HOMICIDIOS Y SUICIDIOS EN
RELACIÓN CON LA INEQUIDAD
EN AMÉRICA LATINA
HOMICIDES AND SUICIDES IN
RELATION TO INEQUALITY IN
LATIN AMERICA
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.01
Andrés David Naranjo Navas
ladnaranjo@uca.edu.ar
Ponticia Universidad Católica Argentina
Facultad de Ciencias Económicas
(Buenos Aires - Argentina)
ORCID: 0000-0002-7818-4845
Christian Paúl Naranjo Navas
cnaranjo@unach.edu.ec
Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Educación, Humanidades y
Tecnología
(Riobamba - Ecuador)
ORCID: 0000-0003-1532-203X
Recibido: 26/05/21
Aceptado: 17/02/22
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 9-27, julio - diciembre 2022
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
ISSN No. 2631-2743
HOMICIDIOS Y SUICIDIOS
EN RELACIÓN CON LA
INEQUIDAD EN AMÉRICA
LATINA
HOMICIDES AND
SUICIDES IN RELATION
TO INEQUALITY IN LATIN
AMERICA
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.01
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 9-27, julio - diciembre 2022
ISSN No. 2631-2743
Resumen
La relación entre inequidad y violencia ha sido estudiada
dentro de un conjunto de bases de datos y en casos
especícos. En la mayoría de los estudios se encuentra
una correlación positiva. El caso de América Latina se
pierde en las bases de datos globales, por ello, no existe
un estudio de solo la región que intente ver la relación
entre los homicidios y suicidios y la inequidad. Para
responder a este interrogante, se analiza la correlación
entre inequidad, pobreza, con homicidios y suicidios de
13 países de América Latina, de 1990 a 2018, a través
de una regresión lineal dentro del método de mínimos
cuadrados generalizados. A pesar de que la mayoría
de los estudios globales, con grandes bases de datos,
presentan una correlación positiva, para el caso de la
región iberoamericana, se encuentra una correlación
baja.
Palabras clave: inequidad, pobreza,
homicidios, suicidios, América Latina
Abstract
The relationship between inequity and violence has
been studied within a set of databases and in specic
cases, in most studies a positive correlation is found.
The case of Latin America is lost in global databases,
therefore, there is not a study of only the region that
tries to see the relationship between homicides and
suicides and inequity. To answer this question, the
correlation between inequity, poverty, with homicides
and suicides in 13 Latin American countries, from
1990 to 2018, is analyzed through a linear regression
within the generalized least squares method. Even
though most global studies, with large databases,
present a positive correlation, in the case of the Ibero-
American region, the there is a low correlation.
Keywords: inequality, poverty, homicides,
suicides, Latin America
Homicidios y suicidios en relación con la inequidad en Am
érica Latina.
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Introducción
La percepción de una creciente inequidad en América Latina persiste dentro de los discursos
políticos y de la retórica de los movimientos sociales; sin embargo, la inequidad en la región,
medida a través del coeciente de Gini, en promedio de los 13 países etudiados1, se ha reducido de
forma constante en las últimas décadas. El coeciente ha disminuido de 50 en 1999 a 45 en 2018
(Banco Mundial, 2020). Aunque en Brasil el coeciente uctúa de 60,5 en 1990 a 53,9 en 2018,
es aún el país con mayor desigualdad en la región2, mientras que los países que menor desigualdad
presentan son El Salvador (38), Argentina (41), Bolivia (42) y Perú (42).
Los estudios sobre inequidad son extensos. Teichman (2019) sostiene que la mayor parte de los
estudios en latinoamericana hacen relación al impacto de los arreglos institucionales del estado,
desde el legado colonial hasta las instituciones democráticas del siglo XXI. En historia económica,
Abad y Astorga (2017) argumentan que la inequidad en la región no aumenta necesariamente
durante los períodos de crecimiento basado en las exportaciones, ni tampoco disminuye como
consecuencia de los modelos de industrialización y substitución de importaciones.
El problema de investigación se reere a los pocos estudios regionales sobre la relación que existe
entre la inequidad y la violencia, en la mayoría de ellos, América Latina aparece representada con
pocos países, como en los datos de Fajnzylber, Ledereman, & Loayza (2002), quienes toman en
cuenta los datos de 8 países3 de 1965 a 1994. Cuando se incluye los datos de la OECD, África
Subsahariana, Asia y Europa oriental, los resultados muestran una correlación positiva entre la
inequidad y los robos, e inequidad y homicidios. No obstante, no podemos estar seguros de que el
agregado representa los resultados de América Latina.
En el caso de los suicidios, la mayor parte de estudios de caso presentan una correlación positiva
entre la inequidad y la violencia, como en el caso de Brasil, en cual se ha encontrado una relación
positiva entre el índice de Gini y las tasas de suicidio (Machado, Rasella, & dos Santos, 2015). Así,
el objetivo central es responder la pregunta de investigación partiendo de la hipótesis de que los
homicidios y suicidios tienen una correlación positiva con la pobreza y la inequidad.
Inequidad y homicidios
De acuerdo a los datos de Roser & Ritchie (2019), la tasa de homicidios, cada 100 mil personas,
en América Latina no varía de forma signicativa, solo presentan unos picos altos de 1990 a 2018:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y
Uruguay.
Venezuela es probablemente el país con mayor desigualdad en el continente, los datos ociales son poco creíbles, por
ello, las bases de datos internacionales solo presentan la evolución del coeciente hasta el 2006.
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Andrés David Naranjo Navas, Christian Paúl Naranjo Navas
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7,1% (1998); 5,4 (2000); 9,5 (2002); 5,2% (2011); y, 7,2% (2014). El resto de años las tasas se
mantienen menores al 2%. Con estos datos no se puede armar que el número de homicidios se ha
reducido en la región, sino que ha pasado por picos de violencia en determinados años. El país con
mayor reducción de homicidios es Panamá de 9,1% (1990) a 1,6% (2017); y, Colombia, de 8,4%
(1991) a 2,9 % (2017). El país que registra un aumento es Uruguay, de 3,9% (1990) a 6,1% (2017).
La relación entre desigualdad y delincuencia ha sido objeto de teorías sociológicas que proponen
que las personas de clase baja tienen tasas de delincuencia más altas que otros grupos. Una de
las teorías sobre el crimen, la “privación relativa”, propone que la desigualdad genera tensiones
sociales, ya que los menos acomodados se sienten desposeídos en comparación con las personas
más ricas (Braithwaite, 1979). Este sentimiento lleva a buscar compensación, a veces, a través de
la comisión de delitos tanto contra pobres como contra ricos (Fajnzylber, Lederman, & Loayza,
2002, p. 2).
La literatura muestra que la violencia, medida a partir de las tasas de criminalidad, se entiende por
las diferencias entre las ganancias potenciales del crimen y los costos de oportunidad asociados
(Becker, 1968). Después, como explicarán Fajnzylber, Lederman & Loayza (2002), existe un
vínculo entre la inequidad y la violencia criminal. Las dos están positivamente correlacionadas
además de reejar causalidad de la inequidad hacia las tasas de criminalidad.
Por otro lado, Kelly & Evans (2017) arman que los modelos agregados producen resultados
engañosos en este dominio, sustancialmente debido a problemas insolubles de tamaño de muestra,
variables de confusión omitidas y efectos condicionales que dieren entre naciones pobres en
desarrollo. Asimismo, Kelly & Evans argumentan que la desigualdad del ingreso nacional es
irrelevante para el bienestar subjetivo de las personas en las naciones avanzadas; sin embargo, para
las naciones en desarrollo, la evidencia indica un efecto de neutral a positivo para la desigualdad.
Pridemore (2008) ha argumentado que en las últimas tres décadas se han publicado decenas de
estudios transnacionales que prueban una asociación entre desigualdad y homicidio, empero
ninguno probaba una asociación entre pobreza y homicidio. A pesar de aquello, en su acercamiento
al caso de los Estados Unidos, aplicando un proxy de la pobreza (mortalidad infantil), revela una
correlación positiva y signicativa entre el nivel de pobreza de una nación y su tasa de homicidios.
Años después, Rogers y Pridemore (2020) arguyen que la literatura académica presenta la variable de
inequidad económica como una variable estructural que está relacionada con las tasas de violencia.
Este fenómeno ocurre porque la percepción de inequidad crea frustración entre los sectores de
menor ingreso. La frustración genera ira, la cual lleva a actos criminales. Además, la violencia tiene
una correlación muy baja con la pobreza, lo que muestra que el aumento de violencia no ocurre
por aumento de la pobreza sino por el aumento de la percepción de inequidad. Aunque la tendencia
de la academia presenta la criminalidad como posible consecuencia de la inequidad, Bourguignon
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(1998) sostiene que la importancia de la desigualdad como determinante de la delincuencia puede
deberse a factores no observados que afectan, simultáneamente, a la desigualdad y la delincuencia.
Dentro del contexto revisado, bajo la lupa de las explicaciones criminalísticas de Blau y Blau
(1982), Messer y Resonfeld (1997), y Paré (2014), quienes concuerdan que la percepción de
inequidad conduce al aumento de homicidios a causa de la frustración individual y colectiva,
aunque en principio la hipótesis central de esta investigación fue que la percepción de inequidad
tiene una relación directa con el aumento de homicidios y suicidios en América Latina, como
veremos más adelante, los resultados muestran lo contrario. Para probar nuestra hipótesis, se va a
realizar una regresión lineal utilizando la metodología mínimos cuadrados generalizados, con una
temporalización de 1990 a 2018.
Inequidad y suicidio
En su obra clásica, El Suicidio, Émile Durkheim (1897) ve el fenómeno como un evento sociológico.
Concluyó que las tasas de suicidio se mantienen más o menos estables en largos períodos de tiempo.
Sin embargo, los picos que se encontraron estaban relacionados con depresiones económicas o
con eventos bélicos. Termina señalando la pertenencia social como un escudo protector frente al
suicidio.
El suicidio aparece como un problema personal. Sin embargo, pose un ámbito social, el cual se
relaciona con la violencia intrafamiliar y comunitaria. De acuerdo con Maclsaac, Bugeja y Jelinek
(2017), las mujeres que son abusadas sexualmente muestran un aumento de 12 a 20 veces en
los intentos de suicidio. Por otro lado, el abuso sexual infantil muestra un 150% más de riesgo
de comportamiento suicida. Además de conceptualizar el suicidio como un elemento relacionado
directamente con la violencia contextual, la Organización Mundial de la Salud la considera como
violencia auto dirigida (2002), es decir, el suicidio es considerado como violencia causada y dirigida
al mismo individuo.
Las investigaciones de Ritchie, Roser, & Ortiz-Ospine (2019) señalan que las tasas de suicidios,
cada 100 mil habitantes, se mantienen en el mismo rango, entre 1,2% y 1,5% de 1990 a 2018. El
país con una reducción signicativa es Chile, de 3,7 % (1990) a 1,8% (2017), mientras que el país
con el menor porcentaje de suicidios es Perú, quienes se mantienen, desde 2008, con números
menores a 0,8%. Con estos datos no se observa ninguna tendencia regional, por el contrario, los
porcentajes de suicidio se mantiene estables en las tres últimas décadas.
El suicidio es una de las principales causas de muerte en el mundo (World Health Organization,
2020). A pesar de la importancia del tema, no existen estudios para América Latina de la posible
correlación entre la inequidad por ingresos y las tasas de suicidio, lo que existe son varios estudios
localizados por países que han intentado revisar las tasas de suicidio con factores socioeconómicos
como la posición social, la educación, y los bajos ingresos económicos.
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Curtis, Curtis y Fleet (2013) arman que, para el caso de Nueva Zelanda, la inequidad por ingreso
ha contribuido al incremento del suicidio. De acuerdo con estos autores, en los años 80s, el pico
de suicidios se registró entre los 15-24 años; en los años 90s, el pico de suicidios ocurrió entre los
25-34 años; y, hasta el 2010, el pico de suicidios se visualiza entre 35-44 años. Con cada década, le
tendencia de aumento de suicidios pasa una generación.
El suicidio es un fenómeno multicausal. Algunos arman que las tasas de suicidio aumentan durante
los períodos de crisis económica (Robert, 1999), o por la exposición a factores de riesgo ambientales
(Subramanian y Paolo Belli, 2002) o por la presencia de factores psicosociales (Heikkinen,
Isometsa, MJ, Aro, & Lonnqvist, 1995). En el caso de Brasil, Machado, Rasella, y dos Santos
(2015) muestran que el índice de Gini está relacionado positivamente con las tasas de suicidio.
También los ingresos bajos y los bajos niveles de educación tuvieron una correlación positiva.
Así, la inequidad, bajos ingresos, y bajos niveles de educación representa un riesgo comunitario en
relación con el suicidio en Brasil.
Platt (2016) arguye que, en el caso de Escocia, durante el período 1989-2002, a pesar del creciente
reconocimiento para abordar las desigualdades en salud, ha habido un fracaso en considerar las
cuestiones de igualdad en los enfoques de prevención del suicidio. Platt cree que esto ha ocurrido
a pesar de una amplia evidencia en el riesgo de comportamiento suicida asociado con la posición
social, el mercado laboral, la educación, los ingresos, la tenencia de la vivienda. La evidencia
empírica conrma que la clase social baja y la privación socioeconómica se asocian con un mayor
riesgo de suicidio.
Por último, Chandler (2020) analiza un informe multidisciplinario basado en las desigualdades
socioeconómicas y las tasas de suicidio en el Reino Unido. El estudio destaca la falta de atención a
las desigualdades socioeconómicas y un énfasis en las experiencias y emociones adversas de la vida
para comprender el suicidio. Chandler (2020) sostiene que la teorización sobre el suicidio requiere
de un abordaje interdisciplinario entre sociólogos, psicólogos y otros. La teorización actual en la
investigación del suicidio convencional está limitada por su incapacidad para participar en debates
sociológicos duraderos, pero de vital importancia, sobre la estructura y la agencia.
Pobreza y violencia
Con relación a la proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de
pobreza, a decir personas que viven con menos de 1,9 USD al día, en la primera mitad de la década
de los noventa encontramos una disparidad muy signicativa, a decir: países como Brasil, Panamá,
El Salvador, presentan una pobreza del 22%, 22%, y 21% respectivamente; mientras que países
como Uruguay, Argentina y Paraguay registran una pobreza del 1%. A partir de entonces, toda la
región muestra una tendencia descendente, hasta registrar valore que promedian el 2%, el país con
el más alto porcentaje es Bolivia, con 5% (CEPAL, 2019).
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En la década de los setenta, Townsend (1974), Miller y Roby (1970), propusieron que la esencia
de la pobreza es la privación relativa, a decir: la gente es pobre cuando no puede vivir de la forma
habitual en sus propias comunidades. Poco después, a pesar de que la pobreza relativa se convertía
en una tendencia, Messner (1982) argumenta que la forma tradicional de medir la pobreza es a
través de la línea de pobreza, lo cual asegura el costo mínimo para asegurar el bienestar, medido
como porcentaje de la población. Además, acusó de absurdo la relación entre la pobreza relativa y
el crimen, aquellos que proponían esta correlación eran los teóricos radicales. Messener llega a la
conclusión de que, el caso de los Estados Unidos, la relación entre pobreza absoluta y homicidios
es cero; por el contrario, la relación con la pobreza relativa presenta una correlación inversa.
Stack (1984) arma que las observaciones que ayudan a concluir que la mayoría de los delitos que
son inigidos por pobres hacia los pobres implica que las características de las víctimas dependen
no solo de su riqueza relativa, sino de la distribución de la seguridad. De hecho, el crimen puede
ser más frecuente en las comunidades pobres porque la distribución de los servicios policiales por
parte del estado favorece a los vecindarios ricos (Fajnzylber, Ledereman, & Loayza, 2002, p. 2). La
encuesta longitudinal estadounidense de Jarjoura et al (2002) reveló que cuanto más tiempo vive un
joven en la pobreza, es más probable que se involucre en comportamiento delictivo.
La pobreza es más severa, más generalizada y más evitable de lo que ocialmente se reconoce, agravada por
fallas institucionales (Pogge, 2013). Es reciente la teoría que arma que la pobreza es una de las formas de
violencia. Ésta teoría arma que la pobreza y la violencia son una fuerza poderosa que se opone al bienestar
colectivo de nuestra sociedad. Allen (2001) cree que los datos revelan la correlación estadísticamente
signicativa entre pobreza y violencia.
Dong y Egger, Anser et.al (2020), al estudiar la pobreza en triangulación de la desigualdad y el
crimen, en un panel de 16 países, de 1990 a 2014, concluyen que no existe una relación uniforme
o nula entre el ingreso per cápita y la tasa de delincuencia. La desigualdad de ingresos y la tasa de
desempleo aumentan la tasa de delincuencia, mientras que la apertura comercial ayuda a reducir
la tasa de criminalidad. Los resultados del análisis de crecimiento favorable a los pobres muestran
que, aunque la tasa de delincuencia disminuye en los años 2000–2004 y 2010–2014, la fase de
crecimiento se vio en los pobres debido a la distribución desigual de los ingresos.
Tollesfsen (2020) arma que los países más pobres enfrentan un mayor riesgo de guerra civil;
sin embargo, no existe mayores conclusiones sobre si existe una correlación similar a un nivel
más local. La investigación sobre el nexo entre la pobreza y el conicto local se ha basado, en
gran medida, en indicadores objetivos de la pobreza que sólo se relacionan vagamente con la
justicación del conicto. Después de analizar datos de encuestas georreferenciadas de la encuesta
afro barómetro para 35 estados africanos, Tollesfsen concluye que las áreas con altos niveles de
pobreza tienen más probabilidades de experimentar conictos; es más probable que la pobreza
exacerbe la violencia si las instituciones locales de un área son débiles.
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A pesar de los resultados presentados en algunos estudios, para el caso de Gran Bretaña, Webster
& Kingston (2014) arma que se han encontrado una relación débil o inexistente entre el nivel
socioeconómico y la delincuencia, especialmente entre los ingresos de los padres y el inicio de
la delincuencia en los hijos. Para Webster & Kingston, basados en los estudios de Dunaway et
al (2000), presentan la poca inuencia directa de la pobreza en el crimen; además, enfatizan la
mayor probabilidad de ser víctima de un crimen en lugar de delinquir y que este es el aspecto más
signicativo del impacto de la pobreza en el crimen. De esta forma, a pesar de que la mayoría de
los estudios encuentran una relación entre la pobreza y la violencia, existen casos como los de Gran
Bretaña o, como en este estudio, casos como los de América Latina en los cuales no se encuentra
una correlación signicativa entre pobreza y violencia, o entre desigualdad y violencia.
En el caso de México, visto a partir de 2442 municipios en tres etapas distintas (2000, 2005 y
2010), Ramírez (2014) arma que el índice de violencia está más cercano a la dimensión de la
pobreza que a la de desarrollo económico. Sugiere que la pobreza medida por ingresos no suele
estar asociada a los crímenes como el homicidio intencional, es la privación relativa la que mejor
predice los homicidios, aunque el autor advierte que los resultados deben ser tomados con cautela.
Díaz (2016), sobre el caso de México, analiza los municipios con población mayor a 100 mil
habitantes, y llega a conclusiones contrarias a las expuestas por Ramírez, y opuestas a otros casos, a
decir, una correlación negativa entre pobreza, desigualdad y homicidios. Díaz propone dos hipótesis
alternativas: primero, es solo la pobreza extrema la que impulsa la violencia; segundo, la pobreza
inuye en la violencia cuando viene acompañada con la desigualdad.
Del lado del homicidio, la mayor parte de la literatura culpa a la desigualdad de ingresos como la causa
de los delitos violentos. Dentro de esta literatura se encuentra Parker y Smith (1979), quien presenta la
suposición de que el homicidio es un fenómeno unidimensional. A ello, clasican el homicidio en dos
tipos, primario y no primario, según la relación víctima-delincuente. Los autores encontraron que las tasas
estatales de homicidio primario están relacionadas con la pobreza y con el porcentaje de la población de
20 a 34 años, mientras que las tasas de homicidio no primario están signicativamente relacionadas solo
con el porcentaje del estado que vive en áreas urbanas.
Años después, el mismo Robert Parker (1989) discute varias hipótesis derivadas teóricamente y que
relacionan tipos de homicidios. Indica la primacía del enfoque socioeconómico para comprender
las causas del homicidio y la importancia de una mayor clasicación del homicidio para desenredar
los posibles efectos subculturales de los efectos socioeconómicos.
Trabajos como el de Dong y Egger (2020), para el caso de China, al analizar todos los veredictos
judiciales para casos de homicidio entre 2014 y 2016, concluyen que es la pobreza y el bajo nivel
de ingresos, más que la desigualdad de ingresos, lo que se relaciona positivamente con las tasas de
homicidio. Además, sugieren que la migración interna rural-urbana desde localidades más violentas
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contribuye a las tasas de homicidio de las ciudades de destino. En lugar de la privación relativa, es
la privación absoluta es la principal responsable de los delitos violentos.
Del lado de suicidio, Jutta Lindert (2015) presenta a los países de bajos ingresos de Asia y el Pacíco
con mayor carga de suicidios del mundo. Los suicidios están asociados con psicopatologías como
la depresión y la desesperanza. La pobreza, la escasez y la crisis económica están asociadas con las
psicopatologías. Estas conclusiones se han realizado a pesar de que el mismo autor reconoce que
se necesita más conocimiento sobre el impacto de la pobreza, la escasez y las crisis económicas en
la desesperanza y el suicidio.
Si bien se ha argumentado que éste puede ser visto como parte de una violencia interna, auto
dirigida, El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (2021) de los Estados Unidos
dejan en claro que muchos factores pueden aumentar el riesgo de suicidio, por ejemplo, las personas
que han experimentado violencia, incluido el abuso infantil, el acoso o la violencia sexual. Además,
las personas que han experimentado violencia, incluidas las experiencias adversas de la infancia
(como el abuso físico), el acoso o la violencia sexual, tienen un mayor riesgo de suicidio (National
Center for Injury Prevention and Contro, 2016).
Así también, Rossow (2000) analiza la relación entre el consumo de alcohol y el suicidio, llega a
la conclusión de que beber más se asocia con un mayor riesgo de experimentar comportamiento
suicida o violencia. Por otro lado, el consumo de alcohol y el abuso infantil son menos extensos, los
hallazgos son menos consistentes para demostrar una asociación y muchos estudios han recibido
críticas metodológicas (p. 397).
Los casos estudiados muestran que, a pesar de que hay cierto consenso en la inuencia de la
pobreza y la desigualdad con los homicidios, menos con los suicidios, hay varios casos en los que
esta relación es nula o, incluso, inversa. Por ello, los resultados que se presentarán a continuación
pueden verse como un aporte a la discusión existente.
Metodología
Después de haber realizado una denición operacional de las variables de análisis (desigualdad
por ingreso, pobreza, homicidios y suicidios), en éste y en el siguiente apartado se procede a la
justicación de la metodología de investigación utilizada, la cual ha hecho uso del método de
Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) (en inglés, Generalized Least Squares, WLS/GLS), y a
la discusión de los resultados obtenidos.
El método de Mínimos Cuadrados Generalizados es casi similar a la aplicación del método de
Mínimos Cuadrados Ordinarios. El método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) (en inglés,
Ordinary Least Squares OLS), trata de minimizar la suma de los cuadrados de los errores. En otras
Andrés David Naranjo Navas, Christian Paúl Naranjo Navas
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palabras, la suma de los cuadrados con relación a las diferencias entre los valores observados reales
con los estimados (Novales, 2010; Hutcheson, 2011; Universidad de Santiago de Compostela,
2012; Schmidheiny, 2020).
El estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados es un estimador lineal, el cual es insesgado
y de varianza mínima en las muestras nitas. Por otra parte, en las muestras grandes, el MCG
es consistente y eciente asintóticamente (Mert, 2015; Asturias Corporación Universitaria, 2015;
Casquel y Uriel, 2000). De esta forma, el estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados se
expresa de la siguiente manera:
Este estudio pretende establecer la inuencia de la desigualdad por ingreso (Gini) y pobreza4 en
homicidios y suicidios. Es decir, se tiene dos variables dependientes que son homicidios y suicidios
(variables endógenas) y dos variables independientes que son la desigualdad por ingreso y la
pobreza (variables exógenas). En este sentido, se busca ver cuál es la relación entre la desigualdad
por ingreso y de la pobreza en cada una de las variables dependientes.
Para poder ver esta inuencia, se ha realizado una regresión lineal. Se ha decidido utilizar MCG
y no el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) porque el MCO no cumple con los
supuestos que permite que el estimador sea consistente. De acuerdo con Baronio y Vianco (2014),
las estimaciones del MCG son superiores al de MCO en caso de que no se cumpla los supuestos
tradiciones y son similares en caso contrario.
Una de las ventajas del método de Mínimos Cuadrados Generalizados es que se puede aplicar este
método cuando las varianzas de las observaciones son desiguales. Dicho de otra forma, cuando
puede existir heterocedasticidad o cuando existe cierto grado de correlación entre las observaciones
(Mert, 2015; Asturias Corporación Universitaria, 2015; Casquel y Uriel, 2000). Cabe mencionar
que en este escrito se ha corregido el problema de heterocedasticidad mediante la metodología de
Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP) (en inglés, Weighted least squares, WLS).
4 No se ha incluido variables de control por evitar endogeneidad entre las variables y de este modo evitar sesgo en la
medición (sobrevaloración o subvaloración).
Los determinantes de la variable “Pobreza” son: desempleo, educación, tamaño del hogar, ocupación del jefe de familia,
ubicación (rural o urbana) de la vivienda y tipo de trabajo. Dicho de otra forma, Ignacio y Santos (2018) mencionan que
el índice de pobreza está conformado por doce indicadores que están agrupados en cinco dimensiones que son vivienda,
servicios básicos, estándar de vida, educación y empleo, y protección social.
Los determinantes de la variable “Desigualdad por ingreso” son: el gasto sanitario per cápita, la presión scal, la redistribución
de riqueza, la falta de acceso a servicios básicos (educación, sanidad y justicia), la tasa de alfabetización, cultura (en relación
con familias que no quieren que sus hijos se eduquen, sino que vayan directamente al trabajo), corrupción, entre otras.
Homicidios y suicidios en relación con la inequidad en Am
érica Latina.
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 9-27. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.01
Resultados y discusión
Los datos de las variables descritas han sido obtenidos del Banco Mundial, de la CEPALSTAT, Our
World in Data y de los indicadores de las Naciones Unidas (Human Development Reports). Después
de la depuración de datos, se mostrará primeramente las grácas por cada variable de estudio como
promedio de los países latinoamericanos que se están analizando5. Posterior a esto, se analizará los
resultados obtenidos en cuanto a las regresiones.
En la gura 1 se puede notar el promedio de América Latina en relación con la una variable dependiente,
homicidios. Esta gura muestra que, a principios de los años 90, se registra casi 1,7 homicidios por
cada 100.000 personas. Como promedio, el índice de homicidios decae aproximadamente hasta el
año 1999, después se mantiene contante hasta el 2005 con aproximadamente 1,24 homicidios por
cada 100.000 personas. En 2018, se registra 1,37 homicidios por cada 1000.000 personas.
Figura 1. Homicidios en América Latina (por cada 100.000 personas).
1.200e+16 1.300e+16 1.400e+16 1.500e+16 1.600e+16 1.700e+16
Homicide
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
Años
Homicidios Promedio América Latina
Homicide (1990 al 2018)
Fuente: elaboración propia.
Con relación a la segunda variable dependiente, suicidios, se puede notar que, por cada 100.000
personas, en 1990 hubo aproximadamente 1,27 suicidios (gura 2). El registro de suicidios asciende
hasta el 2004 con aproximadamente 1,48 suicidios. Para el 2018 se tiene 1,34 suicidios. Se puede
apreciar que los cambios con relación a suicidios a lo largo del tiempo (desde 1990 al 2018) son
bajos.
En 1990, con relación a la primera variable independiente, desigualdad por ingreso (Gini), como
lo muestra la gura 3, existió dos tendencias. La primera es una tendencia ascendente de 1990 a
2000; y, la segunda es una tendencia descendente de el 2000 a 2018. Sin embargo, a pesar de estas
dos tendencias, queda claro que la desigualdad por ingreso en América Latina ha sido alta a lo largo
del tiempo.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Panamá, Perú y
Uruguay.
Andrés David Naranjo Navas, Christian Paúl Naranjo Navas
20 KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 9-27. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.01
Figura 2. Suicidio en América Latina (Número de suicidios por cada 100.000 habitantes).
1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5
Suicide
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
Años
Suicidio Promedio América Latina
Suicide (1990 al 2018)
Fuente: elaboración propia.
Desde esta perspectiva, surge la incógnita del ¿por qué existen registros altos desde 1990? Debido a
que durante los noventa existieron varios problemas de estabilidad económica, por el ejemplo: en el
caso de Ecuador, la crisis bancaria de los 99; en el caso de Argentina, la crisis de la convertibilidad
y la hiperinación; en caso de México, la crisis de tequila, etc.
En Ecuador, la crisis tuvo varias consecuencias como creación de la Ley de Instituciones Financieras
en la que se redujo los tipos de interés para incrementar la liquidez del mercado crediticio, generando
así una burbuja de inversión. Además, los prestamos vinculados que debilitó el sistema bancario
al disminuir las reservas monetarias de los depositantes. Y, el cruel fenómeno del niño. Todo esto
provocó que los deudores de la banca perdieran el valor de las inversiones, cayendo en impagos, con
el consecuente pánico bancario. Para rescatar al país de la crítica situación nanciera, se dolarizó
la economía ecuatoriana (De la Torrey Mascaró, 2011; Larrea, 2004; Herrera, 2012; Mesías, 2002).
Argentina vivió una crítica crisis en los años 90 a causa de la hiperinación. Colapsó las nanzas
públicas; por un lado, con un alto endeudamiento público, por otro lado, con reservas internacionales
a niveles mínimos, dejando una situación scal deteriorada. Se trató de estabilizar la economía
mediante la ley de convertibilidad (Castro, 2001), la cual consistía en jar el valor de la moneda
legal con una masa estable (en este caso, el dólar). En otras palabras, se estableció una relación
cambiaria ja entre el peso argentino y el dólar, de 1 a 1. Para esto era necesario que se respalde
cada peso en circulación con un monto equivalente de oro o divisas, A causa de la salida divisas
del país, el gobierno promulgara la medida conocida como “corralito”, la cual restringía el retiro
efectivo de los bancos. Todo este plan no fue sostenible y se desarma en el 2002, año en el que
termina la ley de convertibilidad (Rojas, 2003; Macías, 2002).
En el caso de México, la crisis nanciera de 1994, conocida como el Efecto Tequila o también
conocida como el error de diciembre. Esta crisis fue causada por la falta de reservas internacionales,
devaluación de la moneda y el fortalecimiento de la moneda extranjera. La moneda se devaluó
asceleradamente, llegando a incrementar el valor del dólar en casi 300%. Esto produjo altas tasas