KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
II
TABLA DE CONTENIDOS
MÁS ALLÁ DE LA POBREZA. PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
MEJORAR EL BIENESTAR POBLACIONAL.....................................................................................9
Mario A. Contreras-Jaramillo, María del Cisne Tituaña-Castillo
LA ORALIDAD COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS...............33
Karla A. Yanez-Yanez, Frank L. Mila-Maldonado
¿DE QUÉ MANERA INCIDE LA NACIONALIDAD PARA OBTENER REFUGIO
EN MÉXICO? UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE VENEZOLANOS Y
CENTROAMERICANOS.................................................................................................................................52
Eduardo Elías Gutiérrez López, Sarahy Daniela Garibay Ascencio , Nidya Lizeth
Gámez Flores
SECTOR CONSTRUCCIÓN EN ECUADOR: UN ANÁLISIS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA
POR COVID-19.....................................................................................................................................................72
Darío Díaz-Muñoz, Roberto Arias-Figueroa, Marlon Tinajero-Jiménez
COMPETENCIAS DIGITALES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO: UN ANÁLISIS
BIBLIOMÉTRICO.............................................................................................................................................86
Ana Jacqueline Urrego, Katya Grados Fabara, William Israel Vilema Endara
SOSTENIBILIDAD EN LA BANCA: UN ESTUDIO DE CASO EN ECUADOR...............105
Diego Raza Carrillo, Wilson Enrique Araque Jaramillo, David Alexander Grey
Castillo
FAMILIA QUE CUIDA: UN ANÁLISIS RESPECTO A LA VALORIZACIÓN DE LA
OFERTA PÚBLICA DIRIGIDA A LOS CUIDADOS EN CHILE...................................................126
Alejandra A. Retamal Retamal, Nicole Alejandra Elizondo Orellana
FACTORES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE
CRÉDITO DEL SECTOR BANCARIO VENEZOLANO, PERÍODO: 2004 – 2018.............147
Zarays del Valles Cortez Lopez, Daniel Antonio Lahoud Carrero
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DEL LENGUAJE
ESCRITO EN EL AULA VIRTUAL DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19 EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA....................................................................................................................................168
Raúl Guillermo Zambrano Pontón, Rosario Livelia Haro Velasteguí
KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
COMITÉ EDITORIAL EQUIPO EDITORIAL
III
Ph.D. Diego Enrique Pinilla Rodriguez
DIRECTOR / EDITOR EN JEFE
Ph.D. Gerardo Miguen Nieves Loja
COORDINADOR EDITORIAL
Ph.D. Patricia Hernandez Medina
COORDINADORA EDITORIAL
MSc. Pablo Rosas Chávez
DISEÑADOR
MSc. Pablo Méndez Naranjo
COORDINADOR TECNOLÓGICO
Ph.D. Galo Rodrigo Guerrero
Universidad Técnica Particular de Loja
MSc. Carlos Hernando Escobar Uribe
Universidad del Bosque, Colombia.
Ph.D. Damián Bil
Consejo Nacional de Investigaciones Cientícas
y Técnicas, Argentina.
MSc. Marcos Baudean
Universidad ORT, Uruguay.
Ph.D. Juan Carlos Vilaseca Berrios
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia.
Ph.D. Susana de las Mercedes Andrade Orellana
Ponticia Universidad Católica del Ecuador.
Ph.D. Andrés Botero Bernal
Universidad Industrial de Santander, Colombia.
MSc. Patricia Chiriboga
ASISTENTE EDITORIAL
MSc. José Vinicio Palacios Carrillo
ASISTENTE EDITORIAL
Lcd. Jenny Alexandra Freire Rivera
TRADUCTORA DEL INGLES
Anthonny Andres Cedeño Diaz
MAQUETADOR
Ph.D. Julio César Guanche Zaldivar
Flacso, Ecuador.
Ph.D. Tania Lizeth Zabala-Peñael
Flacso, Ecuador.
Ph.D. Edgar Corso Sosa
Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Universidad Nacional Autónoma de México.
Ph.D. Patricio Sánchez Cuesta
Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.
Lcd. Jenny Alexandra Freire Rivera
Universidad Nacional de Chiborazo, Ecuador.
Ph.D. Maria de Los Angeles Sanchez Dominguez
Universidad de Granada, España.
KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
Ph.D. (c) Andrés Santacoloma Santacoloma
Goethe University Frankfurt, Alemania.
Ph.D. Paula Otero Hermida
Universidad Politécnica de Valencia,
España.
Ph.D. Maximiliano Alberto Aramburo Calle
Universidad Ponticia Bolivariana,
Colombia.
Ph.D. Javier Ivan Soledad Suescún
Universidad de Pamplona, Colombia.
Ph.D. Vicente José Benito Gil
Universidad de Alicante, España.
Ph.D. Diana Beatriz González Carvallo
Centro de Estudios Constitucionales de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
México.
Ph.D. Myrna Limas Hernández
Universidad Autónoma de Ciudad Juarez,
México.
Ph.D. José Luis Crespo Fajardo
Universidad de Cuenca, Ecuador.
Ph.D. Luis Rafael Morales La Paz
Universidad Católica Andrés Bello,
Venezuela.
Ph.D. Daniel Lahoud
Universidad Católica Andrés Bello,
Venezuela.
MSc. Diana Milena Murcia Riaño
Universidad del Bosque, Colombia.
Ph.D. Juan Pablo Jaimes Villamizar
Universidad Simón Bolivar, Colombia.
Ph.D. Miguel Ángel García
School of Law, University College Cork,
Irlanda.
Ph.D. Roberto del Barco Gamarra
Universidad Técnica de Oruro, Bolivia.
Msc. Gonzálo Jonás Paredes Reyes
Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil.
Msc. Sol David López Domínguez Rivas
Universidad de Guayaquil, Ecuador.
Ph.D. Juan Ramos Martín
Ponticia Universidad Javeriana, Colombia.
Ph.D. Priscila Hermida
Ponticia Universidad Católica del Ecuador,
Ecuador.
Ph.D. Milton Fernando Montoya Pardo
Universidad Externado de Colombia.
MSc. Juan Pablo Cabrera Vélez
Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador.
MSc. Jorge Andrés Cruz Silva
Ponticia Universidad Católica del Ecuador,
Ecuador.
COMITÉ CIENTÍFICO
IV
KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
COMITÉ CIENTÍFICO
Ph.D. Narcisa Jessenia Medranda
Morales
Universidad Politécnica Salesiana,
Ecuador.
Msc. Ximena Margarita Coronado
Otavalo
Ponticia Universidad Católica
del Ecuador, Ecuador.
Ph.D. Pablo Andrés Escandón
Montenegro
Universidad Andina Simón Bolívar,
Ecuador.
Msc. María Eugenia Borja Lombeida
Universidad Nacional de Chimborazo,
Ecuador
Ph.D. Damián Emilio Gibaja Romero
Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla, México.
Abogado William Iván Gallo Aponte
Universidad Externado de Colombia.
Msc. Alejandro Hernández Luis
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales FLACSO, Ecuador.
Ph.D. Amir Al Hasani Maturano
Universidad de las Islas Baleares, España.
V
KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
ÁRBITROS INVITADOS
Dra. Beatriz García-Carro Peña
Universidad de A Coruña – España.
Dra. María Carmen Sánchez Sellero
Universidad de A Coruña – España.
Dra. Orazi Sofía
Universidad Nacional del Sur - Argentina.
Ph.D. Adriana Uquillas Andrade
Escuela Politécnica Nacional – Ecuador.
Edgar Lascano Corrales, MBA
Universidad Regional Autónoma de los
Andes – Ecuador.
Raúl Comas Rodríguez, PhD
Universidad Regional Autónoma de los
Andes – Ecuador.
Dra. Janneth Clavijo
CONICET-UPC – Argentina.
Dr. Luis Manuel Marcano Salazar
Universidad Sek/Santiago de Chile.
Verónica Armijos Buitrón, Ph.D.
Universidad Técnica Particular de Loja –
Ecuador.
Mg. Jhoana Elizabeth Paladines Benítez
Universidad Técnica Particular de Loja –
Ecuador.
Mg. Elveny Laguado Jaimes
Universidad Cooperativa de Colombia.
Dra. Marta Seiz
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED).
Ph.D. Eider Bilbao-Aiastui
Universidad del Atlántico Medio – España.
Dr. Julio Cabero Almenara
Universidad de Sevilla – España
Ph.D. Franz del Pozo
Universidad Central del Ecuador
Dra. María Jesús Ariza Colmenarejo
Universidad Autónoma de Madrid – España.
Mg. Franklin Cevallos Cabezas
Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal.
Mg. Adriana Gallardo Vargas
Universidad Anahuac - México.
Mg. Ana Ximena Salguero Cajo
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo –
Ecuador.
VI
KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
Presentamos el número 11 de KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y
administravas, de la Universidad Nacional de Chimborazo. En este número, el primer arculo:
Más allá de la pobreza. Propuesta de polícas públicas para mejorar el bienestar poblacional,
de Contreras-Jaramillo y Tituaña-Casllo (Universidad Técnica Parcular de Loja) a parr de un
estudio focal en el cantón Loja–Ecuador a personas que viven en extrema pobreza, idencan
los principales problemas que afectan su bienestar, como un medio para construir con mayor
base polícas públicas. Concluyen que la pobreza no es solo una cuesón de ingreso, y que por
tanto, la ayuda estatal no ene por qué limitarse a la estrictamente monetaria.
En el segundo arculo, Yanez-Yanez y Mila-Maldonado (Universidad de Otavalo), en su
arculo: La oralidad como principio constucional de los procesos, analizan el contenido y
alcance del principio de oralidad en el contexto procesal del Estado constucional de derechos,
determinando la inuencia que ene la oralidad como elemento básico y fundamental de
los procesos de corte acusatorio, como parte del fenómeno de la constucionalización del
derecho, por lo que el referido principio se erige como el nuevo paradigma de la prácca del
derecho procesal.
En el tercer arculo: ¿de qué manera incide la nacionalidad para obtener refugio en México?
Un análisis comparavo entre venezolanos y centroamericanos, Guérrez López, Garibay
Ascencio, y Gámez Flores, afrontar el interrogante de si la nacionalidad se torna en un factor
para obtener refugio en México, encontrando patrones de coincidencia para rechazar a las
mismas nacionalidades, algo que se explica por la presión que ejerce Estados Unidos sobre
México en materia de políca migratoria.
En el cuarto arculo: Sector construcción en Ecuador: un análisis en el contexto de pandemia
por COVID-19, Díaz-Muñoz, Arias y Tinajero (Universidad Técnica de Cotopaxi), idencan las
diferencias antes, en la pandemia y luego de ella, respecto del comportamiento del sector
de la construcción en el Ecuador. Concluyen que únicamente el PIB es estadísticamente
significativo en la explicación del comportamiento, lo cual puede deberse a que el impacto de
la pandemia es recogido en la contracción de la actividad económica.
En el quinto arculo: Competencias digitales del profesorado universitario: un análisis
bibliométrico, Urrego (Universidad Nacional de Chimborazo) y Grados-Fabara y Vilema Endara
(Unidad Educava “Victoria Vásconez Cuvi – Simón Bolívar – Elvira Ortega”), realizan un
análisis bibliométrico de las competencias digitales del profesorado de educación superior
en los úlmos diez años. Sus resultados muestran que las publicaciones y citaciones están
concentradas en ciertos países y autores, que corresponden a aquellos que trabajan en redes
más grandes y enen mayores índices h y g.
En el sexto arculo, Raza-Carrillo y Araque-Jaramillo (Universidad Andina Simón Bolívar –
Ecuador); y Grey Casllo (Banco Pichincha), idencan las principales iniciavas del banco
analizado, para reducir su impacto ambiental y el de sus clientes. En parcular, reseñan
la estrategia de “biocrédito” y presentan sus resultados en tres indicadores: reducción de
emisiones de CO2, reducción de consumo de agua y reducción de consumo de energía.
Hallan importantes niveles de reducción en los tres indicadores, lo que conrma la ecacia de
implementar estas iniciavas en la banca.
En el sépmo arculo, Familia que cuida: un análisis respecto a la valorización de la oferta
VII
EDITORIAL
KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
pública dirigida a los cuidados en Chile, Retamal-Retamal y Elizondo Orellana (Poncia
Universidad Católica de Chile), proponen relevar la percepción de los cuidados con el objeto de
idencar las dicultades de las familias en las comunas de Chile. Indagan sobre la valorización
de la oferta pública dirigida a los cuidados e idencan los obstáculos que impiden a los
cuidadores acceder a la oferta pública existente en ese país.
En el octavo arculo: Factores que determinan el comportamiento de la cartera de crédito del
sector bancario venezolano, período: 2004 – 2018, Cortez-López y Lahoud-Carrero (Universidad
Católica Andrés Bello – Venezuela), estudian los factores que afectan la cartera de créditos del
sistema bancario venezolano entre los años 2004 y 2018. En términos concretos, el trabajo
buscó entender cómo la políca de represión nanciera afectó al sistema económico en
general.
Por úlmo, el arculo: Evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje del lenguaje escrito
en el aula virtual durante la pandemia del COVID-19 en la educación básica, Zambrano-Pontón
(Universidad Nacional de Chimborazo) y Haro-Velasteguí (Universidad Técnica de Ambato),
analizan el proceso de aprendizaje de la escritura mediante el uso de las plataformas virtuales
educavas, durante la COVID-19, señalando los aciertos y ciertos errores derivados del uso de
los entornos virtuales de aprendizaje en el proceso de escritura.
Como siempre agradecemos a los autores que publican en esta edición, así como a los revisores,
quienes aportaron para mejorar estos arculos.
Equipo Editorial
VIII
EDITORIAL
ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Mario A. Contreras-Jaramillo
macontreras@utpl.edu.ec
Departamento de Economía
Universidad Técnica Particular de
Loja
ORCID: 0000-0002-9227-5452
María del Cisne Tituaña-
Castillo
mdtituania@utpl.edu.ec
Departamento de Economía
Universidad Técnica Particular de
Loja
ORCID: 0000-0003-3043-8436
Recibido: 15/11/22
Aceptado: 06/06/23
MÁS ALLÁ DE LA POBREZA.
PROPUESTA DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA MEJORAR EL
BIENESTAR POBLACIONAL
BEYOND POVERTY. PUBLIC
POLICY PROPOSALS TO
IMPROVE POPULATION
WELLBEING
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.01
KAIRÓS, Vol. (6) No. 11, pp. 9-32, Julio - Diciembre 2023
ISSN No. 2631-2743
,
Resumen
Desde tiempos remotos, la ayuda del Gobierno
es responsabilidad fundamental, sin embargo, en
países como Ecuador esto ha sido una utopía, y
no necesariamente por temas de corrupción o falta
de presupuesto gubernamental, sino porque las
autoridades no establecen políticas públicas para
hacer frente a los diferentes fenómenos y problemas,
por ejemplo, la pobreza de carácter coyuntural y no
estructural. En este sentido, a partir de un estudio focal
en el cantón Loja–Ecuador se involucró a población
del área rural y urbana que viven en extrema pobreza
para identicar problemas que afectan su bienestar
y ayudarlos mediante la construcción de políticas
públicas. Se demostró, que ser pobre no es sinónimo
de falta de ingresos y que toda ayuda estatal no tiene
que ser necesariamente monetaria.
Palabras clave: Pobreza, políticas públicas,
participación ciudadana, gobernanza.
Abstract
Since time immemorial, government assistance is
a key responsibility, however, in countries such as
Ecuador this has been a utopia, and not necessarily
because of corruption or lack of government budget,
but because the authorities do not establish public
policies to address the dierent phenomena and
problems, for example, poverty of a conjunctural and
not structural nature. In this sense, based on a focal
study in the city of Loja-Ecuador, the rural and urban
population living in extreme poverty was involved
to identify problems aecting their welfare and help
them through the construction of public policies.
It was shown that being poor is not synonymous
with lack of income, and that any state aid does not
necessarily have to be monetary.
Keywords: Poverty, public policies, citizen
participation, governance.
MÁS ALLÁ DE LA
POBREZA. PROPUESTA DE
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
MEJORAR EL BIENESTAR
POBLACIONAL
BEYOND POVERTY. PUBLIC
POLICY PROPOSALS TO
IMPROVE POPULATION
WELLBEING
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.01
KAIRÓS, Vol. (6) No. 11, pp. 9-32, Julio - Diciembre 2023
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 9-32. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.01 11
Más allá de la pobreza. Propuesta de políticas públicas para mejorar el bienestar poblacional
Introducción
Hablar de los problemas que han sido considerados trascendentales en la historia de la
humanidad, sería referirse a la pobreza y en particular a la extrema pobreza. Aunque no parezca,
esta última ha llegado a catalogarse como un virus propagado en todo el mundo, afectado a
una gran parte de la población. Fenómeno social que se ha visto agravado por el desarrollo
del capitalismo a nivel general y sobre todo en países en vías de desarrollo, en particular
América Latina, donde las condiciones de vida son preocupantes, la marginación, desempleo
y el hambre son cotidianidades.
Actualmente, 184 millones de personas en Latinoamérica viven en situación de pobreza y 62
millones en pobreza extrema. Son datos del Informe anual “Panorama Social de América
Latina 2018” elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,
2020). Esto quiere decir que el 30,2% de los latinoamericanos son pobres, y el 10,2% pobres
extremos. Esto supone que, una parte importante de población no dispone de los recursos
necesarios para satisfacer su alimentación.
En el caso particular de Ecuador, la CEPAL (2020) estima que los niveles de pobreza en la
región podrían retroceder a índices registrados hace 14 años, en el sentido de que 8 de cada 10
personas vivirán con ingresos por debajo de 500 dólares mensuales. Esto revierte el sostenido
descenso de la pobreza que se había experimentado entre 2003 y 2014. Con esta realidad, el
territorio será uno de los países en donde más crecerá la pobreza como la pobreza extrema,
pasando del 25,7% en 2020 al 32,7% en 2021 y del 7,8% al 12,7% respectivamente. En
términos absolutos, estimando la población total del Ecuador en 17,5 millones de personas, en
un solo año, habría 1.225.000 personas que caerían en la pobreza, y 892.500 que lo harían en
la extrema pobreza. Y todo esto, insistimos, sin contar que la situación aún podría agravarse.
En ese sentido, el presente artículo busca presentar algunas alternativas de política pública
encaminadas a hacer frente el fenómeno de la pobreza en Ecuador. Para lo cual, se han realizado
micro estudios en los cantones urbanos y rurales en la provincia de Loja para conocer la realidad
en la que “sobreviven” las familias y determinar, con su ayuda, qué medidas de política pública
serían las más adecuadas para combatir este fenómeno.
Antecedentes
La historia de Ecuador ha estado marcada por una fuerte división geopolítica que ha generado
una crónica inestabilidad política. Desafortunadamente, las reformas políticas de las últimas
décadas no han podido eliminar las principales causas de esa inestabilidad lo que hizo muy
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 9-32. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.01
Mario A. Contreras-Jaramillo, María del Cisne Tituaña-Castillo
12
difícil poder luchar contra la pobreza. Es importante considerar que la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (2010) denió1 a la pobreza como la situación en que no se dispone
de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. En
este sentido, la situación en términos de pobreza que experimentó el territorio no fue el mejor,
lo que provocó mucho malestar e inconformidad de la población, así como una clara tensión y
riesgo político.
Sin embargo, en el periodo 2007/2014 el país presentó grandes avances hacia la erradicación
de la pobreza, usando como métrica monetaria al consumo, la pobreza en el país se redujo del
38,3% al 25,8%, una reducción de 12,5 puntos porcentuales (pp); y la pobreza extrema por
consumo pasó de 12,9% a 5,7%, es decir, una reducción de 7,2pp. Acompañando a este logro
de política social, otros tipos de indicadores de pobreza mostraron avances importantes. Por
un lado, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) también se redujo en el mismo
período de 52% a 35,8% y, por otro, la pobreza por ingresos se redujo de 37,6% a 22,5%.
Los avances en la lucha contra la pobreza tuvieron lugar en las áreas urbana y rural, así como
en las diversas regiones geográcas naturales del país. El proceso de reducción de la pobreza
no fue exclusivo para determinadas partes del territorio. La pobreza en áreas rurales descendió
14pp, mientras que en áreas urbanas la reducción fue de 9pp. Desde la perspectiva de regiones
naturales, el porcentaje cayó 9pp en la Sierra, 15pp en la Costa y 12pp en la Amazonía. A pesar
del progreso generalizado, las diferencias regionales se mantienen. La pobreza rural es tres
veces mayor que la urbana, y la pobreza en la Amazonía es casi dos veces mayor que la de la
Sierra y la Costa.
La dinámica detrás de la reducción de la pobreza se dio por la salida de un gran número
de personas que se encontraban en esa condición, y por la entrada de un bajo porcentaje de
personas a la situación de pobreza. Si bien se ha registrado cierta movilidad descendente, los
cálculos señalan que solo el 4,88% de la población no era pobre en el 2006, y que entraron en
la pobreza ocho años después. Cerca del 13,25% era pobre en el 2006 y salió de la pobreza
en el 2014. Sin embargo, el grupo vulnerable que se encuentra cerca de la línea de pobreza
representa el grupo más grande del país. Las personas vulnerables constituyen el grupo más
numeroso del país. En el 2014, el 25% de la población es pobre, el 39% es vulnerable y el
35,7% es clase media y alta. Una inspección dinámica muestra que la clase vulnerable está
creciendo porque los pobres moderados se están movilizando de manera ascendente, y también
porque un pequeño grupo se está moviendo de manera descendente desde la clase media.
1 Existen algunas conceptualizaciones en lo que respecta a pobreza, no obstante, la mayor parte de ellas coinciden en la
esencia del concepto que se ha elegido para el presente estudio.
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 9-32. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.01 13
Más allá de la pobreza. Propuesta de políticas públicas para mejorar el bienestar poblacional
En cuanto al índice de pobreza y pobreza extrema por ingresos, Ecuador2, hasta el 2019 estaba
en la “mitad de la tabla” de los países de América del Sur, países que presentaban tasas de
pobreza alrededor del 20% de la población, lo cual, en el caso del país, a diciembre del 2019
representaba unos 3,5 millones de personas, en una población de 17 millones. Pero la medición
de un año después, ya como un impacto directo de la pandemia, elevó la cifra de la pobreza. A
diciembre del 2020, la pobreza se había ubicado en el 32% de la población, es decir, unos 5,3
millones de personas, mientras que la extrema pobreza había superado el 14%. Del periodo de
Lenin Moreno, cortado por la estadística desde diciembre del 2017 a diciembre del 2020, se
puede decir que pasó del 23,4% en el 2017, al 25,3% en el 2019 y al 2020 se disparó al 32%.
En el año 2020, la emergencia sanitaria por el COVID19 alteró las actividades económicas de
todo el mundo El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) registró que la pobreza
por ingresos a nivel nacional en diciembre de 2020 se ubicó en 32,4%, mientras que la pobreza
urbana es de 25,1% y la pobreza en el área rural es de 47,9%. En diciembre de 2020 la pobreza
extrema a nivel nacional se ubica en 14,9%. En el área urbana la pobreza extrema es de 9,0%
y en el área rural es de 27,5% (CEPAL, 2020).
La pobreza era mayor en las áreas rurales que en las urbanas, donde un 50,2% de la población
se encuentra bajo la línea de pobreza y 25,6% en condiciones de indigencia. También se pueden
encontrar diferencias según la región donde vive la población; en la región Costa se encontró
que un 40,3% de la población vivía en condiciones de pobreza, en la Sierra un 33,7% y en la
Amazonia un 59,7% de la población.
Con el escenario antes descrito ¿qué se está haciendo para luchar contra la pobreza? Pues bien,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen la necesidad de erradicar la pobreza
extrema para todas las personas y en todo el mundo hasta el 2030. No debería ser concebido
como un sueño, sino como una meta real que requiere políticas especícas, y justamente,
estas últimas son las encargadas de garantizar una calidad de vida de la sociedad que no se
vea condicionada por la pobreza. Este es el reto al que se comprometieron los 193 Estados
miembros de la ONU, sin embargo, más de 800 millones de personas en el mundo viven con
menos de un dólar al día.
Marco teórico y evidencia empírica
Para conocer sobre el impacto que ha tenido la pobreza y, sobre todo, la extrema pobreza en
el bienestar poblacional no sólo de Ecuador sino de todo el mundo, se abordan sus principales
2 Pobre en Ecuador es el individuo que reporta ingresos mensuales menores a USD 84. Y pobre extremo es la persona que
reporta ingresos menores a 47 dólares mensuales.
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 9-32. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.01
Mario A. Contreras-Jaramillo, María del Cisne Tituaña-Castillo
14
conceptos que se han establecido a lo largo de la historia y estudios que han servido de pilar de
conocimiento técnico para la investigación.
Entendiendo la pobreza: conceptos
Para George (1988), la pobreza es un núcleo de necesidades básicas y un conjunto de otras
necesidades que cambian en el tiempo y en el espacio ya que considera que la pobreza se
la debe analizar desde una perspectiva “absoluta”, en tanto que Baratz & Grigsby (1972)
arman que esta debe ser bajo un análisis más “relativo”. Pero son interpretaciones sobre la
construcción social de las necesidades y no de diferentes deniciones de la pobreza. Ambas
visiones concuerdan en que la pobreza es una carencia de algo y comparten parcialmente qué
es aquello de lo que se carece. El desacuerdo fundamental radica en el origen y el fundamento
de las necesidades.
Por su parte Spicker (2009), menciona que la población es pobre porque no tiene algo que
requiere, o cuando carece de los recursos para acceder a las cosas que necesita. En cambio,
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social – CONEVAL - (2018)
considera que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene, al menos, una
carencia social3 y su ingreso es insuciente para adquirir los bienes y servicios que requiere
para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
Es notorio, que este primer grupo de deniciones se entiende a la pobreza como carencia
de bienes o servicios materiales. La población “necesita” cosas tales como: comida, vestido,
combustible o techo. Lo que indica que la pobreza es como “una privación severa de bienestar
físico y bienestar mental, estrechamente asociada con inadecuados recursos económicos y
consumos”.
Ante ello, se puede indicar que la pobreza extrema en escala mundial tiene muchas causas
históricas: el colonialismo, la esclavitud, la guerra y las invasiones. Existe una gran diferencia
entre estas causas y lo que llamamos los factores que mantienen las condiciones de pobreza.
La diferencia radica en lo que podemos hacer con respecto a ellos, no podemos volver atrás en
la historia y cambiar el pasado. Es conocido que, en muchas naciones de Europa, enfrentadas
a guerras devastadoras, como la primera o la segunda guerra mundial, se vieron reducidas a
la pobreza y su gente se vio obligada a vivir dependiendo de limosnas y caridad, escasamente
sobreviviendo. En una década estos países han orecido en cuanto a renta domestica real, y se
han convertido en países desarrollados e inuyentes, de prósperos habitantes. También se sabe
que muchas otras naciones han continuado entre las menos desarrolladas del planeta, aunque
se hayan gastado en ellas billones de dólares, esto debido a que no se atacaron los factores
3 De los seis indicadores de rezago: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y acceso a la alimentación.
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 9-32. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.01 15
Más allá de la pobreza. Propuesta de políticas públicas para mejorar el bienestar poblacional
de pobreza, sino solo los síntomas. En lo que respecta a pobreza multidimensional esta hace
referencia a la medición directa de las condiciones de vida de la población, en tanto se mide
la situación de las personas y los hogares en relación con distintas dimensiones e indicadores
de bienestar que se consideran socialmente relevantes (Alkire y Foster (2011) y Alkire, et al
(2010).
Por su parte Wong (2010) concluye que para reducir la pobreza, especialmente la pobreza rural,
las políticas deben centrarse en el mercado laboral, inclusión social, educación y necesidades
básicas como acceso a los servicios de salud. Para lograr un verdadero cambio, no sólo debe
intervenir el Gobierno, sino que también es necesaria la cooperación y contribución de las
empresas
En este sentido, el CONEVAL (2018) maniesta que una persona se encuentra en situación de
pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles4 y, además, se encuentre
por debajo de la línea de bienestar mínimo. La CEPAL (2020) expresa que la pobreza extrema
o “indigencia” se entiende como la situación en que no se dispone de los recursos que permitan
satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. En otras palabras, se considera
como “pobres extremos” a las personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para
adquirir una canasta básica de alimentos, así lo destinaran en su totalidad a dicho n. A su vez,
se entiende como “pobreza total” la situación en que los ingresos son inferiores al valor de una
canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios.
Entendiendo la pobreza: evidencia empírica
A continuación, se detallan algunos estudios realizados que permitan entender la importancia,
trascendencia de este tipo de estudios. Además de esto, permitirá dar mayor argumentación a
los conceptos y teorías antes analizadas.
En el estudio realizado por Castillo y Jácome (2015) denominado “Medición de la pobreza
multidimensional en Ecuador” el cual tuvo como objetivo determinar las tasas de privaciones
en los hogares ecuatoriano por cada indicador o dimensión en términos de pobreza
multidimensional. En este sentido, de las 4 dimensiones, educación (1), trabajo y seguridad
social (2), salud, agua y alimentación (3) y por último hábitat, vivienda y ambiente sano (4)
se obtuvieron valores preocupantes y que se requieren de atención gubernamental, ya que en
el caso de la segunda dimensión la tasa de privación era del 59,1%, seguida del 49,5% de la
primera dimensión, 45,1 de la cuarta y por último 19,5% correspondiente a la tercera dimensión.
Además, contribuyen con una metodología para construir una herramienta de seguimiento de
4 Dentro del Índice de privación social.
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políticas públicas dirigidas a reducir la pobreza y garantizar el derecho al Buen Vivir; han
demostrado que los niveles de felicidad de la población están directamente relacionados con
las condiciones de vida de los grupos poblacionales más vulnerables. En zonas rurales se
evidencian diferentes necesidades, además, la falta de trabajo tiene un mayor impacto; por lo
que, el efecto de las políticas públicas en el desarrollo productivo es bastante limitado, esto se
debe a que la poca ayuda que pueda darse no llega a los hogares más desfavorecidos.
Mideros (2012), en su estudio denominado “Ecuador: denición y medición multidimensional
de la pobreza, 2006-2010” estudia la extensión de la privación agrupada en seis dimensiones, con
el n de realizar un análisis integral sobre la pobreza multidimensional en Ecuador. Utilizó una
metodología basada en una perspectiva de derechos, puesto que estos no son intercambiables,
es así que la privación de derechos es suciente para que una persona sea considerada pobre.
Otro problema potencial es que la pobreza es aún alta en las zonas rurales, donde la situación
es más compleja y requiere muchos recursos debido a la heterogeneidad, la fragmentación y la
falta de infraestructura básica.
El resultado más llamativo es que la tasa de pobreza multidimensional en Ecuador disminuyó
entre 2006 y 2010, de 17,9% a 15,6%; las áreas rurales con los niveles más altos, la contribución
regional relativa a la pobreza multidimensional a nivel nacional en 2010 en la región Sierra
fue de alrededor de 35,3%; 50,6% en zonas costeras y 6,6% en regiones amazónicas, el 57,9%
de la tasa de pobreza del país se atribuye a los niños y niñas, así como a los adultos mayores.
Así también se ha determinado que la pobreza en Ecuador está muy relacionada con la etnia y
la zona rural habitada. Por ello, el autor “prevé priorizar la reforma del sistema de protección
social, así como la aplicación de la normativa, el uso de políticas públicas para la prestación de
servicios básicos”.
En cambio, Guamán (2015) desarrolló una investigación denominada “La pobreza bidimensional
en la ciudad de Loja aplicando los enfoques tradicionales de medición de pobreza por ingresos
y necesidades básicas insatisfechas en el año 2014” en la cual aplicó una encuesta de hogares
en áreas urbanas de la ciudad de Loja, incluye variables como: ingresos familiares, condiciones
de vivienda, educación y medios de vida, donde resultó que 24,6% hogares de la ciudad de Loja
son pobres debido a NBI, de las cuales el 5,3% son marginales, el 8,1% son pobres y el 11,2%
se consideran moderadamente pobres.
Además, el Observatorio Regional UTPL (2018) en su estudio “Pobreza y percepción de nivel
de vida en el cantón Loja” determinó que la tasa de pobreza en Loja era de 11,7% y la pobreza
extrema de 4,6%; se observa que, a mayor nivel educativo del jefe de hogar, la tasa de pobreza
disminuye. Es así como, la tasa de pobreza para las personas con educación primaria es de
21,4% y para las personas con educación superior es de 2,8%. En cuanto a los ingresos que
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Más allá de la pobreza. Propuesta de políticas públicas para mejorar el bienestar poblacional
reciben los hogares, 30,5% dijo que vive bien y 8,6% piensa que vive mal. Por otro lado, a
medida que aumenta el nivel educativo de jefes de hogar, mejora su percepción del nivel de
vida, por lo tanto, de los jefes de hogar con título universitario, el 86,7% piensa que vive bien,
el 13,3% piensa que vive más o menos bien y ninguno piensa tener mala vida. Finalmente, el
ingreso mensual promedio que recibieron los hogares fue de $1.339, el hogar urbano promedio
ganaba más de lo que consideraban necesario para vivir bien, mientras que en el área rural
ocurría lo contrario.
Arrobo & Zamora (2017) evidenciaron que la vivienda sin acceso al servicio público de agua
y el décit habitacional, son los principales factores que conducen a la pobreza dentro de un
hogar; en varias investigaciones se menciona que el concepto de pobreza incluye la privación
incluso más allá de la escasez o privación de recursos monetarios, considerando que también se
relaciona con la necesidad insatisfecha, la falta de desarrollo de capacidades, las brechas y las
desigualdades hacen que la economía sea más compleja y multifactorial, este fenómeno social
da algunos de los indicadores tomados en cuenta no son relativamente sucientes para explicar
completamente este fenómeno.
El Instituto de estudios peruanos (2021) analizó la situación de pobreza multidimensional de
zonas rurales del país en su estudio denominado “Cambios en la pobreza y la desigualdad”,
determinó las características que presenta esta población y propuso una medida de pobreza
multidimensional. Los principales factores que inuyeron en la reducción de la pobreza por NBI
en Ecuador fueron: mejora del acceso a los servicios básicos, acceso a las telecomunicaciones,
industrialización promovida y proporción de la población urbana; en contraste, el por ciento
del área forestal y el por ciento de la población rural estaban positivamente relacionados con la
pobreza, esto implica que el crecimiento económico está estrechamente ligado a la migración
rural-urbana, junto con la industrialización y destrucción de la selva; sin embargo, el patrón de
crecimiento es insostenible y a la larga crea situaciones de mayor riesgo.
Correa et. al (2018), en su estudio “Poverty traps in the municipalities of Ecuador: Empirical
evidence” encontraron colectivamente 23 sectores económicos en los que la tasa de pobreza
disminuye a lo largo de los años, aunque no existen diferencias signicativas en la desigualdad
entre los pobres. Además, plantean la necesidad de distinguir las políticas públicas aplicadas
en cada sector territorial, con el n de identicar lineamientos y estándares especícos en cada
programa y proyecto para que el gobierno pueda enfocar mejor sus recursos, ya que Ecuador
es un país diverso donde la matriz productiva varía en cada sector, así como en condiciones
económicas, sociales y culturales.
A partir del índice de pobreza propuesto por Amartya Sen, se evalúa las condiciones de pobreza
en 22 provincias integrando la tasa de pobreza, la brecha de ingresos y el coeciente de Gini
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en un índice compuesto. Concluye a nivel nacional que las tasas de pobreza han disminuido
y la desigualdad entre los pobres no ha sido signicativamente diferente, mostrando que 22
provincias han mejorado su estado de pobreza, es decir, en 2014 había menos gente pobre en
Ecuador y menor pobreza, pero la desigualdad entre los pobres sigue siendo la misma que
en 2006; también enfatiza que es crucial que el gobierno formule políticas públicas que se
enfoquen en las “condiciones de vida” de los pobres y no solo en la “mejora de ingresos” de
ellos.
Correa et. al. (2020) en su investigación “La COVID-19 y su impacto en la pobreza de Ecuador:
método de escenarios” notaron que en Ecuador la COVID-19 tuvo impactos muy fuertes en la
pobreza, se analizaron siete posibles escenarios; el primero muestra que cuando el ingreso total
disminuye en un 5%, la tasa de pobreza de hogares aumenta en 2,2pp., lo que signica 101.288
nuevos hogares pobres y 374.765 nuevos pobres; el segundo escenario detalla una disminución
del 10% en el ingreso total, un aumento de la pobreza de 4,1pp., resultando en 193.645 nuevos
hogares pobres y 716.485 nuevos pobres; el tercer escenario, disminuyen los ingresos laborales
en 5%, la tasa de pobreza aumenta en 1,9pp., resultando en 87.557 nuevos hogares con pobres
y 323.962 nuevos pobres; en el escenario cuatro se determina que con una disminución del
10% en los ingresos laborales, la tasa de pobreza aumentaría en 3,5pp., resultando en 162.416
nuevos hogares pobres y 600.940 nuevos pobres; el quinto escenario considera los hogares,
con una disminución del 5% en los ingresos, la tasa de pobreza se aumentará en 0,1pp., lo
que signica 4.123 nuevos hogares pobres y 15.255 nuevos pobres; en el sexto escenario hay
una reducción de 10% en los ingresos laborales de los hogares, esto aumentaría la tasa de
pobreza a 2,3pp., es decir, 105.619 nuevos hogares de pobres y 390.789 hogares nueva pobreza.
Finalmente, en el séptimo escenario, si el ingreso total disminuyera en un 20%, esto aumentaría
hogares pobres en 9,7pp., lo que llevaría a que 454.815 nuevos hogares se consideren pobres y
1.682.816 nuevos pobres; estimando y analizando el impacto de COVID-19 en la pobreza en
Ecuador utilizando el método de escenarios, consideran alternativas para reducir el ingreso de
los hogares y calculan el cambio en la pobreza tomando en cuenta el enfoque monetario.
Propuesta metodológica
La investigación cientíca en general, y la social, en particular, exige que los métodos sean
considerados como herramientas para una mayor y mejor comprensión y sustentación de los
diversos y distintos problemas y realidades de estudio. El conocimiento de las ciencias sociales
no es concluyente, y no es para menos cuando se trata de un objeto de estudio particular “el
sujeto”; por lo tanto, este conocimiento se vuelve un reto en sí mismo, cuando se valida su
vigencia y ecacia en entornos que sufren constantes transformaciones. “No existen métodos
infalibles; por ello es importante su análisis para localizar las fortalezas que deben aumentarse
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Más allá de la pobreza. Propuesta de políticas públicas para mejorar el bienestar poblacional
y eliminar las debilidades que limitan su ecacia” (Aguilera, 2013).
Área de intervención
Loja es la novena provincia del país ocupando un territorio de 110666 km2. Limita al noroeste
con la provincia de El Oro, al este con la provincia de Zamora Chinchipe, al norte con la provincia
de Azuay, al sur con las provincias peruanas de Sullana y Ayabaca y al oeste con las provincias
de Zarumilla y Tumbes también pertenecientes al Perú. Está constituida por 16 cantones, con
una población de 538.137 habitantes de acuerdo con las proyecciones referenciales 2010-2030
del INEC (2020). A continuación, se expone la composición demográca por cada una de las
unidades administrativas que constituyen el primer nivel de división a nivel provincial.
Figura 1. Ubicación geográca de los territorios de intervención: cantones de la provincia de Loja.
Fuente: cartografía base: raster- openstretmap.
Técnicas metodológicas
Debido a la naturaleza de esta investigación se aplica un diseño cualitativo de tipo interpretativo
y explicativo, se aplicaron dos técnicas: Historia de vida y grupos focales. Para el cumplimiento
de estas dos técnicas se tomó en consideración el siguiente público objetivo, las familias y los
líderes representativos.
En el caso de las familias, fueron un total de 48 las entrevistas, de las cuales se seleccionaron 32,
debido a que estas cumplían con las características para la presente investigación, y sobre todo,
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acordes al concepto propio de pobreza extrema. Por su parte, en lo que respecta a los líderes
representantes fueron un total de 32, los cuales se clasicaron en personal de recursos humanos
de la municipalidad y de fundaciones que trabajan en programas en lucha contra la pobreza,
entre los cuales se encontraron alcalde, concejales, presidentes de gobiernos parroquiales,
teniente político, cura párroco, líderes barriales, presidentes de asociaciones, etc.
Es importante destacar que la elección de estas dos técnicas metodológicas se debe a que
constituyen clave para determinar la esencia de la pobreza y evidenciar correctamente lo que
viven y sienten las familias entrevistadas. Si bien, existen metodologías cuantitativas a base
de indicadores y modelos econométricos que demuestran cuantitativamente el concepto de
pobreza y pobreza extrema, estos se limitan a evidenciar números, y para este tipo de estudios
lo que se busca es que se creen acciones y medidas públicas basadas en las necesidades reales,
concretas y especícas, y esto lo conseguimos con estas dos técnicas.
Historia de vida
Es una técnica narrativa que consiste en la elaboración de un relato autobiográco. Utilizada
en diferentes contextos y disciplinas, como en terapia ocupacional y psicoterapia, o en
investigaciones de tipo sociológico, psicológico o antropológico. El procedimiento básico
consiste en evocar y estructurar los recuerdos de la vida de una persona, pero desde un punto
de vista subjetivo, es decir, a través de su propia mirada. Fue necesaria para identicar los
hogares con los cuales se trabajará la historia de vida, para ello se solicitó la opinión de líderes
representativos de las parroquias más pobres del cantón Loja.
Para el cumplimiento de esta técnica se establecieron dos herramientas: Los ecomapas y la
caracterización diacrónica. El ecomapa, sirve para la interpretación de la relación de las familias
con cada categoría en torno a su situación de pobreza, y de esta manera, reconocer e identicar
sus emociones y al mismo tiempo establecer las propuestas de política pública encaminas a
mejorar su situación. Cada familia señala el nivel de importancia de cada categoría5 en su
vida con base a las preguntas. La caracterización diacrónica permite revisar en retrospectiva
acontecimientos importantes que marcaron el presente de un contexto y en relación con ello las
expectativas a futuro. En este caso, las familias describieron su realidad considerando un rango
temporal, estimando el tiempo que su hogar tiene como constituido, en función de cada una de
las categorías y en relación con dos dimensiones temporales: pasado y futuro.
Grupo focal
Tuvo como nalidad extraer información de un grupo pequeño de participantes mediante una
5 Educación, salud, vivienda, alimentación e ingresos.
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Más allá de la pobreza. Propuesta de políticas públicas para mejorar el bienestar poblacional
entrevista para conocer su opinión. Para ello, se conformó uno para cada parroquia y se trabajó
con actores representativos del cantón. En total se escogió 2 a 4 actores, en función de lo
que la sociedad lo determine y a la predisposición de ellos. Su aplicación fue después del
levantamiento de información a los hogares.
El grupo focal se realizó en 3 fases:
Indagación. Se buscó conocer la opinión de los actores sobre las mismas
categorías de temas que fueron consultadas a los hogares y son las siguientes: 1.
Vivienda, 2. Educación, 3. Alimentación, 4. Salud, 5. Ingresos.
Contrastación. En esta fase se comparó la información levantada a los hogares
con la información proporcionada por los actores. Los resultados podían tener 2
estados: 1. Sean Iguales y 2. No sean iguales.
Políticas públicas. Se pretendió identicar, en base a la contrastación, el tipo de
políticas públicas (acciones que deben implementar los distintos niveles de
gobierno) que los actores señalan se debería realizar para combatir la pobreza en
el Cantón, así como sus perspectivas de solución.
Para el desarrollo de estas tres fases se hizo uso de tablas que permitieron organizar y estructurar
la información recopilada. ver Anexo
Variables y unidades de análisis
Las particularidades del objeto de estudio se comprenden a partir del acercamiento a las
familias vulnerables y en condiciones de pobreza, para lo cual se identicó en las 19 parroquias
del cantón Loja a 4 grupos de familias, las cuales se caracterizaban por vivir en condiciones
desfavorables respecto a las categorías o variables de estudio.
Unidades de estudio: representan a las familias de las diferentes parroquias que cumplían los
mínimos criterios para ser tomadas en cuenta dentro del estudio, en este caso en especíco
se seleccionaron familias con un alto grado de vulnerabilidad y en extremas condiciones de
pobreza. Por ello se seleccionaron 64 familias con ayuda de los actores estratégicos del Cantón,
que con la labor que realizan en el territorio ya tenían identicadas las familias objeto de
estudio.
Variables de estudio: o categorías en las que se evaluó la situación de pobreza de cada familia
son las que se muestran en la gura 2.
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Figura 2. Categorías de atención prioritaria
Fuente: elaboración propia.
Levantamiento de información.
Para ello se aplicó la metodología “Investigación de Acción Participativa” (IAP), como
modelo de investigación psicosocial, con todos los miembros del hogar, siendo indispensable
la presencia del jefe de hogar, quienes a través del conversatorio compartieron sus vivencias,
experiencias personales con el n de determinar la situación de pobreza en la que viven, datos
e información que se contrasta con la observación; por lo que implica la participación de la
comunidad como autogestora del proceso investigativo desde el diagnostico hasta la propuesta
(Rocha, 2016), distinguiendo la generación de reexiones amplias a partir de interacciones
dialécticas dentro del conocer, analizar , comprender y proponer; de esta manera, la IAP busca
trascender una costumbre pedagógica con el propósito de proyectar al grupo poblacional
intervenido como protagonista de sus propias construcciones y valoraciones.
La fuente principal de información fueron los testimonios orales de las familias (puntos de vista,
experiencias, recuerdos) para la reconstrucción de realidades y su caracterización, además, se
trabajó con grupos focales para que sean los participantes los propios generadores de propuestas
para afrontar el problema de pobreza, todo ello en relación con las cinco categorías de atención
prioritaria: educación, salud, alimentación, ingresos y vivienda.
Los métodos, técnicas y herramientas antes indicadas buscan conocer la opinión de todos los
involucrados y se identicó el tipo de políticas públicas que los actores señalaron que se debería
realizar para combatir la pobreza en el Cantón, así como sus perspectivas de solución.
Para asegurar la abilidad y controlar la calidad de la información se utilizó la triangulación
entre investigadores, informantes y documentos, generados tanto de la observación participante
como de las entrevistas semiestructuradas. Se analizaron los datos por separado de cada
investigador y se revisó la información levantada, nalmente para el análisis de datos se empleó
la técnica de análisis narrativo del contenido.
La lucha contra la pobreza: discusión de resultados
El desarrollo del presente estudio trajo consigo resultados muy importantes, no sólo desde el
punto de vista académico e investigativo, sino también para evidenciar una “realidad oculta”
Educación AlimentaciónSalud Ingresos Vivienda
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Más allá de la pobreza. Propuesta de políticas públicas para mejorar el bienestar poblacional
para muchas autoridades locales y nacionales, incluso para la sociedad entera. Y es que este
tipo de investigaciones y metodologías que abordan temáticas de este tipo que van más allá del
análisis cuantitativo y se centran en lo cualitativo buscando obtener la esencia del problema y
con esto establecer respuestas claras, coherentes y concisas.
En el caso puntual de esta investigación, lo que se pretendía era “vivir la pobreza extrema”
para conocer lo que estaban atravesando las familias involucradas, y con esto, establecer
propuestas de política pública que permitan ser una guía para las autoridades locales para
efectiva intervención y mejorar esta situación tan lamentable que atraviesan las familias,
incluso que este estudio sea un “aviso” y al mismo tiempo un llamado de atención sobre lo
que posiblemente estén viviendo más familias ecuatorianas en todo el país. Sin embargo, es
necesario reconocer que este estudio tiene una limitación, la cual tiene que ver con el alcance
de variables constituidas para determinar la pobreza extrema en las familias, ya que fueron
seleccionadas variables especícas, consideradas las más importantes para determinar la
pobreza extrema según expertos académicos y teóricos en esta área. No obstante, para futuros
estudios es recomendable incluir variables que permitan perlar y profundizar los resultados.
En este sentido, se detalla recomendaciones de política pública, las cuales fueron construidas
con la opinión de las familias que viven en pobreza y extrema pobreza en el cantón Loja.
El 40% de la población objeto de estudio, ha dado prioridad a que se emitan medidas y
acciones públicas en el área de salud, debido a que la Covid-19 ha expuesto en mayor riesgo
su bienestar, considerando que antes ya estaban preocupados debido a la falta de medicina y
atención especializada. En segundo lugar, de priorización se encuentra la alimentación (30%)
debido a que consideran que existe altos niveles de desnutrición, tanto de adultos mayores
como de niños.
Siguiendo con el orden de prioridad en la atención pública se encuentra vivienda (15%), ingresos
(10%) y nalmente educación (5%). En lo que respecta a vivienda, la preocupación radica en
las condiciones precarias en la que las familias viven, las cuales afectan a su desarrollo y
bienestar. El ámbito de ingresos, las familias no buscan incremento en las transferencias del
estado, bono o demás ayuda monetaria. En realidad, las familias buscan mejorar ingresos por su
cuenta, pero con ayuda y apoyo en maquinaria o utensilios para la agricultura y ganadería. En
lo que respecta a la educación, no ha existido mayores preocupaciones, debido a que se ha dado
de forma regular, aunque si se espera que exista mayor cobertura en cuanto a infraestructura
porque muchos niños del área rural deben realizar un recorrido cercano a 2 horas para poder
llegar a su institución educativa.
El objetivo de esta investigación es establecer propuestas de política pública, haciendo
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partícipe a la población, como principales interesados en mejorar su bienestar. De esta manera,
en territorio se establecieron propuestas de esta manera:
Salud.
• Aumentar personal médico en diferentes áreas de tratamiento y atención en los centros de
salud.
• Socializar antecedentes de salud de la población en general, sin importar el tipo de
institución (pública o privada) a la que acudieron.
• Establecer campañas masivas de visita “puerta a puerta” de médicos generales enfocados
en la atención de la población vulnerable de la parroquia.
• Abastecer de medicamentos a los centros de salud, de forma diversicada y en gran
proporción.
Alimentación.
• Informar a la población sobre una buena alimentación y dieta balanceada.
• Identicar grupos vulnerables que padecen de desnutrición crónica en el territorio.
• Ampliar la estrategia de colación escolar; nuevos y mejores productos.
• Establecer kits alimenticios para la población más vulnerable.
Vivienda.
• Gestionar créditos con una tasa baja de interés que permita a las familias calicar a
proyectos de vivienda social.
• Promover convenios entre las ferreterías y constructores para crear un kit económico de
materiales a utilizar en la construcción de viviendas a bajo costo tanto en el sector urbano
y rural.
Ingresos.
• Impulsar al sector agrícola y turístico que permita a los pequeños productores la distribución
y venta de sus cosechas.
• Capacitación a la ciudadanía en temas relacionados a agricultura y ganadería para motivar
el crecimiento y desarrollo de las personas y del territorio.
• Proteger a pequeños agricultores para prevenir altercados en el trabajo y sus cosechas.
• Capacitación a los ciudadanos para incentivar el cuidado de sus ingresos.
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Más allá de la pobreza. Propuesta de políticas públicas para mejorar el bienestar poblacional
Educación.
• Dotar a los estudiantes de computadoras e internet en los centros educativos.
• Incluir docente con especialización educativa.
• Apertura de institutos técnicos superiores enfocados en la agricultura y ganadería.
• Capacitación gratuita a adultos mayores que no se han involucrado en ninguna etapa de
su vida.
Se presentan 18 propuestas por parte de la ciudadanía de todo el territorio, sin embargo, es
importante destacar que el 60% pertenecen al área rural. Situación que se explica porque la
población que vive en este sector se caracteriza por hacerlo en extrema pobreza. Mucho de
ellos “sobreviven” con menos de 1 dólar diario, a diferencia de la población que reside en la
parte de urbana, que si bien requieren atención, no la consideran de urgencia.
Como siguiente paso se procedió a compartir las propuestas con expertos en políticas públicas
para seleccionar aquellas que se consideren prioritarias. En este sentido, se lograron denir las
siguientes políticas según área de intervención:
Tabla 1. Políticas públicas por categorías de atención prioritaria
Área Política Justicación
Salud
Digitalizar los antecedentes médicos (chas
clínicas) de la población en general, sin importar
el tipo de institución (pública o privada) en la
que acudieron.
Los centros de salud, hospitales y puestos de salud dispondrán de
toda la información precisa y puedan dar un tratamiento acertado.
Evitando al paciente exámenes cada vez que acude a un nuevo
médico, siendo un ahorro por todos los gastos que incurre en tema
de traslado, y para el sistema de salud debido a los recursos e
insumos que se utilizan en cada atención.
Establecer campañas masivas de visita “puerta
a puerta” de médicos generales enfocados en la
atención de la población vulnerable del cantón.
Gran parte de la población afectada vive en el área rural del territorio
y sobre todo que ésta son adultos mayores y niños en desnutrición
crónica, el traslado y atención en primera instancia sería factible que
se haga en el domicilio del paciente.
Crear mecanismos de control que permitan
una equitativa distribución de insumos y
medicamentos en los centros de salud.
Considerando que el principal problema no es la falta de
medicamento, sino la incorrecta distribución entre centros de salud,
por ello los mecanismos evitarán que esto suceda y ayudarán a que
la población del sector rural tenga el mismo derecho a una buena
atención y acceso a medicamento.
Alimentación
Implementación de un bono alimenticio, el cual
represente la entrega de productos y víveres a las
familias más necesitadas.
Este tipo de ayudas tienen mayor impacto que las trasferencias
monetarias, ya que muchas veces no hay garantías que este último
sea utilizado para el bienestar de las personas, de tal manera se
estaría tratando el problema de forma directa.
Campañas informativas puerta a puerta sobre una
buena alimentación y dieta balanceada enfocada
adultos mayores y niños con desnutrición
crónica.
La atención en el domicilio es un servicio favorable en la atención
del ciudadano, sin embargo, puede llevar una mayor planicación,
pero considerando la grave situación que está viviendo la población,
es necesaria.
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Área Política Justicación
Vivienda
Coordinar entre el Ministerio de Inclusión
Social, Ministerio de desarrollo urbano y
vivienda y Gobierno municipal y parroquial
una adecuada planicación para la mejora de
la infraestructura física de las viviendas en lo
que se reere a techos, paredes y pisos de las
viviendas en decadencia de las familias que
viven en extrema pobreza.
Esto ayudará a las familias más pobre mejorar la situación de su
vivienda y al mismo tiempo aumentar su bienestar.
Promover convenios entre las ferreterías y
constructores para crear un kit económico
de materiales a utilizar en la construcción de
viviendas a bajo costo tanto en el sector urbano
y rural.
Ingresos
Coordinar programas de capacitación profesional
en las áreas de la agricultura y ganadería.
Las personas del sector rural que viven de la agricultura y de la
ganadería no buscan que el gobierno les otorgue transferencias, sino
les ayuden a mejorar su conocimiento para ser más productivos.
Fomentar cursos de educación nanciera en los
ciudadanos.
Gran parte de la población del área rural no tiene cultura para
organizar bien sus ingresos y poder distribuir equitativamente el
dinero.
Impulsar al sector agrícola en las zonas rurales
que permita a los pequeños productores la
distribución y venta de sus cosechas.
Organizar eventos públicos, ferias libres para que los pequeños
productores puedan promocionar sus productos agrícola y
ganaderos.
Educación
Solicitar a la Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
la apertura de institutos técnicos superiores
enfocados en la agricultura y ganadería, dotadas
con tecnologías de información.
Esto permitirá a la juventud que se está preparando académicamente
considerara las áreas de conocimiento como la agricultura y
ganadería y aprovechar el entorno en el que se desarrollan.
Capacitación a adultos mayores mediante
la creación de cursos y material gratuitos en
centros de los territorios para educación que no
se ha involucrado en ninguna etapa de su vida.
Esto les dará una nueva oportunidad a la población adulta mayor que
no pudo prepararse académicamente por dedicarse a trabajar.
Fuente: elaboración propia
Conclusiones
Una realidad de la pobreza en Latinoamérica es que afecta a los derechos fundamentales de
las personas, entre las principales consecuencias se encuentran el hambre y la desnutrición,
sin embargo, existen otras complejidades que pueden llegar a condicionar a la población, por
ejemplo: afecta la salud de las personas. Actualmente, todavía existen 6 millones de niños que
mueren cada año en el mundo, antes de cumplir 5 años. Siendo casi imposible que muchas
personas accedan a servicios básicos como la educación, vivienda digna o agua potable, entre
otras.
En las comunidades rurales de América Latina, donde la población apenas tiene oportunidades
de empleo. Los ingresos que consiguen trabajando por cuenta propia son inferiores a los
salarios mínimos legales. Se añade que la informalidad de estos trabajos no contempla
derechos previstos en la legislación laboral como vacaciones anuales remuneradas, seguros por
desempleo, accidente o enfermedades. Tampoco se contempla la protección de la maternidad
o paternidad o las pensiones. Millones de personas en Latinoamérica (y también en el mundo)
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Más allá de la pobreza. Propuesta de políticas públicas para mejorar el bienestar poblacional
están absolutamente desprotegidas a causa de la pobreza.
Los principales problemas de las personas pobres no son los ingresos, como tal, tampoco la
ayuda que más requieren constituye una transferencia monetaria, bonos del estado o cualquier
donativo que tenga que ver con dinero. Sino más bien, la incapacidad de generar por su cuenta
propia ingreso, que los imposibilita a vivir adecuadamente, es por ello por lo que necesitan contar
con un sistema de salud óptimo, es decir, con disponibilidad de medicamento, especialistas
médicos, que tengan la voluntad y el compromiso de atender a población adulta en estado
crítico y que se encuentra en el último rincón del área rural.
En Ecuador se observa que existen mayores tasas de pobreza y pobreza extrema en el área
rural, esto como consecuencia del poco acceso a la educación que los habitantes de esta área
tienen, lo que esta relacionado con embarazos adolescentes o limitados puestos de trabajos de
baja remuneración, que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de los miembros del
hogar. Ahora, si analizamos la pobreza y extrema pobreza por región, la amazónica es la que
presenta mayores tasas de pobreza.
Esto es el resultado de políticas sociales focalizadas, las mismas que ven a la persona pobre
como un “otro” y no como parte de la sociedad. La inclusión social se abandona a la improbable
reacción de un mercado que conduce a la inversión y a la asimilación de tecnología expulsoras
de mano de obra. El cuidado social, por parte del Gobierno a la población es nulo, no existe
una preocupación por mejorar las condiciones de vida en el territorio, especialmente en la parte
rural, a tal punto que esto ha generado en la población un estado de depresión por vivir en estos
sectores.
Es importante “abrir” las puertas a organizaciones internacionales que apoyen al sistema
sanitario, mejorar las coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales con el n de agilizar
los procesos y dar solución, sobre todo a aquellas instituciones enfocadas en el mejoramiento y
tecnicación de la agricultura y ganadería, los cuales como muestra el estudio, son los pilares
del crecimiento económico de las familias.
Es evidente que la población busca ayuda mediante efectivas políticas públicas. Son la principal
fuente para detectar sus falencias y posibles soluciones. Esta misma población pone en evidencia
que muchas políticas estatales han sido ayudas puntuales, es decir, políticas coyunturales y
no estructurales. Martínez (2017) recomienda que las organizaciones estatales y las ONG
presten atención a la cosmovisión del grupo social para tomar decisiones en la elaboración
de programas que realmente los ayuden a salir de la pobreza, fomentando espacios de diálogo
entre la población y el estado, incluyendo la intervención de expertos para identicar causas
reales que impiden a estos grupos salir de este inconveniente.
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Finalmente, el presente trabajo contribuye con resultados muy importantes tanto para la
academia, la investigación y los distintos niveles de gobiernos, debido a que pone en evidencia
el deciente trabajo que las autoridades locales realizan en las áreas rurales del territorio. Por
otro lado, este trabajo muestra lo importante y necesario que son las metodologías de carácter
cualitativo, sobre todo para abordar estas temáticas, considerando que aborda los problemas de
pobreza con mayor precisión y naturalidad, situación que con metodologías tradicionales como
las cuantitativas simplemente quedan en número y porcentajes.
Así mismo, este estudio invita a futuros investigadores a utilizar nuevas y diferentes
metodologías con las cuales puedan obtener mejores resultados. Este trabajo ha dado el primer
paso y se espera que no sea el único, por el bien de la investigación, la academia y sobre todo
para la sociedad.
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Más allá de la pobreza. Propuesta de políticas públicas para mejorar el bienestar poblacional
Anexos
Indagación
Variables Vivienda Educación Alimentación Salud Ingresos
Familia 1
Familia 1
Familia 1
Familia 1
Compartir el cuadro de contrastación 1 con los actores participantes y pedirles que lo
revisen para que conozcan las respuestas que dieron los jefes de hogar. El cuadro de
contrastación 1 debe haber sido completado previamente con un resumen de las
principales ideas de las respuestas emitidas por cada jefe de hogar de acuerdo con cada
dimensión.
Contrastación 1
Variables Vivienda Educación Alimentación Salud Ingresos
Familia 1
Familia 1
Familia 1
Familia 1
Ahora que ya han conocido las respuestas de los jefes de hogar, es necesario pedirles que
nuevamente den su opinión sobre las dimensiones de estudio, con la intención de vericar si su
opinión cambia, es la misma o si se desea agregar algo adicional. Con las respuestas completar
el cuadro de contrastación 2. No es necesario repetir nuevamente todas las preguntas, solo
anotar las nuevas ideas que deseen comentar para contrastar lo manifestado por los jefes de
hogar.
Contrastación 2
Variables Vivienda Educación Alimentación Salud Ingresos
Familia 1
Familia 1
Familia 1
Familia 1
Finalmente, se debe consultar a los participantes del grupo focal las principales acciones,
proyectos, programas, políticas que consideran se deben aplicar desde los distintos
niveles de gobierno para combatir la pobreza en la parroquia de estudio. Las respuestas
deben ser para cada dimensión y anotadas en el cuadro de Políticas Públicas.
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Mario A. Contreras-Jaramillo, María del Cisne Tituaña-Castillo
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Políticas Públicas
Variables Vivienda Educación Alimentación Salud Ingresos
Familia 1
Familia 1
Familia 1
Familia 1
ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Karla A. Yanez-Yanez
kayanez@uotavalo.edu.ec
Carrera de Derecho
Universidad de Otavalo
ORCID: 0000-0003-0441-9354
Frank L. Mila-Maldonado
fmila@uotavalo.edu.ec
Carrera de Derecho
Universidad de Otavalo
ORCID: 0000-0003-4363-5092
Recibido: 07/02/23
Aceptado: 15/06/23
LA ORALIDAD COMO
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL
DE LOS PROCESOS
ORALITY AS A
CONSTITUTIONAL PRINCIPLE
OF PROCESSES
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.02
KAIRÓS, Vol. (6) No. 11, pp. 33-51, Julio - Diciembre 2023
ISSN No. 2631-2743
,
Resumen
El objetivo de la investigación fue analizar con contenido
y alcance del principio de oralidad en el contexto procesal
del Estado constitucional de derechos, para ello, se utilizó
una metodología de tipo descriptivo a través de la técnica
del análisis documental, obteniéndose como resultados que
la oralidad es un principio que contempla a su vez otros
elementos como lo son la publicidad, la inmediación, la
concentración y la contradicción, que garantizan que los
procesos sean respetuosos de los derechos individuales de
los sujetos procesales y de esa manera se limite el poder
del Estado en el marco de los procesos. Por otra parte, se
determinó la inuencia que tiene la oralidad como elemento
básico y fundamental de los procesos de corte acusatorio,
como parte del fenómeno de la constitucionalización del
derecho, por lo que el referido principio se erige como el
nuevo paradigma de la práctica del derecho procesal, siendo
el medio más idóneo para la consecución de determinados
nes del proceso.
Palabras clave: Oralidad, sistema oral, principio
de oralidad, derecho procesal, derecho constitucional.
Abstract
The objective of the research was to analyze the content and
scope of the principle of orality in the procedural context
of the constitutional State of rights, for this, a descriptive
methodology was used through the documentary analysis
technique, obtaining as results that orality It is a principle
that in turn contemplates other elements such as publicity,
immediacy, concentration and contradiction, which
guarantee that the processes are respectful of the individual
rights of the procedural subjects and thus limit the power of
the State. in the framework of the processes. On the other
hand, the inuence of orality as a basic and fundamental
element of the accusatory court processes was determined,
as part of the phenomenon of the constitutionalization of
law, for which the principle stands as the new paradigm
of the practice of procedural law, being the most suitable
means to achieve certain purposes of the process.
Keywords: Orality, oral system, principle of orality,
procedural law, constitutional law.
LA ORALIDAD
COMO PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LOS
PROCESOS
ORALITY AS A
CONSTITUTIONAL
PRINCIPLE OF PROCESSES
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.02
KAIRÓS, Vol. (6) No. 11, pp. 33-51, Julio - Diciembre 2023
La oralidad como principio constitucional de los procesos
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(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.02
Introducción
Las constituciones de Latinoamérica han ido incorporando algunas instituciones básicas del
derecho procesal, como lo son el debido proceso, como derecho aglutinador de todo lo que
debe observarse en cualquier proceso, así como la tutela judicial efectiva, que va más allá de
la consagración del acceso al a justicia, sino la existencia del derecho a obtener una decisión
debidamente motivada y ajustada a derecho, así como el derecho a impugnar la misma y su
respectiva ejecución, aspectos ampliamente desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia.
En el marco de estas instituciones, también se ha incorporado de manera taxativa a nivel
constitucional como principio a la oralidad, lo cual genera distintas problemáticas a nivel
teórico y práctico, ya que implica cambios sustanciales de tipo adjetivo en virtud del fenómeno
de la constitucionalización del derecho, aduciéndose que los procesos judiciales deben regirse
por la oralidad, no considerándose en ocasiones otros elementos que son implícitos, los cuales
se pretenden dilucidar en ésta investigación.
Ciertamente, la oralidad no es una institución de reciente data, dado que sus antecedentes se
pierden de vista en el tiempo, observándose que en la Roma clásica ya se utilizaba esta gura
a nivel procesal. Sin embargo, la institución ha evolucionado hasta convertirse en la actualidad
en el paradigma del derecho procesal moderno, por lo que resulta relevante su tratamiento e
investigación. Este principio se ha inspirado en algunos instrumentos internacionales, así como
los Códigos procesales civil y penal, modelos para Iberoamérica en los cuales se pregona la
instauración de esta gura.
En tal virtud, el objetivo de la investigación es determinar el alcance y naturaleza de la
oralidad como principio constitucional de los procesos, por ello se realizará un análisis
individualizado de cada uno de los elementos que acompañan a la oralidad, así como las
principales características de los sistemas orales y del respectivo alcance de la oralidad en los
Estados democráticos de Derecho.
1. La constitucionalización del derecho procesal
Existe un fenómeno que se conoce como la constitucionalización del derecho, que en palabras de
Guastini (2009), se reere a la introducción de una constitución primigenia en un ordenamiento
jurídico que exista un predominio de las normas constitucionales en el ordenamiento jurídico.
Al respecto, existen diversas características que vislumbran dicha constitucionalización, entre
las que destacan, en primer término, la supremacía constitucional, siendo este un aspecto
característico de la mayoría de los Estados, es decir, existe un predominio de las normas
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constitucionales, consagradas en forma reglas y principios, que, según Guastini (2014), las
primeras son aquellos “enunciados condicionales que conecta una determinada consecuencia
jurídica a una clase de hechos: Si F, entonces G” (p. 184); por su parte, los principios son
normas de carácter fundamental y que se caracterizan por su grado de indeterminación -con
supuestos de hecho abiertos, derrotables o genéricas-, que representan elementos esenciales que
caracterizan un sistema jurídico y que no requieren de fundamentación, dado que usualmente
se consideran evidentemente justas o correctas (Guastini, 2014).
Aunado a lo anterior, las constituciones suelen ampliar el ordenamiento jurídico a normas
de carácter internacional, entre ellos los tratados internacionales, lo cual amplía el espectro
de protección y reconocimiento de derechos que no se limita únicamente al plano local.
Adicionalmente, la doctrina también alude a la existencia de las garantías que supera la visión
legalista, otorgando énfasis y prevalencia a los principios y valores constitucionales (Yánez
et. al, 2021), entre otras características, como por ejemplo la rigidez de la constitución, su
fuerza vinculante, la interpretación conforme a ella, así como la inuencia en general de la
Constitución en todas las relaciones políticas desarrolladas a nivel estatal (Mila et al., 2022).
Igualmente, se advierte que las anteriores particularidades aplican en muchos países de
Iberoamérica. Asimismo, se debe sumar a lo descrito que, a nivel procesal en general, se
consagran dos instituciones medulares que indicen de manera sustancial en los procesos, en
este caso el debido proceso y la tutela judicial efectiva. El primero, es denido por Agudelo
(2005), como:
Un derecho fundamental contentivo de principios y garantías que son indispensables de
observar en diversos procedimientos para que se obtenga una solución sustancialmente
justa, requerida siempre dentro del marco del estado social, democrático y de derecho.
Es un derecho de toda persona a participar en un procedimiento dirigido por unos sujetos
con unas cualidades y funciones concretas, desarrollado de conformidad con las normas
preestablecidas en el ordenamiento jurídico, en los que se debe decidir conforme al derecho
sustancial preexistente, siempre y cuando se dé la oportunidad de oír o escuchar a todos los
sujetos que puedan ser afectados con las resoluciones que allí se adopten (p 89).
Se denota que el debido proceso se identica como un derecho fundamental, esto implica
que es un derecho humano constitucionalizado que aglutina una serie de derechos que deben
ser observados en todo proceso y, adicionalmente, se corresponde con la idea del modelo
de Estado que se maneje, consecuencialmente, se asocia al Estado democrático de Derecho,
indistintamente de su denominación especíca.
Por otra parte, existe otra institución que comulga con el debido proceso que se conoce como
La oralidad como principio constitucional de los procesos
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la tutela judicial efectiva, que encuentra reconocimiento en la mayoría de los Estados de
Iberoamérica y que se asocia principalmente con el acceso a la justicia. Sin embargo, esta
institución no se agota sólo en dicho aspecto, sino que encuentra otros elementos, entre los que
se incluye el derecho a obtener una decisión debidamente motivada y conforme a Derecho, el
derecho a impugnar la decisión, y el derecho a ejecutar la misma (Picó I Junoy, 2012). En el
mismo sentido, la Corte Constitucional de Ecuador (2015) señaló que:
La tutela judicial efectiva es el derecho que garantiza a las personas el acceso a la justicia,
sin que su pleno ejercicio se agote únicamente en la posibilidad de acudir a los órganos
jurisdiccionales, pues implica también la obligación que tiene el operador de justicia de
sustanciar la causa, observando el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico
para cada caso y en observancia de las garantías que conguran el debido proceso. Dicho de
otro modo, la tutela judicial implica una serie de actuaciones por parte del Estado, a través
de los órganos jurisdiccionales, que permiten asegurar el efectivo goce y cumplimiento
de los derechos consagrados en la Constitución de la República para la obtención de una
resolución judicial motivada.
Por tanto, la tutela judicial efectiva corresponde a los operadores de justicia quienes deben
asegurar no solo el acceso a la justica sino a que, en efecto, exista una verdadera decisión
ajustada a Derecho y que la misma pueda ser ejecutada, así como impugnada, siendo un
elemento fundamental en los Estados de derecho y una demostración de la constitucionalización
del derecho procesal.
Por último, otro de los aspectos más relevantes de la constitucionalización del derecho procesal
es lo atinente a la incorporación de cláusulas relativas a los sistemas orales, es decir, se conmina
a que los procesos se manejen en el marco de la oralidad, esto implica que se alude a un
sistema conformado por diversas características y elementos que se manejan bajo dicha gura,
tal es así que algunos autores aducen que “la oralidad resulta ser el instrumento adecuado para
facilitar la aplicación de los principios constitucionales y de las garantías que estructuran el
propio sistema procesal” (Restrepo et al., 2018, p. 622), a lo anterior se suma lo relativo a la
consagración de la oralidad como principio, aspecto que será desarrollado a continuación.
2. La oralidad como principio constitucional en el Estado de Derechos
El derecho procesal, o ciencia procesal, se sustenta en tres elementos básicos que se conocen
como la “trilogía estructural del proceso”, según Podetti (1944), “Trinomio sistemático
fundamental” según Calamandrei (1943), o “trípode esencial” para Alcalá (1947), que se
reducen a la jurisdicción, la acción y el proceso, elementos sin los cuales no se concibe el
derecho procesal en la actualidad, en el que el último elemento referido al proceso se reserva
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al ejercicio de la jurisdicción, por lo tanto debe distinguirse del procedimiento, considerando
a este último como el conjunto de actuaciones procesales a través de las cuales se sustancia el
procedimiento.
El proceso y, en consecuencia, el ejercicio de la facultad jurisdiccional se rige con base en
principios que sirven de límites en el desarrollo de cualquier proceso. Incluso, se puede armar
que los principios son la columna vertebral del proceso, ya que:
Juegan un papel medular y determinante en la administración de justicia ya que, en pocas
palabras, sirven de freno al ejercicio del poder derivado de la función judicial y a su vez,
fungen de “directivas o líneas matrices dentro de las cuales se desarrolla las instituciones del
proceso (Yedro, 2012, p. 38).
En tal virtud, la oralidad se constituye como uno de los principios del proceso, considerando
al proceso, denido por Roxin (2000) como un “principio referido a la forma” (p. 77), por su
parte, Maier (2004) alude a que se trata de un “principio relativo al procedimiento” (pp. 478-
481), al igual que Puy Muñoz (2009), quien arma que “es propiamente un principio jurídico
que contiene un mandato preciso” (p. 120), por lo que es notable que los autores coindicen en
endilgar la categoría de principio a la oralidad.
En ese orden de ideas, la oralidad se anota en la idea de los paradigmas actuales en la práctica del
derecho procesal, sin embargo, este principio ha sufrido distintas mutaciones que han permitido
generar una conceptualización actual ajustada a los requerimientos del Estado de Derecho que
lo dene como un meta principio, en virtud a que se compone de algunos elementos los cuales
pretendemos individualizar y que sirven de fundamento de los sistemas procesales. En ese
sentido, González (2016) apunta que la oralidad se traduce en:
(…) el medio más apto para preservar la consecución de determinados nes del nuevo
proceso, entre otros, la inmediación y publicidad al permitir que los jueces, intervinientes y
el público en general puedan por medio de sus sentidos observar cómo aquel se desarrolla
(p. 34).
Según lo señalado, a través de la oralidad se puede cumplir con otros principios y de manera
directa el juzgador y el público presente pueden observar y percibir con sus sentidos de manera
directa lo que sucede en el desarrollo de este. Por ello, se aduce que la oralidad es el mejor
mecanismo para el proceso comunicativo (Herrera y Correa, 2018), en efecto, se trata de la
forma más idónea y óptima de transmitir la información de manera uida.
Ahora bien, ante ese escenario la oralidad ha ido ganando terreno a nivel internacional a través
La oralidad como principio constitucional de los procesos
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de las reformas a nivel procesal, si bien no es una temática nueva ya que se ubican antecedentes
en la polis griega y la civitas romana, tal como expresa Álvarez (2008):
En la polis griega y en la Roma antigua los procesos eran orales, de manera que la oralidad no
es ajena a la génesis de los sistemas en que se inspiraron nuestros códigos. Pero la evolución
de la administración de justicia en las naciones herederas de esa tradición grecorromana dio
privilegio a la palabra escrita sobre la oral (p. 6).
En función de ello, se pude inferir que no se trata de un fenómeno nuevo, ya que la oralidad
ha sido considerada no sólo en dichas civilizaciones sino posteriormente en la edad media,
hasta arribar a la actualidad, en la cual se viene manejando un fenómeno de expansión de la
oralidad en los procesos, principalmente a nivel de derecho penal, así podemos citar en primer
término lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que
dispone “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley”. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso
Apitz Barbera y otros desde el año 2008, manifestó que:
(…) de la Convención no se desprende que el derecho a ser oído debe necesariamente
ejercerse de manera oral en todo procedimiento. Lo anterior no obstaría para que la Corte
considere que la oralidad es una de las “debidas garantías” que el Estado debe ofrecer a los
justiciables en cierto tipo de procesos. (párr. 31).
En la misma línea, Villadiego (2010), fundamenta su hipótesis relativa a que la oralidad es un
elemento del debido proceso, sobre la base de:
a) la necesidad de garantizar el principio de inmediación en el proceso civil, b) el
reconocimiento del derecho a la audiencia como parte del debido proceso en otros
instrumentos internacionales de derechos humanos, c) algunos pronunciamientos de
organismos e instituciones del sistema internacional e interamericano derechos humanos,
y d) las diferencias entre el texto en español e inglés del artículo 8.1 de la Convención
Americana (p. 15).
En función de ello, se desprende la inuencia que tiene la oralidad en los procesos como
principio base, que incluso se asocia al debido proceso, lo que implica que esta debe ser
observada como referencia macro, que a su vez va a permitir conjugar otros principios que se
asocian a la misma.
Asimismo, el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (1988) y el Código Procesal
Penal Modelo para Iberoamérica (1989), consagran la oralidad como eje medular del sistema,
Karla A. Yanez-Yanez, Frank L. Mila-Maldonado
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así, en distintos artículos del Código procesal penal modelo se alude a la oralidad, especialmente
el artículo 299, consagra que el debate será oral, así, todas las intervenciones deben ser de
manera verbal, incluido el dictamen del juzgador. Por su parte, el Código procesal civil modelo,
en su exposición de motivos sugiere adoptar el sistema oral, e igualmente, se consagran como
principios en los artículos 7 y 8, la publicidad y la inmediación, respectivamente, que son
elementos o principios abarcados por la oralidad, es decir, son su esencia.
En el mismo camino, distintas constituciones de Latinoamérica consagran la oralidad como
principio a ser observada en los procesos, así, la Constitución de la República del Ecuador
(2008), consagra en su artículo 168, lo siguiente:
Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio
de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: (…) 6. La sustanciación de los
procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el
sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.
Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece en el
artículo 257, lo siguiente:
Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la
justicia. Las leyes procesales establecerán la simplicación, uniformidad y ecacia de los
trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacricará la justicia por
la omisión de formalidades no esenciales.
En dicho contexto, se observa que la oralidad se reconoce como un principio que ha ganado
espacios a nivel internacional y que se va incorporando en las legislaciones de Latinoamérica.
Siguiendo con el contexto penal, apunta Jaramillo (2011), que:
Las constituciones de la mayor parte de los países aparecen ya ese programa procesal
precedido de la implementación de unos elementos políticos que lo fundamentan plenamente.
Salvo Argentina, países como Brasil, Costa Rica, Bolivia, Chile, el Salvador, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Guatemala, Venezuela y Uruguay, adoptaron la sistemática
acusatoria, y con ello por supuesto el método de la oralidad (p. 282).
Países a los cuales se suma Colombia que, a partir del año 2005, ha comenzado a incorporar este
sistema. En ese sentido, la oralidad se erige como un principio presente en los ordenamientos
jurídicos latinoamericanos y que por parte de la doctrina es enarbolado como el método más
idóneo y óptimo para el desarrollo de un proceso. Por ello, según Clariá Olmedo (2004) la
“oralidad se considera el modo más conveniente para la recepción de la prueba y para la
remisión de las conclusiones que a su vez satisface la inmediación y la publicidad, sin perjuicio
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de las excepciones que debe tolerar esta regla” (p. 166). Visto lo anterior, la oralidad constituye
según Herrera y Correa (2018):
Una herramienta esencial en la tarea jurisdiccional, como instrumento para facilitar el debido
respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos en un Estado de derecho moderno, al
permitir que la actuación del juzgador se acomode a criterios de inmediación y contradicción
(p. 27).
En ese orden de ideas, queda claro que la oralidad es un principio reconocido a nivel
constitucional que tiene su trascendencia en el plano de los procesos, en virtud que del mismo
se desprenden diversos elementos que incluso caracterizan el sistema procesal que se trate, tal
como se analiza en el próximo apartado.
3. Contenidos implícitos al principio de oralidad
Según las ideas expuestas la oralidad es uno de los principios medulares de los procesos,
tal como expresa Puy Muñoz (2009), “es propiamente un principio jurídico que contiene un
mandato preciso” (p. 120). E incluso, este principio es uno de los paradigmas actuales en la
práctica del derecho, ya que:
la oralidad se convierte en un instrumento poderoso y plantea grandes desafíos a nivel
técnico, humano e institucional. Supone la armonización de parámetros constitucionales
(publicidad, contradicción, continuidad e inmediación), junto con una metodología de
audiencias orales y expedientes electrónicos orientados a reemplazar la excesiva formalidad
del sistema escrito”. Incide directamente en la transparencia y en la obligación de rendición
de cuentas a la ciudadanía. Constituye un eje transversal que atraviesa las políticas públicas
del sector justicia para dar contenido a los valores primigenios del régimen democrático
(Corte Nacional de Justicia, 2013, p.19).
De la misma manera, está implícitamente relacionado con otros principios que se derivan de la
oralidad que se trataran seguidamente:
3.1. Publicidad
Uno de los primeros aspectos que caracteriza a la oralidad es la publicidad, que se concibe
como el “encuentro entre los sujetos procesales y el tribunal es público, para asegurar el control
popular sobre el modo de administrar justicia” (Binder, 2005, p. 261), esto justamente se alinea
con lo relativo a la oralidad, ya que no tendría sentido el desarrollo de un juicio público pero
que a su vez sea escrito, ya que el carácter público se genera precisamente en el marco de la
oralidad. Esto en virtud que ciertamente se podría pensar que con la escritura también puede
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generarse una publicidad, sin embargo, ello no es así, ya que la publicidad es propia del juicio
oral, es decir, en el marco de la oralidad. Al respecto, Roxin y Schünemann (2017) maniestan
que “el principio de publicidad rige sólo para el juicio oral” (p. 174) y también Aguirre (2013),
lo ubica como un principio derivado de la oralidad.
Como corolario, la tendencia actual es ir hacia la publicidad de los procesos, superándose
escenarios como los sumarios, los jueces sin rostros o actuaciones secretas, debe existir
transparencia y sólo reservarse la información en casos excepcionales, fuera de eso, la
publicidad permite el acceso a la información y de alguna manera se controlar las decisiones.
En el mismo orden, apunta Villadiego (2010), “La publicidad es una forma de control de las
decisiones judiciales” (p. 17), dado que el juicio público permite un control de la ciudadanía
que garantiza que la administración de justicia sea transparente y que se evite de esta manera
la justicia oculta o a puertas cerradas.
Lógicamente, existen excepciones con ocasión a la publicidad que descansan en situaciones
en las cuales, por ventilarse aspectos relativos a la afectación de niños, niñas y adolescentes,
secretos de Estado, u otras similares se imposibilita que el proceso sea público. Fuera de
ello la publicidad va aparejada con la idea de la oralidad, considerando que son elementos
que comulgan y van de la mano, ya que no se concibe esta sin dicho carácter público. Es
así como existe un límite a la administración de justicia, al poder evidenciar de esta manera
arbitrariedades y excesos, que se incrementan cuando se habla de justicia no pública.
3.2. Inmediación
Tanto Roxin (2000) como Maier (2004), coinciden en ubicar a la inmediación como un principio
trascendental del proceso, que se resumen en la idea que el juez que presencia es el juez que
juzga, todo lo cual se desarrolla en el marco de la oralidad, en virtud que las partes debaten de
manera oral ante el juez, del cual, al presentar su teoría del caso y desarrollo de toda la actividad
probatoria, pretenden ganar su convicción. En ese contexto, el principio de inmediación solo
puede ser garantizado de manera efectiva a través de procesos orales y no mediante procesos
escritos, por ello apunta Villadiego (2010), que:
La inmediación es un principio procesal según el cual existe una interacción directa
e inmediata entre las partes y el juez de la causa en el examen y contra examen de las
pruebas del proceso, y por ello, la decisión judicial se fundamenta en la información que fue
recepcionada en audiencia (p. 18).
Asimismo, se puede aducir que en la manifestación del discurso oral se genera de manera
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natural una relación de inmediatez sobre la base de la expresión directa que se genera en las
audiencias en el marco de la oralidad. Por otra parte, la inmediación implica que no sólo el juez
es quien debe estar presente en la celebración de audiencias, sino también los sujetos y partes
procesares que corresponda, en especial cuando se practica la prueba.
En síntesis, se puede armar que la inmediación es un principio derivado de la oralidad, en
virtud que en los procesos de corte escrito no se puede generar dicha inmediación, ya que el eje
sobre el cual gira el proceso es la prueba, la cual se forma en el juicio y el juez debe presenciar
la práctica de la prueba para formar su criterio, es decir, que en el juicio oral la inmediación va
aparejada con la idea de oralidad, tal como sostiene Aguirre (2013), a través de este principio
derivado de la oralidad se “permite el debate entre las partes y la evacuación de las pruebas
sean incorporadas dentro de una misma audiencia de manera inmediata”. (p. 35). Aspecto que
se perdería si se trabaja únicamente con la escritura, incluso, en algunos procesos judiciales,
en los cuales el juez tiene la facultad de intervenir de manera activa, la inmediación permite
identicar las necesidades para mejor resolver e incluso requerir pruebas de ocio, como lo es
el caso de algunas garantías jurisdiccionales constitucionales.
3.3. Concentración
Otro de los elementos de la oralidad es la concentración que se resume en que los actos procesales
deben darse con la menor extensión de tiempo entre sí, es decir, que exista la mayor inmediatez
entre cada acto y lógicamente entre la decisión, ya que como reza un antiguo axioma, “tiempo
que pasa, verdad que huye” y en efecto, en materia de oralidad, ya de por sí esta responde a
una dinámica que implica mayor celeridad, no obstante, a través de la concentración se procura
que se cumpla dicha inmediatez. En esta línea se anota Clariá Olmedo (2004), quien opina que
“los actos deben cumplirse con la mayor aproximación temporal posible para obtener una más
pronta decisión” (p. 179).
Sobre la base de lo anterior, se denota que la que la concentración va de la mano con la oralidad
por la misma naturaleza del debate que implica celeridad, a diferencia de la escritura que no
permite esta agilidad e inmediatez, entonces es común encontrar que en los sistemas orales se
invoque este principio que en síntesis pregona que los actos procesales se generen de la manera
más concentrada posible, atendiendo a la mayor aproximación temporal, incluso, se establecen
reglas en algunas legislaciones.
3.4. Contradicción
Por último, en la oralidad también se apela a la contradicción, aduciéndose que las audiencias
o el proceso en general tiene carácter contradictorio, lo cual signica según Binder (2005)
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que en la oralidad es “donde existe autentica contradicción” (p. 331), esto sobre la base que la
contradicción incluso guarda relación con la temática de la prueba (Bello, 2015), que es uno
de los elementos medulares del proceso, toda vez que cualquier planicación estratégica que
obedece a que existe un componente probatorio, además del fáctico y jurídico, siendo este el
que sirve para demostrar el primero que, a su vez, se traduce en la correspondencia con el plano
jurídico.
En vista de lo anterior, los sujetos y partes procesales, dependiendo de la denominación que se
maneje en cada proceso, van a tener el derecho de contradecir, a través de la exposición de los
diferentes alegatos, así como el examen y contra examen que se genera en las audiencias y, por
ende, pueden contradecir lo que corresponda.
Incluso, “el principio de contradicción resulta ser la esencia del modelo adversarial, al punto
que resulta frecuente encontrar referencias al señalado modelo utilizando como denición
de este la idea de contradictoriedad” (Decap, 2014, p. 58). Según los aspectos expuestos, la
oralidad va de la mano con la publicidad, la concentración, la contradicción y la inmediación,
aspectos que se complementan y relacionan entre sí y son medulares para que se pueda hablar
de una verdadera oralidad.
En efecto, vale destacar que la contradicción se maximiza en el ámbito de la oralidad, dado
que existe inmediatez, siendo indispensable para la validez de todo medio probatorio, aspecto
que no se alcanza en la escritura. Al respecto, Aguirre (2013), apunta que en el marco de dicho
principio se “permite separar lo falso de lo verdadero; en la oralidad, las alegaciones mutuas,
cargos y descargos, explicaciones y justicaciones serán de una manera tal, que se reúnen
dentro de un acto con lo cual el juzgador se forma una aproximación directa de la verdad” (p.
36).
Según lo descrito, se observa que en el marco de la inmediatez que se genera en la oralidad se
maximiza la misma, que si bien es cierto podría considerarse que también en este último puede
existir, otorgando incluso mayor tiempo para preparar algún alegato o descargo, no obstante,
también se pierde el debate directo con los medios aportados en el proceso, por ende, este
principio se optimiza en el marco de la oralidad.
4. Inuencia de la oralidad como principio constitucional en los procesos
Una vez analizado lo relativo a la constitucionalización del derecho en general, abarcando el
área adjetiva, se denota que actualmente las constituciones consagran normativa que marcan
los contornos del derecho procesal, incluso, se observa que se declara expresamente que los
procesos deben caracterizarse por trabajar conforme al principio de oralidad, aspecto que fue
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revisado determinándose su naturaleza, así como el contenido que la dogmática identica o
asocia al mismo, como por ejemplo la publicidad, inmediación, contradicción y concentración.
Ahora bien, esos no son los únicos elementos que merecen ser analizados, considerando que
corresponde determinar el alcance y la inuencia que tiene el principio de oralidad a nivel
procesal, ello dentro del marco del Estado Constitucional de Derecho, que se considera el
paradigma actual del derecho procesal y tiene como bondades, según Mejuto (2017) que
responde a la necesidad de agilizar, economizar y cumplir con los nes mismos del proceso.
Aunado a lo anterior, cuando se alude a la oralidad se alude en sí mismo a un sistema, el
cual posee características y particularidades, entonces, si lo circunscribimos al campo penal,
la doctrina penal que los procesos pueden ser escindidos de gorma general, se conocen como
el sistema de corte acusatorio (adversarial) y el sistema inquisitivo, y según Montero (1997),
estos sistemas responden a momentos históricos que han marcado la evolución del derecho
procesal penal, e incluso, se sostiene que el sistema inquisitivo no es realmente de carácter
procesal.
En el mismo orden, el sistema inquisitivo, según Maier (2004), es concebido cómo aquel en el
cual se responde a la centralización del poder, a considerar al sujeto procesado como un mero
objeto de investigación, sin valor alguno y procurándose determinar por cualquier medio, por
cruel que fuese, para determinar su responsabilidad.
Adicionalmente, este sistema se asocia con la inquisición (Rivera, 2012) y según López (2012),
“en este procedimiento el Juez actúa de ocio sin intervención de un denunciante o de un
acusador. El nombre del procedimiento pasa a los organismos encargados de la represión”
(p. 8). Visto esto, se denota que es un procedimiento que no es respetuoso de los derechos de
los sujetos procesados, como sujetos de derechos, e incluso se asocia a hechos históricos que
representan un pasado oscuro de la humanidad, como por ejemplo lo fue la inquisición.
Frente a dicho sistema se erige el sistema acusatorio, independientemente de su manifestación,
sea el formal, el mixto o el garantista, se parte del mismo tronco común, entendido según Roxin
(2000), como aquel en:
(…) el que se unen las ventajas: De la persecución penal estatal con las del proceso acusatorio
que consiste, precisamente, en que el juez y acusador no son la misma persona. Esto sólo
puede suceder si el Estado asume tanto la tarea del acusador como la del juez, separando esa
función en dos autoridades estatales distintas una autoridad de acusación y el tribunal (…)
esto solo es posible a través de la creación de una autoridad de acusación estatal especial, la
scalía (p. 86).
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Como corolario, según López (2012):
(…) el Tribunal Constitucional Español ha señalado que: El sistema de persecución penal que
es constitucionalmente legítimo es el basado en el principio acusatorio, siendo inadmisible
el principio inquisitivo en cualquiera de sus manifestaciones. En igual sentido se maniesta
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exige la separación absoluta de instruir
y juzgar y la necesidad de que se respete el derecho del acusado de contar y conocer la
acusación formulada contra él por autoridades ajenas a aquellas que van a juzgarle (p. 126).
En función de lo descrito, se observa que este es el procedimiento óptimo, toda vez que parte
de la tendencia a constitucionalizar el procedimiento acusatorio, siendo reconocido como el
sistema que realmente se inscribe en las premisas del derecho procesal.
En el mismo orden, se debe destacar que en dicho sistema el procedimiento, existe una
investigación independiente del juzgador (sujeta de igual manera a control judicial), que
se cataloga como acusatoria, y una de las principales características es que existe oralidad,
publicidad, concentración, contradicción e inmediación, siendo estos los principios rectores
que rigen en este sistema, dado que el juicio es oral, público, confortativo, continuo y opera
la inmediación, lo cual derivará en que el juez de la prueba será el que emitirá la sentencia,
es decir, el que aprecia de manera directa lo relativo a la práctica de la prueba, así como los
fundamentos y alegatos percibidos en el juicio.
Lo anterior, es tan medular que incide a nivel de prueba, puesto que, en marco de la oralidad
y el sistema acusatorio, se caracteriza por observar la libre convicción razonada, aplicando las
reglas de la sana crítica y la promoción o proposición de pruebas queda en manos de las partes
intervinientes en el proceso, ya no provienen directamente del juez. No obstante, coincidimos
con Nieva Fenoll (2010), cuando señala que:
En la realidad práctica del proceso se ha observado que la estricta oralidad es imposible. Es
ilusorio pensar que un Juez atiende únicamente a un proceso, como perciben los ciudadanos
en las películas cinematográcas, sino que lleva multitud de casos. Por ello, aunque esté
presente en las vistas y tenga, por tanto, la máxima inmediación, es imposible que retenga
en su memoria todos los datos que ha visto en cada proceso a la hora de dictar sentencia.
Además, los asuntos que se ventilan no siempre son tan sencillos como para resolverlos en
una audiencia, siendo conveniente que exista una fase de preparación escrita – para el Juez
y para las partes – previa a la vista (p.242).
Dicho lo anterior, aunque resulta imposible contar con un sistema que sea cien por ciento oral,
la inuencia de este principio es trascendental a nivel procesal, teniendo en cuenta que puede
marcar las características y contornos del sistema procesal de un Estado, por lo que “el sistema
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oral se complementa con la escritura, esto debido a que la oralidad es imprescindible durante
la práctica de pruebas, alegaciones y el fallo, sin embargo, la escritura es útil y necesaria
para preparar la sustanciación del proceso”( Astudillo, 2018, p.175). Todo esto de la mano
del modelo de Estado que se adopte a nivel constitucional, siendo el que comulga con este
sistema el denominado Estado de Derecho, independientemente de sus predicados o modelos
especícos que se deriven de él. En todo caso, se enaltece el reconocimiento de los derechos
individuales de los sujetos, así como la observancia de las garantías y derechos que deben
prevalecer en todo proceso.
En ese contexto, Gozaíni (2018) identica como ventajas la superación de la solemnidad para
formalizar los actos y en general, permitir al juez evitar errores cuando valora los hechos y las
pruebas, porque la reproducción en actas no es tan precisa ni exhaustiva como lo vislumbrado
en las audiencias.
Finalmente, se podría armar que la oralidad con respecto al estándar de prueba aporta la
posibilidad de que el juez logre dar una valoración integral de las pruebas que únicamente no se
base en los instrumentos físicos y lo que se puede apreciar a simple vista, sino que el juez logre
también generar convicción partiendo de la explicación en la práctica de la prueba que otorgan
las partes, lo que de cierto modo dará claridad en la nalidad que ha tenido la parte procesal
presentando dicha prueba, respecto de aquello que pretende probar. Amén, de la posibilidad de
observar de manera inmediata y directa del debate, percibiendo los alegatos y la práctica de
prueba, teniendo claridad de la secuencia de las actuaciones y todos los actos.
Conclusiones
Se determinó que existe un fenómeno relativo a la constitucionalización del derecho, el cual
posee diversos contornos que identican el mismo, como la supremacía constitucional y la
interpretación conforme a ella, entre otros aspectos, entre los cuales gura el derecho procesal,
a través del reconocimiento de instituciones básicas como el debido proceso y la tutela judicial
efectiva, a lo cual se suma el mandato de observar la oralidad como principio en el marco de los
procesos. Por otra parte, se pudo evidenciar la naturaleza de principio que posee la oralidad, la
cual es un elemento que es medular en los procesos y un paradigma de la práctica del derecho
procesal actual, siendo el medio más idóneo para la consecución de determinados nes del
proceso.
En el mismo orden, la oralidad comporta a su vez otros principios o derivados de la misma,
como por ejemplo la inmediación, la publicidad, la contradicción y la concentración, siendo
elementos que están imbricados y fusionados de manera tal que se proscribe que el juez que
juzga sea distinto al juez que conoce del proceso y, especialmente, la práctica de la prueba,
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así como la justicia oculta o privada, la falta de contradicción propia del sistema acusatorio
adversarial y que el juicio y actos procesales se distancien entre sí de manera que interrumpen
la concentración. De igual manera, es claro que existe una inuencia trascendental en los
sistemas orales que en el campo penal son característicos del sistema acusatorio, debido a
que la oralidad es la esencia de estos, que permite dar vida a los elementos antes descritos que
superan la escritura y procedimientos que se asocian al elemento inquisitivo.
Por último, se puede manifestar que en la actualidad a nivel internacional la tendencia es hacia
la oralidad como fundamento de los sistemas procesales que va a aparejado con el fenómeno de
la constitucionalización del derecho, siendo más que un proceso comunicativo que implica la
inmediatez y percepción directa por parte del juzgador quien puede percibir todos los aspectos
que se desarrollan el juico de manera viva, sino que también es la esencia de los sistema
s acusatorios y en general de los procesos que actualmente están marcados por la oralidad.
Según lo señalado, a través de la oralidad se puede cumplir con otros principios y de manera
directa el juzgador y el público presente pueden observar y percibir con sus sentidos de manera
directa lo que sucede en el desarrollo del mismo. Por ello, se aduce que la oralidad es el mejor
mecanismo para el proceso comunicativo (Herrera y Correa, 2018), en efecto, se trata de la
forma más idónea y óptima de transmitir la información de manera uida.
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ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Eduardo Elías Gutiérrez López
elias.gutierrez@uabc.edu.mx
Universidad Autónoma de Baja
California
Facultad de Derecho Tijuana
ORCID: 0000-0002-9171-8813
Sarahy Daniela Garibay
Ascencio
garibay.sarahy@uabc.edu.mx
Universidad Autónoma de Baja
California
Facultad de Derecho Tijuana
ORCID: 0009-0002-5963-3462
Nidya Lizeth Gámez Flores
ngamez@uabc.edu.mx
Universidad Autónoma de Baja
California
Facultad de Derecho Tijuana
ORCID: 0009-0002-8132-1844
Recibido: 08/03/23
Aceptado: 26/06/23
¿DE QUÉ MANERA INCIDE
LA NACIONALIDAD PARA
OBTENER REFUGIO EN
MÉXICO? UN ANÁLISIS
COMPARATIVO ENTRE
VENEZOLANOS Y
CENTROAMERICANOS
HOW DOES NATIONALITY
AFFECT OBTAINING REFUGE
IN MEXICO? A COMPARATIVE
ANALYSIS BETWEEN
VENEZUELANS AND CENTRAL
AMERICANS
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.03
KAIRÓS, Vol. (6) No. 11, pp. 52-71, Julio - Diciembre 2023
ISSN No. 2631-2743
,
Resumen
Las resoluciones de refugio en México muestran
resultados diferentes de acuerdo con la nacionalidad
de los solicitantes, a pesar de provenir de contextos
políticos, económicos y sociales similares. Por lo
que persiste la interrogante de si la nacionalidad se
torna en un factor para obtener refugio en México.
Para responder esta interrogante se analizan las
legislaciones mexicanas de refugio, se compara el
contexto de origen de los solicitantes de Venezuela y el
norte de Centro América y, nalmente se cruzan datos
de México y Estados Unidos sobre refugio y asilo,
encontrándose patrones de coincidencia para rechazar
a las mismas nacionalidades, que resaltan la presión
que ejerce Estados Unidos sobre México en materia
de política migratoria bajo una relación histórica de
asimetría de poder.
Palabras clave:
Protección internacional;
política migratoria; migración internacional;
discriminación; derecho a recibir asilo.
Abstract
Refugee resolutions in Mexico show dierent
results according to the nationality of the applicants,
despite coming from similar political, economic,
and social contexts. Thus, the question remains
whether nationality becomes a factor in obtaining
refuge in Mexico. To answer this question, Mexican
refugee legislation is analyzed, the context of origin
of applicants from Venezuela and North Central
America is compared, and nally data on refugee and
asylum from Mexico and the United States are cross-
referenced, there are patterns of coincidence to reject
the same nationalities, which highlight the pressure
exerted by the United States on Mexico in terms of
migration policy under a historical relationship of
asymmetry of power.
Keywords: International protection; migration
policy; international migration; discrimination; right
to asylum.
¿DE QUÉ MANERA INCIDE
LA NACIONALIDAD PARA
OBTENER REFUGIO EN
MÉXICO? UN ANÁLISIS
COMPARATIVO ENTRE
VENEZOLANOS Y
CENTROAMERICANOS
HOW DOES NATIONALITY
AFFECT OBTAINING REFUGE
IN MEXICO? A COMPARATIVE
ANALYSIS BETWEEN
VENEZUELANS AND
CENTRAL AMERICANS
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.03
KAIRÓS, Vol. (6) No. 11, pp. 52-71, Julio - Diciembre 2023
Eduardo Elías Gutiérrez López, Sarahy Daniela Garibay Ascencio, Nidya Lizeth Gámez Flores
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 52-71. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI:https://doi.org/10.37135/kai.03.11.03
54
Introducción
La política de refugio y de protección internacional en México cuenta con un aparato legislativo
sólido que se estructura desde su Constitución al conferir a toda persona el derecho de solicitar
asilo, así como extender la aplicabilidad de los tratados internacionales en materia de refugio al
orden interno y ordenar el diseño de una ley reglamentaria (Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 1917, articulo 11). En ese sentido, el 27 de enero de 2011 se publicaría en el
Diario Ocial de la Federación en México la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria,
hoy llamada Ley sobre Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político (en adelante
Ley de Refugiados). Como su denominación lo indica, este ordenamiento jurídico establece
tres modalidades de protección internacional: a) el refugio, b) la protección complementaria y
c) el asilo político.
Este trabajo centra su análisis en el refugio y la protección complementaria, en virtud de que, el
asilo en México, además de tener una naturaleza distinta al proteger especícamente a personas
perseguidas por motivaciones políticas, su procedimiento se solicita de manera diferente y es
gestionado por un órgano diverso al que conoce de las solicitudes de refugio. Toda vez que, de
acuerdo con la Ley de Refugiados (2022, artículos 14 bis y 18), el asilo político es competencia
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a diferencia del refugio que concierne a la Secretaría
de Gobernación, en particular a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (en adelante
COMAR). Por otro lado, el asilo político puede solicitarse en las ocinas de la Secretaría de
Relaciones Exteriores con sede en territorio mexicano, o bien en alguna de sus representaciones
en el país donde se localice el solicitante (Ley de Refugiados, 2022, artículo 14 bis, fracción
primera).
Paralelo al marco normativo en materia de protección internacional en México, a partir de 2017
se identica un signicativo crecimiento en los solicitantes de refugio, que se acentúa con el
ingreso de las denominadas caravanas migrantes en 2018. Bajo esa tesitura y a pesar de que
no todos los solicitantes de refugio llevan hasta la fase nal sus procedimientos, sí crecieron
naturalmente las resoluciones emitidas por la COMAR.
Estas resoluciones de acuerdo con la Ley de Refugiados pueden consistir en conceder o negar
la condición de refugiado, o bien, brindar protección complementaria para quien, no habiendo
colmado los presupuestos normativos del refugio, a criterio de la COMAR existieren fundados
temores de que su vida o seguridad corran peligro de ser devuelto a su país de origen (Ley
de Refugiados, 2022, artículos 25, 28 y 29). Sin embargo, al analizar los datos se identican
diferencias sustanciales entre el porcentaje de resoluciones positivas y negativas para
venezolanos en comparación con personas de origen centroamericano, en particular, del norte
de Centroamérica.
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 52-71. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.03
¿De qué manera incide la nacionalidad para obtener refugio en México?
55
Estos datos resultan dignos de analizarse, pues como se advirtió al inicio de esta introducción,
la legislación mexicana en materia de refugio no hace distinciones por razón de nacionalidad,
sino que individualiza cada caso, a partir de las experiencias del solicitante y el contexto de
origen del país del que provenga. Por lo que, al no sustentarse estos resultados en instrumentos
jurídicos, nacionales o internacionales, estas diferencias podrían tratarse más bien de prácticas
discriminatorias o decisiones fundadas en otro tipo de factores distintos a los marcos jurídicos
aplicables.
Por lo general, los datos relativos a las resoluciones emitidas por la COMAR han sido utilizados
en trabajos académicos para evidenciar el crecimiento signicativo en el número de solicitantes
en el periodo 2013-2019 (Islas, 2019; Torre et al, 2021; Sánchez y Ortega, 2022). Así mismo,
algunos trabajos sí han enfatizado en el tipo de resoluciones emitidas por la COMAR y su
relación con las nacionalidades de los solicitantes, así como una aplicación diferenciada de
los supuestos establecidos por el artículo 13 de la Ley de Refugiados (Torre et al, 2021), sin
embargo, poco se ha profundizado en otro tipo de factores que inuyen en la aplicación diversa
de criterios, como la presión que ejerce Estados Unidos sobre México en materia de política
migratoria.
No obstante, algunos trabajos sí han abordado esta dimensión de la presión que ejerce Estados
Unidos sobre México en asuntos de política migratoria y de política en general, los que hacen
énfasis en la manera en que el ataque del 11 de septiembre de 2001 jugó un rol signicativo
para delinear, con mayor vehemencia, una política estadounidense de control fronterizo que
no se circunscribiera a su jurisdicción, sino que abarcara las políticas de otros países, y aquí,
la presión, mediada por intereses económicos, fue un mecanismo fundamental de coacción,
de tal suerte que, por ejemplo, se conminó a países como Colombia y México para que, a raíz
del ataque de 2001, se destinaran mayores recursos para controlar el narcotráco (Hernández,
2008). Bajo esta misma lógica, otros argumentos deenden que esta presión emerge como
producto de una acumulación de capital en Estados Unidos, en este caso, capital humano, que
ha generado un ejército de reserva laboral, por lo que la migración se ha tornado incómoda y
han surgido políticas tendientes a deportar, cerrar fronteras y desarrollar presión hacia otros
países para que contengan los ujos migratorios desde sus territorios (Hernández, 2019).
A nivel teórico las relaciones entre México y Estados Unidos han sido explicadas por
Bustamante (2021) a la luz de la noción de asimetría de poder que encuentra sentido en la
dependencia económica entre ambos países, muy marcada a favor de Estados Unidos, así
como que la mayoría de las importaciones mexicanas se hacen desde el país norteamericano.
Aprovechando este contexto de asimetría y lo que podría estar en riesgo para México en caso
de conictuarse con Estados Unidos, este último país ejerce una presión constante para que su
política migratoria comience a desarrollarse desde territorio mexicano.
Eduardo Elías Gutiérrez López, Sarahy Daniela Garibay Ascencio, Nidya Lizeth Gámez Flores
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 52-71. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI:https://doi.org/10.37135/kai.03.11.03
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A este tipo de políticas se les ha denominado transnacionalistas y aluden a “…la acción de un
Estado sobre otro para realizar objetivos propios de un Estado como podría ser la extensión
de los controles de fronteras” (Pérez, 2019, pp. 166-167). Desde otra óptica, Paris (2022) le
ha llamado externalización de las fronteras y estima que, en el caso de la relación México-
Estados Unidos, lleva ya varias décadas desarrollándose, teniendo su punto más evidente con la
Iniciativa Mérida, que fue un programa binacional a través del cual el Congreso Estadounidense
les asignó cantidades millonarias a agencias policiacas, militares y migratorias mexicanas para
el control fronterizo desde su territorio.
En este marco, el objetivo de este trabajo es responder la pregunta: ¿qué factores inciden
para que tener una determinada nacionalidad, te coloque en una situación de mayor ventaja
o desventaja al momento de solicitar la condición de refugiado en México y obtener un
resultado favorable? O bien, si hay razones procedimentales de fondo que justiquen por qué
las personas de Venezuela consiguen con mayor probabilidad resoluciones positivas. Para
ello, debe revisarse, después del marco normativo sobre refugio y protección internacional en
México, el contexto de origen de ambas regiones, sobre todo en lo relativo a factores como la
pobreza, corrupción e impunidad.
El periodo seleccionado para el análisis ha sido 2018-2020, en primer término, porque a pesar
de que el crecimiento en el número de solicitantes de refugio data de 2013, el mayor repunte
se dio en el periodo seleccionado, en gran medida, como ya se advirtió, por el fenómeno de
la caravana migrante de personas centroamericanas que arribó a territorio mexicano a nales
de 2018 y continuó para 2019, activando diversas reacciones desde los aparatos políticos de
México y Estados Unidos. Por otro lado, el 2020 fue un año crucial a nivel mundial por la
pandemia del COVID-19, en ese sentido, ambos países también tomarían medidas políticas
sobre el control fronterizo.
Por ejemplo, en marzo de 2020, el director de Centers for Disease Control and Prevention de
Estados Unidos, emitiría una orden que suspendía el ingreso a Estados Unidos de personas
procedentes de países en los que hubiese un brote de una enfermedad transmisible, bajo el
contexto de la pandemia por el COVID-19. Esta orden se aplicaría a personas que intentaran
ingresar a Estados Unidos desde Canadá o México, independientemente de su país de origen.
La medida buscó justicarse en la protección de la salud pública a raíz de las probabilidades
de que el COVID-19 se introdujera por las instalaciones de los puntos de cruce terrestres y
las estaciones de la Patrulla Fronteriza. Evidentemente, la orden no aplicaba para ciudadanos
estadounidenses, residentes permanentes y sus cónyuges e hijos; miembros de las fuerzas
armadas de los Estados Unidos y sus cónyuges e hijos; personas de países extranjeros que
poseyeran documentos de viaje válidos y personas de países extranjeros en el programa de
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 52-71. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.03
¿De qué manera incide la nacionalidad para obtener refugio en México?
57
exención de visa (Centers for Disease Control and Prevention, 2020).
En otras palabras, la orden estuvo dirigida especícamente a personas indocumentadas o que
pretendían un ingreso irregular. A pesar de que al inicio la medida solo se había proyectado
para un periodo de treinta días, a partir de la continuidad de la pandemia por el COVID-19, se
amplió su vigencia de modo casi indeterminado, pues al nal la orden expresaba que se podía
extender de manera indenida si se creía menester para proteger la salud pública (Centers for
Disease Control and Prevention, 2020).
El hecho de que fuera dirigida especícamente para personas indocumentadas o que pretendían
un ingreso irregular, muestra que en realidad se trataba de una medida de control migratorio
y no de prevención sanitaria, a través de técnicas eufemísticas de discurso que estriban en:
“deliberadamente usar estas jiribillas lingüísticas y legales para justicar discursivamente sus
obligaciones internas e internacionales, pero pragmáticamente reproduciendo sus verdaderas
nalidades políticas” (Gutiérrez, 2018, p. 69). La realidad es que, durante los dos primeros
años de la pandemia, es decir, 2020 y 2021, el número de personas devueltas bajo el concepto
del Título 42 que tiene una naturaleza sanitaria fue notoriamente mayor a las efectuadas bajo el
Título 8, el que sí tiene una nalidad y naturaleza migratorias (Del Monte, 2023).
Lo anterior demuestra la radicalidad del control fronterizo por parte de Estados Unidos, al
emplear “una vieja política sanitaria estadounidense instrumentada al servicio del control
migratorio a raíz de la pandemia por el COVID-19” (Del Monte, 2023, p. 1). Ahora bien,
México también fue partícipe de esta política, pues aceptó recibir en su territorio a personas
que fueran expulsadas de Estados Unidos bajo el Título 42 (Seisdedos, 2023), una atípica
disposición que se asemejó mucho al programa MPP o Protocolos de Protección al Migrante,
que, de acuerdo con Paris (2022), fue una medida eufemística iniciada en 2019 y que permitía
recibir por parte de México a solicitantes de asilo de Estados Unidos, en espera de que
resolvieran sus procedimientos. Esto robustece la idea de la externalización de las fronteras
y, por ende, la vigorosidad con la que Estados Unidos ejerce presión sobre México para la
transnacionalización de su política migratoria. Este contexto, además, fortalece el periodo
seleccionado para este trabajo.
A través de la revisión de diversos índices de pobreza, corrupción e impunidad, queda evidenciado
que no hay distinciones razonables entre las condiciones que se viven en Venezuela y las que
se experimentan en países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador, por el
contrario, todas las regiones muestran en mayor o menor medida bajas calicaciones en todos
estos rubros. Por lo que, con base en lo anterior, no debería ser el contexto de origen de los
solicitantes de refugio de Venezuela, un factor determinante para obtener mayores porcentajes
de resoluciones positivas en comparación con los países del Norte de Centroamérica.
Eduardo Elías Gutiérrez López, Sarahy Daniela Garibay Ascencio, Nidya Lizeth Gámez Flores
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 52-71. Segundo Semestre de 2023
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A partir de estas reexiones, la hipótesis de este trabajo es que, la presión que ejerce Estados
Unidos sobre México en materia de política migratoria y, sobre todo, por ser uno de sus
principales socios comerciales a través de una relación histórica de asimetría de poder, detona
en que, las mismas nacionalidades que regularmente son rechazadas en los procedimientos de
solicitudes de asilo en Estados Unidos, sean las que en México obtienen los porcentajes más
altos de resoluciones negativas, en particular, personas de orígenes salvadoreño, guatemalteco
y hondureño, por lo que no hay, en realidad, en estos resultados, justicaciones jurídicas de
fondo, como podría ser el contexto de origen diferenciado de los solicitantes. Lo anterior se
deduce por medio del cotejo entre los datos emitidos por la COMAR para solicitantes de refugio
en México y las resoluciones emitidas por las Cortes estadunidenses para los casos de asilo. De
tal suerte que se dilucida un efecto espejo entre lo sucedido en Estados Unidos y México en sus
políticas de refugio y protección internacional.
Este efecto espejo entre los resultados a solicitudes de asilo en Estados Unidos y refugio
en México genera que, en este último país, las resoluciones que está emitiendo la COMAR
convaliden prácticas discriminatorias y sin sustento jurídico alguno, privilegiando a
determinadas nacionalidades sobre otras, por la sola presión de su país vecino. Estas prácticas
discriminatorias se contraponen con todo el aparato legislativo mexicano en materia de
política migratoria y protección internacional, pues en ningún punto de su contenido aluden a
diferenciaciones de trato por razón de nacionalidad.
Metodología
La metodología estriba, en primer término, en revisar las legislaciones mexicanas de refugio
y protección internacional, a efecto de tener un contexto normativo integral. En un segundo
momento se indaga y compara el contexto de origen de los solicitantes de refugio de Venezuela
y el Norte de Centroamérica, es decir, sus contextos político, social y económico, revisando
algunos de los índices como los de impunidad, corrupción y pobreza, para ver de qué forma
estos contextos inciden en las resoluciones a sus solicitudes de refugio.
Finalmente, se cruzan datos del periodo 2018-2020 tanto de la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados como de la Transactional Records Access Clearing House de la Universidad de
Syracuse que contempla las solicitudes de asilo en Estados Unidos, para identicar los patrones
de coincidencia, tanto en el margen de resoluciones dictadas como en los porcentajes de casos
positivos. Lo anterior, con la nalidad de estar en aptitud de llegar a conclusiones a través de
una metodología deductiva-analítica.
La perspectiva deductiva es pertinente pues, en primer lugar, se aborda la problemática desde
un ámbito general, es decir, el marco jurídico de refugio y protección internacional en México
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 52-71. Segundo Semestre de 2023
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¿De qué manera incide la nacionalidad para obtener refugio en México?
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y el contexto político, social y económico de los países que son sujetos de la comparación; para,
posteriormente, pasar a un aspecto particular, revisando la situación concreta de personas de
estas nacionalidades con los datos de la COMAR y la Transactional Records Access Clearing
House de la Universidad de Syracuse. Por su parte, la óptica analítica busca “descomponer un
problema en diferentes partes, para investigar cada una por separado, y posteriormente, evaluar
la interrelación entre ellas” (Reyes et. al, 2022); en este caso, el problema liga, por un lado, las
legislaciones migratorias con nalidades e intereses políticos y, por otro lado, la diferenciación
por nacionalidad en los resultados a las solicitudes de refugio en México con su dependencia
comercial con Estados Unidos, a través de una relación asimétrica de poder que termina por
externalizar las fronteras de este último país.
Resultados
Legislación y política mexicana en materia de refugio y protección internacional
La Ley de Refugiados (2022, artículo 13) establece los supuestos por los que el Estado
mexicano puede reconocer la condición de refugiado a personas extranjeras. En primer término,
a quienes sean perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a
un grupo social determinado o por opiniones políticas; así mismo, a quien huya de su país de
origen porque su vida, seguridad o libertad corran peligro por violencia generalizada, agresión
extranjera, conictos internos, violación masiva de derechos humanos, entre otras. Finalmente,
se encuentra el supuesto de las personas que salen de sus países de origen de manera voluntaria
y que tengan temor de regresar, debido a circunstancias sobrevenidas después de su salida y
que funden un temor a ser perseguidos por cualquiera de las razones establecidas en los dos
primeros supuestos.
Como se puede apreciar, el primer supuesto se encuentra fundamentado en la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados (1951, artículo 1, A, párrafo 2º) que señala que:
“…como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y debido a
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad
y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que,
careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del
país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no
quiera regresar a él”.
Sin embargo, en la legislación mexicana se agrega el factor del género como motivo de
persecución. Por su parte, el segundo supuesto descansa en lo previsto por la Declaración de
Eduardo Elías Gutiérrez López, Sarahy Daniela Garibay Ascencio, Nidya Lizeth Gámez Flores
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 52-71. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI:https://doi.org/10.37135/kai.03.11.03
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Cartagena sobre Refugiados (1984, apartado III, tercera conclusión) que establece:
“…considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque
su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión
extranjera, los conictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.
Por último, la tercera fracción es denominada “sur place” y alude a una persona que obtiene
la protección internacional a través de la presentación de determinadas circunstancias que
surgieron en su país de origen durante su ausencia (Sin Fronteras IAP, 2014).
Por otra parte, la Ley de Refugiados (2022, artículo 28) establece, de forma paralela, la protección
complementaria; esta gura consiste en una salvaguarda para las personas extranjeras que, a
pesar de no haber cumplido con los presupuestos casuísticos y normativos para ser reconocidos
como refugiados, devolverle a su país implicaría poner en peligro sus vidas o someterlos a
tratos inhumanos. En otros países esta gura es conocida como otro alivio, por ejemplo, en el
sistema de asilo de Estados Unidos, el otro alivio u other relief es una medida de protección
que aplica para los solicitantes de asilo que fueron inelegibles pero que requieren ser retenidos
en dicho país, pues en caso de retornar a sus lugares de origen, su vida o libertad se verían
amenazadas. Sin embargo, no existen lineamientos concisos en torno a cuáles criterios emplear
para el otorgamiento de la protección complementaria, por lo que queda a completa discreción
del personal de la COMAR decidir qué criterios y medidas aplicar.
Bajo esa tesitura, la protección complementaria no ha funcionado como una modalidad
alternativa ante los altos porcentajes de rechazo a solicitantes de refugio, de hecho, más adelante
se analizarán algunos datos sobre la aplicación de esta medida en las nacionalidades que fueron
seleccionadas para esta investigación y se evidenciarán sus porcentajes insignicantes de
utilización. La importancia de esta medida de protección se centra en que, en caso de otorgársela
a una persona extranjera, implica su regularización migratoria en el país, prácticamente bajo las
mismas condiciones que al ser reconocida como refugiada (Ley de Refugiados, 2022, artículo
31), pues, de hecho, las razones para retirar la protección complementaria son pocas y se
limitan a haber presentado información falsa o que desaparezcan las causas que dieron origen
a la necesidad de protección internacional (Ley de Refugiados, 2022, artículo 32).
Resultados sobre solicitudes de refugio en México, 2018-2020
A pesar de que la Ley de Refugiados data de 2014, es a partir de 2017 que empieza a haber un
crecimiento signicativo de solicitantes de refugio, con un especial repunte en los años 2019 y
2020 (COMAR, 2020). Este repunte guarda lógica con la llegada a territorio mexicano de las
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¿De qué manera incide la nacionalidad para obtener refugio en México?
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denominadas caravanas migrantes, compuestas por personas centroamericanas, principalmente
hondureñas y que arribaron a México a nales de 2018 (El Colegio de la Frontera Norte, 2019). Es
pertinente subrayar que, aunque no existe un consenso sobre la caracterización de las caravanas
se puede advertir que se trata de: “…grupos muy amplios o masivos de migrantes que realizan
sus travesías migratorias juntos —en contraste, con los ujos migratorios “tradicionales” que
incluyen a personas que viajan solas, en familia, en pequeños grupos con o sin coyotes” (Torre,
2022, pp. 71-72).
En el caso de la caravana migrante que llegó a México en 2018, es importante puntualizar que,
primero cruzaron la frontera sur entre Guatemala y México, posteriormente, se dispersaron en
Veracruz y se reagruparon en Puebla, antes de trasladarse a Ciudad de México y nalmente al
norte del país (Benincasa y Cortés, 2021). Para conocer un poco más sobre las características
sociodemográcas de las caravanas migrantes que han arribado a México, se cuenta con un
trabajo de Coubes (2021), en el que se determina que, al menos las personas que formaron parte
de la caravana de 2018 y que llegó hasta la ciudad de Tijuana, se trataba, hablando de población
adulta, principalmente de hombres, aunque también se contaba con una cuarta parte de mujeres
y en su gran mayoría de nacionalidad hondureña; en la parte educativa los niveles eran bajos,
un 59 por ciento viajaba solo y 41 en familias, primordialmente las mujeres transitando con
hijos, casi todos con la intención de llegar a Estados Unidos y en condiciones notorias de
vulnerabilidad.
Al hacer una comparativa de las principales nacionalidades de solicitantes de la condición de
refugiado en el periodo 2018-2020 en México, resalta la nacionalidad hondureña como la de
mayores solicitantes, seguido de la salvadoreña y la venezolana.
Tabla 1. Principales nacionalidades de solicitantes de refugio en México, 2018-2020
Nacionalidad 2018 2019 2020 Total
Honduras 13,679 30,283 15,440 59, 402
El Salvador 6,193 9,079 4,020 19, 292
Venezuela 6,331 8,072 3,439 17, 842
Cuba 214 8,732 5,752 14, 698
Haití 76 5,581 5,938 11, 595
Guatemala 1,347 3,813 2,993 8, 153
Fuente: elaboración propia con datos de la COMAR, 2020.
No obstante, cuando se centra el análisis en los procedimientos de refugio llevados hasta su
conclusión, existe poca equivalencia por nacionalidades. Por ejemplo, persiste una diferencia
considerable en cuanto al porcentaje de solicitudes resueltas entre personas de Venezuela, con
relación a salvadoreñas y hondureñas.
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Lo anterior, produce una serie de interrogantes y puntos de discusión, pues las causas de
esta situación pueden ser multifactoriales, por ejemplo, el hecho de que el ingreso de los
venezolanos, por lo general, se da de forma regular, es decir, a través de la presentación de
algún tipo de pasaporte o permiso de ingreso, a diferencia de las personas que provienen de
Centroamérica, quienes en el mayor de los casos ingresan de manera irregular (Gandini, et
al, 2019), por lo que las personas de Venezuela pueden lidiar mejor con las largas esperas de
los procedimientos. Aunado a lo anterior, por la distancia entre Venezuela y México, el perl
de personas venezolanas que llegan a México es de quienes pueden solventarse un vuelo de
avión (Franco, 2020) y, por ende, cuentan con mayores recursos económicos que los perles de
personas migrantes de Centroamérica; sumado a que en el caso venezolano, se ha identicado
que cuentan con mayores redes que les permiten recibir apoyo entre connacionales, conseguir
empleos e integrarse de un modo más fácil que las personas centroamericanas a la dinámica
social mexicana (Franco, 2020).
Tabla 2. Casos resueltos ante COMAR por nacionalidad del solicitante, 2018-2020
Nacionalidad 2018 2019 2020 Totales Porcentajes
Honduras 2,976 8,190 5,692 16,858 28.37 %
El Salvador 2,270 3,473 1,859 7,602 41.69%
Venezuela 3,918 4,675 3,562 12,155 68.12%
Fuente: elaboración propia con datos de la COMAR, 2020.
La otra cuestión que resalta es la diferencia signicativa, en términos de resultados positivos,
que existe entre personas venezolanas y personas de origen centroamericano. Para ilustrar lo
anterior basta analizar que del total de solicitantes de refugio de Venezuela en el periodo 2018-
2020, el 67.07 por ciento obtuvo un resultado positivo, mientras que sólo el 21.28 por ciento
de personas hondureñas consiguió ese mismo resultado, no obstante que, en términos globales,
Honduras triplicó el número de solicitantes en comparación con Venezuela.
Tabla 3. Contrastación de resultados positivos ante COMAR entre Honduras-Venezuela, 2018-2022
Nacionalidad 2018 2019 2020 Totales Porcentajes
Honduras 1,904 6,784 4,842 13,530 21.28%
Venezuela 3,870 4,609 3,502 11,981 67.07%
Fuente: elaboración propia con datos de la COMAR, 2020.
Se pueden generar distintas reexiones en torno a estas cifras que evidencian una notoria
preferencia de los órganos resolutores en materia de refugio en México, sobre ciertas
nacionalidades con relación a otras. La disyuntiva consiste en identicar si estas determinaciones
reejadas en datos duros son cuestiones derivadas de una aplicación estrictamente jurídica, o
bien, emanan de una visión política precondicionada que tiene su origen en la postura migratoria
del Estado mexicano o en la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos y que se matiza
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en estos resultados.
La respuesta formal desde el derecho es que estos criterios diferenciados por nacionalidad se
explican en una aplicación variada de la denición de refugiado contemplada en la legislación
mexicana, pues mientras que a las personas de Venezuela se les adjudicó la denición más
amplia de la Declaración de Cartagena contemplada en la fracción segunda del artículo 13
de la Ley de Refugiados; a las personas de Centroamérica se les empleó la denición más
restrictiva de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 prevista en la primera
fracción del mismo dispositivo de la Ley de Refugiados (Torre et al, 2021). No obstante, la
situación contextual de los países de la región Norte de Centroamérica no dista mucho de los
requerimientos de la denición ampliada de refugio, por lo que esta respuesta formal no explica
a cabalidad el criterio diferenciado, de modo que hay que ir a aspectos de naturaleza política.
Para tales efectos resulta pertinente revisar los datos sobre solicitudes de asilo en Estados
Unidos durante el mismo periodo estudiado. Cabe mencionar que, de acuerdo con el Título
8 del Code of Federal Regulations (2022), denominado “Extranjeros y Nacionalidad”, el
proceso de asilo en Estados Unidos comienza con la solicitud, la que puede realizarse estando
en territorio estadounidense o bien en alguno de sus puertos de entrada. Después de recibida
la solicitud y de la toma de datos biométricos del solicitante, se procede a la fase de entrevista
sobre el miedo creíble.
En la entrevista de miedo creíble la persona solicitante de asilo debe persuadir al ocial de
asilo o bien, al juez de inmigración, según sea el caso, de que existen razones o posibilidades
signicativas de que, al ser devuelto a su país de origen, pueda sufrir persecuciones por motivos
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado, opinión política o
experimentar tortura (Code of Federal Regulations, 2022).
En caso de que se demuestre el miedo creíble en la entrevista se pueden generar dos supuestos
procedimentales, por un lado, que el U.S. Citizenship and Immigration Services retenga la
solicitud de asilo y programe una segunda entrevista, denominada de méritos, para determinar
la elegibilidad de asilo o, por otro lado, abrir una comparecencia con un juez de inmigración
para la consideración de la solicitud (Code of Federal Regulations, 2022). Por el contrario, en
el supuesto de que el ocial de asilo dictamine que no existe miedo creíble, se podría rechazar
la solicitud, no obstante, se tiene una instancia más, ya que el solicitante tiene derecho a pedir
la instancia de un juez de inmigración para que analice esta negativa. Sin embargo, en caso de
subsistir la negativa del miedo creíble, difícilmente habrá otro recurso legal que pueda revertir
esa resolución (Code of Federal Regulations, 2022).
Al revisar los datos sobre solicitudes de asilo en Estados Unidos los primeros aspectos
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destacables son que, a diferencia de México, en donde la nacionalidad hondureña es la principal
en cantidades de solicitudes de refugio, para el caso de Estados Unidos resalta la salvadoreña,
seguida de la guatemalteca.
Tabla 4. Decisiones de las Cortes de Estados Unidos a las solicitudes de asilo de personas de El Salvador,
Guatemala, Honduras y Venezuela, 2018-2020
Nacionalidad 2018 2019 2020 Totales
El Salvador 8,239 13,704 10,807 32,750
Guatemala 6,065 11,399 11,679 29,143
Honduras 6,243 10,762 9,829 26,834
Venezuela 251 796 1,872 2,919
Fuente: elaboración propia con datos de la Transactional Records Access Clearing House de la Universidad de
Syracuse (2022).
Ahora bien, más allá de estas diferencias en la cantidad de solicitantes, lo verdaderamente
ilustrativo para nes metodológicos de la comparación, deriva de la cantidad de asilos
concedidos por Estados Unidos, es decir, los asuntos que van hasta su última instancia; en ellos,
se presentan enormes diferencias en lo que concierne a personas de origen centroamericano
con relación a las venezolanas. Las decisiones de asilo en las que intervienen personas de
Venezuela tienen porcentajes mayores al 50 por ciento de decisiones positivas, mientras que
las personas de los países del Norte de Centroamérica no alcanzan siquiera el 20 por ciento. En
otras palabras, se vislumbra un efecto espejo entre lo sucedido en Estados Unidos y México en
sus decisiones en torno al refugio y asilo.
Tabla 5. Totales y porcentajes de asilos concedidos por las Cortes de Estados Unidos a las solicitudes de
personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela, 2018-2020
Nacionalidad 2018 2019 2020 Totales Porcentaje de decisiones
positivas
El Salvador 1,867 2,463 1,864 6,194 18.91%
Guatemala 1,110 1,636 1,530 4,276 14.67%
Honduras 1,272 1,375 1,116 3,763 14.02%
Venezuela 135 525 967 1,627 55.73%
Fuente: elaboración propia con datos de la Transactional Records Access Clearing House de la Universidad de
Syracuse (2020).
Por otro lado, vale la pena aludir a los resultados emitidos por la COMAR sobre protección
complementaria, donde se visualiza la poca aplicación de esta gura hacia personas venezolanas,
seguramente porque al tener porcentajes tan altos en la obtención del reconocimiento de
refugiados, se vuelve innecesario ejecutar esta medida de protección. Sin embargo, llama la
atención que pese a la distancia abismal que existe en el número de solicitantes de refugio entre
Honduras y El Salvador, se tengan casi las mismas cantidades de protección complementaria
entre ambos países. Toda vez que, como se dijo anteriormente, el otorgamiento de protección
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complementaria es una medida discrecional de la COMAR, por lo que es cuestionable que
se determine que personas salvadoreñas se encuentren en mayor probabilidad de riesgo que
la población hondureña, cuando las características contextuales en los terrenos político,
económico y social de ambos países son muy semejantes, como quedará demostrado en el
siguiente apartado.
Tabla 6. Comparación de casos resueltos y protección complementaria antes COMAR entre solicitantes
de El Salvador, Honduras y Venezuela, 2018-2020
Nacionalidad Total, de resueltos Totales de protección
complementaria Porcentaje
El Salvador 7,602 1,610 21.17%
Honduras 16,858 1,696 10.06%
Venezuela 12,155 14 0.11%
Fuente: elaboración propia con datos de la COMAR, 2020.
Análisis del contexto económico, social y político de Venezuela y los países del Triángulo
Norte de Centroamérica
Una cuestión que pudiera explicar la diferencia en el margen de resultados positivos de las
nacionalidades analizadas es conocer los contextos político, social y económico de cada
uno de estos países. Por ejemplo, según datos de la EMIF Sur (2019), la falta de empleo o
crisis económica fue la principal causa de salida de personas guatemaltecas, salvadoreñas y
hondureñas que después serían deportadas por las autoridades migratorias mexicanas, seguido
de salarios muy bajos y de violencia o inseguridad que impera en estos lugares.
Por otra parte, el caso venezolano revela un panorama de desabastecimiento alimentario y
sanitario, así como violencia, extorsiones, entre otras circunstancias (Suárez y Trejo, 2018).
Sin embargo, no hay variaciones signicativas entre la situación que se vive en Venezuela con
relación a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, de hecho, comparten características
al estar experimentando los efectos de la violencia y las crisis económicas.
Para sumar a la reexión, según los datos del Índice de Percepción de la Corrupción (2021),
tanto Venezuela como Honduras mantienen una puntuación casi cercana a corrupción elevada,
encontrándose entre los 30 países peor evaluados de 180 que considera el estudio; haciendo
énfasis que en los últimos 5 años quien ha sufrido mayores cambios relevantes en sentido
negativo, es decir, para bajar de puntuación, es Honduras, al haber disminuido 6 puntos en el
índice. El panorama no es tan distinto para países como Guatemala y El Salvador quienes se
ubican también en la zona baja de la puntuación (Índice de Percepción de la Corrupción, 2021).
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En lo que respecta al factor de impunidad, es importante subrayar que, a nivel regional, Honduras
representa el país con el nivel más alto de impunidad y el segundo lugar en el plano global y casi
el mismo escenario lo tiene Guatemala, que también se ubica en las últimas posiciones (Índice
Global de Impunidad, 2020). No deja de llamar la atención que, tratándose de un estudio sobre
impunidad, paradójicamente países como El Salvador y Venezuela no hayan podido ser parte
de esta investigación, al haber presentado inconsistencias representativas en la presentación de
información (Índice Global de Impunidad, 2020), lo que reeja el desorden de ambos aparatos
gubernamentales.
Finalmente, al tomar en consideración que la crisis económica, la falta de empleo y los bajos
salarios constituyen causas importantes para migrar de los países que se han analizado, se torna
necesario conocer el panorama de estos lugares en términos de pobreza. En consecuencia,
de acuerdo con la información del Índice de Pobreza Multidimensional (2018), en la región
de América Latina y el Caribe se identicaron 40 millones de personas viviendo en pobreza
multidimensional, y, en países como Haití, Guatemala y Honduras más del 20 por ciento de
su población reúne estas características. La pobreza multidimensional se compone de cinco
rubros: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo y
acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda (Índice de Pobreza Multidimensional,
2018).
Como se puede apreciar, no parece existir diferencia sustantiva entre los contextos de pobreza,
corrupción e impunidad de los países centroamericanos que ocupan los primeros lugares en
solicitantes de refugio en México y Venezuela, toda vez que comparten un panorama negativo y
de gravedad en cada uno de esos rubros. Por lo que el entorno de origen de personas venezolanas
solicitantes de refugio en México, no parece ser la causa que determine sus resultados positivos
en las resoluciones de la COMAR, pues de ser así, los solicitantes de países como Honduras,
El Salvador y Guatemala obtendrían resultados análogos o, por lo menos, con porcentajes
más cercanos a los conseguidos por personas de Venezuela. Por lo que la respuesta formal
que intenta justicar los criterios diferenciados en términos de las diversas deniciones de la
categoría de refugiado aplicados por la COMAR no muestra respaldo contextual.
Conclusiones
México cuenta con una amplia legislación migratoria y de protección internacional, sin embargo,
la aplicación de dichas normas no siempre persigue el cumplimiento formal de su legalidad,
sino que depende de algunos factores políticos y de criterios totalmente discrecionales. Esta
situación produce, por ejemplo, que tener determinada nacionalidad te coloque en una situación
de mayor ventaja o desventaja al momento de dictarse resolución en materia de refugio o
protección complementaria por parte de la COMAR.
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Un caso ilustrativo nace de la comparativa entre el caso de personas de Venezuela en relación
con las de origen centroamericano, pues mientras los venezolanos tienen altos porcentajes
de resoluciones positivas, los solicitantes de refugio del Triángulo Norte de Centroamérica
presentan las tasas de rechazo más elevadas. Empero, cuando se analizan a profundidad las causas
formales que puedan justicar jurídicamente la aplicación diferenciada de las deniciones de
refugiado en ambas nacionalidades, se detecta una discrecionalidad que encuentra poco cobijo
en las legislaciones o en los datos empíricos del contexto de las regiones de origen.
Cuando se revisaron los contextos político, social y económico de ambas regiones, se evidenció
que comparten las calicaciones más negativas en impunidad, corrupción y pobreza, lo que
reeja, entre otras cosas, violencia generalizada y violación sistemática de derechos humanos,
es decir, dos supuestos contemplados en la denición ampliada de refugiado derivada de la
Declaración de Cartagena de 1984 y dispuesta en la fracción segunda del artículo 13 de la Ley
de Refugiados, no obstante, esta denición solo se empleó con personas de Venezuela y no con
centroamericanas, a quienes les exigían la denición más rígida de la Convención de Viena de
1951.
Al no encontrarse argumento formal y jurídico alguno para legitimar la aplicación diferenciada
de la legislación en materia de refugio y protección internacional en México a personas de
distintas nacionalidades, lo que se dilucida es una razón de naturaleza política. En ese sentido, y
al comparar los resultados para el mismo periodo entre México y Estados Unidos, se desprende
que las mismas nacionalidades que presentan altos porcentajes de rechazo en solicitudes de
refugio en México, es decir, las del Triángulo Norte de Centroamérica, son las mismas que
presentan complicaciones para que se les conceda el asilo en Estados Unidos.
Por el contrario, personas originarias de países como Venezuela encuentran mayores facilidades
tanto para ser reconocidos como refugiados en México o asilados en Estados Unidos. Es aquí
donde se comprueba la hipótesis de este trabajo, en el sentido de que Estados Unidos ejerce una
enorme presión sobre México en materia de política migratoria, por ser uno de sus principales
socios comerciales, cabe recordar que, el 80% de la economía de México está vinculada a
Estados Unidos (Jara y Morales, 2021), lo que detona en que, las mismas nacionalidades
que regularmente son rechazadas en los procedimientos de solicitudes de asilo en Estados
Unidos, sean las que en México obtienen los porcentajes más altos de resoluciones negativas,
en particular, personas de orígenes salvadoreño, guatemalteco y hondureño, por lo que no hay,
en realidad, en estos resultados, justicaciones jurídicas de fondo, como podría ser el contexto
de origen diferenciado de los solicitantes.
Dicho de otra manera, México “hace el trabajo sucio” de Estados Unidos, al contener a las
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personas que no son deseables por este último país y no dejarles llegar a su frontera, haciéndoles
un procedimiento tardado y tedioso para obtener altos índices de deserción de casos, así
como rechazándoles sus solicitudes de refugio en porcentajes muy elevados, para propiciar
su deportación o su regreso “voluntario”. En otras palabras, la deportación es la fase nal de
esta política de rechazo o selectividad, pues el hecho de que los criterios de aplicabilidad de
la denición de refugiado sean vagos o indeterminados y que los procesos sean tardados y
busquen la contención de las personas en espacios concretos, es porque se pretende colocar a
la persona en una situación de desprotección legal y habilitarla para poder ser deportada. De
esta manera, México puede estimar cuáles nacionalidades sí y cuáles no asistir con protección
internacional, teniendo el control absoluto de las políticas de refugio y sin, aparentemente,
transgredir la legislación aplicable.
Por consiguiente, en México sí es un factor la nacionalidad para estar en condiciones de obtener
con mayor o menor probabilidad el reconocimiento de la condición de refugiado y, por ende,
la residencia permanente en territorio nacional, con todo lo que ello implica, perpetuando en
materia de política migratoria una relación entre México y Estados Unidos caracterizada por
una asimetría de poder.
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ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
SECTOR CONSTRUCCIÓN EN
ECUADOR: UN ANÁLISIS EN EL
CONTEXTO DE PANDEMIA POR
COVID-19
CONSTRUCTION SECTOR
IN ECUADOR: AN ANALYSIS
IN THE CONTEXT OF THE
COVID-19 PANDEMIC
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.04
KAIRÓS, Vol. (6) No. 11, pp. 72-85, Julio - Diciembre 2023
Darío Díaz-Muñoz
dario.diaz5194@utc.edu.ec
Universidad Técnica de Cotopaxi
ORCID: 0000-0002-5820-0094
Roberto Arias-Figueroa
roberto.arias@utc.edu.ec
Universidad Técnica de Cotopaxi
ORCID: 0000-0002-2621-4790
Marlon Tinajero-Jiménez
marlon.tinajeto@utc.edu.ec
Universidad Técnica de Cotopaxi
ORCID: 0000-0001-9545-2197
Recibido: 06/04/23
Aceptado: 17/05/23
ISSN No. 2631-2743
,
KAIRÓS, Vol. (6) No. 11, pp. 72-85, enero - junio 2023
SECTOR CONSTRUCCIÓN EN
ECUADOR: UN ANÁLISIS EN
EL CONTEXTO DE PANDEMIA
POR COVID-19
CONSTRUCTION SECTOR
IN ECUADOR: AN ANALYSIS
IN THE CONTEXT OF THE
COVID-19 PANDEMIC
Resumen
El sector construcción, al ser una actividad económica
intensiva en mano de obra, ha experimentado efectos
adversos producto del connamiento y las restricciones
derivadas de la pandemia por COVID-19. En este
contexto, la investigación trató de identicar las
diferencias antes, en la pandemia y luego de ella, en
Ecuador. Para ello se emplearon los datos reportados
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos a
partir de los cuales se realizaron pruebas de contrastes
de hipótesis de diferencias de medias. Adicionalmente
se estimó un modelo de regresión lineal múltiple para el
número de edicaciones y viviendas, con las variables
independientes de pandemia, empleo, producto interno
bruto (PIB) y el ingreso promedio de la población,
resultando que únicamente el PIB es estadísticamente
signicativo en la explicación del comportamiento, lo
cual puede deberse a que el impacto de la pandemia es
recogido en la contracción de la actividad económica.
Palabras clave: sector construcción, pandemia,
regresión lineal múltiple, contracción económica.
Abstract
The construction sector, being a labor-intensive economic
activity, has experienced adverse eects because of the
connement and restrictions derived from the covid-19
pandemic. In this context, the research tried to identify
the dierences before, in the pandemic and after it, in
Ecuador. For this, the data reported by the National
Institute of Statistics and Censuses were used, from which
contrast tests of hypothesis of mean dierences were
carried out. Additionally, a multiple linear regression
model was estimated for the number of buildings and
dwellings, with the independent variables of pandemic,
employment, gross domestic product (GDP) and the
average income of the population, resulting that only
GDP is statistically signicant in the explanation of the
behavior, which may be since the impact of the pandemic
is reected in the contraction of economic activity.
Keywords: construction sector, pandemic, multiple
linear regression, economic contraction.
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.04
Sector construcción en Ecuador: un análisis en el contexto de pandemia por COVID-19
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 6(11), pp. 72-85. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.04
Introducción
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto signicativo en el sector de la construcción en
todo el mundo, que ha tratado de ser mitigada a través de diversas estrategias (Ayat et al., 2023).
Estos efectos negativos se evidencian en retrasos y cancelaciones de permisos y proyectos
de construcción tanto de edicaciones como de viviendas; los problemas de suministros de
materias primas derivados de las limitaciones de transporte y de producción; las modicaciones
en la legislación y por supuesto, las restricciones de empleabilidad producto del connamiento,
lo cual tiene implicaciones importantes en el nivel de empleo, dado que este sector es intensivo
mano de obra (Ogunnusi et al., 2022).
Es por todo ello, que muchos proyectos de construcción se retrasaron o cancelado debido a
la pandemia, ya que las restricciones de movilidad y las medidas de distanciamiento social
dicultaron la realización de trabajos en las obras. Además, la disminución de la demanda
en algunos sectores ha llevado a la cancelación de proyectos que estaban en marcha. Así las
distintas investigaciones plantean que “el brote ha interrumpido las líneas de suministro y
ha causado escasez de mano de obra en numerosas naciones. Los proyectos de construcción
enfrentan muchos tipos de desafíos de incertidumbre debido a los diversos actores que
participan” (Alfadil et al., 2022, p. 2).
La pandemia, además, interrumpió la cadena de suministro global, lo que afectó la disponibilidad
y el costo de los materiales de construcción. Esto ha llevado a retrasos en la entrega de materiales
y aumentos de precios, impactando negativamente en los presupuestos de los proyectos de
construcción. Aunado a las medidas de distanciamiento social y los connamientos que
redujeron la oferta de mano de obra disponible en algunos países. Esto ha hecho que sea difícil
contratar y retener trabajadores en algunos proyectos, lo que ha aumentado los costos laborales
(Stiles et al., 2020). En cuanto a la normativa vigente, la pandemia ha llevado a cambios en
las regulaciones en algunos países, lo que ha afectado a los procesos de permisos y licencias
de construcción. Además, las normativas de salud y seguridad han aumentado los costos y las
complicaciones de la construcción (Alfadil et al., 2022).
Todas estas limitaciones y restricciones generadas por la pandemia han dado lugar a pérdidas
que han afectado otros sectores, derivadas de proyectos públicos como privados. La pandemia
ha tenido un impacto signicativo en la economía mundial, lo que disminuyó la demanda de
nuevos proyectos de construcción (Stiles et al., 2020). Esto ha generado pérdidas nancieras
en las empresas de construcción, así como en los inversionistas y los propietarios de proyectos.
Asimismo, ha llevado a la implementación de protocolos sanitarios para garantizar la seguridad
de los trabajadores de la construcción (Pamidimukkala y Kermanshachi, 2021).
75
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Estos protocolos incluyen la adquisición de equipo de protección personal, la realización de
pruebas de COVID-19 y el distanciamiento social en las obras. Estos costos adicionales han
incrementado los costos de los proyectos y han disminuido los márgenes de ganancia. La
disminución en la demanda de nuevos proyectos y la paralización de proyectos existentes han
llevado a despidos y a una disminución en la contratación de nuevos trabajadores.
Un aspecto importante es el relativo a la disminución en el valor de las propiedades; la
incertidumbre económica y la disminución en la demanda de nuevas propiedades han generado
una disminución en los precios de estas, lo que ha afectado negativamente a las empresas y a
los propietarios de proyectos. De manera que, la pandemia ha generado pérdidas nancieras
signicativas en el sector de la construcción, debido a la disminución en la demanda de
proyectos, el aumento en los costos de cumplimiento de protocolos sanitarios, los retrasos en
la entrega de proyectos, la pérdida de empleos y la disminución en el valor de las propiedades.
Efectivamente, “antes de la pandemia, el sector de la construcción representaba cerca del 7,7
por ciento del empleo mundial y las previsiones para 2020 eran que aportaría el 13,4 por ciento
del PIB mundial” (Organización Internacional del Trabajo, 2021, p. 2), pero estos resultados
no fueron alcanzados, lo que evidencia una pérdida importante de empleo y de productividad.
En este contexto, “la industria de la construcción debió trabajar arduamente para eliminar el
impacto adverso de COVID-19 minimizando la capacidad de la fuerza laboral en el sitio y
mejorando el trabajo fuera del sitio para evitar condiciones inciertas” (Iqbal et al., 2021, p. 13).
La complejidad de los efectos negativos del sector construcción está asociada con los factores
que determinan su comportamiento y que, a su vez, inciden en el crecimiento económico de los
países, que fue indudablemente afectado por la pandemia.
El sector construcción, por tanto, depende en buena medida de políticas gubernamentales y
estabilidad macroeconómica. Las políticas gubernamentales como la inversión en infraestructura,
la reducción de impuestos y la estabilidad macroeconómica pueden estimular la inversión y
el crecimiento en la industria de la construcción. La pandemia redujo considerablemente la
estabilidad macroeconómica de los países, sin que los gobiernos pudieran generar mecanismo,
políticas o estrategias para revertir en el corto plazo esos impactos. Algunos autores han
señalado que la inversión en infraestructura y la estabilidad macroeconómica pueden estimular
la inversión y el crecimiento en la industria de la construcción, fortaleciendo la infraestructura
de los países y generando estímulo en los sectores conexos, así como el empleo de mano de
obra (Rozas y Sánchez, 2004).
Además, el crecimiento demográco y la urbanización también pueden aumentar la demanda
de viviendas, edicios comerciales e infraestructura en las ciudades, lo que, a su vez, puede
estimular el crecimiento del sector de la construcción, lo cual, indudablemente en el período
Sector construcción en Ecuador: un análisis en el contexto de pandemia por COVID-19
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(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.04
de pandemia, se vio fuertemente afectado. Adicionalmente, las nuevas tecnologías y materiales
pueden mejorar la eciencia y la calidad de la construcción, permitiendo reducir los costos
y aumentar la productividad, lo que a su vez impulsa el crecimiento en la industria de la
construcción; así como los cambios en las tendencias sociales y de estilo de vida pueden
inuir en la demanda de diferentes tipos de construcción, como la construcción de edicios
comerciales y de ocinas, centros de entretenimiento y recreación, y espacios habitables más
pequeños y ecientes.
Para el caso de Ecuador, la pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en la industria
de la construcción, tanto en términos de la actividad de la construcción como en la forma en
que se llevan a cabo los proyectos. Desde el comienzo de la pandemia, la construcción ha
sido considerada una actividad esencial, lo que ha permitido que continúe en medio de las
restricciones de movimiento y las medidas de distanciamiento social.
Autores plantean que, si bien los “resultados reejaron el 4,44% de la media de rentabilidad en
las empresas de la construcción durante el año 2019, evidenciando un promedio de ganancias,
durante el año 2020, el promedio de utilidades en función de sus activos fue de (-0,32%)”
(Sarmiento y Hernández, 2020, p. 201), de manera que las utilidades se contrajeron al punto
de establecerse pérdidas globales. En general, se experimentaron paralizaciones de obras,
disminución de la inversión y aumento de los costos. Además, la pandemia ha afectado al
empleo en el sector, lo que ha tenido un impacto en la economía del país en general.
Una de las consecuencias más evidentes de la pandemia en el sector de la construcción en
Ecuador, al igual que en el resto del mundo, ha sido la paralización de muchas obras. Esto
se debe a que, como medida para contener la propagación del virus, se han implementado
cuarentenas y medidas de distanciamiento social, lo que ha llevado a la suspensión de muchas
obras de construcción. Así también, muchos inversionistas se han vuelto más cautelosos debido
a la incertidumbre económica y la disminución de la demanda de propiedades, teniendo como
resultado una disminución en la inversión en proyectos de construcción.
Debido a la interrupción de las cadenas de suministro y la disminución de la producción, los
costos de los materiales de construcción han aumentado signicativamente en algunos casos.
Además, la implementación de medidas de seguridad sanitaria ha requerido la adopción de
nuevos protocolos y el uso de equipo de protección personal, lo que también ha elevado los
costos de construcción. Por último, la pandemia tuvo un impacto signicativo en el empleo
en el sector de la construcción en Ecuador. La paralización de obras y la disminución de la
inversión han llevado a la pérdida de empleos en este sector.
Sin embargo, algunas soluciones se han propuesto para ayudar al sector de la construcción
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 6(11), pp. 72-85. Segundo Semestre de 2023
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a recuperarse, como la implementación de medidas por parte del gobierno para fomentar la
inversión en el sector y para ayudar a las empresas a sobrevivir durante la pandemia, así como
medidas para mejorar la eciencia del sector, entre ellas la implementación de tecnología en la
gestión de obras. Casos concretos se evidenciaron en países como Chile, donde se generaron
políticas para que las empresas pudieran cumplir con el salario de sus empleados o en Argentina,
donde el nanciamiento al sector construcción ha recibido diferentes tipos de subsidios.
A pesar del sinnúmero de efectos negativos esbozados sobre la pandemia en el sector construcción
en el mundo, particularmente en Ecuador, existen efectos positivos, como la “reducción de los
gastos generales, el entorno de trabajo remoto, el enfoque en la salud y la seguridad, la mejora
de la productividad y los objetivos de sostenibilidad” (Ogunnusi et al., 2022, p. 299).
La pandemia ha impulsado la necesidad de cambios en la forma en que se llevan a cabo los
proyectos de construcción. En Ecuador, la construcción es un sector tradicionalmente basado en
el trabajo manual y la interacción cercana en el sitio de construcción. Sin embargo, la pandemia
ha acelerado la adopción de tecnologías digitales y herramientas de colaboración en línea,
como por ejemplo el empleo de software de gestión de proyectos y videoconferencias, para
facilitar la comunicación y el trabajo a distancia.
Además, la pandemia ha aumentado la demanda de viviendas más grandes y espaciosas, que
permitan a las personas trabajar desde casa y mantener el distanciamiento social. En respuesta,
los constructores han comenzado a adaptar sus proyectos para satisfacer esta nueva demanda.
Por ejemplo, algunos están diseñando espacios de trabajo en el hogar y zonas al aire libre para
permitir el distanciamiento social. El sector de la construcción también ha tenido que adaptarse
a las medidas de seguridad y salud en el lugar de trabajo para proteger a los trabajadores y
prevenir la propagación del virus. Fueron implementadas medidas de distanciamiento social,
se han proporcionado equipos de protección personal y se establecieron protocolos de limpieza
y desinfección para los sitios de construcción.
En general, la pandemia ha presentado desafíos y oportunidades para el sector de la construcción
en Ecuador. Si bien la actividad de la construcción se vio afectada por la incertidumbre
económica y el aumento del desempleo, la demanda de viviendas más grandes y espaciosas
ha aumentado. Además, la pandemia ha acelerado la adopción de tecnologías digitales y
herramientas de colaboración en línea, lo que podría conducir a una mayor eciencia en la
industria de la construcción a largo plazo.
En cuanto al futuro de la construcción en Ecuador, la recuperación económica y la estabilización
de los precios de los materiales de construcción serán factores clave para el crecimiento del
sector. Además, la adopción de tecnologías digitales y la implementación de medidas de
Sector construcción en Ecuador: un análisis en el contexto de pandemia por COVID-19
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(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.04
seguridad y salud en el lugar de trabajo serán fundamentales para la adaptación del sector a la
nueva normalidad, en la era post-pandémica. A partir de estas lecciones aprendidas, algunos
autores indican que debe considerarse el nanciamiento, de hecho, proponen que “desde el
sector nanciero es necesario mejorar el acceso al crédito nanciero para que las empresas más
vulnerables, como las micro y pequeñas empresas, puedan tener este tipo de nanciamiento, a
través de innovadores productos nancieros” (Carrillo et al., 2020, p. 103).
Ante esta realidad la investigación buscó identicar los cambios experimentados en el sector
construcción al comparar el número de edicaciones, viviendas, valor, supercie, antes,
en el período de pandemia y luego del connamiento, identicando posibles diferencias
estadísticamente signicativas. De manera causal, se trató de estimar el impacto de la pandemia
en estos cambios, así como de otras variables determinantes del comportamiento del sector
como son el nivel de ingreso de la población, el empleo y el producto interno bruto.
Metodología
Con el n de analizar el desempeño del sector de la construcción se emplearon los datos obtenidos
del INEC (2022) sobre las principales variables del sector a nivel nacional y de las cabeceras
cantonales. Estas variables incluyeron el número de permisos de construcción, número de
edicaciones, número de viviendas, supercie del terreno (m2), área total a construir (m2)
y valor estimado de la edicación (Millones dólares); además del detalle de las edicaciones
por tipo, desde el primer trimestre de 2019 hasta el tercer trimestre de 2022. A partir de estos
datos se calcularon los promedios de cada una de las variables antes de la pandemia, durante la
pandemia y posterior a ella, con el propósito de comparar los comportamientos, tanto a nivel
nacional como cantonal.
A n de determinar si estas diferencias observadas en los promedios son estadísticamente
signicativas, se partió de comprobar la normalidad o no de los datos, para ello se empleó la
prueba de Shapiro – Wilk por el número de observaciones, rechazando la hipótesis nula de
normalidad. Dado que las variables no son normales se utilizó una prueba no paramétrica para
el contraste de hipótesis de diferencias de medias para los tres momentos, antes, durante y
posterior a la pandemia, y luego la prueba de kruskal – wallis, cuya hipótesis nula indica que
no existen diferencias estadísticamente signicativas en los tres momentos.
Una vez analizado el comportamiento y realizadas las pruebas indicadas, se procedió a estimar
el número de viviendas y el número de edicaciones con respecto al PIB (CEPAL, 2023),
el empleo, el ingreso promedio (INEC, 2023) y la pandemia, mediante una regresión lineal
múltiple, tal como se indica en las ecuaciones 1 y 2.
79
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 6(11), pp. 72-85. Segundo Semestre de 2023
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numviviendas t = β0 + β1 pandemiat + β2 PIBt + β3 empleot + β4 ingresot + μt (1)
numedic t = β0 + β1 pandemiat + β2 PIBt + β3 empleot + β4 ingresot + μt (2)
Los resultados obtenidos fueron validados para el cumplimiento de los supuestos necesarios,
de manera que los estimadores sean insesgados y de mínima varianza; esto supuestos están
asociados con el teorema de Gauss-Markov, necesarios para cumplir con la validez de los
estimadores. El cumplimiento de estos supuestos se validó mediante el factor de inación
de varianza para vericar la no multicolinealidad, la prueba de Breush y Pagan para la
homocedasticidad de la varianza y la prueba de no autocorrelación de Durbin Watson. Además,
se vericó la correcta especicación del modelo (prueba de Ramsey) y la no existencia de
valores extremos, así como la normalidad de los residuos.
Resultados
El sector construcción en Ecuador a partir de los datos mostrados en las Estadísticas de
Edicaciones desde el primer trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2022 (INEC, 2022),
evidencian cambios en las principales variables antes, en pandemia y luego de ella. Tal como se
observa en la tabla 1, durante la pandemia se redujo el número de permisos de construcción, así
como de edicaciones, viviendas, supercie y área de construcción, además del valor estimado
medido en millones de dólares.
Tabla 1. Promedio de las principales variables del sector construcción pre-pandemia, pandemia y pos-
pandemia.
Variables Pre- pandemia Pandemia Pos-pandemia
Número de permisos de construcción 3874,2 3307,85 3930
Número de edicaciones 5426,8 4171,85 7721
Número de viviendas 8157,2 6333,14 8656,66
Supercie del terreno (m2) 1846206 1480412 2870201
Área total a construir (m2) 1445551 1126907 1760363
Valor estimado de la edicación (Millones
dólares)
473 428 657
Fuente: cálculos propios con base en las estadísticas del sector construcción (INEC, 2022).
Destaca también el comportamiento pos-pandemia, en el cual los promedios de las variables
analizadas se incrementan por encima de los cinco trimestres anteriores a la pandemia. Si
bien los permisos de construcción se ubican en 3.930 para el período pos-pandemia, no se
incrementan de manera tan signicativa como el valor estimado de las construcciones que pasa
de 473 millones de USD a 657, después de la pandemia.
Sector construcción en Ecuador: un análisis en el contexto de pandemia por COVID-19
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(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.04
Si se detalla el número de edicaciones por tipo, sin considerar a las destinadas a vivienda, para
los tres períodos, el crecimiento viene dado por el sector privado y de manera particular por el
sector comercial, cuyo número promedio de construcción se eleva de 268 antes de la pandemia
a 482 luego de superada. Se observa una contracción al comparar ambos horizontes temporales
en el sector industrial, que es el segundo en importancia (tabla 2).
Tabla 2. Número promedio de construcciones por tipo (sin considerar viviendas), pre-pandemia,
pandemia y pos-pandemia.
Variables Pre- pandemia Pandemia Pos-pandemia
Comercial 268,2 179,2 482,6
Industrial 39 39,1 28,3
Edicio administrativo
(público) 9,8 1 2
Educación particular 12,8 6,1 8
Educación pública 1,6 0 0
Cultura 0,4 0,4 0,3
Complejos recreacionales 3,2 4,8 3
Hospitales, clínicas y otros
establecimientos de salud
particular
6,4 8,4 3
Hospitales, clínicas y otros
establecimientos de salud
público
0,8 0,1 0,6
Transporte y
comunicaciones 2,2 0,8 0
Nota: Cálculos propios con base en las estadísticas del sector construcción (INEC, 2022).
El resto de los sectores no lograron recuperarse, al menos hasta el tercer trimestre de 2022,
siendo su peso menor al 10% del total de edicaciones construidas. Si bien en términos de
edicaciones no destinadas a viviendas son el sector comercial e industrial los que apoyan la
recuperación, las edicaciones destinadas a vivienda las que aportan con más de la mitad de
las construcciones del sector.
Analizando los resultados en términos de las diferencias entre los tres períodos, dado que las
variables número de viviendas y número de edicaciones no se distribuyen normalmente, ni
tampoco puede aplicarse el teorema del límite central por el número reducido de datos en
cada momento, se considera el contraste de hipótesis de Kruskal Wallis, cuya hipótesis nula
establece que no hay diferencias estadísticamente signicativas en el promedio en los tres
períodos (tabla 3).
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Tabla 3. Contraste de kruskal – wallis para la diferencia de medias en el número de edicaciones y de
viviendas en los tres momentos.
Variables Estadístico Chi2
Número de edicaciones 10,869 ***
Número de viviendas 10,095 ***
Supercie (m2) 7,989 **
Área (m2) 9,017 **
Valor total (MM USD) 5,455 *
Nota: Signicativo al 1% (***), al 5% (**) al 10% (*)
Fuente: elaboración propia.
A partir de los estadísticos para cada una de las pruebas se logra rechazar la hipótesis nula,
indicando que existen diferentes estadísticamente en el promedio del número de viviendas y
del número de edicaciones al comparar los tres momentos. En cuanto a la supercie, el área
y el valor estimado de las construcciones, también se rechaza la hipótesis nula y se evidencian
diferencias en los promedios que son estadísticamente signicativas en los tres momentos.
Al detallar el número de edicaciones y de viviendas en las cabeceras cantonales de las
provincias en Ecuador se evidencian comportamiento diferenciados, no solo en términos de
cada una de ellas, sino en los procesos de recuperación.
Tabla 4. Comportamientos por cantones en el número de edicaciones antes, en la pandemia y posterior
a ella.
Cantones Pre- pandemia Pandemia Pos-pandemia
Número de edicaciones
Quito 2778,2 1938,2 3287
Guayaquil 1163 997,8 1091
Cuenca 866,2 494,7 653
Ambato 610 426 460
Loja 424,8 419,1 492,6
Portoviejo 416,6 159,1 114
Daule 414,8 474,2 545,3
Ibarra 398,6 282,1 306,6
Riobamba 336,4 228,5 345
Santo Domingo 303,8 265,1 451
Machala 122,8 157,8 234,6
Manta 107,4 143,8 361
Durán 101,4 141,2 183
Samborondón 68,8 141,7 79,6
La Libertad 44,4 63,1 52,6
TOTAL 8157,2 6332,4 8656,3
Número de viviendas
Quito 1477,8 804,7 3400,3
Sector construcción en Ecuador: un análisis en el contexto de pandemia por COVID-19
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 6(11), pp. 72-85. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.04
Guayaquil 876,4 826,1 997
Portoviejo 412,2 150,5 120,6
Cuenca 404,8 269,8 414,3
Ambato 398,2 299,5 298
Daule 387 432,8 506,3
Ibarra 331,2 219,2 253
Loja 286,8 314,5 463,3
Santo Domingo 266,8 223,5 395,3
Riobamba 181,6 135,4 169,6
Manta 99,6 115,5 310,6
Durán 99,4 111 129,6
Machala 97,6 108,4 142,3
Samborondón 55,6 95,8 64
La Libertad 51,8 64,4 56,3
TOTAL 5426,8 4171,1 7720,5
Nota: Cálculos propios con base en las estadísticas del sector construcción (INEC, 2022).
Tal como se evidencia, tanto en las edicaciones como en el número de viviendas, en la
pandemia se experimentó una contracción con respecto al promedio del año 2019 y el primer
trimestre de 2020, de 22,3% y 23,13% respectivamente, aunque logró recuperarse para el año
2022 con tasas de crecimiento de 26,84% y 45,9% en cada caso. De esta forma se evidencia una
mayor recuperación en las edicaciones principalmente comerciales e industriales que en las
viviendas, producto principalmente del desempleo que provocó la crisis sanitaria y disminuyó
el poder adquisitivo de la población.
Al analizar el comportamiento por cantones, el mayor peso en la construcción de edicaciones
lo tienen los cantones de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato, que representaron casi el 60%
de la totalidad de edicaciones en los tres momentos. Mientras que, en el caso de las viviendas,
Cuenca es desplazada por Portoviejo. En algunos cantones no se experimentó el fenómeno de
reducción del número de unidades, sino más bien se incrementaron en la época de pandemia;
para el caso de las edicaciones los cantones que vivieron este proceso fueron Daule, Machala,
Manta, Durán, Samborondón y La Libertad.
Mientras que, para las unidades de viviendas, los cantones que elevaron su número en pandemia
fueron Daule, Loja, Manta, Durán, Machala, Samborondón y La Libertad. De esta forma, los
cantones que redujeron en mayor medida el número de unidades estuvieron vinculados con las
grandes ciudades donde el impacto de la pandemia fue elevado.
Con respecto a la estimación de mínimos cuadrados ordinarios del número de edicaciones
y del número de viviendas considerando a la variable pandemia que toma el valor uno en los
trimestres en los cuales se experimentó y cero en el resto del tiempo, el producto interno bruto
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Darío Díaz-Muñoz, Roberto Arias-Figueroa, Marlon Tinajero-Jiménez
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 6(11), pp. 72-85. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.04
trimestral en valores corrientes, el ingreso medido como el promedio de salario y la tasa de
empleo, los resultados se muestran en la tabla 5.
Tabla 5. Estimación de mínimos cuadrados ordinarios para el número de edicaciones y de viviendas.
Estimación para el número de
edicaciones
Estimación para el número de
viviendas
Pandemia -727,7079 522,96
(481,6172) (819,7834)
PIB corriente 0,0009 *** 0,0009***
(0,0001) (0,0002)
Ingreso -9,4219 14,3834
(7,8754) (13,4050)
Tasa empleo -39236,85 -54795,73
(30878,44) (52559,65)
Constante 21406,67 27682,19
(25610,18) (43592,3)
R2 0,8986 0,7325
Test Breusch – Pagan 0,83 0,45
Media Factor inación varianza 2,36 2,36
Durbin alternativo 0,059 0,515
Nota: Signicativo al 1% (***), al 5% (**) al 10% (*). Los valores entre paréntesis corresponden al error estándar.
Fuente: elaboración propia.
Los resultados muestran que el PIB es la única variable que resultó estadísticamente signicativa
y con el signo esperado, en el sentido que un incremento de la actividad económica aumenta
el número de viviendas y de edicaciones. El resto de las variables explicativas, incluida
la variable que recoge el efecto de la pandemia, no inuyen en el comportamiento de los
resultados obtenidos en este período.
Al validar ambos modelos se determinó que no existen problemas de multicolinealidad, ni
heterocedasticidad, ni autocorrelación, los residuos son normales, el modelo no está sobre
identicado y no hay presencia de valores extremos, por lo tanto, los estimadores encontrados
son insesgados y de mínima varianza.
Discusión y conclusión
La evidencia empírica mostrada en la literatura menciona los efectos negativos a nivel mundial
generados por la pandemia en el sector construcción. Estos planteamientos los recalcan autores
como Stiles et al. (2020), Iqbal et al. (2021), Ogunnusi et al. (2022), o Ayat et al. (2023).
En el caso de Ecuador estos efectos se evidencian en la caída global del número de edicaciones
Sector construcción en Ecuador: un análisis en el contexto de pandemia por COVID-19
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 6(11), pp. 72-85. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.04
construidas, de viviendas, de valor, pero no en todas las regiones, en mayor medida se
experimentó en las ciudades más grandes donde el impacto del COVID-19, las medidas de
connamiento y las muertes fueron más notables, tales son los casos de Quito y Guayaquil.
A pesar de este escenario, se logran identicar regiones en las cuales el número de unidades
se incrementó, lo cual corrobora lo propuesto en algunas investigaciones en las cuales se
indica que existieron efectos positivos, no solo en términos de unidades sino de mejoras en
los procesos de construcción, mayor seguridad y protección de la fuerza laboral e incluso
incentivos nancieros para la reactivación, lo que se evidencia en el crecimiento posterior a la
pandemia de las edicaciones, ubicándolas en una cifra mayor a la del período prepandemia,
impulsado por el comercio y la industria.
Si bien se lograron identicar diferencias estadísticamente signicativas en los promedios de
las variables analizadas, la pandemia no resultó signicativa en la explicación global, ni del
número de viviendas ni de edicaciones, solamente lo fue el PIB con el signo esperado.
Esto puede deberse a que el efecto de la contracción económica resultado de la pandemia lo
recogió la actividad económica global del país, lo que inuyó directamente en la paralización
de las obras, la cancelación de contratos y la reducción del número de unidades con respecto
al período prepandemia.
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Industries, 31 (4), 425 -437. https://doi.org/10.1002/hfm.20882
ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Ana Jacqueline Urrego
ana.urrego@unach.edu.ec
Universidad Nacional de Chimborazo
Faculta de Ciencias de la Educación
Humanas y Tecnologías
ORCID: 0000-0002-4799-7931
Katya Grados Fabara
katymgf@hotmail.com
Unidad Educativa “Victoria Vásconez
Cuvi – Simón Bolívar – Elvira Ortega”
ORCID: 0000-0002-2708-1256
William Israel Vilema Endara
israv_04@hotmail.com
Unidad Educativa “Victoria Vásconez
Cuvi – Simón Bolívar – Elvira Ortega”
ORCID: 0009-0000-6657-5737
Recibido: 08/05/23
Aceptado: 24/05/23
COMPETENCIAS DIGITALES
DEL PROFESORADO
UNIVERSITARIO: UN
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO
DIGITAL COMPETENCES OF
UNIVERSITY TEACHERS: A
BIBLIOMETRIC ANALYSIS
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
KAIRÓS, Vol. (6) No. 11, pp. 86-104, Julio - Diciembre 2023
ISSN No. 2631-2743
,
Resumen
Las competencias digitales del profesorado universitario
en los últimos años han cobrado especial importancia,
más aún en la transición de procesos de enseñanza
aprendizaje presenciales a virtuales, potencializados a raíz
de la pandemia por Covid-19. En este sentido, la presente
investigación pretende realizar un análisis bibliométrico
de las competencias digitales del profesorado de
educación superior en los últimos diez años. Para ello
se emplearon 2000 documentos más relevantes de la
base de datos de Scopus, de acuerdo con una ecuación
de búsqueda, a partir de la cual se analizaron métricas
de productividad relacionadas con publicaciones,
visibilidad e impacto, además de la inclusión de los
trabajos colaborativos. Los resultados muestran que
las publicaciones y citaciones están concentradas en
ciertos países y autores, que corresponden a aquellos que
trabajan en redes más grandes y tienen mayores índices
h y g.
Palabras clave: competencias digitales, TIC,
docente universitario, bibliometría.
Abstract
The digital competencies of teachers in recent years
have become especially important, even more so in
the transition from face-to-face to virtual teaching and
learning processes, which have been boosted because
of the Covid-19 pandemic. In this sense, this research
aims to perform a bibliometric analysis of the digital
competencies of higher education teachers in the last ten
years. For this, 2000 most relevant documents from the
Scopus database were used, according to a search equation,
from which productivity metrics related to publications,
visibility and impact were analyzed, in addition to the
inclusion of collaborative works. The results show that
publications and citations are concentrated in certain
countries and authors, which correspond to those who
work in larger networks and have higher h and g indexes.
Keywords: digital competences, ICT competences,
higher education teacher, bibliometrics.
COMPETENCIAS DIGITALES
DEL PROFESORADO
UNIVERSITARIO: UN
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO
DIGITAL COMPETENCES OF
UNIVERSITY TEACHERS: A
BIBLIOMETRIC ANALYSIS
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
KAIRÓS, Vol. (6) No. 11, pp. 86-104, Julio - Diciembre 2023
Ana Jacqueline Urrego, Katya Grados Fabara, William Israel Vilema Endara
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de
2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
88
Introducción
Como parte de la introducción de la tecnología en todos los campos del saber, en los últimos
años se ha intensicado el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) y su uso de manera eciente e innovadora, lo que ha demandado de la actualización de
competencias, y de manera particular, de competencias digitales en el ámbito educativo y en el
profesorado a todo nivel.
Los retos que presenta la docencia universitaria en contextos como los experimentados a lo
largo de la pandemia, en los cuales los procesos de formación se transformaron de la modalidad
presencial a virtual, sin la posibilidad de una actualización sistemática de conocimiento; es un
ejemplo de la necesidad de fortalecer a todo nivel y en particular en la educación superior, el
desarrollo de las competencias digitales (Toribio-López et al., 2023).
Efectivamente, autores como Delgado et al. (2019) plantean que en los procesos de formación
del profesorado universitario es necesario considerar la incorporación de las TIC, de manera
que puedan poseer las competencias necesarias para acompañar a los estudiantes y potenciar
su formación en herramientas tecnológicas.
Es por ello por lo que la formación del docente universitario demanda una concepción
diferente, para transitar de una alfabetización digital a las competencias digitales, de manera
“que se abandone el énfasis en alfabetización digital centrado en las habilidades, a favor de
incorporar la perspectiva de modelos de competencia digital más amplios que reconozcan los
conocimientos, capacidades y disposiciones diversas” (Laje, 2020, p. 68).
Tal como establece Laje (2020), este proceso de transformación hacia la competencia digital
del profesorado demanda del reconocimiento inicial por parte del docente de su nivel de
conocimiento y dominio en el uso de las TIC, que permitiría la adopción de tecnología y
la incorporación de los entornos virtuales en los procesos de aprendizaje, innovando
constantemente en estos procesos (Laje, 2020).
Las competencias digitales se han vuelto cada vez más importantes para los profesores
universitarios en los últimos años. A medida que la tecnología ha avanzado, la necesidad de
competencias digitales ha crecido para seguir el ritmo del cambiante panorama de la educación.
Ahora se espera que las universidades integren la tecnología en sus métodos de enseñanza y se
aseguren de que los estudiantes estén capacitados con las habilidades digitales necesarias para
tener éxito en el mundo moderno. En este contexto, los profesores universitarios deben poseer
competencias digitales para facilitar una enseñanza y un aprendizaje efectivo.
Competencias digitales del profesorado universitario: un análisis bibliométrico
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
De tal manera autores como Hatlevik et al. (2015) denen la competencia digital como “las
habilidades, conocimientos y actitudes que hacen que los estudiantes puedan utilizar los medios
digitales para la participación, el trabajo y la resolución de problemas, de forma independiente
y en colaboración con otros de manera crítica, responsable y creativa” (p. 350).
Por tanto, estas competencias digitales incluyen la capacidad de diseñar y entregar contenido
digital que involucre a los estudiantes, la capacidad de integrar efectivamente las tecnologías
digitales en las actividades y evaluaciones del aula, y la capacidad de usar herramientas
digitales para la comunicación y la colaboración con estudiantes y colegas. Estas competencias
son fundamentales para garantizar que los estudiantes reciban una educación de alta calidad
que los prepare para la era digital.
Además, los profesores universitarios que poseen competencias digitales están mejor equipados
para adaptarse a los entornos tecnológicos cambiantes e innovar en sus prácticas de docencia. A
medida que la tecnología continúa desarrollándose y transformando el panorama educativo, las
competencias digitales serán aún más esenciales para los profesores universitarios.
En el caso concreto de la Unión Europea (UE) se han hecho esfuerzos por proponer mecanismo
de evaluación de dichas competencias a través de instrumentos como Digital Competence
Framework for Educators (Rodríguez-Hoyos, Fueyo y Hevia, 2021), que parte de la idea de
considerar 5 áreas de trabajo, como son la información y alfabetización informacional, la
comunicación y la colaboración, la creación de contenido digital, la seguridad y la resolución
de problemas (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2017).
Esta propuesta parte de la UNESCO (2011), a través del reconocimiento de la necesidad
de incorporar las TIC a todo nivel dentro del sistema educativo, no solo desarrollando las
capacidades de los profesores, sino de toda la institución y de los estudiantes, de manera que
abordar el estudio de esta temática debe considerar la comprensión de las TIC en la educación,
el currículo y la evaluación, la pedagogía, la organización y administración de la institución
educativa y el aprendizaje del profesorado.
Comprender este fenómeno requiere del análisis de la investigación en este campo, de los
estudios que se han realizado, de su evolución, así como de las líneas de trabajo que se adelantan
en diversas instituciones y con diversos autores.
El desarrollo de las investigaciones en esta área, si bien lleva más de 20 años, en los últimos
años producto de la pandemia por COVID-19 se ha despertado un interés considerable en
el tema, más que duplicando la producción cientíca en bases de datos como Scopus. Este
interés no solo se ha centrado en conocer las ventajas del desarrollo de las competencias
Ana Jacqueline Urrego, Katya Grados Fabara, William Israel Vilema Endara
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de
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digitales del profesorado, sino también los aspectos negativos de cara al proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo que Hatlevik et al. (2021) denominaron las desventajas digitales asociadas con
las distracciones (redes sociales) y las limitaciones al uso de la tecnología.
En cuanto a las ventajas de las competencias digitales en el profesorado universitario
se encuentran el desarrollo de habilidades informáticas y tecnológicas, que les permiten
diseñar y organizar contenido educativo en línea, evaluar y retroalimentar a los estudiantes,
promover la colaboración y la participación en la red. Además, la implementación efectiva
de las competencias digitales en los docentes universitarios puede mejorar la eciencia y la
productividad en el aula, lo que aumenta la calidad del aprendizaje para los estudiantes, así
como la formación continua del docente y su actualización constante. Sin duda, el desarrollo de
estas habilidades en los docentes universitarios trae enormes benecios tanto para ellos como
para sus alumnos.
Pero también existen autores que se han enfocado en investigar y analizar las desventajas
de las tecnologías de la información y la comunicación en las universidades. Uno de ellos
es Selwyn (2021), quien argumenta que el uso excesivo de las TIC puede tener un impacto
negativo en el aprendizaje de los estudiantes, ya que pueden distraerse fácilmente y perder
la capacidad de concentración. Asimismo, señala que el uso de las TIC puede perpetuar las
desigualdades sociales y económicas, ya que no todos los alumnos tienen acceso a los mismos
recursos tecnológicos.
De esta forma, entre las principales desventajas se encuentran los problemas de acceso y uso,
pues no todos los estudiantes tienen acceso a tecnologías de última generación o la capacidad
de utilizarlas de manera efectiva; la dependencia tecnológica, dado que los estudiantes pueden
volverse dependientes de las TIC y pueden perder habilidades relacionadas con la búsqueda
y comprensión de información por cuenta propia, las distracciones a las que se enfrentan los
estudiantes a la hora de realizar alguna la tarea o lección, la falta de interacción personal, que
limita las relaciones personales docente-estudiante y estudiante-estudiante; las dicultades en
la evaluación, las barreras lingüísticas y el costo de acceso a la tecnología, tanto para estudiantes
como docentes e instituciones (Henderson et al., 2017; Selwyn, 2021).
A n de comprender la evolución de las investigaciones sobre las competencias digitales
del profesorado universitario es posible realizar una revisión de la producción cientíca
más relevante en el área mediante el estudio bibliométrico (Rodríguez-García et al., 2018).
Este análisis bibliométrico es planteado como una metodología cuantitativa que emplea
datos bibliométricos, que diere de la revisión de literatura y del meta-análisis, pues implica
la visualización de ciertas estructuras de publicación, asociadas con autores, aliaciones,
Competencias digitales del profesorado universitario: un análisis bibliométrico
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
editoriales y países (Donthu et al., 2021).
De hecho, mientras el análisis bibliométrico logra mostrar la tendencia sobre un tema o palabra
clave, el meta-análisis se basa en descubrir relaciones entre variables estudiadas o recién
exploradas, mientras que la revisión sistemática de la literatura sintetiza la evidencia empírica
presentada sobre un tema (Donthu et al., 2021).
Es así como para realizar el análisis bibliométrico se parte de una caja de herramientas o de
técnicas principales que se clasican en dos categorías, la primera asociada con la productividad
y la segunda con el mapeo cientíco. En el primer caso se consideran métricas de publicaciones,
métricas de citaciones y la combinación de ambas, mientras que en el segundo se realiza análisis
de citaciones, de co-citaciones, de emparejamiento bibliográco, análisis de coautores y de
colaboraciones (Donthu et al., 2021).
A estas técnicas principales es posible agregar técnicas de enriquecimiento vinculadas con el
análisis de relaciones como las métricas relacionales, el clustering o agrupamiento y las de
visualización a través de paquetes informáticos especializados. Tal como propone Donthu et al.
(2021) las métricas para realizar el análisis de productividad pueden resumirse en tres grupos,
las relativas a publicaciones, las relativas a citaciones, y la combinación de ambas.
Existen en la literatura de análisis bibliométrico dos leyes que contribuyen a evaluar el
comportamiento y las relaciones, una es la Ley de Lotka y la otra es la Ley de Bradford. En
el primer caso, “es una distribución de probabilidades discretas que describe la productividad
de autores” (Urbizagastegui, 2005, p. 55), de manera que existiría una relación inversa entre
el número de autores y las publicaciones, es decir, pocos autores publican mucho y muchos
autores publican poco.
En el segundo caso, se plantea que el rendimiento es decreciente para la ampliación de la a más
revistas, de manera que pareciera indicar que la mayoría de los artículos sobre una temática
están en un número reducido de revistas, lo que implicaría un fenómeno de concentración
en pocas revistas y permitiría evaluar su productividad. Mientras que, con relación al mapeo
cientíco, cada uno de los análisis que se desarrolla tiene una nalidad distinta, así como
unidades de análisis y los requerimientos en términos de datos y de información.
Con respecto al análisis de relaciones o networking existen alternativas que “arrojan luz sobre la
importancia relativa de los componentes de la investigación (por ejemplo, autores, instituciones,
países), que no necesariamente se reejan a través de publicaciones o citas” (Donthu et al., 2021,
p. 290). En este conjunto de herramientas destacan el grado de centralidad que corresponde a
los vínculos en red por componente de investigación; la centralidad intermedia que se “reere
Ana Jacqueline Urrego, Katya Grados Fabara, William Israel Vilema Endara
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de
2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
92
a la capacidad de un nodo para transportar información entre grupos de nodos no conectados,
en el que cada nodo representa un componente de investigación” (Donthu et al., 2021, p. 290).
Dadas las posibilidades de análisis que ofrece el estudio bibliométrico y la relevancia del uso
de TIC para los futuros profesionales, así como el rol que juegan las competencias digitales del
profesorado en ese proceso de formación, es necesaria la comprensión de las investigaciones
realizadas en el área, partiendo de un análisis que permite identicar tendencias, autores,
relaciones de colaboración, revistas de publicación, entre otras métricas, que oriente el análisis
de la literatura.
Es por ello por lo que esta investigación pretendió realizar un análisis bibliométrico sobre las
competencias digitales del profesorado universitario a partir de las métricas de productividad
y el mapeo cientíco.
Método
Para la realización del análisis bibliométrico se partió de las publicaciones cientícas contenidas
en la base de datos de Scopus, mediante el empleo de las palabras claves como: tecnologías
de la información y comunicación (ICT en sus siglas en inglés), competencias (competences)
y la combinación de docentes con educación superior (teacher and higher and education). Se
incorporó, además, el componente asociado con las competencias digitales en docentes de
universidades (digital AND competences AND teacher AND universities).
En la ecuación de búsqueda se incorporó la palabra “competences” y no “competencies”, dado
que en el primer caso hace referencia a la capacidad que tiene el docente para emplear las TIC
en el proceso de enseñanza, lo cual es el objeto de este estudio, mientras que, en el segundo,
se trata del rendimiento real del empleado, en este caso el docente, que debe ser evidenciado y
evaluado.
Empleando esos criterios se ordenó la base de datos por relevancia y se aplicaron los ltros
de años de publicaciones, considerando los últimos 10 años, las áreas de búsqueda (ciencias
sociales, computación, ingeniería, psicología y negocios), así como idioma (inglés y español),
de manera que la ecuación de búsqueda empleada se presenta en la tabla 1.
Esta ecuación de búsqueda permitió identicar en el período de 2014 a 2023, 23.903 publicaciones
cientícas, entre artículos, libros y capítulos de libros, siendo la mayor proporción de artículos
(16.493).
Competencias digitales del profesorado universitario: un análisis bibliométrico
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
Tabla 1. Procedimiento para la búsqueda de información en la base de datos de Scopus
Ecuación de búsqueda Número de
documentos
(( ict AND competences) AND ( teacher AND higherAND education ) ) OR (
digital AND competences AND teacher AND universities ) AND ( LIMIT-
TO ( PUBYEAR , 2023 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2022 ) OR LIMIT-
TO ( PUBYEAR , 2021 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2020 ) OR LIMIT-
TO ( PUBYEAR , 2019 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-
TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 ) OR LIMIT-
TO ( PUBYEAR , 2015 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2014 ) ) AND ( LIMIT-
TO ( SUBJAREA , “SOCI” ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , “COMP” ) OR LIMIT-
TO ( SUBJAREA , “ARTS” ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , “PSYC” ) OR LIMIT-
TO ( SUBJAREA , “ENGI” ) OR LIMIT-
TO ( SUBJAREA , “BUSI” ) ) AND ( LIMIT-
TO ( LANGUAGE , “English” ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , “Spanish” ) )
Artículos:
16.493
Libros: 1.148
Capítulos libro:
2.200
Otros: 4.062
TOTAL 23.903
Fuente: elaboración propia.
Para el análisis de los resultados se empleó el paquete de bibliometrix a través de R-Studio,
para los primeros 2000 registros más relevantes de entre los 23.903 identicados desde 2014 a
2023. Este análisis se realizó a través de las métricas de productividad y de mapeo cientíco. Se
seleccionaron los indicadores de publicaciones (total de publicaciones, total de contribuciones
de autores, publicaciones de autoría única, publicaciones en coautoría, número de años en los
que se registran publicaciones, productividad por año), los indicadores relativos a citaciones
o visibilidad (total de citaciones, promedio de citación), y los indicadores de la combinación
de citación y publicación o impacto (índice de colaboración, coeciente de colaboración,
publicaciones citadas, proporción de publicaciones citadas, índice h, índice g). Adicionalmente,
se presentan los resultados de la Ley de Lotka y la Ley de Bradford.
Resultados
Considerando los resultados más relevantes en términos de productividad, que corresponden
a los primeros 2000 documentos identicados, se analizan las métricas de publicaciones, las
métricas de visibilidad e impacto, relativas a la productividad.
Productividad: unidad análisis, distribución temporal y medios de publicación
En el primer caso se partió de los indicadores de publicaciones relacionados con la distribución
por tipo de documento (unidades de análisis), distribución por año y medios de publicación.
Para las unidades de análisis, tal como se muestra en la tabla 2, se evidencia una publicación
mayoritariamente relacionada con artículos (1229), seguido de obras derivadas de conferencias
(548) y capítulos de libros (124).
Ana Jacqueline Urrego, Katya Grados Fabara, William Israel Vilema Endara
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de
2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
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Tabla 2. Distribución por tipo de documento publicado
Tipo de documento Número
Artículos 1229
Artículos de conferencia 548
Capítulos de libro 124
Revisiones de conferencias 25
Libros 10
Otros 64
Total 2000
Fuente: elaboración propia.
La mayoría de estos documentos se encuentran en idioma inglés, solamente 13% de las obras
se publicaron en español, lo que representa 260 de las 2000 publicaciones más relevantes del
tema. En cuanto a la distribución de dichos documentos a lo largo del tiempo, se evidencia
un crecimiento desde el año 2014, pasando de 49 a 531 para el año 2022, efectivamente las
publicaciones del año 2023 son menores pues se consideran únicamente las realizadas hasta el
mes de abril, a pesar de ello, ya se cuenta con 118 publicaciones para este año.
Los años 2020, 2021 y 2022 muestran un aumento importante del número de publicaciones,
pasando de 335 a 424 y luego a 531, producto de los cambios por modalidades de estudios
generados a partir de la pandemia por Covid-19, que demandó de nuevas competencias tanto
de docentes como de estudiantes generando interés en esa área de investigación, tal como se
observa en la gura 1.
Figura 1. Distribución de publicaciones por año
Fuente: elaboración propia.
Este aumento del número de obras reporta una tasa de crecimiento promedio por año de 10,26%,
llegando a ser mayor de 25% en los años de pandemia, mientras que los primeros períodos
analizados (2014 y 2015) apenas alcanzó entre el 5% y el 6%. Con relación a los medios de
publicación (fuentes), los documentos están distribuidos en 681 fuentes que no representan el
Competencias digitales del profesorado universitario: un análisis bibliométrico
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
mismo peso, efectivamente se satisface la Ley de Bradford en el sentido que la mitad de los
documentos se encuentran en 54 fuentes y el 25% se encuentra publicado en 10 fuentes, tal
como se observa en la gura 2.
Figura 2. Ley de Bradford
Fuente: elaboración propia.
En la gura 2 las barras representan la frecuencia de publicaciones de cada fuente, que crece
muy rápido inicialmente, de manera que la línea negra muestra el aporte de cada fuente al total,
cuyo ritmo de crecimiento se reduce a medida que se incorporan nuevas fuentes. Las primeras
fuentes están relacionadas con el área de computación y solo se identica tres fuentes relativas
al campo de la educación, en tanto que en las fuentes que menos aportan en publicaciones se
identican mayoritariamente aquellas relaciones con la educación, de manera opuesta con las
citaciones, en las cuales las fuentes más citadas son las relacionadas con el campo educativo.
Los medios que contienen la mayor cantidad de documentos son de tipo artículos de conferencias
y están asociados con el CEUR Workshop Proceedings (74) y el ACM International Conference
Proceeding Series (62), mientras que en tercer lugar se ubican una serie de libros (Springer)
denominados Lecture Notes in Networks and Systems (56). Con respecto a las revistan destacan
Education and Information Technologies (Springer) con 53 documentos, Sustainability (MDPI)
con 46 obras y Education Sciences (MDPI) con 43.
Productividad: autores, países y aliación
En los 2000 documentos analizados se identicaron 4844 autores, de los cuales 246 desarrollaron
sus publicaciones de manera individual, mientras que las obras en colaboración evidencian una
tasa de 3,08 autores por documento y con un 17,1% de colaboración con autores internacionales,
diferentes al del país del autor principal. La productividad por autor, tal como plantea la Ley
Ana Jacqueline Urrego, Katya Grados Fabara, William Israel Vilema Endara
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de
2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
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de Lotka, se muestra una concentración de publicaciones en pocos autores, de manera que 39
obras han sido escritas por 3 autores, mientras que 1504 han publicado únicamente una obra,
mostrando una relación inversa entre el porcentaje de autores y el número de documentos
escritos.
Con respecto a los autores que más han publicado sobre el tema destacan Nataliia Morze con
9 documentos de la Universidad de Kyiv, seguida de Antonio Palacios-Rodríguez con 8 obras
de la Universidad de Sevilla; con 7 documentos Francisco Guillén-Gámez (Universidad de
Córdoba) y Lukasz Tomczyk (Universidad de Jagiellonian), a partir de allí los autores cuentan
con seis o menos publicaciones (tabla 3).
Tabla 3. Autores con mayor número de publicaciones
Autores Documentos
Nataliia Morze 9
Antonio Palacios-Rodríguez 8
Francisco Guillén Gámez 7
Lukasz Tomczyk 7
Julio Cabero Almenara 6
Marcos Cabezas-González 5
Sonia Casillas Martín 5
Alena A. Hašková 5
Rune Johan Krumsvik 5
Mart Laanpere 5
Fuente: elaboración propia.
Cuando se analizan los datos en términos de los países, es posible identicar el número de
autores, el número de documentos y las citaciones totales. En todos los casos, España se
mantiene en la primera posición (tabla 4), con 234 autores, 886 documentos y un total de 1082
citaciones, seguido de China en términos de autores y número de documentos, pero de Noruega
en los casos de mayor número de citaciones totales.
Tabla 4. Países con mayor producción y citación de documentos
País Número de autores Número documentos Citaciones totales
España 234 886 1082
China 45 120 155
Noruega 42 120 291
Finlandia 29 94 227
Suecia 33 100 180
Alemania 34 111 120
Belgica 6 20 119
Turquía 19 65 87
Competencias digitales del profesorado universitario: un análisis bibliométrico
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
Portugal 19 71 86
Israel 4 12 76
Polonia 23 60 74
Fuente: elaboración propia.
De esta forma, se evidencia que mayor número de autores guarda relación con mayor número
de documentos, pero no con mayor número de citaciones, tal es el caso de Israel que con
solo 12 documentos tiene 76 citaciones, mientras que Polonia con 60 documento solo tiene
75 citaciones. Esta realidad en términos de países se reeja en la producción por centros de
investigación o universidades, en donde la Universidad de Salamanca, la Universidad de Sevilla
y la de Granada, tres instituciones españolas, cuentan con la mayor cantidad de documentos,
que representan el 10% de las 2000 publicaciones más relevantes (gura 3).
Figura 3. Producción en centros de investigación y universidades
Fuente: elaboración propia.
Luego de las tres primeras universidades se ubican con veinte o menos publicaciones.
Instituciones como la Universidad de Zagreb en Croacia, la Universidad de Kyiv (Ucrania),
seguida de la Universidad de Aveiro en Portugal. Adicionalmente se ubican en las primeras
posiciones otras universidades españolas, entre ellas la Universidad de Córdoba en la posición
13 y la de Murcia en la 17.
Productividad: citaciones (visibilidad)
En cuanto a las métricas de visibilidad el promedio de citación por documento durante todo
el período de estudio fue de 7,67, registrándose en algunos años como 2016 y 2018 una tasa
promedio de citación por documento cercana a 20 (19,78 y 18,34 respectivamente). Dado el
incremento en el número de artículos, en los últimos años la tasa de citación promedio por
artículo bajo a 1,48 para el año 2022 y 0,42 para el año 2023. La tasa de citación por año es
relativamente más baja y se ubica en alrededor de 2, aunque para el año 2018 y 2020 fue de 3
citas promedio por año (gura 4).
Ana Jacqueline Urrego, Katya Grados Fabara, William Israel Vilema Endara
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de
2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
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Figura 4. Citación promedio por artículo y año
Fuente: elaboración propia.
Si se analizan los 10 documentos más citados, en primer lugar, se evidencia que están asociados
con artículos mayoritariamente en revistas de Taylor & Francis y en idioma inglés. El primero
cuenta con 447 citas totales y está relacionado con la pandemia y los procesos de adaptación
a la educación en línea; le sigue un artículo del año 2014 sobre las competencias digitales con
218 citas totales, y en tercer lugar del año 2020 también relacionado con la pandemia, se ubica
el artículo sobre la adaptación del profesorado a un curso presencial para la formación en
enseñanza en línea en contextos de pandemia, con 218 citas también (tabla 5).
Tabla 5. Documentos con mayor citación
Año Título Autores Revista DOI Citas Citación
por año
2020 Adapting to online teaching
during COVID-19 school
closure: teacher education
and teacher competence
eects among early career
teachers in Germany
Johannes König,
Daniela J. Jäger-
Biela y Nina
Glutsch
European
Journal of
Teacher
Education
10.1080/026
19768.2020.
1809650
447 111,75
2014 Digital competence – an
emergent boundary concept
for policy and educational
research
Liisa Ilomäki,
Sami Paavola,
Minna Lakkala y
Anna Kantosalo
Education and
Information
Technologies
10.1007/s10639-
014-9346-4
218 27,25
2020 Adaptations to a face-
to-face initial teacher
education course
‘forced’ online due to the
COVID-19 pandemia
Benjamin Luke
Moorhouse
Journal of
Education for
Teaching
10.1080/026
07476.2020.
1755205
218 54,50
Competencias digitales del profesorado universitario: un análisis bibliométrico
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
2018 Digital transformation in
German higher education:
student and teacher
perceptions and usage of
digital media
Melissa Bond,
Victoria I. Marín,
Carina Dolch,
Svenja Bedenlier
y Olaf Zawacki-
Richter
International
Journal of
Educational
Technology
in Higher
Education
10.1186/s41239-
018-0130-1
191 31,83
2017 Educating digitally
competent teachers:
A study of integration
of professional digital
competence in teacher
education
Elen J. Instefjord,
Elaine Munthe
Teaching
and Teacher
Education
10.1016/j.
tate.2017.05.016
189 27,00
2018 Digital competence and
digital literacy in higher
education research:
Systematic review of
concept use
Maria Spante,
Sylvana Sofkova
Hashemi, Mona
Lundin y Anne
Algers
Cogent
Education
10.1080/233
1186X.2018.
1519143
179 29,83
2016 Los docentes de la
generación Z y sus
competencias digitales
Francisco-José
Fernández-Cruz
y María-José
Fernández-Díaz
Comunicar 10.3916/C46-
2016-10
178 22,25
2018 Newly qualied teachers’
professional digital
competence: implications
for teacher education
Greta Björk
Gudmundsdottir
y Ove Edvard
Hatlevik
European
Journal of
Teacher
Education
10.1080/026
19768.2017.
1416085
173 28,83
2014 Teacher educators’ digital
competence
Rune Johan
Krumsvik
Scandinavian
Journal of
Educational
Research
10.1080/003
13831.2012.
726273
156 15,60
2020 From digital literacy to
digital competence: the
teacher digital competency
(TDC) framework
Garry Falloon Educational
Technology
Research and
Development
10.1007/s11423-
020-09767-4
150 37,50
Fuente: elaboración propia.
Es posible, además, identicar las palabras clave asociadas con los diferentes documentos,
de manera de poder orientar la búsqueda relacionada con las competencias digitales del
profesorado universitario. En total las palabras clave fueron 2.897 por documento y 4015
cuando se consideran a los autores.
Las palabras clave que se repiten con mayor frecuencia y que ocupan los primeros 10 lugares,
son las de e-learning, estudiantes, docencia, personal de entrenamiento, docentes, educación,
ingeniería educativa, currículo, competencia digital y encuestas, tal como se muestra en la
gura 5.
Ana Jacqueline Urrego, Katya Grados Fabara, William Israel Vilema Endara
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de
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Figura 5. Palabras clave con mayor frecuencia en la producción cientíca
Fuente: elaboración propia.
Existen adicionalmente otras palabras como informática educativa, sistemas de aprendizaje,
formación del profesorado, tecnologías digitales, aspectos profesionales, alfabetizaciones
digitales, tecnologías de la información y la comunicación, instrucción asistida por computadora,
dispositivos digitales, entre otras.
Productividad: impacto
Para evaluar el impacto de las publicaciones también se emplean otras métricas relativas con
la colaboración, así como los índices h, g y m. En el primer caso se logran identicar al menos
10 grupos importantes de trabajo, el más grande, tal como se muestra en la gura 6, el de los
autores principales Cabero-Almenara, Palacios-Rodríguez y Guillén-Gámez, que lo conforman
8 autores, seguido del de Mena, Ramírez, García y Pérez (4 autores). El resto de los grupos
colaborativos cuentan con dos y tres investigadores.
Figura 6. Redes de colaboración
Fuente: elaboración propia.
Competencias digitales del profesorado universitario: un análisis bibliométrico
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
Por último, los índices de impacto para los autores con valores mayores se presentan en la
tabla 6. El mayor índice h, que indica que al menos h artículos se han citado h veces, es de 11,
para los autores Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez; mientras que ambos autores también
reportan los mayores índices g.
Tabla 6. Principales autores de acuerdo con índices de impacto
Autor Índice h Índice g
CABERO-ALMENARA 11 20
PALACIOS-RODRÍGUEZ 11 19
GUILLÉN-GÁMEZ 10 17
MAYORGA-FERNÁNDEZ 8 11
BARROSO-OSUNA 6 9
CABEZAS-GONZÁLEZ 6 9
CASILLAS-MARTÍN 6 9
ESTEVE-MON 6 11
SAMPSON DG 6 8
TOMCZYK 6 11
Fuente: elaboración propia.
Estos autores, que cuentan con los mayores índices, son los que poseen mayor número de
citaciones en la totalidad de las publicaciones y se encuentran vinculados con grupos
colaborativos más grandes y con otros países e instituciones aliadas.
Discusión y conclusiones
Diferentes autores han analizado la importancia de transitar de una alfabetización digital a las
competencias digitales por parte del profesorado universitarios (Delgado et al., 2019; Solano
et al., 2022; Toribio-López et al., 2023), enfatizado en la necesidad de generar capacidades
para el uso creativo de las TIC, que permita formar nuevas generaciones que empleen las
herramientas tecnológicas para la optimización de decisiones.
A raíz de la pandemia por COVID-19, los procesos de enseñanza - aprendizaje sufrieron cambios
radicales, de una formación mayoritariamente presencial a una absolutamente en línea, con los
problemas conocidos, vinculados con el acceso a la tecnología, la baja capacidad de adaptación
de los planes de estudios, hasta la escasa formación docente en temas vinculados en primer
lugar con la alfabetización digital y, en segundo, con la ausencia de competencias digitales.
La investigación en esta área por tanto sufrió un aumento importante a partir del año 2020,
pasando de apenas 49 documentos en 2014 a 531 en 2022, con una tasa promedio de crecimiento
de 10,26% que en los últimos años fue superior al 25%. Esta realidad muestra la importancia
Ana Jacqueline Urrego, Katya Grados Fabara, William Israel Vilema Endara
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de
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de realizar un análisis bibliométrico, que a diferencia del meta-análisis y de la revisión de
literatura, implica el estudio de las publicaciones, sus autores, citaciones, aliaciones y hasta
procesos de colaboración entre investigadores e instituciones. Se analizó una base de datos
de los 2000 documentos más importantes relacionados con la ecuación de búsqueda denida
desde el año 2014 a 2023, empleando para ello las métricas de productividad relacionadas con
publicaciones, visibilidad (citación) e impacto, además del estudio de la Ley de Lotka y de
Bradford, así como los grupos colaborativos más importantes.
Los resultados en términos de ambas leyes muestran lo teóricamente esperado, la mayor cantidad
de los documentos son de pocos autores, mientras que la mayoría de los investigadores solo
cuentan con una publicación; además, en términos de las fuentes o medios de publicación ocurre
algo similar, de las 681 fuentes identicadas la mayoría de las publicaciones se encuentran en
54 medios de publicación.
Se logra identicar una tendencia clara con respecto a los 10 documentos más citados, que
corresponden a revistas de las editoriales de Springer y Taylor & Francis, además del país que
reporta mayor cantidad de documentos y de citaciones, que es España. Esto se reeja en que de
los grupos de colaboración los investigadores españoles constituyen el más grande, lo que da
lugar a mayores índices de impacto h y g, aunque no sean los autores de los documentos más
citados.
Pareciera claro que el tema ha incrementado el número de documentos publicados, la cantidad
de citas y el interés de los grupos de investigación, que publican mayoritariamente en inglés, en
revista, libros y artículos derivados de conferencias, a través de palabras claves como e-learning,
docencia, educación y competencias digitales. Estos resultados son similares a los reportados
por Laje (2020) en términos de la evolución de las investigaciones y el interés desarrollado en
los últimos años, profundizándose en la época de pandemia, a pesar de que su investigación no
recoge los estudios producto de la implementación de la tecnología en este período.
La complejidad y amplitud de las investigaciones desarrolladas en el área se constituyen en
una limitación a este estudio, lo que requiere de revisiones posteriores que pueden profundizar
en temas más concretos dentro de las competencias del profesorado universitario, que podrían
involucrar la evaluación, la formación y la adopción de las TIC como herramientas para mejorar
el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Adicionalmente, a partir de la investigación puede derivarse estudios de revisión de literatura
que consideren las investigaciones más relevantes en términos de citaciones, de manera que se
pueda profundizar en los hallazgos identicados en cada una y generar un diagnóstico de los
modelos existentes, para fortalecer las competencias digitales en el profesorado universitario y,
Competencias digitales del profesorado universitario: un análisis bibliométrico
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 86-104. Segundo Semestre de 2023
(Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.05
además, la evaluación de dichas competencias.
Algunos estudios que pueden considerarse para el tema concreto de evaluación del nivel de
competencias, que sería el punto de partida para la estructuración de una planicación para
el fortalecimiento de las competencias digitales, están esbozados en el estudio de Rodríguez-
Hoyos, Fueyo y Hevia (2021), que emplea la propuesta de Digital Competence Framework for
Educators.
Además, estudios sobre esta temática deben abordar la propuesta presentada por la UNESCO
(2011) en la cual se consideran elementos asociados con la institución educativa, el rol de los
administradores necesario para dotar de la infraestructura requerida, la incorporación en el
currículo del uso de TIC, así como la integración pedagógica.
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U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Diego Raza Carrillo
diego.raza@uasb.edu.ec
Universidad Andina Simón Bolívar –
Ecuador
Área de Gestión
ORCID:0000-0003-3258-6344
Wilson Enrique Araque
Jaramillo
wilson.araque@uasb.edu.ec
Universidad Andina Simón Bolívar –
Ecuador
Área de Gestión
ORCID:0000-0002-2626-8705
David Alexander Grey Castillo
dagreyc@pichincha.com
Banco Pichincha
Sostenibilidad & Comunicación
ORCID:0000-0001-7043-809X
Recibido: 23/11/22
Aceptado: 30/06/23
SOSTENIBILIDAD EN LA
BANCA: UN ESTUDIO DE CASO
EN ECUADOR
SUSTAINABLE BANKING: A
CASE STUDY IN ECUADOR
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.06
KAIRÓS, Vol. (6) No. 11, pp. 105-125, Julio - Diciembre 2023
ISSN No. 2631-2743
,
Resumen
A partir de entrevistas realizadas en el banco analizado y
la revisión de su documentación de desempeño ambiental,
se identicaron sus principales iniciativas para reducir su
impacto ambiental y el de sus clientes. En particular se
reseña la estrategia de “biocrédito” y se presentan sus
resultados en tres indicadores: reducción de emisiones
de CO2, reducción de consumo de agua y reducción de
consumo de energía. Los resultados se tomaron de los
reportes de las certicadoras ambientales que revisan
la gestión del banco, de la vericación realizada por
parte de auditores y de su memoria de sostenibilidad.
Se hallaron importantes niveles de reducción en los tres
indicadores, lo que conrma la necesidad de implementar
estas iniciativas en la banca de manera más generalizada
y sostenida.
Palabras clave: bancos; gestión ambiental;
desarrollo sostenible
Abstract
Based on interviews with representatives of the analyzed
bank and the review of its environmental performance
documentation, its main initiatives to reduce its
environmental impact and that of its clients were identied.
In particular, the “biocredit” strategy is reviewed and its
results are presented in three indicators: reduction of CO2
emissions, reduction of water consumption and reduction
of energy consumption. The results were taken from the
reports of the environmental certiers that review the
bank’s management, from the verication carried out by
auditors and from its sustainability report. Signicant
levels of reduction were found in the three indicators,
which conrms the need to implement these initiatives
in banking in a more widespread and sustained manner.
Key words: banking; environmental management;
sustainable development
SOSTENIBILIDAD EN LA
BANCA: UN ESTUDIO DE
CASO EN ECUADOR
SUSTAINABLE BANKING: A
CASE STUDY IN ECUADOR
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.06
KAIRÓS, Vol. (6) No. 11, pp. 105-125, Julio - Diciembre 2023
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 105-125. Segundo Semestre de
2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.06
Sostenibilidad en la banca: un estudio de caso en Ecuador
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KAIRÓS, Vol. (6) No. 11, pp. 105-125, Julio - Diciembre 2023
Introducción
Una consulta realizada a académicos, profesionales, agentes públicos de regulación y
economistas respecto de sus opiniones acerca del cambio climático, sus riesgos y posibilidad
de mitigación (Stroebel & Wurgler, 2021), muestra que, a juicio de estos expertos, el riesgo
climático en general parece estar subestimado considerando que el mayor riesgo para las
actividades económicas -derivado del cambio climático- es de naturaleza física en tanto se
puede temer eventos climáticos de gran impacto, con catastrócas consecuencias en todo nivel:
social, económico, sanitario y otros.
En este contexto, la banca tiene una responsabilidad importante no solo hacia sus clientes sino
también en la prevención de daños que sus operaciones puedan ocasionar a la sociedad en
su conjunto (Herzog, 2019), y si bien algunos autores arman que resultaría complejo apelar
únicamente a un sentido ético en las operaciones bancarias debido al marcado interés de lucro
en estas actividades (Boatright, 2013), es evidente que se hace indispensable recuperar la
conanza en que los servicios nancieros se lleven de manera responsable con la sociedad y el
ambiente (Jaer et al., 2014).
Para cumplir con su responsabilidad con la sociedad la banca enfrenta varios desafíos de tipo
epistémico, motivacional y de coordinación que pueden superarse de mejor manera buscando
alinear responsabilidades, reconocimiento e incentivos en sus operaciones (Herzog, 2019), y
promoviendo como primer paso que la banca empiece a prepararse a llevar a cabo de manera
más regular y estandarizada posibles procesos de “debida diligencia climática” que permitan
conocer mejor el impacto que podrían tener sus operaciones con determinados clientes (Macchi,
2021).
En el reporte sobre cómo la banca puede apoyar la mitigación del cambio climático, impulsado
por la London School of Economics (Robins et al., 2020), si bien se reconoce por una parte la
importancia de un trabajo conjunto entre actores del sector nanciero y no nanciero, sindicatos,
sociedad civil, academia y proponentes de política, se concluye dando relevancia prioritaria a
la responsabilidad de los bancos en la construcción de acciones efectivas en contra del cambio
climático.
De hecho, se ha encontrado que el denominado “nanciamiento verde” tiene efectivamente
impacto en la mitigación del cambio climático: en el estudio realizado para los países N-11, se
conrmó que es necesario que estos países formulen políticas que impacten directamente en los
riesgos sistémicos que son generados por el cambio climático, a través del aseguramiento de
líneas de nanciamiento que den soporte a dichas políticas (Nawaz et al., 2021).
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De otro lado, un estudio realizado en Francia (Mésonnier, 2022) muestra que el nivel de
nanciamiento que dan los bancos a grandes industrias con alto impacto en el clima parece
reducirse cuando el banco se compromete a enfocar esfuerzos en la mitigación del cambio
climático a través de sus operaciones, pero que no se aprecia el mismo nivel de reducción
cuando las industrias son pequeñas o medianas, debido posiblemente a las menores exigencias
estatales que existen de reportería ambiental para empresas de menor tamaño. El estudio
concluye observando la necesidad de que existan mayores exigencias estatales respecto de la
información ambiental que reportan las medianas y pequeñas empresas ya que, aparentemente,
la mejor focalización de créditos en industrias grandes que cumplen con requisitos ambientales
no se da solo por una política del banco, sino también por un mejor control estatal que se
mantiene para este tipo de empresas.
Se ha determinado que mucha de la evidencia que se presenta como demostración de que
las organizaciones actúan responsablemente frente al cambio climático no es necesariamente
representativa del real alcance de las acciones empresariales ni de su real impacto en el ambiente
(Bingler et al., 2022), por lo cual es importante presentar casos de real impacto en la mitigación
del cambio climático, como es el que se presenta en este estudio. En cuanto al desempeño de
la banca en sus iniciativas de contribución al control del cambio climático, se ha determinado
que dependen de su tamaño, reputación, antigüedad, y niveles de rentabilidad, (Choubey &
Sharma, 2021)
En este marco, el caso de estudio seleccionado, correspondiente al banco más antiguo y
grande de Ecuador, será de singular importancia. La investigación sistematizará la iniciativa
denominada “Biocrédito” del Banco Pichincha que es un banco paradigmático en el combate
en contra del cambio climático. Por otra parte, el estudio realizado tiene importancia debido
a la gran afectación climática que las actividades humanas están provocando en el planeta
(Stroebel & Wurgler, 2021) y el importante rol que la banca puede cumplir en su prevención
(Mésonnier, 2022; Nawaz et al., 2021; Robins et al., 2020).
La pregunta que se pretende responder con esta investigación es: ¿cuál es el impacto que puede
generar un banco en el desempeño ambiental de sus clientes medido a través de la reducción de
sus emisiones de CO2, reducción de consumo de agua y reducción de consumo de energía? La
respuesta a esta pregunta tendrá implicaciones teóricas, pues ayudará a abonar en el cuerpo de
conocimiento previo y existente relativo al posible impacto de la banca en la gestión sostenible
de sus clientes, y también implicaciones prácticas pues puede servir de referencia para la
implementación de estas prácticas en otros bancos del país y la región.
El objetivo de esta investigación, por tanto, es mostrar el impacto positivo que ha tenido
particularmente la iniciativa “biocrédito” de Banco Pichincha, medido a través de los indicadores
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Sostenibilidad en la banca: un estudio de caso en Ecuador
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indicados en el párrafo anterior.
Comprendiendo a la sostenibilidad aplicada a sectores especícos de actividad económica.
Antes de presentar los resultados del estudio de caso, es importante reexionar sobre algunos
elementos teóricos contextualizadores que contribuyan a comprender el enfoque y alcance que
tiene la sostenibilidad cuando es aplicada a un sector especíco de actividad económica.
En primer lugar, cuando se habla de sostenibilidad, inmediatamente se está entrando al campo del
desarrollo sostenible que, de acuerdo a la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas (1987),
es esa forma de desarrollo “que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer
la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias” (Sostenibilidad |
Naciones Unidas, 2023)2023. Con esta denición también coincide y complementa Theodore
Panayotou, en su libro Ecología, medio ambiente y desarrollo, cuando plantea que la gestión
de las empresas deben preocuparse -para consolidar el desarrollo sostenible- en la acción
equilibrada e integrada de los ámbitos económico, social y medioambiental (Panayotou, 1994).
El momento que se incorpora esa triada de ámbitos, inmediatamente se está resaltando que,
para que se lleve al desarrollo sostenible a la acción, es fundamental que las acciones que se
impulsen, pensando de forma sistémica, estén nutridas de prácticas que incidan, al unísono,
en el potenciamiento económico, la responsabilidad social y, por supuesto, en la preocupación
por el cuidado del medio ambiente natural. Siendo para ello necesario el diseño y puesta en
ejecución de políticas y acciones que logren crecimiento económico y, a la vez, respeten el
medio ambiente e incidan en la mejora de la equidad social (Artaraz, 2002)1987
Y, precisamente, en ese marco de desafíos para un planeta mejor, las Naciones Unidas,
a partir de 2015, proponen al mundo como desafío para lograr un desarrollo equilibrado la
denominada Agenda 2030, cuyo eje central de referencia es el conjunto de 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que, de forma integrada, sí cumplen el direccionamiento hacia
los componentes económico, social y medioambiental mencionados. Y, de esa forma, incidir
en formas de competitividad global que consideren, como prioridades mundiales, la escasez
de recursos naturales y, también, las brechas sociales entre personas y países (Fernández &
Gutiérrez, 2013).
Toda la propuesta del desarrollo sostenible, al nal, lo que busca es reencauzar a la economía y
sus diversas formas de actividades productivas a su origen que es la ética y, con ello, lograr un
mundo que brinde mejores condiciones de bienestar a los seres humanos que lo habitan (Sen,
2020).
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Algo que también se debe resaltar, dentro de la reexión del desarrollo sostenible, es que, lo
que se ha venido proponiendo como losofía y acción de la responsabilidad social empresarial,
tienen puntos de encuentro directo con la sostenibilidad en sus tres dimensiones -económica,
social y medioambiental- que, en última instancia, pueden contribuir al impulso de formas de
desarrollo productivo que fomenten el crecimiento económico dentro del marco integrado del
desarrollo sostenible (Núñez Reyes, 2003).
En denitiva, es necesario el surgimiento de propuestas alternativas para un cambio de rumbo
del planeta Tierra. Las evidencias están a la vista con todo lo que ha venido sucediendo en
el mundo, alrededor del cada vez más complejo problema del cambio climático global -con
todos sus sendos coletazos de veranos más intensos e inviernos más rigurosos-; las brechas
sociales que llevan a que las mayorías tengan dicultades de acceso a servicios básicos y, sobre
todo, a oportunidades multidimensionales; más la irresponsabilidad de sectores productivos
interesados, de forma egoísta, solo en sus resultados económicos de ganar y ganar dinero -sin
importar los medios usados- a pesar de que “la acción empresarial, independientemente del bien
o servicio que produzca, se da gracias a la interrelación que se establece entre los siguientes
factores: los inversionistas, los trabajadores, los recursos naturales y ambientales y los espacios
sociales sobre los cuales se asienta para producir” (Caravedo et al., 2011, p. 31).
De ahí, la sostenibilidad aplicada a sectores especícos -como es el caso del sector nanciero-
ha ido tomando fuerza; la academia también se ha ido posicionando a favor de la propuesta y,
claro, los gestores de la política pública, por su rol direccionador de los destinos de sus países
-desde el gobierno central y los gobiernos locales- ven al desarrollo sostenible como una salida
para conciliar responsable y estratégicamente el progreso económico con la equidad social y el
cuidado preventivo de la naturaleza (Strange & Bayley, 2013).
Por último, cuando se va a analizar un caso para conocer la losofía llevada a la acción de la
propuesta global de desarrollo sostenible, es importante que ese análisis se enfoque, primero,
hacia lo que sucede al interior de la organización o sector escogido como caso objeto de
investigación que, de acuerdo a lo que se ha avanzado desde lo teórico y metodológico de las
sostenibilidad, signica evidenciar la preocupación por el lado de la eciencia organizacional
y de la responsabilidad social casa adentro.
Y, segundo, pensando en organizaciones ya de un sector especíco como el sector nanciero,
determinar el trabajo que se realiza con la oferta de productos que contribuyan al cambio de
actitud y de acción real al momento de buscar una práctica positiva que, de manera integrada,
considera la interacción de lo económico, social y medioambiental. En casos de países como
Colombia, los bancos comerciales, mediante el denominado Protocolo Verde de Asobancaria,
buscan que lo que se coloca en la economía en calidad de crédito, por ejemplo, se lo haga
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midiendo los riesgos ambientales y sociales y, así, contribuir al cumplimiento de lo que dice la
losofía de la sostenibilidad al momento de mitigar los impactos negativos que puede generar
algún tipo de actividad desarrollada por el ser humano (Turriago-Campuzano & Cardona-
Acevedo, 2020).
En denitiva, como se puede ver, la puesta en acción de la sostenibilidad en sectores especícos
de actividad económica involucra el cumplimiento de una serie de requisitos que, pensando
sistémicamente -ya que la propuesta de desarrollo sostenible es sistémica por excelencia desde
su origen-, deben ser cumplidos con el esfuerzo y canalización de recursos hacia ámbitos
multidimensionales bajo el paraguas de la triada: economía, sociedad y medioambiente.
El cumplimiento de estas acciones van sumando y van consolidando, lo que también se ha
venido posicionando alrededor del sector nanciero como Banca Ética que, alineada con la
responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad, también apunta a llevar desde la losofía
a la acción principios que giran alrededor de la transparencia y democracia enfocada a la
aplicación de criterios sociales y medioambientales, a la hora de canalizar recursos al sistema
económico de los países (Ochoa Berganza, 2013).
Métodos
La investigación realizada es de corte descriptivo y a través de un estudio de caso. En primer
lugar, se realizó entrevistas a personeros del banco elegido para el estudio para acopiar las
características de su estrategia denominada “biocrédito”, comprender la estrategia ambiental del
banco y la evolución histórica de su preocupación ambiental. En estas entrevistas, además, se
recabó información respecto de las principales dicultades y desafíos en la implementación de
esta estrategia. Luego de las entrevistas se revisó la documentación e información de desempeño
ambiental del banco, en particular los informes gerenciales y la memoria de sostenibilidad, así
como los informes de las certicadoras ambientales que realizaron la medición de los tres
indicadores importantes que interesan para este estudio: reducción de emisiones de CO2,
reducción de consumo de agua, y reducción de consumo de energía. Esta información, la de
las entrevistas y la documental, sirvieron de base para la sistematización de la experiencia del
banco que se presenta en este estudio.
Resultados y discusión
El banco seleccionado y su estrategia climática
Banco Pichincha es el banco más grande y antiguo de Ecuador, con operaciones en todo el
territorio nacional y en varios países de América y Europa. Como banco emblemático del país,
está convencido de que las instituciones nancieras son facilitadores y multiplicadores de la
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sostenibilidad, y que su condición le permite impulsar iniciativas que generen impactos positivos
en la sociedad y en el ambiente. Banco Pichincha ha marcado una ruta hacia la sostenibilidad
en más de 10 años de trabajo, integrando en las operaciones las nuevas y mejores tendencias
de sostenibilidad, evolucionando y aprendiendo en el camino, para lo cual se ha utilizado
como marco de referencia los compromisos, estándares y lineamientos internacionales y de
organismos multilaterales, como los Objetivos de desarrollo sostenible, los Principios de banca
responsable, los Climate y Green bond principles, normas ISO, el Dow Jones Sustainability
Index el cual es el sistema de mejora continua, desde su primera medición en 2013.
Este carácter de banco líder en el sistema nanciero ecuatoriano, a juicio de las personas
entrevistadas, ha sido un elemento potenciador de las iniciativas ambientales como generadoras
de valor, no solo para sus clientes y accionistas sino para la sociedad.
Desde 2018 el banco cuenta con un paraguas ambiental denominado “BIO: Somos un Banco
que da vida”, y desde 2019 la sostenibilidad forma parte de uno de los 4 pilares estratégicos del
banco, lo que ha impulsado a que la sostenibilidad sea transversal e impacte positivamente en
la gestión con clientes, colaboradores, proveedores, la sociedad y el ambiente.
A juicio de los entrevistados esta formalización de su compromiso con el ambiente y la vida,
ha permitido en los años subsiguientes ir fortaleciendo las estrategias e iniciativas que se han
desarrollado en distintos frentes a partir de entonces.
El modelo de gestión sostenible del banco, que se actualizó en el 2020, cuenta con tres enfoques:
1. Desarrollo Social e Inclusivo,
2. Responsabilidad Ambiental y
3. Finanzas Sostenibles.
A través de estos ejes se busca continuamente el desarrollo de la sociedad, promoviendo la
equidad de oportunidades, impulsando la inclusión nanciera y el aporte positivo al cambio
climático y reducción de la contaminación ambiental, todo lo cual forma parte de las
declaraciones que son parte de la política de sostenibilidad del banco.
El propósito del eje de “Desarrollo social e inclusivo” es generar valor para accionistas, la
sociedad y demás grupos de interés, a través de un accionar interno y externo que impulsa la
seguridad y la salud, la diversidad e inclusión, y la promoción de la igualdad de oportunidades
en todas las operaciones. En este eje se impulsan iniciativas con enfoque social.
En el eje de “Responsabilidad ambiental” sus principales iniciativas se concentran en procesos
denominados de Bio eciencia: casa adentro, el banco tenía que primero dar el ejemplo, con
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un verdadero compromiso de reducir la huella ecológica mediante prácticas de ecoeciencia y
de lucha contra el cambio climático. Este compromiso está sustentado en la Política y Sistema
de gestión de seguridad, salud y ambiente, basado en las normas ISO 14001 y 45001, que
identica y establece medidas de acción a los riesgos ambientales de la operación de Banco,
cumpliendo la normativa y evitando que se generen altos impactos al ambiente. Desde el 2013
se mide la huella de carbono interna, se establece metas anuales de reducción de recursos y
se han implementado mecanismos de ahorro de energía, de papel y de reciclaje en todas las
agencias, así como prácticas ambientales con la participación de colaboradores, por ejemplo,
jornadas de “al trabajo en bici”, reforestación, eventos de limpieza de playas, entre otros. Se
han colocado Bio estaciones de reciclaje en edicios principales, con una disposición nal a
través de gestores ambientales calicados para procesar los residuos y reaprovecharlos.
Las emisiones de carbono se derivan del consumo eléctrico, por lo que se ha implementado
el 100% de iluminación LED en edicios principales, se han ido reemplazando sistemas de
climatización por ecientes y que cuentan con gases ecológicos, así como los equipos de
computación que tienen certicación Energy Star y Epeat que logran un ahorro de energía de
hasta 60%. Desde 2018 inició un proceso de transformación, creándose un Centro digital, en
el cual se incuban y desarrollan los nuevos productos y servicios diferenciadores del Banco de
la estrategia digital. Esta estrategia ha minimizado de manera importante el uso de recursos
como el papel, la energía, las emisiones de carbono, entre otros. Con respecto a la gestión con
proveedores, el banco se ha acogido a la norma internacional ISO 20400 de Compras Sostenibles,
que tiene el objetivo de integrar temas: nancieros, legales, éticos, operacionales, de calidad,
de seguridad, salud y ambiente, entre otros. Además, existen convenios muy interesantes con
proveedores, logrando que el papel provenga de una fuente renovable, elaborado a partir de la
caña de azúcar y el reciclaje de tóneres.
Estas iniciativas, a decir de los entrevistados, lograron que en general los funcionarios de
Banco Pichincha se sensibilicen a la necesidad de implementar acciones en distintos frentes
(comercial, de riesgos, administrativo), con el n de reducir la afectación ambiental de las
operaciones de la institución.
En los últimos tres años se han logrado importantes resultados: 77 mil kilogramos de papel
reciclado, más de 5 mil tóneres reciclados y con correcta disposición nal, más de 6 mil
colaboradores sensibilizados en el tema ambiental, más de 10 mil equipos de computación con
sellos de eciencia energética, más del 70% de las transacciones y 35% de las transacciones
monetarias, se realizan en canales digitales. Todo ello condujo a que en 2020 el banco obtenga
el Reconocimiento ambiental “Punto verde” del Ministerio del Ambiente y Agua en Ecuador.
La distinción premia el haber logrado una mayor eciencia energética y, por tanto, un menor
impacto medioambiental en las tres sedes principales en Quito, Guayaquil y Cuenca.
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Finalmente, en el eje de “Finanzas Sostenibles” el banco trabaja junto a los clientes para reducir
el impacto socio ambiental de las operaciones y así construir relaciones sólidas y responsables
con ellos. A continuación, se enlista las principales iniciativas desarrolladas en este eje de
acción:
• Biocrédito
• Bonos temáticos
• Sistema de administración de riesgos sociales y ambientales para crédito
• Calicación de sostenibilidad para clientes
• Implementación de principios de banca responsable
• Alianza estratégica con el banco Rabobank
Desde 2021 Banco Pichincha ha asumido una clara postura frente al cambio climático al
comprometerse a minimizar el impacto de las operaciones propias y de los clientes. Por lo
cual, está en proceso de construcción una Estrategia Climática transversal (alineada a las
recomendaciones de la TCFD1) que busca la adaptación a los cambios en el clima y la mitigación
de los efectos potenciales del calentamiento global. Además, en ese mismo año se realiza por
primera vez la medición de la gestión climática con ayuda del Climate Disclosure Project –
CDP, resultado que permitirá seguir incorporando las mejores prácticas para lograr una gestión
ecaz de los riesgos del carbono y el cambio climático.
Basados en la norma ISO 14064:2018, el banco inició una nueva medición y reporte de las
emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero (GEI) concluyendo que el principal
GEI emitido por las operaciones del banco corresponde a dióxido de carbono (CO2) y que será
necesaria en el futuro próximo la elaboración de planes de reducción y compensación, para así
cumplir con la meta de llegar a ser una organización carbono neutro en todas las operaciones
y así cumplir con sus compromisos derivados de su adhesión en el 2021 al Programa Ecuador
carbono cero del Ministerio de Ambiente, Agua y transición ecológica.
Sin embargo de ello, el banco reconoce que el principal impacto climático del sector bancario
está en el nanciamiento a sus clientes y, por esta razón, desde 2020 mantiene la Adhesión
a los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas y al Partnership for Carbon
Accounting Financials (PCAF), quienes proporcionan herramientas analíticas para el sector
nanciero que permiten evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales del portafolio,
así como cuanticar las emisiones de CO2 presentes en el nanciamiento. Al momento se ha
calculado las emisiones de los activos hipotecarios y vehiculares, y para el año 2022 se tiene
1 Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD) es una organización que se estableció en diciembre de 2015 con
el objetivo de desarrollar un conjunto de divulgaciones voluntarias de riesgos nancieros relacionados con el clima.
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previsto incluir los créditos comerciales y productivos.
A inicios del 2022 se rmó el compromiso internacional para lograr que la cartera de préstamos
tenga cero emisiones netas en el 2050, formando parte de la Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA)
convocada por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y acreditada por la campaña global Race to Zero. Parte importante de la estrategia
climática del banco contempla el análisis de los riesgos físicos y de transición de la cartera
crediticia, principalmente de los sectores económicos más expuestos y de mayores emisiones
de gases de efecto invernadero como: agricultura, manufactura, construcción y transporte.
Así, respecto a los riesgos físicos, se considera las amenazas climáticas, la exposición de
la cartera y la vulnerabilidad del territorio, y en los riesgos de transición, la exposición, la
sensibilidad y la capacidad de adaptación, obteniendo en ambos casos, un mapa que muestra el
nivel de riesgo climático al que se encuentra expuesto el banco.
Algo que resaltar, dentro de la acción sostenible del Banco Pichincha, es la alianza, desde
octubre de 2019, con el banco holandés Rabobank; la cual, le permitirá nutrirse de una serie
de conocimientos que, por convicción, Rabobank busca diseminar en el mundo para que, así,
sectores como el agroproductivo se vean beneciados. Con esta acción sectorial especíca,
Banco Pichincha pondrá en acción su losofía pro inclusión nanciera -parte del componente
social y económico de la sostenibilidad- al llegar con productos especializados al sector rural
que, para mejorar su productividad y también su preocupación por disminuir el impacto
medioambiental, requiere de apoyo de entidades nancieras que, gracias a sus alianzas
internacionales, sea capaz de ofrecer opciones alternativas que, sobre la losofía y acción de
las micronanzas, contribuyan a la consolidación del desarrollo sostenible en los multiámbitos
que integran el funcionamiento de sociedades como la ecuatoriana.
Como se puede ver, al generarse esta alianza, queda evidenciado que la sostenibilidad promovida
desde el sector nanciero es una preocupación global. En el caso de Rabobank, por ejemplo,
es reconocido como un oferente de servicios nancieros sobre todo para promover actividades
agrícolas en Países Bajos y, de ahí, transferir su experiencia hacia otros países del mundo.
La iniciativa Biocrédito en Banco Pichincha
Para llegar a la implementación de la iniciativa “biocrédito”, Banco Pichincha puso antes en
ejecución algunas actividades y estrategias que se describen a continuación.
El sistema de administración de riesgos sociales y ambientales: En 2015 el banco fue la primera
institución en Ecuador en implementar un sistema de administración de riesgos sociales y
ambientales para crédito (SARAS), el cual contempla la evaluación de riesgos sociales y
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ambientales de la actividad o proyecto del cliente a nanciar, surge a partir del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente con la misión de identicar y promover la adopción
de mejores prácticas ambientales y sociales en las instituciones nancieras.
La primera versión del SARAS se basó en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y
un cuestionario de 6 a 10 preguntas sobre la gestión ambiental y social que la empresa o proyecto
a nanciar, con esta información el área de Sostenibilidad identica, evalúa y administra
los riesgos ambientales y sociales de tal manera que se minimicen las posibilidades que la
institución nanciera asuma los costos transferidos por estos riesgos, la corresponsabilidad
civil/penal y la pérdida de capital.
Los funcionarios del banco que fueron entrevistados reconocieron el gran desafío que implicó, en
ese entonces, esta primera aplicación que de todas formas sirvió para reforzar la sensibilización
de sus personeros, lo cual facilitó posteriores aplicaciones.
En el 2019 y gracias al apoyo técnico de varios fondeadores multilaterales, Banco Pichincha
inició un proceso de actualización de su sistema SARAS con la nalidad de alinearlo a
los requisitos de los fondeadores, las mejores prácticas del sector nanciero, inclusión de
normativas internacionales como los “Estándares de desempeño del IFC” 2 y la obtención de
una calicación de clientes en sostenibilidad. La política de gestión de riesgos ambientales
y sociales para crédito contiene los compromisos frente a la evaluación de riesgos sociales
y ambientales, los roles y responsabilidades de cada una de las áreas que forman parte del
sistema SARAS desde las gerencias hasta los ejecutores y la lista de actividades que el banco
no nanciará. Los principales compromisos que se encuentran publicados en la política son:
1. No otorgar créditos aquellos clientes cuyas actividades comerciales se encuentren dentro
de la lista de actividades no nanciadas.
2. Incluir los resultados y las recomendaciones de la evaluación de riesgos sociales y
ambientales en la toma de decisiones en el otorgamiento de créditos.
3. Fomentar en sus clientes el cumplimiento de la legislación nacional en materia de seguridad
ocupacional, salud, ambiente y asuntos sociales; así, como las mejores prácticas en su
sector de producción.
Estos compromisos, a decir de los funcionarios entrevistados, requirieron una cuidadosa
socialización entre las áreas del negocio del banco con el n de mostrar sus bondades y
necesidad para la sostenibilidad en el largo plazo. Los compromisos de la Política de gestión
de riesgos sociales y ambientales para créditos se encuentran en la página web de Banco para
2 Normas que establecen parámetros de gestión en los temas ambientales, laborales, de seguridad y salud, aplicables a proyec-
tos de inversión, generadas por el multilateral IFC (International Finance Corporation)
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Sostenibilidad en la banca: un estudio de caso en Ecuador
117
el conocimiento de los grupos de interés.
El SARAS comprende una serie de procedimientos, herramientas y guías, que permiten la
identicación de los riesgos sociales y ambientales de los clientes o proyectos a nanciar, con
el n de evitarlos, mitigarlos o compensarlos, de manera que el banco tenga la seguridad de
que la operación nanciada tiene una gestión de sus impactos y no podría verse afectada por
denuncias o multas relacionadas a delitos ambientales o sociales. A través de este análisis el
banco busca evitar eventos no deseados en la cartera de crédito, que afecten la reputación,
garantías y ujo de caja de la organización.
El SARAS categoriza el nivel de riesgo en bajo medio y alto, de acuerdo con la actividad
económica del cliente, a mayor nivel de riesgo mayor profundidad de evaluación. La evaluación
de estos riesgos es un componente que forma parte del análisis y aprobación de un crédito,
aplica a todas las operaciones de crédito productivo a partir de 1 millón de dólares. Las áreas
de Negocio, Riesgo, Legal y Sostenibilidad son actores claves de este proceso.
En el 2021 se desarrolló una herramienta tecnológica denominada SARAS BIZAGI, con la cual
se sistematiza y se agilita el análisis socio ambiental. Otro aspecto importante es la capacitación
y entrenamiento para los usuarios del sistema. Entre las capacitaciones y entrenamientos
realizados durante el 2021 se encuentran:
• Estándares de desempeño del IFC, participaron 24 colaboradores de las áreas de Riesgo,
Comercial, Legal y Desarrollo Sostenible.
• Entrenamiento y capacitación especializada sobre guías sectoriales.
• Nuevo sistema SARAS 2.0 y herramienta, participaron alrededor de 248 colaboradores
de las áreas de Riesgo, Comercial, Legal y Desarrollo Sostenible. Desde el mes de
noviembre del 2021 culminó en su totalidad el diseño del sistema SARAS 2.0, iniciando
su implementación y se prevé poder ejecutar en el mes de junio del año 2022 una primera
auditoría de revisión del sistema.
La calicación de desempeño de sostenibilidad del cliente: comprende un proceso integrado al
Saras 2.0 donde se evaluará la gobernanza, gestión ambiental, social y laboral con el objetivo
de impulsar a los clientes a mejorar progresivamente sus prácticas y liderazgo en temas
sostenibles.
Esta calicación se obtiene de un cuestionario que contempla los temas de Transparencia y
gobernanza, Medio Ambiente, Inversiones en sostenibilidad, Exposición, Cadena de suministro,
Temas sociales y laborales. Se asigna una calicación al desempeño del cliente en las temáticas
mencionadas y los clasica en Pioneros, Básico, Rezagado y Compromiso necesario. Esta
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Diego Raza Carrillo, Wilson Enrique Araque, David Alexander Grey Castillo
calicación permitirá al Banco trabajar en incentivos para los clientes pioneros con la nalidad
de conocer su esfuerzo.
Al igual que el Saras 2.0 desde el mes de noviembre del 2021 inició la implementación y se
espera en el 2022 tener resultados del desempeño de sostenibilidad del portafolio.
Implementación de los Principios de Banca Responsable (PBR): Los Principios de Banca
Responsable representan uno de los principales marcos de referencia para la gestión en nanzas
sostenibles. Esta iniciativa de las Naciones Unidas consta de 6 principios que buscan alinear
al sector bancario con los objetivos de desarrollo y lograr un impacto positivo en la sociedad.
En 2019, Banco Pichincha se comprometió con el cumplimiento de los principios y, desde ese
momento, se ha trabajado en alcanzar varios hitos que permitieron incorporar aspectos ASG3
en la gestión. A continuación, se describe la gestión realizada para cada principio:
1. Alineamiento: El modelo de Gestión Sostenible marca los pilares para que la estrategia
comercial sea coherente, y contribuya a las necesidades de las personas y los objetivos de
la sociedad de manera sostenible.
2. Impacto y establecimiento de metas: Mediante el uso de la herramienta Portfolio Impact
Analysis Tool V2 de la UNEP FI, se analizó los impactos del 100% de la cartera del
Banco 2020 desagregada por segmento, considerando cuatro variables: alcance, escala
de exposición, contexto y relevancia (aspectos económicos, sociales y ambientales) y
nivel de intensidad de los impactos. Al tomar en cuenta los aspectos que tienen mayor
oportunidad de mejora en el país y aquellos que constituyen un impacto positivo y negativo
de la organización, priorizamos el trabajo en dos áreas donde el impacto es relevante: la
inclusión nanciera y el cambio climático.
3. Clientes: El compromiso por generar valor compartido le ha llevado a la Organización a
trabajar en el fortalecimiento de la oferta de productos y servicios con enfoque ambiental
y social.
4. Partes interesadas: Se actualizó el Mapa de Grupos de Interés, utilizando las variables de
dependencia e inuencia, además de un análisis sobre el tipo de relacionamiento, respuesta
al cambio e involucramiento de estos con relación a la gestión del Banco.
5. Gobierno y cultura: Se ha fortalecido la estructura de gobernanza de sostenibilidad,
mediante la formación del Frente de Sostenibilidad e Inclusión, en el cual participan
vicepresidencias como la de Transformación y Negocios, y diversas áreas involucradas
en la ejecución de la estrategia de sostenibilidad a nivel organizacional. Asimismo, el
desempeño del DJSI es un indicador de desempeño clave de la Gerencia General.
6. Transparencia y responsabilidad: Como un ejercicio de transparencia y rendición de
3 Ambientales, sociales y de gobernanza
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Sostenibilidad en la banca: un estudio de caso en Ecuador
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cuentas para los grupos de interés anualmente se publica el progreso del banco en la
implementación de los Principio de Banca Responsable.
Bonos temáticos: Los bonos temáticos son instrumentos esenciales de desarrollo, con cuyos
fondos se pueden nanciar proyectos verdes, sociales o sostenibles. Estos instrumentos permiten
el impulso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y con ella los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Los bonos verdes son un tipo de deuda a través títulos de renta ja, emitidos por organizaciones
privadas y públicas que invierten en las bolsas de valores de cada país. Estos fondos, a
diferencia de otros títulos, tienen que ser utilizados con nes medioambientales. Los bonos
verdes permiten a las entidades nancieras otorgar créditos para nanciar o renanciar, en
parte o en su totalidad, proyectos y emprendimientos sostenibles, nuevos y/o existentes.
En 2019, con el objetivo de apoyar a proyectos sostenibles y en el marco de la iniciativa “Bio,
somos un banco que da vida”, Banco Pichincha fue el pionero en emitir bonos verdes en el
Ecuador, cumpliendo con los criterios de los Green Bond Principles. En diciembre 2020, al
cumplirse un año de la emisión, se otorgaron 30.000 créditos por 150 millones de dólares. Los
inversionistas internacionales que participaron en la compra de estos títulos fueron BID Invest,
del Banco Interamericano de Desarrollo; la Corporación Financiera Internacional (IFC), del
Banco Mundial; y, Proparco, de la Agencia Francesa de Desarrollo.
La primera emisión del bono verde en el país fue un paso muy importante para atraer más
inversión ambiental, abrir el panorama internacional y mostrar a Ecuador como un país
verdaderamente comprometido con el desarrollo sostenible. Gracias a la emisión el banco logró
saltar de una colocación de $35 millones a $153 millones beneciando a más de 30 mil clientes.
Este tipo de iniciativas que impulsan a los clientes al desarrollo de proyectos verdes fortalecen
la cultura medioambiental y ratican el compromiso de Banco Pichincha con el futuro del
planeta. Los funcionarios del banco que fueron entrevistados resaltaron la importancia de estos
resultados como una manera efectiva con la que se pudo fortalecer el compromiso de las áreas
comerciales y de riesgos del banco en estas iniciativas.
De la experiencia se detectó sectores clave para el nanciamiento sostenible, por ejemplo,
el sector inmobiliario acogió favorablemente la inclusión de medidas de eciencia en agua,
energía y materiales en sus proyectos de construcción, resultando en la certicación sostenible
EDGE de más de 3000 unidades de vivienda. El IFC reconoció a 8 empresas latinoamericanas
pioneras por fomentar esta certicación en sus países, por lo tanto, este sector tiene un potencial
hacia la inversión sostenible. Y otro sector es el de agricultura, en Latinoamérica principalmente
uno de los productos primarios son los cultivos, por esa razón el banco está adquiriendo, como
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Diego Raza Carrillo, Wilson Enrique Araque, David Alexander Grey Castillo
se resaltó, capacidades técnicas y comerciales para este sector con Rabobank, institución
nanciera experta en agricultura y alimentos.
La emisión del bono verde en Ecuador generó un impacto mediático muy positivo y, por esa
razón, en diciembre 2020 el Banco Pichincha fue reconocido en el ranking de sostenibilidad
como la empresa más sostenible del Ecuador. Además, se han logrado varios reconocimientos
locales e internacionales fortaleciendo el liderazgo de sostenibilidad.
Características del “biocrédito” en Banco Pichincha
Desde 2019 se fortaleció los créditos verdes en el banco, sin embargo, desde el 2016 ya se
comenzaron a registrar productos especializados de crédito ecológico en su cartera. A través
de los Biocréditos se impulsa a los clientes a considerar en su giro de negocio un crecimiento
más limpio, desarrollar nuevas iniciativas verdes y sostenibles, con el n de crear una garantía
para las futuras generaciones y ofertar un nanciamiento en: energías renovables, eciencia
energética, construcción y vivienda sostenible, producción más limpia, transportación y
agricultura sostenible.
Banco Pichincha es la única institución nanciera en Ecuador en tener una oferta universal de
Biocréditos para todo tipo de clientes en los segmentos comerciales de personas, corporativo,
empresarial, PYME y Micronanzas. Las condiciones comerciales se evalúan para cada
caso, donde puede existir reducción en tasas o mejores plazos. Adicionalmente, se ofrece a
los clientes como parte de la oferta Bio, capacitación, asistencia técnica ambiental y pago de
certicaciones sostenibles.
Los principales criterios utilizados para calicar a un Biocrédito son: Construcción y vivienda
sostenible (construcciones con certicación EDGE, LEED o Breeam), Eciencia energética
(equipos con certicaciones de eciencia, sistemas con ahorro de energía, energías renovables
como la solar, eólica, hidroeléctrica y de biomasa, vehículos híbridos, eléctricos y menos
contaminantes), e Inversiones ambientales (clientes con Certicaciones sostenibles tales como
Global Gap, Bonsucro y mejores prácticas ambientales en el sector agropecuario, sistemas de
ahorro de agua y emisiones, gestión de residuos no peligrosos y reciclaje).
Estos criterios se basan en los mejores estándares internacionales como las normas de desempeño
del IFC, Green Bond Principles, Climate Bonds, y otros. Se reconoce anualmente a clientes con
casos de éxito, que han demostrado una correcta gestión con el ambiente y han comprobado
los múltiples benecios que conlleva el proteger los recursos naturales y cuidar la naturaleza.
Los indicadores resultantes de la iniciativa “Biocrédito”
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Sostenibilidad en la banca: un estudio de caso en Ecuador
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La revisión de los reportes de las certicadoras conrma los siguientes resultados en los tres
últimos años:
• USD 400 millones colocados en los destinos de eciencia energética, agricultura,
transportación, construcción y vivienda sostenible.
• Más de 20 mil clientes beneciarios.
• 40 proyectos de construcción certicados Edge por auspicio del banco.
Los principales impactos positivos de los biocréditos de 2021 fueron:
• $ 191.47 millones desembolsados en destinos de energía renovable, transportación,
agricultura, construcción y vivienda sostenible.
• 9,755 clientes beneciarios.
• 40 clientes beneciarios de asistencias técnicas y de certicaciones sostenibles.
• Más de 196,000 metros cuadrados certicados en construcción sostenible.
• Más de 1,900 toneladas de CO2 reducidos por año.
• Más de 165,000 m3 de ahorro de agua.
• Más de 4,000 Mwh de ahorro de energía.
Los datos de impacto ambiental como los metros cuadrados certicados, el ahorro de emisiones
de CO2, agua y energía son extraídos, como ya se ha dicho, directamente de la información
proporcionada en los certicados (Imagen 1) y documentos de auditoría (imagen 2) de
construcción sostenible Edge. Dichos datos se ha vericado además que hayan sido validados
por el certicador GBCI (Green Business Certication Inc.)4, y que correspondan a aquellos
reportados en la memoria de sostenibilidad del banco. Los datos son presentados de forma
agregada, tomando en cuenta todos los proyectos certicados en el año.
Anualmente en la memoria de sostenibilidad5 se publican los indicadores nancieros y de
impacto de los Biocréditos, incluyendo el número de beneciarios, el desembolso por categoría
de elegibilidad verde e indicadores ambientales por categoría elegible.
Se ha evidenciado de forma paralela un incremento en la cartera Bio, existiendo el compromiso
de la fuerza de ventas para motivar a sus clientes a la inversión sostenible, que deliza relaciones,
apoya que las empresas sean más ecientes, rentables y competitivas.
4 Institución que otorga la certicación EDGE en América del Sur, después de haber recibido la Recomendación del Auditor.
5 https://www.pichincha.com/portal/transparencia/informes-anuales-y-memorias-de-sostenibilidad
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Diego Raza Carrillo, Wilson Enrique Araque, David Alexander Grey Castillo
Figura 1. Certicado EDGE (ejemplo).
Figura 2. Datos del documento de auditoría extraídos del software EDGE (ejemplo).
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Sostenibilidad en la banca: un estudio de caso en Ecuador
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Conclusiones
El caso analizado permite responder a la pregunta de investigación armando que la estrategia
de Banco Pichincha ha contribuido a mejorar el desempeño ambiental de sus clientes, en lo
relacionado a reducción de sus emisiones de CO2, reducción de consumo de agua y reducción
de consumo de energía. Además, el caso muestra el importante impacto en la mitigación
del cambio climático que puede tener la banca cuando toma esta responsabilidad de manera
técnica, responsable y sostenida en el tiempo. Los bancos tienen una herramienta poderosa
para promover el cambio ya que a través de la nanciación (o la no nanciación) de ciertas
actividades, pueden o no impulsar el crecimiento de sectores altamente contaminantes o de
aquellos responsables con su impacto ambiental. Es un deber incentivar y promover que las
empresas minimicen sus riesgos ambientales y sociales.
El contar con un futuro sostenible al 2050 es un reto enorme. Sin embargo, el trabajo colaborativo
y la conciencia que crece cada día más en los líderes empresariales es un factor que podría
llevar a que el mundo sea más sostenible en un futuro cercano.
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ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Alejandra A. Retamal Retamal
anretama@uc.cl
Ponticia Universidad Católica de
Chile
Facultad de Derecho - Centro UC de
la Familia
ORCID: 0000-0003-2041-326X
Nicole A. Elizondo Orellana
nelizondo@uc.cl
Ponticia Universidad Católica de
Chile
Facultad de Derecho - Centro UC de
la Familia
Facultad de Derecho
ORCID: 0000-0003-1984-0782
Recibido: 1/12/22
Aceptado: 31/12/22
KAIRÓS, Vol. (6) No.11, pp. 126-146, Julio - Diciembre 2023
FAMILIA QUE CUIDA: UN
ANÁLISIS RESPECTO A LA
VALORIZACIÓN DE LA OFERTA
PÚBLICA DIRIGIDA A LOS
CUIDADOS EN CHILE
FAMILY THAT CARES: AN
ANALYSIS REGARDING THE
VALUATION OF THE PUBLIC
OFFER DIRECTED TO CARE IN
CHILE
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.07
ISSN No. 2631-2743
,
KAIRÓS, Vol. (6) No.11, pp. 126-146, Julio - Diciembre 2023
Resumen
Se propone relevar la percepción de los cuidados con el
objeto de identicar las dicultades de las familias en las
comunas de Chile. Se utiliza como metodología el estudio
de opinión: “Percepciones sobre los cuidados en la familia
en Chile”. Se realiza un análisis descriptivo sobre los
cuidados y la opinión de las cuidadoras no remuneradas de
niños, personas mayores y/o en situación de discapacidad
de la Región Metropolitana de Chile. Particularmente, se
indaga sobre la valorización de la oferta pública dirigida
a los cuidados en estos tres ámbitos. Además, se pretende
identicar y comprender los obstáculos que impiden a
los cuidadores acceder a la oferta pública existente en el
país. Se contribuye a identicar los desafíos para acceder
y perfeccionar las políticas públicas, así como atender las
necesidades de los cuidadores y fortalecer la oferta pública
de cuidados de la Región Metropolitana de Chile.
Palabras clave: Familia, Cuidados familiares,
Mujer, Política Pública, Región Metropolitana, Chile.
Abstract
It is proposed to survey the perception of care in order to
identify the diculties of families in the communes of
Chile. The opinion study: “Perceptions about family care
in Chile” is used as a methodology. A descriptive analysis
is carried out on the care and opinion of unpaid caregivers
of children, the elderly and/or people with disabilities in the
Metropolitan Region of Chile. Particularly, it inquires about
the valorization of the public oer aimed at care in these three
areas. In addition, it is intended to identify and understand the
obstacles that prevent caregivers from accessing the existing
public oer in the country. It contributes to identifying the
challenges to access and improve public policies, as well as
to meet the needs of caregivers and strengthen the public
oer of care in the Metropolitan Region of Chile.
Keywords: Family, Family Care, Women, Public
Policy, Metropolitan Region, Chile.
FAMILIA QUE CUIDA: UN
ANÁLISIS RESPECTO A
LA VALORIZACIÓN DE LA
OFERTA PÚBLICA DIRIGIDA A
LOS CUIDADOS EN CHILE
FAMILY THAT CARES: AN
ANALYSIS REGARDING THE
VALUATION OF THE PUBLIC
OFFER DIRECTED TO CARE IN
CHILE
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.07
Alejandra A. Retamal Retamal, Nicole A. Elizondo Orellana
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 126-146. Segundo Semestre de
2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.07
128
1. Introducción
La familia juega un papel fundamental en las labores de cuidados de las personas en situación
de dependencia a lo largo del ciclo de vida, y en particular son las mujeres quienes ejercen
con mayor frecuencia los cuidados en el ámbito doméstico (Batthyány, 2015). En las últimas
décadas diversos estudios teóricos y empíricos dan cuenta de la importancia de los cuidados
producto de las transformaciones sociodemográcas (Pedrero, 2011; Ullmann, Maldonado y
Nieves, 2014; Jelin, 2007).
En Chile hay poca evidencia empírica relacionada con el cuidado en términos de dimensiones
socioeconómicas, género o lugar de residencia y, menos aún, que identique a los distintos
grupos de personas que son sujeto de cuidado, y, que evidencien -en general o en especíco- la
percepción sobre los diversos aspectos de los cuidados no remunerados. Efectivamente, uno de
los primeros instrumentos que reconoce en sus resultados algunos aspectos de lo que se conoce
como “cuidado no remunerado” fue la “Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2015” (ENUT
2015), en la cual se identica a la mujer como la principal cuidadora de niñas y niños entre los
0 y 4 años.
Por otra parte, el estudio “Mujeres trabajando: una exploración al valor del trabajo y la calidad
del empleo en Chile” de la Fundación Sol, advierte que la entrada de la mujer al mercado laboral
no implica que dejen de realizar labores de cuidado, quienes son las que realizan principalmente
esta labor (Fundación Sol, 2015). Anterior a aquello, el Estado chileno ya había comenzado
a identicar ciertos lineamientos de un sistema de cuidados, pero ninguno de los recursos o
programas identicaban la temática de estudio como su objetivo principal (BCN, 2012).
Lo cierto es que el trabajo de cuidados implica dos tipos de actividades: “las actividades de
cuidado directo, personal y relacional, como dar de comer a un bebé o cuidar de un cónyuge
enfermo, y las actividades de cuidado indirecto, como cocinar y limpiar” (OIT, 2019: 27), siendo
las mujeres quienes asumen ambas actividades que conllevan una alta carga de trabajo a los
cuidados; lo que presupone repercusiones físicas y emocionales para los cuidadores principales.
Datos de encuestas sobre la calidad de vida de los cuidadores resaltan la afectación negativa en
la calidad de vida de las familias especialmente en los cuidadores de ancianos y discapacitados
(Ferraz dos Anjos et al., 2013, Maldonado et al., 2016, Ávila y Vergara, 2014; Losada et al.,
2006), lo que desencadena el llamado “síndrome del cuidador” (Martínez, 2020) el cual es
producto del desgaste, cansancio, estrés y fatiga física.
A pesar de lo anterior, existe una disposición natural de los integrantes de la familia para
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 126-146. Segundo Semestre de
2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.07
Familia que cuida: un análisis respecto a la valorización de la oferta pública dirigida a los cuidados en chile
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realizar estas labores (Von Saenger et al., 2023), las cuales se refuerzan con la contribución
de servicios de apoyo (por ejemplo: servicios de asesoramiento, servicios de salud mental
familiar) y servicios complementarios (por ejemplo: atención domiciliaria, cuidado diurno de
adultos, etc.) (Kaplan y Berkman, 2021; Committee on Family Caregiving for Older Adults et
al., 2016).
¿Cómo se percibe en general el rol familiar del cuidado? En la opinión general de las personas
o de quienes cuidan ¿Qué rol cumple el Estado respecto al sujeto que recibe los cuidados y
respecto de quien los proporciona? ¿Cómo se percibe esta relación? A partir de lo anterior,
este artículo realizará un análisis exploratorio y descriptivo sobre los cuidados y la opinión de
las cuidadoras no remuneradas que se encargan de niños, personas mayores y/o personas en
situación de discapacidad en la Región Metropolitana de Chile.
El objetivo principal es investigar la valorización de la oferta pública de cuidados en tres ámbitos
especícos: el desempeño del Estado en la provisión de servicios de cuidado, la importancia
de la familia y su contribución en este ámbito, y los obstáculos que dicultan el acceso a la
oferta pública existente en el país. Esto permitirá obtener una comprensión de las experiencias,
perspectivas y necesidades de las cuidadoras no remuneradas en la Región Metropolitana; y
además contribuir a identicar los desafíos actuales en el acceso a la oferta pública de cuidados
y proporcionará información valiosa para mejorar y perfeccionar las políticas públicas en esta
área.
Al abordar los tres ámbitos mencionados, se espera aportar a identicar las brechas y evaluación
de las políticas y la oferta pública, a n de atender las necesidades de las cuidadoras no
remuneradas y fortalecer la oferta pública de cuidados en la Región Metropolitana.
1.2. Determinantes de los cuidados familiares
La denición teórica y medición del cuidado recae en múltiples y diversos elementos en debate
dada la complejidad del término (Arriagada, 2010). Así, la literatura empírica ha abordado los
cuidados desde diversos enfoques y disciplinas complementarias (Tronto, 1993). La denición
comúnmente utilizada hace referencia a que los cuidados “son la prestación remunerada o
no remunerada de apoyo en el cual intervienen actividades que implican un trabajo y estado
afectivos. Los prestan principalmente, aunque no exclusivamente, mujeres, tanto a personas
adultas sanas como a personas dependientes y a los niños y niñas, en la esfera pública o en la
esfera doméstica” (Thomas, 2011: 169).
A ello se agrega lo sostenido por Arriagada quien señala que “el cuidado reere a los bienes
y servicios, actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir
en un hábitat propicio” (Arriagada, 2010: 58) por su parte Batthyány arma que el cuidado
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implica el cuidado material, económico y sicológico (Batthyány, 2021), es decir, incluye
factores emocionales, motivacionales y relacionales (Esquivel, 2011). El soporte de los
cuidadores ha sido esencial para atender a las necesidades de aquellos integrantes de la familia
que se encuentran en situación de dependencia (edad, condición o capacidades) como sucede
con las personas enfermas, en situación de discapacidades, tercera edad y/o niños (Rico y
Robles, 2016), concentrando esta labor principalmente en la gura femenina (Vera et al, 2016;
Marrugat, 2005).
Aunque se tiende a considerar que los integrantes de la familia son responsables del cuidado
del otro, el límite de las obligaciones liales y maritales varía en las distintas culturas, de
acuerdo con la familia, y cada integrante en particular (Kaplan y Berkman, 2021). Esa relación,
corresponde a uno de los factores internos que determinan -o condicionan- la graduación de
la calidad del cuidado. Junto con los factores internos, es posible establecer otros de carácter
externo. Dentro de aquellos que logran inuir en la calidad de cuidados entregados por la familia,
podemos mencionar especialmente al menos 6 componentes de los cuidados: 1) Existencia de
un cuidador subrogante1; 2) Grado de dependencia; 3) Factores socioeconómicos; 4) Estructura
de la familia; 5) Calidad de las relaciones familiares; 6) Servicios de apoyo en el territorio.
Para efectos del presente artículo, nos concentramos los servicios y la oferta programática
pública destinada a los cuidados, y como estos se relacionan con la familia que los proporciona.
En primer lugar, se ha evidenciado que cuanto mayor sea la inversión estatal en los servicios
públicos y sociales, más aumenta la probabilidad de que los cuidadores principales dediquen
menos tiempo al trabajo doméstico y de cuidados. La escasez de oferta pública de servicios sólo
profundiza la desigualdad respecto a las familias con menores ingresos, pues quienes mayor
poder adquisitivo, podrán siempre contar con cuidadores formales remunerados (Moreno-
Salamanca, 2018).
Por otra parte, la escasa distribución de los cuidados entre hombres y mujeres en la familia,
las limitaciones de los sistemas de protección social y la escasez de los servicios públicos
para proveer de cuidados, se traduce en una transferencia de este a otras mujeres de diferentes
generaciones, estatus socioeconómicos o nacionalidades. Lo anterior, tiene un doble efecto:
por un lado, se abren nuevas oportunidades laborales para muchas mujeres dentro y fuera de
los hogares; por otro lado, se reparten los cuidados entre mujeres de diferentes generaciones de
las redes familiares (Martin Palomo, 2008; Mussida y Patimo, 2021).
En los estados de bienestar de países principalmente europeos, las políticas hacia los cuidados
1 El cuidado subrogado, se reere principalmente a programas se asistencia al cuidado (conocidos como “programas de rele-
vos”), el cual puede entregarse directamente en los domicilios, a través de centros de cuidados diurnos, hogares de ancianos,
etc. (Bakerjian, 2020).
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se han congurado en torno al modelo que combina la responsabilidad pública (Estado), la
provisión del mercado y la participación de las redes familiares (Simonazzi, 2009). Sin embargo,
el estado general de los países es que se encuentran ante una escasa oferta programática en
transferencias monetarias o directas provistas por el Estado en materia de cuidados (Addati et
al., 2018).
Así sucede en América Latina, donde los cuidados han recaído principalmente en la familia
debido a componentes culturales—tales como la división sexual del trabajo y los estereotipos
de género—así como al enfoque de las políticas sociales asistencialistas (Addati et al., 2018).
Ello ha signicado que la organización social del cuidado (Rodríguez y Pautassi, 2014) recaiga
principalmente en el ámbito privado y familiar (Arriagada, 2011) siendo las mujeres las
principales cuidadoras.
En base a lo expuesto, resulta relevante indagar acerca del estado actual de la oferta programática
de cuidados familiares en Chile.
1.3. La oferta programática de los cuidados en Chile
En Chile, la institucionalización de los cuidados se encuentra “sustentada en la dependencia
sistemática de la familia para la provisión de este trabajo” (Acosta, 2018: 15). A pesar de
los cambios demográcos, la familia mantiene el rol principal de cuidados, en especial, los
desempeñados por mujeres como sucede a nivel global. En términos generales, el tratamiento
de los cuidados hacia los niños y niñas, personas mayores y/o en situación de discapacidad
o enfermos se encuentra bajo una amplia y diversicada oferta de programas públicos que
emanan desde el nivel central.
Ello nos remota a una destacada institucionalidad de la política social en Chile que se comienza
a consolidar desde el retorno a la democracia en 1990. Así, surgen la creación del Servicio
Nacional de la Mujer (SERNAM) (Ley Nº 19.023 de 1991), el Instituto Nacional de la Juventud
(INJUV) (Ley Nº 19.042 de 1991), el Fondo Nacional de Discapacidad (Ley Nº 19.284 de
1994) y la Comisión del Adulto Mayor, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)
(Ley Nº 20.422 de 2019), entre otros.
Solo a partir del año 2000 comienzan a congurarse en torno a la protección social destacando,
una notable extensión en cobertura y monto de los benecios sociales. Dentro de dichas políticas,
destacan los logros en cobertura y acceso a servicios básicos en salud y educación, un ejemplo
de ello ha sido el programa Chile Solidario (2002), el Plan Auge (2003), la Ley Nº 20.379 que
crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección
Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo” (2009), el Subsistema de Protección Integral a
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la Infancia Chile Crece Contigo (2016), el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades
(2012), el Registro Social de Hogares -en reemplazo a la Ficha de Protección Social- (2015) y
el Sistema de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida” (2015), entre otros.
Se puede señalar -respecto a este último programa- que es el único que tiene como objeto de
política pública a los cuidados familiares propiamente tal. Este sistema, también llamado “Chile
Cuida”, tiene como principal propósito “acompañar y apoyar a través de diferentes servicios,
a las personas en situación dependencia, sus cuidadores, sus hogares y su red de apoyo” para
mejorar el bienestar de los cuidadores familiares y la persona dependiente funcional. Desde
el 2017, el benecio se materializa a través del programa Red Local de Apoyos y Cuidados
(PRLAC), condicionado al 60% de los hogares más vulnerables de acuerdo con el Registro
Social de Hogares y con al menos un integrante en situación de dependencia por edad o
discapacidad.
Dicho programa se encuentra focalizado en 1.896 hogares de 22 municipios de un total de 346
a nivel nacional2. La proyección es aumentar progresivamente la cobertura hacia el 100% para
el 2023. Sin embargo, en términos de la evaluación de indicadores de gestión, el programa
ha estado determinado por las deciencias evaluadas en el plan piloto, las que señalan la
dicultad de la instalación de la red local, la limitada cobertura de comunas participantes,
la inexistencia indicadores y metas de evaluación, las falencias en la coordinación inter e
intrasectorial, especialmente en los municipios quienes no cuentan con facultades vinculantes,
entre otras (Dipres, 2020). Complementan el sistema “Chile Cuida” alrededor de 19 programas
sociales destinados a los cuidados de niños y niñas, personas mayores y personas en situación
de discapacidad.
En términos de cobertura (tabla 1), la mayoría de estos programas se encuentran implementados
a nivel nacional.
Nuestra actual legislación, no tiene una regulación sistematizada de los cuidados no
remunerados3, sin perjuicio de establecer ciertos benecios:
1. En materia laboral relacionados con los permisos pre y postnatal, por enfermedad de los
hijos menores de dos años, permisos por enfermedad del hijo mayor (sin goce de sueldo),
2 Según las proyecciones de la evaluación ex ante realizada por Dipres, se proyecta la expansión a 40 nuevas comunas
(Dipres, 2020)
3 Sin perjuicio de lo descrito, debemos mencionar que existen dos instrumentos internacionales que han orientado las políti-
cas de reconocimiento de cuidado. En primer lugar, el Convenio Número 156, sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares, del año 1981 de la Organización Internacional de Trabajo (raticado por Chile el año 1994). Este instrumento,
insta a los Estados a procurar que los trabajadores puedan compatibilizar tanto las tareas de cuidado y como aquellas relacio-
nadas con el ámbito laboral; y -por otra parte- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, raticada por Chile el año 1989, que -en su preámbulo- insta a los Estados a procurar políticas que igualen las
condiciones de hombre y mujeres, para lograr una responsabilidad compartida em cuanto a los hijos.
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sala cuna para niños menores de dos años, entre otros, como la Ley Sanna (2018), la cual
se comentará más adelante.
2. Ley N° 21.391, la cual establece que, por causas excepcionales, el empleador podrá ofrecer
al trabajador padre, madre y/o cuidador de niños o niñas o personas con discapacidad, la
posibilidad de trabajar a distancia o teletrabajo.
3. Ley N° 21.380, la cual modica la Ley N° 20.584, con el n de establecer para los
cuidadores de personas mayores de 60 años o personas con discapacidad, el derecho de ser
atendidos en forma preferencial ante algunas entidades gubernamentales.
Tabla 1. Oferta programática según tipo de población, 1990-2021
Población Oferta programática
Niños
y niñas
Jardín infantil clásico (1971)
Centro para hijos/as de Cuidadores Principales Temporeros (1991)
Programa Extensión horaria (1994)
Programa Vacaciones en mi Jardín (2002)
Programa 4 a 7 (2011)
Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas (2018)
Personas
mayores
Programa Atención Domiciliaria para personas con dependencia severa (2006)
Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) (2007)
Apoyo integral al Adulto Mayor – Vínculos SSYOO (2007)
Pensión Básica Solidaria de Invalidez (2008)
Condominio de viviendas tuteadas para adultos mayores (2010)
Programa Hospitalización Domiciliaria (2011)
Fondo Subsidio ELEAM (2013)
Cuidados Domiciliarios (2013)
Centros Diurnos del Adulto Mayor (2013)
Red Local de Apoyos y Cuidados (2017)
Personas
discapacitadas
Programa Residencias y Hogares Protegidos (1998)
Programa Hospitalización Domiciliaria (2011)
Programa Tránsito a la Vida Independiente (2016)
Pago a Cuidadores de Personas con Discapacidad (2016)
Red Local de Apoyos y Cuidados (2017)
Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas (2018)
Fuente: elaboración propia
Alejandra A. Retamal Retamal, Nicole A. Elizondo Orellana
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Sin perjuicio de lo anterior, también existe la obligación principal de cuidado a los niños, niñas
y adolescentes, y a nuestros ascendientes en nuestro actual Código Civil (artículos 222 y 223).
Respecto a las instituciones que lideran la oferta programática, se encuentran como organismos
ejecutores los Subsecretaria de Servicios Sociales (Ministerio de Desarrollo Social y
Familia), Subsecretaria de Redes Asistenciales (Ministerio de Salud), SENAMA, SENADIS,
SERNAMEG, Fundación Integra, Instituto de Previsión Social (Ministerio del Trabajo y
Previsión Social) y la Superintendencia de Seguridad Social. Para la implementación de los
programas y benecios, los organismos ejecutores requieren de la colaboración de organismos
públicos o privados sin nes de lucro. Así, fundación, ONGs, Municipalidades e instituciones
de benecencia juegan un rol clave para el despliegue a nivel local.
1.3.1. Personas mayores
Los programas hacia los cuidados de personas mayores se encuentran diseñados de acuerdo
con los grados de dependencia. Así, el aumento de longevidad de la población implica no sólo
una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas, sino que también implica
una mayor prevalencia de discapacidad y limitaciones funcionales y cognitivas que afectan la
independencia en el diario vivir de los adultos mayores (Superintendencia de Salud, 2008).
Las políticas públicas consideran “dependencia leve” (aquellas personas mayores que necesitan
ayuda de terceros o tienen dicultad de realizar actividades como ejercicios extenuantes o
intensos, caminar largas distancias, etc.); “dependencia moderada” (aquellas personas mayores
que declara que necesita ayuda de terceros o tienen dicultad para subir escaleras, bañarse,
vestirse, comer, salir de su cama, etc.); “dependencia severa” (aquellas personas mayores que
están gravemente dicultadas o imposibilitadas en la realización de sus actividades cotidianas,
requiriendo del apoyo o cuidados de una tercera persona y no logran superar las barreras del
entorno o lo hacen con gran dicultad) (Superintendencia de Salud, 2008).
En cuanto a los programas de apoyo integral y cuidados domiciliarios, en su mayoría, están
destinados principalmente al grupo etario de 60 años o más, afectados con un grado de
dependencia severa que no recibe cuidados familiares. Entre ellos: los Establecimientos de
Larga Estadía ELEAM (2007) y el programa de Cuidados Domiciliarios (2013). Desde el año
2017, se implementó en las comunas la “Red Local de Apoyos y Cuidados”, el cual va dirigido
tanto al quien recibe los cuidados como al familiar que los proporciona.
1.3.2. Niños y niñas
Respecto a la oferta pública destinada a los niños y niñas, a menor edad de este grupo, mayor es
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el grado de dependencia. La dependencia entonces se encuentra supeditada a la satisfacción de
necesidades relacionadas por su poca autonomía y bajo sentido de autoprotección, por lo que
las políticas públicas existentes se encuentran dirigidas a madres y/o padres que requieren de
servicios de cuidado en apoyo a la participación en el mercado laboral de estos.
Dentro de la oferta programática, destacan el programa “4 a 7” 4 (2011), “Vacaciones en mi
Jardín” (2002) y programa “Extensión horaria” (1994), el cual se entienden directamente
relacionados con apoyar a los cuidados familiares. Por otra parte, cobra relevancia la red de
salas cunas y jardines infantiles del sistema público, que, si bien son benecios dirigidos a
niños y niñas, permite que muchas mujeres puedan desarrollarse laboralmente. Por último, el
programa “Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas” conocido como Ley Sanna (2018),
se da en el contexto del padecimiento de enfermedades graves del hijo o hija, para que madre
o padre puedan ausentarse justicadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, con
el propósito de prestarles atención, acompañamiento o cuidado.
1.3.3. Personas en situación de discapacidad
Finalmente, la oferta programática hacia las personas en situación de discapacidad-entendiendo
este concepto como toda restricción o ausencia (debida a una deciencia) de la capacidad de
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser
humano (OMS, 2001)- según su grado de dependencia respecto de los cuidados que necesita
para desenvolverse en la vida diaria, se han graduado principalmente en severa, moderada y
leve, dependiendo de la autonomía para realizar actividades básicas o instrumentales de la
vida diaria (SENADIS, 2017) . Pero la dependencia -en este grupo- también está determinada
por el contexto físico y social, por lo que su relación con la discapacidad depende de los
acomodamientos comportamentales y sociales (Zunzunegui, 2011)5.
Las políticas públicas para este grupo se han centrado en los cuidados y seguridad social por
motivos de incapacidad. Así, se encuentran el programa Atención Domiciliaria para personas con
dependencia severa (2006), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (2008), Pago a Cuidadores
de personas con Discapacidad (2016), entre otros.
4 Este programa ha sido implementado en más de 179 comunas, abarcando más de 300 colegios. Benecia a aquellas muje-
res económicamente activas que tengan 18 a 65 años de edad, y que se sean responsables del cuidado de niños o niñas de 6 a
13 años (SERNAMEG, 2022).
5 Así, los nuevos modelos de discapacidad consideran que la modicación del entorno físico y social puede favorecer las
estrategias de acomodamiento que permiten mantener la autonomía a las personas con discapacidades. Por ello, el resultado
del proceso de discapacidad se evalúa no sólo por la capacidad de llevar a cabo las actividades de la vida diaria, sino también
por la participación en la vida productiva, generativa, de la comunidad, social y cívica (Zunzunegui, 2011).
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2. Metodología
2.1. Estudio de opinión: Percepciones sobre los cuidados en la familia en Chile.
El estudio de opinión “Percepciones sobre los cuidados en la familia en Chile”, fue realizado
por el Centro UC de la Familia de la Ponticia Universidad Católica de Chile, y tuvo por objeto
indagar en la opinión de la población mayor de 18 años respecto a los cuidados en la familia de
los niños y niñas, personas mayores y/o en situación de discapacidad.
Es un estudio de tipo cuantitativo y su diseño es tipo exploratorio, descriptivo y transversal.
La técnica de recolección se realizó mediante la técnica de la encuesta (Babbie, 1988) y fue
aplicada a través de vía formulario online “Google Forms”, por tanto, fue autoadministrado en
modalidad online y sincrónica entre el 21 de septiembre al 21 de octubre de 2021.
El muestreo fue no probabilístico combinando dos tipos de selección, por muestreo por
conveniencia complementado con el muestreo por bola de nieve. Sin cuotas. La participación
del estudio de opinión se realizó bajo el resguardo de datos personales y de forma anónima,
voluntaria y condencial bajo la aceptación de un consentimiento informado aprobado por el
Comité Ético Cientíco en Ciencias Sociales de la Ponticia Universidad Católica de Chile.
Del total de personas, 4.089 personas respondieron el cuestionario online de las cuales, en
tanto, 4.033 consintieron el uso de sus respuestas. De la muestra total válida (N= 4.033), este
análisis se enfoca en las mujeres que desempeñan labores de cuidado no remuneradas en la
Región Metropolitana (N=597). Aunque el estudio abarca las 16 regiones del país, es importante
advertir al lector que la tasa de respuesta más alta se encuentra en la Región Metropolitana
(71.3% de respuesta). Con el n de evitar una representación desproporcionada de la realidad
nacional, se tomó la decisión metodológica de centrarnos en esta región. Es relevante que el
lector tenga en cuenta esta información, ya que en cuestionarios en línea es común que exista
un sesgo de cobertura que pueda afectar a la muestra (Sue y Ritter, 2007: 7).
2.2. Tratamiento de variables
El cuestionario del “Estudio de opinión: Percepciones sobre los cuidados en la familia en Chile”
(Centro UC de la Familia, 2022) consta de un total de 4 ejes de estudio: 1) Perl sociodemográco,
2) Cuidados familiares, 3) Efectos de la pandemia Covid-19 sobre los cuidados y 4) Valoración
hacia los cuidados. Para efectos del análisis exploratorio y descriptivo, en este artículo, nos
enfocaremos en dos de estos ejes: 1) Perl sociodemográco y 2) Valoración hacia los cuidados.
Para construir el perl sociodemográco, se utilizan las variables: “Sexo”, “Nivel educativo”,
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“Estado civil”, “Edad”, “¿Tiene a alguien bajo su cuidado y no recibe una remuneración?” y
“¿A quién cuida?”.
En relación con el segundo componente que aborda la valorización de los cuidados, se utilizan
las variables relativas al desempeño del Estado en la provisión de servicios de cuidado, la
importancia de la familia y su contribución en este ámbito y los obstáculos que dicultan
el acceso a la oferta pública existente en el país. Estos dos ejes de estudio nos permitirán a
través de las preguntas tener una visión más completa de las percepciones y experiencias de las
cuidadoras no remuneradas en la Región Metropolitana.
2.3. Caracterización sociodemográca de la muestra
Respecto a la caracterización sociodemográca de la muestra de las cuidadoras no remuneradas
en la Región Metropolitana, se observan las siguientes tendencias:
Distribución por sexo: La encuesta muestra que un 81.3% de las cuidadoras no remuneradas
de la Región Metropolitana son mujeres, mientras que solo el 18.7% son hombres. Estos
resultados reejan una clara diferencia en la participación de género en la labor de cuidado
no remunerado y doméstico, con una predominancia de las mujeres en este rol.
Composición etaria: En cuanto a la composición etaria de las mujeres cuidadoras, se
observa que el perl se concentra en los rangos de edad de 40-49 años (28.1%), 30-39
años (24.1%) y 50-59 años ( 16.9%). También se identican grupos más pequeños en los
rangos de 60-69 años (6.0%), 18-29 años (4.4%) y 70 años o más (1.9%).
Estado civil: El estado civil predominante entre las mujeres cuidadoras no remuneradas
es el de casadas (40.9%), seguido de solteras (20.6%), separadas o divorciadas (9.8%),
convivientes (9.1%) y viudas (1.0%).
Nivel educacional: En cuanto al nivel educativo de las mujeres cuidadoras, se observa que
lideran aquellas con postgrado (36.9%) y con educación universitaria completa (32.8%).
En menor medida se encuentra quienes posee educación técnica (5.2%), educación
universitaria incompleta (5.0%) y educación media (1.4%). La muestra no registra mujeres
con nivel educacional básica.
Tipo de población al cuidado: De las cuidadoras no remuneradas, se observa que la mayoría
se dedica al cuidado de niños y niñas (51.1%), seguido por el cuidado de personas mayores
(21.5%) y personas en situación de discapacidad (8.7%).
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En resumen, los datos revelan un perl sociodemográco de las cuidadoras no remuneradas en la
Región Metropolitana, caracterizado por una predominancia de mujeres casadas, especialmente
en los grupos de edad de 30 a 59 años. Además, se destaca una alta proporción de cuidadoras
con niveles educativos superiores, lo cual puede tener implicaciones en la calidad y ecacia
del cuidado brindado. En términos de los tipos de población que las cuidadoras atienden, se
destaca el cuidado de niños y niñas como el grupo más común, seguido por personas mayores
y personas en situación de discapacidad.
3. Análisis de datos: opinión respecto a la valorización de la oferta pública dirigida a los
cuidados en Chile.
3.1. Evaluación del Estado en la provisión de servicios de cuidado
En primer lugar, respecto a la evaluación en general del Estado y su contribución a los cuidados,
un 75.9% de mujeres cuidadoras se mostraron de acuerdo con la armación de que los cuidados
son un derecho. Este resultado reeja una visión que reconoce la importancia de los cuidados
y la necesidad de que las personas tengan acceso a ellos como un derecho fundamental. Esto
destaca la importancia de la protección social y la responsabilidad del Estado en la garantía de
los cuidados.
Conectado a esta idea, se encuentra que un 75.6% de las cuidadoras arman que los cuidados
son servicios sociales esenciales, lo que indica la percepción de que los cuidados contribuyen
al bienestar y la calidad de vida de las personas en situación de dependencia.
Respecto a la armación que considera el reconocimiento al trabajo de cuidado como valioso y
necesario, y que debe ser compensado económicamente, un 70% de las cuidadoras manifestaron
estar de acuerdo con la armación. Esta perspectiva pone de relieve la importancia de valorar
y compensar/retribuir económicamente el trabajo de cuidado.
Finalmente, un 45% de las cuidadoras expresan que los cuidados deben ser institucionalizados a
través de programas sociales. A diferencia de los resultados anteriores, esta armación muestra
una menor preferencia, ya que menos de la mitad de las cuidadoras están de acuerdo con ella.
Este resultado sugiere que puede haber diversas razones por las cuales algunas cuidadoras
no están de acuerdo con la institucionalización de los cuidados, como preferir la atención
familiar, tener preocupaciones o desconocimiento sobre la oferta programática pública o tener
experiencias negativas previas.
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Tabla 2. Evaluación del estado en la provisión de servicios de cuidado
Recuento: mujeres
cuidadoras RM De acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo En desacuerdo Total
Los cuidados son un derecho. 75.9% 4.8% 0.7% 81.3%
Los cuidados deben ser
remunerados. 70.0% 9.9% 1.4% 81.3%
Los cuidados son servicios sociales
esenciales. 75.6% 5.2% 0.5% 81.3%
Los cuidados deben
institucionalizarse en programas
sociales.
45.0% 28.1% 8.3% 81.3%
Fuente: elaboración propia
Es importante destacar que estos resultados reejan las percepciones y preferencias de las
mujeres cuidadoras de la Región Metropolitana, quienes tienen un alto nivel educativo. A pesar
de esta característica, existe un reconocimiento generalizado del rol del Estado en los cuidados,
incluyendo la consideración de los cuidados como un derecho, la necesidad de remunerar el
trabajo de cuidado y en menor medida, la importancia de la institucionalización a través de
programas sociales.
3.2. El rol fundamental de la familia y su contribución en el ámbito de los cuidados
Los resultados de las preguntas muestran una ambivalencia en las percepciones de las cuidadoras
en relación con el rol de la familia en los cuidados. Un número signicativo de cuidadoras no
se posiciona claramente ni de acuerdo ni en desacuerdo con la idea de que los cuidados deben
estar a cargo de la familia (47.8%), así como de la externalización de los cuidados por servicios
y/o personas fuera de la familia (54.9%).
Esta ambivalencia puede deberse a la complejidad y diversidad de las situaciones familiares
y contextos en los que se desarrollan los cuidados. Asimismo, es importante considerar el
contexto cultural y social de Chile, en cual se valora la importancia de la familia y los cuidados
que esta brinda. Estos aspectos pueden inuir en las percepciones de las cuidadoras acerca del
papel que desempeña la familia en la provisión de cuidados.
Además, se puede observar una conexión entre estas percepciones ambivalentes y los obstáculos
identicados en el acceso a la oferta pública del Estado (Apartado 5.3). El desconocimiento y
las barreras para acceder a los servicios pueden inuir en la percepción de la responsabilidad
de la familia y en la consideración de la externalización de los cuidados.
Alejandra A. Retamal Retamal, Nicole A. Elizondo Orellana
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 126-146. Segundo Semestre de
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Estas determinaciones resaltan la necesidad de comprender las necesidades y demandas de las
familias cuidadoras, particularmente las mujeres quienes valoran el rol y la contribución del
Estado pero que, también se inclinan por ejercer la provisión de dichos cuidados.
Tabla 3. Evaluación de los cuidados familiares
Recuento: mujeres
cuidadoras RM De acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo En desacuerdo Total
Los cuidados deben estar a cargo
de la familia. 19.9% 47.8% 13.6% 81.3%
Los cuidados deben estar
externalizados por servicios y/o
personas fuera de la familia.
12.9% 54.9% 13.5% 81.3%
Fuente: elaboración propia
3.2. Obstáculos en el acceso a la oferta pública de cuidados: identicación y comprensión
En términos generales, se aprecia que el principal obstáculo identicado por las cuidadoras de
la Región Metropolitana para acceder a la oferta pública es el no calicar con los requisitos
o criterios para acceder a los benecios y programas sociales (41%). Esta situación pone de
maniesto la existencia de barreras y criterios de elegibilidad que pueden limitar el acceso a
los servicios y recursos públicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la percepción
sobre los benecios sociales y el acceso a la oferta pública puede variar según el nivel
socioeconómico de las cuidadoras. En la caracterización de la muestra, se demostró que las
cuidadoras de la Región Metropolitana poseen un alto nivel educativo, lo cual puede inuir en
sus percepciones y experiencias en relación con los benecios y programas sociales.
Además de ello, un 11.4% de las mujeres cuidadoras indicaron que los benecios sociales
están limitados a ciertos segmentos de la población. Esta percepción sugiere una preocupación
por la inequidad y la falta de universalidad en los programas sociales, lo cual puede generar
dicultades en el acceso y limitar las oportunidades de apoyo para las cuidadoras. Constatación
de ello es que, en Chile, la oferta programática se encuentra sujeta a criterios de focalización
por lo que, el acceso a ellos depende principalmente de la calicación en el llamado Registro
Social de Hogares.
Seguidamente, se encuentran aquellos cuidadores que no requieren de asistencia social (8.7%)
ya que cuentan con otros recursos o medios para cubrir sus necesidades. Esta percepción puede
indicar que estas cuidadoras tienen acceso a recursos alternativos que les permiten suplir las
necesidades de cuidado sin depender de la oferta pública como, por ejemplo, la oferta privada
de Centro o Fundaciones y/o las redes familiares. Esta percepción puede variar según el nivel
socioeconómico de las cuidadoras y sus circunstancias particulares.
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Familia que cuida: un análisis respecto a la valorización de la oferta pública dirigida a los cuidados en chile
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Tabla 4. Barreras en el acceso a la oferta pública de cuidados
Recuento Mujeres cuidadoras (RM)
Los benecios sociales son limitados a cierto tipo de población 11.4%
No calica para los benecios y/o programas sociales 41.0%
No requiero de asistencia social 8.7%
Por desconocimiento y/o desinformación 8.2%
Otros 12.0%
Fuente: elaboración propia
Conviene agregar a lo anterior, que un 8.2% de las mujeres cuidadoras indicaron que no
accedieron a la oferta pública debido al desconocimiento o la falta de información sobre los
programas y benecios disponibles. Este resultado resalta la importancia de mejorar la difusión
y la comunicación de los programas sociales para asegurar que las cuidadoras y la población a
su cuidado puedan acceder a los diversos planes, programas y políticas.
Por último, es importante destacar que 12% de mujeres cuidadoras no especicaron su
respuesta o no aplicaba a su situación particular. Estos datos pueden ser útiles para entender la
variabilidad y la diversidad de experiencias entre las cuidadoras encuestadas que puede deberse
a diversas razones, como la falta de conocimiento sobre el tema en cuestión o la percepción de
que la situación no se ajusta a su realidad personal.
En conclusión, los resultados de la encuesta muestran que las mujeres cuidadoras de la Región
Metropolitana enfrentan diversos desafíos en el acceso a la oferta pública de cuidados. Los
principales obstáculos identicados incluyen la percepción de limitaciones en los benecios
sociales, la falta de cumplimiento de los requisitos para acceder a los programas, el
desconocimiento o la falta de información sobre los recursos disponibles y la disponibilidad de
otros medios para cubrir las necesidades de cuidado.
4. Conclusiones hacia la oferta pública dirigida a los cuidados en Chile desde la
mirada de cuidadoras de la Región Metropolitana
En Chile, la oferta programática de los cuidados familiares ha experimentado avances
signicativos en los últimos años. El Estado ha implementado políticas y programas destinados
a brindar apoyo tanto para quien recibe los cuidados, como para quienes los provisionan. Sin
perjuicio de lo anterior, al no existir aún un “Sistema Nacional de Cuidados” propiamente tal,
esta oferta aún es deciente. Por otra parte, tampoco se ha reconocido ni promovido el rol de
la familia como un agente primordial en la dinámica de los cuidados, por lo que se identican
nuevos desafíos para la política pública.
En el análisis de la percepción del grupo de mujeres cuidadoras dentro de la Región
Alejandra A. Retamal Retamal, Nicole A. Elizondo Orellana
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Metropolitana, se da cuenta que, si bien existen políticas y programas con el objeto de brindar
apoyo y protección especialmente a este grupo, no se han logrado identicar los obstáculos que
les impide acceder y conocer esta oferta pública. En suma, la evaluación del programa sólo está
relacionado con la vericación de la entrega de los montos presupuestarios y sobre efectividad
o impacto de estas.
Respecto al rol fundamental de la familia y su contribución en el ámbito de los cuidados, se
ha evidenciado que contar con un entorno familiar sólido y de apoyo es fundamental para
garantizar el bienestar de quienes requieren cuidados. En este sentido las políticas de cuidado
deben construirse o elaborarse bajo la perspectiva de familia, y como esta es diversa en cuanto
su dinámica familiar, no puede atender a un solo aspecto de los cuidados, sino que debe ser
integral. La necesidad de la generación de una agencia especializada para atender a las distintas
necesidades de una familia que cuida, debe ser prioridad para la política estatal. En suma, de
lo anterior, las políticas deben ser capaces de proponer la conciliación de la vida laboral y
familiar, como la equidad dentro de las responsabilidades de los miembros de la familia.
Finalmente, los obstáculos al acceso de la oferta pública de cuidados evidencian los diversos
factores que inuyen en la limitada disponibilidad y dicultades para acceder a estos servicios.
Estas conclusiones son fundamentales para comprender la complejidad de la situación
y proponer soluciones efectivas respecto a las barreras de información, económicas, de
conciliación, geográcas, entre otras. Esto atiende a otro conjunto de necesidades y desafíos,
en el cual resulta necesario estudiar el contexto en que se inserta una determinada política de
cuidado. Será, por tanto, necesario provisionar al territorio de un conjunto de recursos humanos,
tecnológicos, médicos, habitacionales, etc. En el territorio, se deberá contar con un mínimo de
oferta para abordar a las necesidades que puedan requerir los cuidadores y sujetos de cuidados,
y en caso de que no sea posible acceder a esa oferta, se debe encontrar la modalidad que
permita aproximarla, con el objeto de reducir las desigualdades geográcas y garantizar una
cobertura y adecuada focalización para las familias.
La conclusión principal del análisis del instrumento de estudio está relacionada estrechamente
con el reconocer que la familia que cuida y quiere cuidar, debe contar con el apoyo del Estado,
que debe fortalecer y promover esta labor. La mayoría de las familias que cuidan, no buscan
desatenderse en un 100% de su rol. Por tanto, si la política va dirigida exclusivamente a
externalizarlo, estas no serán utilizadas y la demanda pública por estas políticas no se verán
reejadas.
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Familia que cuida: un análisis respecto a la valorización de la oferta pública dirigida a los cuidados en chile
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ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Zarays del Valles Cortez Lopez
zarayscortez@gmail.com
Banco del Caribe, Bancaribe, C.A.
ORCID: 0009-0004-0394-8814
Daniel Antonio Lahoud Carrero
dlahoud@ucab.edu.ve
Universidad Católica Andrés Bello
Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales
ORCID: 0000-0001-6022-7598
Recibido: 28/04/23
Aceptado: 26/06/23
KAIRÓS, Vol. (6) No.11, pp. 147-167, Julio - Diciembre 2023
FACTORES QUE
DETERMINAN EL
COMPORTAMIENTO DE
LA CARTERA DE CRÉDITO
DEL SECTOR BANCARIO
VENEZOLANO, PERÍODO:
2004 – 2018
FACTORS THAT DETERMINE
THE BEHAVIOR OF THE
CREDIT PORTFOLIO OF THE
VENEZUELAN BANKING
SECTOR, PERIOD: 2004 – 2018
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.08
ISSN No. 2631-2743
,
KAIRÓS, Vol. (6) No.11, pp. 147-167, Julio - Diciembre 2023
Resumen
El presente trabajo es un estudio de los diversos factores
que afectan la cartera de créditos del sistema bancario
venezolano entre los años 2004 y 2018. Estos fueron años
en los que el gobierno nacional aplicó medidas obligatorias
de direccionamiento del crédito para el nanciamiento
dirigido a sectores que denominó “estratégicos”, ese tipo de
política se conoce técnicamente como represión nanciera y
el trabajo buscó entender cómo esa política afectó al sistema
en los años considerados, en los cuales la economía pasó
de un ambiente de elevada inación hasta el primer año de
hiperinación. La investigación incluye además un estudio
del entorno venezolano para ese período de análisis. Para
estudiar el problema de investigación se realizó un modelo
de vectores autoregresivos con rezagos distribuidos.
Palabras clave: Represión Financiera, Cartera de
Crédito, Gavetas Obligatorias.
Abstract
This paper is a study of the various factors that aect the
Credit Portfolio of the Venezuelan Banking System between
2004 and 2018. These were years in which the national
government applied mandatory measures to direct credit
for nancing aimed at sectors that Called “strategic”, this
type of policy is technically known as nancial repression
and the work sought to understand how this policy aected
the system in the years considered, in which the economy
went from an environment of high ination to the rst
year of hyperination. The work also includes a study of
the Venezuelan environment for that period of analysis. To
study the research problem, an autoregressive vector model
with distributed lags was carried out.
Keywords: Financial Repression, Credit Portfolio,
Mandatory Measures.
FACTORES QUE
DETERMINAN EL
COMPORTAMIENTO DE
LA CARTERA DE CRÉDITO
DEL SECTOR BANCARIO
VENEZOLANO, PERÍODO:
2004 – 2018
FACTORS THAT DETERMINE
THE BEHAVIOR OF THE
CREDIT PORTFOLIO OF THE
VENEZUELAN BANKING
SECTOR, PERIOD: 2004 – 2018
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.08
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 147-167. Segundo Semestre de
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Factores que determinan el comportamiento de la cartera de crédito del sector bancario venezolano, período: 2004 – 2018
149
Introducción
Este trabajo tiene como objetivo comprender cuáles son los factores que inciden en el
comportamiento de la cartera de créditos del sistema bancario venezolano durante el período
2004-2018. Es por ello por lo que consideramos explicar los impactos producidos sobre la
cartera de créditos, a partir de un modelo econométrico. Asimismo, suponemos necesario
identicar el panorama regulatorio del sistema bancario, a n de presentar el marco legal en el
que se desarrolla esta cartera de créditos.
Esta investigación resulta de gran interés para aquellos encargados de crear e implementar las
políticas económicas, debido a la relevancia de las variables escogidas en el funcionamiento
de la economía nacional. Es así como surge la necesidad de indagar y analizar con detalle
los cambios a través del tiempo de estas variables, lo cual permitirá identicar la relación del
sistema bancario con la actividad económica del país. A partir de la experiencia estudiada,
aspiramos promover el análisis económico basado tanto en variables reales como monetarias.
Además de señalar los reajustes en materia de política monetaria que debieran realizarse, para
fomentar la actividad nanciera y en consecuencia se estimule el crecimiento de la economía.
El período de estudio en este trabajo incluye el primer año de la denominada “hiperinación”
debido a que, en el año 2018, la inación anualizada se ubicó en 130.060% mientras que el
PIB se contrajo 22,5% durante el tercer trimestre del mismo año, de acuerdo con las cifras
publicadas por el BCV en mayo de 2019. Esto generó consecuencias socioeconómicas para el
país, ya que el trabajo asalariado no era suciente para costear la vida del venezolano, por tanto,
el trabajo informal y el desempleo mostraron un repunte importante en ese período (Provea,
2017).
Ahora bien, sabemos que las instituciones nancieras tienen como función garantizar la
asignación eciente de los recursos nancieros, contribuir con la estabilidad monetaria y permitir
e impulsar el desarrollo de las políticas monetarias. Es así como el correcto cumplimiento de sus
funciones favorecerá a la generación del ahorro en la economía y los recursos captados podrán
destinarse al nanciamiento de actividades productivas y, de esta manera, poder impulsar el
desarrollo de la economía.
El rol principal del sistema bancario es la prestación del servicio de intermediación nanciera.
Esto se traduce en la convergencia entre agentes económicos superavitarios y decitarios, es
decir, aquellos usuarios que se dirigen a ahorrar pero no tienen capacidad de inversión y están
dispuestos a prestar su dinero, lo depositan en los bancos a cambio de una tasa de interés de
retorno, los bancos canalizan dichos fondos hacia quienes no poseen sucientes recursos para
realizar sus inversiones y gastos.
Zarays del Valles Cortez Lopez, Daniel Antonio Lahoud Carrero
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 147-167. Segundo Semestre de
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En Venezuela el sistema bancario se encuentra regulado por la Superintendencia de las
Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), al tiempo que la gestión nanciera y monetaria
es conducida por el Banco Central de Venezuela (BCV). A través de reformas legales y la
aplicación de distintos decretos la autonomía del BCV se ha visto cercenada, podemos encontrar
un análisis preciso sobre ello en el artículo titulado “15 años de violaciones a la autonomía del
BCV” (Abadi, 2018), donde se advierten las consecuencias que ocasionan estas prácticas.
En este sentido, surge la preocupación de que los desequilibrios presentes en la economía
venezolana se propagasen hacia el sistema nanciero. Debido a la importancia del crédito en
la economía nace el interés por estudiar los distintos factores que inuyen en su oferta. Estas
variables pueden verse afectadas por el conjunto de regulaciones nancieras que imposibilita la
asignación libre de cantidades y precios en el mercado nanciero. En ese sentido, las políticas
de represión nanciera aplicadas con el n de redireccionar el crédito hacia los sectores
considerados por los gobiernos como prioritarios se han convertido en objeto de estudio.
Análisis del entorno
Se entiende por cartera de créditos la parte de la intermediación bancaria en la que esas
instituciones facilitan recursos para la ejecución de diversas actividades productivas, comerciales
y personales. Esta es la que procura los ingresos nancieros de la banca, que son además
los ingresos propios de la actividad de intermediación. Nos resulta importante señalar cómo
la constante intervención por parte del Estado mediante políticas monetarias en el mercado
nanciero puede provocar graves desequilibrios. Como ejemplo de ello, podemos señalar la
represión nanciera; la cual se produce cuando los gobiernos intentan canalizar los fondos
que en un entorno de mercado desregulado irían a otra parte. Las políticas incluyen préstamos
dirigidos, límites explícitos o implícitos a los tipos de interés, regulación de los movimientos
de capital transfronterizos como lo reeren Reihart, Kirkegaard & Sbrancia (2011).
Este mecanismo puede ser perjudicial para la actividad crediticia y la economía en general. Los
autores Roubini & Sala-i-Martin (1992) demuestran en su investigación Financial Repression
and Economic Growth por qué los países caracterizados con mayores grados de represión
nanciera experimentan tasas de interés reales negativas, altos niveles de reservas requeridas
y elevadas tasas de inación. Además, mencionan la relación entre el grado de desarrollo
nanciero y el crecimiento económico de una serie de países.
Mediante la elección de un conjunto de variables que representan el grado en que el sector
nanciero se distorsiona, conrman las predicciones planteadas teóricamente a saber: 1) la
represión nanciera afecta negativamente al crecimiento económico, 2) la tasa de inación y la
tasa de crecimiento están relacionadas negativamente y 3) la ratio de reservas y el crecimiento
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Factores que determinan el comportamiento de la cartera de crédito del sector bancario venezolano, período: 2004 – 2018
151
económico poseen una relación negativa. Los gobiernos optan por las políticas de represión
nanciera, pues éstas les permiten expandir la tasa de señoreaje y de esta forma incrementar los
ingresos del Estado. En este sentido, se inclinan por reprimir al sector nanciero, acción que
otorga ingresos inacionarios a los agentes privados, dado que la represión nanciera conlleva
a la conservación de grandes cantidades de dinero por parte los agentes privados, el cual es la
base para la creación de inación.
En referencia con lo anterior, se destaca el mecanismo de transmisión existente entre la política
monetaria implantada por el Banco Central y las operaciones de crédito del sistema bancario,
el cual se propaga hacia los demás sectores de la economía y produce efectos sobre variables
macroeconómicas relevantes. De esta forma, el Estado mediante el Banco Central logra
transmitir su política monetaria, para la implementación de dichas políticas dispone de la tasa
de interés, las expectativas de los actores económicos, los precios de los activos nancieros y
el crédito.
En Venezuela, aunque como dijimos la banca está regulada desde el nacimiento de la
Superintendencia (1938) y esto se acentuó con la creación del Banco Central (1940), sin
embargo, no es sino hasta los años 70 que se obliga a la banca a tener una proporción de
créditos en préstamo agrícola. La misma se jó en un 8% del total de los créditos y se le jó
una tasa máxima de 13%. Pero a partir de 1999 se introdujeron modicaciones importantes.
De acuerdo con lo que puede observarse en la Tabla 1, el 51% de la cartera está regulada. Por
consiguiente, solo se dispone de un 49% para otorgar otros tipos de préstamos con los que tiene
mayor capacidad de gestionar tasas y plazos para mejorar la rentabilidad del negocio.
Tabla 1. Carteras dirigidas de la Banca en Venezuela
Tipo de Cartera Proporción de la Cartera Tasa de Interés Nominal Máxima Año
Agrícola 25% 13% 1999
Manufacturero 10% 19% 2008
Hipotecaria 10% Adquisición 14.39%
Promoción 10.50% 2005
Turística 3% 12% 2006
Microempresarial 3% No Aplica 2001
Fuente: elaboración propia.
Adicionalmente, el sistema bancario venezolano debe cumplir con un nivel de encaje (reservas
obligatorias) que, desde 1994, se convirtió en un instrumento activo de la política monetaria,
y por tanto, se han modicado de una manera frecuente. Como se sabe, la aplicación de esta
medida ha sido cada vez más utilizada, lo cual limita la posibilidad de realizar créditos y por
tanto diculta la función de intermediación nanciera. Ahora bien, una vez entendido el marco
legal en el que se desarrolla esta investigación; es necesario profundizar sobre las políticas
Zarays del Valles Cortez Lopez, Daniel Antonio Lahoud Carrero
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ejecutadas durante el período de la investigación, para comprender los efectos relevantes
provocados sobre el comportamiento de las variables nancieras y reales que atañen este
estudio.
Durante los años transcurridos entre 2004 - 2018, la dinámica de la economía venezolana fue
diversa, por lo que su análisis se divide en distintas etapas. La que inicia desde el año 2004
hasta nales del año 2008, en el cual hay un importante y continuo crecimiento económico
impulsado principalmente por la actividad petrolera del país.
Figura 1. Producto Interno Bruto. Expresado en términos reales año base 1997
Fuente: Banco Central de Venezuela.
En 2009 la economía se contrae, y a partir de ahí, se genera un nuevo crecimiento en el año 2010
hasta nales de 2014 y desde entonces, hasta 2018 la actividad económica entra en una etapa
recesiva. Tal como se muestra en la gura 1, la economía venezolana percibió incrementos
signicativos durante los primeros años del periodo de estudio, los cuales se explican tanto por
la expansión de la demanda agregada interna, impulsada por el consumo y la inversión, como
por el aumento del gasto público en la economía.
Por otra parte, la gura 2 ilustra el comportamiento de la cartera de créditos del sistema bancario
venezolano. Ésta se reere al conjunto de préstamos u operaciones de nanciamiento a terceros
que los bancos mantienen con sus clientes. Su crecimiento sostenido viene explicado por la
creación de las diversas carteras de créditos dirigidas, que fomentan el crecimiento de sectores
prioritarios a partir del nanciamiento crediticio.
En general, la política monetaria de este período se orientó hacia el fomento del crecimiento
económico. En repetidas oportunidades el BCV realizó modicaciones a la tasa de interés
activa para mantener el control del consumo a través del nanciamiento. Estas políticas
provocaron que la tasa de interés decayera en términos reales. Como se observa en la gura
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3, esta variable tuvo una tendencia decreciente. La aplicación de este tipo de política ocasionó
efectos contraproducentes en la economía, pues los niveles de la tasa de interés real resultaron
tan bajos que no llegan a ser rentables para la banca.
Figura 2. Comportamiento de la Cartera de Crédito en términos año base 1997
Fuente: Banco Central de Venezuela.
A su vez, la máxima autoridad nanciera efectuó ajustes en la aplicación del encaje mínimo
establecido para las instituciones bancarias del sistema nacional. En ese sentido, bajo un
contexto inacionario, comenzó en 2006 la aplicación de un encaje legal adicional, equivalente
al 30% sobre el saldo marginal, seguido de constantes revisiones del cálculo de este coeciente
con la nalidad de reducirlo, esto con el objetivo de fomentar la actividad crediticia y procurar
la estabilidad del sistema de pagos interbancario.
Figura 3. Tasa de Interés Activa Real. Expresada en términos reales año base 1997
Fuente: Banco Central de Venezuela.
Como se observa en la gura 4, el coeciente de encaje tiene un comportamiento cíclico con
tendencia creciente. Su variación a lo largo del periodo de estudio es el resultado de la aplicación
de políticas monetarias orientadas a la reducción o expansión de la liquidez monetaria en la
economía. Aunque el encaje legal es un mecanismo que sirve como respaldo para los depósitos
en los bancos y además le permite al Banco Central estabilizar los agregados monetarios, es
importante recordar que su uso desmedido afecta la posibilidad de otorgar créditos por parte de
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los banqueros y mientras mayor es, menos pueden los banqueros proporcionar.
Figura 4. Posición de encaje legal. Expresado en términos reales año base 1997
Fuente: Banco Central de Venezuela.
Por otro lado, tenemos al coeciente de monetización de la economía, el cual se obtiene
de la relación entre la liquidez monetaria y el producto interno bruto. La evolución de esta
variable se muestra en la gura 5, su comportamiento cíclico está pautado por las variaciones
de liquidez monetaria en la economía, al inicio del período mostró un incremento continuo,
luego desaceleró su crecimiento, para disminuir entre los años 2015 y 2016, y luego muestra un
importante comportamiento ascendente para el año 2017. Este comportamiento demuestra que,
para determinados ingresos de la economía, se requirió y demandó mayor liquidez monetaria.
Figura 5. Coeciente de monetización de la economía. Expresado en términos reales año base 1997
Fuente: elaboración propia con base en la data del Banco Central de Venezuela.
De igual manera, observamos el coeciente de monetización del crédito (gura 6), el cual hace
referencia al porcentaje de dinero utilizado en el sistema bancario sobre el total de liquidez de
la economía.
Otro aspecto para resaltar es el índice de profundización crediticia. Esta relación entre la cartera
de créditos y el producto interno bruto mide el nivel de expansión de la actividad nanciera
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en la economía, es decir, en qué grado ha incidido la práctica nanciera en los ingresos de la
economía.
Figura 6. Coeciente de monetización del crédito.
Fuente: elaboración propia con base en la data del Banco Central de Venezuela.
De igual forma, como se muestra en la gura 7, el comportamiento de este coeciente reejó
una tendencia creciente durante período de estudio. Pero en consonancia con las variables que
se vienen estudiando en el año 2015 se contrae, lo que puede explicarse por la caída del crédito
y el PIB real, sin embargo, la contracción experimentada por la cartera de crédito real es de
mayor signicación, lo que provoca la caída del índice.
Finalmente, haciendo referencia a la inación, la misma se mantuvo estable durante un
prolongado período de tiempo. Lo cual pudo ser posible debido a una importante producción
interna, un elevado volumen de importaciones y un nivel sólido de reservas internacionales.
Es a principio del año 2013 cuando ésta comienza a experimentar un crecimiento explosivo,
impulsados por la persistencia de la brecha entre el aumento de la oferta y la demanda agregada
interna, así como por el encarecimiento de las importaciones.
Figura 7. Índice de Profundización Crediticia. Expresado en términos reales año base 1997
Fuente: elaboración propia con base a la data del Banco Central de Venezuela.
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Especicación y estimación del modelo
Bajo un contexto de inación elevada, con una tasa de interés activa que se considera poco
rentable para la actividad nanciera y una fuerte recesión en el ámbito macroeconómico,
tanto el poder de compra como el bienestar económico y social de los consumidores se ven
afectados de forma negativa, esto conlleva a la búsqueda de alternativas adicionales a su ingreso
regular. A través de préstamos bancarios, tanto las empresas como los consumidores pueden
apalancarse, mantener su consumo o invertir en bienes que proporcionen una reserva de valor
con la nalidad de conservar su poder adquisitivo para poder resistir los efectos inacionarios.
Por consiguiente, nace el interés de analizar con más detalle la magnitud con la cual cada una
de las variables seleccionadas afecta al comportamiento de la cartera de crédito del sistema
bancario venezolano.
En las prácticas econométricas la transformación de datos suele ser de gran ayuda para facilitar
el manejo de información y la ejecución del análisis. Para efectos de este estudio, se emplearán
los procedimientos de deactación, diferenciación, aplicación de logaritmo y transformación
de datos en ratios. El proceso de deactación permite llevar las series a términos reales, esto
signica la eliminación del efecto inacionario. A su vez, la diferenciación de las series y la
aplicación de logaritmo se emplean para excluir el componente estacional y ajustar las variaciones
cíclicas, este proceso se conoce como desestacionalización. Por último, la transformación de
datos en ratios dene la relación cuantitativa entre dos elementos para mostrar un escenario
concreto, se trata de una ecuación simple de división, la cual representa la proporción de una
variable con respecto a la otra (Wooldridge, 2010).
En este análisis se aplicó un modelo de rezagos distribuidos, y de acuerdo con Gujarati (2004),
este modelo plantea el análisis de relaciones temporales de más de una serie de tiempo. Se le
conoce como modelo dinámico debido que incorpora los efectos producidos en el tiempo por
las variables independientes en la variable dependiente. Para realizar la presente investigación,
se consideraron cuatro modelos de rezagos distribuidos que permitían identicar la conexión
existente entre ellas. La variable dependiente de este estudio, la cartera de créditos está
representada como el total de cartera de créditos del sistema bancario venezolano.
Mientras que las variables explicativas se conforman por: la cartera de créditos rezagada, el
coeciente de monetización del crédito, el índice de profundización crediticia, la ratio entre la
posición de encaje legal y cartera de crédito, la tasa de interés activa, la tasa de inación, el
coeciente de monetización de la economía y el producto interno bruto. Dichas regresiones,
recurren tanto a la variable escogida como sus rezagos para explicar el comportamiento de la
cartera de créditos.
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El modelo realiza un análisis de regresión con datos de series de tiempo que incluye los
valores pasados de las variables explicativas para estimar a la variable explicada. La razón
por la cual se utilizan las variables rezagadas en las estimaciones se debe a que, en ocasiones,
las relaciones entre variables no son instantáneas, por tanto, se utilizan los valores pasados
para identicar y explicar relaciones temporales, de esta forma especicar correctamente las
relaciones planteadas.
Las series de tiempo utilizadas fueron consultadas y extraídas de la página web de la SUDEBAN
para las series de la cartera de crédito y la página web del BCV para el resto de las variables.
Para efectos del análisis empírico de esta investigación, las variables utilizadas para el estudio
quedarán expresadas de la siguiente manera:
Tabla 2. Variables del modelo
Variables Denición
cc Cartera de Crédito
cc/m2 Coeciente de Monetización del Crédito
cc/pib Índice de Profundización Crediticia
encaje/cc Ratio Posición de Encaje y Cartera de Crédito
int/in Ratio Tasa de Interés Activa Real y Tasa de Inación
inación Tasa de Inación
m2/pib Coeciente de Monetización de la Economía
pib Producto Interno Bruto
Término de error
Fuente: elaboración propia.
Cartera de créditos: para esta serie se realizaron varias transformaciones, se obtuvo el
promedio trimestral de la serie, luego se deactó utilizando el IPC (año base 1997),
nalmente se desestacionalizó para suavizar sus tendencias cíclicas y volver constante su
varianza.
Coeciente de monetización del crédito: se utilizaron los promedios trimestrales de la
cartera de créditos y de la liquidez monetaria expresados en términos reales (año base
1997), posteriormente se eliminó el componente estacional de la serie, a n de disminuir
su tendencia cíclica y ajustar su varianza.
Índice de profundización crediticia: las variables usadas se expresaron en términos reales
(año base de 1997), se aplicaron los métodos logarítmicos y de diferenciación para realizar
un ajuste estacional de la serie y poder mitigar los cambios cíclicos.
Ratio posición de encaje legal y cartera de créditos: se utilizó el promedio trimestral de
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cada variable, ambas fueron deactadas con el IPC (año base 1997). Se desestacionalizó la
serie para suavizar tendencias cíclicas y ajustar su varianza.
Ratio tasa de interés activa y tasa de inación: se construyó utilizando el promedio
trimestral de ambas tasas deactadas (año base 1997), se aplicó logaritmo y la primera
diferencia para suavizar la serie.
Tasa de inación: se calculó la variación porcentual del IPC y se usó el promedio trimestral
de la serie considerando como año base 1997. Se empleó el método logarítmico y de
diferenciación para suavizar la tendencia cíclica.
Coeciente monetización de la economía: se utilizó el promedio trimestral de liquidez
monetaria y el producto interno bruto, expresados en términos reales (año base 1997),
seguidamente se eliminó el componente estacional de la serie para suavizar su tendencia
cíclica con el método logarítmico y la diferenciación.
Producto interno bruto: esta serie se encontraba expresada en términos reales de forma
trimestral en la página del BCV, por tanto, con la nalidad de suavizar las tendencias
cíclicas se le aplicó logaritmo y primera diferencia de la serie.
Para la estimación del modelo, luego de hacer el estudio de series de tiempo las variables
se trabajaron en primera diferencia de los términos logarítmicos para suavizar las series de
tiempos, como se muestra en la tabla 3:
Tabla 3. Transformación de las variables en primeras diferencias.
Variables Denición
dlncc Diferencia del Log Cartera de Crédito
dlncc/m2 Diferencia del Log Coeciente de Monetización del Crédito
dlncc/pib Diferencia del Log Índice de Profundización Crediticia
dlnencaje/cc Diferencia del Log Ratio Posición de Encaje y Cartera de Crédito
dlnint/in Diferencia del Log Ratio Tasa de Interés Activa Real y Tasa de Inación
dlninación Diferencia del Log Tasa de Inación
dlnm2/pib Diferencia del Log Coeciente de Monetización de la Economía
dlnpib Diferencia del Log Producto Interno Bruto
Término de error
Fuente: elaboración propia.
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En ese sentido, la formulación del modelo quedará expresada de la siguiente manera:
Se realizó el test de raíz unitaria para vericar la estacionariedad de las series a través del test de
Dickey-Fuller Aumentado (ADF). De estas pruebas se desprende que todas las variables tienen
raíz unitaria o son integradas de orden uno. Los resultados de este test se muestran en los anexos.
Seguidamente, para detectar la correcta especicación de los modelos, así como la existencia de
cualquier problema de heteroscedasticidad, autocorrelación o de distribución de los residuos,
se aplicaron las siguientes pruebas: la prueba de heterocedasticidad de Breusch-Pagan, la
prueba de omisión de variables de Ramsey, el test de normalidad, la prueba de autocorrelación
de Breush-Godfrey, la prueba de multicolinealidad y el test de CUSUM. Asimismo, se utilizó
el paquete estadístico Stata 14 para la estimación de los modelos planteados para el análisis.
Estableciendo un nivel de signicancia del 5% y 10% dependiendo del modelo planteado. En
la siguiente tabla se muestra los resultados esperados de las variables en el estudio en cuestión:
Tabla 4. Resultados esperados en las variables del modelo
Variables Independientes Resultado esperado del coeciente
Coeciente de Monetización del Crédito Negativo (-)
Índice de Profundización Crediticia Negativo (-)
Posición de Encaje / Cartera de Créditos Negativo (-)
Cartera de Créditos rezagada Negativo (-)
Tasa de Interés Activa Real / Tasa de Inación Positivo (+)
Tasa de Inación Negativo (-)
Coeciente de Monetización de la Economía Positivo (+)
Producto Interno Bruto Positivo (+)
Fuente: elaboración propia.
A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos (tabla 5):
= ∝10 +∝11
2
∝
11
2
1
+ ∝11
∝11
1
+
+
∝11
2
2
2
∝11 21
+
+
∝11
∝11 1+
+
∝11
∝11 1
+
∝
11
∝
11
1
+
+∝11
+∝11
+
( ) m
m
m
m
m
11
( )
( )
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Tabla 5. Resumen de los modelos realizados.
Variables Independientes Modelos estimados
1 2 3 4
Cartera de Crédito(t-2) (-0.239)
-0.005 **
Coeciente de Monetización del Crédito (-0.537) (-0.408) (-0.513)
0 * 0 ** 0 ***
Coeciente de Monetización del Crédito(t-3) (-0.56) (-0.37)
0 ** 0 ***
Índice de Profundización Crediticia(t-1) (-0.669) (-0.455) (-0.34)
-0.002 ** -0.023 ** -0.072 ***
Ratio de Posición Encaje Legal y Cartea de
Crédito (-0.313) (-0.294) (-0.305)
0 * 0 ** 0 ***
Ratio Tasa de Interés Activa Real y Tasa de Inación (0.042)
-0.056 **
Tasa de Inación (-0.047) (-0.04)
-0.042 ** -0.048 ***
Coeciente de Monetización de la Economía (0.526)
0 **
Coeciente de Monetización de la Economía(t-3) (0.256) (0.296)
-0.006 * -0.002 **
Producto Interno Bruto (0.545)
-0.002 **
Producto Interno Bruto(t-1) (0.526)
-0.009 *
Constante (0.007) (0.009) (0.01) (0.009)
-0.338 * -0.231 ** -0.195 ** -0.215 ***
Número de observaciones
R
R2
Prob>Chi2
56
0.7621
0.7435
0
56
0.7447
0.7192
0
56
0.7796
0.7526
0
56
0.7981
0.7779
0
Pruebas realizadas Resultados obtenidos
Normalidad
Breusch – Pagan
Ramsey RESET
Breuash – Godfrey
Vif
0.0784
(Prob.)
0.8732
(Prob.)
0.5068
(Prob.)
0.7896
(Prob.)
1.35
0.3590 (Prob.)
0.8259 (Prob.)
0.9827 (Prob.)
0.2460 (Prob.)
1.21
0.2204 (Prob.)
0.9617 (Prob.)
0.6401 (Prob.)
0.5619 (Prob.)
1.30
0.1636 (Prob.)
0.9903 (Prob.)
0.7509 (Prob.)
0.7804 (Prob.)
1.32
Fuente: elaboración propia.
Nota: Estadísticos t guran entre paréntesis. (*) Signicativo al 1%. (**) Signicativo al 5%. (***) Signicativo
10%
En primer lugar, se realizó la prueba de normalidad. Con ella se vericó uno de los supuestos
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del modelo de regresión lineal clásico más importante, el cual consistió en comprobar que los
residuos se encuentran distribuidos de acuerdo con una distribución normal. Se raticó que los
residuos se encuentran distribuidos normalmente, e idénticamente distribuidos con media cero
y varianza constante. Posterior a ello, se aplicó la prueba de heterocedasticidad de Breusch-
Pagan para conocer si existían problemas de heterocedasticidad en las regresiones planteadas,
los resultados obtenidos permitieron armar que no existe evidencia de heterocedasticidad.
De seguido se aplicó la prueba RESET de Ramsey, la cual permitió determinar la correcta
especicación del modelo y determinar la existencia o no de variables omitidas. Los resultados
obtenidos proveían sucientes evidencias estadísticas para armar que los modelos estaban
correctamente especicados y no existía omisión de variables.
También era necesario determinar la presencia de autocorrelación en las variables, problemas
de este tipo pudieran conducir a resultados y conclusiones erradas. Para ello, se utilizó la
prueba de autocorrelación de Breusch-Godfrey, con los resultados obtenidos se evidenció que
no existía autocorrelación en los residuos. Para cuanticar la intensidad de multicolinealidad
en la regresión se realizó la prueba de factor de inación de varianza (vif). Los resultados
obtenidos permitieron la recolección de evidencias estadísticas para armar que no existe
multicolinealidad en la regresión.
Por último, se realizó la prueba informal gura CUSUM para comprobar si los coecientes
del modelo eran constantes, y a su vez, evaluar cambios estructurales en la serie de tiempo.
Dado el resultado obtenido, se demuestra que los coecientes son constantes y no hay cambios
estructurales en las series de tiempo empleadas.
Luego de todo ello se procedió a estudiar la relación de las variables explicativas sobre el
comportamiento de la cartera de créditos. Para ello, se empleó la prueba de signicancia
individual, la cual permitió determinar si una variable exógena aportaba información de forma
individual para explicar la variable endógena.
El contraste de hipótesis de esta prueba permitió reconocer si las variables independientes
utilizadas eran estadísticamente signicativas para explicar a la variable dependiente. Con
ello se puede armar que: la cartera de créditos rezagada dos períodos, el coeciente de
monetización del crédito, el coeciente de monetización del crédito rezagado tres períodos, el
índice de profundización crediticia rezagado un período, la ratio de posición de encaje y cartera
de crédito, la ratio tasa de interés activa y tasa de inación, la tasa de inación, el coeciente
de monetización de la economía, el coeciente de monetización de la economía rezagado tres
períodos, el producto interno bruto y el producto interno bruto rezagado un período sí tienen
inuencia sobre el comportamiento de la cartera de créditos.
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Se hizo uso de un modelo autorregresivo con rezagos distribuidos que permitió distinguir el
impacto de las variables exógenas, bien sea en el corto plazo o en el largo plazo, en la variable
endógena. Para ello se observó el valor del coeciente que acompaña a la variable independiente,
tomando en cuenta el rezago de esta. Así, el coeciente de una variable explicativa expresada
en T hizo referencia al valor inmediato del impacto provocado sobre la variable endógena,
éste se conoce como multiplicador de corto plazo. Al mismo tiempo si el coeciente de la
variable explicativa está rezagado en un solo período, a saber, t-1, t-2, etc., se le conoce como
multiplicador de mediano plazo. Por otro lado, también se pudo obtener el multiplicador de
largo plazo, éste representa el cambio total o el efecto acumulado de la variable explicada dado
por la suma de todos los coecientes de la variable explicativa.
En consonancia con los resultados esperados, la cartera de créditos rezagada resultó en una
relación negativa con su variable en el período t. La interpretación de este resultado se puede
explicar por el hecho de que los agentes económicos solo pueden solicitar crédito en un período,
entonces si a los consumidores se les otorgó un préstamo en el periodo t-1, en el siguiente
periodo no deberían endeudarse, toda vez que primero deben cancelar la deuda para volver a
solicitar préstamos.
Asimismo, se consideraba una relación negativa entre el coeciente de monetización del crédito
y la cartera de créditos. Los resultados obtenidos señalan una relación inversa entre ellas, lo
cual puede explicarse por el incremento de liquidez monetaria. Si esto sucede, los saldos reales
caen, y por tanto, la inversión no se canalizará hacia el ahorro sino hacia el consumo. La caída
del ahorro provocará una caída en los depósitos bancarios, y por ende, en el volumen de la
cartera de créditos.
De igual manera, se esperaba una relación negativa entre el índice de profundización crediticia
y la cartera de créditos. Con los resultados obtenidos se comprueba dicho planteamiento. Para
que esta relación sea negativa, el cociente entre cartera de crédito y producto interno bruto
debe ser negativo también, esto sucedería en dos escenarios: el primero se corresponde al
caso en el cual el producto interno bruto crece y la cartera de créditos disminuye, es decir, hay
mayor actividad económica y no hay tanta necesidad de nanciamiento. El segundo escenario
ocurriría cuando el producto interno bruto decrece y la cartera de créditos aumenta, es decir, si
por efectos externos ocurre una contracción en la economía y la necesidad de nanciamiento se
incrementa. A lo largo del período de estudio se presentan ambos escenarios.
Por otra parte, se esperaba que la ratio posición de encaje legal y cartera de créditos obtuviese
signo negativo. Una vez realizada las regresiones se comprueba dicho signo esperado, esta
relación negativa se debería a la ya existente relación negativa entre la cartera de crédito y el
encaje legal, como ya fue explicado. El encaje es un instrumento que permite al Banco Central
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2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.08
Factores que determinan el comportamiento de la cartera de crédito del sector bancario venezolano, período: 2004 – 2018
163
disminuir, mantener o aumentar la tendencia del sistema bancario a otorgar créditos, por ende,
al aumentar el coeciente de reservas la cartera de créditos debería disminuir.
De igual forma, se comprueba la relación positiva entre la ratio tasa de interés activa y tasa
de inación con respecto a la cartera de crédito. Se considera una relación directa debido que
las variables que conforman el cociente tienen signo negativo. La tasa de interés real por su
relación negativa con la cartera de créditos y la tasa de inación por ser una variable control.
Por otra parte, se evalúa la relación entre la tasa de inación y la cartera de créditos. Esta
relación pudiera ser positiva, motivado por el efecto negativo que causa la inación sobre el
poder adquisitivo, esta razón impulsaría a los consumidores a buscar alternativas para mantener
o incrementar su nivel de consumo, entre ellas el crédito. Sin embargo, la inación en los
modelos econométricos suele utilizarse como una variable de control, es decir en ella se recoge
todas las distorsiones de la economía no cuanticables o medibles, es por ello que el resultado
obtenido en la regresión planteada es negativo, es decir, un incremento de la inación afectará
negativamente a la cartera de créditos.
Los resultados esperados suponían una relación positiva entre el coeciente de monetización
de la economía y la cartera de créditos. Los resultados obtenidos mostraron la relación directa
entre estas variables. Mayor grado de monetización implica conanza en la moneda nacional
y en el sector bancario interno. Por último, se plantea el producto interno bruto, el cual debía
tener una relación positiva sobre el comportamiento de la cartera de créditos. De la estimación
realizada se deduce que, en efecto, la relación existente es positiva. Un incremento de la actividad
productiva de un país incentiva el desarrollo de la economía, para ello se requiere mayor
generación de proyectos de inversión, los cuales amplían sus posibilidades de nanciamiento
mediante el sistema bancario, incrementándose de esta manera la cartera de créditos.
Conclusiones
Una vez culminada la investigación y el proceso de revisión teórico-descriptivo, se llevó a
cabo el modelo econométrico que permitió realizar el análisis empírico del trabajo. Con ello se
evidenció la relación existente entre el comportamiento de la cartera de créditos y las variables
monetarias y reales escogidas para el estudio, así como también el efecto de las políticas
económicas aplicadas durante el período estudiado que tienen gran impacto en la dinámica de
economía venezolana.
Con base a investigaciones previas se exponen de forma breve las políticas de represión nanciera
ejecutadas en el país, sus principales consecuencias y los motivos de su implementación. Una
de las medidas de represión nanciera mencionada es el direccionamiento del crédito, cuya
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 147-167. Segundo Semestre de
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164
nalidad es encauzar parte del capital del sistema bancario hacia los sectores considerados
como prioritarios por el Ejecutivo Nacional.
En este sentido, la creación de las carteras de créditos obligatorias cercena la libre actuación
de la banca, ya que limita la posibilidad de direccionamiento de crédito de forma no arbitraria.
Del mismo modo, la evolución creciente del porcentaje mínimo que deben destinar los bancos
a estas carteras limita la utilización eciente de sus recursos disponibles. Además, la poca
consideración que se tiene sobre la opinión del sector bancario para la creación de estas carteras,
el establecimiento de las condiciones y los términos aplicados condiciona el rol activo de las
instituciones bancarias
.
En cuanto a la política monetaria administrada por el Banco Central, la misma se orienta al
acompañamiento de la economía real estableciendo límites en la tasa de interés y el coeciente
de encaje legal. Los ajustes realizados a la tasa de interés están dirigidos a incentivar el ahorro
y en cuanto al encaje se reere la orientación tiene el objeto de disminuir la liquidez de sistema.
Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de los esfuerzos por promover el desarrollo
de la actividad económica a través de nanciamientos con la banca, se observa en términos
reales una contracción de la cartera de créditos durante el período estudiado. Esto se debe a
exclusión de sectores claves de la economía, imposición de tasas de interés por debajo de la
tasa de inación y poca consideración del sector bancario en la toma de decisiones.
Bajo este contexto, se planteó un análisis econométrico con el objetivo de estudiar a profundidad
los factores inuyentes en el comportamiento de la cartera de crédito. Sabiendo que esta
variable es el principal activo del sector bancario, analizar su conducta ayudaría a entender
el funcionamiento del sistema bancario. De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis
econométrico se conrma la inuencia de las variables escogidas sobre el comportamiento de
la cartera de créditos.
En un sistema nanciero represado, con movilidad imperfecta de capitales, se espera que la
política monetaria sea ineciente pues por mucho que se modique, su efecto sobre la demanda
agregada es nulo. Con base al modelo Mundell Fleming, al establecerse un tipo de cambio jo
en la economía, el gobierno pierde control sobre la oferta monetaria.
Del mismo modo, mantener en el tiempo un tipo de cambio jo provoca una reducción en
las reservas internacionales del Banco Central. La inecacia de la política monetaria en este
caso viene sustituida por políticas de represión nanciera, con las cuales los gobiernos pueden
recuperar parte del control sobre las variables monetarias. Esto se comprueba para el caso
venezolano, en el que durante el periodo de estudio se mantiene un tipo de cambio jo y a su
vez se implementan políticas de represión nanciera.
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 147-167. Segundo Semestre de
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Factores que determinan el comportamiento de la cartera de crédito del sector bancario venezolano, período: 2004 – 2018
165
Para efectos del modelo realizado, se concluye que para el caso venezolano en el período 2004
– 2018 las variables ratio posición de encaje legal y cartera de crédito, tasa de inación y la
ratio tasa de interés y tasa de inación inuyen en el comportamiento de la cartera de crédito
en el corto plazo. Al mismo tiempo, las variables cartera de créditos rezagada e índice de
profundización crediticia tienen un impacto sobre el comportamiento de la cartera de crédito
en el mediano plazo. Por su parte el producto interno bruto causa un efecto tanto en el corto
como en el mediano plazo. Finalmente, las variables que inuyen tanto en el corto como en el
largo plazo a la cartera de crédito son el coeciente de monetización crediticia y el coeciente
de monetización de la economía.
De acuerdo con los resultados obtenidos, en el corto plazo la cartera de crédito se verá
inuenciada en mayor medida por variables monetarias, sin embargo, en el largo plazo puede
verse afectada por los impactos de variables monetarias y/o variables reales. Ahora bien, para
impulsar el crecimiento de la cartera, en el corto plazo, se requiere tanto de variables monetarias
como reales, sin embargo, predominan las variables monetarias para impulsar su crecimiento
en el largo plazo. En el mismo sentido, se deduce que en el corto plazo las políticas para
incentivar el crecimiento del PIB son relevantes para inuir en el crédito, pero en el largo plazo
se hace necesario monetizar la economía para generar un impacto positivo en el crédito.
Otro aspecto para resaltar es el bajo impacto de la inación en este estudio, el efecto negativo
total que provoca el fenómeno inacionario en la economía en lugar de ser transferido al
crédito se ve mitigado por las políticas de represión nanciera. En síntesis, este trabajo de
investigación resalta la importancia de la consideración de las instituciones bancarias a la
hora de implementar políticas nancieras, así como el peso que tienen las variables reales y
monetarias en el comportamiento de la cartera de créditos.
Tomando en cuenta los hallazgos de la investigación sería provechoso, en el marco académico,
promover la profundización y ampliación de la investigación nanciera, enfocándose en la
cartera de créditos como principal activo del sistema bancario, que sirvan de comparación
con este estudio y se puedan constatar los resultados obtenidos. De igual forma, emplear otros
factores que pudieran inuir en el comportamiento de la cartera de crédito para estimular su
crecimiento eciente, así impulsar la actividad nanciera y en consecuencia el desarrollo
económico del país.
Y en el marco político, evitar la implementación de políticas de represión nanciera ya
que ha quedado demostrado que sus consecuencias nales son negativas para el correcto
funcionamiento del sistema bancario.
Zarays del Valles Cortez Lopez, Daniel Antonio Lahoud Carrero
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 147-167. Segundo Semestre de
2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.08
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ISSN No. 2631-2743
U
NIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
,
Raúl Guillermo Zambrano
Pontón
gzambrano@unach.edu.ec
Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas
ORCID: 0000-0002-4009-2726
Rosario Livelia Haro Velasteguí
charytoharo@gmail.com
Universidad Técnica de Ambato
Facultad de Ciencias Humanas y de
Educación
ORCID: 0000-0002-8815-2388
Recibido: 09/02/23
Aceptado: 30/06/23
EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL
LENGUAJE ESCRITO EN EL
AULA VIRTUAL DURANTE LA
PANDEMIA DEL COVID 19 EN
LA EDUCACIÓN BÁSICA
EVALUATION OF THE
TEACHING-LEARNING
PROCESS OF THE WRITTEN
LANGUAGE IN THE VIRTUAL
CLASSROOM DURING THE
COVID 19 PANDEMIC IN BASIC
EDUCATION
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.09
KAIRÓS, Vol. (6) No.11, pp. 168-183, Julio - Diciembre 2023
ISSN No. 2631-2743
,
EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL
LENGUAJE ESCRITO EN EL
AULA VIRTUAL DURANTE LA
PANDEMIA DEL COVID 19 EN
LA EDUCACIÓN BÁSICA
EVALUATION OF THE
TEACHING-LEARNING
PROCESS OF THE WRITTEN
LANGUAGE IN THE VIRTUAL
CLASSROOM DURING THE
COVID 19 PANDEMIC IN BASIC
EDUCATION
Resumen
En los últimos tiempos ha tomado protagonismo la
educación virtual, dada la necesidad de continuar con los
procesos académicos durante la pandemia del COVID-19.
En este marco, se analiza el proceso de aprendizaje de
la escritura mediante el uso de las plataformas virtuales
educativas, durante la COVID-19. Se observó el proceso
de aprendizaje mediante el empleo de test educativos
a un total de 182 muestras aplicadas a los estudiantes
y docentes de primer año de educación básica, de la
Unidad educativa “Santo Tomás Apóstol” de la ciudad
de Riobamba, que mostraron aciertos y ciertos errores
derivados del uso de los entornos virtuales de aprendizaje
en el proceso de escritura.
Palabras clave: Enseñanza, Escritura,
COVID-19, Educación Básica.
Abstract
The main objective of this research is the evaluation
of the writing learning process through virtual learning
environments in the pandemic, developed in rst-year
children of basic education in a total of 182 samples
taken in the academic period 2021-2022, incursion of
ICT Information and Communication Technologies; in
recent times it has taken center stage in online education;
the need to continue the academic process during the
unexpected global impact of the corona virus pandemic
worsened the pre-existing educational crisis; This research
analyzes the learning process of writing through the use
of virtual platforms, during the pandemic. The study was
based on the qualitative and quantitative paradigm, based
on the observations in the learning process through the
use of educational tests, in search of the causes and facts
of the investigation, oriented to the verication of the
hypothesis, based on the techniques applied to students
and teachers of the rst year of basic education, a total of
182 samples, which showed successful results of the use
of virtual learning environments in the writing process.
Keywords: Learning writing, ICT, Virtual
environments.
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.11.09
KAIRÓS, Vol. (6) No.11, pp. 168-183, Julio - Diciembre 2023
Raúl Guillermo Zambrano Pontón, Rosario Livelia Haro Velasteguí
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 169-183. Segundo Semestre de
2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.09
170
Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS), calicó el COVID 19 como pandemia, advirtiendo
a los gobiernos tomar medidas necesarias para detener la propagación del virus, generando una
crisis mundial y poniendo al descubierto problemas sociales y económicos, que profundizaron
la pobreza y las desigualdades ya existentes; creando barreras en el acceso a la educación
(Araujo, Ochoa, y Velez, 2020).
Durante el primer trimestre del año 2020 el COVID 19 llega a Ecuador. El Ministerio de
Educación determinó la suspensión a nivel nacional de clases presenciales. Esta medida planteó
un reto importante para el sistema educativo, trabajando a través de planes emergentes como
la implementación de nuevas estrategias que admitieran cumplir los lineamientos sanitarios
para proteger la salud de las personas y garantizar el derecho a la educación mediante la
implementación de la educación a distancia. En este proceso todas las desigualdades tuvieron
efecto acumulativo, problemas como la pobreza, falta de recursos tecnológicos, conectividad y
el nivel educativo concentrado en áreas rurales, incipientes entornos virtuales de aprendizaje, las
condiciones socioeconómicas disímiles, la falta de infraestructura y los materiales educativos;
puso en evidencia las debilidades sociales existentes dentro nuestro medio y agrando la brecha
existente.
De acuerdo con la UNESCO (citado por Álvarez, 2020) se arma que el cierre de las
instituciones educativas, como acciones emergentes para frenar la propagación del virus, dejaron
aproximadamente a 165 millones de estudiantes sin asistir a los centros educativos, desde etapas
preescolar hasta la educación media en 25 países. De la obligatoriedad de suspender clases
presenciales, aparece la necesidad de mantener la continuidad del aprendizaje, imponiendo
desafíos y exponiendo difíciles situaciones especialmente en los países subdesarrollados;
aplicando diferentes soluciones y alternativas relacionadas al proceso educativo, dando origen
a distintos campos de acción: como el aprendizaje mediante entornos virtuales.
En este contexto y para responder a la crisis existente, promoviendo herramientas pedagógicas
y psicosociales que fortalezcan el modelo educativo, con fecha 14 de septiembre del 2020 y a
través de un acuerdo ministerial ejecuta el “Plan Educativo Aprendamos juntos en Casa”. Ante
tal escenario, el aprendizaje en función del uso de las tecnologías fue el único recurso disponible
para el modelo de educación virtual impuesta; combinando dos conceptos importantes como
son: tecnología móvil y la educación m-learning; surgiendo entornos virtuales de aprendizaje,
aplicaciones para dispositivos APP y software didáctico, desconocidos en gran parte por los
docentes y estudiantes, ofreciendo soluciones metodológicas en un nuevo modelo de enseñanza
y aprendizaje.
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Evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje del lenguaje escrito en el aula virtual
171
La educación en general enfrentó una gran crisis con el COVID 19. Hubo un bajo nivel de
aprendizaje en todas las asignaturas, en especial en las que se requería el acompañamiento de
docentes, como la construcción de la escritura. Las aulas de clase que eran necesarias para una
interacción entre docente y niño se convirtieron en una pantalla. Los primeros años del niño
son fundamentales en el desarrollo motor, físico, social y mental, este periodo es sensible y
receptivo debido a los estímulos existentes a su alrededor; provocando en los infantes problemas
en su coordinación de motricidad na, motricidad gruesa, habilidades y desarrollo destrezas,
que se trabajan dentro del aula con estrategias, como por ejemplo cortar con tijeras, rasgar,
pinza digital que dan inicio a la escritura y dentro de casa se estimula con tareas diarias, como
caminar, saltar, hacer actividades deportivas también se vieron afectadas por el connamiento
(Zambrano et al., 2022).
Ante tal escenario, la enseñanza y aprendizaje de la escritura en función del uso de las
tecnologías, fue el único recurso disponible para el modelo de educación virtual impuesto,
combinando dos conceptos importantes como son: tecnología móvil y la educación m-learning.
Surgieron los entornos virtuales de aprendizaje, aplicaciones para dispositivos APP y software
didáctico, desconocidos en gran parte por los docentes y estudiantes, ofreciendo soluciones
metodológicas que se reconguraron en un nuevo modelo didáctico educador.
En este marco, el objetivo es evaluar los métodos utilizados en la emergencia sanitaria, entre
los cuales constan los mediadores pedagógicos en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la
escritura en niños de primer año de educación básica. Se parte de una investigación anterior
efectuada en el área, que toma en cuenta la importancia del desarrollo de habilidades en las
diferentes etapas de adquisición de la escritura, usando una propuesta pedagógica que consta
de instrumentos de evaluación, que permiten: diagnosticar y valorar las aplicaciones que se
emplearon en los entornos virtuales educativos, de acuerdo con el nivel de conocimiento
adquirido.
Problemática
La pandemia provocó crisis en el sistema educativo ecuatoriano. El lugar físico lúdico como
el aula de clases, con actividades recreativas y planicadas, pasó a convertirse en un entorno
virtual de enseñanza a través de una pantalla, estableciendo algunos desafíos, de forma especial
en los niños que iniciaban la escolaridad, una de las etapas más importantes en su vida, donde
adquieren parte de su personalidad, su desarrollo motor, físico, social y mental. Como lo arma
Robert Jenkins, jefe de Educación de UNICEF “una pérdida de escolarización en la infancia
casi insuperable” (Delgado y Grasst, 2022).
Raúl Guillermo Zambrano Pontón, Rosario Livelia Haro Velasteguí
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Uno de los mayores desafíos para el sistema educativo a raíz de la COVID-19 fue el aprendizaje
de la lectoescritura, debido a la virtualidad, el aislamiento obligatorio, o empleo herramientas
complementarias. Docentes y padres de familia debieron adquirir nuevos roles activos dentro
del aprendizaje de los estudiantes, con la falta de conocimiento para brindar el apoyo requerido,
lo que sin duda retrasó el proceso de desarrollo de habilidades psicomotrices (motricidad na).
El movimiento de las extremidades del niño de forma coordinada como: cortar con tijeras,
amarrar los zapatos, jugar deportes, amasar, o hilar; son actividades creativas que estimulan
la motricidad de forma diaria y permiten fortalecer los músculos. Es importante advertir que,
dentro del proceso de preescritura, es necesaria la coordinación, el movimiento, la potencia y
la fuerza, de forma principal de los músculos de las manos y los ojos, necesarios para iniciar el
proceso de escritura (Marín, 2022).
La presente investigación se realizó dentro de la unidad educativa Santo Tomás Apóstol
de la ciudad de Riobamba en el año lectivo 2021- 2022, en los estudiantes de primer Año
de educación básica para evaluar mediante la utilización de herramientas pedagógicas, la
enseñanza y aprendizaje en la construcción del lenguaje escrito mediante la educación virtual,
durante la pandemia.
Antecedentes
El COVID 19 obligó a cambiar el proceso de enseñanza y aprendizaje presencial a una
educación virtual, evidenciando las carencias y debilidades de las instituciones educativas. Fue
fundamental ofrecer en la fase de virtualización nuevas soluciones para que los estudiantes
pudieran desarrollar habilidades de escritura, a partir del uso de las TIC, como una herramienta
de aprendizaje constructivista, generando cambios en las actividades que permitieron superar
problemas (Vidal, Gary, y Fernández, 2022). La investigadora Sandybelle, Alemán y Marcela,
(2016), sostienen que la educación permite romper barreras, especialmente si se apoya en el
amplio espacio digital y las nuevas tecnologías, que crean nuevos modelos que pueden brindar
calidad y eciencia, siempre y cuando sean efectivamente utilizados. Sin embargo, la falta de
formación tanto de docentes como estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje, trazaron
grandes brechas generacionales. Como consecuencia, una vez acabado el connamiento, se
visualizó un bajo rendimiento académico. La educación virtual presentó problemas como:
descontrol en los progresos de habilidades psicomotrices de los niños, manejo inadecuado en
uso de plataformas digitales para reforzar el aprendizaje, el poco interés o motivación dentro
de casa, todo lo anterior que afecta la calidad del aprendizaje (Moreira, 2022).
La integración de nuevas tecnologías en el aula y su correcto manejo propició en los educandos
la aparición del aprendizaje Mobile learning. Gran cantidad de nuevas aplicaciones educativas
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Evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje del lenguaje escrito en el aula virtual
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(APP) creadas para dispositivos móviles, se constituyeron como una realidad incuestionable
y tangible en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su ecacia, técnica y didáctica es
incuestionable. Cambiaron la metodología tradicionalista empleada por el sistema educativo,
que presentó serias dicultades para adentrarse en el complicado mundo digital (Nuñez y
Moclúz, 2019).
De acuerdo con el investigador Fambona y Pascual (2020), la incorporación de nuevas
metodologías apoyó el sistema de enseñanza por medio de recursos digitales, logrando que
gran parte de los estudiantes se mantenga inmerso en el aprendizaje, construyendo ciencia de
forma dinámica e interactiva. El aprendizaje infantil se concentra en: juegos, pinturas, dibujos,
formas, colores, emparejamiento, diferenciar, cuentos interactivos, encaminado a construir su
conocimiento memorizando, analizando, comprendiendo y experimentando. El niño es capaz
de integrar de forma rápida y fácil este tipo de tecnología, que integra a su aprendizaje recursos
que convierten sus prácticas educativas en experiencias creativas y motivadoras.
La construcción del conocimiento del lenguaje escrito tiene una gran relación con el desarrollo
cognoscitivo, afectivo y social del individuo; cuando los niños presentan dicultades en la
adquisición de escritura, existen razones fundamentales como: escaso desarrollo de la motricidad
na y gruesa, inexistencias técnicas adecuadas, y el desconocimiento de conguraciones
caligrácas. Los niños aprenden mediante repeticiones de movimientos de los rasgos caligrácos,
de este modo el acompañamiento del docente hacia el niño es muy importante. El aprendizaje
de la escritura es uno de los principales objetivos del sistema educativo, habilidad fundamental
en la comunicación integral del estudiante, en el desarrollo cognitivo y su personalidad. El niño
con problemas de lectura o escritura es más propenso a que fracase en el entorno escolar, es
fundamental la adquisición de dichos aprendizajes (Martínez, 2020).
El estudio se inicia con objetivo evaluar las aplicaciones empleadas en la educación virtual
mediante entornos virtuales de aprendizaje institucional, como es el caso de la Unidad
Educativa Santo Tomás Apóstol Riobamba (STAR) de la provincia del Chimborazo, se apoya
en las plataformas educativas de gran alcance como son ESEMTIA y una aplicación pagada
EDEBEON de uso de estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia, bajo la
administración de profesionales en la materia.; en la en área de lenguaje especícamente para la
enseñanza aprendizaje de la escritura en los estudiantes de la Institución pertenecientes a Primer
Año de Educación Básica, vericando mediante herramientas de evaluación el aprendizaje
obtenido por los estudiantes en época de pandemia.
El enfoque del presente estudio se fundamentó en el paradigma cualitativo y cuantitativo, de
las observaciones realizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura a través del
uso de test pedagógicos, buscando las causas y hechos de estudio, orientado a la comprobar
Raúl Guillermo Zambrano Pontón, Rosario Livelia Haro Velasteguí
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 169-183. Segundo Semestre de
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de la hipótesis. Además, cuantitativo, mediante encuestas realizadas a docentes para recoger
información del conocimiento de las herramientas digitales empleadas en los entornos virtuales
de aprendizaje en época de pandemia en la construcción de la escritura.
Metodología
La metodología empleada en el proceso de investigación tiene un enfoque mixto, que combina
métodos cuantitativos y cualitativos, lo cual es una aproximación muy pertinente en el ámbito
educativo (Herbas y Rocha, 2018). Para los propósitos del estudio se ejecutaron tres instrumen-
tos de recolección de datos: el primero fue aplicado a un total de 10 docentes, de primer año
de educación básica mediante una encuesta de 10 preguntas, realizadas mediante la plataforma
Microsoft Forms y distribuidas a través de WhatsApp al grupo de docentes de ese nivel escolar,
datos que una vez recolectados se validaron por medio del software SPSS mediante el análisis
de Alfa de Cronbach.
Con la nalidad de obtener información, se implementó un segundo instrumento, dirigido a los
niños de primer año de educación básica realizados de forma presencial, mediante el empleo
del test de ABC de Lorenzo de Fihlo, una prueba de uso individual que contiene ocho subprue-
bas. El objetivo de uso de esta herramienta medir la madurez del estudiante para el aprendizaje
de lectura y escritura, entregando información encuestador sobre del rendimiento obtenido
(Padilla y Becerra, 2010).
Por último, se utilizó como instrumento de validación test de escala de desarrollo de Nelson
Ortiz, que evalúa el desarrollo psicomotor del niño según a cinco áreas como: motricidad grue-
sa, motricidad na, audición y lenguaje y el área personal social (Guerrero, 2021). Toda esta
información de segundo y tercer instrumento fueron validados también por el software SPSS
mediante el análisis de Alfa de Cronbach.
Este estudio permitió analizar y evaluar el empleo de entornos virtuales en el aprendizaje de
la lengua escrita, por los niños de primer año de educación básica, llevando al descubrimiento
del problema. La recolección de datos se llevó a cabo una vez iniciado la presencialidad en la
Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol ubicada en el cantón Riobamba, provincia
de Chimborazo, Ecuador.
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Tabla 1. Muestra y población.
ESTRATOS UNIDAD DE ANÀLISIS NÚMERO
Estudiantes Estudiantes de los primeros de básica 172
Docentes Docentes del primer año de educación
básica 10
NÚMERO TOTAL POBLACIÓN 182
Fuente: elaboración propia.
Análisis e interpretación de resultados
El empleo ético de instrumentos escritos en un estudio avala la información obtenida mediante
el proceso de evaluación, que incluye a partir recolección de datos, análisis, codicación,
interpretación y conabilidad, referente a la prueba se calculada un coeciente interno (Abrão
y Adamatti, 2015). Como ya se indicó, se aplicó dos tipos de técnicas una la recolección de
datos:
El primer instrumento empleado son las encuestas aplicadas a los docentes para analizar, el
conocimiento de las Tecnologías de Comunicación TIC, aplicados a los entornos virtuales
educativos en período de connamiento con una población de 10 docentes, 5 principales.
Empleando el Alfa de Cronbach para medir la abilidad del uso de las plataformas virtuales en
el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito.
El segundo instrumento empleado es el test de Nelson Ortiz: “Escala de Desarrollo
Psicosociales”, que evalúa los patrones de desarrollo que inciden en la escritura de los niños,
empleado en los estudiantes mediante la observación a las distintas actividades enfocadas en
las áreas especícas del test. El tercer instrumento corresponde al test ABC de Lorenzo de
Filho, fue aplicado para evaluar las actividades básicas para el aprendizaje de la escritura y el
rendimiento de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Salesiana
Santo Tomás Apóstol de la ciudad de Riobamba, con una población total de 172 estudiantes
entre mujeres y hombres.
Test de Evaluación I: Instrumento dirigido a Docente
Mediante la encuesta, se recopilo información a las docentes de Primer año de Educación
Básica de la Institución, que consta de 10 preguntas encaminadas a recoger datos generales
sobre el conocimiento y empleo de entornos virtuales. El objetivo es determinar si la utilización
de Entornos Virtuales de Aprendizaje ayudó en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
lenguaje escrito.
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Tabla 2. Encuesta docentes uso del entorno virtual
1. ¿Qué tipo de herramientas virtuales se empleó en la construcción de escritura?
• Plataformas Educativas
• Tableros colaborativos
• Aplicaciones de Software (APP)
• Gestión de Aprendizaje (LMS)
• Realidad Virtual
2. ¿Qué facilidades le brindó el uso de herramientas virtuales en el proceso de escritura?
• Nulo
• Suciente
• Bueno
• Excelente
3. ¿Cree usted que el uso de herramientas digitales favoreció en el proceso de lenguaje escrito?
• Si
• No
4. ¿Los estudiantes tenían conocimientos previos de las herramientas virtuales?
• Si
• No
5. ¿El dominio de los estudiantes en el manejo de los recursos virtuales fue?
• Nulo
• Suciente
• Bueno
• Excelente
6. ¿Qué medio de comunicación se empleó entre el docente y el alumno?
• Nulo
• Suciente
• Bueno
• Excelente
7. ¿Qué tipo de herramientas no virtuales empleo para el aprendizaje?
• Materiales Impresos
• Materiales de área
• Materiales de trabajo
• Materiales docentes
8. ¿El aprendizaje en el proceso de lenguaje escrito fue?
• Nulo
• Suciente
• Bueno
• Excelente
Fuente: elaboración propia.
Para la medición de conabilidad se usó la prueba alfa de Cronbach, mediante software SPSS,
demostrando el grado de conabilidad de la investigación efectuada es aceptable, por el valor
arrojado de 0,862 en el uso de los entornos virtuales en la COVID-19, en la planta docente
del primer año de educación básica de la Institución, que concluyó en que la utilización de
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entornos virtuales de aprendizaje coadyuvó en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
lenguaje escrito.
El test de evaluación 2 (Nelson Ortiz de Escala de Desarrollo), dirigida a los estudiantes, tiene
como objetivo determinar la presencia o ausencia de habilidades motoras en los niños, que
servirá para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura en el connamiento.
Tabla 3. Uso de entornos virtuales de aprendizaje
MOTRICIDAD GRUESA
ITEM REALIZA % NO
REALIZA % TOTAL
Camina en línea recta 105 61.05 67 38.95 172
Salta 3 o más pasos en un solo pie 98 56.98 74 43.02 172
Hace rebotar la pelota y agarra 89 51.74 83 48.26 172
Fuente: elaboración propia con base en los Test estudiantes.
Figura 1. Motricidad Gruesa
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta a los estudiantes.
De acuerdo con los resultados de motricidad gruesa existe un porcentaje medio de estudiantes
de manejo de la motricidad.
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Tabla 4. Motricidad na
MOTRICIDAD FINA
ITEM REALIZA % NO REALIZA % TOTAL
Hace garabatos circulares 102 70,35 51 29,65 172
Corta papel con tijeras 98 77,33 39 22,67 172
Dibuja una gura humana 89 80,23 4 19,77 172
TOTAL
Fuente: elaboración propia con base en los Test a los estudiantes
Figura 3. Motricidad na
Fuente: elaboración propia con base en los Test a los estudiantes.
La información evaluada de motricidad na revela que existe un porcentaje de estudiantes
medio que cuenta con buen manejo de la motricidad
Tabla 5. Área del lenguaje
ÁREA DEL LENGUAJE
ITEM REALIZA % NO REALIZA % TOTAL
Dice su nombre completo 131 78.49 37 21.51 172
Cuenta con los dedos de la mano 98 56.98 74 43.02 172
Conoce derecha izquierda 85 49.42 87 50.58 172
TOTAL
Fuente: elaboración propia con base en test a los estudiantes
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Figura 4. Área lenguaje
Fuente: elaboración propia con base en test a los estudiantes.
De acuerdo con los parámetros, en el área del lenguaje existe un porcentaje de estudiantes
medio con buen manejo, el manejo de esta motricidad necesita mayor práctica manual en
comparación a la primera evaluación realizada.
Tabla 6. Área social
ÁREA SOCIAL
ITEM REALIZA % NO
REALIZA % TOTAL
Diferencia entre niño y niña 146 84,88 26 15,12 172
Sabe su edad 160 93,02 12 6,98 172
Comparte juegos con los otros niños 112 65,12 60 34,88 172
TOTAL
Fuente: Test a los estudiantes.
Figura 5. Área lenguaje
Fuente: Test a los estudiantes
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De acuerdo con los datos el área social un porcentaje de estudiantes medio que hace buen
manejo de esta área.
Test de Evaluación (Laurence Filho para medir los niveles de madurez de aprendizaje
luego de la aplicación de Entornos virtuales de aprendizaje), Dirigida a los estudiantes
Establecer los niveles de enseñanza aprendizaje del proceso del lenguaje y escritura del
estudiante en la educación virtual época de la pandemia. El Alfa de Cronbach con un valor
de 0.815, demuestra el grado de conabilidad existente en el estudio efectuado mediante el
uso de la prueba, aplicado en los niños del primer año de Educación Básica de la Institución;
exponiendo que la utilización de entornos virtuales si incidió en los patrones de desarrollo de
escritura de los niños.
Los resultados de la prueba realizada en los niños, demostró que las actividades de razonamiento,
memoria, etc., se desarrollaron, además las habilidades motrices, debido a que el tipo de
aprendizaje virtual, no se logró una práctica física del sistema escrito, por lo que no se estaría
trabajando de forma equilibrada en el desarrollo de psicomotricidad del para el aprendizaje de
la escritura. La vericación de la hipótesis mediante el análisis estadístico o la observación, se
apoyaron en los niveles de aprendizaje del lenguaje escrito que alcanzaron los niños.
De acuerdo con los datos obtenidos del 0.014 que es menor que 0,05 en el último test realizado
a los estudiantes, a través de la prueba estadística de Wilcoxon, se descarta la hipótesis
nula y acepta la hipótesis alternativa: El proceso de enseñanza - aprendizaje de escritura si
incidió por el uso de los entornos virtuales en el -aprendizaje en los niños de primer año de
educación básica una vez terminada con la educación virtual por COVID-19. Sin embargo, se
destacan a través de la investigación las deciencias existentes especialmente en las áreas de
habilidades psicomotoras, especialmente en las áreas de motricidad na, gruesa y social debido
al connamiento.
Conclusiones
• Uno de los principales problemas en el sistema educativo a raíz de la COVID 19, fue el
aprendizaje de la lectoescritura, debido a la virtualidad, el aislamiento obligatorio, empleo
herramientas complementarias, que implicó que docentes y padres de familia adquieran
nuevos roles activos dentro del aprendizaje de los estudiantes, la falta de conocimiento para
brindar el apoyo requerido para los niños, atrasaron el proceso de desarrollo de habilidades
psicomotrices.
• El aprendizaje de la escritura a través de entornos virtuales debe considerarse como ele-
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mento didáctico fundamental en clases, por ser una herramienta potente, más aún cuando
las circunstancias emergentes como COVID-19 han obligado hacer el único recurso dispo-
nible para una educación continua, su uso pedagógico propicia al estudiante ser construc-
tor de su propio conocimiento y al docente como un guía.
• Las herramientas móviles más apropiadas para los escolares que comienzan su etapa edu-
cativa son los celulares, su portabilidad y fácil manejo, aumentan las potencialidades de
integrarse a su vida diaria y brinda un cambio de prototipo apoyado en la sociedad digital,
pero usado correctamente.
• Los tutores indican que existe mayor interés por parte del niño en clases virtuales Los
entornos virtuales, adecuados en el aprendizaje del proceso de escritura, permiten desa-
rrollar la creatividad, interacción y mejorar contenidos tradicionales captando la atención
del estudiante y reeja resultados satisfactorios, acompañados un buen aprovechamiento
académico, pero también debido a la falta de práctica física existe falencias especialmente
en las habilidades de motricidad. Que debe ser complementado con nuevos métodos o
estrategias educativas.
• La utilización de nuevos métodos de aprendizaje propicia el autoaprendizaje, encaminado
a obtener mejores resultados académicos.
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• La recepción de artículos es abierta y constante.
• Se tendrán en cuenta los artículos subidos y enviados por los autores a través de la
plataforma OJS.
http://kairos.unach.edu.ec
• También se tendrán en cuenta artículos remitidos al correo electrónico de la revista:
kairos@unach.edu.ec
• Antes de enviar o subir su artículo a la plataforma OJS, asegúrese que el archivo no
contenga ni su nombre ni demás datos personales, esto con el n de garantizar la
revisión a ciegas.
• Si su artículo es publicado en español o en otro idioma, la revista no publica ni sube
al portal una versión diferente al idioma enviado.
• Tenga en cuenta que el proceso de revisión de su artículo oscilará entre tres meses y
seis meses.
• Durante el proceso de recepción y evaluación, la revista envía a través de la plataforma
OJS, mensajes a su cuenta de correo electrónico sobre el estado de su contribución,
por lo que le recomendamos revisar constantemente la carpeta de correo no deseado o
de spam porque muchos mensajes enviados desde OJS pueden estar alojados en este sitio.
• Por ultimo le sugerimos tener en cuenta todos los requisitos y normas de la
revista antes de enviar su artículo. Este es el primer ltro que se realiza, el documento
que no llegue con todos los requisitos no se aprobará.
• Le solicitamos tener en cuenta la siguiente información para que tanto ustedes como el
equipo de la revista hagan un uso eciente de los tiempos y procesos editoriales.
INFORMACIÓN GENERAL
El autor del artículo deberá registrarse como autor en el perl Open Journal System (OJS) de la
revista:
http://kairos.unach.edu.ec
Una vez registrado deberá seguir las instrucciones que allí se encuentran, subir el artículo y
el formato solicitado (información de procedencia del artículo). Es indispensable y obligatorio
llenar todos los campos del formulario del registro tanto de cada autor como la información del
artículo. En el campo de teléfono se deben poner todos los indicativos de marcado para el país
correspondiente.
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 169-183. Segundo Semestre de
2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.09
Evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje del lenguaje escrito en el aula virtual
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Aunque la revista fomenta el uso de la plataforma OJS, también se tendrán en cuenta
artículos remitidos al correo electrónico de la revista:
kairos@unach.edu.ec
REQUISITOS GENERALES
1. Los trabajos deben ser totalmente inéditos, y no deben ser enviados simultáneamente a otra
publicación. No se aceptan traducciones de artículos ya publicados.
2. Antes de enviar o subir su artículo a la plataforma OJS, asegúrese que el archivo del
manuscrito NO contenga los nombres de los autores ni demás datos personales. Para
el efecto, en una hoja aparte el autor indicará su nombre, tal como desea que aparezca
en la publicación, incluido el de los coautores si los hubiese, su lugar de adscripción
y los datos de teléfono o correo electrónico, y en general toda aquella información que
permita su localización en caso de que se requiriera alguna consulta, para ello llenará
el formato “Datos académicos del autor” que se le hará llegar vía electrónica.
3. Antes de enviar o subir su artículo a la plataforma OJS, asegúrese que el artículo cumple
con todas las normas y requisitos de la revista.
4. Debe enviarse al correo electrónico de la revista o subirse a la plataforma en OJS en formato
Word con márgenes en estilo Normal (inferior y superior: 2.5 cm; izquierda y derecha: 2.5 cm),
en hoja tamaño A4, espacio interlineado 1.5, justicado, en letra Arial 12, a una sola columna.
5. La extensión máxima de cada manuscrito no deberá pasar de las 8.000 palabras, y la mí-
nima de 4.000, incluidas guras, tablas y referencias bibliográcas. El Comité Editorial
en casos excepcionales podrá aprobar manuscritos que sobrepasen las 8.000 palabras.
6. No se reciben documentos de género periodístico o comentarios generales sobre algún tema.
7. Los autores otorgan permiso a KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y
administrativas para que su artículo se difunda en otros medios.
8. La recepción de artículos es abierta y constante.
9. Se reciben artículos en español, inglés, francés y portugués.
10. Todos los autores deben registrar el nombre bajo el cual publican en el registro internacional
de autores —IRALIS—, en la dirección: http://www.iralis.org/
Raúl Guillermo Zambrano Pontón, Rosario Livelia Haro Velasteguí
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 169-183. Segundo Semestre de
2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.09
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11. Todos los autores debe proporcionar su ORCID, de no tenerlo el autor deberá registrarse en
http://orcid.org/.
12. Los apartados que debe incluir el trabajo son los siguientes (a excepción de los artículos de
reexión, en los cuales no es necesario diferenciar los apartados de metodología, resultados
y discusión):
• Título. Debe ser descriptivo y que abarcar el contenido del trabajo. Debe ir en mayúscula
ja, negrita y centrado. En el siguiente reglón, en mayúscula ja, centrado, pero sin negrita,
en idioma inglés.
• Resumen (máximo 800 caracteres con espacio) que contenga una breve descrip-
ción de cada una de las secciones principales: introducción, metodología, resultados,
discusión y conclusiones más relevantes. Se debe evitar iniciar “Este artículo trata
de...” o similares. No debe incluir tablas, números, referencias o expresiones matemáticas.
La información del resumen debe ser congruente con la que se presenta en
el resto del artículo. Se debe presentar en idioma del manuscrito y en inglés.
• Palabras clave. Son descriptores del contenido del manuscrito, con un mímo de
tres y un máximo de cinco, separadas por coma (,). Deben redactarse en el idioma
del manuscrito y en inglés. Las palabras claves son conceptos generales relacionados
con el contenido. Esto permite identicar la temática del artículo.
Dado que las palabras clave son las marcas que los buscadores utilizan para encontrar artículos
en Internet, se recomienda que se escojan palabras que no formen parte del títuloy que
resalten los principales aspectos del artículo. Se recomienda revisar los términos y jerarquías
en el listado bibliográco THESAURUS - http://databases.unesco.org/thesaurus/.
• Introducción. Debe motivar el estudio, resumiendo su marco o fundamentos, sin necesidad
de revisar exhaustivamente el tema, y nalizar con una exposición clara del objetivo del
trabajo. Se incluirán sólo aquellas referencias estrictamente necesarias según criterios de
actualidad y relevancia en relación con los nes del estudio.
• Métodos. Los investigadores deben describir sus métodos de forma clara y sin ambigüedades,
incluyendo la información necesaria acerca de los procedimientos, los instrumentos
de medida, las variables y los métodos de análisis empleados. Esta sección debe incluir
información suciente para que otros/otras autores/as puedan replicar el trabajo. El comité
editorial puede solicitar el cuestionario utilizado en el estudio, si lo hubiere, o
que éste sea publicado con el artículo si nalmente es aceptado. Los estudios en seres
humanos deben contar con la aprobación expresa del comité de ética correspondiente.
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 169-183. Segundo Semestre de
2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.09
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• Resultados. Los resultados han de presentarse de forma concisa y clara, con el número
mínimo necesario de tablas y guras. Se presentarán de modo que no haya duplicación ni
repetición innecesaria de información en el texto y en las guras o tablas.
• Discusión y Conclusiones. Se destacarán los aspectos novedosos y relevantes del trabajo,
así como las conclusiones que de él se derivan. Debe evitarse repetir con detalle información
o datos ya presentados en las secciones anteriores. Se comentarán los resultados obtenidos
en relación con los de otros estudios previos relevantes, y se interpretarán las diferencias y
las similitudes. Se señalarán las fortalezas y las limitaciones del estudio, y se comentarán sus
posibles implicaciones en la interpretación de los resultados. Las conclusiones deben
relacionarse con los objetivos del estudio, y hay que evitar armaciones no respaldadas
suficientemente por los datos disponibles. Cuando sea pertinente, se recomienda a los
autores que hagan referencia a las implicaciones de su estudio para la política pública o
la gestión pública o privada.
• Referencias. Deberán aparecer completas al nal del artículo en forma de lista, en letra
Arial 12, organizadas alfabéticamente por autor y, para cada autor, en orden cronológico,
de más antiguo a más reciente. Siguiendo las normas internacionales APA (Ameri-
can Psychological Association). Se recomienda vericar la citación de las referencias en
un generador automático de bibliografía. Puede consultar http://citethisforme.com/es
La lista bibliográca según el estilo APA guarda una relación exacta con las citas que aparecen
en el texto del trabajo. Solamente incluye aquellos recursos que se utilizaron para llevar a cabo
la investigación y preparación del trabajo.
La lista bibliográca se titulará: Referencias.
La lista tiene un orden alfabético por apellido del autor(a) y se incluye con las iniciales de sus
nombres de pila.
La lista se escribe a espacio y medio.
Los títulos de revistas o de libros se escriben en cursiva. En el caso de revistas, el texto en cur-
siva comprende desde el título de la revista hasta el número del volumen.
Tablas, guras, grácos e ilustraciones serán los estrictamente necesarios y deben explicarse
por sí solos (sin tener que recurrir al texto para su comprensión). Deben indicar las unidades
de medición, y contener todas las notas al pie y se debe especicar claramente la fuente.
Deben enviarse insertadas en el texto en el lugar que cada autor considere oportuno.
Cada tabla y gura debe encabezarse con la expresión “Tabla” o “Figura” y la leyenda de esta.
Además, se enviará un único archivo con una carpeta comprimida en la que vayan incluidas
Raúl Guillermo Zambrano Pontón, Rosario Livelia Haro Velasteguí
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, juridicas y administrativas, 6(11), pp. 169-183. Segundo Semestre de
2023 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.11.09
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todas las guras en formato JPG o PNG, fácilmente identicables (número de gura en el
nombre del archivo) y con una calidad aceptable.
Notación matemática. Las ecuaciones o fórmulas deben ir alineadas al centro con numeración
arábiga consecutiva encerrada entre paréntesis a su derecha. Asimismo, deben contar con los
respectivos subíndices, superíndices y letras griegas claramente especicadas.
Una vez revisado el artículo y aprobado por los pares evaluadores ciegos, se procederá a su
edición en PDF, antes de ser publicado se enviará a cada autor/a una prueba de impresión
en el formato PDF denitivo. El autor deberá dar su consentimiento a la última edición
y una vez autorizado podrá ser publicado.
TIPOS DE ARTÍCULOS
Los artículos pueden ser de los tres tipos descritos a continuación:
Investigación original
Trabajos realizados con metodología cuantitativa o cualitativa relacionados con cualquier
aspecto de la investigación en los campos económicos, administrativos, contables, jurídicos y
comunicacionales.
Revisiones bibliográcas
Estudios bibliométricos, revisiones sistemáticas, metaanálisis y metasíntesis sobre temas
relevantes y de actualidad en los campos económicos, administrativos, contables, jurídicos
y comunicacionales. Se tratará de un artículo cientíco que recopila la información
más relevante sobre un tema especíco. El objetivo fundamental es identicar qué
se conoce del tema, qué se ha investigado y qué aspectos permanecen desconocidos.
Para la preparación de revisiones sistemáticas o metanálisis se recomienda adaptarse a lo
indicado por la última versión de la declaración PRISMA (http://www.prisma-statement.org/).
Reexión
Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva
analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema especíco, recurriendo a fuentes
originales. Estos pueden ser estudios monográcos (artículos doctrinales) o comentarios de
jurisprudencia.
