cuestiones de privacidad, autonomía y derechos reproductivos de las mujeres.
2. Caso Terri Schiavo (DW. Debate ético en torno al caso Schiavo): Este caso se reere a una
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Bioètica: del código de Núremberg a la jurisprudencia
mujer estadounidense que estuvo en estado vegetativo durante varios años y cuyo esposo solicitó
que se retirara el soporte vital. La familia de Schiavo argumentó que ella estaba consciente y
que el soporte vital no debía ser retirado. El caso fue llevado a los tribunales y nalmente se
permitió retirar el soporte vital.
3. Caso Baby Doe (Espinoza, 2010): Este caso involucró a un bebé con síndrome de Down que
nació con una obstrucción del esófago. Los padres del bebé se negaron a permitir una cirugía
para corregir la obstrucción y el bebé murió. El caso generó un debate sobre el derecho de los
padres a tomar decisiones médicas por sus hijos y la obligación de los médicos de proporcionar
atención vital adecuada.
4. Caso Henrietta Lacks: Este es un caso que involucra a una mujer afroamericana cuyas células
fueron tomadas sin su conocimiento para su uso en investigación médica. Las células de Lacks
se convirtieron en una herramienta importante en la investigación médica, pero su familia no
fue informada ni recibió benecios nancieros por el uso de las células. El caso generó un
debate sobre la privacidad y los derechos de los pacientes en la investigación médica. Estos
casos y otros similares han sido importantes para denir los límites de la bioética y la atención
médica, y han llevado a cambios signicativos en la legislación y la práctica médica en todo
el mundo, por el peso imponente de la jurisprudencia en la generación de derechos subjetivos
(Caso Henrietta Lacks).
Conclusiones
Juridicar la bioética es posible judicialmente. El contenido ético de una jurisprudencia que
aporta parámetros normativos de hacer y no hacer, sobre temas de investigación en seres
humanos y previsiones morales, otorgan carácter vinculante de las decisiones judiciales en
cuanto a la defensa y promoción de los derechos humanos y de la dignidad de la persona. Al
aportar la bioética cuestiones éticas relacionadas con la vida y la salud, y su ámbito de aplicación
abarca una amplia gama de temas, desde la investigación médica y la asistencia sanitaria, hasta
la tecnología reproductiva y la ingeniería genética, su defensa judicial produciría un hecho
normativo construido en función de una realidad imperante y una necesidad de protección.
Debido a la complejidad y la importancia de estas cuestiones, es necesario que existan marcos
éticos y legales para abordarlas de manera adecuada. En muchos países, la bioética ya está
juridicada en cierta medida, a través de leyes, regulaciones y directrices que establecen
normas y principios éticos para la investigación y la práctica médica. Estos marcos legales
y éticos proporcionan orientación y protección para los pacientes, los investigadores y los
profesionales de la salud, al tiempo que garantizan que las prácticas médicas se realicen de
manera justa, equitativa y ética.
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bioética es una disciplina dinámica y en
constante evolución, y que las cuestiones éticas que surgen en el campo de la medicina y la
salud pueden ser complejas y cambiantes. Por lo tanto, es necesario que los marcos éticos y
legales se adapten y evolucionen junto con las cuestiones que abordan con una dinámica que
supera las normativas existentes.
La juridicación de la bioética puede ser necesaria para proporcionar orientación y protección
en el campo de la medicina y la salud, pero también es importante que estos marcos sean
exibles y adaptables a medida que surjan nuevas cuestiones éticas en el campo. He aquí el
valor de la jurisprudencia como mecanismo regulador. Como vimos, la juridicación de la
bioética tuvo sus hitos de importancia en el código de Núremberg, el informe Belmont y la
declaración de Helsinki, como tres documentos signicativos en la historia de la ética médica y
en la protección de los derechos de los pacientes en la investigación médica. La jurisprudencia,
por otro lado, ha generado derechos, en aspectos determinados por cuestiones éticas y legales
en la atención médica.
El código de Núremberg fue creado en 1947 después del juicio contra los médicos nazis en
Núremberg y estableció los principios éticos fundamentales que deben guiar la investigación
médica en seres humanos. Estableció que la experimentación en seres humanos solo debe
realizarse después de que se haya obtenido el consentimiento voluntario e informado del sujeto
y que la experimentación debe ser beneciosa para la sociedad.
El Informe Belmont, creado en 1979 por la Comisión Nacional para la Protección de los
Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento, se basó en los principios
del código de Núremberg y establece tres principios éticos fundamentales para la investigación
médica: respeto por las personas, benecencia y justicia. A lo largo de los años, el informe
Belmont ha sido citado y utilizado como referencia en muchos casos judiciales relacionados
con la ética en la investigación médica. Por ejemplo, en el caso de Moore v. Regents of the
University of California (1990) (Epstein y Sharkey, 2016, p 34), la Corte Suprema de California
citó los principios éticos del Informe Belmont, para determinar si se había producido una
violación de la privacidad del paciente y la propiedad en el contexto de la investigación médica.
En otro caso, Havasupai Tribe v. Arizona Board of Regents (2010) (Ibid, p, 72), una tribu
nativa americana demandó a una universidad por la utilización no autorizada de muestras de
sangre obtenidas de los miembros de la tribu en el contexto de una investigación médica. El
informe Belmont fue citado en el juicio, para argumentar que la utilización de muestras de
sangre sin consentimiento informado y sin respetar la condencialidad de los pacientes violaba
los principios éticos fundamentales en investigación médica. Ha sido citado y utilizado en
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Bioètica: del código de Núremberg a la jurisprudencia
muchos casos judiciales relacionados con la ética en la investigación médica para establecer los
principios éticos fundamentales que deben guiar la investigación en seres humanos.
Como se estudió, la declaración de Helsinki es un documento ético que establece los principios
fundamentales que deben guiar la investigación médica en seres humanos. Fue adoptada por
la Asociación Médica Mundial en 1964 y ha sido revisada varias veces desde entonces para
reejar los avances en la investigación médica y los cambios en las normas y regulaciones
éticas. A lo largo de los años, los principios de la Declaración de Helsinki han sido citados
en muchos casos judiciales relacionados con la ética en la investigación médica, como, por
ejemplo, encontramos los siguientes casos emblemáticos:
1. En el caso de Katsuno v. Japan Medical Association (1993) (Epstein y Sharkey, 2016, p
34), la Corte Suprema de Japón citó la Declaración de Helsinki para determinar si se había
producido una violación de la ética médica en un experimento médico que involucró a pacientes
con trastornos mentales (Epstein y Sharkey, 2016, p 34).
2. En el caso de Jones v. Clinton (1997) (Ibid, p.79), un juez federal de los Estados Unidos citó la
Declaración de Helsinki para argumentar que la investigación médica realizada en prisioneros
de la cárcel de Arkansas violaba los principios éticos fundamentales en investigación médica
(Epstein y Sharkey, 2016, p.79).
3. En otro caso, Grady vs. University of North Carolina (1997) (Idem), un tribunal federal de los
Estados Unidos citó la Declaración de Helsinki para argumentar que la investigación médica
realizada en pacientes con VIH/sida sin su consentimiento informado violaba los principios
éticos fundamentales en investigación médica. (Epstein y Sharkey, 2016, p.79).
Finalmente, la Declaración de Helsinki ha sido citada en muchos casos judiciales relacionados
con la ética en la investigación médica, para establecer los principios éticos fundamentales
que deben guiar la investigación en seres humanos y para determinar si se ha producido una
violación de estos principios en un experimento médico o en una investigación. De tal manera
que, la jurisprudencia en materia de bioética, recurrentemente se ha basado en los principios
establecidos en el Código de Nuremberg, el Informe Belmont, la Declaración de Helsinki y
otros documentos éticos relevantes, comprobando que, la decisión judicial complementa, como
metalenguaje jurídico, la vida epistémica de la juridicidad de la bioética.
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1970-que-contiene-la-declaracion-relativa-a-los-principios-de-derecho-internacional-
referentes-a-las-relaciones-de.
ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Myriam L. Merino-Rosero
mylomero@gmail.com
Instituto Superior Tecnológico
General Eloy Alfaro (ISTGEA)
(La Joya de los Sachas - Ecuador)
ORCID: 0009-0001-0468-3756
Gladys A. Sabando-Murillo
mailto:gsabando@institutos.gob.ec
Instituto Superior Tecnológico
General Eloy Alfaro (ISTGEA)
(La Joya de los Sachas - Ecuador)
ORCID: 0009-0004-6906-4026
Mery S. Siquihua-Aviles
ssiquihua@institutos.gob.ec
Instituto Superior Tecnológico
General Eloy Alfaro (ISTGEA)
(La Joya de los Sachas - Ecuador)
ORCID: 0009-0004-6906-4026
Oscar B. Guadalupe-Arias
oscarbgaaa@hotmail.com
Investigador Independiente
ORCID: 0000-0003-3683-080X
Recibido: 13/09/23
Aceptado: 04/11/23
COMPETITIVIDAD Y
DESARROLLO SOSTENIBLE:
UN ESTUDIO DE DATOS
DE PANEL PARA AMÉRICA
LATINA
COMPETITIVENESS AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
A PANEL DATA STUDY FOR
LATIN AMERICA
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.02
KAIRÓS, Vol. (7) No. 12, pp. 24-43, enero - junio 2024
ISSN No. 2631-2743
,
Resumen
El objetivo es identicar la inuencia del ecosistema en la
competitividad y el desarrollo sostenible, considerando para
ello variables propias de las dimensiones social, económica
y ambiental. Empleando un análisis de datos de panel, se
estimó la relación entre el índice de desarrollo sostenible, las
variables ambientales (emisiones de CO2) y los pilares de la
competitividad. Los resultados indican que la sostenibilidad
se explica por la institucionalidad, la educación, el desarrollo
nanciero y la innovación; mientras que las emisiones de CO2 se
ven afectadas por la infraestructura, el entorno macroeconómico,
la educación, el desarrollo nanciero, el tamaño mercado y la
innovación. En la región se evidencian mejoras en la dimensión
social y económica del desarrollo sostenible, más no así en la
reducción de emisiones de CO2 y de huella de materiales. Se
puede concluir que los pilares de la competitividad generan un
impacto positivo en el índice de sostenibilidad, en tanto que en
las emisiones de CO2 se evidencia una relación inversa con la
estabilidad macroeconómica.
Palabras clave: Competitividad, desarrollo sostenible,
innovación, datos de panel.
Abstract
The purpose is to identify the inuence of the ecosystem on
competitiveness and sustainable development, considering
variables specic to the social, economic and environmental
dimensions. Using a panel data analysis for Latin American
countries, with xed and random eects, to be selected
through the Hausman test, the relationship between the
sustainable development index, the environmental variables
(CO2 emissions) and the pillars of the competitiveness. The
results indicate that sustainability is explained by institutions,
education, nancial development and innovation; while CO2
emissions are aected by infrastructure, the macroeconomic
environment, education, nancial development, market size
and innovation. In the region, improvements are evident in the
social and economic dimension of sustainable development, but
not in the reduction of CO2 emissions and material footprint.
From these ndings it can be concluded that the pillars of
competitiveness have a positive impact on the sustainability
index, while CO2 emissions show an inverse relationship with
macroeconomic stability.
Keywords: Competitiveness, sustainable development,
innovation, panel data
COMPETITIVIDAD Y
DESARROLLO SOSTENIBLE:
UN ESTUDIO DE DATOS
DE PANEL PARA AMÉRICA
LATINA
COMPETITIVENESS
AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT: A PANEL
DATA STUDY FOR LATIN
AMERICA
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.02
KAIRÓS, Vol. (7) No. 12, pp. 24-43, enero - junio 2024
Myriam L. Merino-Rosero, Gladys A. Sabando-Murillo, Mery S. Siquihua-Aviles, Oscar B. Guadalupe-Arias
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Introducción
El desarrollo sostenible, como alternativa a los procesos de crecimiento intensivos en el factor
capital, trata de centrar los esfuerzos en satisfacer las necesidades de la sociedad, mejorando
su calidad de vida, al tiempo que propone la preservación de la naturaleza. De esta forma,
se plantea una visión interrelacionada de la dimensiones económica, social, institucional
y ambiental (Brundtland, 1987; Sachs, 2015). El desarrollo sostenible implica, por tanto,
encontrar formas de crecimiento económico que sean socialmente inclusivas y respetuosas
con el medio ambiente. Busca conciliar el progreso económico con la equidad social y la
protección y conservación de los recursos naturales y los ecosistemas (Umaña, 2000).
En este afán por integrar armónicamente todas las dimensiones, el reto desde la dimensión
económica es el de generar nuevos modelos de negocios, procesos de asociatividad, incorporar
innovación, emprendimientos y tecnología que generen circularidad, minimicen el impacto en
el medio ambiente y sean responsable con la sociedad. Todos estos cambios, deben estimular
la gestión sostenible de los recursos naturales, incluyendo el uso responsable de la tierra, el
agua, la energía y los recursos biológicos. Con ello se pretende evitar el uso indiscriminado de
los servicios ecosistémicos, a partir de los cuales se logra el aprovisionamiento, la regulación
y hasta los medios de recreación.
Desde el punto de vista social, la equidad en la distribución de los benecios y oportunidades del
desarrollo deben asegurar que todas las personas tengan acceso a condiciones de vida dignas,
servicios básicos, educación, salud y participación en la toma de decisiones (Sepúlveda, 2008).
En la dimensión institucional, es clave la participación de la sociedad civil, las comunidades
locales y los diferentes actores en la generación de oportunidades en el territorio. Se requiere
de una gobernanza efectiva, transparente y responsable, promoviendo la rendición de cuentas
y la colaboración entre los sectores público, privado y la sociedad civil (Montañez et al., 2011).
Además, estos procesos demandan un marco normativo y regulatorio que estimule las mejores
prácticas en términos de preservación de la naturaleza, considerándola como un patrimonio o
activo no sustituible, constituyéndose así en el punto de partida para la concepción de la visión
fuerte del desarrollo sostenible (Winchester, 2006).
Con respecto a la dimensión económica, tal como se indicó, se debe promover una economía
que sea resiliente, diversicada y orientada hacia la sostenibilidad, tratando de buscar la
eciencia en el uso de los recursos, la promoción de industrias sostenibles, la innovación
tecnológica y la creación de empleo sostenible, bajo las premisas de la economía ambiental o
la economía ecológica (Vergara y Ortiz, 2016).
Competitividad y desarrollo sostenible: un estudio de datos de panel para América Latina
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En este contexto, la competitividad no puede ser concebida como la maximización de la
producción, sin considerar elementos claves de la innovación y circularidad, además de la
responsabilidad social corporativa. Orientando no solo los esfuerzos a desarrollar la capacidad
de las empresas, industrias o países para competir en los mercados globales y lograr una ventaja
en términos de eciencia, calidad, innovación y precios competitivos, sino a la promoción de
prácticas sostenibles (Balkyte y Tvaronavičiene, 2010).
En términos agregados o de país, la competitividad guarda relación con esa capacidad de una
nación para generar y mantener un entorno favorable que promueva el crecimiento económico
sostenible, la productividad, la innovación, la inversión y la calidad de vida de sus ciudadanos.
La competitividad de un país depende de una serie de factores que interactúan entre sí, entre
los que destacan el entorno empresarial, la infraestructura, la educación, la innovación y la
capacidad tecnológica, el acceso a mercados y la estabilidad macroeconómica.
Un entorno empresarial favorable es esencial, pues considera la facilidad para hacer negocios,
la eciencia de los procesos burocráticos, la protección de los derechos de propiedad, la calidad
de la regulación, la estabilidad política y la ausencia de corrupción (Montañez et al., 2011).
Adicionalmente, la competitividad requiere de la consolidación de áreas como transporte,
energía, comunicaciones e instalaciones logísticas, pues facilita el comercio, la movilidad, la
conectividad y el acceso a los mercados internacionales.
La disponibilidad de una fuerza laboral educada, capacitada y altamente cualicada promueve
la productividad, la innovación y la capacidad de adaptación de los trabajadores a los cambios
tecnológicos y económicos (Krstić, 2021). Mientras que la innovación permite generar y adoptar
nuevas tecnologías y procesos que surgen como resultado de la investigación y el desarrollo,
la colaboración entre empresas y universidades, la protección de la propiedad intelectual y la
promoción de la transferencia de tecnología. Este proceso de innovación debe estar orientado
a la preservación del medioambiente, promoviendo prácticas sostenibles.
El acceso a los mercados internacionales y la participación en cadenas de valor global
se fortalecen mediante la eliminación de barreras comerciales, la promoción de tratados
comerciales favorables, la diversicación de los mercados de exportación y la atracción de
inversión extranjera directa. Por último, la estabilidad macroeconómica, que incluye la inación
controlada, la estabilidad cambiaria, una deuda sostenible y políticas scales equilibradas,
generan un entorno estable que favorece la inversión, la conanza empresarial y el crecimiento
económico sostenible (Winchester, 2006).
De esta forma, los factores que condicionan a la competitividad y constituyen su ecosistema,
también se relacionan con el desarrollo sostenible (Gligor y Jurcu, 2014. En primer lugar,
Myriam L. Merino-Rosero, Gladys A. Sabando-Murillo, Mery S. Siquihua-Aviles, Oscar B. Guadalupe-Arias
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la competencia fomenta la innovación y la adopción de tecnologías más ecientes y limpias
(Vergara y Ortiz, 2016). Para mantenerse competitivas, las empresas buscan constantemente
formas de mejorar sus procesos y productos, lo que puede llevar a avances en prácticas
sostenibles. La innovación y la tecnología desempeñan un papel crucial en el desarrollo
sostenible. La relación entre ambas es estrecha y se refuerzan mutuamente en la búsqueda de
soluciones sostenibles (Campo et al., 2018).
De manera que la innovación y la tecnología pueden ayudar a mejorar la eciencia en el uso
de los recursos naturales (Teletov et al., 2017); además, son fundamentales para la transición
hacia fuentes de energía más limpias y renovables, contribuyendo a mitigar el cambio climático
y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin dejar de lado que la innovación y
la tecnología son fundamentales para promover la economía circular, que busca maximizar la
utilización de los recursos y minimizar los residuos (Crespo y Sabadie, 2020). A través de la
innovación en el diseño de productos, el reciclaje avanzado, la reutilización y la remanufactura,
se pueden cerrar los ciclos de materiales y reducir la extracción de recursos naturales (Almeida-
Guzmán y Díaz-Guevara, 2020).
En segundo lugar, la competencia puede impulsar a las empresas a utilizar los recursos de
manera más eciente. Aquellas que encuentran formas de minimizar el uso de energía, agua y
materias primas pueden reducir sus costos y mejorar su competitividad. Esto, a su vez, puede
tener un impacto positivo en la sostenibilidad al reducir la presión sobre los recursos naturales.
Esta eciencia de recursos implica utilizar los recursos de manera más efectiva, evitando
su desperdicio y agotamiento innecesario, así se reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero y la generación de residuos. Asimismo, la aplicación de prácticas de gestión de
residuos ecientes puede disminuir la cantidad de desechos generados y promover su reciclaje
o reutilización (Almeida-Guzmán y Díaz-Guevara, 2020).
En tercer lugar, los avances en la competitividad pueden llevar a un mayor cumplimiento de
las regulaciones ambientales, asociadas con las emisiones, desechos y prácticas sostenibles
en general. De esta forma, la institucionalidad y el marco normativo desempeñan un papel
fundamental en el desarrollo sostenible (Gupta, 2002), pues son esenciales para promover
prácticas sostenibles y establecer mecanismos de incentivos económicos como subsidios,
exenciones scales o sistemas de comercio de emisiones, por lo cual, una débil competitividad
e institucionalidad conduce a un crecimiento no sostenible (Arroyo, 2020)
Además, la institucionalidad puede fomentar la participación ciudadana y la gobernanza
inclusiva en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo sostenible, mediante la
creación de espacios y mecanismos para que los ciudadanos, las comunidades locales y las
organizaciones de la sociedad civil participen en la elaboración de políticas y en la supervisión
Competitividad y desarrollo sostenible: un estudio de datos de panel para América Latina
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de su implementación (Montañez et al., 2011).
En cuarto lugar, en cuando al acceso al mercado, las empresas que demuestran su compromiso
con la sostenibilidad pueden acceder a nuevos mercados y atraer a consumidores preocupados
por el medio ambiente, lo que genera incentivos para la adopción de prácticas más sostenibles
para mantener su competitividad (Zeibote et al., 2019).
No solo el acceso a mercados inuye, sino el tamaño de las empresas, las más grandes tienen la
capacidad de implementar prácticas sostenibles a gran escala y generar impactos signicativos
en la sociedad y el medio ambiente. Estas empresas pueden invertir en tecnologías más limpias,
adoptar estándares de sostenibilidad y promover la responsabilidad social corporativa. Tanto
el acceso a mercados como el tamaño de las empresas están estrechamente relacionados
con la innovación y el emprendimiento, la generación de empleo y el desarrollo social, la
responsabilidad y la rendición de cuentas de las organizaciones frente a la sostenibilidad
(Zeibote et al., 2019).
En quinto lugar, el desarrollo nanciero es fundamental para la movilización de recursos
necesarios para nanciar proyectos y actividades relacionadas con el desarrollo sostenible (Pérez,
2021). El acceso a nanciamiento adecuado y asequible es crucial para impulsar inversiones en
energías renovables (Acero, 1999), eciencia energética, agricultura sostenible, infraestructura
sostenible y otros sectores que contribuyan al desarrollo sostenible (Ahmadullina et al., 2018).
El desarrollo nanciero también puede fomentar la innovación en productos y servicios
nancieros como el surgimiento de las nanzas verdes y sostenibles, que han dado lugar a
productos nancieros como bonos verdes, préstamos verdes y seguros climáticos, que canalizan
el capital hacia proyectos y actividades sostenibles (Ahmadullina et al., 2018). La innovación
nanciera también puede incluir el desarrollo de modelos de nanciamiento innovadores,
como la nanciación basada en resultados o los mecanismos de nanciamiento colectivo
(crowdfunding), que permiten a los proyectos sostenibles acceder a fondos de manera más
eciente (Gligor y Jurcu, 2014).
Adicionalmente, la infraestructura de competitividad bien desarrollada y mantenida mejora la
conectividad y facilita el comercio, la inversión y el ujo de personas y bienes, promoviendo el
desarrollo económico, la creación de empleo y el aumento de la productividad, que contribuyen
con el desarrollo sostenible (Winchester, 2006). En cuanto al entorno macroeconómico, un
crecimiento económico equitativo e inclusivo puede contribuir a la reducción de la pobreza y
la mejora del bienestar social, aspectos esenciales del desarrollo sostenible (Winchester, 2006).
De manera tal que las políticas scales y monetarias pueden desempeñar un papel importante
en la promoción del desarrollo sostenible.
Myriam L. Merino-Rosero, Gladys A. Sabando-Murillo, Mery S. Siquihua-Aviles, Oscar B. Guadalupe-Arias
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Sin lugar a duda, la educación desempeña un papel fundamental en la creación de conciencia
y conocimiento sobre los desafíos y oportunidades del desarrollo sostenible (Krstić, 2021); las
personas adquieren conocimientos sobre los problemas ambientales, sociales y económicos
que enfrenta el mundo, así como sobre las soluciones y prácticas sostenibles existentes. Esto
promueve la conciencia ambiental y social, y fomenta la participación en la búsqueda de
soluciones sostenibles. Por último, el mercado laboral juega un papel crucial en la creación de
empleo sostenible, que es aquel que promueve la equidad, la inclusión y el respeto por el medio
ambiente. Esto implica la generación de empleos que contribuyan al desarrollo económico y
social, al tiempo que minimizan los impactos negativos en los recursos naturales y el ecosistema
(Sánchez y Moreno, 2011).
Esta relación directa entre la sostenibilidad y la competitividad a través de mejoras en términos
de innovación y de los factores adicionales mencionados a lo largo de esta sección, es abordada
en diferentes estudios como los de Pascual (2001), Muñoz y López (2014), Frohmann et al.
(2015), Arroyo (2020) y Calleja y Alquézar (2020),
De esta forma, la competitividad a través de sus diferentes factores puede propiciar un cambio
en patrones, procesos, hábitos, estructuras y hasta normativas que propendan al fortalecimiento
de los logros ambientales, económicos y sociales del desarrollo sostenible. Ante esta causalidad
teórica, el estudio busca comprobar si para países latinoamericanos estos factores que fortalecen
la competitividad logran afectar el desarrollo sostenible, por un lado, desde una concepción
antropocéntrica, que incluye no solo la dimensión social y económica, sino la ambiental y, por
otro, considerando únicamente las variables ambientales como las emisiones de CO2.
Metodología
Para comprobar la causalidad se emplearon desde el punto de vista de la competitividad, como
variables explicativas, los pilares estimados por el Foro Económico Mundial (WEF, 2019). El
índice del Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) “toma de base la teoría
de Michael Porter; el cual hace explícita la diferencia en el nivel de análisis, de un nivel macro
y micro cuando se toma a un país como unidad de análisis” (Solano et al., 2017, p. 126).
A partir del año 2018, se estudian cuatro dimensiones: el entorno o ambiente propicio, el capital
humano, los mercados y el ecosistema de innovación, que están constituidos por pilares o
indicadores (WEF, 2019). Anteriormente el índice se agrupaba en tres dimensiones que eran los
requerimientos básicos, la eciencia y la sosticación de los negocios, dimensiones que serán
las empleadas en este estudio.
En el caso del entorno o ambiente propicio se incluyen a las instituciones, la infraestructura
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y el entorno macroeconómico. En cuanto al capital humano, se considera a la educación
tanto a nivel básica como superior o universitaria. Mientras que en los mercados se estudia al
mercado laboral, el mercado de bienes y el tamaño del mercado. Por último, en el ecosistema
de innovación se incorpora la tecnología, el desarrollo del sistema nanciero, la dinámica de
los negocios y la innovación propiamente dicha.
El índice global de competitividad hasta 2017 fue elaborado en una escala del 1 al 7, siendo
un país más competitivo aquel que se ubica en los mayores valores. A partir del año 2018 se
modica la escala a un rango de 0 a 100. Se realizaron los ajustes para considerar los datos en
la escala inicial. Estos pilares se constituyen en las variables explicativas de la sostenibilidad,
mediada a través del índice de desarrollo sostenible -sdi- (Hickel, 2020) y de las variables
ambientales como emisiones de CO2.
En el caso del sdi, es un índice propuesto desde la concepción antropocéntrica del desarrollo
sostenible que relaciona a las variables del índice de desarrollo humano (ingreso, educación
y salud), que se constituyen en el numerador del cálculo, con las variables ambientales de
emisiones de CO2 y huella de materiales, que se ubican en el denominador.
De esta forma, si el crecimiento económico eleva los indicadores sociales y el ingreso, la única
forma de mejorar en términos de sostenibilidad es que no sea a costa de mayores emisiones o
contaminación, lo que reduciría el índice. El índice se encuentra en un rango entre 0 y 1, donde
cero representa los niveles más bajos en términos de desarrollo sostenible, que puede ser el
resultado de un bajo nivel de desarrollo humano, pero también de emisiones de CO2 y huella
de materiales muy elevadas. Mientras que un país que reporte valores cercanos a 1 implica que
ha alcanzado mejores resultados globales de sostenibilidad, interrelacionando adecuadamente
todas las dimensiones.
Dado que se analizan trece países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay) entre
2006 y 2019, se combina la información de corte transversal (países) y de serie de tiempo,
dando lugar a estimaciones de datos de panel. Los datos de panel recogen la heterogeneidad de
las observaciones, ya sea producto de variaciones entre individuos (países) o del tiempo. Esta
heterogeneidad da lugar a dos tipos de estimaciones, de efectos jos o de efectos aleatorios, que
son el resultado de corregir los problemas de sesgos que genera la presencia de la heterogeneidad
no observada en la estimación.
De manera que la estimación de efectos jos propone que existe una correlación entre las
variables explicativas y la heterogeneidad no observada, que es corregida mediante las diferentes
de cada variable con respecto a su media, incluida la heterogeneidad, con lo cual se elimina
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el sesgo. Mientras que los efectos aleatorios ponderan la media por un factor, partiendo de la
idea de que la correlación planteada por los efectos jos es cero. La selección de la estimación
más eciente o consistente, según el caso, se realiza a través de la prueba de Hausman, cuya
hipótesis nula es que se preeren los efectos aleatorios. En caso de rechazar dicha hipótesis,
escogiendo los efectos jos, es necesario realizar las pruebas de autocorrelación (Drukker,
2003; Wooldridge, 2002), y de heterocedasticidad (Greene, 2000).
Si se valida la existencia de alguno o de ambos problemas debe realizarse la estimación por
mínimos cuadrados generalizados para efectos jos, eliminando así la correlación serial o la
no varianza constante. Las estimaciones planteadas en el estudio, tanto para efectos jos como
para aleatorios, se basan en dos variables dependientes, el sdi (1) y las emisiones de CO2 (2),
en función de los pilares de la competitividad.
Donde los pilares vienen dados por las variables , que son: instituciones, infraestructura, entorno
macroeconómico, educación tanto a nivel básica como superior o universitaria, mercado laboral,
tamaño del mercado, tecnología, desarrollo del sistema nanciero, dinámica de los negocios e
innovación. En el caso del sdi se consideró la incorporación de las variables explicativas por
bloques, de manera de evaluar si el nivel de signicancia y el signo de la relación se mantiene
a medida que se incorporan el resto de las variables de cada dimensión.
De esta forma, la ecuación (1) pretende establecer la relación entre el índice de sostenibilidad
y los pilares mencionados esperando que, a medida que se mejoren los resultados de cada uno,
se logre un desempeño más óptimo en términos de sostenibilidad. En la ecuación (2) se estima
la inuencia de dichos pilares en las emisiones de CO2, si se logran mejoras en innovación que
conduzcan a procesos circulares, es de esperar que los niveles de contaminación se reduzcan y
en especial las emisiones de CO2.
Resultados
Partiendo de los resultados alcanzados en el índice de desarrollo sostenible de la región para el
período de estudio, en la gura 1 se observa el comportamiento de los países que mejoraron y
empeoraron su desempeño, destacando la experiencia de Costa Rica, que no solo se ubica en
la primera posición de América Latina, sino a nivel mundial, impulsado no solo por mejores
indicadores sociales y económicos, sino por reducciones signicativas de las emisiones de
CO2 y de huella de materiales. También han mejorado en términos de sostenibilidad Perú,
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Bolivia, Colombia y Paraguay.
Figura 1. Índice de desarrollo sostenible para los países que mejoraron o empeoraron sus resultados 2006-
2019.
Fuente: Datos tomados de Hickel (2020)
Con respecto a Uruguay, Chile y Argentina, los resultados sociales y económicos no han
compensado el costo en términos de mayores emisiones de CO2 y de huella de carbono, por lo
cual a nivel agregado se ha evidenciado un deterioro paulatino de la sostenibilidad. El resto de
los países analizados han mantenido un comportamiento similar a lo largo de todo el período
de estudio. Con el propósito de comprender el comportamiento de las variables en términos de
los países y del tiempo, se realizó un análisis estadístico para el panel, en el cual se considera
la media global de cada variable y sus desviaciones, que representan el comportamiento de la
heterogeneidad, tal como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Estadísticas en panel de las variables relacionadas con la competitividad
Variables Media Desviación
estándar
Pilar institucional
Índice de
competividad
Pilar de
infraestructura
Pilar entorno
macroeconómico
Total
Entre países
A lo largo del tiempo
Total
Entre países
A lo largo del tiempo
Total
Entre países
A lo largo del tiempo
Total
A lo largo del tiempo
Total
Entre países
4,3119
3,8389
4,1562
4,4845
5,0651
0,4124
3,7849
0,1928
0,4470
0,4132
0,2032
0,5120
0,4788
0,2221
0,3995
0,3600
0,1984
1,0877
Myriam L. Merino-Rosero, Gladys A. Sabando-Murillo, Mery S. Siquihua-Aviles, Oscar B. Guadalupe-Arias
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Fuente: elaboración propia.
Para el caso de las variables relacionadas a la competitividad, índice global (WEF, 2019) y
cada uno de los pilares, se observa que el promedio global se ubicó para los países estudiados
en 4,31, valor ligeramente superior a la media de la escala, destacando el comportamiento de
la educación básica (5,06) y el tamaño del mercado (4,57). En el caso de la educación básica,
América Latina ha intensicado sus esfuerzos por proveer educación y fortalecer las políticas
públicas de acceso y retención, lo cual se tradujo en la reducción de la tasa de analfabetismo,
mostrando resultados alentadores en términos de desarrollo humano.
Mientras que la innovación, la sosticación de los negocios, el desarrollo tecnológico y la
institucionalidad resultan los indicadores más débiles. América Latina se caracteriza por un
tejido empresarial asociado con micro y pequeñas empresas, cuyas restricciones presupuestarias
no dan cabida a la inversión en tecnología o a la incorporación de innovaciones importantes
en los modelos de negocios. Las barreras institucionales también son evidentes en términos
de inestabilidad política, poca claridad en las reglas y en los incentivos, sistemas jurídicos
debilitados, altos niveles de percepción de corrupción, que no permiten incentivar las inversiones
en desarrollos productivos y tecnológicos.
Con respecto a la heterogeneidad, en todos los casos las diferencias por países son más notorias
(mayor desviación) que las diferencias a lo largo del tiempo, resultado de que los procesos
requeridos para fortalecer el ecosistema emprendedor son de mediano y largo plazo. En cuanto
a las variables relacionadas con el desarrollo sostenible, en la tabla 2 se observa que el índice
Pilar educación
superior
Pilar mercado
laboral
Pilar desarrollo
financiero
Pilar desarrollo
tecnológico
Pilar tamaño del
mercado
Pilar sofisticación
empresarial
Pilar innovaión
Pilar educación Entre países
A lo largo del tiempo
Total
Entre países
A lo largo del tiempo
Total
Entre países
A lo largo del tiempo
Total
Entre países
A lo largo del tiempo
Total
Entre países
A lo largo del tiempo
Total
Entre países
A lo largo del tiempo
Total
Entre países
A lo largo del tiempo
Total
Entre países
A lo largo del tiempo
4,1253
4,1691
4,2674
3,8569
4,5721
3,9769
3,5999
1,0762
0,3287
0,5399
0,5287
0,1789
0,5118
0,4840
0,2262
0,5449
0,5114
0,2328
0,6188
0,6102
0,1933
0,7070
0,7055
0,1947
0,4889
0,4460
0,2331
0,6181
0,6036
0,2095
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de desarrollo sostenible promedio del período estudiado se ubica en 0,76, impulsado por países
como Costa Rica, cuyos resultados en términos de sostenibilidad son los más altos de la región
y del mundo.
Tabla 2. Estadísticas en panel de las variables relacionadas con el desarrollo sostenible
Fuente: elaboración propia.
En términos de los indicadores de desarrollo humano las medias se ubican en 14,22 años de
escolaridad, lo que refuerza la idea anterior de una consolidación de los procesos formativos
en la región, y una esperanza de vida promedio de 75,24 años. Mientras que las emisiones
per cápita de CO2 representan 2,77 toneladas y la huella de materiales 12,15 toneladas per
cápita, llegando a ser a nivel mundial en algunos países, en ambos casos cercanas a las 50
toneladas per cápita. Al igual que en el caso de las variables de competitividad, los resultados
de la heterogeneidad son mayores a nivel de países que a lo largo del tiempo, evidenciando las
disparidades entre los países y las dicultades para alcanzar mejores resultados en el tiempo.
Este comportamiento trata de ser recogido en las estimaciones de datos de panel para, en primer
lugar, el índice de desarrollo sostenible, de manera que, considerando la agrupación en las tres
dimensiones, requerimientos básicos (instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico
y educación), eciencia (educación superior, mercado laboral, tamaño del mercado, desarrollo
nanciero y tecnología) y la dinámica de los negocios (sosticación e innovación), se estimaron
tanto en efectos jos como en efectos aleatorios.
Una vez comparados los resultados empleando la prueba de Hausman, en los modelos 1 y 2 que
incluyen la primera y segunda dimensión, se aceptó la hipótesis nula, seleccionando el modelo
de efectos aleatorios, mientras que el caso que se incorpora la dinámica empresarial y se estima
con todas las dimensiones (modelo 3), se escoge efectos jos, que, por presentar autocorrelación
y heterocedasticidad, requirió la corrección por mínimos cuadrados generalizados (MCG), tal
Variables Media
Emisiones de CO2
(toneladas per cápita)
Índice de desarrollo
sostenible
Huella de materiales
(toneladas per cápita)
Escolaridad (años)
Esperanza vida (años)
Total
Entre países
A lo largo del tiempo
Total
Entre países
A lo largo del tiempo
Total
Entre países
A lo largo del tiempo
Total
Entre países
A lo largo del tiempo
A lo largo del tiempo
Total
Entre países
0,7619
2,7740
12,15857
14,2203
75,2483
Desviación estándar
0,0528
3,0490
0,0236
1,1549
1,1665
0,2662
7,3600
7,5433
1,1637
1,4603
1,3725
0,6198
2,8639
2,8175
0,9131
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como se muestra en la tabla 3.
Tabla 3. Estimaciones de datos de panel para el índice de sostenibilidad
Nota: Valores entre paréntesis representan los errores estándar. El nivel de signicancia es menor al 1% (***),
entre 1% y 5% (**) y entre 5% y 10% (*).
Fuente: elaboración propia.
En el modelo 1, resultaron signicativas en la explicación del índice de desarrollo sostenible
los pilares de instituciones, entorno macroeconómico y educación. En el primer caso el nivel
de signicancia y el sentido de la relación se mantiene en los tres modelos, de manera que
una mejora de la institucionalidad reduce los resultados en términos del índice de desarrollo
humano, posiblemente como resultado de mayor crecimiento económico que se traduce en un
aumento de las emisiones de CO2 y de la huella de material.
Con respecto a la educación también se mantiene en los tres modelos como una variable
signicativa y con una relación positiva con el desarrollo sostenible, pues mejores niveles de
Instituciones
Modelo 1
Efectos aleatorios Efectos aleatorios Efectos fijos (MCG)
Modelo 2 Modelo 3
Infraestructura
Entorno macro
Educación
Educación superior
Mercado laboral
Desarrollo financiero
Tecnología
Tamaño mercado
Sofisticación empresarial
Innovación
Constante
Wald (Chi2)
R2 total
R2 entre países
R2 a lo largo tiempo
-0,0420*** -0,0311** -0,0118*
-0,0025
-0,0042
-0,0393***
-0,0224**
-0,0321**
-0,0087***
-0,0427***
-0,0162
(0,0132) (0,0137)
(0,0111)
(0,0119)
(0,0063)
-0,0447***
-0,0184***
-0,0173
(0,0122)
(0,0131)
(0,0080)
(0,0158)
(0,0127)
(0,0080)
(0,0132)
(0,0140)
0,0076
0,0017
(0,0072)
(0,0071)
(0,0065)
(0,0040)
(0,0073)
(0,0062)
(0,0071)
(0,0081)
(0,0078)
(0,0088)
(0,0082)
(0,0026)
0,0155***
0,0017
0,0073
-0,0153**
0,0097
-0,0104
0,0033
0,0248***
0,6637***
68,5***
0,24440,1521
0,2097
0,1978 0,0393
0,0641
51,55***
(0,0450)(0,0426) 0,7235***
32,56***
0,6968***
Rho
Breush- Pagan (Pooled)/
Prueba F
Hausman
250,44***
44,77***
336,65***
0,86020,8157
5,871,04
603,20***
Competitividad y desarrollo sostenible: un estudio de datos de panel para América Latina
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educación contribuyen con el desarrollo humano y deberían elevar la conciencia hacia los
problemas ambientales. En cuanto al entorno macroeconómico, si bien resulta signicativo
en los modelos 1 y 2, no lo es en el modelo 3, aunque en los dos primeros casos la relación es
positiva de manera que más estabilidad económica redunda en mejores niveles de sostenibilidad,
impulsado principalmente por el aumento del ingreso per cápita y de las condiciones de vida.
Especícamente en el modelo 2, las variables de educación superior y tamaño del mercado
también son estadísticamente signicativas, pero no resultan serlo en el modelo 3. En el caso
de la educación superior, la relación, tal como se espera, es positiva, mientras que en el tamaño
del mercado es inversa.
De manera que, mercados mucho más grandes conduce a un crecimiento de la producción que
no es capaz de introducir prácticas amigables con el medioambiente, lo que conduce a mayores
niveles de emisiones y desecho de materiales. Por último, en el modelo 3, que incorpora todos
los pilares, además de la educación básica y las instituciones que ya fueran indicadas, resultaron
estadísticamente signicativas el desarrollo nanciero y la innovación.
Con respecto al desarrollo nanciero la relación es inversa, en el sentido que un mayor
fortalecimiento nanciero no conduce a mejores niveles de sostenibilidad, lo que pudiera
explicarse por una escasa innovación nanciera en términos de productos que incentiven
procesos responsables con el entorno y el ambiente, o por las limitaciones que existen en
América Latina para lograr la inclusión y la bancarización de la población.
En cuanto a la innovación, a pesar de ser el pilar menos desarrollado en la región, los esfuerzos
en esta área se traducen en mejoras signicativas en la sostenibilidad, que pueden ser producto
de mejores condiciones de vida. Si se analiza únicamente la variable ambiental del índice de
sostenibilidad relacionada con las emisiones de CO2, la estimación que resultó consistente y
eciente es la de efectos aleatorios, de acuerdo con la prueba de Hausman (tabla 4).
Tabla 4. Estimaciones de datos de panel para las emisiones de CO2
Instituciones
Infraestructura
Entorno macro
Educación
Educación superior
Mercado laboral
Efectos aleatorios
CO2 -0,0312
(0,1219)
(0,1206)
(0,1124)
(0,0759)
(0,1383)
(0,1188)
0,7978***
0,1757**
0,1214
-0,3250***
-0,0650
Myriam L. Merino-Rosero, Gladys A. Sabando-Murillo, Mery S. Siquihua-Aviles, Oscar B. Guadalupe-Arias
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Nota: Valores entre paréntesis representan los errores estándar. El nivel de signicancia es menor al 1% (***),
entre 1% y 5% (**) y entre 5% y 10% (*).
Fuente: elaboración propia.
Las emisiones de CO2 se reducen como resultado de mayores niveles de educación básica, de
infraestructura, de desarrollo nanciero, y del tamaño del mercado, pero aumentan por mayor
estabilidad macroeconómica e innovación. Lo cual podría ser producto de que la estabilidad,
tal como se indicó, conduce a crecimiento económico y no se traduce en sostenibilidad, al igual
que los procesos de innovación en la región.
Discusión y conclusiones
Tal como plantea la literatura, existe una relación de causalidad entre la competitividad a
través del ecosistema que la compone, y el desarrollo sostenible, visto desde las aristas social,
económica y ambiental, aunque las dos primeras se contraponen en algunos casos con el logro
de los objetivos de preservación de la naturaleza. El Foro Económico Mundial (WEF, 2019)
establece que en la medida que un país es más competitivo, producto de innovaciones orientas
a las mejores prácticas de sostenibilidad, tanto productivas como nancieras, disponga de una
mejor infraestructura, de mayores niveles de capacitación y escolaridad, un marco jurídico
que incentiva la responsabilidad social y ambiental, mejor será el desempeño en términos de
desarrollo sostenible.
A lo que sería necesario agregar la institucionalidad requerida para establecer políticas (Montañez
et al, 2011), tendientes a generar subsidios, incentivos en innovaciones e investigación “verde”,
desarrollos tecnológicos que reduzcan las emisiones de CO2 y de la huella de materiales, al
igual que los recursos desde el sistema nanciero que provean productos “ecológicos” (Acero,
Desarrollo financiero
Tecnología
Tamaño mercado
Sofisticación empresarial
Innovación
Constante
Wald (Chi2)
R2 total
R2 entre países
R2 a lo largo tiempo
Rho
Breusch- Pagan (Pooled)
Hausman
(0,1148)
(0,1162)
(0,1547)
(0,1547)
(0,1500)
(0,4389)
0,2440**
-0,0314
0,5423***
-0,5388***
-1,8906***
246,09***
0,0849
0,4233
0,4145
0,6090
8,24
0,9319
246,04***
Competitividad y desarrollo sostenible: un estudio de datos de panel para América Latina
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1999), destinados a esa inversión en tecnologías limpias y procesos circulares (Almeida-
Guzmán y Díaz-Guevara, 2020).
Los resultados asociados a la estimación del índice de desarrollo sostenible deben analizarse
desde el impacto que tienen los pilares de la competitividad, tanto en las dimensiones económica
y social, como en la dimensión ambiental, entendiendo que la complejidad está asociada con
que los efectos en la mayoría de los casos se contraponen. Lo que podría representar una
inuencia positiva en términos económicos y sociales, podría generar impactos adversos en
la dimensión ambiental, deteriorando los resultados globales en términos de sostenibilidad
(Umaña, 2000).
Tal es el caso de los procesos de crecimiento económico que se han evidenciado en algunos países
latinoamericanos que, si bien han elevado los indicadores de ingreso per cápita, escolaridad
y esperanza de vida, cuando vienen asociados con modelos de negocios tradicionales que
no toman en cuenta la naturaleza, terminan disminuyendo los resultados de sostenibilidad.
Especícamente Chile, Argentina y Uruguay han experimentado un deterioro del índice de
sostenibilidad, producto de un aumento más que proporcional de las emisiones de CO2 y de
la huella de materiales, a pesar de haber alcanzado mejores condiciones de vida y de ingreso.
El resto de los países analizados, si bien mejoran en términos de sostenibilidad, proviene en
mayor medida del mejoramiento de las condiciones de vida y del ingreso per cápita, así como
las emisiones de CO2 y de la huella de materiales, pero estos se han incrementado menos que
proporcionalmente. El caso más destacado es Costa Rica, que se ubica en la primera posición
mundial en términos de sostenibilidad y ha hecho esfuerzos importantes por mantener los
niveles de contaminación e incluso reducirlos, aunque haya generado crecimiento económico
y mejores condiciones de vida.
Esta realidad de la región permite explicar los resultados obtenidos, que en términos del impacto
positivo sobre el índice de desarrollo sostenible corroboran la causalidad identicada en la
literatura al menos en términos de educación básica, estabilidad macroeconómica e innovación
(Collado-Ruano, 2017; Gallopín, 2003). Los resultados asociados con las mejoras en el acceso
y la prosecución en el sistema de educación básica son evidentes en la región, lo cual ha
impulsado la avance en términos de los elementos del índice de desarrollo humano, que es
el numerador del índice de sostenibilidad, pero también la estabilidad alcanzada en algunos
países incentiva el crecimiento económico y el ingreso per cápita, apoyada en procesos de
innovación que no necesariamente están asociados con la sostenibilidad, sino más bien con
modelos de negocios tradicionales.
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Esto se evidencia en los resultados que explican el comportamiento de las emisiones de CO2
que indican la relación inversa con la estabilidad macroeconómica, de modo que, si bien logra
impulsar el crecimiento y las mejoras en las condiciones de vida, no se traduce en mejoras
en términos ambientales. Tampoco la innovación logra esos efectos, pues la relación con
las emisiones de CO2 es inversa, indicando que están orientas a mejorar las dimensiones
económica y social, mas no el desarrollo tecnológico requerido para introducir las prácticas de
sostenibilidad e impulsar nuevos modelos de negocios.
Las limitaciones están asociadas con la institucionalidad y el desarrollo nanciero; en el primer
caso, las normas parecieran no incentivar los cambios requeridos en los procesos productivos
para la adopción de nuevas tecnologías, que en la mayoría de los casos o son inexistentes o
costosas, lo que podría ser explicado por el segundo factor que es el desarrollo nanciero.
Los mercados nancieros en América Latina son tradicionales, en el sentido que sus productos
están orientados a los créditos al consumo y a las medianas y grandes empresas, poco se destina
a capital semilla, o a productos “verdes” que fortalezcan las inversiones en tecnología ecológica
e incluso existen barreras importantes aún en los procesos de bancarización y de microcréditos.
De manera que los mejores resultados de sostenibilidad para la región, salvo el caso de algunos
países como Costa Rica, han estado apalancados por mejoras en los indicadores sociales y
en crecimiento económico, que han dejado de lado el componente ambiental vinculado con
las emisiones de CO2 y de huella de materiales, dadas las limitaciones experimentadas en el
tejido empresarial, la institucionalidad, la innovación y tecnología amigable con la naturaleza,
además del escaso desarrollo nanciero para incentivar la inversión en el área.
En este sentido, los países deben hacer esfuerzos por establecer planes nacionales de desarrollo
sostenible con metas e indicadores concretos de cumplimiento; legislar para limitar la huella
ecológica, controlar la contaminación y mitigar el cambio climático; otorgar incentivos
económicos y scales para que empresas e industrias adopten procesos sostenibles; incrementar
impuestos sobre actividades altamente contaminantes desincentivando su realización; desarrollar
políticas de movilidad urbana sostenible e invertir en transporte público no contaminante.
Además, promover las energías renovables eliminando subsidios a combustibles fósiles e
invirtiendo en tecnologías limpias; implementar sistemas de certicación ambiental para
productos, servicios y procesos sostenibles; incorporar criterios de sostenibilidad en todas
las compras y contrataciones públicas; invertir en educación ambiental y campañas de
concientización sobre sostenibilidad dirigidas a toda la población y establecer alianzas
entre gobierno, empresas, academia y sociedad civil para coordinar acciones a favor de la
sostenibilidad.
Competitividad y desarrollo sostenible: un estudio de datos de panel para América Latina
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ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Gabith Miriam Quispe Fernández
gquispe@unach.edu.ec
Universidad Nacional de Chimborazo
(Riobamba – Ecuador)
Universidad Técnica de Oruro
(Oruro - Bolivia)
ORCID: 0000-0002-7485-3669
Otto Eulogio Arellano Cepeda
oarellano@unach.edu.ec
Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas
(Riobamba – Ecuador)
ORCID: 0000-0001-9580-1625
Leslie Sarai Martínez Orellana
leslie.martinez@unach.edu.ec
Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas
(Riobamba – Ecuador)
ORCID: 0009-0005-3832-366X
Gustavo Santos Tapia Daza
tapiadazagustavo@gmail.com
Universidad de Sevilla
Departamento de Geografía Física y
Análisis Geográco Regional
(Sevilla – España)
ORCID: 0000-0003-2566-1721
Recibido: 25/04/23
Aceptado: 12/12/23
LOS COSTOS DE
OPORTUNIDAD PARA
EMPRENDEDORES EN LA
CIUDAD DE RIOBAMBA
OPPORTUNITY COSTS FOR
ENTREPRENEURS IN THE CITY
OF RIOBAMBA
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.03
KAIRÓS, Vol. (7) No. 12, pp. 44-62, enero - junio 2024
ISSN No. 2631-2743
,
Resumen
El emprendimiento es un factor importante para el desarrollo
económico que contribuye a la reducción de la tasa de
desempleo y pobreza. El objetivo de la investigación fue
estimar los costos de oportunidad de los emprendedores en
la ciudad de Riobamba en el año 2022. Asimismo, se usó el
método deductivo, con un enfoque cualitativo y cuantitativo,
y un nivel explicativo y diseño no experimental. Para la
recogida de información se consideró la encuesta y como
instrumento el cuestionario; se aplicó a una muestra de 162
emprendedores de un total de 277. La información tiene
un índice de Cronbach de 70,4%. Los resultados muestran
que el costo de oportunidad en promedio alcanza $453,62 e
inuye en la toma de decisiones, se concluye que los costos
de oportunidad inciden en los emprendimientos.
Palabras clave:
emprendimiento, costos de
oportunidad, factorización, emprendedores, toma de
decisiones.
Abstract
Entrepreneurship is an important factor for economic
development that contributes to the reduction of the
unemployment and poverty rate. The objective of the research
was to estimate the opportunity costs of entrepreneurs in the
city of Riobamba in the year 2022. Likewise, the deductive
method was used, with a qualitative and quantitative
approach, and an explanatory level and non-experimental
design. To collect information, the survey was considered
and the questionnaire was used as an instrument; It was
applied to a sample of 162 entrepreneurs out of a total of
277. The information has a Cronbach index of 70.4%. The
results show that the opportunity cost on average reaches
$453.62 and inuences decision making; it is concluded that
opportunity costs aect entrepreneurship.
Keywords: Keywords: entrepreneurship, opportunity
costs, factoring, entrepreneurs, decision making
LOS COSTOS DE
OPORTUNIDAD PARA
EMPRENDEDORES EN LA
CIUDAD DE RIOBAMBA
OPPORTUNITY COSTS FOR
ENTREPRENEURS IN THE
CITY OF RIOBAMBA
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.03
KAIRÓS, Vol. (7) No. 12, pp. 44-62, enero - junio 2024
Gabith Miriam Quispe Fernández, Otto Eulogio Arellano Cepeda, Leslie Sarai Martínez Orellana, Gustavo Santos Tapia Daza
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 44-62. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.03
46
Introducción
El emprendimiento es un factor importante para el desarrollo económico que contribuye a la
reducción de la tasa de desempleo y pobreza. Asimismo, es una iniciativa de las personas que
tienen un espíritu emprendedor debido a causas relacionados a cubrir necesidades económicas,
desempleo y capacidades de negociar. Sin embargo, este panorama se torna complejo cuando esta
iniciativa se enfrenta a factores de competencia, posicionamiento en el mercado, nanciamiento,
rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo.
En el caso de los países de América Latina el emprendimiento se ha convertido en una fuente
de generación de empleo y de ingresos; además, una alternativa para iniciar diferentes tipos de
actividades económicas y de esta forma satisfacer necesidades básicas. Los datos del Informe de
Global Entrepreneurhip monitor 2019/2020 muestran que a nivel mundial los países que tiene
una intención emprendedora, en la región de Asia y el Pacíco, es India con una calicación
de 80.
A nivel Europa y Norteamérica, Polonia con una calicación de 90,2; a nivel América Latina
y el Caribe, Guatemala con un puntaje de 46,6; y a nivel del Oriente Medio y el África, Qatar
con un puntaje de 66,6 (GEM, 2020, pp. 200-202). En países de América Latina, Ecuador es
unos de los países mejor posicionados en los índices de Actividad Emprendedora Temprana, de
acuerdo con el informe del Global Entrepreneurship Monitor, en su último estudio 2019–2020
aplicado en Ecuador, muestra que se encuentra con una Actividad Emprendedora Temprana,
con un 36,2%, por debajo de Chile con 36,7% (Lasio et al, 2020) (gura 1).
Figura 1. Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en países de la región
Fuente: elaboración propia con base el Global Entrepreneurship Monitor, Ecuador 2019-2020 (2020)
36,2
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ECUADOR BRASIL CHILE COLOMBIA
22,3
36,7
23,3
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Los costos de oportunidad para emprendedores en la ciudad de Riobamba
47
Esta situación convierte a Ecuador en uno de los países con oportunidades y facilidades para
los emprendimientos, fortaleciendo y dinamizando su economía (Zamora, 2018). Por otro lado,
los emprendimientos pueden nacer por necesidad y oportunidad, están relacionados con las
necesidades del emprendedor (Lasio et al., 2020, p.7) y su situación económica, conrmando
que, a mayor índice de desempleo, mayor probabilidad de nacimiento de un emprendedor, tal
como menciona el GEM (2020).
Asimismo, los emprendedores inician un emprendimiento en un 82,71% por la escasez de
empleo, iniciando con inversiones bajas, cuyas fuentes de nanciamiento, en su gran mayoría
son los ahorros personales con un 99,18% en emprendedores nacientes (Lasio et al., 2020). Del
mismo modo, los datos muestran que en el Ecuador existen diferentes indicadores que miden
la actividad emprendedora, como, por ejemplo, nanciamiento, políticas gubernamentales,
educación emprendedora, infraestructura, normas sociales, culturales y tributarias, transferencia
de I+D entre otras (Lasio et al., 2020).
Por otro lado, los emprendimientos sufren distintas debilidades, como: “1) reducción de la
operatividad de los emprendimientos y con ello pérdida de plazas de trabajo; 2) reducción
del capital de riesgo y de las fuentes de nanciamiento, impidiendo la apertura de nuevos
emprendimientos; 3) dicultades en la transformación de las operaciones de las organizaciones
debido a la escasez de servicios digitales asequibles; 4) baja capacidad de adaptación y
reinvención de los emprendimientos comerciales; y 5) reducción del capital humano orientado
hacia el emprendimiento” (Lasio et al. 2020, p.4)
Los datos muestran que en un 25,2% de los emprendedores desisten de sus iniciativas por
falta de rentabilidad, mientras que un 16,6% por problemas de nanciamiento (Lasio et al.,
2020). Asimismo, los estudios a nivel mundial del GEM muestran que, del total de negocios
culminados, el 85,66% han terminado de manera negativa; es decir, clausura de un negocio
debido a debido a su no rentabilidad, problemas nancieros, motivos familiares/personales,
incidentes varios, o impuestos/burocracia gubernamental (GEM, 2020).
Otro aspecto importante es la participación de la mujer en la actividad emprendedora. El índice
de actividad emprendedora temprana para el segmento femenino alcanza el 33,6%, donde el
40% trabajan por cuenta propia, y los sectores más emprendidos son en la agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca, y comercio al por mayor y menor, donde sus ingresos mensuales alcanzan
alrededor de 126 dólares (Amaya y Samaniego, 2023).
Existen diversos estudios que intentan identicar las razones sobre las dicultades que pueden
tener los emprendimientos para lograr el éxito, la sostenibilidad económica y reducir los niveles
de fracaso, las estrategias de mejora de las distintas debilidades es contar con las herramientas
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 44-62. Primer Semestre de 2024
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como un estudio de mercado, costos de oportunidad, estudio del producto o servicio,
distribución, nanciamiento, tasas e impuestos, permisos de funcionamiento, costos de talento
humano, entre otros, a n de proyectar el presupuesto de gastos y costos de producción, ventas,
ingresos y utilidades. Asimismo, es importante el conocimiento normativo para hacer uso de
los benecios tributarios y laborales y evitar la evasión tributaria. Los emprendimientos en el
Ecuador se realizan en diferentes sectores, así, por ejemplo, el sector comercial representa el
49,6% de emprendimientos que lograron establecerse, como se presenta en la tabla 2.
Tabla 2. Sector de los emprendedores en las diferentes etapas en Ecuador
Fuente: encuesta a la población adulta, Global Entrepreneurship Monitor Ecuador (2019, p.34)
En el caso de la provincia de Chimborazo (Ecuador), los emprendimientos también se han
convertido en una alternativa de generación de empleo y de ingresos, es así que las actividades
emprendedoras están relacionadas con la agricultura, minería, construcción, manufactura,
transporte, comercio, hoteles y restaurantes, comunicación, servicios nancieros, servicios
profesionales, educación, salud, servicios sociales, servicios de consumo; como se presenta en
la tabla 3.
Tabla 3. Sector de los emprendedores en las diferentes etapas en la Provincia Chimborazo
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Subsecretaria de turismo (2022).
Sector
nacientes % nuevos % TEA % E stablecidos %
Agricultura, actividades extractivas,
construcción
7,3 8,4 7,5 14,7
Manufactura y logística 9,7 15,5 11,1 19
Comercio mayorista y minorista 66 57,7 64,2 49,6
Información y comunicación 2,1 3,8 2,4 1
Finanzas, bienes raíces, servicios a negocios 5,8 5,5 5,7 5,3
Salud, educación, servicios sociales y
comunitarios
8,2 9,2 8,4 9,7
No clasificado 0,9 0 0,7 0,7
Cantones Alojamiento Alimentos
y bebidas
Agencias
de
turismo
Centros de
turismo
comunitario
Parques de
atracción
estables
Transporte
turístico
Alausi 11 12 1 1
Chambo 1 1
Colta 1 6
Cumanda 5 8 1
Guamote 2 3
Guano 9 1
Pallatanga 3 4
Penipe 0 2 1
Riobamba 62 247 19 3 1
6
TOTAL 94 284 19 4 4
6
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Los costos de oportunidad para emprendedores en la ciudad de Riobamba
49
Con estos antecedentes la investigación partió con la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es el costo de oportunidad que tienen los emprendedores para emprender en la ciudad de
Riobamba? Y como objetivo determinar los costos de oportunidad para los emprendedores en
la ciudad de Riobamba.
Marco teórico
La investigación consideró importante los siguientes conceptos teóricos:
Costos de oportunidad (CO): “es el coste de las oportunidades que se pierden por no destinar los
recursos de la empresa al mejor n alternativo” (Pindyck y Rubinfeld, 2009, p.248), también,
de acuerdo con Case y Fai (2008) citado en Sánchez et al. (2019) “el costo de oportunidad
representa la mejor opción que se deja de tomar, a lo que se renuncia, se escoge o se decide”
(p.24). Asimismo, estos costos dan paso al análisis del comportamiento y la importancia de la
toma de decisión, con el n de la elección correcta dentro de las alternativas y la consecuencia
que contraen las alternativas no elegidas (Katz y Rosen, 2007). Por tanto, la toma de decisión
juega un papel sumamente importante dentro de los Costos de Oportunidad, porque el hecho
de tener la necesidad de elección, en un país económicamente inestable y con altos índices de
desempleo y pobreza, resulta ser indispensable tomar la decisión adecuada, pues esto supone la
renuncia a otras opciones (Samuelson y Nordhaus, 2010).
Medición del costo de oportunidad: Pindyck y Rubinfeld (2009) menciona que se obtiene
cuando se analizan las opciones de decisión, y el benecio económico que puede generar
cada una de ellas. Posteriormente, la diferencia en valor positivo se convierte en el Costo de
Oportunidad de la decisión óptima, como se presenta en la gura 2.
Figura 2. Fórmula Costo de Oportunidad por Pindyck & Rubinfeld (2009)
Fuente: elaboración propia con base en Pindyck y Rubinfeld, (2009).
Para Sánchez et al. (2019), quien cita lo mencionado por Krugman y Wells (2007), “el costo de
oportunidad representa la suma de los costos contables e implícitos” (p.24). Donde, los costos
contables son los egresos monetarios y los costos implícitos son aquellos que no representan
un desembolso monetario en una transacción, pero que está implícito en la actividad (Sánchez
et al, 2019) (gura 3).
Costo de oportunidad = $ Alternativa 1 - $ Alternativa 2
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50
Figura 3. Fórmula Costo de Oportunidad por Krugman & Wells
Fuente: elaboración propia con base en Sánchez et al. (2019).
Para la presente investigación se consideró la fórmula planteada por Pindyck y Rubinfeld
(2009).
Emprendimiento
Otro de los conceptos considerados en la investigación está relacionado con los emprendimientos;
se dene como “un elemento importante en el desarrollo de sociedades donde la riqueza
se distribuye de una forma más equitativa” (Sornoza et al., 2018, p.9). Por otro lado, el
emprendimiento es “un proyecto con antigüedad menor a cinco años que requiere recursos
para cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad y que necesita ser organizado y
desarrollado, tiene riesgos y su nalidad es generar utilidad, empleo y desarrollo” (Ley Orgánica
de Emprendimiento e Innovación, 2020, Art. 3 Numeral 1), asimismo, se considera que un
emprendedor es aquel que tiene ingresos brutos a partir de 20.000,01 hasta 300.000,00 dólares
americanos (Ley de Régimen Tributario Interno, 2021), que no sean actividades excluyentes
como por ejemplo: los servicios profesionales, actividades de construcción y otros establecidos
en la norma.
Estado de arte
A n de conocer la situación actual sobre el problema de investigación se realizó un recorrido
bibliográco sobre el emprendimiento y los costos de oportunidad; los resultados muestran
que: los estudios realizados por Camino y Aguilar (2017) se relacionan con la necesidad de
determinar el ecosistema empresarial como punto de inicio idóneo de los emprendimientos.
Por otro lado, Karpac y Bartosova (2020) realizan los cálculos de los costos de oportunidad y
determinan pérdidas monetarias, porque los factores de producción no fueron manejados de la
mejor forma.
Wollborn et al. (2021) estudian los costos de oportunidad y mencionan que el factor más
importante, a largo plazo, es una concentración de esfuerzos empresariales; aunque evidencian
que la variación de ganancia no está determinada por el costo de oportunidad. Enfocados en
Riobamba, asimismo, se estudia el impacto que tiene sobre la creación de nuevas empresas
la inversión privada en I+D y los costos de apertura de empresas como variable proxy del
marco institucional (Valera y Ramírez, 2019), del mismo modo Yagual, Pico y Coello (2020),
diagnostican la situación actual de los emprendimientos basado en la oportunidad y por
Costo de oportunidad = Costo Contable + Costo Implícito
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Los costos de oportunidad para emprendedores en la ciudad de Riobamba
51
necesidad, obteniendo como resultado que los primeros son motivados por acceso a recursos,
formación, tecnología u otras características que hacen considerar la idea como viable de
ejecutar; y los segundos por un empleo mal remunerado o simplemente falta de empleo.
Por otro lado, se identica estudios realizados sobre los emprendimientos, como el de Ayaviri
et al. (2017), quienes estudian la importancia de los emprendimientos y conrma que el
apoyo a la innovación y una mayor capacidad emprendedora puede surgir de los clústeres. Sin
embargo, Lozada et al. (2021) al estudiar los emprendimientos, señala que la innovación es
un factor clave para que los emprendimientos prosperen. Asimismo, Valencia (2017) recalca
que es necesario el aporte al desarrollo y articulación de proyectos para la sostenibilidad de los
emprendimientos mediante el impulso del potencial tecnológico; de igual manera, Useche et al.
(2021) arma que un fortalecimiento de los emprendimientos es la digitalización de procesos
para un resurgimiento. Zamora (2018) señala que la participación pública en el sustento de los
emprendimientos es importante, y Saavedra y Texis (2019) presenta los efectos positivos en la
actividad emprendedora, raticando la necesidad del apoyo institucional para su establecimiento
en el mercado. De este modo, se puede identicar el escaso desarrollo de investigaciones
realizadas sobre la determinación de los costos de oportunidad de los emprendimientos, siendo
de importancia su desarrollo.
Métodos
La investigación utilizó el método deductivo, porque parte de un problema general para analizar
el caso de los emprendimientos en la ciudad de Riobamba. A su vez se consideró un enfoque
cuantitativo y cualitativo, porque considera datos sobre los costos y factores, tiene un diseño
no experimental y un nivel causal. Se consideró como tamaño de población a 277 nuevos
emprendedores registrados en el listado referencial del RIMPE (Régimen Simplicado para
Emprendedores y Negocios Populares) con corte al 29 de abril del año 2022 ubicados en la
ciudad de Riobamba. Para la recogida de información se utilizó la encuesta y como instrumento
el cuestionario, se formuló con 35 preguntas relacionadas a la identicación de valores
cuantitativos para la determinación de costos y cualitativos para las causas; también se consideró
preguntas abiertas, cerradas y de escalas de Likert a una muestra de 162 emprendedores.
El cuestionario, fue validado a partir de una prueba piloto aplicando a 10 emprendedores que
permitió realizar los ajustes. La recogida de información se realizó en In situ o en los lugares de
trabajo de los emprendimientos, durante un periodo de tres meses. Los datos una vez recogidos
fueron tabulados en una matriz de datos, para posterior a ello elaborar las tablas de salida. Se
aplicó el análisis estadístico a las preguntas cualitativas y cuantitativas. El índice de Crombach
alcanza el 70,5% lo que signica que existe un alto grado de conabilidad de los datos. Para el
análisis de los datos se utilizó análisis factorial y árbol de decisiones.
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Resultados
Actividad económica de los emprendimientos
Los resultados muestran que el 29,6% de los emprendimientos corresponden al sector de
alimentación, el 25,3% al sector dedicado a la compra y venta de víveres, 8,6% actividades
relacionadas al sector educativo, 7,4% sector tecnológico y electrónico, y de manera minoritaria
se encuentran los demás sectores (gura 4). Por lo tanto, en su mayoría, los emprendimientos
se encuentran en el sector de alimentos y compraventa de víveres.
Figura 4. Área de Actividad Económica en los Emprendimientos
Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario dirigido a los emprendedores (2022).
Por otro lado, se identica que los emprendimientos se encuentran ubicados en la parroquia
Veloz, donde el 23,10% inicio sus actividades entre 1 y 2 años atrás, el 19,20% entre 2 y 3 años
atrás, y entre 4 y 5 años atrás con el mismo valor porcentual. En el caso de la parroquia Velasco,
se conoce que un 33,30% inicio entre 2 y 3 años atrás, mientras que el 31% inicio entre 1 y 2
años atrás. En la parroquia Maldonado, un 27% inicio entre 1 y 2 años atrás y el 16,20% entre 3
y 6 meses atrás. En la parroquia Lizarzaburu, 27,3% inicio entre 4 y 5 años atrás, seguidamente
del 20,5% entre 2 y 4 años atrás. Finalmente, en la parroquia Yaruquíes, 23,10% inició entre 1
y 2 años atrás, y en el mismo valor porcentual, entre 2 y 3 años atrás. Por tanto, se concluye que
en las parroquias urbanas los emprendimientos se encuentran operando en un promedio entre
de uno a cuatro años, en el caso de las periurbanas entre 9 meses y 2 años.
Características de los emprendedores y motivos de emprendimiento
Los emprendimientos en la ciudad de Riobamba fueron motivados en un 32,70% por iniciativa
009%
025%
002%
030%
005%
002%
005%
003%
003%
003%
003%
002%
007%
Sector Educativo
Sector Compra Venta Víveres
Sector Comisiones
Sector Alimentación
Sector Belleza
Sector Insumos Mascotas
Sector Automotriz
Sector Bebidas
Sector Línea de Hogar
Sector Venta Ropa
Sector Insumos Papelería
Sector Tecnología y Electrónicos
Sector Servicios
Sector Construcción
Sector Dulces
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Los costos de oportunidad para emprendedores en la ciudad de Riobamba
53
dada por parte de una tercera persona o amigos; 31,50% por desempleo, 29% por obtener
ingresos extras y el 6,8% por previo estudio de mercado, lo que quiere decir que los nuevos
emprendimientos tienen una motivación por amistad y desempleo principalmente. Por otro lado,
los emprendedores se caracterizan el 47,53% por contar con un nivel de estudios alcanzado la
educación secundaria; el 32,10% comenzó sus actividades con una experiencia laboral en un
negocio similar; el 65,43% de ellos no ha recibido ningún tipo de capacitación para emprender
una actividad productiva o de servicio.
En la parte tributaria al tratarse de estar ubicados bajo el del régimen RIMPE (Régimen
Impositivo Simplicado para Emprendedores y Negocios Populares), estos no tienen la
obligación de contar con un profesional contable, la obtención del RUC resultó para el 41,98%
un proceso fácil; conseguir patentes resultó regular para el 29,63%, el ARCSA (Agencia
Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria) no lo requiere el 30,25% y permisos
del ministerio no lo requiere el 100%; el 40,12% cumple con sus obligaciones nancieras, el
32,10% tiene conocimiento de las obligaciones tributarias, el 40,74% conoce las obligaciones
laborales y el 29,01% sabe que debe cumplir con otras obligaciones de acuerdo al giro del
negocio; el 48,15% considera que los impuestos que paga al sco son muchos y representan
disminución en su margen de ganancia; así mismo, el 85,19% lleva un control de ingresos y
egresos lo que signica que la diferencia no está cumpliendo con su obligación (tabla 4).
Tabla 4. Caracterización de los emprendedores y motivación
Detalle
Porcentaje
Motivo de Emprender
Previo Estudio de Mercado 6,80%
Desempleo 31,50%
Iniciativa de un familiar o amistad 32,70%
Ingresos extras 29%
Nivel Educación
Primaria 8,02%
Secundaria 47,53%
Universidad o Tecnología 39,51%
Masterado/Doctorado/PhD 4,94%
Conocimiento para
emprendimiento
Conocía el tratamiento del producto/servicio 37%
Ya he trabajado anteriormente en un negocio similar 32,10%
Aprendo durante la marcha 21%
El negocio no requiere de conocimiento específico 8,60%
Ningún conocimiento 1,20%
Capacitación en
Negocios
Sí, recibí una capacitación de un ente publico 12,35%
Sí, pague por capacitación en entidad privada 22,22%
No, no he recibido ninguna capacitación 65,43%
Conocimiento del total
de obligaciones
Área Financiera 40,12%
Área Laboral 40,74%
Área Legal 30,25%
Proceso de Obtención
fácil
RUC
41,98%
Patentes
29,61%
Opinión sobre impuesto
que pagan
Son muchos, disminuye grandemente sus ingresos
48,15%
Son muchos, pero no implica molestia
22,22%
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Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario dirigido a los emprendedores (2022).
Los factores de evaluación de costos de oportunidad
Para la determinación de los factores que intervienen en el Costo de Oportunidad de los
emprendedores de la ciudad de Riobamba, se realizó un análisis factorial con el uso del sistema
estadístico SPSS, donde se consideraron variables relacionados a: toma de decisiones, costos,
inversión, impuestos, situación laboral, competitividad, proveedores y colaboradores) ya que
estas constituyen los recursos de la empresa al mejor n alternativo” (Pindyck & Rubinfeld,
2009, p.248), Los resultados, muestran un alfa de Cronbachs del 75.1% promedio, lo que
signica que el modelo es aceptable. Del conjunto de variables consideradas para el análisis del
costo de oportunidad, los resultados del análisis factorial, muestran que son dos las variables
más importantes, que se encuentran relacionadas con: 1) INGRESOS, relacionados con
variables de: Inversión, capacitación, colaboración; 2) EGRESOS, relacionados con variables
de: Impuestos, aspectos laborales, proveedores, ventaja competitiva, como se presenta en la
tabla 5.
Tabla 5. Resultados del modelo de factorización
Fuente: elaboración propia
Detalle
Porcentaje
Motivo de Emprender
Previo Estudio de Mercado
6,80%
Desempleo
31,50%
Iniciativa de un familiar o amistad
32,70%
Ingresos extras
29%
Nivel Educación
Primaria
8,02%
Secundaria
47,53%
Universidad o Tecnología
39,51%
Masterado/Doctorado/PhD
4,94%
Conocimiento para
emprendimiento
Conocía el tratamiento del producto/servicio
37%
Ya he trabajado anteriormente en un negocio similar
32,10%
Aprendo durante la marcha
21%
El negocio no requiere de conocimiento específico
8,60%
Ningún conocimiento
1,20%
Capacitación en
Negocios
Sí, recibí una capacitación de un ente publico
12,35%
Sí, pague por capacitación en entidad privada
22,22%
No, no he recibido ninguna capacitación
65,43%
Conocimiento del total
de obligaciones
Área Financiera
40,12%
Área Laboral
40,74%
Área Legal
30,25%
Proceso de Obtención
fácil
RUC 41,98%
Patentes 29,61%
Opinión sobre impuesto
que pagan
Son muchos, disminuye grandemente sus ingresos 48,15%
Son muchos, pero no implica molestia 22,22%
Medidas de discriminación
Dimensión Media
1 2
¿Ha recibido alguna capacitación en negocios (o afines a
este) en los últimos 2 años? .373 . 035 .204
¿Cuál es la forma de la toma de decisiones en su giro de
emprendimiento? .264 . 172 .218
¿En qué ámbito empresarial, ha existido mayor problema
de toma de decisión? .150 .167 .159
¿Por qué tomó la decisión de contratar? .211 . 073 .142
¿La contratación ha generado valor a mi emprendimiento? .294 . 040 .167
¿Conoce sus obligaciones en las diferentes áreas en las
que se rige su emprendimiento? T .670 .721 .695
¿Conoce sus obligaciones en las diferentes áreas en las
que se rige su emprendimiento? .342 .739 .540
¿De cuánto fue la inversión inicial para el inicio de su
emprendimiento? .629 . 564 .596
Su salud mental ha cambiado, positivamente, ¿al iniciar su
emprendimiento? .055 . 003 .029
¿Cuánto gasta en la implementación de Redes Sociales?
(ventaja competitiva) .245 .291 .268
¿Cómo ha escogido sus proveedores? .114 .147 .130
Active Total
3.346
2.953
3.150
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Los costos de oportunidad para emprendedores en la ciudad de Riobamba
55
Esto signica, que para la determinación del costo de oportunidad se debe considerar las
variables de Ingresos y Egresos, considerando gastos en inversión, contratación laboral y
tributos, como se observa en la gura 5.
Figura 5. Factores de evaluación
Fuente: elaboración propia con el uso del sistema estadístico SPSS.
Determinación de costos de oportunidad
La determinación de los valores de los costos de oportunidad fue realizada sobre ejes
fundamentales dados en el proceso de emprender, como se muestra en la tabla 3, obteniendo la
siguiente interpretación:
El costo de oportunidad (CO) relacionado a la situación laboral arrojó un valor positivo para
122 emprendedores, debido a que su situación laboral anterior es inferior al actual, mostrándose
el comercio informal como situación laboral de la mayoría de encuestados; el valor promedio
de 162 emprendedores tiene un CO de + 453,62. El CO relacionado con la inversión, muestran
un valor positivo para 23 emprendedores, ya que la cantidad de inversión destinada al
emprendimiento es menor a la alternativa, que para la mayoría fue generar ahorros o comprar
bienes inmuebles; el valor promedio de este CO es +558,40.
¿Conoce sus obligac ¿Conoce sus obligac
¿De cuánto fue la
¿Cuánto gasta en I
¿Cuál es la forma
¿En qué ámbito em
¿Cómo ha escogido
¿Por qué tomó la ¿La contratación h
¿Ha recibida alguna
Su salud mental ha c
Dimension 1
Dimension 2
Discrimination Measures
0,8
0,6
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2
0,0 0,0
Variable Principal Normalization
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El cálculo del CO que corresponde al régimen RIMPE muestra que 75 personas tienen ingresos
ubicados dentro de la tabla progresiva tributaria publicada para este régimen, así como también
los emprendedores pagan los impuestos establecidos en la tabla progresiva de acuerdo a sus
ingresos; por otro lado, 95 emprendedores están ubicados en el Régimen General y pagan
menos impuestos, por aplicación de la deducción de costos y gastos frente a sus ingresos; es
decir, el cálculo del impuesto es sobre la utilidad a diferencia del RIMPE que paga el impuesto
sobre el volumen de ingresos. El valor promedio del CO es + 433,74.
El cálculo del CO que corresponde a la salud mental, en un 62% se han visto afectados en la
parte psicológica, principalmente por el estrés laboral; en ese contexto, son 11 emprendedores
quienes recibieron tratamiento en su salud mental, 6 de ellos obtuvieron un valor positivo en
el CO por estabilidad emocional; con un valor CO promedio de +5,45. Los resultados del CO
con relación a las ventajas competitivas muestran que 69 emprendedores obtuvieron un valor
positivo, esto signica que el nivel de ingreso por concepto de ventas tuvo un crecimiento por
la aplicación de estrategias de marketing y de venta; el valor promedio de 78 emprendedores
este CO es + 534,86.
El costo de oportunidad con relación a la contratación de colaboradores demuestra que 40
emprendedores tienen un CO positivo; el valor promedio de 53 emprendedores el CO es +
105,65.
Del mismo modo, el costo de oportunidad de los proveedores reeja un resultado positivo para
52 emprendedores, es decir, que estos optimizaron entre el 5% al 10% en el valor mensual de
sus egresos; el valor CO promedio de 60 emprendedores es + 208,66. Por tanto, se concluye
que el costo de oportunidad de los emprendimientos es positivo, donde el emprendedor puede
tomar la decisión de emprender en función a las variables analizadas (tabla 6).
Tabla 6. Factores de Evaluación en el costo de oportunidad
Fuente: elaboración propia
Costos de
oportunidad Media CO Emprendedores
aplicados
Suma Valor
Alternativa
electa
Suma
Valor
alternativa
renunciada
Medición
Situación laboral 453,62 1 62,00 118.581,00 3 8.465,00 Nivel de ingresos netos
Inversión 558,40 1 22,00 718.800,00 8 16.925,00 Cantidad de inversión
Pago IR 133,74 1 22,00 19.180,49 7 2.097,00 Impuestos a pagar
Salud mental - 5,45 1 1,00 7 10,00 650,00 Inversión en salud mental
Ventaja
competitiva 5 34,86 78,00 257.689,00 216.270,00 Nivel de ingresos brutos
Colaboradores 105,65 5 3,00 9 1.946,70 86.347,00
Generación de valor en el
nivel de ingresos
Proveedores 208,66 6 0,00 7 8.552,30 91.072,00
Nivel de egresos
mensuales
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Los costos de oportunidad para emprendedores en la ciudad de Riobamba
57
Aplicación del árbol de decisiones en análisis de costo de oportunidad
La aplicación del árbol de decisiones muestra como resultados que los costos de oportunidad
reejan valores positivos para 122 emprendimientos y negativos para 35 emprendimientos.
Esto quiere decir que el 75,31% de los emprendimientos han obtenido un valor favorable del
costo de oportunidad, demostrándose la hipótesis de que los costos de oportunidad inciden en
los emprendimientos de los emprendedores de la ciudad de Riobamba (gura 6).
Figura 6. Árbol de decisión
Nota: muestra el número de emprendedores que tienen un costo de oportunidad positivo de un total de 162
emprendedores, donde la diferencia de 5 emprendedores ausentes es aquellos en que su CO es igual a 0.
Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario dirigido a los emprendedores (2022).
Discusión
Los resultados de la investigación aportan a las investigaciones realizadas por Jiménez,
Espinosa y Soler (2014, p.48) quienes encuentran que “la variación de la ganancia no está
determinada por el costo de oportunidad de la mano de obra familiar, además de este insumo,
los costos por alimento, el agotamiento animal, la mano de obra asalariada y el precio de venta
son las variables que inuyen de manera directa en la variación de las utilidades generadas”. Sin
embargo, Karpac y Bartosova (2020, p.350) encuentran que los costos “representan cantidades
monetarias perdidas debido a que los factores de producción no fueron utilizados en la mejor
medida” y, por otro lado (Wollborn, Holder, y Dornekott, 2021, p.1) identica que “el análisis
ex-post del éxito de los recién llegados muestra que incluso cuando la movilidad aumentó
más allá de los niveles previos al connamiento y las tasas de desempleo volvieron a caer con
fuerza, los streamers de recién llegados más exitosos pudieron transformar su reacción inicial
de posiblemente solo suavizar los ingresos en una sostenible, solución a largo plazo con el
potencial de un mayor esfuerzo empresarial”.
Costo de
Oportunidad
(+)
(-)
122
35
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De este modo, se puede evidenciar que los costos de oportunidad inciden en los emprendimientos
de los emprendedores y están relacionadas a variables como: situación laboral, inversión, pago
ir, salud mental, ventaja competitiva, colaboradores proveedores; además de la valoración del
costo de oportunidad por medio del costo contable más el costo implícito.
Los resultados de la investigación muestran que los emprendedores tomaron las decisiones
de emprender, porque el costo de oportunidad es positivo en los casos de la contratación,
inversión, proveedores, salud mental e impuestos. Estos costos de oportunidad están
relacionados a la inversión porque es favorable para quienes tenían como alternativa generar
ahorros, corroborando el resultado del hallazgo de Jiménez, Espinosa, y Soler (2014); por
otro lado, los costos de oportunidad relacionados con la parte tributaria es positivo, aunque la
carga tributaria es alta, pero también existe la tendencia de disminuir en base a las reformas
tributarias que realiza cada gobierno de turno; nalmente, el costo de oportunidad relacionado
a la contratación de colaboradores muestra un valor positivo para los emprendedores, porque
genera empleo y dinamiza la productividad, este resultado aporta a las conclusiones a las que
llego Wollborn, Holder, y Dornekott (2021).
Por otro lado, los emprendimientos también deberían considerar como elemento importante
para el cálculo de costos, las ventas y los impuestos, como lo menciona (Fuentes et al., 2021);
sin embargo, también deberían de considerase costos relacionados a los riesgos laborales del
emprendimiento como, por ejemplo: enfermedades y accidentes laborales contraídos en las
empresas (Patiño, Quispe, y Tapia, 2022).
Conclusión
El costo de oportunidad es un factor importante para los emprendimientos, considerando
que los ingresos y egresos están relacionados con el tipo de producto o servicio disponible
para los consumidores. El ingreso es importante en las variables de inversión, capacitación
y colaboración; mientras que en los egresos son las variables relacionadas a los impuestos,
conocimientos en aspectos laborales, proveedores y aplicación de ventajas competitivas.
El costo de oportunidad es favorable en los casos relacionados con la contratación de
colaboradores, inversión y el pago de tributos, variables importantes que se deben considerar
para la toma de decisión en la iniciativa emprendedora, lo que permitiría generar ganancias a
partir de la optimización de los recursos económicos, nancieros, humanos y materiales, que
generaría estabilidad al negocio con proyecciones de sostenibilidad a largo plazo.
Se recomienda profundizar estudios relacionados a la determinación de costos de oportunidad
aplicados a los emprendimientos por el escaso estudio.
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Los costos de oportunidad para emprendedores en la ciudad de Riobamba
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Se recomienda que los emprendimiento debieran incorporar un sistema de costos con la
nalidad de comparar para procesos de posición y competitividad en el mercado.
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ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
COMPOSICIÓN SOCIETARIA Y
ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS
LONGEVAS DE LA ZONA 3, CENTRO-
ORIENTE ECUATORIANO
CORPORATE AND
ECONOMIC COMPOSITION
OF LONG-LIVED COMPANIES
OF ZONE 3, ECUADORIAN
CENTER-EAST
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.04
KAIRÓS, Vol. (7) No. 12, pp. 63-81, enero - junio 2024
Carla Ojeda-Zambrano
caojeda@uce.edu.ec
Facultad de Ciencias Administrativas
Universidad Central del Ecuador
(Quito – Ecuador)
ORCID: 0000-0003-1435-2317
Recibido: 12/07/23
Aceptado: 26/12/23
ISSN No. 2631-2743
,
KAIRÓS, Vol. (6) No. 12, pp. 63-81, enero - junio 2024
COMPOSICIÓN SOCIETARIA
Y ECONÓMICA DE LAS
EMPRESAS LONGEVAS DE LA
ZONA 3, CENTRO-ORIENTE
ECUATORIANO
CORPORATE AND ECONOMIC
COMPOSITION OF LONG-
LIVED COMPANIES OF ZONE
3, ECUADORIAN CENTER-
EAST
Resumen
La composición societaria y económica de las
empresas activas longevas (mayores a 25 años)
dentro de la zona 3 del ordenamiento territorial
del Ecuador al año 2022 es diversa y compleja.
Para analizar esta dinámica se aplica un estudio
descriptivo de tipo transversal con base inductiva y
cuantitativa, a través de la recopilación documental
en bases de datos de carácter ocial. Una vez
analizadas 170 organizaciones, la investigación
arroja que ninguna de ellas logra superar el siglo
de existencia y que el tamaño más representativo
corresponde a microempresas, lo que da cuenta del
bajo nivel de crecimiento no solo de sus ingresos
totales sino también de su estructura organizacional.
Palabras clave: economía, competitividad,
longevidad, crecimiento, nanzas.
Abstract
The corporate and economic composition of long-
lived active companies (over 25 years) within
Zone 3 of Ecuador's territorial ordering by the
year 2022 is diverse and complex. To analyze this
dynamic, a descriptive cross-sectional study with an
inductive and quantitative basis is applied through
documentary collection in ocial databases. After
analyzing 170 companies, the research shows
that none of them manages to exceed a century
of existence and that the most representative size
corresponds to micro-enterprises, which accounts
for the low level of growth not only of their total
income but also of their organizational structure.
Keywords: economy, competitiveness,
longevity, growth, nances.
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.04
Composición societaria y económica de las empresas longevas de la zona 3, centro-oriente ecuatoriano
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Introducción
El entramado empresarial involucra una gran amplitud y engloba una gran diversidad de empresas
que se crean para el cumplimiento de una misión determinada dentro de un sector en particular.
En el ámbito ecuatoriano, la legislación que dene la dimensión de las organizaciones es el
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, aprobado por la Asamblea
Nacional (2019) que en el Artículo 53 contempla que el factor decisivo para determinar el
tamaño es el valor bruto de las ventas anuales, el cual predomina sobre la cantidad total de
trabajadores.
En esta investigación se toman en cuenta todos los tamaños, tipos y sectores económicos de
organizaciones y se enfoca en aquellas empresas cuya edad es igual o mayor a 25 años de
trayectoria institucional, es decir, las instituciones que se denominan longevas, considerando
que a medida que una organización ha vivido más tiempo en el mercado, mayor experiencia
y eciencia adquiere y, por ende, puede lograr mayor tamaño y con ello tiende a reducir sus
posibilidades de quiebra, de acuerdo con Parra (2011).
La composición societaria y económica de las empresas privadas activas longevas (mayores a 25
años) es diversa y compleja, por lo cual es importante estudiar la interrelación de sus diferentes
variables. El estudio se relaciona con otras investigaciones especialmente internacionales que
explican las características que diferencian a las empresas longevas de aquellas empresas más
jóvenes. Las implicaciones teóricas se relacionan con los estudios sobre longevidad empresarial
y cómo ha inuido en ella la teoría general de sistemas, mientras que las implicaciones prácticas
tienen que ver con la localización e identicación de las empresas longevas ecuatorianas para
analizar y contrastar sus particularidades.
El objetivo de esta investigación descriptiva y transversal es delinear al año 2022 la
composición societaria y económica de las empresas longevas de la zona 3 del Ecuador, de
acuerdo a la Clasicación Industrial Internacional Uniforme CIIU utilizada en la base de datos
de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2022) que agrupa, entre otros, a los
siguientes sectores económicos: agricultura, ganadería, construcción, comercio al por mayor y
menor, industrias manufactureras, turismo, comunicación, transporte, nancieras, inmobiliarias,
enseñanza, salud, entre otras. Las organizaciones analizadas tienen distinto tamaño, tipo de
capital en diferentes ubicaciones geográcas y se clasican en los siguientes rubros: industrial,
comercial y de servicios.
Revisión de la literatura
La estructura organizacional es compleja pues se relaciona directamente con su tamaño y
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al constituirse en un sistema propiamente dicho, sus elementos se encuentran en constante
interrelación lo cual da cuenta de su habilidad para formar nexos, según explica Varela (1995)
y continuar su evolución hasta lograr que la institución se convierta en longeva.
El concepto de longevidad empresarial ha sido estudiado en los últimos años, pues concita interés
para determinar las causas o motivaciones por las cuales las empresas alcanzan un importante
nivel de perdurabilidad en el mercado, lo cual se relaciona con su capacidad de adaptarse a
diferentes entornos según Fernández y Casanova (2012). Ahora bien, no solo se trata de lograr
longevidad sino también perdurabilidad lo cual suele generar debate y discrepancia entre ambos
términos, de acuerdo con Rivera y Malaver (2008). Según Castillo (2018) la permanencia
empresarial tiene relación con la habilidad de las empresas para encarar los cambios producidos
en el entorno y generar un rendimiento superior. Conforme señala Navarrete y otros (2014) las
empresas se encuentran expuestas a diversas variables; sin embargo, su interacción con sus
comunidades y el aporte al desarrollo son factores relevantes para lograr la perdurabilidad.
Tal como se puede observar, la permanencia en el mercado entraña no solo componentes
económicos sino otros de diverso tipo y complejidad, por lo cual se puede armar que es una
composición multifactorial y, por esa razón, una gran cantidad de organizaciones mueren o
alcanzan apenas una corta edad, pues trabajan bajo circunstancias económicas heterogéneas
según explica Arias-Pineda (2022), lo cual sintoniza con lo mencionado por Cadena y otros
(2006) desde dos puntos de vista: que la empresa puede ser perdurable y sin embargo ser
morbil, es decir, adolecer de importantes problemáticas internas como la escasa liquidez o, por
el contrario, que la organización haya logrado tanto perdurabilidad como salud socioeconómica.
En estudios a nivel internacional se evidencia que las empresas más longevas del mundo se
fundaron en Europa Central (Italia, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Polonia, República Checa
y Suecia) y Japón según lo explica Rivera (2006), lo cual es congruente con la investigación de
Fernández y Casanova (2012) quienes reeren que las empres más antiguas se originaron antes
del siglo X particularmente en Japón y Europa (Alemania). Estos últimos autores elaboraron
una investigación comparativa enmarcada en el siglo XXI respecto a la edad promedio en
años de las empresas familiares más grandes y representativas de varias regiones del mundo,
cuyos resultados fueron: “México, 42; China, 18; Brasil, 53; Alemania, 141; España, 52 y
Estados Unidos, 76”. Cabe mencionar, sin embargo, que este promedio de edad se circunscribe
a empresas consideradas como grandes y no a las organizaciones de dimensiones menores.
Dentro de los factores que contribuyen a la longevidad empresarial se encuentra la responsabilidad
social empresarial, RSE, que según varios estudios como el de García y López (2021) en el
estado de Chipas, México, puede potenciar la permanencia en el mercado. Por otro lado, en
otras investigaciones como la de Fuentes y otros (2019) en Córdoba, España, se fortalece el
Composición societaria y económica de las empresas longevas de la zona 3, centro-oriente ecuatoriano
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postulado de que la longevidad es el resultado de una aglutinación de factores como: la cultura
regional y la dinámica familiar; las estrategias conservadoras y el férreo control familiar; el
espíritu emprendedor de miembros en diferentes generaciones; las políticas de desarrollo
sostenible y la cultura corporativa y local de las empresas.
En el ámbito ecuatoriano se registra un importante número de investigaciones de conglomerados
empresariales de diverso tipo, sector y ubicación. Por el contrario, los estudios sobre longevidad
son muy escasos, razón por la cual se abre la oportunidad de analizar a las empresas que fueron
fundadas antes de 1997 y que, por tanto, cuentan actualmente con al menos 25 años, parámetro
etario que coincide con el propuesto por Collins y Porras (1994) según lo reeren Rivera y
Malaver (2008) advirtiendo, sin embargo, que aún falta lograr un consenso respecto a la edad
en la que una institución se considera longeva. Es también importante para el estudio identicar
si las organizaciones analizadas han logrado superar los cien años de existencia, de tal forma
que puedan establecerse comparaciones con otros países de la región e inclusive del mundo.
Las empresas longevas ecuatorianas representan un ejemplo de trabajo y adaptabilidad a los
diferentes movimientos y retos socioeconómicos del país ocurridos a lo largo de los siglos XX
y XXI, es decir, en la trayectoria contemporánea desde el régimen militar según Arregui (1999);
la restructura jurídica de acuerdo con Sierra (1999); el retorno a la democracia y la dinámica
pendular izquierda-derecha de acuerdo con lo explicado por Ayala (1993) y los fenómenos
recientes como la dolarización según Larrea (2004); el arribo del socialismo del siglo XXI y
el desplazamiento hacia el libre mercado en el 2021 y la llegada de la pandemia de la Covid
19 a nivel mundial. Si bien es cierto que los factores macro y microeconómicos afectan a
las organizaciones, varias de ellas también han experimentado un crecimiento aunado por la
conanza en el mercado y su subsecuente desarrollo de los últimos años, especícamente entre
el 2007 al 2018, de acuerdo con Mejía y otros (2019).
Por ejemplo, en la región litoral del país, en particular en la provincia del Guayas, se evidencia
un importante nivel de emprendimiento y crecimiento convirtiéndola en un polo de impulso
económico para el Ecuador según reere Moina Sánchez y otros (2020). En lo que respecta a
la región interandina y en particular el centro del país, cantón Riobamba, se ha advertido un
crecimiento de los sectores industriales, de la construcción y transporte, aunque en el año 2015
se experimenta cierto retroceso de acuerdo con Vives y Naranjo (2020). En el ámbito industrial
y agropecuario nacional, entre los años 2000 y 2018 se evidencia que el primero ha realizado
un aporte mayor al PIB con una contribución promedio de $27.634.967 millones respecto
al ámbito agropecuario de $10.199.659 millones, generando una diferencia por $17.435.308
millones según lo explicado por Chuncho y otros (2021).
En lo que respecta a la rentabilidad en particular de organizaciones industriales, Coello (2017)
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concluye que se encuentra una importante relación entre el rendimiento de las empresas y su
estructura de mercado, aunque evidentemente existen diferencias de acuerdo con el tipo y el
sector de las empresas y sus localizaciones geográcas. De forma complementaria reere que
las empresas pequeñas son más susceptibles de afectación e inclusive de cierre ante el alto nivel
de competencia en el mercado. Coinciden en ello Solis y Robalino (2019) al sostener que las
organizaciones pequeñas enfrentan además la escasez de políticas, lineamientos e incentivos
desde la esfera pública, además de su debilidad nanciera, tecnológica y por ende productiva.
Respecto al sector de la construcción en el período de 2016 a 2017 según Arévalo y otros
(2018) en el año 2016 tanto la Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) como la Rentabilidad
sobre el Activo (ROA) fueron negativas con un -45% y -18% respectivamente, aunque en el
año 2017 las cifras mejoraron con un nivel de 15% y 6% en cada caso. A pesar de los vaivenes
socioeconómicos y políticos, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL, 2019) en su informe anual para el año 2019, el Ecuador siguió representando un
destino que genera atracción para la inversión extranjera.
De acuerdo con el informe Panorama laboral y empresarial del Ecuador del Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INEC, 2017) en el período de 2012 a 2018 se ha experimentado
un incremento de nuevas organizaciones, lo cual conrma la tendencia de que el Ecuador
posee uno de los niveles de emprendimiento más elevados de Latinoamérica, lo cual inuye
positivamente para el impulso de la perdurabilidad y longevidad empresarial. Si bien se
pronostica un importante ingreso de nuevas empresas, el 90,81% corresponde a microempresas
lo cual genera inquietud, puesto que las organizaciones de este tamaño por lo general enfrentan
un mayor riesgo de cierre ante su imposibilidad de sostener su ritmo productivo. De acuerdo
con el estudio de Ojeda (2022) en la zona 6, Austro Ecuatoriano, se observa que la mayor parte
de las empresas longevas son microempresas, lo cual corrobora el bajo nivel de crecimiento de
este tipo de organizaciones en los años recientes.
La longevidad empresarial es un atributo complejo de lograr, ya que pueden interponerse
diferentes factores tanto endógenos como exógenos por lo cual solo un grupo reducido de
empresas lo alcanzan. Dentro de los componentes endógenos se cuentan a “los costos, las ventas,
los factores de producción y los productos totales” (Esparza y otros, 2020) los cuales pueden
ser controlados ya que pertenecen al ambiente interno de la organización. Por el contrario, los
componentes exógenos “son en su mayoría parte del entorno de la empresa, que se enfrenta
tanto a condiciones macroeconómicas como microeconómicas” (Esparza y otros, 2020). Es
decir, son factores que no pueden ser controlados directamente por la entidad debido a que no
forman parte de ella. Dentro de este grupo se pueden mencionar a los clientes, proveedores,
competidores, agentes reguladores y a las fuerzas más amplias como las económicas, políticas,
legales, sociales, tecnológicas, ambientales, entre otras.
Composición societaria y económica de las empresas longevas de la zona 3, centro-oriente ecuatoriano
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(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.04
Si se realiza una comparación a nivel mundial, especícamente en el caso de España respecto
a la considerable turbulencia organizacional, Aguiar (2018) reere que anualmente más de un
20% de las organizaciones existentes cierran sus operaciones, en otros términos, la mortalidad
registra un nivel elevado, enfatizando que al cabo de 2016 únicamente el 16,8% de empresas
tienen una edad igual o mayor a 20 años.
En el ámbito latinoamericano y en particular México, Rodríguez y García (2020) mencionan
que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el nivel de
esperanza de vida de una organización es tan solo de 7,8 años. Lo que resulta preocupante
es que luego de los cinco años de fundadas desaparece el 65% de organizaciones y cuando
alcanzan los 25 años se liquida el 89% de las entidades. Lo que destacan los mencionados
autores evidencia que la problemática de la reducida proporción de empresas longevas es
recurrente en otras regiones del mundo.
Una vez realizada la delimitación en el tanto internacional como en el ámbito ecuatoriano, para
el presente estudio se toma en cuenta el ordenamiento administrativo y territorial, ecosistema
en el cual se desarrollan todo tipo de organizaciones. Dicho ordenamiento se encuentra
estructurado por “niveles administrativos de planicación: zonas, distritos y circuitos a nivel
nacional… Esta conformación no implica eliminar las provincias, cantones o parroquias. Las
zonas están conformadas por provincias, de acuerdo con una proximidad geográca, cultural y
económica” (Sistema Nacional de Información, 2021).
Figura 1. Distribución de zonas administrativas de planicación
Fuente: Zonas administrativas de planicación. Secretaría Nacional de Planicación (2022).
En la gura 1, se observa que el Ecuador posee 9 zonas administrativas de planicación
que engloban distritos y a su vez circuitos. Los distritos representan la unidad fundamental
de planicación los cuales coinciden con los cantones o un grupo de ellos dentro de las 24
70
Carla Ojeda-Zambrano
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 7(12), pp. 63-81. Primer Semestre de 2024
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provincias. Por su parte, los circuitos se relacionan con las zonas especícas correspondientes
a las parroquias o a un conglomerado de ellas.
El estudio se circunscribe a la Zona de Planicación 3 que tiene su sede administrativa en la
ciudad de Ambato. Se selecciona esta zona debido a su crecimiento sostenido y su importante
contribución a la economía del país en términos agropecuarios, industriales y comerciales. Sus
principales características se exponen a continuación.
Según la Secretaria Nacional de Planicación (2022), la Dirección Zonal de Planicación 3
ejerce la representación de la Secretaría Nacional de Planicación en las provincias de Cotopaxi,
Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Dirige y coordina el sistema de planicación regional
y los procesos del Estado desconcentrado y descentralizado, así como la ejecución del Plan
Nacional de Desarrollo. La Zona 3 está situada en la sierra centro y oriente ecuatoriano en una
extensión de 44.899 km2 siendo la zona más amplia de todas. Las actividades más importantes
que desarrolla son: la producción agropecuaria, industrial y comercial.
Conforme el censo del 2010 elaborado por el INEC (2023), la provincia de Cotopaxi se divide
en 7 cantones y 409.205 habitantes; la población económicamente activa (PEA) es 173.094.
La provincia de Tungurahua cuenta con 9 cantones y 504.583 habitantes; la PEA es 244.893.
La provincia de Chimborazo cuenta con 10 cantones y 458.581 habitantes; la PEA es 200.034.
Finalmente, la provincia de Pastaza se divide en 4 cantones y 83.933 habitantes; la PEA es
33.266. Es importante indicar que el censo poblacional del 2022 se encuentra aún pendiente de
concluir en el año 2023.
De acuerdo con los antecedentes y el objetivo de investigación trazado, se plantea la siguiente
hipótesis descriptiva:
Hₒ: La mayor parte de empresas longevas de la zona 3 al año 2022 tienen una edad superior
a cien años y han logrado incrementar su tamaño de microempresas a empresas pequeñas,
medianas o grandes.
H1: Las empresas longevas de la zona 3 al año 2022 no superan los cien años y tienen diferente
composición de edad y tamaño.
Metodología
La investigación es descriptiva y transversal, ya que aborda de manera panorámica al año 2022
la estructura socioeconómica de las empresas activas con una edad igual o mayor a 25 años
dentro de la zona 3 del Ecuador. Se fundamenta en una investigación documental y se aplica el
Composición societaria y económica de las empresas longevas de la zona 3, centro-oriente ecuatoriano
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(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.04
método inductivo con fundamento cuantitativo de acuerdo con el tipo de información requerida
para el logro del objetivo.
Para describir y analizar el estado actual de las empresas longevas, se establecen las siguientes
variables: localización geográca (provincia y cantón), estructura de capital (sociedad anónima,
de responsabilidad limitada, otras), tamaño (microempresas, pequeñas, medianas y grandes),
tipo (industriales, comerciales y de servicios), sector o actividad económica de acuerdo con la
clasicación CIIU y nalmente, ingresos brutos (anuales y expresados en dólares).
Para comprobar la hipótesis se estudia el conjunto de organizaciones tanto de manera general
como especíca a través de una segmentación por edad, tamaño y tipo de empresas. Debido
a las características de la investigación, no aplica seleccionar muestra, toda vez que se trabaja
con el total de empresas que poseen el atributo de longevidad como criterio de inclusión, lo
cual supone encontrarse vigentes y activas hace más de 25 años de la Zona 3 y haber entregado
información completa a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por lo tanto, el
criterio de exclusión comprende a todas las empresas más jóvenes que tienen una edad menor
a los 25 años.
La información fue recopilada directamente en la base de datos del ente rector, la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador en su página ocial en la cual consta el portal
denominado Sector Societario, Ranking de Compañías: https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/
ranking/reporte.html
Una vez reunida la información, se la trasladó a la respectiva hoja de cálculo (programa
Microsoft Excel) para proceder a la depuración y organización iniciales a través de un ltro
por fecha de inicio de operaciones menor a 1997.
El número de empresas que cumplen con el criterio de inclusión corresponde a 170, por lo
cual se realizó el respectivo procesamiento de datos en el paquete estadístico SPSS 26, según
la delimitación de las variables de estudio, generando de esta manera las respectivas tablas y
grácos explicativos. La información permitió realizar la segmentación etaria más especíca y
estudiar el comportamiento de los diferentes factores de análisis.
Resultados
En general, el total de empresas activas en la zona 3 hasta el año 2021 es de 5.088, con una
edad promedio de 8,4 años, lo cual es inferior al promedio nacional de 9,9 años para un total
de 119.333 organizaciones activas según consta en la base de datos de la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros para el año 2022. Este promedio es notablemente bajo en
72
Carla Ojeda-Zambrano
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 7(12), pp. 63-81. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.04
comparación con los promedios de referencia encontrados por Fernández y Casanova (2012),
aunque su enfoque se centra en las grandes empresas familiares. Por otro lado, este promedio
se asemeja mucho al panorama mexicano, donde Rodríguez y García (2020) explican que la
edad promedio de las empresas es de 7,8 años a nivel global.
Dentro de la zona 3 se encontró que, de un total de 5.088 empresas activas, solo 226 son
consideradas longevas con una edad igual o mayor a 25 años. Estas empresas fueron establecidas
en el período comprendido entre 1934 y 1997, lo que representa tan solo el 4,4% del total
de empresas de la localidad estudiada. Por el contrario, las restantes 4.862 organizaciones,
que corresponden al 95,6%, tienen menos de 25 años de antigüedad. Esto sugiere que un
número signicativo de empresas enfrenta dicultades que les impiden mantenerse en el
mercado y convertirse en empresas longevas. De las 226 empresas longevas, únicamente 170
proporcionaron información completa a la entidad rectora hasta el año 2021, cantidad que se
considera para efectos del estudio.
El conglomerado de 170 organizaciones longevas de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua,
Chimborazo y Pastaza se encuentra distribuido en los siguientes cantones, según los niveles
administrativos de planicación en el Ecuador de acuerdo al Sistema Nacional de Información
(2021): provincia de Cotopaxi (C) (Latacunga, Salcedo); provincia de Tungurahua (T) (Ambato,
Baños de Agua Santa, Santiago de Píllaro, Tisaleo); provincia de Chimborazo (CH) (Guamote,
Riobamba) y provincia de Pastaza (P) (Mera, Pastaza).
Resulta interesante que ninguna de las organizaciones estudiadas haya alcanzado los cien años
de existencia. De hecho, la empresa más antigua en el estudio tiene 88 años. El promedio de
edad de estas organizaciones es de 36,2 años, levemente superior al promedio nacional de
empresas longevas activas que se sitúa en 35,2 años según la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros (2022). Esto demuestra la relevante contribución de las empresas de la Zona
3 al desarrollo empresarial del país. A pesar de no haber llegado al centenar de años, estas
empresas han logrado mantenerse a lo largo del tiempo desempeñando un papel signicativo
en la economía local y nacional.
Con el n de analizar la información de manera panorámica, al conjunto de organizaciones
se lo agrupó en tres rangos etarios de 25 años. Los resultados muestran que el 92,9% de las
empresas, es decir 158 organizaciones, se encuentran en el rango de 25 a 50 años; existen 11
empresas maduras en el rango de 51 a 75 años, lo que representa el 6,5% del total y únicamente
el 0,6% corresponde a 1 empresa longeva con más de 75 años de antigüedad. Si se combinan
las empresas de los dos últimos rangos (51 a 75 años y más de 75 años), se puede observar que
representan menos del 7,1% del total de organizaciones. Estos datos resaltan la concentración
de empresas en el rango de 25 a 50 años y la presencia limitada de empresas longevas de mayor
Composición societaria y económica de las empresas longevas de la zona 3, centro-oriente ecuatoriano
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antigüedad.
En cuanto a la composición de capital, el estudio revela que 85 empresas son de responsabilidad
limitada, lo que representa el 50% del total; existen 83 sociedades anónimas, lo que equivale
al 48,8% del total. En una proporción mínima, se encuentra 1 empresa de economía mixta y 1
sociedad de acciones simples, cada una con el 0,6% de representación. Esta situación muestra
que las empresas de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas están experimentando
un importante desarrollo, lo cual favorece la expansión y atrae a inversores. Estos tipos de
empresas ofrecen ventajas y estructuras que facilitan la participación de diferentes actores y
contribuyen a un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento empresarial.
En relación con la localización geográca, en la distribución geográca presentada en las
Figuras 2 y 3 se observa que la provincia de Tungurahua agrupa el 62,9% de las empresas
estudiadas, lo que la convierte en la provincia con la mayor concentración de organizaciones.
El cantón Ambato es el que tiene la mayor congregación de empresas, representando el 58,8%
del total. En el extremo opuesto, la provincia de Pastaza muestra una distribución mucho menor,
con solo el 4,1% de las empresas estudiadas. En términos de evolución de su componente
societario, la provincia de Tungurahua destaca como la de mayor desarrollo, seguida por las
provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza.
Figura 2. Distribución provincial
Fuente: elaboración propia a partir de la información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
(2022).
38
22,35%
96
56,47%
7
4,12%
10
5,88%
1
0,59% 1
0,59%
17
10,00%
<=50 51-75 76-100
Rango de edad (años )
Número de empresas
Provincia
Cotopaxi
Tungurahua
Chimborazo
Pastaza
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
74
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Figura 3. Distribución cantonal
Fuente: elaboración propia a partir de la información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
(2022).
Respecto al tamaño de las organizaciones, en la Tabla 1 se muestra que tanto las organizaciones
micro como las pequeñas se presentan en igual proporción, dado que cada una de ellas comprende
el 28,8% del total de organizaciones. Por otro lado, es destacable que tanto las organizaciones
medianas como las grandes también abarquen una misma proporción, representando cada una
el 21,2% del total de instituciones. Esta realidad sugiere que durante la permanencia de las
empresas estudiadas se ha reportado un crecimiento, aunque limitado, en cuanto a su tamaño.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que existen inconvenientes socioeconómicos que han
sido mencionados por Solis y Robalino (2019) vinculados no únicamente con variables de
tipo macroeconómico, sino también con la baja proporción de políticas benefactoras de la
producción, lo que ha afectado especialmente a las organizaciones micro y pequeñas. Estos
factores pueden haber limitado el crecimiento del tamaño de las organizaciones a lo largo del
tiempo.
Tabla 1. Tamaño de empresa
Fuente: elaboración propia con base en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2022).
<=50 51-75 76-100
Rango de edad (años)
Número de empresas
Cantón
(C) Latacunga
(C) Salcedo
(T) Ambato
(T) Baños de Agua Santa
(T) Santiago de Píllaro
(T) Tisaleo
(CH) Guamote
(CH) Riobamba
(CH) Mera
(CH) Pastaza
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Rango de edad Microempresa
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
TotalTotal
Porcentaje
PequeñaMediana Grande Total
1
2
3
<= 50
51
75
76 -
100
46
27,1%
3
1,8%
0
0,0%
49
28,8%
47
27,6%
2
1,2%
0
0,0%
49
28,8%
35
20,6%
1
0,6%
0
0,0%
36
21,2%
30
17,6%
5
2,9%
1
0,6%
36
21,2%
158
92,9%
11
6,5%
1
0,6%
170
100,0%
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La tabla 2 revela que la mayoría de las empresas pertenecen al sector industrial, representando el
37,6% del total. Les siguen las empresas de servicios con un 37,1% y las empresas comerciales
con un 25,3%. Esto indica un considerable progreso hacia el sector terciario sin perder las
fortalezas en el ámbito industrial, característico de la provincia de Tungurahua. Además, se
destaca la presencia de empresas agropecuarias, principalmente en las provincias de Cotopaxi
y Chimborazo, relacionadas con los sectores lácteos y agrícolas, respectivamente. Estas
actividades son propias de estas zonas según la Secretaría Nacional de Planicación (2022).
La mencionada realidad es análoga a otras ubicaciones geográcas como la sierra ecuatoriana
donde se concentran empresas industriales y manufactureras, de acuerdo con lo señalado
por Vives y Naranjo (2020). Entre las principales actividades se encuentran la construcción,
diferentes tipos de industrias y el transporte.
Tabla 2. Tipo de empresa
Fuente: elaboración propia con base en la información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
(2022).
Respecto a la clasicación CIIU, las empresas estudiadas participan en las siguientes 14
actividades:
Código A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Código C: Industrias manufactureras
Código D: Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Código F: Construcción
Código G: Comercio al por mayor y al por menor
Código H: Transporte y almacenamiento
Código I: Alojamiento y comidas
Código J: Información y comunicación
Código K: Financieras y de seguros
Código L: Inmobiliarias
Código N: Servicios administrativos y de apoyo
Código P: Enseñanza
Código Q: Salud humana y de asistencia social
Código R: Artes, entretenimiento y recreación
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
Total
Total
Porcentaje
1
2
3
<= 50
51 -75
76 -100
59
34,7%
4
2,4%
1
0,6%
64
37,6%
40
23,5%
3
1,8%
0
0,0%
43
25,3%
59
34,7%
4
2,4%
0
0,0%
63
37,1%
158
92,9%
11
6,5%
1
0,6%
170
100,0%
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En la Tabla 3 se muestran las 9 actividades más aplicadas, mientras que la agrupación Otras
engloba a las siguientes 5 actividades de menor práctica en el mercado de la Zona 3: artes,
entretenimiento y recreación; enseñanza; información y comunicación; nancieras y de seguros
y, nalmente, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.
Tal como se puede apreciar, las actividades más representativas son: comercio al por mayor y al
por menor con el 25,3%; industrias manufactureras con el 23,5%; transporte y almacenamiento
con el 15,3% y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con el 10,6%, lo cual da cuenta de
la relevancia de la tradición industrial de las provincias analizadas.
Tabla 3. Estructura CIIU
Fuente: elaboración propia a partir de la información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
(2022).
El conjunto de ingresos de las organizaciones investigadas alcanza la suma de $1.436.854.749,12.
Según se muestra en la Tabla 4, la mayoría de las empresas, un 87,1% o 148 organizaciones,
reportan ingresos inferiores a los $10 millones. Por otro lado, solo 3 empresas, lo que representa
el 1,8%, logran ingresos superiores a los $100 millones. Dentro del primer grupo, la mayoría
de las empresas son microempresas y empresas pequeñas, sumando cada una un total de 49
organizaciones y representando de igual forma el 28,8% del total. En contraste, el último grupo
está compuesto solamente por 3 empresas grandes, representando el 1,8% Esta circunstancia
ratica el hecho de que a medida que el tamaño de la empresa aumenta, también lo hacen los
niveles de ingresos. Por lo tanto, la concentración de ingresos superiores a $100 millones recae
en las empresas grandes las cuales generan un total de $633.966.552,52, lo que equivale al
44,1% del total de ingresos.
El estudio señala que la gran mayoría de las organizaciones han logrado sobrellevar las
variaciones en sus niveles de ingresos, especialmente durante los lapsos más álgidos de la
economía, en particular en las últimas dos décadas. Esta información está respaldada por
las investigaciones realizadas por Mejía y otros (2019) quienes maniestan que, aún con
la existencia de las crisis económicas, subsiste una relación proporcional directa entre la
Rango
de edad
1
2
3
<=
50
51
75
76
100
Total
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
A
Agri-
cultura
C
Indus-
trias
F
Cons-
truc-
ción
G
Comer-
cio
H
Trans-
porte
I
Aloja-
miento
A
Agri-
cultura
N
Ser-
vicios
Adm,
Q
Salud Otras Total
18
10,6%
0
0,0%
0
0,0%
18
10,6%
35
20,6%
4
2,4%
1
0,6%
40
23,5%
6
3,5%
0
0,0%
0
0,0%
6
3,5%
40
23,5%
3
1,8%
0
0,0%
43
25,3%
24
14,1%
2
1,2%
0
0,0%
26
15,3%
7
4,1%
0
0,0%
0
0,0%
7
4,1%
3
1,8%
1
0,6%
0
0,0%
4
2,4%
14
8,2%
0
0,0%
0
0,0%
14
8,2%
4
2,4%
0
0,0%
0
0,0%
a
2,4%
7
4,1%
1
0,6%
0
0,0%
8
4,7%
158
92,9%
11
6,5%
1
0,6%
170
100,0%
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conanza empresarial y la dinámica de mercado. Esto sugiere que las empresas estudiadas han
demostrado resiliencia y capacidad para adaptarse a las condiciones económicas adversas, lo
que les ha permitido mantenerse y continuar generando ganancias.
Tabla 4. Ingresos totales en millones de dólares
Fuente: elaboración propia a partir de la información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
(2022)
El hecho de que la mayor parte de las empresas longevas de la Zona 3 sean microempresas
coincide con el estudio realizado en la Zona 6, Austro Ecuatoriano por Ojeda (2022), en el cual
se observa un bajo nivel de crecimiento de las microempresas durante las últimas décadas.
De acuerdo con los hallazgos obtenidos se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa, pues ninguna de las empresas investigadas posee más de cien años edad y su
tamaño diere entre microempresas, pequeñas, medianas y grandes. Por otro lado, se evidencia
en ellas una diversa composición socioeconómica, lo cual reeja que una importante cantidad
de organizaciones se encuentran estancadas en tamaños reducidos como es el caso de las
microempresas que escasamente bordean los $100.000 de ingresos totales anuales.
Discusión y conclusiones
De acuerdo con el análisis realizado en la zona 3 se observa que las empresas longevas cuentan
con una gran diversidad en cuanto a su tamaño, sector económico y grupo de edad lo que
da cuenta del complejo el ecosistema de empresas privadas. La distribución de empresas se
presenta mayoritariamente en la provincia de Tungurahua, seguida por Cotopaxi, Chimborazo
y nalmente Pastaza.
A pesar de que existe un gran número de empresas longevas con una edad de 25 años o más, es
destacable que ninguna de ellas ha superado el siglo de existencia. Aunque estas empresas han
experimentado una evolución signicativa, aún enfrentan desafíos tanto internos como externos
para lograr un recambio generacional que les permita superar el hito de los 100 años. Por esta
razón, es crucial que las investigaciones en los campos administrativos y organizacionales se
Rango de
edad
1
2
3
50
<= 50
< = 10 < = 20 < = 30 < = 40 < = 50 < = 60 < = 70 < = 80 < = 90 < = 100
51
75
76
100
Total
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
>100 Total
141
82,9%
7
4,1%
0
0,0%
148
87,1%
3
1,8%
0
0,0%
0
0,0%
3
1,8%
1
0,6%
0
0,0%
0
0,0%
1
0,6%
1
0,6%
0
0,0%
0
0,0%
1
0,6%
1
0,6%
0
0,0%
0
0,0%
1
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Composición societaria y económica de las empresas longevas de la zona 3, centro-oriente ecuatoriano
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(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.04
apliquen con igual importancia tanto en las empresas nuevas como en las empresas longevas,
que cuentan con una valiosa experiencia acumulada que puede ser transmitida a las empresas
jóvenes para su desarrollo y crecimiento.
La principal fortaleza del estudio es la contribución para describir de forma panorámica la
estructura societaria y la sectorización, junto con la dinámica del tamaño y el nivel de ingresos
de las empresas longevas y el aporte que la Zona 3 entrega a la economía del país para el
desarrollo en los ámbitos industriales, comerciales y de servicios en los diferentes cantones.
Debido que el estudio se limita a un análisis descriptivo en el cual se observa la composición
general de las organizaciones, por ende plantea líneas de investigación adicionales y más
amplias, que incluyen: identicar las causas por las cuales solo un pequeño número de
empresas logra superar los 75 años de edad sin llegar al centenario; explorar la transferencia de
experiencias y capacidades de empresas longevas a empresas más jóvenes; analizar el impacto
de las políticas públicas en el entorno empresarial, considerando organizaciones de diferentes
edades e investigar la composición socioeconómica de empresas en otras áreas administrativas
del país, como se ha iniciado en estudios anteriores. Las mencionadas áreas de investigación
complementarían y ampliarían el conocimiento en el campo, brindando una comprensión más
completa de los desafíos y oportunidades para las empresas longevas y su entorno empresarial.
Será importante investigar las razones detrás de la incapacidad de muchas microempresas
longevas para transformarse en estructuras más complejas y de mayor tamaño. Además,
resultaría interesante explorar los factores clave de éxito que han permitido a las empresas
medianas y grandes de larga trayectoria alcanzar niveles signicativos de crecimiento.
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ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Dr. Juan G. Ávila-Urdaneta PhD.
javila@umet.edu.ec
Facultad de Ciencias Sociales,
Humanidades y Educación
Universidad Metropolitana
(Quito – Ecuador)
ORCID: 0000-0001-7127-1842
Dr. Marily R. Fuentes-Águila PhD.
mfuentes@umet.edu.ec
Facultad de Ciencias Sociales,
Humanidades y Educación
Universidad Metropolitana
(Quito – Ecuador)
ORCID: 0000-0003-4242-8593
Abog. Jhon A. Patiño-Caiminagua
jhon.patino@est.umet.edu.ec
Investigador Independiente
ORCID: 0009-0009-3626-4335
Recibido: 11/05/23
Aceptado: 26/12/23
CRISIS DE LA PRIVACIÓN
DE LIBERTAD. PENAS
ALTERNATIVAS Y
SUBSIDIARIAS
CRISIS OF DEPRIVATION OF
FREEDOM. ALTERNATIVE
AND SUBSIDIARY
SANCTIONS
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.05
KAIRÓS, Vol. (7) No. 12, pp. 82-102, enero - junio 2024
ISSN No. 2631-2743
,
Resumen
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP)
del Ecuador, la pena privativa de libertad es la
que se impone con carácter principal cuando se
comete una infracción penal y, a diferencia de otras
legislaciones, no se contemplan penas alternativas
ni subsidiarias. En este marco, el objetivo es
evaluar la situación penitenciaria y fundamentar
la necesidad de establecer penas alternativas y
subsidiarias a la privación de libertad en el Ecuador.
Empleamos una metodología cualitativa basada en
fuentes documentales. Los resultados apoyan la
tesis que indica la necesidad de que los jueces deben
contar con la opción de escoger entre la privación
de libertad o multa como alternativa, y de subsidiar
la pena privativa de libertad por otras como el
trabajo correccional con internamiento, el trabajo
correccional sin internamiento y la limitación de
libertad.
Palabras clave: penas, sanciones
subsidiarias, trabajo correccional, internamiento.
Abstract
According to the Comprehensive Organic Penal
Code (COIP) of Ecuador, the custodial sentence is
the main penalty imposed when a criminal oense
is committed and, unlike other legislation, no
alternative or subsidiary penalties are contemplated.
In this framework, the objective is to evaluate the
penitentiary situation and substantiate the need to
establish alternative and subsidiary penalties to
deprivation of liberty in Ecuador. We use a qualitative
methodology based on documentary sources. The
results support the thesis that indicates the need
for judges to have the option of choosing between
deprivation of liberty or a ne as an alternative, and
to subsidize the custodial sentence with others such
as correctional work with connement, correctional
work without internment and limitation of freedom.
Keywords: penalties, subsidiary sanctions,
correctional work, internment.
CRISIS DE LA PRIVACIÓN
DE LIBERTAD. PENAS
ALTERNATIVAS Y
SUBSIDIARIAS
CRISIS OF DEPRIVATION OF
FREEDOM. ALTERNATIVE AND
SUBSIDIARY SANCTIONS
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.05
KAIRÓS, Vol. (7) No. 12, pp. 82-102, enero - junio 2024
Dr. Juan G. Ávila-Urdaneta PhD, Dr. Marily R. Fuentes-Águila Phd, Abog. Jhon A. Patiño-Caiminagua
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 82-102. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.05
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Introducción
La crisis que presenta la privación de libertad en Ecuador resulta un tema de vital importancia,
requerido de análisis casuístico tras la búsqueda de soluciones a la violencia y muerte en los
centros penitenciarios. Señala Noroña (2022) que, en diecisiete meses, que abarcan el año
2021 y hasta julio de 2022, “al menos 385 personas” privadas de libertad fueron asesinadas
en las cárceles del Ecuador, sin que fueran identicados los responsables directos por esas
muertes. Siendo este un territorio con casi 17 millones de habitantes, pues 16,938,986 personas
se contaron en el último Censo de Población y Viviendas (Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos, 2023) la población penitenciaria en octubre de 2023 era de 31.318, según datos
del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y
Adolescentes Infractores (SNAI), 29.530 (94.30%) corresponden a hombres y 1.788 (5.70%)
son mujeres.
El sistema penitenciario cuenta con 53 cárceles con capacidad para albergar a 30.000 personas,
de modo que existen, por encima de esta capacidad, al menos 10.000 privados de libertad.
Aunque este tema ha sido investigado en Ecuador desde la década de los años 90 del siglo
pasado, en los últimos diez años el hacinamiento se ha convertido en un grave problema con
consecuencias deplorables para el cumplimiento de los derechos humanos de los privados de
libertad. Un estudio sobre la crisis carcelaria en Ecuador, realizado por Lausch (2022), revela
que existe un porcentaje de hacinamiento del 34% y en algunas cárceles hay más del 100% de
hacinamiento.
Figura 1. Porcentajes de hacinamiento en los centros carcelarios - Ecuador
Fuente: La crisis carcelaria en el Ecuador: las causas, manifestaciones y algunas recomendaciones (Lausch, 2022).
Aunque se ha reconocido por el Estado ecuatoriano que el problema de los centros de privación
de libertad no es solamente un asunto de seguridad pública sino de los derechos humanos
y se han adoptado las políticas bajo el enfoque integral de los derechos y, con base en las
regulaciones nacionales, internacionales y de los pronunciamientos de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la violencia, la falta de agua y de alimentación, la ausencia de espacios
para dormir para todos los sancionados y personas que se encuentran bajo medida cautelar de
prisión preventiva continúa afectando los derechos humanos de los privados de libertad.
NOMBRE DEL CENTRO % DE HACINAMIENTO
CPL LOS RIOS 1 (MASCULINO)CPL LOS RIOS 1 (MASCULINO)
CPL GUAYAS 5 (MASCULINO)CPL GUAYAS 5 (MASCULINO)
CPL SANTO DOMINGO 1 (MASCULINO)CPL SANTO DOMINGO 1 (MASCULINO)
CPL EL ORO 1 (MASCULINO)CPL EL ORO 1 (MASCULINO)
121.37%
117.61%
82.60%
96.35%
Crisis de la privación de libertad. Penas alternativas y subsidiarias
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(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
Señala Álvarez Velazco que el sistema carece de sucientes guías penitenciarios para controlar
la actividad de los presos, es decir, existen 1.500 celadores para controlar y atender a 39.000
personas privadas de su libertad, a pesar de que la Organización de Naciones Unidas (ONU)
recomienda un guía por cada diez presos (Álvarez Velazco, 2022). Desde el año 2011, el
Ecuador viene reiterando en el signicado de las políticas públicas y su importancia en distintos
ámbitos. En consecuencia, en el propio documento sobre Política Pública de Rehabilitación
Social 2022-2025 cita expresamente:
En tal sentido, una política pública es una directriz general que reeja la prioridad y
voluntad política del gobierno para modicar una situación determinada. En la práctica,
las políticas públicas funcionan como instrumentos que permiten al Estado garantizar
los derechos humanos y ambientales, vinculando las necesidades sociales de corto plazo
con una visión política a mediano y largo plazo, para así eliminar inequidades (ver Art.
85 de la Constitución). Entonces, al ser las políticas públicas procesos deliberadamente
diseñados y planicados, con objetivos, cursos de acción y lineamientos establecidos, que
demandan una variedad de recursos y requieren la interacción entre actores políticos y
sociales, podemos armar: la política pública se dene como un curso de acción de la
gestión pública que institucionaliza la intervención pública en respuesta a un problema
social identicado como prioritario, y que se convierte de esta manera en materia de
política de Estado (SENPLADES, 2011, p.10).
Sin embargo, arma Pontón (2022), el Estado ecuatoriano no ha logrado superar los riesgos y
daños que representa la violencia en las prisiones, ni atenuar la angustia de los familiares de los
privados de libertad, ni sus efectos negativos. Señala que no existen programas encaminados
a atender a las familias de las personas privadas de libertad quienes padecen no solamente
afectaciones económicas sino emocionales. Violencia intrafamiliar, crisis alimentaria, cambios
de conducta y de roles de los integrantes de la familia, deserción escolar, escasa preparación
académica, inseguridad y falta de estabilidad en seguridad social, trabajo y vivienda, son
tan solo algunos de los problemas identicados en estudios cientícos realizados por Godoy
Portillo (2023).
Con estos precedentes, se hace necesario debatir sobre la aplicación y efectividad de las penas
alternativas o subsidiarias a la privación de libertad como remedio para salir del estanco e
intentar extraer de la palestra pública la reputación de los “centros de rehabilitación social.” De
un lado, existen penas no privativas de libertad en el COIP, pero no lo están como alternativas,
sino que pueden ser impuestas juntamente con la privación de libertad estipulada para cada tipo
penal. De otra parte, solo puede suspenderse la ejecución de la pena cuando la sanción prevista
para el delito no supere los cinco años, y esto ocurre en muy pocos casos, además de la mayor
punitividad cuando concurren agravantes pues el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con
Dr. Juan G. Ávila-Urdaneta PhD, Dr. Marily R. Fuentes-Águila Phd, Abog. Jhon A. Patiño-Caiminagua
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 82-102. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.05
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carácter preceptivo eleva el límite máximo previsto para el delito.
La sociedad no apoya las medidas no privativas de libertad, lo cual puede ser el resultado de
la inseguridad y la ineciencia de los medios preventivos y educativos. Lausch (2022) citando
a Amelia Ribadeneira, una periodista especializada en temas de justicia en el Ecuador hacía
referencia a ciertos rasgos que complican más la situación penitenciaria en el país. En tal
sentido señalaba: “Yo creo que nuestra sociedad tiene muchos tintes autoritarios que le empujan
al Estado y a los gobiernos a implementar medidas populistas en el área penal, que demandan
castigo, sanción.” Muchas personas piensan que el castigo en prisión es la única solución, pese
a lo positivo de intentar fortalecer otros mecanismos que no impliquen el internamiento en los
centros de privación de libertad.
Desafortunadamente los medios de comunicación realizan una labor absolutamente contraria
a la persuasión, malenseñan a la gente, desvirtuando la realidad para obtener audiencia,
enfrentando al sistema de justicia con la sociedad. Como expresara Galeano, “las fábricas
de opinión pública echan leña a la histeria colectiva y mucho contribuyen a convertir la
seguridad pública en obsesión pública” (Galeano, 1997, p.4). Solo cuando la familia conoce los
padecimientos y efectos negativos de la cárcel comprende que es mejor ofrecerle al infractor la
oportunidad de una medida alternativa o subsidiaria.
La posibilidad y la necesidad de utilizar penas alternativas o subsidiarias a la privación de
libertad constituye el objeto esencial de este estudio y, al mismo tiempo, representa la idea que
se deende para contribuir a la atenuación de la situación carcelaria. Sobre todo, para aquellas
personas que han cometido delitos menos graves, sería conveniente adoptar este tipo de medidas
sancionadoras en las que podrían utilizarse como alternativas las previstas legalmente en el
artículo 60 del COIP, además de otras que actualmente se encuentran reguladas en diversos
ordenamientos jurídicos. Agregado a ello el subsidio de la pena sería muy conveniente para no
internar a los declarados culpables.
En Ecuador, se encuentran reguladas las penas no privativas de libertad consistentes en:
1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo.
2. Obligación de prestar un servicio comunitario.
3. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y en los plazos
jados en sentencia.
4. Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de vehículo.
5. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general.
6. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo, arte, cargo público, ocio, industria o
comercio; así como para ejercer la gerencia, dirección, administración o gestión de una sociedad
Crisis de la privación de libertad. Penas alternativas y subsidiarias
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 82-102. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
o compañía, entidad sin nes de lucro o cualquier tipo de actividad económica, nacional o
extranjera, bien sea de forma directa o indirecta.
7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la sentencia.
8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de tránsito.
9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas.
10. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus familiares u otras
personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar donde se encuentren o por cualquier medio
verbal, audiovisual, escrito, informático, telemático o soporte físico o virtual.
11. Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares.
12. Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras.
13. Pérdida de los derechos de participación.
14. Inhabilitación para contratar con el Estado que se aplicará en sentencias condenatorias
ejecutoriadas por delitos de: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráco de
inuencias, ofertas de realizar tráco de inuencias, testaferrismo, sobreprecios en contratación
pública, actos de corrupción en el sector privado, lavado de activos, asociación ilícita y
delincuencia organizada; pena no privativa de la libertad que será comunicada al organismo
técnico regulatorio del Sistema Nacional de Contratación Pública.
La o el juzgador podrá imponer una o más de estas sanciones, sin perjuicio de las penas previstas
en cada tipo penal (Asamblea Nacional, 2014).
El sentido y alcance del artículo 60 del COIP, sobre todo en las dos últimas líneas, permite
apreciar que estas penas no son propiamente para sustituir a la privación de libertad pues el
texto expresa que ellas se pueden imponer sin perjuicio de las penas previstas en cada tipo
penal, que, generalmente, establece una sanción privativa de libertad. De manera que, la
legislación ecuatoriana no ofrece mayores posibilidades para alternar, sustituir o subsidiar las
penas privativas de libertad. Las previstas en el artículo 60 del COIP citado, en la doctrina son
consideradas como penas accesorias, es decir, se pueden imponer además de la principal.
La comunidad internacional viene demandando, a través de diferentes cuerpos jurídicos
internacionales, dar solución a la crisis carcelaria y buscar fórmulas alternativas, sustitutivas
o subsidiarias para disminuir, en tanto sea posible, la privación de libertad. En cuanto
al funcionamiento de los centros de privación de libertad, se ha exigido por la comunidad
internacional que les ofrezca a los sancionados o sujetos a prisión preventiva un tratamiento
adecuado, unas condiciones de vida digna, con iluminación, agua, alimentación, sistemas de
seguridad correctos, agentes penitenciarios profesionalmente aptos y sucientes, relaciones
positivas, entre otros aspectos, que favorecen la rehabilitación social.
En la etapa contemporánea existe un consenso internacional sobre las formas en que es
Dr. Juan G. Ávila-Urdaneta PhD, Dr. Marily R. Fuentes-Águila Phd, Abog. Jhon A. Patiño-Caiminagua
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 82-102. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.05
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necesario garantizar los derechos de los sancionados, protegerlos durante el cumplimiento de la
pena, prepararlos para la reintegración a la sociedad y facilitar un camino menos violento que
la prisión. A pesar de ello Zaaroni ha insistido en su opinión sobre el fracaso de la privación
de libertad. En tal sentido acotaba:
El discurso jurídico penal está en crisis. Los fuegos articiales de las teorías que legitiman
la pena asignándole funciones maniestamente falsas (prevención, de cualquier naturaleza)
no logra ocultar las contradicciones cada vez más profundas y deteriorantes de profesores,
jueces y abogados. El discurso en crisis no es una mera cuestión de palabras, sino que
implica una grave crisis del poder jurídico. Nos vamos quedando vacíos, sin discurso (o
con uno que es falso, que es lo mismo), frente al poder de las restantes agencias no jurídicas
que avanza arrolladoramente (1992, p. 11).
En forma paulatina se han comenzado a introducir pautas de exibilización en la promoción y
ejercicio de la acción penal pública, que han llegado a admitir el uso de criterios de oportunidad,
se reconoce la condición de los condenados como seres humanos, provistos de los derechos
que le son inherentes como cualquier persona, salvo los límites que la propia naturaleza de
esta sanción amerita. Se insiste en el carácter excepcional de la prisión preventiva y en la
responsabilidad que tiene el Estado de proteger a estos ciudadanos titulares de derechos que se
encuentran bajo su resguardo y absoluta responsabilidad en las prisiones (Sanhueza y Brander,
2021).
Existen alternativas no formales, que se producen espontáneamente, como la no acusación
o denuncia, el no accionar por interés de los agentes policiales o del scal o la función
despenalizadora de los códigos, de acuerdo con las propuestas de Derecho Penal mínimo. Los
acuerdos reparatorios, los servicios de utilidad comunitaria, reparaciones e indemnizaciones o
compensación pecuniaria, penas nocturnas o de nes de semana, no ofender o dañar, asistencia
a charlas o cursos educativos, perdón judicial, suspensión de la pena, el arresto domiciliario,
prohibición de residencia, multas, inhabilitación para el trabajo o suspensión de licencias son
muy provechosos (Nieto, 2003, p.14).
En el Ecuador, procesalmente, han ido ganando prestigio los métodos alternativos de resolución
de conictos. Lo relativo a la cultura de paz ha ido trasladándose a todos los ámbitos, se les ha
ofrecido promoción a los jueces de paz, a los mediadores, se invoca la conciliación en el ámbito
penal, se hace uso del principio de oportunidad en los casos procedentes, aunque estas medidas
no completan la aspiración de que pueda presentarse como un logro la mejora de la situación
carcelaria. Signica que, son variadas las opciones que existen para disminuir la aplicación de
la pena de privación de libertad.
Crisis de la privación de libertad. Penas alternativas y subsidiarias
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Se toma como punto de partida que no siempre es necesario internar a una persona en un centro
de privación de libertad para que esta rectique su conducta y se reprima por el delito cometido.
En realidad, se considera que lo mejor sería no tener que sancionar a las personas con privación
de libertad, a menos que el delito sea muy grave, como sería en hechos ejecutados contra la
vida, los derechos humanos, graves actos de corrupción o narcotráco entre otros ilícitos muy
dañinos y peligrosos.
Existen variantes al encarcelamiento, es decir, penas que se pueden cumplir fuera de la prisión,
provistas de mecanismos concretos de vigilancia por parte de jueces de control de la ejecución
de las penas no privativas de libertad o de otros órganos encargados del Estado. Algunas
pudieran ser originalmente privativas de libertad y luego el juez pudiera subsidiarlas si se
dan un conjunto de requisitos, como, por ejemplo, la buena conducta de la persona hasta ese
momento y el compromiso de que no incurrirá en otros delitos o contravenciones.
Otras penas pudieran alternarse y la infracción penal pudiera ofrecer la opción entre privación
de libertad y una alternativa. Dígase que el delito de abuso de conanza pudiera prever que se
pueda imponer la privación de libertad y, en dependencia de la conducta de la persona, esta
sanción puede subsidiarse por igual tiempo de trabajo correccional con internamiento, trabajo
correccional sin internamiento o limitación de libertad o por la entrega del sancionado a un
centro de trabajo bajo el compromiso de la entidad laboral de velar por su comportamiento.
Si bien los conceptos de penas alternativas o subsidiarias o sustitutivas llevarían una discusión
teórica y normativa de mayor alcance en el territorio ecuatoriano e, incluso, conducirían a
pensar en algunas cuestiones que pudieran ser modicadas como sería también la de sustituir
la pena de privación de libertad hasta cinco años en cualquier tiempo, después de iniciado su
cumplimiento, por otra que no signique internamiento, lo cierto es que estas regulaciones han
sido objeto de debate en la doctrina y poseen variantes, que buscan, en su esencia, disminuir la
privación de libertad.
En la teoría de la pena, autores como Aniyar de Castro en entrevista ofrecida a Nieto, plantea
entre las medidas alternativas a la prisión:
Aquellas que, bien como penas (que aparecen en el Código Penal); bien como medidas
cautelares, acuerdos reparatorios, perdón judicial, desistimiento de la querella, y el
principio de oportunidad procesal, más algunas medidas procesales como la suspensión de
la pena y del proceso; y otras, típicamente penitenciarias, como la asignación a régimen
abierto o regímenes progresivos, y la redención de la pena por el trabajo y el estudio
(generalmente en Leyes penitenciarias); que prevén formas de control que no implican el
aislamiento, o reclusión de los controlados (2003, p.14).
Dr. Juan G. Ávila-Urdaneta PhD, Dr. Marily R. Fuentes-Águila Phd, Abog. Jhon A. Patiño-Caiminagua
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Los precedentes expuestos condujeron a reexionar sobre ¿Cuáles pueden ser, además de
las previstas en el COIP, las penas alternativas y subsidiarias que contribuyan a disminuir la
aplicación de la pena privativa de libertad en Ecuador? En tal sentido, corresponde evaluar una
propuesta de alternativas y de penas subsidiarias que pueden implementarse en el Ecuador para
disminuir la pena privativa de libertad, como parte de la solución a esta problemática.
Para el cumplimiento de los objetivos se utilizó una metodología de investigación jurídica, de
tipo descriptiva y con un enfoque cualitativo, que tomó como punto de partida la búsqueda de
información en fuentes bibliográcas consistentes en libros, revistas y legislación vigente en el
área geográca que rodea al Ecuador. Mediante el método teórico jurídico se logró fundamentar
lo relativo a la crisis penitenciaria y el tratamiento jurídico ofrecido a los derechos de los
privados de libertad, y, a través del método exegético y la comparación jurídica, se alcanza a
obtener la información necesaria, a n de realizar una propuesta más avanzada para el territorio
ecuatoriano que fomente la aplicación de penas alternativas y subsidiarias.
En su estructura, el artículo en un primer momento describe la situación relacionada con la
crisis carcelaria en Ecuador para luego plantear las alternativas a la prisión y los benecios de
las penas subsidiarias. Finalmente se procura un acercamiento hacia las mejores variantes que
pudiera incluir en su legislación el sistema jurídico ecuatoriano para atenuar los graves efectos
que se están produciendo en los centros de privación de libertad, como resultado del ejercicio
del ius puniendi.
Desarrollo
La sanción privativa de libertad surge no exactamente como una pena, sino más bien como
una variedad de lo que legalmente se conoce como medida cautelar de prisión provisional,
detención preventiva u otras denominaciones según el contexto jurídico. Aunque entre los
historiadores no existe coincidencia exacta sobre el origen de la privación de libertad, se ubica
más o menos su surgimiento durante la Edad Media. En esta época, en Europa, la cárcel fue
utilizada para encerrar a los que habiendo cometido una infracción aún no poseían un fallo
condenatorio, el que, habitualmente, consistía en la muerte, desmembramiento o mutilación.
Este tipo de medida ha tenido históricamente una relación no solo con los crímenes violentos,
sino también con la penalidad en las relaciones económicas y fue utilizada para el encerramiento
de los individuos que tenían deudas por gravámenes al Estado. Haciendo referencia al tema,
el profesor e historiador Oliver Olmo expresó: “sabemos que se usó la cárcel como medio de
custodia, pero, sobre todo, para la retención de los deudores” (Oliver, 2020). En 1608 aparecen
en España las galeras de mujeres, a propuesta de Magdalena de San Jerónimo, una religiosa
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opulenta y catalogada como resentida que consideraba que “estaba francamente preocupada
porque las mujeres de su época habían perdido el temor a Dios y a la justicia y andaban haciendo
un tremendo estrago en los «pobres» hombres”. Estas galeras estaban destinadas a aquellas
mujeres vagabundas o dedicadas a la prostitución y a la mala vida, así como también a las que
no poseían amos que orientaran y cuidaran su conducta (Fiestas, 1978).
En el año 1803 fue suprimida la pena de galeras, los culpables fueron remitidos a las cárceles
en África y a otros centros de encierro en los arsenales. Los condenados por infracciones
más peligrosas fueron trasladados a los depósitos de “El Ferrol, Cartagena y La Carraca”,
explotándoles en trabajos forzados y siempre encadenados de dos en dos. Con motivo a la gran
cifra de reos en las prisiones de África surgen las penitenciarías peninsulares, entre las que se
destacaron la de Madrid y Málaga. Estos presos fueron utilizados en labores de edicación de
obras públicas, como canales carreteras, y caminos.
Con base en los estudios de Beccaria (1823), el recorrido hecho por las prisiones llevado a
cabo por Howard (Howard, 1777) y plasmado en su famoso “Informe the states of de prisons
in England and Wales” y los estudios penitenciarios de Bentham surgen nuevas ideas que
recomiendan y piden una penalidad más humana, pensándose inclusive, que las condenas
deberían tener un carácter utilitarista (Bentham, 1981). Bentham desarrolló un proyecto que
contribuiría a este n, creando un tipo de arquitectura penitenciaria que serviría a la ecacia y
utilidad de la prisión, la cual denominó “El panóptico”, imaginado según este autor para lograr
una superior economía y seguridad penitenciaria y también velar por la reformación moral de
los delincuentes (Fernández, 2001).
Con el suceso del Estado Liberal se generalizó el uso de la pena de prisión como sanción,
concibiéndose, por primera vez, al hombre como un ser titular de derechos y libertades, las que
solo podrían ser restringidas o privadas mediante la reacción penal y en correspondencia con
el delito. Es desde este momento, que se concibe la cárcel como el lugar en el que los penados
llegan a cumplir la condena privativa de libertad, ya como una pena en sí misma, y no como
una medida de retención previa de la sanción (Fernández, 2010, pp. 39-68).
Crisis de la pena privativa de libertad
En la actualidad la privación de libertad es la principal sanción para las infracciones penales,
la cual viene siendo también la más controvertida pues se consideran diferentes motivos para
su negación doctrinal entre las que se encuentran sus efectos desocializadores, la implicación
invasiva que tiene sobre los derechos individuales del sancionado y lo costoso que resulta su
cumplimiento.
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La sobreutilización de la privación de libertad ha provocado el hacinamiento, la adquisición
de costumbres carcelarias que en lugar de resocializar desvían a los internos de la sociedad,
destruyen las familias y provocan la pérdida de valores laborales. Según la pedagoga (Maqueda,
1985) la cárcel no resocializa, pues es la causa fundamental de la ausencia del ser humano de su
ambiente natural, que es la sociedad, teniendo en cuenta que se separa al individuo induciendo
a un sistema de valores que dieren de los establecidos para la vida social y que son llamados
subculturas carcelarias.
Todas estas polémicas y conclusiones han llevado a que se someta a una fuerte crítica este
tipo de sanción, la cual además se halla marcada por el estado de precariedad de los centros
penitenciarios, la falta de personal calicado que contribuya a conseguir la resocialización real
de los condenados, la necesidad y escasez de recursos económicos en casi todos los países
subdesarrollados y en algunos desarrollados, que son incompetentes para mantener el elevado
costo que implica el sistema carcelario (Altamirano y Samueza, 2021).
Esta falta de recursos económicos de los Estados, la errónea creencia de que la privación de
libertad es la senda correcta para reducir la criminalidad y solucionar los conictos sociales
y la falta de voluntad política de los gobiernos para corregir estos problemas, no acarrea más
que a reforzar los constantes incumplimientos de los preceptos dispuestos en los instrumentos
jurídicos internacionales, como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento
de los Reclusos, (Naciones Unidas, 2015), la Constitución de la República del Ecuador (2008)
y el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) promulgados con el propósito de proteger
los derechos humanos de los condenados a prisión.
De todo ello se puede concluir que existe una tendencia inexcusable a que la crisis de la privación
de libertad como pena efectiva se agrave, creándose así la idea de las penas alternativas y de
las subsidiarias de la privación de libertad. No es menos cierto que llegará el instante en que se
consiga prescindir de la prisión, sin embargo, como todos los procesos históricos mencionados
precedentemente, tendrá que recorrerse un largo camino de discusión y convencimiento,
mientras tanto, le corresponderá a la Criminología y al Derecho Penal plantear y concebir un
mejor camino.
Sustitutivas y alternativas a la privación de libertad como sanción
Las penas sustitutivas son aquellas que reemplazan la pena de privación de libertad que no excede
de un término jado en la ley. Se disponen cuando las circunstancias personales del acusado, la
naturaleza del hecho, su conducta procesal, su empeño por reparar el daño causado, entre otros
aspectos positivos, así lo aconsejen, siempre que no sean delincuentes habituales (Diccionario
Básico Jurídico, 2016). Entre sus antecedentes históricos más destacados estuvieron las ideas
Crisis de la privación de libertad. Penas alternativas y subsidiarias
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de Moro (1974) sobre el pensamiento ideal, quien hizo una enérgica crítica al sistema penal que
soportó, así como a la desproporcionalidad de las penas del momento. Posteriormente y con el
asentamiento de las corrientes de la ilustración, se criticó de nuevo la crueldad e irracionalidad
de las penas y se dio a conocer la teoría utilitaria del castigo. Otro exponente fue Beccaria
(1976) quien señalaba:
El n de las penas no es atormentar y aigir a un ente sensible, ni deshacer un delito ya
cometido, su n no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a los ciudadanos y
retraer a los demás de la comisión de otros iguales. Luego deberían ser escogidas aquellas
penas y aquel método de imponerlas que, guardada la proporción, hagan una impresión
más ecaz y durable sobre los ánimos de los hombres, y la menos dolorosa sobre el cuerpo
del reo (p.35).
Entre los años 1856 y 1929, Ferri (2004) dio a conocer la teoría de los sustitutivos penales,
cuando se hallaba en pleno apogeo la escuela positivista. Este autor consideraba que la pena de
privación de libertad en su individualización era completamente inecaz y, por tanto, debía ser
acompañada de otras medidas de resocialización, tanto así que razonaba que el Derecho Penal
debía ser sustituido por la Sociología Criminal. Abogaba por la modicación de las medidas
represivas por las preventivas y a tales nes refería:
Los legisladores enfrente de todos los fenómenos de patología social no saben más que
recurrir a la sangría, es decir, al encarcelamiento aplicado en dosis más o menos fuertes; y
no observan que, en la realidad, este pretendido remedio no curará a nadie, ni a la sociedad
ni a los individuos (Ferri, 2004).
El incuestionable crecimiento de la criminalidad, así como la dicultad de las cárceles para
remediar los conictos y fenómenos que esta crea, incitaron a la investigación sobre las
alternativas a la pena de privación de libertad, lo que tuvo serio reconocimiento y potencia en
el siglo XIX.
Muchos autores debatieron sobre el tema y algunos consideraban que se trataba de una situación
sumamente compleja desde el punto de vista teórico, pues el sistema penal de este siglo se
encontraba permeado de un retribucionismo que frenaba la introducción de penas sustitutivas
a la privación de libertad, por lo cual resultó forzoso cambiar esta forma de pensar en que
el único n de la pena era la retribución, vista como una consecuencia jurídica; había que
modicar los principios que fundamentaban el Derecho Penal.
Franz V. Liszt en Alemania solicitó una legitimación del Derecho Penal que estuviera
fundada en los postulados de la prevención especial. Esta corriente más adelante introdujo
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la idea del “tratamiento”, asentado en la opinión de que existía y era necesario diferenciar
entre los criminales ocasionales o corregibles de los incorregibles. A estos últimos se les
imponían sanciones de prisión largas y a los corregibles u ocasionales se les imponían penas
considerablemente cortas, las cuales eran reservadas para los autores menos peligrosos, de este
modo, la sanción se imponía acorde con la racionalidad penal con el propósito de forjar efectos
resocializadores.
El hecho de que la búsqueda de alternativas a la sanciones de privación de libertad quede reducida
a las penas cortas de prisión también en criterio de Sanz (2004) constituye un problema, pues si
realmente existe una franca crisis de este tipo de sanción habrá que encontrar más alternativas
al encierro, máxime cuando ha quedado conrmado que la prisión no ayuda en absoluto a la
resocialización del ser humano, pues se ocasionan los llamados efectos de prisionización, que
arrastran consigo el deterioro de la identidad personal del sancionado. Sobre la prisionización y
sus inconvenientes (Mir Puig, 2006) señala que lo más trascendente de las tendencias actuales
de los sistemas penales es la disminución en ellos de la aplicación de penas privativas de
libertad, cuando no sean absolutamente necesarias, quedando solo su aplicación a pocos casos
y por razones de prevención general y especial, que, en muchas oportunidades, también han
resultado excesivas.
Con todos estos antecedentes se hace necesario consolidar un nuevo sistema de penas, el cual
debe ser capaz de sustituir la sanción de privación de libertad que desde hace siglos se viene
utilizando como pena principal en el Derecho Penal y que, indudablemente, ha demostrado
que es forzoso un cambio de contexto, pues se han sobrepoblado los sistemas penitenciarios y
continúa en ascenso la criminalidad.
Los autores han denominado a las penas no privativas de libertad como sustitutivas, alternativas
o subsidiarias, utilizándolas así, tanto en la doctrina como en las legislaciones. En relación
con ello, Ramírez (1994), quien también utiliza los términos indistintamente, señala que a
consecuencia de la crisis por la que atraviesa la privación de libertad, ha surgido una tendencia
en la búsqueda de penas sustitutivas, con el propósito de que se adecuen, de mejor manera, a
los nes de resocialización y reeducación de la pena que supone un Estado democrático. Si ello
se reforzara, además, recogiéndolas en las constituciones, se lograrían hacer efectivas las penas
alternativas a la privación de libertad.
En torno a las penas subsidiarias se plantea la necesidad de tener en cuenta el comportamiento
del acusado durante el proceso, sus condiciones personales y su actitud posterior a la comisión
del hecho delictivo, de ser positivo se podría decidir subsidiar la pena privativa de libertad
por otra que no implique internamiento. Entre las funciones y objetivos que se pretenden con
este tipo de penas no privativas de libertad llamadas subsidiarias, está brindar la posibilidad
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de persuadir a los sancionados para crear un verdadero sentido de responsabilidad para con la
sociedad en la que viven, pues poseen un verdadero carácter de resocialización y reeducación.
Con la imposición de las penas subsidiarias de trabajo correccional con internamiento, trabajo
correccional sin internamiento, limitación de libertad o la remisión condicional de la pena, se
puede reducir la población penal y, con ello, muchas de las violaciones a los derechos humanos
que suceden en las prisiones.
Las medidas alternativas sustitutivas a la prisión se les denomina en Perú “benecios
penitenciarios” aceptables, de acuerdo con la normatividad penitenciaria y son concedidas por
los Jueces Penales. Dentro de ellas se encuentran los permisos de salida, redención de la pena
y la educación, semilibertad, liberación condicional, visita íntima e indulto (Coaguila-Valdivia
et al., 2021).
La semilibertad, es la salida del recluso a efectuar labores de trabajo o educativas fuera del penal
con el compromiso de retornar al mismo una vez que han cumplido con su jornada laboral. Por
esta vía se posibilita egresar al sentenciado que ha cumplido un tercio de la pena. La liberación
condicional, se concede al penado que ha cumplido la mitad de la condena impuesta y debe este
contar con un lugar donde posee residencia de manera estable.
En la República de Venezuela, el Código Orgánico Penitenciario (COP, 2015), prevé medidas
alternas sustitutivas a la prisión denominadas fórmulas de cumplimiento de las penas son
otorgadas por los jueces de primera instancia en lo penal en funciones de ejecución del lugar
en que cumpla sanción el condenado. Dentro de ellas, el trabajo fuera del establecimiento y/o
destacamento de trabajo consiste en el ofrecimiento de la posibilidad de que el condenado
salga de los centros de internamiento o rehabilitación a trabajar, bien sea de forma individual
o grupal con su destacamento de trabajo bajo la vigilancia del personal penitenciario. Los
condenados, sujetos a esta medida, ordinariamente laboran en obras públicas o privadas en
las mismas condiciones que los trabajadores libres y su otorgamiento se realiza al cumplir un
cuarto de la pena.
El régimen abierto, que es otra medida alternativa en Venezuela, consiste en el traslado de la
persona privada de libertad a un establecimiento abierto diferente a la cárcel, que se identica
por la ausencia o limitación de dispositivos materiales contra la evasión y por un régimen de
conanza, apoyado en el sentido de autodisciplina de los condenados. Puede ser constituido
como un establecimiento especial y/o como adjunto de un establecimiento penitenciario y
puede concederse a los penados que hayan extinguido por lo menos una tercera parte de la
pena impuesta.
La libertad condicional es el procedimiento alternativo de cumplimiento de la pena que se
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concreta en ser el último período de la condena, y radica en el egreso denitivo y permanente
del recinto carcelario o del establecimiento abierto, con la debida supervisión del Juez de
Ejecución Penal o de la persona que este designe por un tiempo igual al remanente de la pena.
Se otorga cuando se han cumplido dos tercios de la pena.
La suspensión condicional en la República de Venezuela es una fórmula alternativa, mediante
la cual el condenado a menos de cinco años de privación de libertad puede disfrutar de una
libertad vigilada previo el acatamiento de una serie de requisitos y condiciones. Se caracteriza
porque puede ser pedida una vez que el condenado tenga una sentencia rme y es sometido a la
vigilancia de un delegado de prueba y, el connamiento, radica en la obligación asignada al reo
de vivir, durante el tiempo de la condena, en el municipio que indique la sentencia, sin alejarse
más allá de cien kilómetros de su vivienda ni acercarse en un perímetro de 100 metros donde
se cometió el delito ni a aquellos con los que tuvo conicto (COP, 2015).
Este tipo de sanciones subsidiarias además de permitir enfrentar la criminalidad, al igual
que la privación de libertad, son más efectivas en su contribución a la reinserción social del
individuo, reduciendo los efectos invasivos a los derechos individuales del condenado que
provoca la pena de privación de libertad. Para el Ecuador, además de las penas subsidiarias de
trabajo correccional con internamiento, trabajo correccional sin internamiento o la limitación
de libertad, es viable plantear el arresto de n de semana o la suspensión de la ejecución de la
pena de privación de libertad ya iniciada, pues en la legislación solo se prevé la suspensión de
la ejecución de la pena antes de que el condenado comience su cumplimiento, sin embargo,
sería conveniente estimular el buen comportamiento del condenado cuando está en el centro de
privación de libertad concediéndole un benecio de excarcelación.
El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 58, prevé la posibilidad de imponer penas no
privativas de libertad y restrictivas de los derechos de propiedad (COIP, 2014) pero como se
ha planteado estas no son alternativas a la privación de libertad ni subsidirias, sino accesorias.
Otras de las sanciones no privativas de libertad son las penas restrictivas de los derechos de
propiedad como la multa, cuyo valor se determina en salarios básicos unicados del trabajador
en general (COIP, 2014) pero el legislador ha previsto que la multa se agregue a la privación de
libertad en los delitos cometidos por las personas naturales, de manera que en nada favorece la
multa para disminuir la privación de libertad, más bien agrava la situación de las personas. Si
el COIP previera la multa como pena principal y alternativa, entonces contribuiría a disminuir
la cantidad de personas que se encuentran en prisión.
Cuando el tipo de sanción a imponer surge de la selección realizada por el órgano jurisdiccional, a
estas técnicamente debe denominárseles alternativas, en tanto le permite al juzgador decidir por
una u otra opción, constituyendo ambas sanciones penales de diversa naturaleza. Por ejemplo,
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el legislador prevé dos penas para el delito que son alternativas, o privación de libertad o multa
o ambas. Si el juez puede escoger, las penas son alternativas. Ahora bien, cuando se habla de
penas subsidiarias, se está reriendo a una pena que se impone para sustituir la principal, o
sea, su imposición se determina porque no se manda a cumplir la pena principal (privación de
libertad).
Cuando se impone esta pena subsidiaria, porque el tribunal considera que de esta manera se
alcanzarán los nes penales, se está sustituyendo una sanción por otra y por eso viene a constituir
técnicamente un subsidio de la principal; que generalmente está supeditada condicionalmente
en su cumplimiento. Ejemplo de pena subsidiaria, se produce cuando el juez, en su sentencia,
dispone como sanción cinco años de privación de libertad y se le subsidia por trabajo correccional
con internamiento o por limitación de libertad, en sustitución de la privación de libertad, pero
como puede observarse la pena original es privativa de libertad, solo que se está subsidiando.
Con independencia de las críticas, argumentos y razones que se hayan expuesto contra las
alternativas a la prisión, se debe considerar que la pena de privación de libertad debe quedar
para aquellas conductas estimadas de mayor gravedad. Por ende, para las conductas menos
graves deben utilizarse las alternativas, las cuales, sin lugar a duda, deberán estar sometidas a
un férreo control social y, progresivamente, se irá gestando en cada Estado, en forma particular
y conforme a sus necesidades. La existencia de un juez de control de la ejecución de las penas
subsidiarias de la privación de libertad constituye un ejemplo de control judicial que puede ser
muy benecioso para la sociedad.
Conclusiones
El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador (COIP) no prevé penas alternativas ni subsidiarias
de la privación de libertad, aunque tiene reguladas un grupo de penas que denomina penas no
privativas de libertad que se imponen además de las sanciones previstas en cada infracción
penal. Utilizar alternativas signica otorgar al juez una opción de imponer la pena privativa
de libertad u otra, que bien pudiera ser la multa, en cuyo caso el juez escogería entre estas la
más conveniente. De otro lado existe subsidio para aquellos casos en que el juez considere que
puede subsidiar o sustituir la pena por otra y sujetarla a determinadas condiciones que deberá
cumplir el penado durante el tiempo de la sanción.
Dentro de las penas subsidiarias sugeridas a partir de este estudio se encuentra el trabajo
correccional con internamiento que implicaría ubicar al penado en un centro distinto al de
privación de libertad, destinado al trabajo con un carácter semi-interno; el trabajo correccional
sin internamiento, que exigiría ubicar al sancionado en un centro de trabajo bajo el control
de la entidad laboral y de un juez de control del cumplimiento de la ejecución de la pena y la
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limitación de libertad que implicaría sujetar al sancionado a ciertas limitaciones como son: el
no frecuentar determinados lugares donde se expendan bebidas alcohólicas, no acudir a lugares
públicos, mantener una conducta adecuada en la comunidad y el centro de trabajo, entre otras.
A pesar de la fuerte crisis que enfrenta la privación de libertad, en Ecuador no existe posibilidad
inmediata de que pueda disminuirse o eliminarse, no obstante, deben continuar evaluándose las
posibles alternativas en relación con el cumplimiento de los derechos de las personas privadas
de libertad y de otra parte, elaborar propuestas más efectivas para garantizar el cumplimiento
de la sanción fuera del régimen penitenciario, de manera que las personas no se conviertan en
víctimas de un régimen que representa un alto riesgo para la vida y la integridad personal.
La sanción de privación de libertad continúa ocupando el primer lugar dentro de las opciones
que prevé el Código Orgánico Integral Penal, como consecuencia de la infracción penal, lo que
permite aseverar que, en primer lugar, es necesario un proceso de reformas legales que tienda
a incluir unas medidas alternativas o subsidiarias a la privación de libertad. De esta manera, el
juez podrá optar por una pena u otra en el caso de las alternativas y en el caso de las subsidiarias
podrá sustituir o subsidiar la sanción originalmente jada como privativa de libertad por otra,
como el trabajo correccional con internamiento, sin internamiento o limitación de libertad, en
lugar de enviar a la persona a un centro de privación de libertad.
Las penas alternativas y las sustitutivas o subsidiarias como trabajo correccional con o sin
internamiento, limitación de libertad, remisión condicional de la pena, suspensión a prueba,
sujeción a la vigilancia y control del juez de ejecución, reclusión domiciliaria u otras que no
impliquen internamiento pueden contribuir a solucionar muchas de las temáticas que hoy se
presentan en las prisiones, como el hacinamiento, el décit de agentes penitenciarios, la violen-
cia, las muertes, los costos económicos que representan para la sociedad y los efectos negativos
que la privación de libertad trae consigo a las familias.
Es necesario cambiar políticas, asignar recursos a nes distintos a la prisión como sería ejer-
cer un control de las penas no privativas de libertad por parte de los jueces, concientizar a los
ciudadanos de que deben participar juntamente con el Estado y los grupos de control social
informal en la ayuda al cumplimiento de las penas, sobre todo la familia, los compañeros de
trabajo, la comunidad, para que las penas fuera de los centros de privación de libertad sean más
efectivas.
Crisis de la privación de libertad. Penas alternativas y subsidiarias
99
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 82-102. Primer Semestre de 2024
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ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Eduardo G. Zurita-Moreano
ezurita@unach.edu.ec
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas
Universidad Nacional de Chimborazo
(Riobamba – Ecuador)
ORCID:0000-0002-7818-8619
Nelly S. Maliza-Chavez
nsmaliza.fpe@unach.edu.ec
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas
Universidad Nacional de Chimborazo
(Riobamba – Ecuador)
ORCID:0000-0003-4389-9055
María G. González Bautista
mggonzalez@unach.edu.ec
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas
Universidad Nacional de Chimborazo
(Riobamba – Ecuador)
ORCID:0000-0002-6326-9766
Recibido: 13/03/23
Aceptado: 29/12/23
POBREZA Y FERTILIDAD EN
ECUADOR, PERÍODO 2020
POVERTY AND FERTILITY IN
ECUADOR, PERIOD 2020
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.06
KAIRÓS, Vol. (7) No. 12, pp. 103-125, enero - junio 2024
ISSN No. 2631-2743
,
Resumen
La investigación se centra en analizar la relación
entre la pobreza y fertilidad en Ecuador durante
el año 2020. Dicha relación es estudiada mediante
la aplicación de un modelo de regresión logística
binaria – logit-, y cuyo instrumento de medida fue
la encuesta de registro estadístico de nacidos vivos
y defunciones fetales del año 2020. Los resultados
evidencian que la fertilidad tiene un impacto positivo
y signicativo sobre la pobreza: a mayor número
de hijos, mayor será la probabilidad de caer en una
situación de pobreza. Además, cuando la fertilidad
es analizada en función de otras condiciones, como
bajo nivel de escolaridad de la madre, tipo de etnia
y estado civil, existe más profundidad para explicar
los índices de pobreza.
Palabras clave: capital humano, condiciones
de vida, educación, ingresos, población.
Abstract
The research focuses on analyzing the relationship
between poverty and fertility in Ecuador during the
year 2020. This relationship is studied by applying a
binary logistic regression model -logit-, and whose
measurement instrument was the statistical birth
registration survey. still alive and fetal deaths in
2020. The results show that fertility has a positive
and signicant impact on poverty: the greater the
number of children, the greater the probability of
falling into a situation of poverty. In addition, when
fertility is analyzed based on other conditions, such
as the mother's low level of education, ethnicity,
and marital status, there is more depth to explain the
poverty rates.
Keywords: Human capital, living conditions,
education, income, population.
POBREZA Y FERTILIDAD EN
ECUADOR, PERÍODO 2020
POVERTY AND FERTILITY IN
ECUADOR, PERIOD 2020
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.06
KAIRÓS, Vol. (7) No. 12, pp. 103-125, enero - junio 2023
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 103-125. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.06
Pobreza y fertilidad en Ecuador, período 2020
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KAIRÓS, Vol. (7) No. 12, pp. 103-125, enero - junio 2023
Introducción
La pobreza constituye un problema recurrente y uno de los fenómenos centrales de estudios
sociales y económicos. Una de las explicaciones para dar respuesta a los permanentes niveles
de pobreza lo analizan Birdsall y Grin (1988), quienes abordan el hecho de que las altas tasas
de fertilidad generan restricciones presupuestarias para las familias en situaciones de pobreza y,
por tanto, reduce la capacidad de satisfacer sus necesidades.
La relación entre la tasa de fertilidad y pobreza se remonta al análisis de Malthus (2016) el cual
sostiene que el tener una amplia familia1 incide directamente en los problemas económicos,
impide el progreso del núcleo familiar y mantiene a las personas en la línea de pobreza. Esta
relación teórica algo ambigua fue retomada por Becker (1960), quien menciona que la mayoría
de las familias en situaciones de pobreza ven a los hijos como una fuente de ingresos: bajo
la teoría de la demanda de bienes de consumo, los niños son considerados como un bien que
proporciona utilidad a estas familias.
A nivel nacional, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2019) exponen
que las mujeres ecuatorianas entre 15 a 49 años tienen un promedio de 2,2 hijos durante su vida
reproductiva, pero de manera más especíca, en el sector rural el promedio es de 2,5 y en el área
urbana de 2,1. Cabe indicar que de acuerdo con Rodríguez (2017) la maternidad juega un rol
doméstico signicativo para las mujeres, hecho que incide en el aumento de pobreza. Por tanto,
la metodología de regresión logística (LOGIT) es usada en esta investigación por ser común
al momento de estudiar las variables de fertilidad y pobreza. Del mismo modo, se utilizan
datos del Instituto nacional de estadísticas y censos, especícamente de la encuesta de registro
de nacidos vivos y defunciones fetales del Ecuador del año 2020 que proporcionan mejores
resultados en la investigación.
Uno de los retos sociales es reducir los índices de pobreza y pobreza extrema, por lo que se
han ejecutado diferentes programas en torno a esta problemática. Por ejemplo, los programas
de planicación familiar y el cuidado en la salud reproductiva, con la nalidad de controlar la
dimensión demográca y no caer en estructuras de sobrepoblación que afecten a mayor escala
la pobreza. Al respecto, Barne y Wadhwa (2019) indican que menos del 10% de la población
mundial se encuentra en estado de vulnerabilidad económica, mientras que el estudio de Wang
et al. (2020) da a conocer que la tasa de fertilidad ha decrecido en las últimas cinco décadas: en
1950, una mujer tenía en promedio 4,7 hijos, mientras que en 2019 la media es de 2,3 hijos por
mujer, hecho que ha venido acompañado con un cambio en la dinámica de la pobreza. Según la
1. Malthus mencionaba que la fertilidad estaba determinada principalmente por dos variables: la edad al casarse (menor edad
al casarse suponía una vida con mayor número de hijos) y el área de residencia de la pareja (en áreas poco pobladas necesita-
ban mano de obra por lo que aumentaba la tasa de fertilidad).
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 103-125. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.06
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Eduardo G. Zurita-Moreano, Nelly S. Maliza-Chavez, María G. González Bautista
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), Latinoamérica uctúa
en el segundo lugar en cuanto a la tasa de fertilidad con un promedio entre 1,7 y 2,5 hijos por
mujer en 2020, pero aun así los niveles de pobreza se caracterizan por la 15 heterogeneidad y
son Bolivia, Colombia, México y Honduras las naciones que presentan las mayores tasas de
pobreza y pobreza extrema en ese año. Sin embargo, también se debe tomar en cuenta que en
2020 ocurrió la pandemia de COVID-19 que afectó a nivel económico, social, psicológico,
entre otros.
Es así como entre 2019 y 2020 la CEPAL (2020) evidenció que 4,5% de los hogares
latinoamericanos con bajos ingresos empeoraron aún más su situación, lo que corresponde
a 115 millones de personas y 33,7% de población vulnerable económicamente. Además, el
comportamiento de la fertilidad en los dos últimos lustros se ha mantenido con variaciones
lentas a la baja, sobre todo en países que registran altos niveles de pobreza; como es el caso
de Honduras que presenta el 52,3%, mientras que Colombia, Bolivia, El Salvador, Argentina,
Ecuador y República Dominicana se encuentran en un rango de veinte a treinta puntos
porcentuales. Finalmente, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Perú y Panamá alcanzan menos del
19% de la pobreza total descrita por la CEPAL.
En el caso de Ecuador, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE, 2021), los hogares
conformados a partir de seis miembros en adelante evidenciaron un crecimiento de 9,5% del
índice de pobreza entre 2019 y 2021, y es el sector rural el más afectado, pues se posiciona
con un índice del 49,2%. En cuanto a la tasa de fertilidad se observa un leve decrecimiento en
el último lustro: de 2,5 hijos en 2015 a 2,4 hijos en 2019. Por otro lado, los datos del Banco
Mundial (2018) muestran que los hogares con pobreza extrema en el país tienen un promedio
de 7,7 integrantes, de los cuales 3,5 son menores de edad y considerados en la mayoría de los
casos como capital de trabajo, hecho que da paso a que existan niveles más bajos de escolaridad,
ingresos y deciencias en la salud y nutrición.
En este contexto, Castañeda y Llanos (2012) explican que el índice de fertilidad es un factor
signicativo que aporta a que el nivel de pobreza se mantenga y en ciertos casos se incremente,
sobre todo en estados vulnerables en los que no hay planicación familiar alguna. Villasmil
(1998) arma que las familias con bajos recursos que tienen elevadas tasas de fertilidad
constituyen uno de los principales problemas sociales que deben ser valorados y estudiados en
el ámbito cultural y económico.
Esta problemática, tal como lo describe García (2018), tiende a profundizarse más debido al
excesivo número de hijos que limita los recursos económicos de un hogar, lo que conlleva a
que los hijos trabajen más pronto para generar ujos adicionales de ingresos.
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(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.06
Pobreza y fertilidad en Ecuador, período 2020
107
Existen diversos estudios, como el de Mussa (2014), que están enfocados a analizar la fertil-
idad, pobreza y la relación que existe entre ambas variables. Es así como una de las hipótesis
que surge en cuanto a este tema es que la fertilidad concebida como el aumento de número de
hijos tiene un efecto directo y positivo sobre el índice de pobreza. Este hecho lo profundiza
Datta y Dubey (2003) en su investigación realizada en la India, donde toman en cuenta el sexo
de los dos primeros hijos para estimar el efecto causal que tiene la una variable sobre la otra,
donde la metodología usada es un modelo de asignación de tiempo que ayuda a vericar el
tiempo invertido en la escolarización por parte de los hijos y en las actividades laborales por
parte de los padres, y con lo cual determinan que la relación es signicativa, debido a que
explican que los hijos son tomados como futuros activos económicos para la familia y donde
explica la razón de que en la década de los noventa el nivel de pobreza disminuía a medida que
la fertilidad también lo hacía y viceversa.
Otro dato importante mencionado por Puyana y Mosquera (2005) es el hecho de que el cre-
cimiento familiar depende en gran medida del país y cultura estudiado, es así como para los
países latinoamericanos el hecho de que su primer hijo sea niño representa diversas cualidades
asociadas a la protección, al proveer, a la fuerza y trabajo; en cambio, el hecho de concebir una
niña representa una imagen de maternidad. En tal sentido, Castañeda y Llanos (2012) determi-
nan que cuando el primogénito es mujer suele incrementarse la tasa de fertilidad, dado a que
empieza una búsqueda para que su siguiente hijo sea varón debido a las cualidades sociales
como de protección y cuidado- que la sociedad ha mantenido en el tiempo-. Por ello, aplican
estimaciones de mínimos cuadrados en dos etapas y toman como variables de estudio los in-
gresos, edad de la madre, área residencial y sexo del hijo para mostrar que cuando el tamaño del
hogar aumenta, las probabilidades de caer en pobreza son mayores.
Ciertamente hay múltiples factores que pueden tomarse en consideración cuando de pobreza
y fertilidad se trata. Odwe (2015), por ejemplo, ejecutó un estudio en diferentes provincias de
Kenia con base en un modelo multivariante con el n de establecer los efectos de la fertilidad
en la pobreza y en donde analiza las variables de educación y mortalidad infantil. Los resulta-
dos revelan que cuando el nivel de fertilidad en hogares de bajos ingresos es mayor, la brecha
de pobreza también se incrementa: las provincias con menos recursos económicos tienen un
aumento progresivo de fertilidad, de tal manera que de 2003 a 2009 la pobreza aumentó y el
número de hijos pasó de 6,8 a 7,2.
El enfoque del capital humano considera a la educación como un instrumento relevante para
reducir la pobreza (Eryong y Xiuping, 2018). De acuerdo con la teoría del capital humano
descrita por Schultz (1961), Becker (1964), Mincer (1972), y Denison (1962), la educación
junto con la adquisición de habilidades y conocimientos productivos hacen del capital humano
más valioso. De modo que el conocimiento, impartido por medio de la educación, aumenta la
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 103-125. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.06
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Eduardo G. Zurita-Moreano, Nelly S. Maliza-Chavez, María G. González Bautista
productividad de las personas y, por lo tanto, que su calidad de vida mejore.
La teoría prevé una fuerte correlación entre la educación y los niveles de ingreso; en ese sen-
tido, Tilak (2002) explica que los niveles de ingreso aumentan con el aumento de los niveles
de educación, y cuyos efectos sistemáticos son generales en cada subgrupo de la población:
hombres, mujeres, sectores rurales, urbanos, entre otros.
La limitación de esta teoría se reduce a explicar la pobreza por el lado de los ingresos; es decir,
personas con bajos niveles de educación no pueden desarrollar habilidades productivas y, por
lo tanto, no tienen posibilidades de mejorar su calidad de vida. De acuerdo con Tilak (2002), la
pobreza no solo es un problema de bajos ingresos; más bien es un problema multidimensional
que incluye bajo acceso a oportunidades para desarrollar el capital humano. En contraste al
enfoque del capital humano, se encuentra el enfoque del desarrollo humano descrito por Sen
(1999), en el cual explica que la pobreza real es el resultado de la privación de medios para el
desarrollo de habilidades humanas; en donde aquellas personas que no tienen la oportunidad de
educarse caen en situaciones de pobreza.
Para resumir, como señalan Tilak (2002), Rao et al (2007), Milner (2013), la pobreza puede
ser explicada por el desarrollo del capital humano y el desarrollo de las capacidades humanas,
las cuales reconocen explícitamente que aquellas personas con bajos niveles de educación
tienen altas probabilidades de vivir en inadecuadas condiciones de vida, haciendo que se en-
cuentren en un entorno de necesidades básicas insatisfechas.
Según Eloundou et al. (2017) y Wietzke (2020), la transición de la fertilidad en la sociedad
es posible ilustrarla bajo la hipótesis de la curva de Kuznets: la fertilidad entre la población
en estado de pobreza y aquella con mejores condiciones aumenta en las primeras etapas de la
transición demográca, en vista de que el índice de fertilidad es relativamente más alto en los
hogares de bajos recursos. Es así como a medida que las técnicas de planicación familiar y los
controles de la fertilidad se extienden las diferencias tienden a disminuir.
De acuerdo con la gura 1, en el eje de las abscisas se encuentra el índice de fertilidad promedio
bajo el concepto de la transición demográca, mientras que en el eje de las ordenadas se encuen-
tra el efecto de la fertilidad sobre los niveles de pobreza. Al inicio de la curva, las sociedades
se encuentran en la trampa Malthusiana en donde las tasas de fertilidad son altas para quienes
están y no están en estado de pobreza, lo que genera bajas tasas de crecimiento en los ingresos
de ambos grupos.
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 103-125. Primer Semestre de 2024
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Pobreza y fertilidad en Ecuador, período 2020
109
Figura 1. Efecto distributivo de la fertilidad en la pobreza.
Fuente: Wietzke (2020).
En la fase de la transición temprana las tasas de fertilidad empiezan a caer para las familias
más adineradas, pero se mantienen estables para los hogares con bajos recursos, situación que
ahonda aún más la diferencia del nivel de ingreso entre ambos grupos. Esta dinámica llega a
tal punto que la tasa de natalidad en las familias pobres se vuelve más alta y condiciona mucho
más sus ingresos. Es precisamente en este punto cuando es necesario regular la tasa de fert-
ilidad mediante la difusión de técnicas de control de fertilidad y natalidad, lo cual genera un
canal distributivo para que este índice entre ambos grupos vuelva a ser neutral. Este escenario
conlleva a que se genere una relación en forma de U invertida entre la fertilidad y la pobreza
(Wietzke, 2020)
Pobreza
Como bien lo indican Bazán et al. (2011), la pobreza es un hecho que ha existido a lo largo de
la historia, pero es apenas en los años ochenta cuando la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) establece como tal el concepto de pobreza y lo relaciona a las
necesidades básicas insatisfechas. Posteriormente, el Banco Mundial, durante la década de los
noventa, lo determina como la dicultad para lograr un nivel de vida mínimo sobre todo en
cuanto al acceso a servicios básicos: agua, luz, alimentación, etc.
Del mismo modo, Sen (1981), CEPAL (2003) y Gordón (2004) concuerdan que la pobreza se
construye por medio de un fenómeno social y económico que limita a un individuo a insertarse
en la sociedad: el principal problema es la explotación laboral que acarrea consigo bajos salarios
y, por tanto, la calidad de vida de la persona se ve afectada en varios aspectos: salud, acceso a
educación, alimentación, entre otros.
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Malthus y sus perspectivas teóricas
Malthus (2016) planteó un modelo sencillo en el que los factores económicos y el cambio
demográco están vinculados con el comportamiento reproductivo de las familias. Bajo la
visión clásica el modelo establece que la oferta de trabajo es perfectamente elástica al salario de
subsistencia, por lo que en épocas de auge económico los matrimonios aumentan y, por ende,
las parejas tienen más hijos. En palabras más simples, cuanto mayor sea el ingreso per cápita
más aumenta la tasa de fertilidad y la oferta de mano de obra.
Este panorama genera que eventualmente los precios de los alimentos suban y los salarios
tiendan a la baja. Pero no solo ello, pues al mantenerse en crecimiento la oferta de mano de obra
-que está sujeta a los rendimientos decrecientes del capital y la tierra- la productividad laboral
baja y, en consecuencia, ante una caída del consumo, las tasas de matrimonio y fertilidad caen y
la mortalidad aumenta. Es de esta manera que Malthus supuso que las familias no establecerían
controles sobre su reproducción, y al existir rendimientos decrecientes de la tierra llegaría un
momento en donde no habría recursos sucientes para atender las necesidades de subsistencia
de la población. Por ello al tener un enfoque entre la educación y la pobreza se conoce que
está vinculado con el capital humano, donde considera a la educación como un instrumento
relevante para reducir la pobreza (Eryong y Xiuping, 2018).
Fertilidad
Durán (2012) y Valdés (2012) coinciden que la fertilidad es la capacidad que tiene la mujer
para concebir, en donde el número de hijos constituye el indicador de medición y entran en
juego aspectos como edad, periodo y riesgo de mortalidad desde el nacimiento hasta el término
del periodo fértil. Además, Hirschman (1994) y Rodríguez (2013) aclaran que este fenómeno
tiene un inicio y un n marcado: empieza cuando la mujer tiene su primera menstruación y
culmina en la menopausia.
Por supuesto, el hecho de que una mujer sea fértil no implica que por ello deba tener hijos sin
planicarlos. Precisamente, Easterlin (1975) sostiene que la planicación familiar es crucial
para analizar la demanda2 de hijos, la producción potencial y los costes de regulación, o sea la
cantidad de hijos que una familia desea tener, los que realmente puede tener durante su vida
fértil y los recursos económicos y de tiempo requeridos para educarlos.
Otro contraste son los planteamientos de Becker (1960) que parten de los argumentos
malthusianos sobre la fertilidad y su efecto en los ingresos familiares. En primer lugar, sostiene
2. La demanda de hijos hace referencia al deseo emocional y psicológico de una pareja por tener una cantidad determinada de
hijos.
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Pobreza y fertilidad en Ecuador, período 2020
111
que hay una correlación inversa entre el nivel de ingresos y la tasa de fertilidad: las familias
con ingresos más altos tienen mayores conocimientos de planicación familiar y métodos
anticonceptivos. También, como es lógico, enfatiza que los hijos de las familias pudientes
tienen mejores condiciones educativas, de salud y alimentación que aquellos hogares de bajos
recursos.
En segundo lugar, la teoría hace hincapié en que los hijos pueden ser considerados como una
fuente de ingresos o una satisfacción psicológica. Es así como en algunas familias los hijos
suelen aportar económicamente, aunque esto depende de diversas variables como la edad,
género, estado de salud o valores morales del niño (Becker y Lewis, 1973). Por otro lado,
según Becker (1960), los hijos pueden ser considerados como bienes de consumo duradero
dado que proporcionan cierta utilidad y, por ende, el costo de los hijos es endógeno dado que
los progenitores incrementan su utilidad al concebir más niños e invertir más en ellos.
Por ello, la fertilidad como determinante de la pobreza según Eloundou et al. (2017) y Wietzke
(2020), mencionan que, la transición de la fertilidad en la sociedad es posible ilustrarla bajo la
hipótesis de la curva de Kuznets3: la fertilidad entre la población en estado de pobreza y aquella
con mejores condiciones aumenta en las primeras etapas de la transición demográca, en vista
de que el índice de fertilidad es relativamente más alto en los hogares de bajos recursos.
La restricción presupuestaria familiar
El planteamiento teórico expuesto por Birdsall y Grin (1988) parte de los argumentos de
Becker y Lewis (1973) y establece que la tasa de fertilidad de un hogar es un factor no económico
que incide en la optimización de recursos: el hogar maximiza su función de utilidad con base
en la cantidad de hijos, así como varios insumos. Esto puede expresarse bajo la ecuación 1:
N es el número de hijos del hogar, Q es la inversión que realiza el hogar en cada niño4 y
Z representa el consumo de otras mercancías. Entonces, los padres maximizan su utilidad
sujetos a una restricción de la función mientras que los hijos (y Z) y requieren insumos no solo
monetarios sino de tiempo de los padres.
3. Existe una relación en forma de U invertida entre la desigualdad y el ingreso promedio: en la primera etapa se experimenta
un crecimiento acelerado, lo cual genera que el ingreso incremente sobre todo en sectores económicos dinámicos. Este llegue
a cierto umbral donde empieza el decrecimiento pues la productividad cae a causa de que las ganancias se extendieron en la
población.
4. El modelo plantea que los padres invierten recursos monetarios para benecio de sus hijos (alimentación, vestimenta,
educación, salud, etc.) así como tiempo en su crianza, lo cual índice en que el tiempo dedicado para trabajar sea menor.
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Por otro lado, la ecuación 2 establece que:
Donde y representan los vectores de la cantidad de tiempo y bienes que los padres dedican a
los hijos durante su vida. N y Q son elementos separados de la función de utilidad, pero en la
función de producción son servicios secundarios (C). De esta manera, las familias enfrentan
una restricción presupuestaria de ingresos plenos denida en ingresos y tiempo de los padres
(ecuación 3):
En este caso, I es el ingreso de la familia, los precios que minimizan los costos, pn son precios
jos dentro del componente de gastos del niño -que es independiente al nivel de Q elegido- y pq
es el precio jo del componente de costos para un nivel de Q, que es independiente del número
de hijos (N). La restricción presupuestaria reeja que el tiempo y recursos de los padres para
criar a sus hijos representan recursos que podrían haber sido destinados al trabajo u al ocio.
En resumen, el plano teórico expuesto por Birdsall y Grin (1988) menciona que el problema
demográco derivado de las altas tasas de fertilidad conduce a procesos de generación de
pobreza. Explica así que la alta fertilidad ejerce presión sobre los presupuestos de las familias
pobres y reduce los recursos disponibles para alimentación, educación y atención médica para
los miembros de la familia.
Metodología
Descripción de variables
Los datos provienen del registro estadístico de nacidos vivos y defunciones fetales del año
2020 proporcionado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que contó con
un total de 266.891 observaciones. En una primera evaluación al total de las observaciones
se determinó que aproximadamente un 3,17% de los casos no tenían información, por lo
cual fueron descartados. En una segunda evaluación, se determinó que el 0,03% de los casos
pertenecían a casos con información incompleta en las diferentes categorías del registro, por lo
que fueron descartados de igual manera para evitar sesgos por falta de información. Posterior
a la depuración del registro estadístico de nacidos vivos y defunciones fetales, se contó con un
total de 258.096 observaciones válidas para realizar las estimaciones.
La variable dependiente por utilizar hace referencia a la pobreza, misma que es una variable
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Pobreza y fertilidad en Ecuador, período 2020
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dicotómica; es decir, toma el valor de 1 en los casos donde la mujer se encuentra en condición
de pobreza y 0 en el caso contrario. El registro base de la investigación no cuenta con esta
variable, por lo que fue necesario realizar el cálculo de esta. La medición de la pobreza se basó
en los criterios de pobreza multidimensional descrita por Castillo y Jácome (2016), donde se
considera que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando carece de seguridad y
atención social, salud, alimentación, educación, hábitat y vivienda adecuada.
Los criterios aproximados para determinar la condición de pobreza de una persona en función
a la información del registro estadístico de nacidos vivos y defunciones fetales (2020) son:
1) peso del nacido menor a 3 kilos5 que reejaría una deciencia nutricional por una peso
menor al recomendado; 2) que la madre haya asistido a realizarse entre cero y cinco controles
prenatales6; 3) que la madre no posee un seguro de salud, en este aspecto, se ha considerado a
las mujeres cuyo parto fue atendido en un centro de salud pública o casa de benecencia; 4) un
bajo nivel de escolaridad de la madre; es decir, se ha establecido en esta categoría a mujeres
que no tienen ningún nivel de instrucción o han realizado estudios hasta la secundaria. De esta
manera, las mujeres que cumplieron con las cuatro condiciones fueron categorizadas en la línea
de pobreza multidimensional.
En cuanto a las variables explicativas de la pobreza, se tomaron: 1) el número de hijos vivos
que tiene la mujer hasta su último parto como variable que explica la fertilidad; 2) la identidad
étnica de la madre, la cual se encuentra desagregada en cuatro categorías -indígena, afro-
ecuatoriana, mestiza, y blanca-; 3) el nivel de estudios de la mujer, la cual esta desagregada en
tres categorías -sin estudios, educación básica, y educación secundaria-; 4) estado civil de la
mujer, donde se consideraron si está casada o soltera; 5) edad de la madre y 6) la residencia de
la madre.
Elección del modelo de regresión logística
Para dar validez a las estimaciones de la regresión logística (logaritmo de la razón de
probabilidades) Hsiao (1996) y Dubin y Rivers (1989) arman que es importante realizar una
selección adecuada ente los modelos que pertenecen a esta categoría, como los modelos logit
y probit. Esto permitirá establecer una forma funcional sobre la especicidad y las relaciones
entre la variable dependiente y las variables independientes. Britt y Weisburd (2009) y Powers
(2020) señalan que la valoración de la matriz de confusión o de contingencia binaria es una
herramienta adecuada para evaluar el rendimiento de la estimación, a partir del comportamiento
5. Velázquez et al. (2004) arman que el bajo peso del recién nacido es un problema da salud pública mundial, que conlleva a
un aumento de los índices de mortalidad infantil. Entre las causas más comunes de este problema se encuentra la deciencia
nutricional materna Recinos (2018) menciona que la desnutrición materna se genera en ambientes de pobreza.
6. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (2015) un control prenatal en un embarazo de bajo riesgo requiere un mínimo
de cinco chequeos realizados por profesionales de salud en condiciones adecuadas.
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de sensibilidad y especicidad de la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos,
donde muestran el porcentaje de clasicación correcto.
En la tabla 1 se presenta los valores calculados de la matriz de confusión para el modelo
logit y probit estimados, donde la diagonal positiva verde representa predicciones correctas
y la diagonal negativa roja predicciones incorrectas. Los resultados muestran que existe una
especicidad del 100%, mostrando que el modelo predice casos de no pobreza. Ahora bien, lo
importante en esta evaluación de acuerdo con Powers (2020) es el porcentaje de clasicación
correcto de casos. Los modelos, logit y probit en este caso, presentan un mismo valor de
clasicación correcto del 88,36%.
Tabla 1. Evaluación de la regresión logística: Matriz de confusión o de contingencia binaria
Fuente: elaboración propia.
Como ambos modelos presenta un mismo valor de clasicación de casos correctos, Powers
(2020) menciona que la elección de un modelo también puede ser por medio del cálculo del
área de la curva de características operativas del receptor (ROC), la cual señalaría una correcta
especicación cuando presente valores superiores a 0,5. En la Figura 2 se observan las curvas
ROC para el modelo logit y el modelo probit.
Los resultados muestran que el modelo logit presenta un mayor valor en comparación al modelo
probit, por lo que efectivamente el modelo logit es el que mejor se ajusta a las características
de los datos.
(b) Modelo Probit
(a) Modelo Logit
Pobre
Pobre
(Pobre) +
(No pobre) -
No pobre
No pobre
Total
(Pobre) +
(No pobre) -
Total
Sensibilidad
Especificidad
Clasificación correcta
Sensibilidad
Especificidad
Clasificación correcta
2
30.040
30.042
30.042
30.042
1
11
228.053
228.054
228.054
228.053
3
258.093
258.096
258.095
258.096
0.01%
100.00%
88,36%
0.00%
100.00%
88,36%
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Pobreza y fertilidad en Ecuador, período 2020
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Figura 2. Curva ROC
(a) Modelo Logit
Área curva ROC = 0.7390
(b) Modelo Probit
Área curva ROC = 0.7385
Metodología modelo Logit
Con base en los trabajos de Birdsall y Grin (1988), Henao (2017) y Lanchimba y Díaz (2017),
la relación entre las variables puede ser expresada mediante una función tradicional tipo Cobb-
Douglas como se detalla en la ecuación 4.
En este caso, la pobreza está en función del índice de fertilidad de una población (i) y de un
conjunto de variables (Vs) como la identidad étnica de la madre, nivel de estudios, estado
civil, edad y lugar de residencia. La formulación del modelo parte de la condición de pobreza
de un hogar: si y = 1; el hogar se encuentra en condiciones de pobreza, si y = 0; el hogar no se
encuentra en dicha condición. Pucutay (2002) y Martínez (2008) describen dicho modelo en
las ecuaciones 5 y 6.
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La probabilidad de que un hogar sea pobre es:
Y la probabilidad de que el hogar no sea pobre es:
Los parámetros reejan el impacto que las variables x tienen sobre la probabilidad de ser o no
pobre. De este modo, para establecer la probabilidad de que un hogar sea pobre a causa de una
alta fertilidad se espera que a un mayor número de hijos mayores la probabilidad de caer en
pobreza aumente. Entonces, la representación del modelo logit, que resultó ser el más eciente,
se lo expresa en las ecuaciones 7, 8 y 9.
La ecuación 9 es una función de distribución logística dado que Z se encuentra dentro de un
rango de , además Pi está entre 0 a 1 y no está relacionado linealmente con Zi (Pucutay, 2002),
mientras que e es el número de Euler que representa el logaritmo natural con un valor constante
de 2,718. Al agrega la descripción de las variables explicativas de la pobreza, la ecuación (9)
puede ser replanteada en la ecuación (10).
En la tabla 2, se describe a detalle cada una de las variables expresadas en la ecuación (10).
Tabla 2. Descripción de las variables
P(Y=1/x
i
X
X
X
X
X
1
2
3
4
5
Pobreza
Fertilidad
Indígena
Afro-
ecuatoriana
Mestizo
Blanca
Dicotómica
Dicotómica
Dicotómica
Dicotómica
Dicotómica
Continua
Razón de probabilidad para que un hogar sea considerado pobre.
Fertilidad
Número de hijos que tiene una mujer hasta su último parto.
Identidad étnica
Toma el valor de 1 si la mujer se identifica como indígena y 0 si se
Toma el valor de 1 si la mujer se identifica como afro-ecuatoriana y
Toma el valor de 1 si la mujer se identifica como mestiza y 0 si se
Toma el valor de 1 si la mujer se identifica como blanca y 0 si se
identifica con otra etnia.
identifica con otra etnia.
identifica con otra etnia.
0 si se identifica con otra etnia
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Pobreza y fertilidad en Ecuador, período 2020
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Fuente: elaboración propia.
Resultados
En la tabla 3 se presentan los resultados de la estimación del modelo logit. En cuanto al resumen
del modelo se obtuvo un Pseudo R cuadrado igual a 0,1257, por lo que, el 12,57% de las veces
la pobreza es explicada por el número de hijos, la identidad étnica, el nivel de estudios, el
estado civil, la residencia y la edad de la madre. La prueba de chi-cuadrado del modelo en
general dio una probabilidad menor al 5% (p-valor<0,05), lo que implica que la estimación es
adecuada, signicativa y que los resultados son conables.
Al tratarse de un modelo de regresión logística, los coecientes estimados no son directamente
interpretables como sucede en los modelos de regresión lineal, debido a que las características
inherentes del modelo permiten estimar únicamente probabilidades de ocurrencia. Sin
embargo, una primera interpretación de los resultados puede enfocarse en las relaciones de las
variables explicativas y la variable dependiente en función del signo calculado por el modelo
y el nivel de signicancia. El número de hijos se relaciona positiva y signicativamente con la
pobreza, por lo que se esperaría que a un mayor número de hijos mayores las probabilidades
de caer en una situación de pobreza. En lo referente a la identidad étnica, las categorías afro-
ecuatorianas y mestiza resultan ser no signicativas, mientras que la identicación indígena
resulta ser signicativa y relacionarse positivamente con la pobreza; en contraste, las mujeres
identicadas como blancas se relacionan negativa y signicativamente con la pobreza.
Por otro lado, las mujeres que no presentan ningún tipo de instrucción escolar tienen una relación
positiva y signicativa con la pobreza; sin embargo, se observa que a medida que aumentan
los años de escolaridad, el coeciente calculado se vuelve más pequeño, por lo que se podría
interpretar que a medida que la instrucción de una mujer aumenta, sus probabilidades de caer en
situación de pobreza caen. La categoría de estado civil es signicativa en relación a la pobreza,
Sin estudios Dicotómica
X6
Nivel de educación
Toma el valor de 1 si la mujer no cuenta con ningún tipo de
educación y 0 si tiene algún nivel de educación
X
X
X
X
X
X
7
8
9
10
11
12
Educación
Educación
básica
secundaria
Soltera
Casada
Edad
Residencia
Dicotómica
Dicotómica
Dicotómica
Dicotómica
Dicotómica
Continua
Toma el valor de 1 si la mujer cuenta únicamente con educación
básica y 0 si tiene otro nivel de educación
Toma el valor de 1 si la mujer cuenta con educación secundaria y 0
si tiene otro nivel de educación
Estado civil
Toma el valor de 1 si la mujer menciona estar soltera y 0 si tiene
Toma el valor de 1 si la mujer menciona estar casada y 0 si tiene
Toma el valor de 1 si la mujer vive en el área urbana y 2 si
otro estado civil
otro estado civil
pertenece al área rural
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Eduardo G. Zurita-Moreano, Nelly S. Maliza-Chavez, María G. González Bautista
donde las mujeres solteras se relacionan positivamente y las mujeres casadas negativamente. La
variable residencia es signicativa y se relaciona negativamente con la pobreza, por lo que, el
modelo sugiere que las mujeres del sector rural tienen menos posibilidades de caer en pobreza.
Finalmente, la edad de la madre presenta un signo negativo y signicativo; las mujeres jóvenes
tienen mayor probabilidad de recaer en una situación pobreza según su contexto social.
En la tabla 3 también se puede observar los efectos marginales, estos muestran la probabilidad,
por cada variable, de que una mujer pueda caer en situación de pobreza. Los resultados de
estos efectos exponen que por cada hijo adicional que una mujer tenga su probabilidad de
caer en situación de pobreza aumenta en 1,3%. En lo referente a la etnia, una mujer que se
identica como indígena tiene un 4,5% más de probabilidades de caer en pobreza en relación
con otra identicación étnica. En contraste, una mujer que se identica como blanca tiene
3,03% menos de probabilidades de caer en pobreza que una mujer con una etnia distinta. Sin
embargo, el nivel de educación que tiene una mujer es la variable que mayor impacto genera.
Es así que, una mujer sin ningún tipo de educación tiene un 54,04% más de probabilidades de
caer en pobreza. Esta probabilidad disminuye a medida que el nivel de educación de la mujer
avanza, como, por ejemplo, una mujer que cuenta solo con estudios secundarios tendrá una
probabilidad del 35,7% de caer en pobreza.
El estado civil, aunque es una variable altamente signicativa, presenta por si sola un
bajo impacto en las probabilidades de caer en pobreza. Una mujer soltera tiene 1,07% de
probabilidades de caer en dicha situación; mientras que, una mujer casada tiene 1,3% menos
de probabilidades. En cuanto a la residencia, una mujer del vive en el área urbana tiene 1,02%
más de probabilidades de caer en pobreza que una mujer que vive en el área rural. Finalmente,
por cada año que cumpla una mujer, su probabilidad de caer en pobreza disminuye en un 0,3%.
Tabla 3. Estimación del Modelo Logit: Fertilidad y Pobreza en el Ecuador, 2020
Variable Dependiente
Variables Independientes
Número de Hijos
Identificación étnica
Indígena
Afro-ecuatoriana
Mestiza
Blanca
Nivel de estudios
Sin estudios
Educación básica
Pobreza
Coeficientes calculados Efectos marginales
0,131***
0,471***
1,3%***
4,5%***
-3,03%***
-0,317***
5,645*** 54,04%***
5,280*** 50,5%***
(21,05)( 21,08)
(10,43) (10,43)
(0,33)( 0,33)
(-0,32) (-0,32)
(-2,81) (-2,81)
(36,71) (36,43)
(37,24) (36,90)
0,0230
-0,0124 -0,1%
0,2%
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Pobreza y fertilidad en Ecuador, período 2020
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Nota: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001; t estadístico entre paréntesis
Discusión
Se debe tener en cuenta que los hallazgos de este trabajo no son concluyentes, sino que se
encuentran alineados al apartado de discusión, debido al trabajo metodológico que se llevó
a cabo, especialmente en el cálculo de la variable pobreza. En relación con ello, los mismos
deben ser analizados de manera cuidadosa, pues muestran solo una aproximación basada en
probabilidades. De los resultados obtenidos resalta el hecho que la fertilidad tiene una incidencia
positiva en la pobreza.
Por otro lado, aunque la fertilidad resultó ser estadísticamente signicativa, por si sola parece
jugar un papel modesto para explicar la condición de pobreza. Esto es, que la alta fertilidad
necesita estar acompañada de otras condiciones (por ejemplo, bajo nivel de escolaridad, que
sea madre soltera, y sea soltera) para que las probabilidades de ingresar en la línea de pobreza
multidimensional sean signicativas.
En ese sentido, el estudio de Datta y Dubey (2003) llevado a cabo en la India establece que la
fertilidad tiene una incidencia positiva en el índice de pobreza, hecho que coincide rotundamente
con los resultados del modelo de regresión logística aplicado en esta investigación, pero con la
diferencia de que las variables de control en la India fueron el sexo de los dos primeros hijos.
Por su parte, la investigación de Odwe (2015) -ejecutada en Kenia- identicó también una
relación positiva entre fertilidad y pobreza y tomó en cuenta como variable de control al
nivel de educación. Es así como los resultados ratican que un mayor número de hijos sí está
relacionado con un mayor nivel de pobreza. Al comparar con los resultados en Ecuador, en
Educación secundaria
Estado civil
Soltera
Casada
Residencia
Edad
Constante
Resumen del modelo
Número de observaciones
PR2
Prob. Chi cuadrado
3,732*** 35,7***
0,112*** 1,07***
-0,107***
-0,0389***
-6,053***
-1,3***
-1,02***
-0,139***
(25,97) (25,82)
(7,07) (7,07)
(-6,57) (-6,57)
(-7,01)
(-7,01)
(-28,66) (-28,70)
(-39,99)
-0,3%
<0,05
0,1257
258.096
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ambos países la fertilidad decreció con el pasar de los años, tal es el caso que hoy en día la
familia está conformada entre dos y tres hijos debido a que se ha dado mayor importancia a la
educación y, por ende, a tener mejores condiciones económicas y calidad de vida.
Al analizar los efectos que la fertilidad tiene en la pobreza, el estudio de Libois y Somville
(2017) en Nepal muestra que un tamaño más grande del hogar inuye signicativamente en
el aumento del nivel de pobreza y está vinculado con padres jóvenes. En el caso de Ecuador,
en 2020 se evidenció que el estado civil predominante fue soltero y que las madres jóvenes
y con hijos tienden a aumentar sus probabilidades de caer en una situación de pobreza. En
este contexto, el estudio de Henao (2017) realizado en Medellín establece que el nivel de
educación, edad y número de hijos (variables explicativas) adquieren un gran peso al momento
de establecer si una persona llega a ser pobre o no debido a que determinan la participación
laboral de los padres, sus ingresos y calidad de vida.
El caso de estudio realizado por Lanchimba y Díaz (2017) en Ecuador devela que los padres
de familias con bajos niveles de educación e ingresos tienen un mayor número de hijos debido
a que consideran que mientras más tengan mayores serán los ingresos que generen en su hogar
cuando los hijos se conviertan en mano de obra activa.
Un hallazgo que llama la atención es como las mujeres que residen en el área urbana tienen más
probabilidades de caer en situación de pobreza que las mujeres en el área rural. Enríquez (2009)
menciona que esta situación podría darse por algunos factores, uno de ellos es el alto costo de
vida en el área urbana en relación al área rural, lo que puede hacer que resulte más difícil para
las mujeres satisfacer el total de sus necesidades. Mientras que Frías (2011), explica que las
mujeres que habitan en el área urbana son de etnia indígena y se encuentran en una etapa de
gestación tienden a ser mayormente discriminadas en el mercado laboral, en relación con las
mujeres del área rural. Con ello, se podría mencionar que los mayores niveles de discriminación
laboral que sufren las mujeres en el sector urbano pueden incrementar las probabilidades de
caer en pobreza.
Conclusiones
En 2020, el índice de fertilidad presentó una tendencia decreciente con un rango de uno a dos
hijos por familia, en donde los padres se identicaron como mestizos y su nivel de instrucción
predominante fue la educación básica (escuela). Por otra parte, se observó que la mayoría de
los ecuatorianos que tienen hijos son solteros y viven en el área urbana. No obstante, a pesar
de que en el área rural el porcentaje es menor se determinó que son los que más hijos procrean
por familia.
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 103-125. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.06
Pobreza y fertilidad en Ecuador, período 2020
121
Durante 2009 a 2021, la tasa de pobreza multidimensional en Ecuador se redujo en veinticuatro
puntos porcentuales: los habitantes del área urbana son quienes han sufrido en mayor medida
privaciones de una tercera parte a más de los indicadores de educación, trabajo, salud y vivienda,
y es la privación de trabajo y seguridad social lo que más aporta a incrementar el índice de
pobreza multidimensional. Este hecho está vinculado con las condiciones actuales del mercado
laboral en donde hay altos niveles de desempleo y subempleo.
Mediante la aplicación de la regresión logística se obtuvieron hallazgos que se enmarcan en
la teoría. En primer lugar, la fertilidad medida como el número de hijos inuye positiva y
signicativamente sobre las probabilidades de caer en una situación de pobreza multidimensional.
Por cada hijo que una mujer tenga, sus probabilidades aumentan en 1,3%. Sin embargo, este
efecto marginal es modesto al compararlo con otros determinantes de la pobreza, particularmente
con la educación. En este sentido, una mujer sin estudios tiene una probabilidad superior al
54% de caer en situación de pobreza. Así mismo, las mujeres identicadas con la etnia indígena
parecen tener mayores posibilidades de caer en dicha situación, y que reejan la heterogeneidad
social estructural. De tal manera, la fertilidad al estar acompañada de otros factores asociados
a la marginación social de la mujer deriva en que sus probabilidades de caer en pobreza sean
mayores, lo cual describe un escenario crítico del entorno social.
Una de las limitaciones de la investigación es que los resultados obtenidos no son concluyentes
debido a la falta de una información integral que permita construir una variable de pobreza
mucho más sólida, lo cual hace que los hallazgos presentados sean conservadores. Sin embargo,
ofrece una alternativa que describe el canal por el cual los patrones de la fertilidad pueden
inuir en la dinámica social, principalmente cuáles son los condicionantes que podrían explicar
la pobreza en el país. Por lo tanto, la presente investigación abre las puertas a la discusión y,
con ello, el incentivo a futuras investigaciones que centren su atención en esta problemática.
Resultaría interesante realizar análisis correlacionales entre los patrones históricos de la
fertilidad enmarcada en la transición demográca y los diferentes indicadores sociales como la
desigualdad, los índices de mortalidad infantil, el desarrollo humano, entre otros.
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ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Fabián X. Martínez-Ortiz
fabian.martinez@utc.edu.ec
Universidad Técnica de Cotopaxi
(Latacunga– Ecuador)
ORCID: 0000-0001-8721-3401
Guido P. Santamaría-Quishpe
guido.santamaria@utc.edu.ec
Universidad Técnica de Cotopaxi
(Latacunga– Ecuador)
ORCID: 0 000-0003-3680-066X
Efrén G. Montenegro-Cueva
efren.montenegro@utc.edu.ec
Universidad Técnica de Cotopaxi
(Latacunga– Ecuador)
ORCID: 0000-0001-8196-4984
Milton Marcelo Cárdenas
milton.cardenas@utc.edu.ec
Universidad Técnica de Cotopaxi
(Latacunga– Ecuador)
ORCID: 0000-0002-2492-6460
Recibido: 16/11/23
Aceptado: 31/12/23
KAIRÓS, Vol. (7) No.12, pp. 126-139, enero - junio 2024
MOTIVACIÓN EN LOS
PEQUEÑOS NEGOCIOS: UNA
TAXONOMÍA EMPÍRICA DE
PROPIETARIOS UTILIZANDO
ANÁLISIS FACTORIAL
EXPLORATORIO
MOTIVATION IN SMALL
BUSINESSES: AN EMPIRICAL
TAXONOMY OF OWNERS
USING EXPLORATORY FACTOR
ANALYSIS
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.07
ISSN No. 2631-2743
,
KAIRÓS, Vol. (7) No.12, pp. 126-139, enero - junio 2024
Resumen
Los propietarios de los pequeños negocios son
heterogéneos y sus diversas características inuyen en el
enfoque de motivación. El objetivo es brindar soluciones
a dos problemas de motivación relacionados con la
heterogeneidad: débil política de capacitación para abordar
temas especícos en propietarios de pequeños negocios;
y segundo, la dicultad para los propietarios de conocer
y adaptar a la práctica la motivación. La solución es crear
una taxonomía de propietarios-motivadores. Se desarrollar
una taxonomía a través del análisis factorial exploratorio
(n=386). Los hallazgos presentan una taxonomía de
cinco tipos de motivadores en negocios pequeños:
progresista, comunicador, exible, innovador y responsable
socialmente, lo que implica mejorar el potencial motivador
en los propietarios de pequeños negocios ofreciendo apoyo
práctico en sus actividades relacionadas a la motivación.
Palabras clave: pequeños negocios, motivación,
cultura, taxonomía.
Abstract
Small business owners are heterogeneous, and their various
characteristics inuence the motivation approach. The
objective is to provide solutions to two motivation problems
related to heterogeneity: weak training policy to address
specic issues in small business owners; and second, the
diculty for owners to know and adapt motivation to
practice. The solution is to create a taxonomy of owner-
motivators. A taxonomy will be developed through
exploratory factor analysis (n=386). The ndings present a
taxonomy of ve types of motivators in small businesses:
progressive, communicative, exible, innovative, and
socially responsible, which involves improving the
motivating potential in small business owners by oering
practical support in their motivation-related activities.
Keywords: small business, motivation, culture,
taxonomy
MOTIVACIÓN EN LOS
PEQUEÑOS NEGOCIOS: UNA
TAXONOMÍA EMPÍRICA DE
PROPIETARIOS UTILIZANDO
ANÁLISIS FACTORIAL
EXPLORATORIO
MOTIVATION IN SMALL
BUSINESSES: AN EMPIRICAL
TAXONOMY OF OWNERS
USING EXPLORATORY FACTOR
ANALYSIS
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.07
Fabián X. Martínez-Ortiz, Guido P. Santamaría-Quishpe, Efrén G. Montenegro-Cueva, Milton Marcelo Cárdenas
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(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.07
128
Introducción
La motivación es un concepto fundamental en la gestión de pequeñas empresas, ya que
desempeña un papel crucial en el rendimiento y el éxito de estos negocios. La motivación se
reere a las fuerzas internas y externas que impulsan a las personas a actuar de cierta manera y a
esforzarse por alcanzar metas y objetivos especícos. En el contexto de las pequeñas empresas,
la motivación es esencial para mantener a los empleados comprometidos, productivos y
satisfechos, lo que a su vez tiene un impacto directo en la eciencia operativa y la rentabilidad
de la empresa.
La motivación es considerada el motor que impulsa a una persona a tomar una conducta
determinada (Urcola, 2008), y se usa para describir las fuerzas que actúan sobre un organismo
para dirigir la conducta. La motivación en los seres humanos es cambiante y relativa que viene
a ser difícil unicar un concepto. Sin embargo, esta acción tiene efecto en las actividades de las
organizaciones desde quienes están liderando hasta el personal operativo.
Para Kim et al., (2023) la motivación intrínseca es el deseo por hacer el trabajo por satisfacción
personal. En las pequeñas empresas puede ser un desafío único debido a las características
particulares de este tipo de organizaciones. A menudo, las pequeñas empresas tienen recursos
limitados, estructuras organizativas más planas y equipos de trabajo reducidos en comparación
con las grandes empresas. Esto signica que los líderes y gerentes de pequeñas empresas deben
comprender a fondo las necesidades y deseos de sus empleados, así como aplicar estrategias de
motivación efectivas para lograr un entorno laboral productivo y armonioso.
Los motivadores se pueden separar en proactivos-reactivos e internos-externos; siendo internos
los que se derivan del interior de la empresa y externos del entorno (Stouraitis et al., 2017).
Existen diversas teorías y enfoques que pueden guiar la comprensión de la motivación en las
pequeñas empresas. Algunas de las teorías más inuyentes incluyen la teoría de la motivación
humana de Abraham Maslow, la teoría de la motivación y la higiene de Frederick Herzberg y la
teoría de la autodeterminación de Edward Deci y Richard Ryan.
Las teorías ofrecen perspectivas diferentes sobre los factores que inuyen en la motivación de
los empleados, como las necesidades humanas, la satisfacción en el trabajo y la autorregulación.
La aplicación efectiva de la motivación en pequeñas empresas implica considerar factores como
la cultura organizativa, la comunicación interna, la retroalimentación constante, la participación
de los empleados en la toma de decisiones y la creación de un entorno de trabajo que fomente
la autonomía, el reconocimiento y el desarrollo personal.
La motivación también puede estar estrechamente vinculada a la visión y la misión de la empresa,
así como a la creación de metas claras y realistas. Los líderes y gerentes de estas organizaciones
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(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.07
Motivación en los pequeños negocios: una taxonomía empírica de propietarios utilizando análisis factorial exploratorio
129
deben comprender las teorías de la motivación y aplicar estrategias efectivas para mantener a
los empleados comprometidos y productivos. Al hacerlo, pueden crear un entorno de trabajo
favorable que contribuya al logro de los objetivos empresariales y al bienestar de su personal.
Esta investigación parte considerando que el propietario individual es particularmente
inuyente a la hora de determinar la motivación en la empresa, particularmente en las pequeñas
empresas donde hay limitada inuencia gerencial (Cantú y Pineda, 2015). La heterogeneidad
de los propietarios en la gerencia del negocio genera dos problemas: primero, la dicultad en
conocer cuáles son los elementos con los que motivan. Esto lleva el segundo problema: que la
amplia variación de enfoques de motivación en los propietarios de empresas pequeñas frustra
los intentos de comprender y mejorar su enfoque de motivación en la empresa.
Empleamos la teoría de la motivación, que es una teoría de estudio fundamental en la
psicología y la gestión empresarial que se centra en comprender las fuerzas que impulsan el
comportamiento humano. Se puede argumentar que la motivación es una actividad que debe
aplicarse permanentemente para alcanzar un mejor rendimiento en los pequeños negocios con
recursos limitados (Majid et al., 2020).
Nuestro método consiste en aplicar un análisis factorial exploratorio a un conjunto de datos
de pequeños negocios en el sector comercial (n= 386). Se busca derivar factores comunes
entre las características, enfoques de motivación de los propietarios en las pequeñas empresas
comerciales. Aclaramos que el punto focal del estudio es el propietario de la empresa, aunque
reconocemos que la motivación es a nivel de la empresa.
Por lo tanto, hacemos dos contribuciones: en primer lugar, contribuimos al desarrollo de
los propietarios de los pequeños negocios relacionados a la motivación. En segundo lugar,
contribuimos en la práctica mediante la creación de esta taxonomía simple para que los
propietarios pueden utilizar y comprender un enfoque de motivación en pequeños negocios.
La taxonomía de motivación puede ser utilizado por organismos de política gubernamental
como herramienta de diagnóstico para realizar intervenciones políticas en este tipo especíco
de negocios. Al hacerlo, respondemos a una explicación y aplicación de la motivación en las
empresas pequeñas.
El resto del artículo está organizado de la siguiente manera: desarrollamos dos preguntas de
investigación del campo de la literatura que se superponen: apoyo político y capacitación,
la motivación en los pequeños negocios, taxonomías de la motivación y los conocimientos
teóricos proporcionados por la motivación. Luego describimos nuestros métodos, los resultados
y, nalmente las implicaciones para las políticas y la práctica.
Fabián X. Martínez-Ortiz, Guido P. Santamaría-Quishpe, Efrén G. Montenegro-Cueva, Milton Marcelo Cárdenas
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Apoyo político y capacitación sobre motivación en los pequeños negocios
La formación del emprendedor juega un papel importante en el éxito de los pequeños negocios
(Jardon et al., 2020). Por esta razón, los gobiernos han visualizado que al apoyar actividades
de emprendimiento motivan el incremento de actividades productivas, y tratan de subsanar los
rezagos y demandas que la sociedad que exige empleos y ocupación como mecanismo para
combatir la pobreza.
Una investigación realizada por Tharenou (2001) en Australia, mediante una encuesta aplicada
a 5.100 empleados del sector público y privado con el objetivo de evaluar la motivación y
el interés hacia la participación del empleado en el entrenamiento y desarrollo. El estudio
determinó que la motivación hacia los empleados y colaboradores genera mayor ecacia y
compromiso con la organización donde trabajan.
Introducir nuevas tecnologías de información puede motivar al capital intelectual y lograr una
adaptación positiva entre las partes logrando traer rentabilidad y supervivencia a largo plazo a
los pequeños negocios (Linton y Solomon, 2017).
Witschel et al., (2019) mencionan que los medios tecnológicos de digitalización han cambiado
la organización y estrategia de la empresa al permitir elaborar e implementar la estrategia para
mantenerse competitivos. Además, la estrategia digital como parte de la estrategia de capacidad
dinámica permite adoptar con éxito los cambios constantes en el ambiente comercial.
Para eso, es necesario tener programas con el n de proporcionar recursos y capacitación a los
propietarios de pequeños negocios, lo cual tendría un impacto en el desarrollo de habilidades
y capacidades para el propietario del negocio. Por lo tanto, la formación empresarial es
determinante, ya que el fomento motivacional ayuda a crear el ambiente empresarial necesario
para el sostenimiento a largo plazo de los negocios, en especial a los negocios a pequeña escala.
La motivación en los pequeños negocios
La motivación en el ámbito empresarial, particularmente en pequeños negocios, representa
un componente esencial para el rendimiento y el éxito sostenible de la organización. La
literatura cientíca destaca que la motivación no solo impulsa el compromiso individual de los
empleados, sino que también desempeña un papel clave en la adaptabilidad y la innovación
como factores críticos para la supervivencia y la prosperidad (Nazario, 2006). Los propietarios
progresistas y líderes en este entorno empresarial enfrentan desafíos especícos relacionados
con recursos limitados, requiriendo enfoques creativos para fomentar la motivación en sus
equipos. La comprensión cientíca de la motivación en pequeños negocios provee un marco
teórico esencial para desarrollar intervenciones prácticas y personalizadas que no solo impulsen
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 126-139. Primer Semestre de 2024
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.12.07
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el desempeño individual, sino que también promuevan una cultura organizacional resiliente y
orientada al logro en entornos empresariales de menor escala.
La motivación en el contexto de los pequeños negocios representa un aspecto crítico que inuye
en su éxito y sostenibilidad. A diferencia de las grandes empresas con recursos y estructuras
más complejas, las pequeñas empresas a menudo enfrentan desafíos únicos en términos de
recursos limitados, equipos de trabajo reducidos y la necesidad de adaptarse ágilmente a los
cambios del mercado (Martínez-Ortiz et al., 2021).
La dirección por parte de los líderes empresariales adquiere una importancia fundamental en la
motivación. La comprensión de las necesidades, expectativas y aspiraciones de los empleados
es esencial para diseñar estrategias de motivación efectivas que impulsen la productividad y
la lealtad del personal. En un contexto donde cada miembro del equipo desempeña un papel
crucial, la motivación adecuada puede inuir en la: satisfacción del cliente y la rentabilidad del
negocio. La motivación en pequeños negocios se relaciona directamente con la creación de un
entorno de trabajo saludable y sostenible (Zhang et al., 2019).
Los líderes empresariales deben ser capaces de establecer una cultura organizativa que promueva
la motivación intrínseca de los empleados, fomente la comunicación efectiva, reconozca
los logros individuales y colectivos, y proporcione oportunidades de desarrollo personal y
profesional (Fernández-Jardón y Martos, 2016) a los miembros de la empresa. La falta de
motivación en un pequeño negocio puede tener consecuencias signicativas: alta rotación de
empleados, menor productividad, pérdida de talento humano clave e incertidumbre porque no
logran el desarrollo esperado. La motivación en los pequeños negocios es un factor crítico que
inuye en la capacidad de estas organizaciones para competir en el mercado, mantenerse ágiles
y adaptarse a los desafíos en constante evolución (Eijdenberg et al., 2015). La comprensión
y aplicación efectiva de estrategias de motivación son esenciales para el crecimiento y la
prosperidad de los emprendimientos. Esta investigación responde a una exploración sobre
algunos factores en la práctica de motivación de los propietarios.
Taxonomías para optimizar las políticas y prácticas de motivación
Las taxonomías se han considerado un marco empíricamente justicado para hacer sugerencias
a las políticas relacionadas con la motivación. La capacidad que se tiene para crear categorías
puede ayudar a desarrollar políticas especícas en benecio de los propietarios de los pequeños
negocios comerciales. Las taxonomías también han sido valoradas por su capacidad para
reducir las complejidades de las pequeñas empresas a una unidad más manejable (Salmon y
Allman, 2020). Una taxonomía de motivación de propietarios de negocios pequeños ofrece una
alternativa novedosa al problema relacionados a la motivación en negocios pequeños.
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El estudio Witschel et al., (2019) sugiere alentar a los gerentes a enfocarse en un estilo de
liderazgo más proactivo, exible, rechazo al riesgo y apertura en la toma de decisiones para
alcanzar un escenario más favorable para el desempeño de la empresa. Nuestra discusión ha
explorado los problemas que esta investigación espera abordar debido al desconocimiento de
la motivación en pequeños negocios: primero, una débil política de capacitación; y segundo, la
dicultad para los propietarios de conocer y adaptar a la práctica la motivación en los negocios
pequeños. Por lo tanto, podemos plantearnos las dos preguntas interrelacionadas:
RQ1. ¿cuál es la taxonomía de motivación de los propietarios en pequeños negocios?
RQ2. ¿Cómo una taxonomía de la motivación de propietarios de pequeños negocios amplía
muestra una comprensión de las características individuales de los propietarios de negocios?
Por lo tanto, nuestras dos preguntas de investigación están conectadas: la taxonomía de la
motivación y la importancia que tiene para abordar los problemas en la práctica y la motivación
de los pequeños negocios. En resumen, la literatura demuestra la necesidad que los propietarios
de los pequeños negocios, los investigadores y responsables de políticas públicas comprendan
cuáles son las características de los propietarios que inuyen en un enfoque de motivación de
los negocios pequeños.
Métodos
El análisis factorial exploratorio es un conjunto de métodos estadísticos multivariados de
interdependencia cuyo propósito principal es el de identicar una estructura de factores
subyacentes a un conjunto amplio de datos. Este método multivariado permite agrupar las
variables que se correlacionan fuertemente entre sí y cuyas correlaciones con las variables
de otros factores son menores. De esta manera, la varianza total de una variable se debe a
factores que comparten con las otras variables (comunidad) y a factores especícos de la
variable (especicidad). Antes de realizar un AFE se recomienda llevar a cabo un análisis de
exploración inicial de datos con el objeto de detectar la existencia de datos atípicos. En el AFE
es esencial que la muestra sea de gran tamaño para asegurar un menor error de muestreo.
El análisis factorial debe determinar si los ítems están sucientemente interrelacionados para
que este método pueda aplicarse. La prueba estadística por emplearse con esa nalidad es
la prueba de esfericidad de Bartlett y la medida de adecuación muestral de kaiser-Meyer-
Oklin (KMO). Se recomienda la utilización del índice de medida KMO indica si las variables
comparten factores comunes, los coecientes de correlación parcial deben ser pequeños y por
ende los valores de la diagonal de la matriz deben ser elevados. El KMO se interpreta como
un rango de cero a 1 y considerando como adecuado un valor igual o superior a 0.70, el cual
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sugiere una interrelación satisfactoria entre los ítems. Solo después de haber vericado los
supuestos y exigencias del análisis es lícito utilizar AFE (Pérez y Medrano, 2010).
Los datos recolectados por medio de un cuestionario de un conjunto inicial de variables relevantes
para el estudio. Consistió en respuestas relacionadas a la motivación de 386 propietarios de
pequeños negocios del cantón la Maná en la provincia de Cotopaxi. El método seleccionado
para responder la primera pregunta de investigación es el análisis factorial exploratorio que es
adecuado para descubrir factores que derivan de muchas variables. Se seleccionó el análisis
factorial exploratorio como la técnica de análisis factorial más adecuada para describir los
factores claves relacionados con la motivación. El conjunto de observaciones está conformado
por datos basados en 11 variables. La cantidad de observaciones es una medida extremadamente
alta de adecuación del muestreo (n=386). Por lo tanto, antes de realizar el análisis factorial
exploratorio, se realizaron una serie de pasos metodológicos que se describen a continuación.
Primer paso: idoneidad de la muestra
El primer paso en la fase inicial fue evaluar la idoneidad de los datos para un análisis factorial.
Esto requirió calcular una matriz de correlación para las 11 variables de interés seleccionadas
sobre la motivación. La matriz de correlación demostró que la mayoría de los ítems están
signicativamente correlacionados entre al menos en el 0.05. Esto sugiere que las 11 variables
constituyen uno o más factores. El siguiente paso fue conrmar que el tamaño de la muestra
que sea sucientemente grande, en este caso son 386 muestras, lo que excede el mínimo que
son de 300 casos (Salmon y Allman, 2020). La fuerza de las intercorrelaciones especicó
como superior a 0.3 y la prueba de esfericidad de Bartlett se estableció en p <0.05 según la
recomendación estándar. También se utilizó el índice de Kaiser-Meyer-Olkin cómo medida de
adecuación de muestreo y se jó en 0.60 cómo valor mínimo (Pallant, 2007).
Segundo paso: extracción de factores
Luego de conrmar que los datos seleccionados eran adecuados seleccionamos la factorización
del eje principal con la técnica más apropiada para usar cuando no se pueden hacer supuestos
distributivos cómo fue el caso este conjunto de datos. Al determinar cuántos factores incluir en
el análisis, el requisito de equilibrar la parsimonia (seleccionando un modelo menor número de
factores) con la validez de un modelo con un número suciente de factores comunes para tener
en cuenta la correlación entre las variables medidas (Salmon y Allman, 2020).
Tercer paso: rotación e interpretación de factores
Se realizo una rotación varimax porque en la mayoría de las aplicaciones es la más adecuada, ya
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que generalmente tendremos muchas variables y pocos factores; la expresión de cada variable
será necesariamente sencilla, y solo necesitamos simplicar la expresión de los factores.
Resultados
Los resultados del análisis factorial exploratorio son los siguientes: aparecen en primer lugar
las especicidades (uniquenesses) de cada variable, expresadas en fracción de varianza. Tres
variables tienen especicidad baja: Nivel de conocimiento sobre cómo motivar al talento humano
(0,005), benecios (seguro privado, descuentos en tiendas) (0,05), y horario exible de trabajo
(0,005), y por lo tanto comunalidad, el resto hasta uno, alta. La mayor parte de la variabilidad
está explicada por los factores comunes, y estas tres variables responden satisfactoriamente a
nuestro modelo. En segundo lugar, aparecen entre los resultados las saturaciones (loadings)
para cada factor. Los resultados de los factores rotados que se han extraído se proporcionan en
la Tabla I.
Tabla 1. Cargas factoriales rotadas que se han extraído de las variables de datos de análisis factorial
exploratorio de pequeños negocios.
Fuente: cálculos propios con base en los datos recolectados.
Otro de los resultados mostrados es la variabilidad explicada por los factores: el primero
(Progresista) explica un 16%, el segundo (comunicador) el 15%, el tercero (Flexible) el 9,1%,
cuarto (innovador) el 9% y el quinto (responsable socialmente) el 8%. El modelo en su conjunto
explica el 60% de la variabilidad total, un porcentaje no muy elevado pero aceptable
La condición más importante que debemos comprobar para la correcta aplicación del Análisis
Factorial es la de correlación entre las variables originales. Para ello se utilizan los mismos
procedimientos descritos en relación con el Análisis de Componentes Principales: Matriz de
0.516
0.538
0.631
0.590
0.678
0.936
0.925
0.861
Progresista
Comunicador
Flexible
Innovador
Responsable
socialmente
v7. Importancia que le da usted al entrenamiento y capacitación
(cursos, talleres) permanente de sus colaboradores
v10. Otorga usted menores precios en los productos a sus empleados.
v11. Los colaboradores tienen un sueldo superior al básico.
v2. Estaría dispuesto a aplicar una propuesta de motivación de talento
humano al interior de la empresa.
v4. Crea espacios de diálogo directo con sus colaboradores para
conocer las percepciones, sus intereses y sus necesidades frente a la
empresa
v8. Cuentan con horario flexible de trabajo sus colaboradores.
v1. Nivel de conocimiento sobre cómo motivar al talento humano.
v6. Cree usted importante tener beneficios (seguro privado,
descuentos en tiendas) para los colaboradores.
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correlaciones, matriz de valores P de los contrastes de nulidad, determinante de la matriz de
correlaciones y test de esfericidad de Bartlett. En el análisis factorial se emplea habitualmente
un indicador adicional denominado KMO (por sus autores Kaiser-Meyer-Olkin) o índice de
adecuación muestral:
KMO =ΣΣr2ij / (ΣΣr2ij+ΣΣ ρ2ij)
KMO toma siempre valores entre 0 y 1, y los propios autores establecieron la siguiente guía
de interpretación: <0,5 inaceptable; 0,5 - 0,6 malo; 0,6 - 0,7 regular; 0,7 - 0,8 bueno; >0,8
excelente. El KMO de nuestra investigación es (0,83).
También se muestra una prueba para probar la hipótesis de que dos factores son sucientes.
Esta prueba está basada en la reconstrucción de la matriz de correlaciones a partir del modelo
factorial, y en las diferencias entre esa matriz reconstruida y la matriz de correlaciones original.
Si el modelo funciona bien, las diferencias entre ambas matrices de correlaciones deben ser
pequeñas. En nuestra aplicación el valor p del contraste vale aproximadamente (0.0349), lo que
nos obliga a aceptar la hipótesis de que cinco factores son sucientes, aunque podrían ser más.
Esta conclusión es consistente con la observación anterior de que tres de las once variables no
están sucientemente explicadas por los cinco factores ya que tienen una comunalidad muy
baja.
Discusión y conclusiones
Se realiza una contribución teórica a la teoría de la motivación en los pequeños negocios.
La motivación desempeña un papel crucial en el funcionamiento y el éxito de las pequeñas
empresas. Los líderes y gerentes de estas organizaciones deben comprender las teorías de la
motivación y aplicar estrategias efectivas para mantener a los empleados comprometidos y
productivos. Al hacerlo, pueden crear un entorno de trabajo favorable que contribuya al logro
de los objetivos empresariales y al bienestar de su personal.
Linton y Solomon, (2017) mencionan aquella necesidad existente de interacción entre las
cualidades de los gerentes de los pequeños negocios, y las habilidades para generar ventajas
competitivas en entornos de alta incertidumbre. Los factores culturales son parte importante
para el cambio para la apertura a nuevas ideas en los negocios (Witschel et al., 2019). Las
capacidades dinámicas de los negocios y empresarios son necesarias para adaptarse al cambio
en entorno complejos de alta incertidumbre (Pezeshkan et al., 2016). Por lo tanto, nuestros
hallazgos empíricos se explican por nuestro punto de vista teórico, que sugiere que el propietario
de los pequeños negocios es crucial para la motivación.
El presente estudio investigó la importancia de la motivación en el contexto empresarial de
pequeños negocios. Los resultados obtenidos revelaron elementos de motivación importantes
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para resultados superiores. La motivación se posiciona como un factor crucial para impulsar
la competitividad de las organizaciones, al estimular la innovación y el compromiso de los
colaboradores. Además, se identicó que un ambiente laboral motivador propicia una cultura
organizacional positiva. Estos hallazgos se relacionan con estudios que sugieren la necesidad
imperante de estrategias que fomenten la motivación como componente integral para optimizar
el rendimiento y la competitividad, generando así un impacto positivo en el éxito a largo plazo
de las organizaciones (Eijdenberg et al., 2015; Kim et al., 2023; Majid et al., 2020; Zhang et
al., 2019).
Los resultados revelan que un propietario progresista, comunicador, exible, innovador y
responsable socialmente en negocios pequeños puede enfrentar desafíos signicativos debido a
las limitaciones en recursos económicos. A pesar de su enfoque innovador y progresista, la falta
de recursos nancieros puede limitar la capacidad para implementar ideas vanguardistas. La
comunicación efectiva y la exibilidad son herramientas clave para adaptarse a las restricciones
económicas, permitiendo al propietario encontrar soluciones creativas y mantener una conexión
sólida con su audiencia. Sin embargo, se destaca la necesidad de estrategias especícas para
maximizar el impacto socialmente responsable en medio de las limitaciones económicas, lo
que sugiere la importancia de buscar alianzas y recursos externos para apoyar iniciativas con
un enfoque socialmente consciente.
Los pequeños negocios que exhiben bajos niveles de motivación en su personal enfrentan un
conjunto de desafíos que pueden repercutir en su productividad, eciencia y competitividad en
el mercado. La falta de motivación entre los empleados puede manifestarse en la desidia, la
falta de compromiso y una disminución general en la calidad del trabajo. Esto puede deberse
a diversas razones, como la falta de reconocimiento, la escasa oportunidad de desarrollo
profesional, la comunicación deciente o un ambiente de trabajo poco estimulante.
La baja motivación en el entorno de un pequeño negocio puede ser perjudicial no solo para
la moral del equipo, sino también para la retención de empleados y la satisfacción de los
clientes, lo que nalmente puede amenazar la sostenibilidad del negocio. Para abordar la baja
motivación en los pequeños negocios, es crucial que los líderes empresariales comprendan
las necesidades y expectativas de sus empleados y diseñen estrategias efectivas para fomentar
la motivación. Esto puede incluir la implementación de programas de reconocimiento, la
promoción de un ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo, el establecimiento de metas
claras y realistas, y la facilitación de oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.
Además, la comunicación abierta y la retroalimentación constante son elementos clave para
identicar y resolver problemas de motivación. La mejora de la motivación en un pequeño
negocio no solo puede elevar la moral del personal, sino también impulsar la productividad y
la calidad de los productos o servicios, lo que en última instancia contribuye al éxito a largo
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plazo de la empresa.
Implicaciones políticas y profesionales
La investigación ha producido una serie de implicaciones políticas y profesionales. Los
propietarios de pequeños negocios se beneciarán debido a su inuencia directa en la eciencia
operativa, la retención de empleados y el éxito a largo plazo de estas empresas. Los pequeños
negocios a menudo operan con recursos limitados y estructuras organizativas más planas, lo
que hace que la motivación de su personal sea un factor crítico. Entender los factores que
impulsan y mantienen la motivación en este entorno es esencial para abordar desafíos como la
rotación de empleados, la falta de compromiso y la productividad reducida.
Nuestros hallazgos muestran que el apoyo de organismos estatales podría proporcionar
conocimientos clave a los propietarios sobre cómo diseñar estrategias efectivas que fomenten un
ambiente de trabajo positivo, promuevan la lealtad de los empleados y estimulen la motivación.
Además, dado que las pequeñas empresas desempeñan un papel signicativo en la economía,
la mejora de la motivación en este sector contribuye al crecimiento económico y al bienestar
de la comunidad en general. La investigación en motivación en pequeños negocios, aunque
valiosa, presenta algunas limitaciones que ofrecen oportunidades para futuras investigaciones.
Una de las limitaciones comunes es la falta de recursos y acceso a datos en comparación con las
grandes empresas, lo que puede dicultar la recopilación de datos representativos y el análisis
exhaustivo. Además, la mayoría de los estudios se centran en contextos especícos o regiones
geográcas, lo que limita la generalización de los hallazgos. Las investigaciones futuras podrían
abordar estas limitaciones mediante el uso de métodos mixtos que combinen datos cualitativos
y cuantitativos, así como la colaboración entre diversas empresas para recopilar datos más
representativos. Además, se necesita más investigación sobre las estrategias de motivación
especícas que funcionan mejor en diferentes tipos de pequeños negocios, considerando
factores como la cultura organizativa, el sector industrial y la demografía de los empleados.
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ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Keevin F. Gallardo-Ruiz
Keevin.gallardo@est.uexternado.edu.co
Centro de Estudios en Derecho
Internacional y Relaciones
Internacionales
(Riobamba– Ecuador)
ORCID: 0000-0003-4554-6683
Oswaldo V. Ruiz-Falconi
oruizf@yahoo.com
Juez Provincial de Chimborazo
(Riobamba– Ecuador)
ORCID: 0000-0001-9831-7433
Mayra Ruiz-Falconi
ruizfm@scalia.gob.ec
Investigador independiente
(Riobamba– Ecuador)
ORCID: 0009-0008-7844-6631
Recibido: 14/11/23
Aceptado: 31/12/23
ÍNDICE DE
(IN)CUMPLIMIENTO DE LAS
MEDIDAS DE REPARACIÓN
ORDENADAS POR LA CORTE
INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS AL
ESTADO ECUATORIANO
NON-COMPLIANCE INDEX OF
REPARATION’S MEASURES
ISSUED BY THE INTER
AMERICAN COURT OF HUMAN
RIGHTS REGARD TO ECUADOR.
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.08
KAIRÓS, Vol. (7) No.12, pp. 140-163, enero - junio 2024
ISSN No. 2631-2743
,
ÍNDICE DE
(IN)CUMPLIMIENTO DE LAS
MEDIDAS DE REPARACIÓN
ORDENADAS POR LA CORTE
INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS AL
ESTADO ECUATORIANO
NON-COMPLIANCE INDEX OF
REPARATION’S MEASURES
ISSUED BY THE INTER
AMERICAN COURT OF
HUMAN RIGHTS REGARD TO
ECUADOR.
Resumen
La nalidad de este artículo se encuentra orientada
a realizar una evaluación integral del índice de
(in)cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas
por la Corte IDH al Estado partiendo de la revisión
individualizada de las resoluciones de supervisión de
cumplimiento tanto de los casos archivados como de
los casos abiertos; así como de las medidas identicadas
por la jurisprudencia de la Corte: i) compensación; ii)
rehabilitación; iii) restitución; iv) satisfacción y garantías
de no repetición, logrando identicar de manera
cuantitativa el nivel de cumplimiento que varía según
el tipo de reparación ordenada, analizando criterios
referentes a la responsabilidad internacional desde la
esfera de los Derechos Humanos.
Palabras clave: Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, Responsabilidad Internacional,
Corte Interamericana de Derechos Humanos, supervisión
de cumplimiento de sentencias, medidas de reparación.
Abstract
The purpose of this article is aimed at carrying out a
comprehensive evaluation of the rate of (non)compliance
of the reparation measures ordered by the Inter-American
Court to the State based on the individualized review of
the compliance supervision resolutions of both archived
cases and of open cases; as well as the measures
identied by the Court's jurisprudence: i) compensation;
ii) rehabilitation; iii) restitution; iv) satisfaction and
guarantees of non-repetition, managing to quantitatively
identify the level of compliance that varies depending
on the type of reparation ordered, analyzing criteria
referring to international responsibility from the sphere
of Human Rights.
Keywords: International Human Rights Law,
International Responsibility, Inter-American Court of
Human Rights, supervision of compliance with sentences,
reparation measures.
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.12.08
KAIRÓS, Vol. (6) No.11, pp. 140-163, enero - junio 2024
Keevin F. Gallardo-Ruiz, Oswaldo V. Ruiz-Falconi, Mayra Ruiz-Falconi
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 7(12), pp. 140-163. Primer Semestre de 2023
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Introducción
La responsabilidad internacional del Estado ha dejado de ser una gura jurídica propia del
Derecho Internacional Público aplicada estrictamente a la regulación entre Estados por daños
ocasionados a sus pares, abandonando la premisa realista de las Relaciones Internacionales,
para ser aplicada con un enfoque transversal hacia la esfera del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, lo que ha permitido que los sistemas regionales, en nuestro caso el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, conformado por la Comisión IDH y la Corte IDH,
puedan realizar juicios de responsabilidad a los Estados que violen los derechos convencionales
de los ciudadanos.
La Corte IDH se caracteriza por ser el órgano investido de capacidad jurisdiccional cuyas
sentencias mantienen carácter vinculante para los Estados que forman parte de la Convención
y que han suscrito y raticado la competencia contenciosa de la Corte. Las sentencias emitidas
por el tribunal interamericano contienen medidas de reparación por los daños ocasionados por
parte del Estado a los ciudadanos que deben ser cumplidas de manera obligatoria, ante lo cual,
a través del desarrollo de su estructura y conformación, el Tribunal ha consolidado la facultad
de supervisión en el cumplimiento de las sentencias
Razón por la cual esta investigación centra su objetivo fundamental en determinar el índice
de (in)cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano de las medidas de reparación integral
que han sido ordenadas por la Corte IDH, en base a la gura de responsabilidad internacional
por violación a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, a través de la recopilación de información relacionada a las decisiones de la Corte
Interamericana tanto en el contenido de las sentencias emitidas contra el Estado ecuatoriano,
como en las resoluciones de supervisión de cumplimiento.
1. Responsabilidad internacional del Estado aplicado al Derecho Internacional de
los Derechos Humanos
Las nociones clásicas de responsabilidad internacional del Estado se derivan de las relaciones de
estos sujetos del Derecho Internacional Público y la interacción que han contraído mutuamente
a través de la creación de una serie de acuerdos y obligaciones internacionales adquiridas sobre
la base jurídica de los artículos 25, 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1969, referentes al principio de voluntariedad, pacta sunt servanda y buena fe en
el cumplimiento; así como, en la prohibición expresa de argumentar restricciones normativas
internas para justicar una violación a una obligación internacional.
En este sentido, cuando un Estado incumple, inobserva y/o violenta una obligación internacional
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comete un hecho internacionalmente ilícito, precepto fundamental para entender el régimen
de responsabilidad internacional, así lo reere Atilio Molteni: “Un Estado internacionalmente
es responsable cuando viola una obligación jurídica impuesta por una norma de Derecho
Internacional general o del Derecho Internacional Particular, es decir por haber cometido un
acto ilícito internacional” (Molteni, 2000, p. 44).
Esta visión de Molteni contiene los dos elementos característicos de la institución jurídica
de la Responsabilidad internacional del Estado que han sido desarrollados por la Comisión
de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas en el contenido de la
Resolución 56/83 del 2001 de la Asamblea General, cuyo alcance es discutido desde la esfera
de pertenencia al hard law o al soft law; así lo reere la Organización de las Naciones Unidas al
señalar que: “Con excepción de las decisiones relativas a pagos a los presupuestos ordinarios y
de mantenimiento de paz de la ONU, las resoluciones y decisiones de la Asamblea General no
son vinculantes a los Estados miembros” (Organización de las Naciones Unidas, 2017, pág. 84)
La resolución 56/83 de 2001, contiene la base jurídica y doctrinal de esta institución propia
del Derecho Internacional Público; es así como, en el artículo 1 reere que la responsabilidad
internacional del Estado se genera por la comisión de un hecho generador de la conducta
a través de la acción u omisión en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. El
artículo 2 identica los elementos de la responsabilidad internacional de los Estados a través
de la conceptualización del hecho internacionalmente ilícito y reere que: “a) Es atribuible
al Estado según el derecho internacional; y b) Constituye una violación de una obligación
internacional del Estado”. (Resolución AG/56/83 sobre responsabilidad internacional por
hechos internacionalmente ilícitos, 2001, art. 2).
Esta concepción de la gura de responsabilidad a priori se encuentra orientada a regular
la relación entre Estados en del escenario internacional, razón por la cual es imperativa la
necesidad de desarrollar y construir un enfoque especíco aplicado al Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, el mismo que se fundamenta en la protección de los derechos
convencionales y fundamentales del individuo ante el poder ilimitado del Estado.
Tomando en consideración que el DIP en sus dos etapas mantenían un concepto realista
referente al orden público internacional, se ha logrado amplicar la diversidad de sujetos y
actores a partir de la consolidación del DIP contemporáneo, así lo reere Haba citando al
maestro Virally: “El Derecho Internacional no puede ser más denido como el Derecho de las
relaciones internacionales o de la sociedad de los Estados. Él se presenta, en adelante, como
el Derecho de la sociedad humana universal, o global” (Haba, E. Citando a Virally, 2015, p.
377). El nacimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se consolida con
la suscripción de la Carta de San Francisco en 1945, que da origen a la Organización de las
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Naciones Unidas.
Desde esta visión, la responsabilidad ya no se encuentra delimitada exclusivamente a la
conducta de Estados entre sí, sino que diversica la subjetividad del Derecho Internacional
Público e identica tres sujetos en constante interacción: a) por un lado los Estados, quienes
se comprometen de manera voluntaria al cumplimiento de obligaciones internacionales
enmarcadas en la protección de derechos humanos y b) los individuos como sujetos con la
capacidad de exigir la justiciabilidad de los derechos que inherentemente le corresponden; y
c) organismos internacionales de orden jurisdiccional dotados de mandato supranacional para
imponer reparaciones a los Estados en casos de violación a una norma de derechos humanos.
El resultado de lo expuesto por Virally se lo puede vislumbrar a través del nacimiento de
los sistemas de protección de derechos humanos: i) el sistema universal, que carece de un
tribunal global de protección de derechos humanos y que se encuentra conformado por órganos
y mecanismos de protección convencional y extra convencional, constituidos por Comités de
supervisión de los Pactos y Convenciones que no están investidos de facultades jurisdiccionales
y cuyas recomendaciones pertenecen a la esfera del soft law.
ii) Los sistemas regionales, en el caso de estudio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
órgano jurisdiccional con facultad de determinar la responsabilidad internacional del Estado
por hechos internacionalmente ilícitos; los mismos que bajo los preceptos de humanización
del Derecho Internacional Público se caracterizan por: “constituirse en un ordenamiento de
mínimos, progresivo, altamente inuenciado por los sistemas nacionales, pero de aspiración
universal, no recíproco y con unas reglas de interpretación particulares” (Acosta, 2014, p. 16).
2. Facultad de supervisión de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
El proceso al interior del Sistema Interamericano de Derechos Humanos inicia con el envío y
tramitación de una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Una vez que la CIDH ha resuelto tanto la admisibilidad como el análisis de fondo, proceso
que puede tardar varios años, remite un informe en el que se establecen los elementos de
responsabilidad estatal, que de manera facultativa puede ser derivado a la Corte Interamericana
para su resolución, la misma que puede determinar o no mediante una sentencia la responsabilidad
de los Estados ante el cometimiento de hechos internacionalmente ilícitos.
Las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio
cumplimiento para el Estado que ha sido sometido a la jurisdicción de la Corte, y en general para
todos aquellos Estados que han raticado la competencia contenciosa según lo contemplado en
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el artículo 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; referida sentencia según
el contenido del artículo 66 debe ser estrictamente motivada para mantener conformidad con
los artículos 8 y 25 ibídem, así como con el artículo 65 del Reglamento de la Corte:
En su decisión, la Corte IDH se pronuncia sobre la responsabilidad internacional del Estado por
la violación de algunos de los derechos establecidos en la Convención Americana o en otros
tratados de derechos humanos aplicables al Sistema Interamericano, por haber incumplido
sus obligaciones de respetar o garantizar esos derechos y, si es el caso, ja las medidas que
considere apropiadas para reparar los daños causados (Acosta, 2013, p. 104).
Este mecanismo de protección de derechos humanos, parecería terminar con una sentencia de
carácter inapelable y denitivo; no obstante, adicional a las facultades contenciosa y consultiva
reconocidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, es importante destacar el
trabajo que viene realizando la Corte IDH desde la esfera de la supervisión en el cumplimiento
de las sentencias emitidas, y en las que se ordenan una serie de medidas de reparación que el
Estado debe cumplir de manera obligatoria.
La nalidad de la Corte Interamericana más allá de declarar la responsabilidad internacional de
los Estados por incumplimiento y violación a la Convención Americana de Derechos Humanos
y los tratados que forman parte del corpus iuris interamericano, es asegurar que las medidas
ordenadas sean cumplidas y se garantice el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, tomando
en cuenta que es: “preciso que existan mecanismos efectivos para ejecutar las decisiones o
sentencias, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados” (Corte IDH.
Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003.
Serie C no 104, párr.72).
En primera instancia el contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos, no se
había pronunciado en relación con la función de supervisión de cumplimiento de sentencias; sin
embargo, al amparo del desarrollo de esta función por parte del Sistema Europeo de Derechos
Humanos, mecanismo delegado al Comité de Ministros por parte del Consejo de Europa; matiz
que ha generado una necesidad de implementación formal al Sistema Interamericano, con el
objetivo de complementar el contenido del artículo 65 de la Convención, en relación con el
artículo 30 del Reglamento de la Corte:
La Corte someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización en cada
periodo ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera
especial y con las recomendaciones pertinentes, señalara los casos en que un Estado no
haya dado cumplimiento a sus fallos. (Convención Americana sobre Derechos Humanos,
[CADH] ,1978, art. 68).
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Por esta razón, la facultad de supervisión de cumplimiento de sentencias se plasmó en el
Reglamento de la Corte IDH en el artículo 69, en el que se detalla el procedimiento formal que
realiza la Corte para garantizar que las medidas de reparación derivadas de la violación a los
derechos convencionales de las víctimas no se constituyan en meras declaraciones sometidas a
la voluntad del Estado para que puedan ser cumplidas. Iniciando con la solicitud formal de la
Corte al Estado, posterior a un año contado a partir de la noticación por escrito de la sentencia.
Solicitud que incluye información al Estado sobre las acciones relacionadas a efecto del
cumplimiento de cada una de las medidas ordenadas en la sentencia. Una vez presentado el
informe del Estado, la Corte pone en conocimiento a los representantes de las víctimas con la
nalidad de que puedan expresar su punto de vista sobre el cumplimiento de las medidas en
cuestión, aportando información referente a la satisfacción, concluyendo en su informe con el
allanamiento al pedido principal del Estado, o de ser el caso, solicitando a la Corte no declare
por cumplidas las medidas de reparación, posteriormente se corre traslado a la Comisión
Interamericana para que pueda pronunciarse sobre las acciones tomadas por el Estado; una vez
que el tribunal cuente con la información de las partes procesales, emite una resolución en la
que se verican las a) medidas cumplidas; b) medidas parcialmente cumplidas y c) medidas
pendientes de cumplimiento.
El reglamento de la Corte Interamericana no hace referencia a un plazo establecido para la
emisión de sus resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias, las mismas se
derivan de un trabajo artículado entre el Estado, los representantes de las víctimas y la Comisión
Interamericana. Por regla general, el trabajo de supervisión de la Corte incinia cumplido el
plazo de un año a partir de la noticación de la sentencia a los Estados. Una vez cumplido
el plazo, los expedientes pasan al departamento de supervisión de la Corte, donde se emiten
ocios con carácter diplomático a los Estados, solicitando los informes respectivos, según el
contenido del artículo 69.1 del Reglamento de la Corte.
Una vez los informes son recibidos, la Corte IDH analiza los argumentos y pruebas derivadas
del cumplimiento del Estado, así como de los representantes, así como toma en cuenta el criterio
de la Comisión para emitir en una resolución, al amparo de lo determinado en el artículo 69.4
ibídem; es decir, los informes presentados por las partes, son la base en la sustenciación y
elaboración de las resoluciones de supervisión.
Los casos contenciosos no se archivan con la sentencia emitida por la Corte, permanecen
abiertos mientras las reparaciones sean cumplidas en su integridad y totalidad; es decir, hasta
que la Corte a través de su resolución de supervisión de cumplimiento declare que las medidas
de reparación estén totalmente cumplidas; en los casos en los que las medidas se encuentren
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parcialmente cumplidas la Corte insta al Estado a cumplirlo de manera integral previo al archivo
el caso; por lo que, se puede concluir que las medidas parcialmente cumplidas pertenecen a la
esfera de las medidas cuyo cumplimiento se encuentra pendiente.
En relación a la efectividad de las sentencias de la Corte, se puede vericar que se consuma
únicamente cuando lo ordenado por la Corte sea cumplido estrictamente por el Estado,
la ejecución de las sentencias se tornan en la base angular del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, tomando en consideración que, las medidas de reparación integral
de las víctimas tienen el efecto de generar una situación de alivio y tratan en medida de las
posibilidades de retrotraer al estado anterior a la violación del derecho.
Sin embargo, no existe una sanción jurisdiccional en el caso que los Estados se nieguen o dilaten
el cumplimiento con lo ordenado por la Corte IDH, el artículo 65 de la Convención únicamente
reere la presentación de un informe derivado a la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos para un llamado de atención político, que no garantiza el cumplimiento
efectivo de los Estados. Hasta la fecha se puede determinar que la Corte IDH ha realizado
la aplicación del artículo 65, en 21 casos correspondientes a Trinidad y Tobago (2 casos),
Nicaragua (2 casos), Haití (2 casos) y Venezuela (15 casos).
3. Medidas de reparación integral según los estándares de la Corte IDH
La declaración de Responsabilidad Internacional de los Estados por violación a derechos
humanos amparados bajo el alcance de la Convención Americana, según los principios generales
del derecho internacional, conlleva a la aplicación de una reparación; así lo ha referido la Corte
Permanente de Justicia Internacional al referir que: “Es un principio del derecho internacional
que toda violación de un compromiso internacional imponga la obligación de reparar de una
forma adecuada” (Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI), Caso Fábrica Chorzów,
1927, p. 29).
Esta perspectiva es desarrollada desde el Derecho Internacional clásico; sin embargo, se ha
convertido en la base angular del Sistema de Protección Interamericano de Derechos Humanos
según el contenido del artículo 63.1 de la Convención, ha sido también desarrollado por la
Corte IDH que se ha pronunciado de manera análoga en varios de sus casos reriendo que cada
violación a una norma de derechos humanos, genera en el Estado una obligación de reparación:
“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere,
siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el
restablecimiento de la situación anterior a la violación” (Corte IDH. Caso Juan Humberto
Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7
de junio de 2003. Serie C No. 99, párr.149)
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A diferencia del sistema acusatorio en material penal, la responsabilidad no tiene una nalidad
punitiva, ni busca por su naturaleza la penalización de los individuos; razón por la cual, no se
puede generar confusión entre estos dos regímenes; tomando en cuenta que como sujetos del
Derecho Internacional Público, la Corte IDH únicamente puede determinar la responsabilidad
internacional de los Estados, la responsabilidad internacional de los individuos es de exclusiva
competencia del Derecho Penal Internacional.
En relación con el contenido del artículo 63.1 de la Convención Americana la misma Corte
IDH en el desarrollo de su jurisprudencia ha referido que:
Reeja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales
del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De
esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la
responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el
consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. (Corte
IDH. Caso Trujillo Oroza vs Bolivia. Reparaciones. Sentencia de 27 de febrero de 2002.
Reparaciones y Costas, párr. 60)
Razón por la cual los estándares relacionados a las medidas de reparación que la Corte IDH
ha ordenado en sus sentencias pueden ser clasicadas en dos grandes grupos: a) medidas de
reparación material, compuestos por compensaciones, indemnizaciones y pago de costas; b)
medidas de reparación no materiales conformadas por: medidas de rehabilitación, medidas
de restitución, satisfacción y garantías de no repetición, las mismas que serán detalladas a
continuación:
3.1. Medidas de compensación o indemnización:
Tanto el Derecho Internacional Público tradicional a partir del análisis realizado por la (Corte
Permanente de Justicia Internacional (CPJI), Caso Fábrica Chorzów, 1927), como el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos desde el caso Velásquez Rodríguez, han referido en
el desarrollo de su jurisprudencia que las medidas de compensación o indemnizatorias son las
formas más comunes de reparación por los daños provocados entre Estados, o en los daños que
ha generado la violación de un derecho convencional en la relación Estado- individuo, según lo
regula el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho
o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las
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consecuencias de la medida o situación que ha congurado la vulneración de esos derechos
y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. (Convención Americana sobre
Derechos Humanos, [CADH] ,1978, art. 63.1)
En el mismo sentido se reere Jorge Calderón al referir que se debe mantener un criterio
diferenciado sobre la nalidad del pago por daño compensatorio de un derecho desde la esfera
de la jurisdicción interna e internacional cuando menciona que: “Por tanto, al contrario, a la
práctica tradicional y general de la reparación de daños en el derecho interno, la compensación
económica es solo un elemento de la reparación integral” (Calderón, 2013, p.55).
La disposición del artículo 63.1 de la Convención Americana no es totalmente clara cuando
presenta la determinación de una justa indemnización; sin embargo, un ejercicio de costumbre
no cristalizada ha permitido encontrar en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte IDH,
guiada por la premisa que señala que los montos de la reparación material a las víctimas
no tienen la nalidad de enriquecerlas; los elementos que conforman la indemnización por
daños materiales son: a) daño emergente y b) lucro cesante y c) pago de costas, preceptos que
pertenecen a la esfera del derecho civil:
La Corte ha establecido que dicho daño supone la pérdida o detrimento de los ingresos
de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de
carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. (Corte IDH. Caso
Pacheco León y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de
noviembre de 2017. Serie C No. 342, párr. 217)
La indemnización por daño material como parte de la reparación integral a las víctimas es
una herramienta que utiliza la Corte IDH para alcanzar la restitutio in integrum, enfocado en
compensar a las víctimas por los perjuicios económicos sufridos como parte del resultado de la
violación de sus derechos convencionales. La ejecución práctica de esta medida en gran parte
depende de la voluntad política de los Estados; así como, al eciente funcionamiento logístico
de sus órganos nancieros a la hora de realizar la asignación presupuestaria.
3.2. Medidas de restitución:
Las medidas de restitución según los estándares internacionales comprendidos por los
principios de las Naciones Unidas, así como por el desarrollo jurisprudencia de la Corte IDH,
se encuentran encaminadas a tratar de devolver a las víctimas a una situación anterior a la
violación de sus derechos humanos. Este tipo de medidas se distinguen de las indemnizatorias;
debido a que, buscan una reparación inmaterial, que implica acciones concretas para corregir y
reparar los daños causados, el cumplimiento de este tipo de medidas representa un desafío para
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los Estados, debido a su carencia y limitaciones presupuestarias y operativas.
Según los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
maniestas de las normas internacionales de derechos humanos y de graves violaciones del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones de las Naciones
Unidas, las medidas de restitución tienen la nalidad de:
Devolver a la víctima a la situación anterior a la violación maniesta de las normas
internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional
humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la
libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía,
el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus
bienes. (Resolución 60/147, 2005, párr. 19)
A la luz de estos estándares la Corte IDH ha considerado estos elementos para la construcción
sólida de la reparación por restitución, acogiendo algunas de las siguientes medidas: i)
eliminación de antecedentes penales como en el caso Álvarez Ramos vs Venezuela 2019 párrafo
203 sentencia Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas; ii) anulación de
procesos por infracción al contenido del artículo 8 y 25 de la CADH como en Caso Fontevecchia
y D'Amico vs. Argentina Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia párrafo
16; iii) orden de liberación en casos de privación de la libertad arbitraria no compatibles con
la CADH Caso Loayza Tamayo sentencia de fondo 1997 párrafos 83-84; iv) restitución de
material incautado como actos violatorios a la libertad de expresión, acciones constituidas
como censura previa, Caso Palamara Iribarne vs. Chile sentencia de fondo, reparaciones y
costas 2005 párrafo 250.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en
relación a las medidas de restitución contra el Estado ecuatoriano, ejemplo de ello, lo resuelto
en el caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador, en el que la Corte determinó la responsabilidad
internacional del Estado en lo principal por violación a los artículos 8 y 25 de la Convención;
razón por la cual determinó como una de las medidas de reparación:
Que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias en el derecho interno para dejar
sin efecto las consecuencias de cualquier índole que se deriven del indicado proceso penal,
inclusive los antecedentes judiciales o administrativos, penales o policiales, que existan
en su contra a raíz de dicho proceso. (Corte IDH. Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de
2020. Serie C No. 398, párr. 227)
Como se ha podido vislumbrar tanto los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas
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y aquellos estándares desarrollados por la Corte IDH, han armado y consolidado que la
restitución como medida de reparación integral se constituye como un principio del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, amparados bajo la convicción de que las medidas de
restitución no tienen como objetivo una compensación indemnizatoria, más bien, buscan en
medida de lo posible, devolver a una situación anterior a la violación de los derechos de las
víctimas.
3.3. Medidas de rehabilitación:
Son medidas orientadas a la prestación de servicios médicos y psicológicos para víctimas
y familiares derivadas de la violación de sus derechos humanos por parte del Estado, en
establecimientos públicos, o en instituciones privadas, cuya distancia sea la más cercana y
ecaz, cuando se han vulnerado los derechos contemplados en los artículos 4 (derecho a la
vida) 5 (derecho a la integridad física) y derivados de la Convención Americana de Derechos
Humanos, la orden de cumplimiento de estas medidas, demuestran un rol holístico en la
reparación integral de las víctimas, entendiendo y atendiendo el sufrimiento físico, psicológico
así como el estigma social al que fueron sometidos, como lo arma Calderón:
La rehabilitación fue ordenada por primera vez en los casos Barrios Altos, Cantoral
Benavides y Durand Ugarte vs Perú, a través del acuerdo llevado entre las partes y que
fuera homologado por la Corte IDH. Posteriormente, fue incluida dentro del catálogo
de medidas de satisfacción y recientemente alcanzó su autonomía como medida de
rehabilitación (Calderón, 2013, p. 176).
Adicionalmente a la prestación de atención médica y psicológica los estándares de la Corte IDH
han ordenado la provisión gratuita de medicamentos otorgadas por el Estado. En ocasiones en
los que la prestación de atención médica y psicológica no sea posible de ser cumplida, la Corte
ha determinado el pago de una indemnización por gastos médicos, psicológicos o psiquiátricos
pasados y futuros como lo dispuso en el Caso Tibi vs Ecuador:
Los daños ocasionados a la víctima y el sufrimiento provocado a su familia han dejado
secuelas que requieren tratamiento médico y psicólogo. Debe incluirse un rubro para los
gastos futuros de dichos tratamientos, suma que deberá ser entregada a todos los miembros
de la familia, en especial al señor Tibi, quien todavía padece de serios daños psíquicos
y dolencias físicas, tales como cáncer. (Corte IDH. Caso Tibi vs Ecuador. Sentencia
Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 2004 párr. 240).
3.4. Medidas de satisfacción y Garantías de no repetición:
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Estas medidas se caracterizan en parte por el enfoque de reconocimiento del Estado en sus
diversas formas de su responsabilidad internacional, y responsabilidad en la violación de los
derechos humanos de la víctima, tienen la nalidad de recticar la narrativa y el pensamiento
colectivo de la sociedad, sirviendo al mismo tiempo como una herramienta de reivindicación
personal o la memoria de las víctimas y sus familiares. La Corte IDH ha referido que: “estas
medidas buscan, inter alia, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas o transmitir un
mensaje de reprobación ocial de las violaciones de los derechos humanos de que se trata,
así como evitar que se repitan estas violaciones” (Corte IDH. Caso De la Cruz Flores vs Perú,
Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 164).
Los principios y directrices emitidos por las Naciones Unidas sobre reparaciones, con el
objetivo de generar una línea sólida de identicación de estas medidas, han generado un listado
no taxativo de este tipo de reparaciones entre las que se encuentran varias que la Corte IDH ha
implementado en su desarrollo jurisprudencial:
a) Medidas ecaces para conseguir la cesación de las violaciones continuadas; b) La vericación
de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación
no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares,
de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se
produzcan nuevas violaciones; c) Una declaración ocial o decisión judicial que restablezca la
dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas
a ella; d) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de
responsabilidades; e) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables
de las violaciones (Resolución 60/147, 2005, párr. 22).
El doctor Claudio Nash, siguiendo los preceptos de la Organización de las Naciones Unidas y
realizando una debida recopilación de las medidas de satisfacción ordenadas por la Corte IDH,
presenta una serie de medidas que son propicias para el desarrollo de esta investigación:
a) ofrecimiento de disculpas públicas a las víctimas; b) memoriales y actos conmemorativos. La
propuesta realizada realizará una homologación entre las medidas de reparación satisfactorias
propuestas por el sistema universal y el sistema interamericano según caliquen al caso de las
masacres carcelarias del Ecuador (Nash, 2009, p. 60).
Las medidas de satisfacción, así como las garantías de no repetición comparten una esfera dual
que no se limita a la reparación de los daños provocados por el Estado sobre la violación de
los derechos humanos de las víctimas; más bien se encuentran orientados a prevenir futuras
inobservancias a las obligaciones internacionales en materia de protección de derechos
humanos.
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Índice de (in)cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado
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Las medidas de satisfacción se orientan al reconocimiento público de dos elementos especícos;
por un lado, la falta de cumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales, y por
otro, el reconocimiento público del dolor y sufrimiento de las víctimas frente a la gura de un
Leviatán estatal. Las garantías de no repetición buscan evitar que los hechos que generaron la
responsabilidad internacional del Estado se repitan de manera sistemática, a través de ordenar
buenas prácticas del Estado y de sus órganos.
Esta es la razón fundamental por la que este trabajo unica estas dos medidas como parte de un
reconocimiento al trabajo de la Corte IDH por generar memoria colectiva, con la nalidad del
respeto y garantía de los derechos contemplados en la CADH.
4. Evaluación del cumplimiento de las medidas de reparación del Estado ecuatoriano
El Estado ecuatoriano rmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) el
22 de noviembre de 1969, raticando el mismo instrumento el 20 de junio de 1977, mediante
deposito signado con el código 12/28/77 RA. En el mismo sentido, el 24 de julio de 1984
el Ecuador reconoció la vigencia del artículo 45 y del artículo 62 de la CADH, sin hacer
ningún tipo de reserva; en este sentido se ha raticado a priori la competencia contenciosa y
consultiva; y posteriormente la facultad de supervisión en el cumplimiento de sentencias según
lo contemplado en los artículos 68.1 y 65 ibídem.
El artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador referente a los tratados
internacionales raticados por el Estado reere que: “En el caso de los tratados y otros
instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano,
de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la
Constitución” (Constitución de la República del Ecuador, [CRE] ,2008, art. 417).
En el mismo sentido el artículo 424 del texto constitucional hace referencia al principio
de supremacía constitucional y en su parte pertinente en relación al valor jerárquico de los
tratados internacionales menciona: “La Constitución y los tratados internacionales de derechos
humanos raticados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos
en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”
(Constitución de la República del Ecuador, [CRE] ,2008, art. 424).
Desde esta perspectiva, se ha demostrado que según el mandato del texto constitucional que
el Estado ecuatoriano maneja una teoría monista entre el Derecho Internacional Público y el
Derecho Constitucional en el ordenamiento interno; lo que deriva en el compromiso del Estado
ecuatoriano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales; y, en los casos en los que
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se declare su responsabilidad internacional, se encuentra obligado a cumplir de manera integral
las reparaciones ordenadas por la Corte IDH.
El Estado ecuatoriano desde 1997 hasta 2023 (a la espera de la resolución del Caso Viteri
Ungaretti y otros vs. Ecuador, pendiente por resolverse en el período 163 de sesiones de la
Corte IDH), ha tenido un total de 35 casos contenciosos resueltos por la Corte IDH, de los
cuales en un caso no se determinó la responsabilidad internacional del Estado y la Corte ordenó
su archivo (Caso Palma Mendoza y otros vs Ecuador 2012). La información recabada se realizó
en base a las resoluciones de cumplimiento de sentencias emitidas por la Corte IDH en su sitio
web.
Del total de 34 casos en los que se ha declarado la responsabilidad internacional del Estado
ecuatoriano de manera general se ha dado cumplimiento a un total de 10 casos, los mismos
que han sido archivados por la Corte IDH, mediante resoluciones de la sala de vericación de
cumplimiento de sentencias, lo que representa un índice de cumplimiento del 29%, quedando
pendientes de cumplimiento el 71% de los casos, correspondientes a 24 que se encuentran
abiertos y en etapa de supervisión.
Figura 1. Índice de (in)cumplimiento de las medidas de reparación en total de casos archivados y casos
abiertos en la Corte IDH.
Fuente: elaboración propia con base en Corte IDH (2023).
Sin embargo, a pesar de un primer índice desfavorable del Estado ecuatoriano referente al
cumplimiento desde una perspectiva general, que toma en cuenta únicamente la totalidad
y archivo de casos, muestra una brecha del 42% en relación al cumplimiento cabal que ha
permitido el archivo de 10 casos, es fundamental realizar un desglose que permita identicar
los siguientes parámetros: i) índice de (in) cumplimiento de las medidas de compensación; ii)
índice de (in) cumplimiento de las medidas de restitución; iii) índice de (in) cumplimiento de
las medidas de rehabilitación; iv) índice de (in) cumplimiento de las medidas de satisfacción
y garantías de no repetición; v) vericación de las medidas con mayor y menor índice de (in)
cumplimiento.
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Índice de (in)cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado
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4.1. Índice de (in)cumplimiento de las medidas de compensación.
Para la apreciación de las medidas restantes, se valora el acumulado de reparaciones ordenadas
por la Corte IDH, con la nalidad de vericar desde un escenario global la conducta del Estado
ecuatoriano tanto en los casos archivados como en los casos pendientes de cumplimiento. Para
lo cual en primera instancia se verican las medidas de compensación.
Figura 2. (In)cumplimiento medidas de compensación
Fuente: elaboración propia con base en Corte IDH (2023).
Dentro de los casos 10 archivados por cumplimiento se logró identicar un total de 16 medidas
de compensación cumplidas, en los 24 casos abiertos, se vericó la existencia de 21 medidas
cumplidas y un total de 16 incumplidas, generando un total de 53 medidas de compensación
por indemnización. Logrando determinarse un índice de cumplimiento del 70% y un índice de
incumplimiento del 30%.
4.2. Índice de (in)cumplimiento de las medidas de restitución
Figura 3. (In)cumplimiento medidas de restitución.
Fuente: elaboración propia con base en Corte IDH (2023).
Keevin F. Gallardo-Ruiz, Oswaldo V. Ruiz-Falconi, Mayra Ruiz-Falconi
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En referencia las medidas de restitución en los 10 casos archivados por cumplimiento se
identicó un total de 4 medidas cumplidas, en los 24 casos abiertos, se vericó la existencia
de 5 medidas cumplidas y 5 incumplidas, sumando un total de 14 medidas de restitución.
Logrando determinar que el índice de cumplimiento del Estado ecuatoriano es del 64.29% y de
incumplimiento del 35.71%.
4.3. Índice de (incumplimiento de las medidas de rehabilitación
Figura 4. (In)cumplimiento medidas de rehabilitación.
Fuente: elaboración propia con base en Corte IDH (2023).
En el mismo sentido, las medidas de rehabilitación, en los 10 casos archivados por cumplimiento
se identicó un total de 2 medidas cumplidas, en los 24 casos abiertos, se vericó la existencia
de 1 medida cumplida, y de 7 incumplidas, sumando un total de 10 medidas de rehabilitación.
Determinando que el índice de cumplimiento es del 30% e incumplimiento del 70%.
4.4. Índice de (in)cumplimiento de las medidas de satisfacción y garantías de no repetición
Figura 5. (In)cumplimiento medidas de medidas de satisfacción y garantías de no repetición
Fuente: elaboración propia con base en Corte IDH (2023).
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Índice de (in)cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado
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En relación con las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, en los 10 casos
archivados por su cumplimiento se identicaron un total de 13 medidas cumplidas, en los 24
casos abiertos, se pudo vericar 23 medidas cumplidas y 54 incumplidas, sumando un total de
90. Determinando un índice de cumplimiento del 40% e incumplimiento del 60%
4.5. Vericación de las medidas con mayor y menor índice de (in)cumplimiento.
Una vez se ha podido identicar el índice de cumplimiento individualizado de las medidas
ordenadas como forma de reparación por parte de la Corte IDH al Estado ecuatoriano es
fundamental determinar las medidas con mayor y menor índice de cumplimiento, se puede
resumir que el índice de cumplimiento de las medidas de reparación por parte del Estado
ecuatoriano se presenta de la siguiente manera: medidas de compensación: 70%; medidas de
restitución: 64%; medidas de rehabilitación: 30% ; y medidas de satisfacción y garantías
de no repetición: 40%. Por otro lado, el resumen del índice de incumplimiento arroja los
siguientes resultados: medidas de compensación: 30%; medidas de restitución: 36%; medidas
de rehabilitación: 70%; y medidas de satisfacción y garantías de no repetición: 60%.
Figura 6. Vericación de las medidas con mayor y menor índice de (in)cumplimiento
Fuente: elaboración propia con base en Corte IDH (2023).
El Estado ecuatoriano mantiene 35 casos contenciosos ante la Corte IDH, 34 con sentencia de
responsabilidad internacional y con orden de cumplir medidas de reparación, de los cuales 10
cuentan con una resolución de archivo por su eciente cumplimiento, y 24 que se mantienen en
etapa de supervisión por falta de cumplimiento integral. Vericándose un índice preocupante
del 71% de casos abiertos por incumplimiento de las medidas de reparación.
La Corte IDH, ha ordenado al Estado ecuatoriano el cumplimiento de 4 tipos de medidas: i) de
compensación; ii) restitución; iii) rehabilitación; y iv) satisfacción y garantías de no repetición.
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Una vez se ha podido identicar el índice de (in) cumplimiento individualizado de las medidas
ordenadas como forma de reparación por parte de la Corte IDH al Estado ecuatoriano es
fundamental determinar las medidas con mayor y menor índice de (in) cumplimiento, se puede
resumir que el índice de cumplimiento de las medidas de reparación por parte del Estado
ecuatoriano se presenta de la siguiente manera: medidas de compensación: 70%; medidas de
restitución: 64%; medidas de rehabilitación: 30% ; y medidas de satisfacción y garantías
de no repetición: 40%. Por otro lado, el resumen del índice de incumplimiento arroja los
siguientes resultados: medidas de compensación:30%; medidas de restitución: 36%; medidas
de rehabilitación: 70%; y medidas de satisfacción y garantías de no repetición: 60%.
Conclusiones
La gura jurídica de la responsabilidad internacional a priori estuvo diseñada bajo un modelo
del Derecho Internacional clásico enfocado a regular la conducta del Estado desde una visión
realista de las Relaciones Internacionales, tomando al Estado como el único y más importante
sujeto y actor del escenario internacional. La resolución A/56/83 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas referente a la responsabilidad internacional por hechos internacionalmente
ilícitos a priori se utilizaba para regular las acciones u omisiones de los Estados que generen
daño y prejuicio a otros Estados a través de la violación a obligaciones internacionales.
A partir de 1945 con la suscripción de la Carta de San Francisco el Derecho Internacional
evolucionó a la teoría contemporánea, regida por los objetivos de la Carta de las Naciones
Unidas, que instituye como valor fundamental el respeto y garantía de los Derechos Humanos,
constituyéndose una nueva rama del DIP. Razón por la cual la resolución A/56/83 empezó
a ser utilizada con un enfoque de protección de Derechos Humanos, generando juicios de
responsabilidad a través de los tribunales jurisdiccionales regionales.
Así la Corte Interamericana se consolida como el mayor tribunal de justicia regional en materia
de Derechos Humanos que a través de su función jurisdiccional realiza juicios de responsabilidad
internacional clásicos con un enfoque de protección a las personas tomando como referencia
el Corpus Iuris Interamericano, a los Estados cuya conducta por acción u omisión violen las
obligaciones internacionales voluntariamente suscritas por los Estados parte.
Uno de los principios generales del Derecho Internacional Público como fuente primaria
es el que reere que cada daño ocasionado por responsabilidad internacional genera una
obligación de reparación, precepto aplicado al campo de los derechos humanos, razón por la
cual, cuando la Corte IDH declara la responsabilidad internacional de los Estados por hechos
internacionalmente ilícitos en el contenido de sus sentencias ordena medidas de reparación a
las víctimas.
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Índice de (in)cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado
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Los casos que se encuentran en el sistema interamericano en especial aquellos resueltos por
la Corte IDH, se mantienen abiertos y en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias,
mientras el Estado cumpla efectiva e integralmente con todas las medidas de reparación que
pueden ser: compensatorias, de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición. Únicamente cuando las medidas son cumplidas, la Corte a través de su facultad
contemplada en los artículos 68.1 y 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
ordena el archivo de los casos.
Las medidas de compensación ordenadas por la Corte Interamericana se consolidan como las
de mayor cumplimiento con un 70%, las mismas se reeren al pago de costas procesales,
reparación material e inmaterial; se constituyen en medidas que no requieren de un esfuerzo
amplio por parte del Estado; en relación al cumplimiento de las medidas de restitución se han
cumplido en un 64% lo que demuestra un nivel mayor de complejidad por parte del Estado;
en relación a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición estas han sido cumplidas
en un 40% que requieren de esfuerzos adicionales, tomando en consideración que como parte
de estas medidas se solicita el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado,
disculpas públicas, colocación de placas, creación de días nacionales, modicación de la
legislación interna acorde a la Convención entre otras.
Las medidas que demuestran un menor índice cumplimiento son las de rehabilitación,
pudiéndose identicar 10 medidas en los casos: i) Suárez Peralta; ii) Cortez Espinoza, Gonzales
Lluy y otros, iii) Vásquez Durand y otros, iv) Montesinos Mejía, v) Guzmán Albarracín y otras,
vi) Guachalá Chimbo y otros (2), vii) Garzón Guzmán y otros, viii) Casierra Quiñonez y otros.
Situación que juntamente con el índice de incumplimiento de las medidas de satisfacción y
garantías de no repetición, se constituyen como las de meno de cumplimiento; razón por la cual
es imperante continuar ampliando la investigación, en relación a estas medidas de reparación,
individualizando cada uno de los parámetros que la conforman según los estándares de la Corte
IDH.
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POLÍTICA EDITORIAL
ENFOQUE Y ALCANCE
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, considera para su
publicación artículos académicos inéditos y originales relacionados con aspectos políticos,
económicos, jurídicos, administrativos, contables, comunicacionales, y turísticos,
presentados como contribuciones teóricas o aplicadas. La revista conferirá prelación a la
publicación de trabajos cuyo objeto de estudio sean problemas ecuatorianos y latinoamericanos.
Los artículos recibidos por la revista son evaluados preliminarmente por el editor,
considerando estándares de calidad académica y originalidad. Aquellos artículos que cumplan
con este requerimiento son sometidos a la evaluación anónima de dos jurados nacionales
o internacionales (método doble ciego). Los comentarios de los jurados serán conocidos por
los autores. A juicio del editor, en la revista también podrán publicarse notas metodológicas,
revisión de libros y breves comentarios sobre artículos publicados, junto con la respuesta
del(los) autor(es) del artículo original.
La revista ofrece sus artículos en formato libre (Open Access, OAJ); es decir que se puede
acceder de forma gratuita a cualquier artículo publicado en la misma a través de la página web
de la revista: http://kairos.unach.edu.ec
EVALUACIÓN PARES
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, es una revista académica
de difusión nacional e internacional, que publica artículos producto de investigaciones
relacionadas con aspectos económicos, administrativos, contables, jurídicos y comunicacionales.
Cada artículo recibido es sometido al juicio de evaluadores anónimos bajo la metodología de
doble ciego. La evaluación está a cargo de académicos con amplia trayectoria y reconocimiento
en cada uno de los temas evaluados. Estos serán preferentemente internacionales y externos a la
institución editora. En este proceso se utiliza un formato pertinente a las áreas de conocimiento
de la revista, y que garantiza que la evaluación se guíe por los siguientes criterios:
• En cuanto a contenidos, por su relevancia, pertinencia, por sus aportes, por su profundidad,
y rigor conceptual y metodológico.
• En lo referente al aspecto formal, por su estructuración, estilo y facilidad de lectura.
• El proceso de evaluación y los criterios de éste, garanti za que los artículos publicados en
la revista sean de excelente calidad.
La revista publica semestralmente un número (2 ediciones bajo un volumen anual), que
abarcan los períodos de enero-junio, y julio-Diciembre. Los números son publicados al inicio
de los periodos declarados (enero y julio).
FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN
POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO
Esta es una revista de acceso abierto, lo que signica que todo el contenido está disponible
gratuitamente sin cargo para el usuario o su institución. Los usuarios pueden leer, descargar,
copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular a los textos completos de los artículos, o usarlos
para cualquier otro propósito legal, sin pedir permiso previo del editor o del autor.
Esta revista cientíca no exige pagos por procesamiento de artículos o por la publicación, ni
establece periodos de embargo a sus autores.
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, sostiene su compromiso
con las políticas de Acceso Abierto a la información cientíca, al considerar que tanto las
publicaciones cientícas como las investigaciones nanciadas con fondos públicos deben
circular en Internet en forma libre, gratuita y sin restricciones.
TÉRMINOS DE LA LICENCIA
Los artículos publicados por Kairós se distribuyen bajo una licencia CC BY-NC-ND por lo
cual es libre de compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y PROCESO EDITORIAL
En el momento de recibir un artículo, el equipo editorial evalúa si cumple con los requisitos
básicos exigidos por la revista (Extensión del resumen y el documento normas de citación
y presentación formal), así como su pertinencia (temas) y calidad (objetivo, marco teórico,
metodología, conclusiones y bibliografía).
Los artículos que cumplan con los requisitos temáticos y formales indicados en estas
instrucciones serán recibidos para evaluación y puestos a consideración de los pares evaluadores.
Los artículos que no se ajusten a estas normas serán declarados como no aprobado. KAIRÓS,
Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas se reserva el derecho de hacer
los cambios editoriales que considere convenientes.
Posteriormente, toda contribución es sometida a la evaluación de árbitros anónimos. Estos
pueden recomendar la publicación sin observaciones, la publicación con modicaciones
mayores (de fondo), o que el manuscrito no es publicable. En caso de controversia en el
dictamen de los pares evaluadores, se dirimirá mediante la solicitud de una nueva evaluación
por otro par evaluador. Si el artículo es rechazado por ambos revisores, será devuelto a su autor
explicándole los motivos.
POLÍTICA EDITORIAL
El resultado de las evaluaciones será comunicado al autor en un período inferior a tres meses
aproximadamente a partir de la recepción del artículo.
Las observaciones de los evaluadores, así como las del equipo editorial, deberán ser tomadas
en cuenta por el autor, quien hará los ajustes solicitados, y explicará los cambios realizados
en carta adjunta. Estas modicaciones y correcciones al manuscrito deberán ser realizadas
por el autor en el plazo que le será indicado por el editor de la revista (aprox. 15 días).
Luego de recibir el artículo modicado, se le informará al autor acerca de su aproba-
ción. El equipo editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos
y el número en el cual se publicarán. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor
haga llegar toda la documentación que le es solicitada en el plazo indicado.
DERECHOS DE AUTOR
Al enviar su trabajo a Kairós, Revista de ciencias económicas, jurídica y administrativas,
el autor cede al editor de manera no exclusiva los derechos de reproducción, publicación,
comunicación pública, ditribución y transformación con el n de que pueda ser publicado
en la revista en versión electrónica y se pueda consultar desde la web de la revista.
Asimismo, los autores autorizan que su artículo sea publicado con una licencia Creative Com-
mons Reconocimiento CC BY-NC-ND.
Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:
• Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de
ser la primera publicación del trabajo al igual que licenciado bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento CC BY-NC-ND.
• Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución no
exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista (por ejemplo, situarlo en un
repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su publicación
inicial en esta revista.
• Se permite y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónicamente (por ejemplo,
en repositorios institucionales o en su propio sitio web) después de su publicación, ya
que puede dar lugar a intercambios productivos, así como a unacitación más temprana y
mayor de los trabajos publicados
DECLARACIÓN DE ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS Y EDITORIALES
Esta revista cientíca se rige por los estándares internacionales publicados por el Comité
de Ética en la Publicación (COPE)[1]. A su vez, se basa en la Guía de mejores prácticas para
editores de revistas cientícas[2] y el Paquete de recursos para la ética en la publicación (PERK)
[3], desarrollado por el grupo editorial Elsevier, a n de garantizar transparencia tanto en la
publicación de las contribuciones como en los procedimientos de resolución de conictos
POLÍTICA EDITORIAL
asociados. El equipo editorial de esta revista cientíca se asegurará de que todas las partes
(editores, pares evaluadores y autores) sigan a cabalidad las normas éticas en todo el proceso
editorial.
KAIRÓS, usa el sistema automatizado de manejo de plagio -Urkund- para detectar posible
plagio en los manuscritos recibidos, de forma que todos los artículos serán revisados con este
método, aceptando hasta un máximo de 10% de similitudes.
Autores
Evitar una conducta impropia en la investigación:
• Fraude en la investigación.
• Experimentación indebida con o en animales y humanos.
Evitar faltas graves de ética profesional:
• Envíos simultáneos, publicación duplicada.
• Conicto de intereses.
• Disputas de autoría.
• Fragmentación.
Pares evaluadores
• Declarar conictos de intereses o inhabilidades.
• Adherirse estrictamente a las políticas del proceso de evaluación de la revista.
• Responder las solicitudes y enviar evaluaciones a tiempo.
• Hacer una evaluación metódica y rigurosa, como se espera, dado el nivel de experticia del
par evaluador.
• Respetar la condencialidad de la información ligada al proceso editorial.
Editor
• Garantizar la transparencia de las contribuciones y los procesos de evaluación y publicación.
• Garantizar la interlocución objetiva y la condencialidad de las partes involucradas en el
proceso editorial.
• Responder con celeridad y respeto a las preguntas y noticaciones.
• Garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de ética, de la investigación y la
publicación en todos los procesos cientícos y editoriales relacionados con la revista.
INSTRUCCIONES PARA AUTORES
Kairós, Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, solo publica los resultados
de trabajos originales de investigación, teóricos y prácticos, relacionados con aspectos
económicos, administrativos, contables, jurídicos, turísticos y comunicacionales. Se reciben
publicaciones en español, inglés, francés y portugués. No se publican traducciones (favor revisar
apartado “sobre la revista).
POLÍTICA EDITORIAL
• La recepción de artículos es abierta y constante.
• Se tendrán en cuenta los artículos subidos y enviados por los autores a través de la
plataforma OJS.
http://kairos.unach.edu.ec
• También se tendrán en cuenta artículos remitidos al correo electrónico de la revista:
kairos@unach.edu.ec
• Antes de enviar o subir su artículo a la plataforma OJS, asegúrese que el archivo no
contenga ni su nombre ni demás datos personales, esto con el n de garantizar la
revisión a ciegas.
• Si su artículo es publicado en español o en otro idioma, la revista no publica ni sube
al portal una versión diferente al idioma enviado.
• Tenga en cuenta que el proceso de revisión de su artículo oscilará entre tres meses y
seis meses.
• Durante el proceso de recepción y evaluación, la revista envía a través de la plataforma
OJS, mensajes a su cuenta de correo electrónico sobre el estado de su contribución,
por lo que le recomendamos revisar constantemente la carpeta de correo no deseado o
de spam porque muchos mensajes enviados desde OJS pueden estar alojados en este sitio.
• Por ultimo le sugerimos tener en cuenta todos los requisitos y normas de la
revista antes de enviar su artículo. Este es el primer ltro que se realiza, el documento
que no llegue con todos los requisitos no se aprobará.
• Le solicitamos tener en cuenta la siguiente información para que tanto ustedes como el
equipo de la revista hagan un uso eciente de los tiempos y procesos editoriales.
INFORMACIÓN GENERAL
El autor del artículo deberá registrarse como autor en el perl Open Journal System (OJS) de la
revista:
http://kairos.unach.edu.ec
Una vez registrado deberá seguir las instrucciones que allí se encuentran, subir el artículo y
el formato solicitado (información de procedencia del artículo). Es indispensable y obligatorio
llenar todos los campos del formulario del registro tanto de cada autor como la información del
artículo. En el campo de teléfono se deben poner todos los indicativos de marcado para el país
correspondiente.
Aunque la revista fomenta el uso de la plataforma OJS, también se tendrán en cuenta
artículos remitidos al correo electrónico de la revista:
kairos@unach.edu.ec
REQUISITOS GENERALES
1. Los trabajos deben ser totalmente inéditos, y no deben ser enviados simultáneamente a otra
publicación. No se aceptan traducciones de artículos ya publicados.
2. Antes de enviar o subir su artículo a la plataforma OJS, asegúrese que el archivo del
manuscrito NO contenga los nombres de los autores ni demás datos personales. Para
el efecto, en una hoja aparte el autor indicará su nombre, tal como desea que aparezca
en la publicación, incluido el de los coautores si los hubiese, su lugar de adscripción
y los datos de teléfono o correo electrónico, y en general toda aquella información que
permita su localización en caso de que se requiriera alguna consulta, para ello llenará
el formato “Datos académicos del autor” que se le hará llegar vía electrónica.
3. Antes de enviar o subir su artículo a la plataforma OJS, asegúrese que el artículo cumple
con todas las normas y requisitos de la revista.
4. Debe enviarse al correo electrónico de la revista o subirse a la plataforma en OJS en formato
Word con márgenes en estilo Normal (inferior y superior: 2.5 cm; izquierda y derecha: 2.5 cm),
en hoja tamaño A4, espacio interlineado 1.5, justicado, en letra Arial 12, a una sola columna.
5. La extensión máxima de cada manuscrito no deberá pasar de las 8.000 palabras, y la mí-
nima de 4.000, incluidas guras, tablas y referencias bibliográcas. El Comité Editorial
en casos excepcionales podrá aprobar manuscritos que sobrepasen las 8.000 palabras.
6. No se reciben documentos de género periodístico o comentarios generales sobre algún tema.
7. Los autores otorgan permiso a KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y
administrativas para que su artículo se difunda en otros medios.
8. La recepción de artículos es abierta y constante.
9. Se reciben artículos en español, inglés, francés y portugués.
10. Todos los autores deben registrar el nombre bajo el cual publican en el registro internacional
de autores —IRALIS—, en la dirección: http://www.iralis.org/
11. Todos los autores debe proporcionar su ORCID, de no tenerlo el autor deberá registrarse en
http://orcid.org/.
12. Los apartados que debe incluir el trabajo son los siguientes (a excepción de los artículos de
reexión, en los cuales no es necesario diferenciar los apartados de metodología, resultados
y discusión):
• Título. Debe ser descriptivo y que abarcar el contenido del trabajo. Debe ir en mayúscula
ja, negrita y centrado. En el siguiente reglón, en mayúscula ja, centrado, pero sin negrita,
en idioma inglés.
• Resumen (máximo 800 caracteres con espacio) que contenga una breve descrip-
ción de cada una de las secciones principales: introducción, metodología, resultados,
discusión y conclusiones más relevantes. Se debe evitar iniciar “Este artículo trata
de...” o similares. No debe incluir tablas, números, referencias o expresiones matemáticas.
La información del resumen debe ser congruente con la que se presenta en
el resto del artículo. Se debe presentar en idioma del manuscrito y en inglés.
• Palabras clave. Son descriptores del contenido del manuscrito, con un mímo de
tres y un máximo de cinco, separadas por coma (,). Deben redactarse en el idioma
del manuscrito y en inglés. Las palabras claves son conceptos generales relacionados
con el contenido. Esto permite identicar la temática del artículo.
Dado que las palabras clave son las marcas que los buscadores utilizan para encontrar artículos
en Internet, se recomienda que se escojan palabras que no formen parte del títuloy que
resalten los principales aspectos del artículo. Se recomienda revisar los términos y jerarquías
en el listado bibliográco THESAURUS - http://databases.unesco.org/thesaurus/.
• Introducción. Debe motivar el estudio, resumiendo su marco o fundamentos, sin necesidad
de revisar exhaustivamente el tema, y nalizar con una exposición clara del objetivo del
trabajo. Se incluirán sólo aquellas referencias estrictamente necesarias según criterios de
actualidad y relevancia en relación con los nes del estudio.
• Métodos. Los investigadores deben describir sus métodos de forma clara y sin ambigüedades,
incluyendo la información necesaria acerca de los procedimientos, los instrumentos
de medida, las variables y los métodos de análisis empleados. Esta sección debe incluir
información suciente para que otros/otras autores/as puedan replicar el trabajo. El comité
editorial puede solicitar el cuestionario utilizado en el estudio, si lo hubiere, o
que éste sea publicado con el artículo si nalmente es aceptado. Los estudios en seres
humanos deben contar con la aprobación expresa del comité de ética correspondiente.
• Resultados. Los resultados han de presentarse de forma concisa y clara, con el número
mínimo necesario de tablas y guras. Se presentarán de modo que no haya duplicación ni
repetición innecesaria de información en el texto y en las guras o tablas.
• Discusión y Conclusiones. Se destacarán los aspectos novedosos y relevantes del trabajo,
así como las conclusiones que de él se derivan. Debe evitarse repetir con detalle información
o datos ya presentados en las secciones anteriores. Se comentarán los resultados obtenidos
en relación con los de otros estudios previos relevantes, y se interpretarán las diferencias y
las similitudes. Se señalarán las fortalezas y las limitaciones del estudio, y se comentarán sus
posibles implicaciones en la interpretación de los resultados. Las conclusiones deben
relacionarse con los objetivos del estudio, y hay que evitar armaciones no respaldadas
suficientemente por los datos disponibles. Cuando sea pertinente, se recomienda a los
autores que hagan referencia a las implicaciones de su estudio para la política pública o
la gestión pública o privada.
• Referencias. Deberán aparecer completas al nal del artículo en forma de lista, en letra
Arial 12, organizadas alfabéticamente por autor y, para cada autor, en orden cronológico,
de más antiguo a más reciente. Siguiendo las normas internacionales APA (Ameri-
can Psychological Association). Se recomienda vericar la citación de las referencias en
un generador automático de bibliografía. Puede consultar http://citethisforme.com/es
La lista bibliográca según el estilo APA guarda una relación exacta con las citas que aparecen
en el texto del trabajo. Solamente incluye aquellos recursos que se utilizaron para llevar a cabo
la investigación y preparación del trabajo.
La lista bibliográca se titulará: Referencias.
La lista tiene un orden alfabético por apellido del autor(a) y se incluye con las iniciales de sus
nombres de pila.
La lista se escribe a espacio y medio.
Los títulos de revistas o de libros se escriben en cursiva. En el caso de revistas, el texto en cur-
siva comprende desde el título de la revista hasta el número del volumen.
Tablas, guras, grácos e ilustraciones serán los estrictamente necesarios y deben explicarse
por sí solos (sin tener que recurrir al texto para su comprensión). Deben indicar las unidades
de medición, y contener todas las notas al pie y se debe especicar claramente la fuente.
Deben enviarse insertadas en el texto en el lugar que cada autor considere oportuno.
Cada tabla y gura debe encabezarse con la expresión “Tabla” o “Figura” y la leyenda de esta.
Además, se enviará un único archivo con una carpeta comprimida en la que vayan incluidas
todas las guras en formato JPG o PNG, fácilmente identicables (número de gura en el
nombre del archivo) y con una calidad aceptable.
Notación matemática. Las ecuaciones o fórmulas deben ir alineadas al centro con numeración
arábiga consecutiva encerrada entre paréntesis a su derecha. Asimismo, deben contar con los
respectivos subíndices, superíndices y letras griegas claramente especicadas.
Una vez revisado el artículo y aprobado por los pares evaluadores ciegos, se procederá a su
edición en PDF, antes de ser publicado se enviará a cada autor/a una prueba de impresión
en el formato PDF denitivo. El autor deberá dar su consentimiento a la última edición
y una vez autorizado podrá ser publicado.
TIPOS DE ARTÍCULOS
Los artículos pueden ser de los tres tipos descritos a continuación:
Investigación original
Trabajos realizados con metodología cuantitativa o cualitativa relacionados con cualquier
aspecto de la investigación en los campos económicos, administrativos, contables, jurídicos y
comunicacionales.
Revisiones bibliográcas
Estudios bibliométricos, revisiones sistemáticas, metaanálisis y metasíntesis sobre temas
relevantes y de actualidad en los campos económicos, administrativos, contables, jurídicos
y comunicacionales. Se tratará de un artículo cientíco que recopila la información
más relevante sobre un tema especíco. El objetivo fundamental es identicar qué
se conoce del tema, qué se ha investigado y qué aspectos permanecen desconocidos.
Para la preparación de revisiones sistemáticas o metanálisis se recomienda adaptarse a lo
indicado por la última versión de la declaración PRISMA (http://www.prisma-statement.org/).
Reexión
Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva
analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema especíco, recurriendo a fuentes
originales. Estos pueden ser estudios monográcos (artículos doctrinales) o comentarios de
jurisprudencia.
