FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
N. 9
Julio 2022
TABLA DE CONTENIDOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
HOMICIDIOS Y SUICIDIOS EN RELACIÓN CON LA INEQUIDAD EN AMÉRICA
LATINA............................................................................................................................................................9
Andrés David Naranjo Navas, Christian Paúl Naranjo Navas
LA POLITICA AMBIENTAL COLOMBIANA Y EL CAMBIO
SOCIAL PARA EL CUIDADO SOSTENIBLE DEL MEDIO
AMBIENTE
.........................................................................................................................................................28
Edisson A. Tarupí Montenegro
DETERMINANTES DEL INGRESO FISCAL DE AMÉRICA LATINA
...........................48
Eduardo G. Zurita-Moreano, Mariuxi Cabezas-Villagómez
LOS SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL
EN LAS PYMES DEL CANTÓN RIOBAMBA
..........................................................................68
María G. González-Bautista, Renata C Guerrero-Arrieta
SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA. UNA REFORMA INACABADA
..................................................89
Mauricio Goldfarb
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL DE
LOS TRABAJADORES EN PLATAFORMAS DIGITALES DE REPARTO A
DOMICILIO.............................................................................................................................................102
María C. Sánchez-Vera , Erlin R. Estrada-Murillo, María A. Vásquez-Proaño,
Carolina P. Montenegro-Benalcázar
UN ESTUDIO BIBLIOMETRICO SOBRE LA RELACION DE LOS COSTOS Y
ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LAS
ORGANIZACIONES
...........................................................................................................................116
Vinshelly M. Patiño-Valdiviezo , Gabith Miriam Quispe-Fernández, Gustavo Santos
Tapia Daza
EL ACCESO A INTERNET COMO DERECHO FUNDAMENTAL: LA EDUCACIÓN EN
TIEMPOS DE COVID-19
....................................................................................................................136
Carlos J. Chagcha-Solis , Carolina P. Montenegro-Benalcázar, Erlin R. Estrada-
Murillo, María A. Vásquez-Proaño
II
EQUIPO EDITORIAL
Ph.D. Diego Enrique Pinilla Rodríguez
DIRECTOR / EDITOR EN JEFE
Ph.D. Gerardo Miguel Nieves Loja
COORDINADOR EDITORIAL
MSc. María B. Ávalos-Torres
COORDINADOR EDITORIAL
MSc. Pablo Rosas Chávez
COORDINADOR EDITORIAL
MSc. Pablo Méndez Naranjo
COORDINADOR TECNOLÓGICO
MSc. Patricia Chiriboga
ASISTENTE EDITORIAL
Kening Anderson Buenaño Ilvis
MAQUETADOR
Ph.D. Galo Rodrígo Guerrero
Universidad Técnica Particular de Loja-Ecuador.
Msc. Carlos Hernando Escobar Uribe
Universidad del Bosque, Colombia.
Ph.D. Damián Bil.
Consejo Nacional de Investigaciones Cientícas
y Técnicas, Argentina.
Msc. Marcos Baudean
Universidad ORT, Uruguay.
Ph.D. Juan Carlos Vilaseca Berrios
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia.
Ph.D. Susana de las Mercedes Andrade Orellana
Ponticia Universidad Católica del Ecuador.
Ph.D. Andrés Botero Bernal
Universidad Industrial de Santander, Colombia.
Ph.D. Julio César Guanche Zaldivar
Flacso, Ecuador.
Ph.D. Tania Lizeth Zabala-Peñael
Flacso, Ecuador.
Ph.D. Edgar Corzo Sosa
Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Universidad Nacional Autónoma de México,
México.
Ph.D. Patricio Sánchez.
Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.
Lcd. Jenny Alexandra Freire Rivera
Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.
COMITÉ EDITORIAL
KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
MSc. José Vinicio Palacios Carrillo
ASISTENTE EDITORIAL
III
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CIENCIAS POLÍTICAS Y
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KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS IV
COMITÉ CIENTÍFICO
Ph.D. (c) Andrés Santacoloma Santacoloma
Goethe University Frankfurt, Alemania.
Ph.D. Paula Otero Hermida
Universidad Politécnica de Valencia,
España.
Ph.D. Maximiliano Alberto Aramburo Calle
Universidad EAFIT, Colombia.
Ph.D. Javier Ivan Soledad Suescún
Universidad de Pamplona , Colombia.
Ph.D. Vicente José Benito Gil
Universidad de Alicante, España.
Ph.D. Diana Beatriz González Carvallo
Centro de Estudios Constitucionales de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
México.
Ph.D. Myrna Limas Hernández
Universidad Autónoma de Ciudad Juarez,
México.
Ph.D. Luis Rafael Morales La Paz
Universidad Católica Andrés Bello.
Venezuela.
Ph.D. Daniel Lahoud
Universidad Católica Andrés Bello,
Venezuela.
Ph.D. Miguel Ángel García
School of Law, University o f Glasgow,
Escocia.
Ph.D. Roberto del Barco Gamarra
Universidad Técnica de Oruro, Bolivia.
Msc. Gonzálo Jonás Paredes Reyes
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Msc. Diana Milena Murcia Riaño
Universidad del Bosque, Colombia .
Ph.D. Juan Pablo Jaimes Villamizar
Universidad de Pamplona, Colombia.
Msc. Sol David López Dominguez Rivas
Universidad de Guayaquil, Ecuador.
Ph.D. Juan Ramos Martín
Ponticia Universidad Javeriana, Colombia.
Ph.D Priscila Hermida
Ponticia Universidad Católica del Ecuador.
Ph.D. Milton Fernando Montoya Pardo
Universidad Externado de Colombia.
MSc. Juan Pablo Cabrera Vélez
Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador.
Msc. Sol David Lópezdomínguez Rivas
Universidad de Guayaquil, Ecuador.
Ph.D. Juan Ramos Martín
Ponticia Universidad Javeriana , Colombia.
Ph.D. Priscila Hermida
Ponticia Universidad Católica del Ecuador,
Ecuador.
KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
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ADMINISTRATIVAS
COMITÉ CIENTÍFICO
Ph.D. Milton Fernando Montoya
Pardo
Universidad Externado de Colombia.
MSc. Juan Pablo Cabrera Vélez
Universidad Estatal de Bolívar,
Ecuador.
MSc. Jorge Andrés Cruz Silva
Ponticia Universidad Católica del
Ecuador, Ecuador.
Ph.D. Narcisa Jessenia Medranda
Morales
Universidad Politécnica Salesiana,
Ecuador.
Msc. Ximena Margarita Coronado
Otavalo
Ponticia Universidad Católica del
Ecuador, Ecuador.
Ph.D. Pablo Andrés Escandón Montenegro
Universidad Andina Simón Bolívar,
Ecuador.
Msc. María Eugenia Borja Lombeida
Universidad Nacional de Chimborazo,
Ecuador.
Ph.D. Verónica Paulima Altamirano
Benítez
Universidad Técnica Particular de
Loja, Ecuador.
Ph.D. Damián Emilio Gibaja Romero
Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla, México.
Abogado William Iván Gallo Aponte
Universidad Externado de Colombia.
Msc. Alejandro Hernández Luis
Facultad latinoamericana de
Ciencias Sociales FLACSO, Ecuador.
V
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KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS VI
ÁRBITROS INVITADOS
Alejandro David Leiva López
Universidad de Málaga – España.
Patricia Reyes Olmedo
Universidad de Valparaíso – Chile.
Jorge Carro Suárez
Universidad Politécnica de Tlaxcala – México.
Antonio Duréndez
Universidad Politécnica de Cartagena – España.
Jesús Salvador Vivanco Florido
Universidad Autónoma de Aguascalientes –
México.
José Juan Anzures Gurría
Tec de Monterrey – México.
John Fernando Restrepo Tamayo
Universidad de Medellín – Colombia.
Magdalena Balestero Casanova
Universidad Católica del Uruguay.
Oscar Faz Garza
Suprema Corte de Justicia de la Nación –
México.
Mario Pavel Díaz Román
Universidad Nacional Autónoma de México.
Yolanda Velázquez Narváez
Universidad Autónoma de Tamaulipas – México.
Ana María García García
Universidad de Valencia – España.
Miguel Ángel Olivares Urbina
Universidad del Caribe – Colombia.
Luiz Vicente Ovalles-Toledo
Universidad Autónoma de Sinaloa – México.
Hugo Roberto Calderón Rossell
Universidad Internaciones – Guatemala.
María Tania García López
Universidad Veracruzana – México.
Luis Brito Gaona
Universidad Técnica de Machala - Ecuador
Darío Rossignolo
Universidad de Buenos Aires – Argentina.
VII KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
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CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
EDITORIAL
Presentamos el número 9 de KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y
administrativas, de la Universidad Nacional de Chimborazo. En este número, el primer
artículo: Homicidios y suicidios en relación con la inequidad en América Latina, de Andrés
y Christian Naranjo Navas (Ponticia Universidad Católica Argentina y Universidad
Nacional de Chimborazo) estudian la relación entre inequidad y violencia en América
Latina a partir de métodos regresivos, encontrando una baja signicatividad entre las
variables.
En el segundo artículo, Tarupí Montenegro (Fundación Universitaria del Área Andina -
Colombia), en su artículo La política ambiental colombiana y el cambio social para el
cuidado sostenible del medio ambiente, analiza el contexto scal en Colombia, para la
promoción del cuidado del medio ambiente. Desde la hermenéutica interpretativa se
establecen relaciones entre impuesto e instrumentos económicos medio ambientales,
para concluir que la dimensión extrascal de los impuestos e instrumentos económicos
persiguen un cambio de comportamiento social y ecológico sostenible amparado por
la política ambiental.
En el tercer artículo Determinantes del ingreso scal de América Latina, Zurita-Moreano
(Unach) y Cabezas-Villagómez (Unach), realizan un análisis de los determinantes del
ingreso scal en América Latina mediante un modelo de regresión múltiple con datos
de panel con efectos jos. Encuentran que el valor agregado de la industria muestra una
relación positiva; mientras que la balanza comercial de bienes y servicios, la esperanza
de vida y las libertades civiles son signicativas, pero con una relación inversa.
En el cuarto artículo Los sistemas de control de gestión y la cultura organizacional en
las pymes del cantón Riobamba González-Bautista (Unach), y Guerrero-Arrieta (Unach)
establecen la relación entre los sistemas de control de gestión y los tipos de cultura
organizacional de las pymes del cantón Riobamba. Con datos recolectados y diversas
pruebas estadísticas, concluyen que los sistemas de control de gestión y los tipos de
cultura organizacional jerárquica, adhocrática y mercado son las que mantienen una
correlación mayor positiva.
En el quinto artículo, Silencio administrativo y presentaciones electrónicas en la
República Argentina. Una reforma inacabada, Goldfarb (Universidad Nacional del
Nordeste - Argentina), problematiza el tradicional principio del silencio administrativo
como desestimación, desde la propuesta de modernización de los procedimientos y el
innegable impacto de las nuevas tecnologías. Para ello, se exponen las reglas generales
del sistema ante la falta de respuesta expresa, así como las excepciones al principio
general, con una mirada especial sobre las reformas introducidas en los últimos años a
partir de la gestión documental a distancia y electrónica.
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CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
KAIRÓS, REVISTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS VIII
EDITORIAL
En el sexto artículo La bolsa de valores y su rol en el capitalismo, Bryan Naranjo
(Universitat Oberta de Catalunya), Navas Labanda y Naranjo Navas (Unach),
presentan una revisión teórica e histórica de los fundamentos del capitalismo y una
de sus instituciones más representativas, como lo es la bolsa de valores. Demuestran
como las bolsas de valores son importantes para el fortalecimiento de los sistemas
económicos, así como para el desarrollo de las empresas al generar incrementos
en los ahorros, en las inversiones, en el número de empleos y, en general, en el
bienestar de la sociedad.
En el siguiente artículo, Comparación par de Thurstone para decisiones de
internacionalización en pymes, Sánchez-Rodríguez (Universidad Tecnológica
Equinoccial – UTE) desarrolla un enfoque de selección de países con nes de
internacionalización en el contexto de las pymes, a partir de la escala de comparación
par de Thurstone, sobre los criterios de conabilidad, desarrollo económico y
cercanía cultural, de tres países. El éxito de dicho ejercicio sugiere que la escala
de comparación par de Thurstone constituye una técnica de fácil aplicación que
permite la selección de países con nes de internacionalización.
Por último, Padilla-Moran y Bracamontes Nevárez (Universidad Tecmilenio), en su
artículo Economic structure and poverty in Mexico, 2008-2018, analizan la estructura
económica y si los cambios que ésta experimenta están vinculados y afectan la
pobreza de México y los estados que lo integran. Encuentran que la pobreza se
reduce por el crecimiento económico, la participación de los sectores secundario
y terciario, pero no por el efecto reasignación, lo cual denota la inexistencia de un
cambio estructural en la economía mexicana.
Como siempre agradecemos a los autores que publican en esta edición, así como a
los revisores, quienes aportaron para mejorar estos artículos.
Equipo Editorial
HOMICIDIOS Y SUICIDIOS EN
RELACIÓN CON LA INEQUIDAD
EN AMÉRICA LATINA
HOMICIDES AND SUICIDES IN
RELATION TO INEQUALITY IN
LATIN AMERICA
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.01
Andrés David Naranjo Navas
ladnaranjo@uca.edu.ar
Ponticia Universidad Católica Argentina
Facultad de Ciencias Económicas
(Buenos Aires - Argentina)
ORCID: 0000-0002-7818-4845
Christian Paúl Naranjo Navas
cnaranjo@unach.edu.ec
Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Educación, Humanidades y
Tecnología
(Riobamba - Ecuador)
ORCID: 0000-0003-1532-203X
Recibido: 26/05/21
Aceptado: 17/02/22
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 9-27, julio - diciembre 2022
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
ISSN No. 2631-2743
HOMICIDIOS Y SUICIDIOS
EN RELACIÓN CON LA
INEQUIDAD EN AMÉRICA
LATINA
HOMICIDES AND
SUICIDES IN RELATION
TO INEQUALITY IN LATIN
AMERICA
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.01
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 9-27, julio - diciembre 2022
ISSN No. 2631-2743
Resumen
La relación entre inequidad y violencia ha sido estudiada
dentro de un conjunto de bases de datos y en casos
especícos. En la mayoría de los estudios se encuentra
una correlación positiva. El caso de América Latina se
pierde en las bases de datos globales, por ello, no existe
un estudio de solo la región que intente ver la relación
entre los homicidios y suicidios y la inequidad. Para
responder a este interrogante, se analiza la correlación
entre inequidad, pobreza, con homicidios y suicidios de
13 países de América Latina, de 1990 a 2018, a través
de una regresión lineal dentro del método de mínimos
cuadrados generalizados. A pesar de que la mayoría
de los estudios globales, con grandes bases de datos,
presentan una correlación positiva, para el caso de la
región iberoamericana, se encuentra una correlación
baja.
Palabras clave: inequidad, pobreza,
homicidios, suicidios, América Latina
Abstract
The relationship between inequity and violence has
been studied within a set of databases and in specic
cases, in most studies a positive correlation is found.
The case of Latin America is lost in global databases,
therefore, there is not a study of only the region that
tries to see the relationship between homicides and
suicides and inequity. To answer this question, the
correlation between inequity, poverty, with homicides
and suicides in 13 Latin American countries, from
1990 to 2018, is analyzed through a linear regression
within the generalized least squares method. Even
though most global studies, with large databases,
present a positive correlation, in the case of the Ibero-
American region, the there is a low correlation.
Keywords: inequality, poverty, homicides,
suicides, Latin America
Homicidios y suicidios en relación con la inequidad en Am
érica Latina.
11
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 9-27. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.01
Introducción
La percepción de una creciente inequidad en América Latina persiste dentro de los discursos
políticos y de la retórica de los movimientos sociales; sin embargo, la inequidad en la región,
medida a través del coeciente de Gini, en promedio de los 13 países etudiados1, se ha reducido de
forma constante en las últimas décadas. El coeciente ha disminuido de 50 en 1999 a 45 en 2018
(Banco Mundial, 2020). Aunque en Brasil el coeciente uctúa de 60,5 en 1990 a 53,9 en 2018,
es aún el país con mayor desigualdad en la región2, mientras que los países que menor desigualdad
presentan son El Salvador (38), Argentina (41), Bolivia (42) y Perú (42).
Los estudios sobre inequidad son extensos. Teichman (2019) sostiene que la mayor parte de los
estudios en latinoamericana hacen relación al impacto de los arreglos institucionales del estado,
desde el legado colonial hasta las instituciones democráticas del siglo XXI. En historia económica,
Abad y Astorga (2017) argumentan que la inequidad en la región no aumenta necesariamente
durante los períodos de crecimiento basado en las exportaciones, ni tampoco disminuye como
consecuencia de los modelos de industrialización y substitución de importaciones.
El problema de investigación se reere a los pocos estudios regionales sobre la relación que existe
entre la inequidad y la violencia, en la mayoría de ellos, América Latina aparece representada con
pocos países, como en los datos de Fajnzylber, Ledereman, & Loayza (2002), quienes toman en
cuenta los datos de 8 países3 de 1965 a 1994. Cuando se incluye los datos de la OECD, África
Subsahariana, Asia y Europa oriental, los resultados muestran una correlación positiva entre la
inequidad y los robos, e inequidad y homicidios. No obstante, no podemos estar seguros de que el
agregado representa los resultados de América Latina.
En el caso de los suicidios, la mayor parte de estudios de caso presentan una correlación positiva
entre la inequidad y la violencia, como en el caso de Brasil, en cual se ha encontrado una relación
positiva entre el índice de Gini y las tasas de suicidio (Machado, Rasella, & dos Santos, 2015). Así,
el objetivo central es responder la pregunta de investigación partiendo de la hipótesis de que los
homicidios y suicidios tienen una correlación positiva con la pobreza y la inequidad.
Inequidad y homicidios
De acuerdo a los datos de Roser & Ritchie (2019), la tasa de homicidios, cada 100 mil personas,
en América Latina no varía de forma signicativa, solo presentan unos picos altos de 1990 a 2018:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y
Uruguay.
Venezuela es probablemente el país con mayor desigualdad en el continente, los datos ociales son poco creíbles, por
ello, las bases de datos internacionales solo presentan la evolución del coeciente hasta el 2006.
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Andrés David Naranjo Navas, Christian Paúl Naranjo Navas
12 KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 9-27. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.01
7,1% (1998); 5,4 (2000); 9,5 (2002); 5,2% (2011); y, 7,2% (2014). El resto de años las tasas se
mantienen menores al 2%. Con estos datos no se puede armar que el número de homicidios se ha
reducido en la región, sino que ha pasado por picos de violencia en determinados años. El país con
mayor reducción de homicidios es Panamá de 9,1% (1990) a 1,6% (2017); y, Colombia, de 8,4%
(1991) a 2,9 % (2017). El país que registra un aumento es Uruguay, de 3,9% (1990) a 6,1% (2017).
La relación entre desigualdad y delincuencia ha sido objeto de teorías sociológicas que proponen
que las personas de clase baja tienen tasas de delincuencia más altas que otros grupos. Una de
las teorías sobre el crimen, la “privación relativa”, propone que la desigualdad genera tensiones
sociales, ya que los menos acomodados se sienten desposeídos en comparación con las personas
más ricas (Braithwaite, 1979). Este sentimiento lleva a buscar compensación, a veces, a través de
la comisión de delitos tanto contra pobres como contra ricos (Fajnzylber, Lederman, & Loayza,
2002, p. 2).
La literatura muestra que la violencia, medida a partir de las tasas de criminalidad, se entiende por
las diferencias entre las ganancias potenciales del crimen y los costos de oportunidad asociados
(Becker, 1968). Después, como explicarán Fajnzylber, Lederman & Loayza (2002), existe un
vínculo entre la inequidad y la violencia criminal. Las dos están positivamente correlacionadas
además de reejar causalidad de la inequidad hacia las tasas de criminalidad.
Por otro lado, Kelly & Evans (2017) arman que los modelos agregados producen resultados
engañosos en este dominio, sustancialmente debido a problemas insolubles de tamaño de muestra,
variables de confusión omitidas y efectos condicionales que dieren entre naciones pobres en
desarrollo. Asimismo, Kelly & Evans argumentan que la desigualdad del ingreso nacional es
irrelevante para el bienestar subjetivo de las personas en las naciones avanzadas; sin embargo, para
las naciones en desarrollo, la evidencia indica un efecto de neutral a positivo para la desigualdad.
Pridemore (2008) ha argumentado que en las últimas tres décadas se han publicado decenas de
estudios transnacionales que prueban una asociación entre desigualdad y homicidio, empero
ninguno probaba una asociación entre pobreza y homicidio. A pesar de aquello, en su acercamiento
al caso de los Estados Unidos, aplicando un proxy de la pobreza (mortalidad infantil), revela una
correlación positiva y signicativa entre el nivel de pobreza de una nación y su tasa de homicidios.
Años después, Rogers y Pridemore (2020) arguyen que la literatura académica presenta la variable de
inequidad económica como una variable estructural que está relacionada con las tasas de violencia.
Este fenómeno ocurre porque la percepción de inequidad crea frustración entre los sectores de
menor ingreso. La frustración genera ira, la cual lleva a actos criminales. Además, la violencia tiene
una correlación muy baja con la pobreza, lo que muestra que el aumento de violencia no ocurre
por aumento de la pobreza sino por el aumento de la percepción de inequidad. Aunque la tendencia
de la academia presenta la criminalidad como posible consecuencia de la inequidad, Bourguignon
Homicidios y suicidios en relación con la inequidad en Am
érica Latina.
13
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 9-27. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.01
(1998) sostiene que la importancia de la desigualdad como determinante de la delincuencia puede
deberse a factores no observados que afectan, simultáneamente, a la desigualdad y la delincuencia.
Dentro del contexto revisado, bajo la lupa de las explicaciones criminalísticas de Blau y Blau
(1982), Messer y Resonfeld (1997), y Paré (2014), quienes concuerdan que la percepción de
inequidad conduce al aumento de homicidios a causa de la frustración individual y colectiva,
aunque en principio la hipótesis central de esta investigación fue que la percepción de inequidad
tiene una relación directa con el aumento de homicidios y suicidios en América Latina, como
veremos más adelante, los resultados muestran lo contrario. Para probar nuestra hipótesis, se va a
realizar una regresión lineal utilizando la metodología mínimos cuadrados generalizados, con una
temporalización de 1990 a 2018.
Inequidad y suicidio
En su obra clásica, El Suicidio, Émile Durkheim (1897) ve el fenómeno como un evento sociológico.
Concluyó que las tasas de suicidio se mantienen más o menos estables en largos períodos de tiempo.
Sin embargo, los picos que se encontraron estaban relacionados con depresiones económicas o
con eventos bélicos. Termina señalando la pertenencia social como un escudo protector frente al
suicidio.
El suicidio aparece como un problema personal. Sin embargo, pose un ámbito social, el cual se
relaciona con la violencia intrafamiliar y comunitaria. De acuerdo con Maclsaac, Bugeja y Jelinek
(2017), las mujeres que son abusadas sexualmente muestran un aumento de 12 a 20 veces en
los intentos de suicidio. Por otro lado, el abuso sexual infantil muestra un 150% más de riesgo
de comportamiento suicida. Además de conceptualizar el suicidio como un elemento relacionado
directamente con la violencia contextual, la Organización Mundial de la Salud la considera como
violencia auto dirigida (2002), es decir, el suicidio es considerado como violencia causada y dirigida
al mismo individuo.
Las investigaciones de Ritchie, Roser, & Ortiz-Ospine (2019) señalan que las tasas de suicidios,
cada 100 mil habitantes, se mantienen en el mismo rango, entre 1,2% y 1,5% de 1990 a 2018. El
país con una reducción signicativa es Chile, de 3,7 % (1990) a 1,8% (2017), mientras que el país
con el menor porcentaje de suicidios es Perú, quienes se mantienen, desde 2008, con números
menores a 0,8%. Con estos datos no se observa ninguna tendencia regional, por el contrario, los
porcentajes de suicidio se mantiene estables en las tres últimas décadas.
El suicidio es una de las principales causas de muerte en el mundo (World Health Organization,
2020). A pesar de la importancia del tema, no existen estudios para América Latina de la posible
correlación entre la inequidad por ingresos y las tasas de suicidio, lo que existe son varios estudios
localizados por países que han intentado revisar las tasas de suicidio con factores socioeconómicos
como la posición social, la educación, y los bajos ingresos económicos.
Andrés David Naranjo Navas, Christian Paúl Naranjo Navas
14 KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 9-27. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.01
Curtis, Curtis y Fleet (2013) arman que, para el caso de Nueva Zelanda, la inequidad por ingreso
ha contribuido al incremento del suicidio. De acuerdo con estos autores, en los años 80s, el pico
de suicidios se registró entre los 15-24 años; en los años 90s, el pico de suicidios ocurrió entre los
25-34 años; y, hasta el 2010, el pico de suicidios se visualiza entre 35-44 años. Con cada década, le
tendencia de aumento de suicidios pasa una generación.
El suicidio es un fenómeno multicausal. Algunos arman que las tasas de suicidio aumentan durante
los períodos de crisis económica (Robert, 1999), o por la exposición a factores de riesgo ambientales
(Subramanian y Paolo Belli, 2002) o por la presencia de factores psicosociales (Heikkinen,
Isometsa, MJ, Aro, & Lonnqvist, 1995). En el caso de Brasil, Machado, Rasella, y dos Santos
(2015) muestran que el índice de Gini está relacionado positivamente con las tasas de suicidio.
También los ingresos bajos y los bajos niveles de educación tuvieron una correlación positiva.
Así, la inequidad, bajos ingresos, y bajos niveles de educación representa un riesgo comunitario en
relación con el suicidio en Brasil.
Platt (2016) arguye que, en el caso de Escocia, durante el período 1989-2002, a pesar del creciente
reconocimiento para abordar las desigualdades en salud, ha habido un fracaso en considerar las
cuestiones de igualdad en los enfoques de prevención del suicidio. Platt cree que esto ha ocurrido
a pesar de una amplia evidencia en el riesgo de comportamiento suicida asociado con la posición
social, el mercado laboral, la educación, los ingresos, la tenencia de la vivienda. La evidencia
empírica conrma que la clase social baja y la privación socioeconómica se asocian con un mayor
riesgo de suicidio.
Por último, Chandler (2020) analiza un informe multidisciplinario basado en las desigualdades
socioeconómicas y las tasas de suicidio en el Reino Unido. El estudio destaca la falta de atención a
las desigualdades socioeconómicas y un énfasis en las experiencias y emociones adversas de la vida
para comprender el suicidio. Chandler (2020) sostiene que la teorización sobre el suicidio requiere
de un abordaje interdisciplinario entre sociólogos, psicólogos y otros. La teorización actual en la
investigación del suicidio convencional está limitada por su incapacidad para participar en debates
sociológicos duraderos, pero de vital importancia, sobre la estructura y la agencia.
Pobreza y violencia
Con relación a la proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de
pobreza, a decir personas que viven con menos de 1,9 USD al día, en la primera mitad de la década
de los noventa encontramos una disparidad muy signicativa, a decir: países como Brasil, Panamá,
El Salvador, presentan una pobreza del 22%, 22%, y 21% respectivamente; mientras que países
como Uruguay, Argentina y Paraguay registran una pobreza del 1%. A partir de entonces, toda la
región muestra una tendencia descendente, hasta registrar valore que promedian el 2%, el país con
el más alto porcentaje es Bolivia, con 5% (CEPAL, 2019).
Homicidios y suicidios en relación con la inequidad en Am
érica Latina.
15
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 9-27. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.01
En la década de los setenta, Townsend (1974), Miller y Roby (1970), propusieron que la esencia
de la pobreza es la privación relativa, a decir: la gente es pobre cuando no puede vivir de la forma
habitual en sus propias comunidades. Poco después, a pesar de que la pobreza relativa se convertía
en una tendencia, Messner (1982) argumenta que la forma tradicional de medir la pobreza es a
través de la línea de pobreza, lo cual asegura el costo mínimo para asegurar el bienestar, medido
como porcentaje de la población. Además, acusó de absurdo la relación entre la pobreza relativa y
el crimen, aquellos que proponían esta correlación eran los teóricos radicales. Messener llega a la
conclusión de que, el caso de los Estados Unidos, la relación entre pobreza absoluta y homicidios
es cero; por el contrario, la relación con la pobreza relativa presenta una correlación inversa.
Stack (1984) arma que las observaciones que ayudan a concluir que la mayoría de los delitos que
son inigidos por pobres hacia los pobres implica que las características de las víctimas dependen
no solo de su riqueza relativa, sino de la distribución de la seguridad. De hecho, el crimen puede
ser más frecuente en las comunidades pobres porque la distribución de los servicios policiales por
parte del estado favorece a los vecindarios ricos (Fajnzylber, Ledereman, & Loayza, 2002, p. 2). La
encuesta longitudinal estadounidense de Jarjoura et al (2002) reveló que cuanto más tiempo vive un
joven en la pobreza, es más probable que se involucre en comportamiento delictivo.
La pobreza es más severa, más generalizada y más evitable de lo que ocialmente se reconoce, agravada por
fallas institucionales (Pogge, 2013). Es reciente la teoría que arma que la pobreza es una de las formas de
violencia. Ésta teoría arma que la pobreza y la violencia son una fuerza poderosa que se opone al bienestar
colectivo de nuestra sociedad. Allen (2001) cree que los datos revelan la correlación estadísticamente
signicativa entre pobreza y violencia.
Dong y Egger, Anser et.al (2020), al estudiar la pobreza en triangulación de la desigualdad y el
crimen, en un panel de 16 países, de 1990 a 2014, concluyen que no existe una relación uniforme
o nula entre el ingreso per cápita y la tasa de delincuencia. La desigualdad de ingresos y la tasa de
desempleo aumentan la tasa de delincuencia, mientras que la apertura comercial ayuda a reducir
la tasa de criminalidad. Los resultados del análisis de crecimiento favorable a los pobres muestran
que, aunque la tasa de delincuencia disminuye en los años 2000–2004 y 2010–2014, la fase de
crecimiento se vio en los pobres debido a la distribución desigual de los ingresos.
Tollesfsen (2020) arma que los países más pobres enfrentan un mayor riesgo de guerra civil;
sin embargo, no existe mayores conclusiones sobre si existe una correlación similar a un nivel
más local. La investigación sobre el nexo entre la pobreza y el conicto local se ha basado, en
gran medida, en indicadores objetivos de la pobreza que sólo se relacionan vagamente con la
justicación del conicto. Después de analizar datos de encuestas georreferenciadas de la encuesta
afro barómetro para 35 estados africanos, Tollesfsen concluye que las áreas con altos niveles de
pobreza tienen más probabilidades de experimentar conictos; es más probable que la pobreza
exacerbe la violencia si las instituciones locales de un área son débiles.
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de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.01
A pesar de los resultados presentados en algunos estudios, para el caso de Gran Bretaña, Webster
& Kingston (2014) arma que se han encontrado una relación débil o inexistente entre el nivel
socioeconómico y la delincuencia, especialmente entre los ingresos de los padres y el inicio de
la delincuencia en los hijos. Para Webster & Kingston, basados en los estudios de Dunaway et
al (2000), presentan la poca inuencia directa de la pobreza en el crimen; además, enfatizan la
mayor probabilidad de ser víctima de un crimen en lugar de delinquir y que este es el aspecto más
signicativo del impacto de la pobreza en el crimen. De esta forma, a pesar de que la mayoría de
los estudios encuentran una relación entre la pobreza y la violencia, existen casos como los de Gran
Bretaña o, como en este estudio, casos como los de América Latina en los cuales no se encuentra
una correlación signicativa entre pobreza y violencia, o entre desigualdad y violencia.
En el caso de México, visto a partir de 2442 municipios en tres etapas distintas (2000, 2005 y
2010), Ramírez (2014) arma que el índice de violencia está más cercano a la dimensión de la
pobreza que a la de desarrollo económico. Sugiere que la pobreza medida por ingresos no suele
estar asociada a los crímenes como el homicidio intencional, es la privación relativa la que mejor
predice los homicidios, aunque el autor advierte que los resultados deben ser tomados con cautela.
Díaz (2016), sobre el caso de México, analiza los municipios con población mayor a 100 mil
habitantes, y llega a conclusiones contrarias a las expuestas por Ramírez, y opuestas a otros casos, a
decir, una correlación negativa entre pobreza, desigualdad y homicidios. Díaz propone dos hipótesis
alternativas: primero, es solo la pobreza extrema la que impulsa la violencia; segundo, la pobreza
inuye en la violencia cuando viene acompañada con la desigualdad.
Del lado del homicidio, la mayor parte de la literatura culpa a la desigualdad de ingresos como la causa
de los delitos violentos. Dentro de esta literatura se encuentra Parker y Smith (1979), quien presenta la
suposición de que el homicidio es un fenómeno unidimensional. A ello, clasican el homicidio en dos
tipos, primario y no primario, según la relación víctima-delincuente. Los autores encontraron que las tasas
estatales de homicidio primario están relacionadas con la pobreza y con el porcentaje de la población de
20 a 34 años, mientras que las tasas de homicidio no primario están signicativamente relacionadas solo
con el porcentaje del estado que vive en áreas urbanas.
Años después, el mismo Robert Parker (1989) discute varias hipótesis derivadas teóricamente y que
relacionan tipos de homicidios. Indica la primacía del enfoque socioeconómico para comprender
las causas del homicidio y la importancia de una mayor clasicación del homicidio para desenredar
los posibles efectos subculturales de los efectos socioeconómicos.
Trabajos como el de Dong y Egger (2020), para el caso de China, al analizar todos los veredictos
judiciales para casos de homicidio entre 2014 y 2016, concluyen que es la pobreza y el bajo nivel
de ingresos, más que la desigualdad de ingresos, lo que se relaciona positivamente con las tasas de
homicidio. Además, sugieren que la migración interna rural-urbana desde localidades más violentas
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contribuye a las tasas de homicidio de las ciudades de destino. En lugar de la privación relativa, es
la privación absoluta es la principal responsable de los delitos violentos.
Del lado de suicidio, Jutta Lindert (2015) presenta a los países de bajos ingresos de Asia y el Pacíco
con mayor carga de suicidios del mundo. Los suicidios están asociados con psicopatologías como
la depresión y la desesperanza. La pobreza, la escasez y la crisis económica están asociadas con las
psicopatologías. Estas conclusiones se han realizado a pesar de que el mismo autor reconoce que
se necesita más conocimiento sobre el impacto de la pobreza, la escasez y las crisis económicas en
la desesperanza y el suicidio.
Si bien se ha argumentado que éste puede ser visto como parte de una violencia interna, auto
dirigida, El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (2021) de los Estados Unidos
dejan en claro que muchos factores pueden aumentar el riesgo de suicidio, por ejemplo, las personas
que han experimentado violencia, incluido el abuso infantil, el acoso o la violencia sexual. Además,
las personas que han experimentado violencia, incluidas las experiencias adversas de la infancia
(como el abuso físico), el acoso o la violencia sexual, tienen un mayor riesgo de suicidio (National
Center for Injury Prevention and Contro, 2016).
Así también, Rossow (2000) analiza la relación entre el consumo de alcohol y el suicidio, llega a
la conclusión de que beber más se asocia con un mayor riesgo de experimentar comportamiento
suicida o violencia. Por otro lado, el consumo de alcohol y el abuso infantil son menos extensos, los
hallazgos son menos consistentes para demostrar una asociación y muchos estudios han recibido
críticas metodológicas (p. 397).
Los casos estudiados muestran que, a pesar de que hay cierto consenso en la inuencia de la
pobreza y la desigualdad con los homicidios, menos con los suicidios, hay varios casos en los que
esta relación es nula o, incluso, inversa. Por ello, los resultados que se presentarán a continuación
pueden verse como un aporte a la discusión existente.
Metodología
Después de haber realizado una denición operacional de las variables de análisis (desigualdad
por ingreso, pobreza, homicidios y suicidios), en éste y en el siguiente apartado se procede a la
justicación de la metodología de investigación utilizada, la cual ha hecho uso del método de
Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) (en inglés, Generalized Least Squares, WLS/GLS), y a
la discusión de los resultados obtenidos.
El método de Mínimos Cuadrados Generalizados es casi similar a la aplicación del método de
Mínimos Cuadrados Ordinarios. El método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) (en inglés,
Ordinary Least Squares – OLS), trata de minimizar la suma de los cuadrados de los errores. En otras
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palabras, la suma de los cuadrados con relación a las diferencias entre los valores observados reales
con los estimados (Novales, 2010; Hutcheson, 2011; Universidad de Santiago de Compostela,
2012; Schmidheiny, 2020).
El estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados es un estimador lineal, el cual es insesgado
y de varianza mínima en las muestras nitas. Por otra parte, en las muestras grandes, el MCG
es consistente y eciente asintóticamente (Mert, 2015; Asturias Corporación Universitaria, 2015;
Casquel y Uriel, 2000). De esta forma, el estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados se
expresa de la siguiente manera:
Este estudio pretende establecer la inuencia de la desigualdad por ingreso (Gini) y pobreza4 en
homicidios y suicidios. Es decir, se tiene dos variables dependientes que son homicidios y suicidios
(variables endógenas) y dos variables independientes que son la desigualdad por ingreso y la
pobreza (variables exógenas). En este sentido, se busca ver cuál es la relación entre la desigualdad
por ingreso y de la pobreza en cada una de las variables dependientes.
Para poder ver esta inuencia, se ha realizado una regresión lineal. Se ha decidido utilizar MCG
y no el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) porque el MCO no cumple con los
supuestos que permite que el estimador sea consistente. De acuerdo con Baronio y Vianco (2014),
las estimaciones del MCG son superiores al de MCO en caso de que no se cumpla los supuestos
tradiciones y son similares en caso contrario.
Una de las ventajas del método de Mínimos Cuadrados Generalizados es que se puede aplicar este
método cuando las varianzas de las observaciones son desiguales. Dicho de otra forma, cuando
puede existir heterocedasticidad o cuando existe cierto grado de correlación entre las observaciones
(Mert, 2015; Asturias Corporación Universitaria, 2015; Casquel y Uriel, 2000). Cabe mencionar
que en este escrito se ha corregido el problema de heterocedasticidad mediante la metodología de
Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP) (en inglés, Weighted least squares, WLS).
4 No se ha incluido variables de control por evitar endogeneidad entre las variables y de este modo evitar sesgo en la
medición (sobrevaloración o subvaloración).
Los determinantes de la variable “Pobreza” son: desempleo, educación, tamaño del hogar, ocupación del jefe de familia,
ubicación (rural o urbana) de la vivienda y tipo de trabajo. Dicho de otra forma, Ignacio y Santos (2018) mencionan que
el índice de pobreza está conformado por doce indicadores que están agrupados en cinco dimensiones que son vivienda,
servicios básicos, estándar de vida, educación y empleo, y protección social.
Los determinantes de la variable “Desigualdad por ingreso” son: el gasto sanitario per cápita, la presión scal, la redistribución
de riqueza, la falta de acceso a servicios básicos (educación, sanidad y justicia), la tasa de alfabetización, cultura (en relación
con familias que no quieren que sus hijos se eduquen, sino que vayan directamente al trabajo), corrupción, entre otras.
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Resultados y discusión
Los datos de las variables descritas han sido obtenidos del Banco Mundial, de la CEPALSTAT, Our
World in Data y de los indicadores de las Naciones Unidas (Human Development Reports). Después
de la depuración de datos, se mostrará primeramente las grácas por cada variable de estudio como
promedio de los países latinoamericanos que se están analizando5. Posterior a esto, se analizará los
resultados obtenidos en cuanto a las regresiones.
En la gura 1 se puede notar el promedio de América Latina en relación con la una variable dependiente,
homicidios. Esta gura muestra que, a principios de los años 90, se registra casi 1,7 homicidios por
cada 100.000 personas. Como promedio, el índice de homicidios decae aproximadamente hasta el
año 1999, después se mantiene contante hasta el 2005 con aproximadamente 1,24 homicidios por
cada 100.000 personas. En 2018, se registra 1,37 homicidios por cada 1000.000 personas.
Figura 1. Homicidios en América Latina (por cada 100.000 personas).
1.200e+16 1.300e+16 1.400e+16 1.500e+16 1.600e+16 1.700e+16
Homicide
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
Años
Homicidios Promedio América Latina
Homicide (1990 al 2018)
Fuente: elaboración propia.
Con relación a la segunda variable dependiente, suicidios, se puede notar que, por cada 100.000
personas, en 1990 hubo aproximadamente 1,27 suicidios (gura 2). El registro de suicidios asciende
hasta el 2004 con aproximadamente 1,48 suicidios. Para el 2018 se tiene 1,34 suicidios. Se puede
apreciar que los cambios con relación a suicidios a lo largo del tiempo (desde 1990 al 2018) son
bajos.
En 1990, con relación a la primera variable independiente, desigualdad por ingreso (Gini), como
lo muestra la gura 3, existió dos tendencias. La primera es una tendencia ascendente de 1990 a
2000; y, la segunda es una tendencia descendente de el 2000 a 2018. Sin embargo, a pesar de estas
dos tendencias, queda claro que la desigualdad por ingreso en América Latina ha sido alta a lo largo
del tiempo.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Panamá, Perú y
Uruguay.
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Figura 2. Suicidio en América Latina (Número de suicidios por cada 100.000 habitantes).
1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5
Suicide
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
Años
Suicidio Promedio América Latina
Suicide (1990 al 2018)
Fuente: elaboración propia.
Desde esta perspectiva, surge la incógnita del ¿por qué existen registros altos desde 1990? Debido a
que durante los noventa existieron varios problemas de estabilidad económica, por el ejemplo: en el
caso de Ecuador, la crisis bancaria de los 99; en el caso de Argentina, la crisis de la convertibilidad
y la hiperinación; en caso de México, la crisis de tequila, etc.
En Ecuador, la crisis tuvo varias consecuencias como creación de la Ley de Instituciones Financieras
en la que se redujo los tipos de interés para incrementar la liquidez del mercado crediticio, generando
así una burbuja de inversión. Además, los prestamos vinculados que debilitó el sistema bancario
al disminuir las reservas monetarias de los depositantes. Y, el cruel fenómeno del niño. Todo esto
provocó que los deudores de la banca perdieran el valor de las inversiones, cayendo en impagos, con
el consecuente pánico bancario. Para rescatar al país de la crítica situación nanciera, se dolarizó
la economía ecuatoriana (De la Torrey Mascaró, 2011; Larrea, 2004; Herrera, 2012; Mesías, 2002).
Argentina vivió una crítica crisis en los años 90 a causa de la hiperinación. Colapsó las nanzas
públicas; por un lado, con un alto endeudamiento público, por otro lado, con reservas internacionales
a niveles mínimos, dejando una situación scal deteriorada. Se trató de estabilizar la economía
mediante la ley de convertibilidad (Castro, 2001), la cual consistía en jar el valor de la moneda
legal con una masa estable (en este caso, el dólar). En otras palabras, se estableció una relación
cambiaria ja entre el peso argentino y el dólar, de 1 a 1. Para esto era necesario que se respalde
cada peso en circulación con un monto equivalente de oro o divisas, A causa de la salida divisas
del país, el gobierno promulgara la medida conocida como “corralito”, la cual restringía el retiro
efectivo de los bancos. Todo este plan no fue sostenible y se desarma en el 2002, año en el que
termina la ley de convertibilidad (Rojas, 2003; Macías, 2002).
En el caso de México, la crisis nanciera de 1994, conocida como el Efecto Tequila o también
conocida como el error de diciembre. Esta crisis fue causada por la falta de reservas internacionales,
devaluación de la moneda y el fortalecimiento de la moneda extranjera. La moneda se devaluó
asceleradamente, llegando a incrementar el valor del dólar en casi 300%. Esto produjo altas tasas
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de inación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y crisis en la actividad comercial.
Para hacer frente a la emergencia, recurrieron a un paquete de rescate que consistió en la inyección
al Fondo Monetario Internacional para tratar de esta forma estabilizar el precio del dólar.
Al mismo tiempo, el gobierno mexicano tuvo un alto gasto gubernamental en obras públicas, lo cuál
se convirtió en un décit histórico. Para poder mantener este décit se emitió los TESOBONOS,
los cuales aseguraban el pago de la deuda en dólares en vez de pesos mexicanos. Con esto, México
experimentó prácticas bancarias no reguladas que permitieron la obtención de créditos en exceso
que luego fueron de difícil recuperación. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el
peso perdió la mitad de su valor, lo que ocasionó que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas
(Musacchio, 2012; Banda & Chacón, 2005; Millán, 1999; Arnaudo et. al, 2003).
Figura 3. Desigualdad por ingreso (Gini) en América Latina.
46 48 50 52 54
Gini
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
Años
Desigualdad por Ingreso Promedio América Latina
Gini (1990 al 2018)
Fuente: elaboración propia.
En la gura 4 se puede observar que la población que vive por debajo del umbral internacional, es
decir, por debajo del $1,90 por día, fue aproximadamente entre el 9% al 11% hasta el año 2000.
Desde el 2000, el índice de la pobreza comienza a decaer, registrando así, como promedio, un
2,20% en el 2018.
Figura 4. Pobreza en América Latina (% de población que vive con menos de $1.90 por día).
2 4 6 8 10 12
Poverty
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
Años
Pobreza Promedio América Latina
Poverty (1990 al 2018)
Fuente: elaboración propia.
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Analizando las grácas, da la impresión de que las variables desigualdad por ingreso y pobreza
no inuyen en homicidios. Sin embargo, parece existir una relación causal entre las variables
desigualdad por ingreso y pobreza con suicidios. Es decir, mientras son más inequitativos los
ingresos y aumenta la pobreza, aumentarán los suicidios. No pasa lo mismo con los homicidios,
cuya correlación y causalidad son insignicantes. Estas relaciones se lo conrmarán mediante los
resultados de las regresiones que se muestran a continuación.
Mediante el método de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) (en inglés, Generalized
Least Squares, WLS/GLS) se obtuvieron dos resultados. Primero, las variables independientes
(desigualdad por ingresos y la pobreza) no son signicativas en relación con la variable dependiente
homicidios. Es decir, las variables independientes no explican la variable dependiente homicidios.
Segundo, las variables independientes si explican la variable dependiente suicidios (tabla 1 y 2).
En la tabla 1, de un total de 179 observaciones, por cada punto que baje en la desigualdad por
ingreso (Gini), la variable dependiente (suicidios) reducirá en un 13,60%. Analizando la tabla 2,
de un total de 241 observaciones, por cada punto que baje en el índice de pobreza, la variable
dependente (suicidios) reducirá en 3,71%.
Tabla 1. Inuencia de Desigualdad por ingreso (Gini) en Suicidios en América Latina, 1990-2018.
Variance-weighted least-squares regression Number of obs = 179
Goodness-of-t chi2(67) = 3328.85 Model chi2(1) = 20864.58
Prob > chi2 = 0.0000 Prob > chi2 = 0.0000
Suicide Coef. Std. Err. z P>|z| 95% Conf. Interval
Gini -.1360747 .000942 -144.45 0.000 -.1379211 -.134228
_cons 1.174386 .0065175 180.19 0.000 1.161612 1.187161
Fuente: elaboración propia.
Tabla 2. Inuencia de la Pobreza en Suicidios en América Latina, 1990-2018.
Variance-weighted least-squares regression Number of obs = 241
Goodness-of-t chi2(67) = 112.42 Model chi2(1) = 447.11
Prob > chi2 = 0.0000 Prob > chi2 = 0.0000
Suicide Coef. Std. Err. z P>|z| 95% Conf. Interval
Poverty -.0371415 .0017565 -21.14 0.000 -.0405843 -.033698
_cons .2775805 .0072988 38.03 0.000 .2632751 .2918859
Fuente: elaboración propia.
Conclusiones
Dentro del contexto de los estudios de Kelly & Evans (2017), se puede notar que los datos agregados,
en los cuales América Latina aparece representada por pocos países, difuminan las particularidades
regionales, y pueden llegar a producir conclusiones engañosas, a decir: no se puede argumentar
que la tendencia mundial, de una posible correlación entre inequidad y violencia, así como entre
pobreza y violencia, representa a todas las regiones y sus particularidades. Este es el caso de América
Latina, cuyos resultados son disímiles en relación con los resultados de los estudios agregados.
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El resultado de las regresiones muestra una relación nula entre las variables independientes,
desigualdad por ingresos y la pobreza, en la variable dependiente, homicidios. Sin embargo, las
independientes sí tienen una relación causal con la variable dependiente, suicidios. En este sentido,
por un lado, la inuencia de la variable desigualdad por ingreso en suicidios es de 13,60%. Por otra
parte, existe una menor inuencia de la variable pobreza en suicidios, su inuencia es del 3,71%.
De acuerdo con Fajnzylber, Ledereman, & Loayza (2002), quienes analizaron América Latina,
la OECD, África Subsahariana, Asia y Europa oriental, muestran una relación causal entre la
inequidad y la violencia, de igual forma con la inequidad y los robos, e inequidad y homicidios.
Con esto se puede concluir que cuando se toma los valores agregados, las regiones se pierden y se
promueve conclusiones erroreas. Este es el caso de América Latina, en el cual se ha encontrado que
no existe relación alguna entre las variables independientes desigualdad por ingresos y la pobreza
en la variable dependiente homicidios.
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ISSN No. 2631-2743
LA POLITICA AMBIENTAL
COLOMBIANA Y EL CAMBIO
SOCIAL PARA EL CUIDADO
SOSTENIBLE DEL MEDIO
AMBIENTE
COLOMBIAN
ENVIRONMENTAL POLICY
AND SOCIAL CHANGE FOR
SUSTAINABLE CARE OF THE
ENVIRONMENT
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.02
Edisson A. Tarupí Montenegro
etarupi@areandina.edu.co
Fundación Universitaria del Area Andina,
Facultad de Ciencias Administrativas,
Económicas y Financieras
(Bogotá – Colombia)
ORCID: 0000-0002-4069-775X
Recibido: 08/11/21
Aceptado: 18/04/22
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 28- 47, julio - diciembre 2022
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Resumen
La política pública ambiental y su contexto scal en
Colombia promueven el cuidado del medio ambiente
para mitigar los impactos ambientales derivados del
comportamiento social. El objetivo de este artículo
es identicar las características de los impuestos en
la política ambiental que fomentan un cambio de
comportamiento social. Al describir la política ambiental
mediante un enfoque cualitativo desde la hermenéutica
interpretativa se establecen relaciones entre el impuesto
e instrumentos económicos, cuyo interés se alinea con
el cuidado del medio ambiente. Se encuentra que la
dimensión extrascal de los impuestos e instrumentos
económicos persiguen un cambio de comportamiento
social y ecológico sostenible amparado por la política
ambiental y su relación con los objetivos de desarrollo
sostenible.
Palabras claves: Política Ambiental, impuestos,
cambio social, desarrollo sostenible.
Abstract
The environmental public policy and its scal context in
Colombia promote the care of the environment to mitigate
the environmental impacts derived from social behavior.
The objective of this article is to identify the characteristic
of taxes in environmental policy that promote a change
in social behavior. When describing the environmental
policy through a qualitative approach from the interpretive
hermeneutics, relationships are established between the
tax and economic instruments whose interest is aligned
with the care of the environment. Finding that the extra-
scal dimension of taxes and economic instruments pursue
a change in sustainable social and ecological behavior
supported by environmental policy and its relationship
with the objectives of sustainable development.
Keywords: Environmental Policy, taxes, social change,
sustainable development.
LA POLITICA AMBIENTAL
COLOMBIANA Y EL
CAMBIO SOCIAL PARA EL
CUIDADO SOSTENIBLE
DEL MEDIO AMBIENTE
COLOMBIAN
ENVIRONMENTAL
POLICY AND SOCIAL
CHANGE FOR
SUSTAINABLE CARE OF
THE ENVIRONMENT
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.02
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 28- 47, julio - diciembre 2022
ISSN No. 2631-2743
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Introducción
Las Naciones Unidas, en la conferencia de Rio 1992, raticaron un conjunto de acciones comunes
y globales con el propósito de que los países promuevan el desarrollo sostenible para el bienestar
social y el cuidado del medio ambiente (Naciones Unidas, 2017). En este marco, los países de
América Latina desarrollaron importantes políticas ambientales con iniciativas para el cuidado y la
gestión del medio ambiente. Sin embargo, las mismas son poco audaces en tributos e instrumentos
económicos. La recaudación de ingresos económicos sigue prevaleciendo por encima de los aspectos
ambientales (Yacolca, 2013), aunque se tenga previsto un carácter extrascal y la promoción de un
mejor comportamiento social con el medio ambiente.
En el contexto colombiano, la política ambiental congura un conjunto de acciones para intervenir
y mejorar las condiciones sociales y ambientales (Grizalez & Giraldo, 2008). Pastor (2014) y
Rodríguez de Caires (2017) clasican a la política acorde con el ámbito de intervención y muy
ligada al sector ambiental. El análisis de la política ambiental colombiana incluye los alcances del
desarrollo sostenible, apoyados en la implementación de los instrumentos económicos – impuestos
para lo cual propone acciones direccionadas al cuidado del medio ambiente, la conservación de
la calidad ambiental con la participación social para garantizar un entorno sano para las futuras
generaciones (Russell & Powell, 1997).
Las actividades antrópicas del ser humano generan efectos nocivos para la salud, la sobrevivencia
o las actividades del ser humano u otros organismos vivos. Conscientes de ello el legislador
colombiano promulgó la ley 99 de 1993, que induce cambios de comportamiento de diversos
actores económicos, con el establecimiento de impuestos por contaminación o por cualquier
cambio indeseable en las características del aire, el agua, el suelo o los alimentos (Tyler Miller,
207), procurando el bienestar en un ambiente limpio.
Estos esfuerzos están en línea con los desarrollados a nivel mundial. Por ejemplo, los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Unión Europea (UE)
proponen tres tipos complementarios de política ambiental entre sí: i) la eliminación de subsidios,
ii) la reestructuración de impuestos existentes y iii) la introducción de nuevos impuestos (Barde,
2002).
Adicionalmente a lo expuesto, se rescata dentro de la política económica un marco teórico
conceptual que se ajusta con los lineamientos europeos y, como resultado, provee instrumentos de
política scal e incluye tanto los impuestos y las medidas del régimen tributario, del gasto público,
del endeudamiento. En otras palabras, constituye un instrumento económico que toma el estado
para recaudar los ingresos necesarios para garantizar la función del sector público en atención a
proveer un ambiente sano y en su caso compensar los daños ambientales (Glave, 2005).
Edisson A. Tarupí Montenegro
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 28-47. Segundo semestre
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Teniendo en cuenta las relaciones e interdependencias entre sociedad, economía y medio ambiente
también se presentan efectos positivos y negativos tanto en el consumo, como en la producción,
es decir, externalidades que se presentan cuando las decisiones de un agente económico afectan
el nivel de bienestar de otro agente económico, por ejemplo, cuando los individuos extraños al
proceso, no reciben (dan) en compensación a la (al) pérdida (benecio) originada (o) ningún pago
adicional de (a) otro agente económico (Baumol & Oates, 1988), con el n de compensar los daños
o corregir las acciones humanas para conservar el entorno limpio.
Así las cosas, el medio ambiente frente al comportamiento humano tiene la condición de bien
público, limitado y escaso, dándole a los bienes ambientales una condición de derecho bajo la
protección estatal y de intervención directa de la sociedad civil, por lo cual la compensación de
los daños provocados dependerá por una parte de costos de su mantenimiento con dos condiciones
para la sociedad: su capacidad contributiva y de compensación y su capacidad de cambio para no
contaminar (Rozo, 2003).
Desde la mirada de las ciencias económicas con sus aproximaciones al comportamiento social
se empieza por considerar dos propiedades de los bienes públicos, que hacen referencia a la no
exclusión y rivalidad en el consumo, ocupándonos así de los bienes de uso común, por ejemplo,
el espacio urbano se comporta como un bien de uso común, los servicios ambientales, la calidad
ambiental también se comportan como un bien de uso común (Mankiw, 2015). Por lo tanto, se
vuelve imprescindible que todos asumamos un comportamiento que nos permita cuidar los recursos
naturales y su calidad ambiental, minimizando la contaminación y aquellos impactos negativos al
medio ambiente.
El marco teórico conceptual, producto de la revisión bibliográca y la identicación de conceptos, se
fundamentan desde las ciencias económicas y de la sostenibilidad que se asocian con las directrices
de la política ambiental y del desarrollo sostenible en Colombia, y con base en las dimensiones
sociales, económicas y ambientales ratican el informe Brundtland en 1987, nuestro futuro común
el cual nos habla del desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones (Zarta Avila, 2018).
Con el soporte de las Naciones Unidas (2019) para promover el cambio social hacia el desarrollo
sostenible y se implementan desde las políticas ambientales con armonía en los Objetivos de
Desarrollo sostenible promovidos por la agenda 2030.
En Colombia y el mundo, como se puede apreciar en la tabla 1, el desarrollo sostenible promueve 17
objetivos con 167 metas articuladas a las dimensiones económicas, social y ambiental, con el propósito de
generar una acción colectiva producto del cambio social gradual de la sociedad para sostener un crecimiento
económico, aumentar la calidad de vida sin agotar ni deteriorar los recursos naturales para las generaciones
futuras, que también tienen el derecho a satisfacer sus propias necesidades con los benecios de los bienes
y servicios ambientales que tenemos en el presene (Guillén de Romero et al., 2020).
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Tabla 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible.
N°. ODS´s
1Poner n a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2Poner n al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.
5Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
6 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.
7Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.
9Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10 Reducir la desigualdad en y entre los países.
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
15
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los
bosques, luchar contra la deserticación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la
diversidad biológica.
16 Promover sociedades pacícas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones ecaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
Fuente: elaboración propia con base en ONU Informe ODS- 2019
En este contexto la gura 1 muestra las dimensiones del desarrollo sostenible y sus objetivos más
relevantes que conguran la teoría de la sostenibilidad dentro del desarrollo sostenible, como punto
de análisis hacia el cuidado y bienestar social desde la dimensión económica con la infraestructura
resiliente y sostenible, el consumo y producción responsables dentro del desarrollo económico con
trabajo digno; la dimensión social en atención a reducir la pobreza, el aprovechamiento eciente de
los recursos naturales en los territorios y con ciudades más sostenibles, que establecen una losofía
ambiental con aspiraciones concretas para cuidar y mantener los recursos naturales y sus servicios
ambientales, con el n de conservar una sociedad solida en paz y equitativa.
Figura 1. Dimensiones de los objetivos de desarrollo sostenible.
Sociedad
Ambiental
10
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
7
ENERGÍA, ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINABLE
16
PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
1
1
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
1
FIN
DE LA POBREZA
12
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE
17
ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS
6
AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO
8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
9
INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
Economía
1
3
ACCIÓN
POR EL CLIMA
1
4
VIDA
SUBMARINA
1
5
VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
Fuente: elaboración propia adaptado de Naciones Unidas (2018)
Edisson A. Tarupí Montenegro
Por su parte la teoría económica ambiental nos permite la aplicación de los principios económicos
al estudio de la gestión de los recursos naturales, para asociar el cómo y por qué las decisiones y
acciones de individuos repercuten en el entorno natural e identica las relaciones entre los seres
humanos y el ecosistema natural (Field, 1996).
En este sentido Baumol (1991) reconsidera los principios que precisan del cambio social:
1. Principio del causante: El cual expone al agente generador de la externalidad negativa dentro
de una economía social de mercado, es decir, el contaminador debe pagar los costes del deterioro
ambiental. Aunque la aplicación de este principio tiene dicultades en la identicación de los
contaminadores, en la valoración monetaria de los daños causados, su aplicación conlleva a la
obtención de los objetivos de política ambiental.
2. Principio del contribuyente: Se usa para identicar responsable de la contaminación, cuando
deben evitarse los efectos distributivos indeseados y para hacerse frente a estados críticos de
emergencia.
3. Principio de previsión: Con el cual se asumen medidas de política pública y demás medidas
estatales para evitar el daño al medio ambiente para proteger los recursos de la naturaleza y
emplearlos sosteniblemente. La aplicación de este principio asegurará las condiciones de vida de
las futuras generaciones.
4. Principio de cooperación: Se basa en la idea de que la política ambiental puede alcanzar resultados
sólidos solamente cuando las fuerzas sociales, dentro y fuera del mercado, toman parte a tiempo
en el proceso de desarrollo y con la voluntad pública acerca de la protección del medio ambiente.
5. Principio “quien usa los recursos naturales paga”: Se enmarca en el hecho de tener en cuenta los
costos ambientales en las decisiones privadas de producción y consumo. Así mismo, Constanza et
al (2015) precisa la actuación no sólo sobre el fenómeno nal de la contaminación, sino también
sobre el uso de los recursos y sistemas naturales de forma anticipada.
Así la política ambiental toma relevancia cuando nos alejamos de los principios y, por lo tanto, se
da un uso inadecuado, ineciente o excesivo de los recursos naturales, generando externalidades
que requieren acciones de intervención a través de instrumentos, como jación de los precios,
subsidios, cuotas, restricciones, que distorsionan los precios y, por lo tanto, reejan un llamado de
atención a la sociedad.
De ahí que es importante armonizar el problema económico con el normal funcionamiento del
medio ambiente sus bienes y servicios ambientales. El vínculo entre la economía y la sostenibilidad
permiten actualizar el paradigma ecológico ambiental como se muestra en la tabla 2, en donde se
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 28-47. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.08.01
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de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.02
describe como la economía ecológica integra a la economía y la ecología (Costanza et al., 2015;
Haro-Martínez & Taddei-Bringas, 2014) de manera holística, es decir, es transdisciplinaria y abarca
las relaciones entre los sistemas ecológicos y económicos (Daly & Farley, 2004).
Tabla 2. Economía y Sostenibilidad.
Economía Ambiental Economía Ecológica
Separación entre lo económico y lo natural Estrecha vinculación entre sistemas económico y ecológico: compatibilidad a largo
plazo entre la economía humana y el medio ambiente
Enfoque estático basado en métodos mecánicos de
maximizar de utilidad individual presente.
Enfoque dinámico, “inmortal” y multigeneracional (Georgescu-Roegen): maximizar la
felicidad humana presente y futura (Roegen, 1971)
Fuente: elaboración propia adaptado de Cuerdo & Ramos (2000).
También es importante resaltar las características de la economía verde cobijando bajas emisiones
de carbono, aprovechamiento los recursos de forma eciente y es socialmente incluyente (Puig
& Jofra, 2014), además se tiene en cuenta las reformas scales y no scales, tributarias y no
tributarias desde su componente ambiental con el uso de instrumentos de la política ambiental
como herramienta relevante, aunque sea de manera incipiente y poco reconocidas por la sociedad.
A ello se suman dos factores del contexto extrascal, por un lado, el interno que tiene que ver con
las modicaciones de la capacidad contributiva y otra por la extra-scalidad externa que responde a
los objetivos económicos y sociales del Estado. Siendo este último el más relevante para el análisis
de la política ambiental y los instrumentos económicos en Colombia, ya que se maniesta en la
creación de impuestos o tributos para desincentivar el daño ambiental y motivar comportamientos
que benecien las metas constitucionalmente denidas como generales sobre el cuidado del medio
ambiente (Rozo, 2003, p.170).
De este modo la revisión teórica conceptual nos permite relacionar los impuestos que no solo
sirven para captar los recursos necesarios para el sostenimiento del gasto público, sino como
instrumentos de política scal que requieren la participación social con miras a alcanzar las metas
de aprovechamiento, conservación del medio ambiente y el entorno en general.
Así mismo, la dimensión social de la política ambiental colombiana, aunque poco reconocida,
promueve el control de la contaminación y su compensación por parte de los agentes económicos,
dejando implícito las acciones y cambios que deberíamos tomar como sociedad, no solo para
compensar sino para dejar de contaminar y degradar el medio ambiente. De ahí surge la pregunta
de investigación ¿Cuál es la característica de los impuestos inmersos en la política ambiental
colombiana que fomenta un cambio en el comportamiento social para alcanzar el desarrollo
sostenible? El objetivo de este artículo es identicar la característica de los impuestos en la política
ambiental que fomentan un cambio de comportamiento social en pro del desarrollo sostenible. Para
lo cual se hace un alcance descriptivo de la política ambiental colombiana con el n de establecer
Edisson A. Tarupí Montenegro
los principios rectores y las características de los impuestos asociadas al medio ambiente, dentro
de las dimensiones y objetivos del desarrollo sostenible. Lo cual se constituye en punto de partida
de una evaluación más detallada de la política ambiental, que puede generar un cambio en el
comportamiento de la sociedad y sus efectos en la gestión del medio ambiente y en la calidad de
vida de la población colombiana.
Metodología
Para comprender el sentido y debida acción colectiva frente al desarrollo sostenible y sus objetivos,
la revisión de la política ambiental colombiana mediante una metodología cualitativa con un
alcance desde el análisis hermenéutico interpretativo permite desde la perspectiva como actor
social describir las características de la política ambiental colombiana, sus principios directores en
la experiencia histórica de la política para establecer relaciones inequívocas con los impuestos y el
desarrollo sostenible.
A nivel teórico se aplica el método histórico-lógico para indagar sobre los inicios de la política
ambiental en medio de las relaciones esenciales e interpretaciones acotadas al lenguaje verbal
sobre el contexto de los impuestos y la política ambiental colombiana, tomando como categorías
de análisis las dimensiones económica social y ambiental del desarrollo sostenible en el territorio
y el medio ambiente colombiano.
Por otra parte, mediante un componente analítico-sintético, se hace un análisis de la literatura
sobre los instrumentos económicos o impuestos de la política ambiental colombiana para
establecer los alcances con el desarrollo sostenible actual, es decir, en la síntesis de los aspectos
consultados, se pone de relieve el marco teórico conceptual, y nalmente, se inducen aspectos
introspectivos que permiten ir de lo general a lo particular en la deducción de las relaciones de la
política y sus instrumentos económicos que permite la identicación de la característica asociada
al comportamiento social deseable.
Es decir, el aporte de la revisión documental permite comprender el desarrollo sostenible de la
política ambiental en Colombia, así como también su principios y normativas para destacar las
características de los impuestos relacionados con el cuidado del medio ambiente, que se fundamentan
en el mejor comportamiento social con acciones para alcanzar el bienestar social y ambiental.
Resultados
Desde la reforma ambiental se contextualizan la evolución de lo que en la actualidad es la política
ambiental colombiana y se describen sus características alusivas al medio ambiente. Cuya
descripción surge en el año 1993 dentro de la Constitución Nacional de 1991, como base para
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reformar el sistema ambiental creado por el presidente Pastrana desde 1973, esto con el n de
mejorar el sistema, promulgando la Ley 99 de 1993, cuyo objetivo es reformar las instituciones
ambientales, fortalecer la regulación ambiental y desarrollar una estructura nanciera para apoyar
la gestión ambiental (Colombia. Congreso de la República de Colombia, 1993). Así, se instituyó el
Sistema Nacional Ambiental (SINA) compuesto por:
El Ministerio del Medio Ambiente encabeza el Sistema Nacional Ambiental, regula, la política
ambiental nacional y coordina la gestión ambiental del país.
La instauración de 33 Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) y 4 Autoridades
Ambientales Urbanas. Encargadas de ejecutar la regulación y política ambiental formulada
por el Ministerio del Medio Ambiente.
Para nanciar la gestión ambiental en Colombia. Las rentas para la inversión ambiental se generan
por:
1. Cobros por Licencias Ambientales.
2. Venta de los bienes y servicios prestados por los Institutos de Investigación.
3. La Unidad Administrativa Especial de Parques Naturales Nacionales – UAESPNN – recauda
rentas por el cobro de tarifas de ingreso a las áreas protegidas nacionales.
4. Los recursos propios de las CAR´s y de las Autoridades Ambientales Urbanas provienen de:
La transferencia de los municipios a las autoridades ambientales regionales entre el 15%
y 25.9% del impuesto predial.
El sector eléctrico cede a las autoridades ambientales el 3% del valor de las ventas brutas
de la energía hidráulica y el 2.5% de las ventas de energía térmica.
El Fondo Nacional de Regalías transere aproximadamente 22% de sus recursos a la
gestión ambiental
La venta de sus bienes y servicios.
El cobro de las tasas retributivas y compensatorias.
La recaudación de tasas por uso de agua y tasas de aprovechamiento forestal.
La imposición de multas y sanciones.
Los temas de medio ambiente, manejo de aguas, ordenamiento territorial y vivienda de interés
social, que son asuntos que corresponden al ministerio del medio ambiente que en los últimos
15 años, desde la presidencia de Alvaro Uribe, desde el 2002 cuando se fusionan el Ministerio
del Ambiente con el Ministerio de Desarrollo Económico y su reorganización en el 2010 y
últimamente el año 2011 con la ley 1444 del 2011 el Congreso de la República de Colombia ,
divide el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial para
funcionar en dos ministerios separados, y el nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
continuó cumpliendo las funciones asignadas al Ministerio de Ambiente según la Ley 99 de 1993 y
en la Ley 388 de 1997 (Colombia Congreso de la República de Colombia, 1997).
Edisson A. Tarupí Montenegro
En Colombia también se tiene el estatuto tributario que abre la posibilidad de obtener descuentos
y exenciones tributarias para incentivar la adopción de tecnologías ambientalmente limpias.
Las opciones que existen se aplican sobre el impuesto a las ventas y sobre el impuesto a la
renta (Gómez Torres, 2005,67). Se conjuga con la regulación ambiental legitima, transparenta,
exibiliza y aclara, que es un incentivo efectivo para la innovación tecnológica con mejoras en la
productividad, la competitividad y la rentabilidad de los negocios (Quiñónez Rizo, 2014), en un
escenario del desarrollo sostenible hacia una producción limpia y consumo responsable, sin causar
externalidades al medio ambiente (Rudas, 2002).
Por su parte los instrumentos de Política Ambiental y la extra-scalidad de los impuestos se
fundamentan en los “principios del que contamina paga y el que usa los recursos naturales paga”,
que a su vez constituyen una de las mayores fortalezas del sistema ambiental colombiano (Rodríguez
& Espinoza, 2002).
De ahí, la política scal al apoyarse en la tributación destaca sus instrumentos económicos scales
o impuestos que también persiguen cambiar el comportamiento de los agentes económicos con el
n de proteger el medio ambiente y lograr su conservación de manera más eciente, generando
ingresos scales para el estado colombiano, por ejemplo:
La venta de sus bienes y servicios.
La Sobretasa del Impuesto Predial
Tasas por Aprovechamiento de Recursos Naturales
Regalías por la Explotación de Recursos Naturales no Renovables
Impuesto a la Gasolina
Impuesto bolsas plásticas
Reducción emisiones CO2 – Economía baja en Carbono
Los instrumentos de política ambiental pretenden internalizar los costos no contemplados en
actividades realizadas por los agentes económicos que logran trasladar estos costos a la sociedad,
es decir, que dichos costos sean asumidos por sus responsables (Urdaneta & Borgucci Garcíab,
2021), incluyéndolos dentro de sus costos privados, para lo cual desde la política ambiental se
propone compensar los daños ambientales o externalidades.
Los instrumentos de política ambiental con énfasis económico o de mercado como algunos
impuestos básicamente buscan compensar y/o incentivar al cambio de actitud de las personas para
internalizar los efectos negativos de sus acciones, y con ello persuadir a la sociedad a ser más
ecientes y ecaces en el manejo de los recursos naturales (Bermejo, 1994) y (Bogotá Galarza &
Díaz Castro, 2019). Como se representa en la Figura 2, mediante la clasicación de instrumentos
económicos scales de la política ambiental colombiana.
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Figura 2. Instrumentos Económicos Fiscales de Política Ambiental.
Instrumentos economicos
fiscales
Excencion fiscal
Eliminacion de las
subenciones
Depreciacion
acelerada
Compras por el
gobierno
Impuestos
Efluentes y
emisiones
Ususarios
Productos
Diferenciados
Administrativos
Fuente: elaboración propia, adaptado de Revollo ( 2015, p. 15).
En la gura 2 se destaca el impuesto entre los instrumentos económicos scales, bajo el principio
“quien contamina paga”. No obstante, existen otros instrumentos scales que reporta la literatura
y tienen que ver con la depreciación acelerada, eliminación de las subvenciones (o subsidios),
exención scal y compras por el estado, entre otros que también propenden el cuidado del entorno
social y natural.
En este contexto se suma a la scalidad ambiental y ecológica, la característica extrascal de
aquellos impuestos verdes, ecológicos o ambientales que también se sustentan en la utilización del
sistema scal como medio para incentivar cambios de comportamiento que se consideran positivos
desde el punto de vista ambiental (Puig & Jofra, 2014) y (Trejo Cruz & Ome Barahona, 2016).
Siendo así, es preciso un cambio social no solo desde la racionalidad económica, sino ambiental
con conciencia ecológica y sobre todo en el comportamiento social frente al aprovechamiento
del medio ambiente, siendo los impuestos los que inuyen sobre las decisiones de los agentes
económicos para corregir o erradicar las externalidades generadas por sus acciones antrópicas
(Lorenzo, 2016, p. 9) cuya acción respalda el carácter extrascal, no solo para compensar sino para
no contaminar.
El enfoque de corte hermenéutico interpreta y asocia los distintos instrumentos tributarios que
contribuyen a la conservación y cuidado del medio ambiente desde su implementación (Falconer,
2001). De ahí que, Rueda Plata & Rueda Garcia (2012) resaltan la scalidad ambiental como
un instrumento que tiene como objetivo proteger, conservar y preservar el medio ambiente,
Edisson A. Tarupí Montenegro
entendiéndolo como el entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de
las personas o la sociedad en su vida.
Así mismo la política y la gestión ambientales forman la base sobre la cual cada organización
establece sus objetivos y metas ambientales (Salazar-Vargas, 2011). Es decir, el cuidado del
medio ambiente requiere decisiones y comportamientos sociales racionales para mantener la
calidad ambiental y los recursos naturales necesarios para el bienestar de las presentes y futuras
generaciones.
La calidad de vida, la sostenibilidad, el bienestar, la política scal y la política ambiental tienen un
claro punto de encuentro en los impuestos ambientales, los cuales tienen potencial efecto scal y
extrascal como lo destaca Acquatella (2004) citado por (Glave, 2005) en los siguientes aspectos:
1. La utilización de impuestos ambientales como instrumentos para internalizar el costo social
de actividades económicas que conllevan externalidades negativas, creando así una estructura de
incentivos para reducir la sobreexplotación y degradación ambiental a través del sistema de precios.
2. El aspecto scal mediante el uso de impuestos ambientales, tasas y cargos por el uso de recursos
naturales o el medio ambiente con objetivos recaudatorios.
3. El diseño del régimen impositivo que aplica a la explotación de recursos naturales para inducir
una utilización acorde con los objetivos de desarrollo sostenible y gestión ambiental, precisa un
mejor comportamiento ante el aprovechamiento de los recursos naturales considerándolo dentro
del aspecto extrascal.
Así mismo, en Colombia se hace necesaria la legitimación civil a los procesos de formulación
y ejecución de la política ambiental, que promueve la sostenibilidad como la capacidad integral
de mantener categorías como la social, económica y ambiental a nivel conceptual, contable y
de medición más detallada de la capacidad de recuperación que tiene el entorno al soportar las
presiones socioeconómicas. (Colombia. Ministerio del Medio Ambiente, 2002, p. 255).
Lo anterior se soporta con los principios directores generales ambientales que sigue la política
ambiental colombiana, resaltando la relación entre sostenibilidad, conservación, calidad de vida,
participación, integralidad, generación y difusión del conocimiento, con los catorce principios -14-
y cuarenta y cinco -45- funciones que propone la ley 99 de 1993 para el cuidado, conservación y
uso sostenible en materia ambiental (Guhl & Leyva, 2015, p. 46).
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Tabla 3. Principios directores y Ley Ambiental 99 del 1993.
Principios directores Principios de la ley 99 de 1993
Sostenibilidad 1,2
Conservación 2,4,8
Calidad de vida 3,5,8,9
Participación 10,12
Integralidad 13,14
Conocimiento: generación y difusión 6,7,11
Fuente: elaboración propia, adaptado de Guhl y Leyva ( 2015, p. 47) y (Colombia. Congreso de la República de Colombia, 1993)
En la tabla 3 se puede rescatar la relación e inclusión de todos los principios directores de la ley
que conducen y promueven la sostenibilidad ambiental, social y económica, la conservación del
medio ambiente. Es decir, la protección prioritaria de la biodiversidad colombiana en conjunto con
los alcances del desarrollo sostenible con la participación social, la difusión del conocimiento y las
prácticas amigables del consumidor con el entorno (Lalama Franco & Bravo Lalama, 2019). De
esta manera hay una intencionalidad ambiental que requiere atención y compromiso de la sociedad
civil y las diversas organizaciones que persiguen retornos económicos y sociales, para no dejar la
dimensión ambiental en la transversalidad de su cumplimiento.
Po su parte, los tributos ecológicos y la adaptación del sistema scal contribuyen a la consecución
de los objetivos del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que somos parte de un sistemas social
y ecológico local, regional y global, para lo cual al combinar y complementar la dimensión scal
con medidas extrascales e ir coordinados con otras políticas públicas se procura el cambio social
con mayor conciencia ambiental en las actividades económicas, sociales, culturales y ambientales
del ser humano en su rol de agente económico (Villar, 2003, p. 137).
No obstante, los impuestos verdes, ambientales, ecológicos también persiguen nes extrascales,
transformándose así en un instrumento económico clave que incentiva las buenas prácticas
y desincentiva ciertas conductas con secuelas nocivas para la sociedad y el medio ambiente en
general.
De esta dualidad, scal y extrascal se esperan en el mediano o largo plazo tres dimensiones
positivas para la sociedad, dos scales y una extrascal, después de incorporar el tributo al tesoro
nacional. La primera que se presenta con las bajas tributarias que obedecen a razones de capacidad
contributiva -n scal- que en el caso de los instrumentos scales ambientales se espera una
reducción cuando cambie la conducta o comportamiento que persigue el n extrascal.
La segunda dimensión se reere al ahorro en el gasto del Estado y de las aportaciones de los
contribuyentes por evitar las erogaciones a corto, mediano y largo plazo destinadas a remediar los
daños ambientales como consecuencias de las conductas que pretende modicar el n extrascal.
Y nalmente, la tercera dimensión esperada es el cambio social en el comportamiento o conducta
Edisson A. Tarupí Montenegro
-n extrascal- que persigue el tributo producto de los benecios scales incentivadores
(exenciones, deducciones, bonicaciones y desgravaciones) o los cargos scales desincentivadores
(tasa impositiva), que a la par de las otras dimensiones revisten mayor atención y aplicación, no
solo para una evaluación consciente de su aplicación sino para garantizar el mayor cuidado y
sostenibilidad del medio ambiente.
En particular, que un impuesto sea ambiental no depende del destino que se le dé a la recaudación
obtenida por la aplicación de este, sino del hecho de conseguir persuadir al comportamiento de los
agentes para reducir el nivel de deterioro ambiental (Salas, 2008). En resumen, el entorno de la
política ambiental colombiana, la ley 99 de 1993 que creó instrumentos tributarios dirigidos a la
protección del medio ambiente. Regulando las denominadas tasas retributivas y compensatorias,
y conforme al aporte de Rozo (2003) sobre la protección del medio ambiente, rescata la evolución
desde su primera concepción de simple política social y económica de Estado, en la cual se enmarcó
el derecho a la existencia del ambiente sano, para llegar a la noción jurídica del denominado bien
ambiental, entendido como un bien público, limitado y escaso, clasicándolo como un bien de uso
común, (Mankiw, 2015).
De ahí que la Ley 99/93 establece en sus principios generales ambientales y la scalidad ecológica
que se ha regulado a través de las tasas para nanciar la política ambiental, destacando para ello
las tasas retributivas y compensatorias, la tasa por utilización de aguas y la inversión obligatoria
(Carrera & Movellám, 2007). Y, por lo tanto, el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales
dentro del sentido recaudatorio deja a los agentes la posibilidad de mejorar y corregir sus acciones
para no contaminar o minimizar los daños al medio ambiente. Por lo que este análisis de la política
ambiental, sus instrumentos económicos y en atención a las características enunciadas de los
impuestos, deja evidencia del necesario cambio social frente a la conservación y aprovechamiento
eciente de los recursos naturales que no solo garanticen el cuidado sino la sostenibilidad del
medio ambiente.
A continuación, se presentan las relaciones inequívocas entre política ambiental y sus directrices
para el llamado al comportamiento social en una dirección deseable desde la implementación y
ejecución, para alcanzar un estilo de vida más consciente y responsable con el medio ambiente en
general.
En la tabla 4 se muestra las relaciones entre los principios que direccionan diversos aspectos para propender
un cambio social en el cual se incluyen las dimensiones del desarrollo Sostenible que fundamentan la
responsabilidad ambiental desde lo social; lo económico al gravar las actividades productivas; y ambiental
cuando los impuestos no sólo suponen una carga adicional para la economía, sino que al aplicarlos a la
contaminación éstos ayudan a controlarla, es decir, también persiguen fundamentalmente un cambio de
comportamiento, de esta manera se habla de un esquema de doble dividendo.
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Tabla 4. Relaciones según principios directores de la política ambiental y comportamiento social.
POLITICA
AMBIENTAL
Principios directores Aspectos del Cambio Social deseable alineadas con el
Desarrollo Sostenible
Sostenibilidad Dimensiones económica, social y ambiental
Conservación Aprovechamiento eciente de los recursos naturales
Calidad de vida Mantener el entorno limpio - Ecosistemas
Participación Responsabilidad ambiental y del territorio
Integralidad Gestión Ambiental
Conocimiento:
generación y difusión Comportamiento y cuidado
Fuente: elaboración propia adaptado de Guhl y Leyva ( 2015).
En la tabla 4 se muestra las relaciones entre los principios que direccionan diversos aspectos para
propender un cambio social en el cual se incluyen las dimensiones del desarrollo Sostenible que
fundamentan la responsabilidad ambiental desde lo social; lo económico al gravar las actividades
productivas; y ambiental cuando los impuestos no sólo suponen una carga adicional para la
economía, sino que al aplicarlos a la contaminación éstos ayudan a controlarla, es decir, también
persiguen fundamentalmente un cambio de comportamiento, de esta manera se habla de un esquema
de doble dividendo.
Para contextualizar el carácter extrascal dentro de lo que hoy se conoce como doble dividendo en
el cual se evoca el cuidado y la conservación del medio ambiente, Cardona (2012) propone la idea
principal de pasar de gravar los “bienes” económicos a los “males” económicos y ecológicos. Es
decir, se constituye por la mejora del medio ambiente como primer dividendo -extrascal-, y por la
mejora del sistema tributario como segundo dividendo- scal- (Villar, 2003, p. 135). De donde se
establece la característica extrascal para evitar no solo los impuestos a las actividades productivas
y de consumo, sino la degradación y sobreexplotación de los bienes y servicios ecosistémicos.
El análisis y revisión de la política ambiental nos permite asociar sus principios rectores al desarrollo
sostenible con base en las dimensiones sociales, económicas y ambientales con el vínculo economía y
sociedad y el interés de la humanidad por cuidar los recursos naturales, sea como insumos de producción
y bienes o servicios que consumimos o como hábitat para mantener la calidad de vida, procurando la
sostenibilidad del medio ambiente y el bienestar social.
En el mismo sentido la revisión de la base de los lineamientos de la política ambiental cobija aspectos
ambientales y ecológicos en Colombia, entre los cuales se relacionan los del agua, atmosfera,
desarrollo territorial y sanidad que respaldan el marco teórico-conceptual y legal de la intervención
y aplicación vía instrumentos económicos e impuestos para el cuidado del medio ambiente.
Finalmente, el aporte de la investigación inicia con la toma de conciencia frente a temas ambientales,
la cual requiere la acción colectiva que propende una calidad de vida y bienestar acordes al desarrollo
Edisson A. Tarupí Montenegro
humano bajo los alcances del desarrollo y su propuesta sostenibles para mejorar el bienestar social
en Colombia y en el mundo.
Conclusiones
Las dimensiones ambiental y ecológica de la política ambiental y sus concepciones teóricas de
sus instrumentos económicos e impuestos reconocen sistemáticamente la preocupación ambiental,
representada por la acumulación de daños ecológicos e impactos ambientales, cuyos patrones
de consumo y producción siguen siendo altamente contaminantes y con perles tecnológicos
energéticos asociados a la alta demanda de insumos, bienes o servicios ambientales para satisfacer
necesidades con escasa compensación frente a los daños y sin acciones que mitiguen los impactos
negativos que degradan el medio ambiente.
Las relaciones entre la acción social a la luz del Desarrollo Sostenible y la tributación le han
permitido a la sociedad colombiana generar mayor conciencia para mitigar los impactos o daños
ambientales, y persuadir a las futuras generaciones hacia un comportamiento social deseable para
mantener la calidad de vida y el entorno limpio.
La política ambiental y los impuestos en Colombia propician el cuidado del medio ambiente, la
conservación y la sostenibilidad ambiental que también se alinean con los objetivos de desarrollo
sostenible, sin embargo, aún no contribuyen conscientemente al cambio de conducta entendiendo
que somos parte del ecosistema ecológico y social.
Si bien los impuestos esperan no solo recaudar ingresos que deben redistribuirse en la restauración,
cuidado y conservación del medio ambiente, también persiguen al comportamiento nocivo, por lo
que es importante no solo compensar la contaminación sino fundamentalmente no contaminar, lo
cual se constituye un reto para las generaciones presentes y futuras por mantener el bienestar social
con la conservación del medio ambiente y la misma conciencia ambiental que garantice nuestra
sobrevivencia.
La relación existente entre política ambiental y los impuestos también deben ampliar su participación
social, apoye las conductas deseables y persuada al cumplimiento de los principios rectores y fomente
una amplia y robusta condición extrascal, a n de no atentar contra los intereses colectivos de la
sociedad y garanticen la sostenibilidad y conservación del medio ambiente.
Además, no es suciente corregir e internalizar las fallas del trans-ujo económico, sino aplicar y cumplir
los lineamientos de la política y la scalidad ambientales con la premisa de una acción colectiva que
asuma el comportamiento amigable y saludable frente al cuidado del medio ambiente, es decir, como
un ecosistema del cual depende el desarrollo humano sostenible.
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Además, la política ambiental permite establecer una relación intrínseca con la tributación y ésta
con las dimensiones el desarrollo sostenible, una vez que contaminar es un mal que genera costos a
terceros, por lo que la política ambiental promueve estrategias que incentivan la compensación, el
cuidado y la conservación del medio ambiente. Bajo la convicción ecológica de lograr un equilibrio
entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
Los análisis que relacionan la tributación y política ambiental colombiana aún se encuentran
en un desarrollo precario, pero con grandes proyectos a corto, mediano y largo plazo, con la
implementación e inclusión del doble propósito de los impuestos donde resalte la extra-scalidad y
sus implicaciones sociales para el mejor cuidado del entorno social y ambiental, que aún requieren
de un debate político y social más profundo, dado que dependemos del medio ambiente y su
conservación depende de nuestro comportamiento.
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La politica ambiental colombiana y el cambio social...
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DETERMINANTES DEL
INGRESO FISCAL DE
AMÉRICA LATINA
DETERMINANTS OF THE TAX
INCOME OF LATIN AMERICA
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.03
Recibido: 20/07/21
Aceptado: 22/04/22
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Eduardo G. Zurita-Moreano
ezurita@unach.edu.ec
Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas
(Riobamba - Ecuador)
ORCID: 0000-0002-7818-8619
Mariuxi Cabezas-Villagómez
mariuxiroxanacabezasvillagomez@gmail.com
Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas
(Riobamba - Ecuador)
ORCID: 0000-0002-7431-5107
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 48-67, julio - diciembre 2022
ISSN No. 2631-2743
DETERMINANTES DEL
INGRESO FISCAL DE
AMÉRICA LATINA
DETERMINANTS OF THE
TAX INCOME OF LATIN
AMERICA
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.03
Resumen
Se realiza un análisis de los determinantes del
ingreso scal en América Latina mediante un
modelo de regresión múltiple con datos de
panel con efectos jos, tomando como variables
explicativas la balanza comercial de bienes y
servicios, esperanza de vida, libertades civiles,
PIB per cápita, valor agregado de la agricultura y
valor agregado de la industria. Como resultado el
valor agregado de la industria muestra una relación
positiva; mientras que la balanza comercial de
bienes y servicios, la esperanza de vida y las
libertades civiles son signicativas, pero tienen
una relación inversa con la variable dependiente.
Palabras clave: balanza comercial,
ingresos scales, valor agregado, producto interno
bruto per cápita.
Abstract
An analysis of the determinants of scal income
in Latin America is carried out through a multiple
regression model with panel data with xed effects,
taking as explanatory variables the trade balance of
goods and services, life expectancy, civil liberties,
GDP per capita, value added from agriculture and
added value from industry. As a result, the added
value of the industry shows a positive relationship;
while the trade balance for goods and services, life
expectancy and civil liberties are signicant, but
have an inverse relationship with the dependent
variable.
Keywords: trade balance, tax revenue, value
added, per capita gross domestic product.
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Introducción
En América Latina se han observado profundas transformaciones en materia scal en los últimos
30 años, destacándose el incremento del nivel de recursos tributarios y no tributarios, así como los
avances en la administración de los principales instrumentos de recaudación. Sin embargo, también
es necesario remarcar que este proceso no ha sido para nada estable en el tiempo y ha sufrido
fuertes oscilaciones a escala general y a nivel de cada país (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, 2018). Los gobiernos se han desempeñado de forma distinta al momento de
recaudar impuestos. Estas diferencias han sido atribuidas a factores económicos, estructurales,
institucionales, sociales, entre otros, que han afectado el ingreso tributario (Mayoral & Uribe,
2010).
Según la CEPAL (2019) en América Latina la normativa tributaria ha sufrido varias reformas,
lo que permitió que exista una mayor carga de tributos tanto de los impuestos directos como
indirectos mejorando la eciencia de la gestión tributaria, para el año 2017 hubo un crecimiento
en la recaudación del 22.8% respecto al 2016, medido como porcentaje del PIB. Aún con este
crecimiento todavía se mantiene una presión scal baja en relación con países de Norteamérica
o Europa, de la misma manera Lozano (2017) señala que una menor carga tributaria impide una
adecuada redistribución de la riqueza.
Actualmente, la mayor parte de los ingresos públicos con los que cuentan los países de América
Latina para nanciar las funciones del Estado están constituidos por instrumentos de carácter
tributario. No obstante, más allá de las tendencias generales que puedan identicarse en la región
en su conjunto puede armarse que si algo caracteriza a los ingresos públicos en América Latina es
la diversidad de casos en el plano regional.
En este contexto es importante indicar que en los últimos 25 años los ingresos scales tributarios
y también de la seguridad social se han fortalecido en forma importante. Para el 2015, la presión
scal tuvo un promedio para la región de 20,9 puntos porcentuales siendo ésta superior en 7,1
puntos que la década de 1990. Esto fue gracias a los cambios en los sistemas tributarios y en la
política scal y como también al fortalecimiento de las administraciones públicas. Sin embargo,
es importante indicar que la brecha entre la presión scal de América Latina y la de Europa se
mantiene encima de los 15 puntos porcentuales (Servicio de Rentas Internas, 2017).
En América Latina los recursos tributarios todavía son escasos para desarrollar el logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, según la CEPAL (2019) indica que entre los principales obstáculos para el
fortalecimiento de recursos internos es la fuerte evasión scal y los movimientos de capitales ilícitos,
en ese sentido, el costo de evasión scal en América Latina alcanzó un 6,3% del PIB en 2017, cifra
equivalente a 335.000 millones de dólares.
Eduardo G. Zurita-Moreano, Mariuxi Cabezas-Villagómez
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Dentro de la política scal para las naciones es clave conocer qué factores explican o son
determinantes de la presión scal. En este sentido existen dos enfoques económicos que condicionan
para una mayor o menor presión scal. Las corrientes ortodoxas que procuran reducir la presión
tributaria, ya que indican que es una traba para el desarrollo económico. En cambio, las corrientes
más institucionalistas están a favor de una mayor presión tributaria asociada con un alto grado de
eciencia en la gestión, cumpliendo de esta manera los principios redistributivos de los ingresos
scales (Musgrave, 1969).
Para North (1991) un elemento importante de los determinantes de la presión scal viene a ser
las instituciones, como estructura del Estado, ya que son fundamentales para la organización del
desarrollo político, económico y social de las naciones. Para North en términos de materia tributaria
los países enfocan los trabajos de política pública en: estimular la inversión, redistribuir los ingresos,
disminuir el endeudamiento, investigar la calidad normativa, estabilidad jurídica, cultura y moral
tributaria, y calidad del servicio para que los agentes consigan plasmar sus compromisos. Así
mismo, Alesina y Rodrik (1994), y Acemoglu y Robinson (2008) son participes de este enfoque,
para quienes el rol de las instituciones, la política, la burocracia y el votante mediano son factores
determinantes para explicar el comportamiento tributario y las decisiones de política en materia
scal.
Para Martín - Mayoral y Uribe (2010) entre los determinantes de la presión scal sobresalen
elementos relacionados con la estructura económica, nivel de desarrollo de un país, administración
de la política scal y conanza de las instituciones. Los determinantes económicos están con el
nivel de desarrollo de los países, tiene una incidencia positiva ya que, a más grado de desarrollo, las
necesidades de demandar servicios sociales y de nanciación aumenta (Musgrave, 1969). Según
Bird, Martínez-Vázquez, & Torgler B (2004) los elementos estructurales tienen que ver con el
grado de apertura de una economía al comercio y los capitales, en este sentido se ha determinado
que los efectos pueden ser diferentes en las naciones países dependiendo del nivel de repercusión
de los shocks externos.
Para Tanzi (2000), el incremento de la recaudación, y por tanto de la presión scal, va a depender
del sector donde se puede evaluar un grado más alto o un menor impacto sobre la presión. En este
contexto, el sector manufacturero es donde tendrá un mayor efecto la presión scal, en el sector
agrícola el impacto será mucho menor dada la dicultad de gravar esta actividad por el grado de
informalidad.
Aixialá y Fabro (2007) comprobaron un conjunto de factores institucionales que afectan en la recaudación
tributaria: libertades civiles, derechos políticos, libertad económica, corrupción, capital social, inestabilidad
política, infraestructura institucional. En este sentido indican que los resultados empíricos para estas
variables para la presión tributaria han sido contradictorios, sin embargo, hay evidencia que, en las
naciones con mayor democracia, los agentes económicos tienden a pagar mejor los tributos.
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El efecto de los factores sociales es objeto de análisis por diversos autores. Entre ellos se puede citar
el grado de educación de un país medido a través de la tasa de analfabetismo (Piancastelli, 2001).
Las características demográcas de los países son introducidas en estudios como el de Wallace
y Bahl (2005) encontrando que países con tasas elevadas de crecimiento poblacional tienden a
recaudar menos, ya que es más difícil registrar a nuevos contribuyentes. La densidad poblacional
es mencionada por Teera y Hudson (2004) sin un efecto claro sobre la presión scal, aunque Ansari
(1982) encuentra una correlación positiva con los niveles de evasión.
Entre las variables institucionales constan: el nivel de corrupción, el proceso político (Bird,
Martínez, & Torgler, 2008); la ley y el orden, la estabilidad de los gobiernos (Gupta, 2007); los
sujetos de tributación establecidos por la legislación tributaria o la habilidad del gobierno para
recaudar impuestos (Eshag, 1983); la estructura de impuestos existente (Feenberg & Rosen, 1987);
el nivel de corrupción al que se enfrentan los agentes y el grado de democracia de una sociedad, por
cuanto aumenta la disposición de los contribuyentes con respecto a las normas tributarias (Torgler,
2006).
La razón entre la recaudación de impuestos y el PIB (presión tributaria) es el indicador comúnmente
utilizado en el mundo desde 1965, este sirve para referenciarse con otros países de estructura
económica similar, a partir de las diferencias que presenta el impuesto potencial y la recaudación
efectiva se establece el ingreso máximo al que puede llegar un país (Carmona, Molina, & Ruiz,
2019).
La conanza de los contribuyentes en las autoridades tributarias es uno de los aspectos que ha
sido analizado frecuentemente por diversos autores. En ese sentido, Kirchler, Hoelzl, y Wahl
(2008) consideran que los contribuyentes pueden tener dos tipos de comportamiento respecto al
pago de impuestos. Puede ser antagonista, cuando las autoridades tributarias y los contribuyentes
están enfrentados; o puede ser sinérgico, cuando los contribuyentes perciben que las autoridades
tributarias realizan un servicio para la comunidad a la que pertenecen y existe una conanza mutua.
Tyler (2006) considera dos formas en las que las autoridades pueden conseguir una mayor colaboración de
los contribuyentes. Una primera opción es a través de incentivos para los que cumplen y de castigos para
los que no lo hacen, aunque estos métodos no son siempre efectivos. Una segunda opción es generando
una conanza social, que consistiría en la percepción de los contribuyentes de que las autoridades
tributarias son ecientes en la detección de los evasores, motivándoles a colaborar voluntariamente junto
con un aumento de la conanza en que las autoridades trabajan en aras del bienestar social (Tyler, 2006).
Feld y Frey (2002) muestran que el trato diferenciado a los contribuyentes tiene efectos negativos en
el nivel de contribución, conclusión a la que también llega Torgler (2006) al realizar un estudio similar
para el caso de Estados Unidos. Benhabib y Przeworski (2006) demuestran que, aunque un régimen más
democrático conlleva a la aplicación de políticas más redistributivas, éste no se mantiene en sociedades
con niveles altos de desigualdad, dado que las élites no aceptan políticas redistributivas extremas.
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Eslava (2006) presenta una revisión crítica de la literatura en la que analiza los efectos del
comportamiento oportunista de los hacedores de política, las preferencias heterogéneas de
los votantes y políticos y las instituciones de los presupuestos públicos sobre el balance scal
de las economías. Al respecto, Tanzi (1981) señala que las diferencias existentes en el nivel de
recaudación de los países en vías de desarrollo no pueden ser solo atribuidas a variaciones en la
institucionalidad de la administración tributarias, ni en los determinantes clásicos de la presión scal.
Este autor considera que es necesario tener en cuenta la variabilidad de las políticas económicas,
y especícamente se reere a variables como el tipo de cambio real, las políticas de sustitución
de importaciones, la liberalización comercial, la inación, el nivel de deuda pública y las políticas
nancieras.
La determinación de la eciencia en la recaudación tributaria que hace referencia al grado en que
un país utiliza su capacidad impositiva constituye otro aspecto que ha sido ampliamente analizado
desde distintas vertientes. La eciencia se dene como las acciones que se toman para generar la
mayor recaudación con el menor esfuerzo (Bahl, J. Martínez, & Wallace, 2003), la cual puede ser
calculada a través de la relación entre la presión scal y la capacidad impositiva.
En ese sentido, en la investigación de Martín-Mayoral y Uribe (2010) analizan los determinantes
económicos e institucionales del esfuerzo scal de América Latina mediante un modelo de datos
de panel con observaciones de cada país para el periodo 1990–1996. Se utilizan como variables
explicativas el PIB per cápita, el índice de apertura comercial, la importancia de las exportaciones
de hidrocarburos respecto al PIB y la participación de la agricultura en el PIB. Como principal
conclusión, determinan que la estructura del sistema tributario mexicano está al nivel de la estructura
de los países desarrollados, pero el nivel de esfuerzo scal alcanzado sigue ubicándose entre los
más bajos de los 32 países analizados. Un estudio similar lo realizan McLure y Zodrow (1997) para
el caso colombiano, y Best (1976) para la región centroamericana.
En suma, ante un escenario latinoamericano donde la dependencia de ingresos proveniente de
recursos naturales es alta y evidencian una fuerte tendencia a la baja, el análisis de la presión scal
implica considerar factores que van más allá de la esfera económica, ya que la capacidad para
recaudar más impuestos deriva del desarrollo de las instituciones y la relación entre el Estado y
la Sociedad. En este contexto se plantea el siguiente problema de investigación ¿Cuáles son los
determinantes del ingreso scal en América Latina?, ya que la política scal juega un papel central
para mejorar el nivel de vida y promover el crecimiento económico de los países.
Métodos
Se aplicó una investigación causal, ya que el objetivo es conocer el efecto positivo o negativo que
produce un cambio inesperado de las variables independientes en la recaudación tributaria. En la
investigación se desarrolla un análisis de los antecedentes, de la teoría económica y de los principales
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factores que inuyen en el nivel de ingresos tributarios de la región (Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay), se apoyó de un análisis descriptivo de cada uno de ellos. Los
instrumentos que se aplican en la investigación es el paquete estadístico Eviews 9.0, programa
informático Excel, que facilitaron el desarrollo del estudio.
Utilizando datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019) y el Banco
Mundial (2020), se planteó la hipótesis: el ingreso scal tributario se ve inuenciado por el PIB
per cápita, el comercio de bienes y servicios, el valor agregado a la agricultura, el valor agregado
de la industria, las libertades civiles y la esperanza de vida, mediante la aplicación de un modelo
econométrico con datos de panel que permite establecer la causalidad que existe entre las variables
independientes y la variable dependiente.
Estimación del modelo econométrico
Según Baronio y Vianco (2014) el modelo con datos de panel analiza características temporales
y de estructura, es decir, combina series de tiempo y de corte transversal. Esta técnica permite
realizar un análisis más dinámico al incorporar la dimensión temporal de los datos, lo que enriquece
el estudio, particularmente en períodos de grandes cambios. Esto puede incrementar los grados
de libertad, reducir la colinealidad entre las variables explicativas y mejorar la eciencia de las
estimaciones econométricas.
El principal objetivo de aplicar datos de panel es capturar la heterogeneidad no observable ya sea
entre agentes económicos o de estudio, así como también en el tiempo dado que esta heterogeneidad
no se puede detectar ni con estudios de series temporales, ni tampoco con los de corte transversal.
Existen dos procedimientos para estimar el modelo en un sistema de datos de panel: uno de ellos
considera que existe un término constante diferente para cada individuo y supone que los efectos
individuales son independientes entre sí, a este se lo denomina efectos jos; el otro modelo es el de
efectos aleatorios que considera que los efectos individuales no son independientes entre sí, sino
que están distribuidos aleatoriamente alrededor de un valor dado.
La ecuación general viene dada de la siguiente forma:
i = 1,2,……6
t = 1,2,………18
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Dónde:
= Total ingresos tributarios (% del PIB)
= Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB)
= Esperanza de vida (edad)
= Libertades civiles (rango del 1-7)
= PIB per cápita (precios constantes año base 2010)
= Valor agregado de la agricultura (% del PIB)
= Valor agregado de la industria (% del PIB)
= Término de perturbación estocástica para el individuo y períodos.
En la investigación se dispone de datos de 16 países Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú y Uruguay, para un período de tiempo de 18 años con 6 variables de observación, entre ellas
están el PIB per cápita que mide el nivel de desarrollo, la especialización productiva expresada
a través del valor agregado a la agricultura y a la industria, factores externos como la balanza
comercial de bienes y servicios y otros factores que miden la eciencia del gobierno como las
libertades civiles, también se ha explorado la esperanza de vida como variable social.
Según estudios realizados anteriormente, se espera que el PIB per cápita tenga un efecto positivo,
porque a medida que un país expande su nivel de desarrollo, su economía aumenta, y también
su tributación. La balanza comercial, que mide la estructura abierta al comercio de la economía,
puede tener efectos contrarios según la inuencia de shocks externos. El impacto de esta variable
es indeterminado dependiendo del análisis. Se espera que el valor agregado de la agricultura tenga
signo negativo, porque las actividades económicas en este sector son más difíciles de gravar por
impuestos. Por el contrario, el valor agregado a la industria puede tener efectos positivos en los
impuestos, ya que las empresas industriales suelen ser más fáciles de gravar con tributos.
Las libertades civiles pueden tener un efecto positivo en la recaudación tributaria, porque en países
con alto grado de libertades civiles los contribuyentes pueden tener una mejor percepción de su
gobierno y, por ende, tener mejor disposición de pago. La esperanza de vida se espera que tenga una
relación positiva con la variable tributaria, ya que está asociada a niveles de desarrollo y seguridad
social. Un reejo opuesto es que la esperanza de vida pueda tener un efecto adverso, porque cuanto
mayor es la edad media de la población, mayor es la parte de los jubilados y, por lo tanto, hay una
menor proporción de la población que paga impuestos.
Determinantes del ingreso fiscal de Am
érica Latina.
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Resultados y discusión
Los ingresos tributarios representan la variable endógena para los países de América Latina,
según la CEPAL son ingresos que recauda el Estado mediante impuestos directos o indirectos, los
cuales tienen la nalidad de nanciar los servicios proveídos por el sector público y servir como
instrumento de política scal, también pueden tener nes extra-scales como corregir fallos de
mercado, se expresa mediante porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
Figura 1. Ingresos tributarios (porcentaje del PIB – tasa de variación porcentual) promedio 16 países de América Latina,
2000-2017.
1,2
0,4
2,5
3,7
3,1
5,0
2,1
0,2
-5,5
4,0
3,2
1,7
-0,04
0,4
1,7
-0,3
-1,4
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: elaboración propia según datos de la CEPAL (2000-2017).
En la gura anterior se puede evidenciar el comportamiento que ha tenido el ingreso scal en América
Latina durante el período 2000-2017, dentro del cual se observa que el año 2006, con respecto al
2005, fue la etapa en donde existió la mayor recaudación tributaria, alcanzando aproximadamente
una tasa de variación del 5%, debido a un incremento en los precios de las materias primas, el cual
dio lugar a un mayor circulante en la economía. Mientras que para el año 2009, en relación con
el 2008, hubo una disminución del -5.5%, causado por la crisis hipotecaria, que afectó la relación
ingreso-consumo.
El año 2010 muestra una variación positiva de 4%, con respecto al año 2009, esto gracias a las
políticas públicas adoptadas por los gobiernos de la región y a la recuperación de la economía
internacional. Para el año 2013, con relación al 2012, vuelven a decaer los impuestos en -0.04%,
dado, por una alta dependencia de las exportaciones hacia Europa y China.
En el año 2017 con respecto al 2016, existió una tasa de variación negativa de -1.4%, en el cual muchos
países tuvieron un crecimiento económico favorable, sin embargo, el panorama cambió para otros países
como Argentina, donde se disparó la inación, mientras que en Brasil existió desestabilidad política,
y México tuvo una menor demanda de manufacturas de Estados Unidos, menor gasto gubernamental
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y una política monetaria más apretada, lo que produjo una desaceleración en la economía del país.
En la gura 2 se observa que el PIB per cápita ha presentado uctuaciones considerables durante
el período de análisis, es así como para el año 2004 la variable tuvo un aumento signicativo de
8.74%, con respecto al 2003, cambio que se debió a un incremento del Producto Interno Bruto
global fundamentado por un mayor volumen de exportaciones, mientras que a diferencia del año
2009 ocurrió una reducción drástica de -1.87%, con respecto al 2008, dado por la crisis nanciera
global. Para el año 2010 hubo una tasa de variación positiva de 4.44% debido a una recuperación de
la economía internacional, lo que repercutió positivamente en la evolución del mercado de trabajo,
esto dio impulso al consumo privado y a la producción latinoamericana. Mientras tanto, el año
2016 tuvo un crecimiento a pequeña escala, con una tasa de variación de 1.05%, causado por una
disminución en los precios del petróleo y la volatilidad en los mercados nancieros.
Figura 2. PIB per cápita, período 2000-2017 (precios constantes año base 2010 – variación porcentual anual) promedio 16
países de América Latina.
-0,53 -0,40
1,90
8,74
0,63
4,32 4,61
3,66
-1,87
4,44 4,30
2,78 3,05
1,83 1,47
1,05
1,70
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: elaboración propia según datos de la CEPAL (2000-2017).
En lo referente al valor agregado de la agricultura, según el Banco Mundial (2020) esta incluye la
silvicultura, la caza y la pesca, además del cultivo de cosechas y la cría de animales. El valor agregado es
la producción neta de un sector después de sumar todos los productos y restar los insumos intermedios.
Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y
degradación de recursos naturales.
El valor agregado de la agricultura en América Latina durante el período de estudio tiene una
tendencia irregular; como se muestra en el gráco 3, para el año 2001, tuvo una tasa de crecimiento
con respecto al año anterior promedio de -7.17%, debido a un descuido en la actividad, porque los
ingresos eran insucientes para la subsistencia de los agricultores. Por lo contrario, el 2002 muestra
un aumento del 7.96% con respecto al 2001, ocasionado por la tercera crisis económica de América
Latina, lo que ocasionó que los habitantes retomen el cultivo como salida a la recesión.
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érica Latina.
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Figura 3. Valor Agregado de la Agricultura, período 2000-2017 (porcentaje del PIB – variación porcentual) promedio 16
países de América Latina.
Fuente: elaboración propia según datos del Banco Mundial (2000-2017).
En el año 2012, con respecto al 2011, la agricultura nuevamente se ve afectada con un porcentaje
de -7.93%, en consecuencia, a la desaceleración económica mundial y a los cambios climáticos, de
igual manera los países latinoamericanos tuvieron bajos rendimientos y altas tasas de pérdida en
sus cosechas agrícolas, principalmente por la sequía y por efectos del fenómeno de la Niña. En el
año 2016, se obtuvo una tasa de crecimiento de 4.11%, con respecto al 2015, gracias a la cercanía
comercial que hubo con Estados Unidos, sin embargo, en el año 2017, tomando en cuenta el 2016
decayó la tasa de variación en un -3.31% por un desplome general en las exportaciones agrícolas
(oleaginosas y cereales).
Por otra parte, en cuanto al valor agregado de la industria, el Banco Mundial (2020) lo dene como
el valor agregado en explotación de minas y canteras, industrias manufactureras (que también se
informa como un subgrupo distinto), construcción, y suministro de electricidad, gas y agua. El
valor agregado es la producción neta de un sector después de sumar todos los productos y restar los
insumos intermedios. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados
o por agotamiento y degradación de recursos naturales.
En el año 2006 con respecto al 2005, fue la etapa más favorable del valor agregado de la industria
durante el período estudiado, ya que registra una tasa de crecimiento de 2.19%, debido al dinamismo
de la actividad comercial, que impulsó el comercio intrarregional de productos manufacturados,
por otra parte, en el año 2009, se produjo una reducción de -3.01%, causada por la disminución
en la producción de las industrias de vehículos automotores, industrias básicas de hierro y acero,
causado por la crisis mundial.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Figura 4. Valor agregado de la industria, período 2000-2017 (porcentaje del PIB – variación porcentual) promedio 16
países de América Latina.
0,81
1,16
0,90
1,37
0,58
2,19
-1,09
1,16
-3,01
1,68
1,33
-0,13
-1,12
1,41
-4,57
-1,07
0,48
-5,00
-4,00
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: elaboración propia según datos del Banco Mundial (2000-2017)
Para el 2015 la industria enfrentó otro año de caída con un valor de -4,57%, por una desaceleración
económica y altas tasas de inación, lo que afectó a esta actividad, a diferencia del año 2017 donde
existió una evolución en el sector industrial de 0.48%, gracias a la mejora de los precios de las
materias primas que se exportan desde Latinoamérica. En lo referente a la balanza comercial de
bienes y servicios es igual a las exportaciones de bienes y servicios menos las importaciones de
bienes y servicios (Banco Mundial, 2020).
Figura 5. Balanza comercial de bienes y servicios, período 2000-2017 (porcentaje del PIB) promedio 16 países de América Latina.
-23,87 -25,94
6,81 12,42 9,34
-5,25
4,02 4,23
-27,27
-45,38
-16,47
41,66
129,97
-0,62
-67,66 -73,79
-61,46
-90
-60
-30
0
30
60
90
120
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: elaboración propia según datos del Banco Mundial (2000-2017)
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En la gura 5 se observa que las exportaciones e importaciones de bienes y servicios poseen una
tasa de variación negativa de -23,87% en el año 2001, con respecto al 2000 a causa de la ola
recesiva que se transmitió por el comercio exterior la mayoría de los países latinoamericanos
vieron contraer sus ingresos externos por la menor demanda de bienes y servicios en el mercado
internacional (CEPAL, 2002).
Para el año 2004 existió una aceleración de las compras externas con respecto al año anterior, lo
que ha elevado la tasa de crecimiento a 12.42%, no obstante, las tasas de variación de la balanza
comercial para los años 2009 y 2010, registraron decrecimientos pronunciados de -27.27% y
-45.38% respectivamente, debido a la baja de precios de las materias primas que exportaban los
países de América Latina, lo cual contrajo las economías locales. La aceleración del crecimiento
económico ha contribuido notablemente en la balanza comercial en los años 2012 y 2013 con
una tasa de variación de 41.66% y 129.97%, mientras que en los años 2015 y 2016 ha decaído en
-67.66% y -73.79%, lo cual se debió a una caída de precios en las materias primas.
En cuanto a la esperanza de vida al nacer, Suzuki y Fantom (2013) señalan que el indicador se
reere a la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al
momento de su nacimiento no cambian a lo largo de la vida del infante.
Figura 6. Esperanza de vida (años) promedio 16 países de América Latina. 2000-2017.
70
71
72
73
74
75
76
77
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: elaboración propia según datos del Banco Mundial (2000-2017).
En la gura 6 se ilustra el incremento que ha experimentado América Latina desde el año 2000
con 72 años, variando hasta los 76 años en el 2017, es decir, para el período la tasa de variación
es del 5,6%, las personas viven en promedio más años que antes y hay un importante crecimiento
en el número de personas en edades avanzadas, los avances médicos, sanitarios, aspectos sociales,
culturales e incluso el avance tecnológico mejoran la esperanza de vida. En lo que respecta a la
variable libertades civiles miden las libertades individuales, que van desde el derecho al voto hasta
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la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, pueden verse afectadas por actores estatales o no
estatales, se miden en una escala de uno a siete, donde uno representa el mayor grado de libertad y
siete el más bajo (Castro & Ramirez, 2014).
Figura 7. Libertades civiles (rango 1 más libertad - 7 menos libertad civil) promedio 16 países de América Latina. 2000-2017.
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: elaboración propia según datovs del Banco Mundial (2000-2017).
En el gráco 7 se denota que las libertades civiles en América Latina van desde el 2,8 en el año
2000 hasta el 2,6 en el 2017. En el período 2000-2005 los países latinoamericanos registraron
una mayor libertad civil llegando a 2,4 en el año 2005. A partir del 2006 se denota una reducción
de las libertades civiles llegando su valor más alto en el 2016 con 2,7 esto es indicativo de una
libertad parcial, en muchos casos debido a que en los países gobiernan a través de lo que se dene
como autoritarismo moderno, ya que celebran elecciones, pero controlan indebidamente a las
instituciones para neutralizar las libertades de la población.
Resultados del modelo econométrico
Contraste de Levene
Permite contrastar la homocedasticidad independientemente del número de grupos presentes, es
decir, determina la igualdad existente entre varianzas generadas por un grupo de datos de una
variable, para esto se procedió a analizar las variables, con el n de determinar si es necesario
estabilizar las varianzas de las series, aplicando una transformación logarítmica, generándose la
siguiente tabla.
Supuestos:
Hipótesis planteadas
H0: Varianzas constantes H1: Varianzas no constantes
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Tabla 1. Contraste de Levene.
Método Ingreso tributario Esperanza de vida Libertades
civiles PIB per cápita Valor agregado
agricultura
Valor agregado a la
industria
Bartlett (29.15359)** (1.400872)* NA (20.64055)** (40.85264)** (15.74313)**
Levene (14.80761)** (1.237273)* NA (13.39297)** (11.22353)** (4.603141)**
Brown-Forsythe (10.33866)** (1.302169)* NA (10.31074)** (9.084241)** (4.239881)**
Nota: Valores entre paréntesis; **p<0,05;*p>0,05.
Fuente: elaboración: propia.
En la tabla 1, se observa que al aplicar el contraste la variable esperanza de vida (EV), tiene
probabilidad mayor a 0.05, lo que favorece a la hipótesis nula de varianzas constantes. Sin embargo,
los ingresos tributarios (YT), el Producto Interno Bruto per cápita (PIBpc), el valor agregado
a la industria (VAI) y a la agricultura (VAA), muestran probabilidad menor al 5%, evidencia
suciente para rechazar la hipótesis nula de varianzas constantes y, por ende. aplicar un proceso
de transformación logarítmica, ya que basta que solo una de las variables tenga una probabilidad
menor para que se proceda a realizar dicho cambio. La situación para libertades civiles (LC) radica
que al no tener números negativos y ser una variable cualitativa ordinal, eviews lo detecta y por
eso no muestra los valores (NA), pero internamente al no tener negativos puede transformarse en
logaritmos, por otro lado, la variable que no debe entrar en dicha transformación es la balanza
comercial (BC), puesto que tiene signos tanto positivos como negativos.
Contraste de Hausman
Según Romo (2016) se utiliza el contraste para ver si los determinantes del modelo de datos de panel son más
consistentes, teniendo como base el modelo de efectos jos o por otra parte el modelo de efectos aleatorios. Para
determinar qué modelo emplear se inicia el proceso aplicando el test de Hausman, donde se plantea un juego de
hipótesis:
H0: Efectos aleatorios
H1: Efectos jos
Tabla 2. Contraste de Hausman
Resumen de la prueba Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Sección transversal aleatoria 70.946420 6 0,0000
Fuente: elaboración propia.
El contraste de Hausman se basa en la probabilidad, el cual es menor a 5%, corrobora la información
para trabajar los datos por medio del modelo de efectos jos, es decir, se rechaza la hipótesis nula y
se acepta la hipótesis alternativa, por lo que se debería estimar un modelo de efectos jos, el mismo
que quedaría así:
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Tabla 3. Modelo de datos de panel con efectos jos.
Variable Coeciente Std Error t-Statistic Prob.
BC -0.004610 0.001520 -3.032235 0.0027
LOGEV 2.393756 0.342588 6.987273 0,0000
LOGLC 0.046682 0.037757 1.236370 0.2174
LOGPIBPC 0.108185 0.032107 3.369563 0.0009
LOGVAA 0.067909 0.034867 1.947665 0.0525
LOGVAI 0.302965 0.062797 4.824537 0.0000
C -9.843815 1.393568 -7.063750 0,0000
Observaciones 288
R-squared 0.876178 Media de la variable dependiente 2.577762
F-statistic 89.63106 Estadístico Durbin-Watson 0.538276
Prob 0,000000
Fuente: elaboración propia.
Todas las variables tienen los signos esperados y casi todas son estadísticamente signicativas, tanto
en lo individual como colectivamente, si se asumen válidos todos los supuestos del modelo clásico
de regresión lineal. Existe la variable libertades civiles que es no signicativa, sin embargo, el
coeciente R2 es alto con un valor de casi 0,88, lo que indica que el modelo es sustentable y explica
adecuadamente las variaciones de los ingresos tributarios. Como se trata de un modelo logarítmico,
los coecientes estimados de pendiente representan elasticidades. Por tanto, cuando todos los demás
factores permanecen constantes, si el ingreso real per cápita aumenta 1%, la media de ingresos
tributarios como porcentaje del PIB aumenta casi 0,11%. Estos resultados muestran que el PIB per
cápita explica las variaciones de la variable dependiente, a pesar de que ha presentado uctuaciones
considerables durante el período de análisis. Asimismo, cuando todo lo demás permanece constante,
si el valor agregado de la industria aumenta 1%, el ingreso tributario promedio aumenta alrededor
de 0.30%. Todas las elasticidades estimadas son signicativas estadísticamente.
La balanza comercial de bienes y servicios (BC), tiene un valor negativo y no está en logaritmos por
lo que tenemos que el coeciente representa la semielasticidad, ante un cambio de una unidad, la
media de ingresos tributarios como porcentaje del PIB disminuirá en 0,62%. Esto es resultado de la
ola recesiva que se transmitió por el comercio exterior a la mayoría de los países latinoamericanos
que vieron contraer sus ingresos externos por la menor demanda de bienes y servicios en el mercado
internacional.
La variable social esperanza de vida (LOGEV) es estadísticamente signicativa y muestra una
relación positiva con la variable dependiente, si esta aumenta en 1%, el ingreso tributario promedio
aumenta alrededor de 2,32%, este resultado es consistente con el argumento de que las personas
viven en promedio más años que antes y hay un importante crecimiento en el número de personas
en edades avanzadas, los avances médicos, sanitarios, aspectos sociales, culturales e incluso el
avance tecnológico mejoran la esperanza de vida.
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Las libertades civiles (LOGLC) no son signicativas y tienen un signo positivo en el sentido que
la escala al estar entre el rango de 1 y 7, y que 1 es más libertades y 7 menos libertades. Por lo
que sugieren que un sistema con más libertades es un determinante sólido de los ingresos scales.
Finalmente, el valor agregado de la agricultura (LOGVAA) durante el período de estudio tiene una
tendencia irregular, los resultados del modelo nos indica que ante un cambio de 1% el promedio
de los ingresos scales aumenta en casi 0.07%, siendo porque las actividades económicas en este
sector son más difíciles de gravar impuestos.
La ecuación del modelo econométrico se representa de la siguiente manera:
Entonces:
β0= representa el intercepto.
β1= el coeciente representa la semielasticidad de la variable balanza comercial, ante un cambio de
una unidad, la media de ingresos tributarios como porcentaje del PIB disminuirá en 0,62%
β2= Este coeciente muestra que por cada incremento de 1% en el promedio de la esperanza de
vida, los impuestos tienen una variación negativa de 2,39%.
β3= Establece que por cada incremento de 1% en la escala de las libertades civiles, los impuestos
aumentarán en 0,047%.
β4= Si el ingreso real per cápita aumenta 1%, la media de ingresos tributarios como porcentaje del
PIB aumenta casi 0,11%.
β5= Es la elasticidad parcial e indica que por cada incremento de un 1% en el valor agregado de la
agricultura, los impuestos aumentaran en 0,07%.
β4= Es la elasticidad parcial e indica que por cada incremento de un 1% en el valor agregado de la
industria, los impuestos aumentaran en 0,30%.
Discusión y conclusiones
La diferencia de los ingresos tributarios entre países ha sido un tema de amplia discusión, en los
cuales se han encontrado factores que causan estas variaciones en la presión scal, entre ellos están
el producto interno bruto per cápita, la especialización productiva o la estructura de la economía,
que puede explorarse a través de la composición sectorial del PIB (Pessino & Fonochietto, 2017);
De la misma manera, Piancastelli (2001) señala factores externos como el comercio, para Castro y
Ramirez (2014) factores institucionales como los derechos civiles, se consideran determinantes de
ingresos scales, y dentro de los indicadores sociales está por ejemplo la esperanza de vida al nacer
que son parte de los indicadores de desarrollo humano (Banco Mundial, 2020).
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El ingreso scal en América Latina muestra progresos durante el período estudiado, sin embargo,
la presión tributaria sigue siendo baja en comparación con los países de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico, que recaudan 15,0 puntos porcentuales más que la región
lo cual restringe el gasto en los servicios públicos y obras de infraestructura entre otro tipo de
inversiones que permitan mayor crecimiento económico.
En los resultados obtenidos se muestra que el PIB per cápita explica las variaciones del ingreso
tributario es signicativo y ante un aumento del ingreso del 1%, la media de ingresos tributarios
como porcentaje del PIB aumentará casi 0,11%. Debido a que en los países de América Latina frente
a un mayor nivel de desarrollo, las necesidades de demandar servicios sociales y de nanciación
aumenta. Por otra parte, el valor agregado de la agricultura tiene ningún impacto débil en los
impuestos, ya que la producción es a pequeña escala y se mantiene en la informalidad.
América Latina muestra una relación inversa entre las variables ingreso scal tributario y la balanza
comercial de bienes y servicios, debido a que su economía es abierta y la inuencia de shocks
externos ha hecho que se dé un mayor nivel de volatilidad de los capitales afectando la recaudación
tributaria. La variable esperanza de vida muestra una relación positiva con la variable dependiente,
este resultado es consistente con el argumento de que las personas viven, en promedio, más años
que antes y hay un importante crecimiento en el número de personas en edades avanzadas, las
libertades civiles muestran que un sistema con más libertades es un determinante sólido para los
ingresos scales y el valor agregado a la industria tiene un efecto positivo y signicativo en el
modelo.
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LOS SISTEMAS DE CONTROL
DE GESTIÓN Y LA CULTURA
ORGANIZACIONAL EN
LAS PYMES DEL CANTÓN
RIOBAMBA
THE MANAGEMENT
CONTROL SYSTEMS AND
ORGANIZATIONAL CULTURE
IN SMES OF THE CANTON
RIOBAMBA
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.04
Recibido: 20/07/21
Aceptado: 22/04/22
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
María G. González-Bautista
mggonzalez@unach.edu.ec
Universidad Nacional de
Chimborazo
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas
(Riobamba - Ecuador)
ORCID: 0000-0002-6326-9766
Renata C. Guerrero-Arrieta
rguerrero.fpe@unach.edu.ec
Universidad Nacional de
Chimborazo
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas
(Riobamba - Ecuador)
ORCID: 0000-0003-0715-9463
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 68-88, julio - diciembre 2022
ISSN No. 2631-2743
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 68-88, julio - diciembre 2022
Resumen
La adopción de los sistemas de control de gestión
de acuerdo con el tipo de cultura organizacional
de las pymes del cantón Riobamba es manejada
a través de percepciones gerenciales que reeja
el comportamiento de las pymes. Se determina
la inuencia de estas dos variables a partir de los
resultados de las encuestas aplicadas a las pymes del
cantón. Se realiza una prueba Anova, correlación y
regresión lineal múltiple. Como resultado se obtiene
que los sistemas de control de gestión y los tipos
de cultura organizacional jerárquica, adhocrática
y mercado son las que mantienen una correlación
mayor positiva.
Palabras clave: adhocrática, clan,
jerárquica, mercado, empresa.
Abstract
The adoption of management control systems
according to the type of organizational culture of the
SMEs of the Riobamba canton is managed through
managerial perceptions that reect the behavior of
the SMEs. The inuence of these two variables is
determined from the results of the surveys applied
to SMEs in the canton. An Anova, correlation and
multiple linear regression test is performed. As a
result, it is obtained that the management control
systems and the types of hierarchical, adhocratic
and market organizational culture are those that
maintain a greater positive correlation.
Keywords: adhocratic, clan, hierarchical,
market, company.
LOS SISTEMAS DE
CONTROL DE GESTIÓN
Y LA CULTURA
ORGANIZACIONAL EN
LAS PYMES DEL CANTÓN
RIOBAMBA
THE MANAGEMENT
CONTROL SYSTEMS
AND ORGANIZATIONAL
CULTURE IN SMES OF
THE CANTON RIOBAMBA
DOI:
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Introducción
Los sistemas de control de gestión no solo reúnen y utilizan información para evaluar los rendimientos
de los recursos humanos, nancieros y físicos de la empresa, sino que esta información se toma
como estrategia organizacional para motivar a su personal y evaluar el desempeño. Es por lo que
las decisiones de asignación de recursos dependen de la gerencia para una buena comunicación y
motivación en cuanto al comportamiento organizacional (Anthony & Govindarajan, 2007).
La adopción de los sistemas de control de gestión signica una gran oportunidad para que el
desempeño de las empresas mejore (Vivanco et al, 2011). Sin embargo, el correcto manejo de los
sistemas de control de gestión en una organización depende del tipo de cultura adoptado por el
seno administrativo (Rodríguez Piña & Peña Domínguez, 2008). Los sistemas de control de gestión
permiten buscar nuevas oportunidades, mantenerse informado acerca del desempeño de la empresa
y discutir y dar seguimiento a planes y objetivos (Simons, 1996). Para Maciariello y Kirby (1994)
el control de la gestión es la asignación de recursos, la coordinación, motivación y evaluación del
rendimiento, por tanto, involucra aquellas medidas y contribuciones de contabilidad gerencial para
una correcta comunicación y motivación.
En 1980 comienza la preocupación hacia la cultura por parte de los académicos, pues se denomina
“identidad de los empleados” que proporcionan pautas que no siempre pueden ser controladas,
pero permite al sistema social alcanzar una estabilidad; la cultura organizacional es aquella que
revela los valores establecidos, los supuestos subyacentes, expectativas y aquellas deniciones que
caracterizan a las organizaciones y a sus miembros (Carson et al, 2007). Las pequeñas y medianas
empresas (pymes) son empresas familiares que en gran proporción son creadas por necesidad y no
por una oportunidad en el mercado. Los niveles de gestión que manejan son muy bajos y se realizan
de forma empírica, dando como resultado un inadecuado manejo de las nanzas (DSG Consulting,
2019).
Las pymes ecuatorianas son agentes destacados en la economía. En el año 2016 obtuvieron ingresos
que representaron el 27,8% del PIB, mientras que en el año 2015 fue de un 28,5%. Las empresas
medianas tienen una mayor estabilidad que las pequeñas. El 53,2% se mantienen en el mismo
segmento, el 3% se convirtieron en empresas grandes, el 19% bajaron de segmento, el 24,8%
desapareció en el periodo 2012-2016 (Ekos, 2017).
Existen factores que fomentan o restringen el emprendimiento como la educación en emprendimiento
(inclusión), normas sociales y culturales (innovación e investigación), el clima económico
(situación del mercado), la apertura de mercados, el apoyo nanciero (servicios nancieros) y las
políticas gubernamentales (incertidumbre y desconanza) (Lasio et al, 2011). En el contexto de
Ecuador los factores que más han beneciado a las PYMES son la educación en emprendimiento
y el clima económico derivado del sistema monetario. Por otra parte, los factores que restringen
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el emprendimiento son la falta de innovación e investigación, la apertura de mercado y los altos
costos nancieros.
Para Mokodompit y Wuriasih (2017) los sistemas de gestión de control constituyen una herramienta
que permite monitorear y controlar la eciencia y efectividad de la empresa, ya que cada organización
tiene una cultura y puede ser de inuencia en la actitud y el comportamiento de los miembros de
la empresa a nivel organizacional. En cuanto a Kemp y Dwyer (2011), indican que la cultura
organizacional valora la inuencia de los recursos humanos en el cumplimiento de sus obligaciones
que afectan el comportamiento de los individuos dentro de la organización.
Los sistemas de control de gestión y la cultura organizacional son variables de fuerte relación
en cuanto al manejo administrativo de la empresa. Vivanco et. al (2011) establecen cuatro tipos
de cultura organizacional: mercado, jerárquica, clan y adhocrática. La importancia de la cultura
organizacional en la implementación de sistemas de control de gestión es establecer como
componente clave el lineamiento de cultura con las estrategias de gestión. Por su parte, Vesga
(2013) indica que la cooperación entre los administradores y los empleados permite un desarrollo
en el desempeño de la institución y la importancia de seguir cada paso con exactitud para su
correcta formulación.
Los sistemas de gestión tienen la nalidad de evaluar la toma de decisiones, distintas actividades
del proceso de innovación y los medios empleados, se utiliza como un factor estratégico para
lograr una ventaja competitiva, orientándose así a la mejora y aprendizaje organizativo, considerar
perspectivas, orientarse a la prospectiva, tomar medidas a favor de los incentivos y productividad,
basándose principalmente en los objetivos estratégicos. En ese sentido, Salamzadeh y Daraei
(2012) analizan la relación entre la cultura organizacional y la implementación de los controles
de gestión, analizan las correlaciones tipológicas y dimensionales del modelo establecido por
Cameron y Quinn. Utilizan una muestra de 136 miembros del banco y obtienen los resultados
que conrman la hipótesis y la relación entre las tipologías culturales y los sistemas de control de
gestión, concluyendo que las culturas clan y adhocrática tienen más relevancia en la implementación
de estrategias en la empresa y su desarrollo en el futuro.
Por su parte, Crozzati (1998) realizó un estudio para modelar cambios como la reducción de personal,
calidad total y otros, basándose en la implementación de la gestión de calidad total y como un amplio
esfuerzo cultural logra el éxito en las organizaciones, pues el cambio cultural es la clave. Las creencias
organizacionales y valores culturales permiten que la empresa interactúe con las diversas áreas que
la componen.
La falta de un apropiado control ocasiona que los clientes internos y externos de la organización
se encuentren insatisfechos, que los productos no posean calidad, lo que limita la competitividad
de la rma (Salgado y Calderón, 2014). Es por ello que Kanthi (2007) identica al control de
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gestión como la comparación de lo que se ha planeado y cómo es el desempeño actual para tomar
medidas correctivas, convirtiéndose en un conjunto de variables que permiten alcanzar los objetivos
determinados desde un principio.
En el cantón Riobamba para el año 2010 existían 12 empresas grandes, 26 medianas, 99 pequeñas y 153
microempresas. Mientras que para el año 2018, disminuyen las empresas grandes a 8, evidenciando
una tasa negativa del 50%. Se mantienen las 26 empresas medianas, 401 microempresas y 115
pequeñas empresas, con una tasa de crecimiento de 62% y 14% respectivamente (Observatorio
Económico, 2020).
El 47% de las pymes gestionan sus estrategias de mercadotecnia de forma personal y solo un
6% trabajan con empresas de marketing, es decir, estas no manejan estrategias debido a su
desconocimiento, y la efectividad de sus esfuerzos se ve afectada por la aplicación de estrategias
autodidactas. Tan solo un 14% dan seguimiento a los resultados, a pesar de no conocer sobre
avances tecnológicos e innovaciones. Los problemas más ambiguos en la no profesionalización
de las Pymes es la resistencia por parte de los colaboradores a abordar estrategias de cambio y de
cultura organizacional, por tanto, existe una incorrecta toma de decisiones que generen valor (Ekos,
2016).
En la actualidad las pymes se encuentran en un momento crítico, el desarrollo tecnológico, la
competencia y los cambios en los ciclos económicos, no les permiten seguir en el mercado después
de un tiempo promedio de dos años. Por lo tanto, es necesario establecer la relación entre la adopción
de determinada cultura organizacional, y la implementación de algunos sistemas de control, en las
pymes del cantón Riobamba.
En ese sentido, la investigación es transcendental ya que la adopción de una cultura organizacional
inuye en la mortalidad empresarial de las pymes. Por lo que, el impacto de aprendizaje de las
pymes está centrado en la cultura del propietario y en su estructura organizacional. Pues el tiempo
y los recursos limitados afectan el desarrollo de la empresa, sin contar inuencias externas como
el medio ambiente, cambios económicos o desastres naturales. De este modo, la pregunta de
investigación es ¿La adopción de los sistemas de control de gestión se ve inuenciada por el tipo
de cultura organizacional que adoptan las pymes del cantón Riobamba?
Sistemas de control de gestión organizacional
Las pequeñas y medianas empresas manejan sistemas de control de gestión como estrategia para la
correcta toma de decisiones de inversiones o de riesgos, de acuerdo con los resultados nancieros
de la empresa, y manejan su cultura organizacional como una ventaja que agilita el proceso de
crecimiento y desarrollo de la organización, un adecuado ambiente laboral evita la discrepancia
entre jefe y empleado para cumplir con sus obligaciones (Mokodompit y Wuriasih, 2017). La
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ausencia de un apropiado control conlleva resultados negativos para la empresa como productos
carentes de buena calidad, la insatisfacción tanto de los clientes como de los trabajadores, poca
competencia en el mercado y la escasa relación de los niveles jerárquicos de la organización
(Salgado y Calderón, 2014).
El control de gestión permite evaluar el desempeño de los gestores en función de las actividades
implementadas apreciando los procesos de coordinación y participación. Las empresas y sus
líderes son responsables de contribuir a perlar una cultura y un entorno de gestión de esfuerzos
individuales (Pérez-Carballo Veiga, 2013). Mientras Bubbio et al. (2003), indica que el sistema de
control de gestión enfatiza los resultados de índole económica nanciera, es decir, se concentra en
dos problemas emergentes en la gestión empresarial, como la evaluación y el manejo de aquellos
factores decisivos subyacentes a la ventaja competitiva, hablamos por ejemplo de la satisfacción al
cliente, ambiente exterior y otros.
Los controles de calidad son sistemas de gestión que permiten dirigir y controlar la organización
en cuanto a su calidad, especica todos los procesos y los recursos necesarios para cumplir con los
requisitos para elaborar un proyecto a través de protocolos aplicados (Gutiérrez et al, 2017).
Los sistemas están basados en los objetos de control que comprenden resultados de acciones de
personal y tipo de cultura. De este modo, hay herramientas para implementar estrategias y así
interactuar con la gestión de recursos humanos de la empresa, la estructura y cultura organizacional
(Straub & Zecher, 2013). El control de gestión es aquel que contrasta que las estrategias que
se tomaron en la planeación estratégica se cumplan de acuerdo con lo establecido conforme al
horizonte temporal y la evaluación de la ejecución de la función (Chua et al, 1989).
Sin embargo, los sistemas de control de gestión utilizan varias técnicas de operación de gran
importancia gerencial para todas aquellas áreas de las empresas, evaluando el desarrollo y desempeño
a base de la motivación empresarial como la carta de récord de balance (resultados nancieros), la
gerencia de control de calidad total, la mejora continua, manejo del sistema contable, un correcto
análisis de mercado, el manejo de presupuesto y las técnicas de programas gerenciales (Maciarello
& Kirby, 1994).
Estas técnicas permiten medir el aprendizaje de la pequeña fuerza de trabajo que está centrado
en la cultura del propietario a través de una estructura organizacional, tanto como el tiempo y los
recursos limitados de las pymes afectan la dinámica de aprendizaje. Tanto así, que las inuencias
externas como el medio ambiente, los cambios organizacionales y los requerimientos comerciales
se relacionan con el aspecto de aprendizaje organizacional (Vivianco et al, 2011).
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Figura 1. Sistema de control de gestión y lograr metas y objetivos organizacionales.
Ambiente organizacional
Estructura
organizacional
y estrategia
Control central
y elementos de
programación
Lograr metas y
objetivos
organizacionales
Cultura
corporativa
Sistemas de
control de
gestión
Fuente: Herath (2001, pág. 94).
Los sistemas de control formales son aquellos que incluyen reglas, procesos operativos estándar,
presupuestos, y miden resultados a través de los objetivos e implican el monitoreo, medición y
la toma correcta de decisiones. Los controles informales son aquellos que no están diseñados
conscientemente, pues contienen políticas no escritas de la empresa, ya que se derivan de la cultura
organizacional (Langeld, 1997).
Los diferentes controles se centran en el control de avance (anti-controles), control administrativo
(procedimientos y reglas de operación estándar), control de personal (políticas de gestión de
recursos humanos) y control del comportamiento (monitoreo continuo de actividades y decisiones)
(Langeld, 1997).
La cultura organizacional
La cultura de cada persona no siempre es conocida por sí misma hasta que deben experimentar
cambios o procesos culturales desconocidos (Cameron & Quinn, 2011). A la cultura se la considera
como algo objetivo y subjetivo, ya que es observable frente a la perspectiva de que la cultura es
fruto de la construcción social. Es decir, las empresas “tienen” cultura y se considera a la empresa
que “es” cultura (Peiró, 1990). Sin embargo, Martin (2002) considera que esta controversia está
basada entre las diferencias ontológicas y epistemológicas, las descripciones culturales deben
incluir manifestaciones físicas, prácticas y estructuras formales, recogiendo signicados subjetivos
a dichas manifestaciones.
María G. González-Bautista, Renata C Guerrero-Arrieta
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 68-88. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.04
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La tipología de la cultura organizacional tiene cuatro orientaciones, la orientación al objetivo
(objetivos por áreas de la empresa), la orientación a la innovación (estudios de mercado para
satisfacer las necesidades del consumidor), la orientación al soporte (apoyo y desarrollo al personal
de la organización) y la orientación a las reglas (jación de políticas de operación). Se considera
que la cultura organizacional representa el éxito de una empresa o su mismo fracaso, pues la forma
de gestión, de operación y administración marca la línea entre subsistir o desaparecer del mercado,
en cuanto a su competitividad, los cambios tecnológicos y a los cambios en el ciclo económico
(Vivanco et al, 2011).
Un problema de evolución empresarial es la cultura organizacional, pues es un esquema
interpretativo, que socialmente se ha mantenido y que los miembros del equipo utilizan para dar
sentido y estructurar sus propias acciones y las de los otros en la empresa (Golden, 1992). Sin
embargo, Stoner et al (1986) mencionan que la cultura organizacional es compleja de supuestos,
conductas, relatos, mitos, metáforas y otras ideas que encajan todas para denir lo que signica
trabajar en una organización particular.
La efectividad de cualquier organización está fuertemente inuenciada por el comportamiento de
cada persona en la organización, es decir, la empresa necesita un sistema social que rija la relación
entre los individuos por sus diferentes singularidades de percepción, personalidad y otros (Gibson
et al, 2011).
La cultura organizacional es el elemento clave que permite a las pymes funcionar de manera eciente
y ecaz en el proceso de crecimiento (Stoica et al, 2004). Así, Deshpande y Webster (1989), arman
que la cultura organizacional mantiene una mejor comunicación dentro de la organización, comparte
los valores y las normas de comportamiento. Los tipos de cultura organizacional planteados por
Cameron y Quinn (2011), son aquellos cuadrantes más importantes que son los diferentes enfoques a
través del tiempo de la calidad de la empresa, el liderazgo y las habilidades de gestión que opta cada
organización permitiendo observar cómo es el trabajo cerebral y corporal en el ambiente laboral.
La cultura clan mantiene un ambiente amigable, sus líderes o jefes son los mentores, están unidos
por una tradición o lealtad, prevén el benecio a largo plazo sobre el desarrollo de recursos humanos,
tienen énfasis a la cohesión y moral, mantienen sensibilidad con los clientes y la participación es
en equipo (Cameron & Quinn, 2011). Es una derivación de los valores y normas de la cultura de
la organización, ya que la misión y objetivos de la empresa reejan las creencias y valores de la
cultura dominante. Esta cultura es considerada como una anomalía en la empresa, pero también
sirve como base de control en el mercado siendo esta la forma básica en la función de compra y la
burocracia la forma básica en el almacén (Ouchi, 1979).
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Figura 2. Tipología cultural.
Flexibilidad y discreción
(Control) (Competencia)
(Colaborador) (Crear)
Estabilidad y control
Clan Adhocrática
MercadoJerarquía
Enfoque interno e integración
Enfoque externo e diferenciación
Fuente: Cameron y Quinn (2011).
La cultura clan mantiene un ambiente amigable, sus líderes o jefes son los mentores, están unidos
por una tradición o lealtad, prevén el benecio a largo plazo sobre el desarrollo de recursos humanos,
tienen énfasis a la cohesión y moral, mantienen sensibilidad con los clientes y la participación es
en equipo (Cameron & Quinn, 2011). Es una derivación de los valores y normas de la cultura de
la organización, ya que la misión y objetivos de la empresa reejan las creencias y valores de la
cultura dominante. Esta cultura es considerada como una anomalía en la empresa, pero también
sirve como base de control en el mercado siendo esta la forma básica en la función de compra y la
burocracia la forma básica en el almacén (Ouchi, 1979).
La cultura jerarquía establece un ambiente formalizado y estructurado, sus líderes tienen mentalidad
eciente (se sienten orgullosos de ser sus mentores), sus reglas y políticas son fundamentales, énfasis
al éxito en programación uida y bajo costo, se preocupan por el empleo seguro y la previsibilidad
(Cameron & Quinn, 2011). Cuando el liderazgo se comparte entre dos o más personas no se puede
tomar decisiones con base en los resultados, es decir, estos mentores predicen el rendimiento interno
y externo de acuerdo con sus equipos de trabajo y total control con los clientes (Carson et al, 2007).
Esta cultura necesita ser innovadora y, sobre todo, orientada al grupo interno, aquella que satisface
el ambiente laboral de sus trabajadores para obtener resultados externos. Para sus líderes es difícil
aceptar recomendaciones por parte de sus trabajadores, sin embargo, ante una toma de decisiones solo
importa lo que líder dictamine (Yarbrough & Vorhies, 2011).
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La cultura adhocrática es dinámica, emprendedora y creativa para trabajar, sus líderes se consideran
innovadores y tomadores de riesgo, mantienen un compromiso con la experimentación y la
innovación, énfasis en estar a la vanguardia del crecimiento y adquisición de nuevos recursos
(Cameron & Quinn, 2011). Las organizaciones que se mantienen al tanto sobre tecnologías de
información mencionan que esta es una herramienta nueva y eciente, creando una reputación en
el mercado y mejorando un rendimiento a largo plazo, por lo que la innovación es predominante en
su toma de decisiones (Yarbrough & Vorhies, 2011). El mundo real del mercado mantiene el uso de
tecnología e innovación como el punto radical en una industria que tiene como consecuencias un
rendimiento extremadamente mayor (Donate & Guadamillas, 2010).
La cultura mercado maneja un ambiente orientado a los resultados, sus líderes son conductores
duros y exigentes, productores y competitivos, los trabajadores son competitivos y orientados a
los objetivos, énfasis en acciones competitivas y el logro de metas y objetivos medibles (Cameron
& Quinn, 2011). Una cultura que sea efectiva en investigación y desarrollo es aquella que logra
combinar al cliente y la tolerancia al riesgo, considera a la tecnología, la innovación, la colaboración
y los pasos para la ejecución. El líder de este grupo debe primero examinar actitudes y valores,
eliminando todo lo que impida la práctica de desarrollo de nuevos productos e implementación
de estrategias (Newman, 2009). En algunos casos las pymes pueden llegar a ser similares a las
grandes industrias en cuanto al manejo de estrategias y estructura, estas pueden mejorar a medida
que tomen mejores decisiones para sus procesos (Terziovski, 2010).
La teoría de las organizaciones señala que cuando las empresas empiezan su periodo de evolución
necesitan más sistemas y procedimientos más complejos para guiar y controlar la organización.
Uno de los exponentes de esta teoría es Herbert Simón y David Miller, Angulo (2012), indica que
la teoría de las organizaciones se encuentra compuesta por los recursos humano y no humanos,
interpretando que la vida de las personas depende de la organización y la organización depende del
trabajo de las personas, mencionando también a Contreras (2007), indica que para permanecer en
el mercado se debe tener todo sistemáticamente planeado, organizado, dirigido y controlado. Los
cuales pueden verse alterados por el medio ambiente, factores económicos, legales, culturales y
demográcos.
La teoría del principio de la burocracia planteada por Max Weber formula un tipo ideal de
administración burocrática, donde lo esencial de la empresa sea la racionalidad y la eciencia,
es decir, mantener rmes las reglas de carácter legal de normas y reglamentos, la jerarquía de la
autoridad, la máxima división del trabajo, la impersonalidad, la profesionalización y racionalidad.
Es decir, la empresa determinará sus resultados óptimos a través de una correcta división de
trabajo, la división jerárquica y sobre todo las relaciones impersonales entre los miembros de la
organización (The OD Institute, 2016).
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Métodos
La investigación inicia con la observación y descubrimiento del problema, continuando con la
creación de la hipótesis, la cual plantea que la cultura organizacional de las Pymes tiene inuencia
en la adopción de los sistemas de control de gestión, en este estudio se aplica el método analítico,
hipotético-deductivo, los cuales permiten conocer el problema y analizar las variables a estudiar.
La investigación es de carácter descriptivo, explicativo y correlacional en donde se explica y se
describe el comportamiento de las distintas variables.
El procedimiento para el diseño de la muestra consiste en la obtención del directorio empresarial
2018 del Sistema de Rentas Internas (SRI), de la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba (404
pymes). Para efectos de este estudio se trabaja únicamente con lo establecido por la CEPAL en
cuánto se reere a Pymes (empresas y personas naturales) cuyos ingresos anuales son menores
a 1´000.0000 de dólares. La muestra original es de 120 pymes y fueron seleccionadas por medio
de un muestreo aleatorio simple con un error máximo del 5% y un nivel de conablidad del 95%.
Los datos fueron reunidos y tabulados en los meses de febrero a junio del año 2020 y la encuesta
fue direccionada a los gerentes de las pymes y fue aplicada por medio de entrevistas y llamadas
telefónicas, en la que las sociedades representan el 29% del total de la muestra y el 71% las personas
naturales.
La encuesta contiene un ítem de información general de las pymes, con base en 5 preguntas, luego
un segundo ítem donde se abordan los sistemas de control de gestión con base en 7 dimensiones, las
cuales son: implementación de control de calidad, análisis de datos nancieros, control presupuestal,
implementación de contabilidad, planeación estratégica, auditoría interna y sistemas de información
(Base de datos), a su vez, cada dimensión se compone por tres aspectos que permiten evaluarlas,
cada aspecto es valorado mediante la escala de Likert, que va de 1 al 5 donde 1 es nada importante
y 5 es muy importante.
Finalmente, en la encuesta se incluye un ítem relacionado con la cultura organizacional que pueden
aplicar las pymes, las mismas que son: cultura adhocrática, cultura mercado, cultura clan, cultura
jerárquica, de igual manera cada dimensión cuenta con tres aspectos a evaluar mediante la escala de
Likert. En cuanto a la validación del instrumento, se sigue lo establecido en el modelo cultural de
Cameron y Quinn (2006), a través del método del diagnóstico de la cultura organizacional a través
de la encuesta probada y validada por Quinn, donde el proceso de validación fue el estándar que se
acostumbra en estudios típicamente cuantitativos (Kumar, 2010; Hernández et.al., 2010; Babbie,
2009; Carmines y Zeller, 1991; Elmes, et. al., 2011). La determinación de la abilidad se lo realiza
mediante el coeciente Alfa-Cronbach obtenido para todo el instrumento siendo de 0.878.
Luego se establece un promedio general donde se relaciona el promedio de los sistemas de
control de gestión con el promedio de cada cultura organizacional, obteniendo para cada cultura
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organizacional un valor entre 1 y 5 que representa el promedio de aplicación con respecto a los
sistemas de control de gestión.
Con estos datos se realiza la aplicación de tablas de contingencia y aplicación de Anovas para
medir la relación del tipo de cultura organizacional sobre la adopción de los sistemas de control
de gestión, se realiza el estudio por el tipo de empresa como sociedades y personas naturales. La
prueba de Anovas se utiliza para analizar una respuesta cuantitativa habitualmente denominada
variable dependiente y las categóricas llamadas variable independiente. Es llamada Anovas de un
factor cuando existe solo una variable que permite analizar distintas condiciones experimentales.
Siendo su objetivo principal contrastar si existen diferencias entre las medias de los factores.
Finalmente se realizan 7 modelos regresión lineal múltiple, donde la variable dependiente son
los sistemas de control de gestión y como variables exógenas las culturas organizacionales. Con
la nalidad de determinar la signicancia de cada cultura con respecto a cada dimensión de los
sistemas de control. Los sistemas de control, se desarrolla la siguiente expresión:
Yi = a + bX1i + cX2i + … zXni (1)
Tabla 1. Clasicación de las variables.
Variable dependiente (Sistemas de control de gestión) Variable independiente
(Cultura organizacional)
Implementación de controles de calidad Clan
Análisis de datos nancieros Jerárquica
Control presupuestal Adhocrática
Implementación de contabilidad de costos Mercado
Planeación estratégica
Auditoría interna
Sistemas de información gerenciales (cuadros de mando)
Fuente: elaboración propia.
Resultados
Las pymes se han clasicado para efectos comparativos entre sociedades y personas naturales. Las
sociedades son lideradas por un total de 19 mujeres y 16 hombres. La edad promedio de dichas
personas se encuentra en un rango de 18 a 37 años, es decir, el 63% son personas jóvenes y tan solo
un 1% son personas de 58 años en adelante. Los sectores económicos como comercio, servicios,
agroindustria, textil y confección son los que prevalecen en el mercado con un 34%, 9%, 14% y
11% respectivamente. Tras varios años de permanencia en el mercado el 26% se encuentra activa
alrededor de 10 a 12 años, sin embargo, existen empresas entre 4 a 9 años que representan el 40%
del total de sociedades.
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Las Pymes como personas naturales se encuentran lideradas por 31 mujeres y 54 hombres, su rango
de edad de 18 a 27 años es del 38% y un promedio entre los 28 y 47 años es del 50%, tan solo un
2% son personas de 58 años en adelante. Un total de 25 empresas se dedican al sector comercio
(29%), 19 empresas al sector servicios (22%), 12 empresas al sector textil y confección (14%) y
8 empresas al sector de agroindustria (9%). Las personas naturales se encuentran menor tiempo
presentes en el mercado, por tanto, el 44% de las empresas encuestadas están entre 1 a 3 años y el
20% ya han cumplido entre 4 a 6 años.
Del total de empresas encuestadas el 58% es liderado por el género masculino y el 42% por el
género femenino, con un rango de edad con más participación entre los 18 a 27 años, el resto de
las empresas varían su administración en edades entre 28 a 47 años, muy pocas dejan a personas
encargadas con más de 48 años.
La tabla 2 demuestra un énfasis de las pymes en emplear mejoras que garanticen un buen producto
en cuanto a la implementación de los controles de calidad, analizan el endeudamiento y retraso de
la empresa basándose en los datos nancieros de periodos determinados, así también modican
controles que permitan el crecimiento empresarial con un correcto manejo del control presupuestal.
Se enfocan también en la planeación estratégica en innovar cada estrategia de venta, así como
también protegen a la empresa de cualquier fraude o pérdida y se manejan con sistemas de
información donde agrupan bases de datos para futuros objetivos.
Tabla 2. Promedio del nivel de importancia de los sistemas de control de gestión.
Sistemas de control de
gestión Enunciados
Implementación de
controles de calidad
Manejar un ambiente dinámico
emprendedor.
Analizar la efectividad del control
de calidad.
Emplear mejoras para garantizar un buen
producto.
3,71 3,78 4,09
Análisis de datos nan-
cieros
Tomar decisiones en cuanto a los
resultados nancieros.
Analizar el endeudamiento y
retraso de la empresa.
Emplear mejoras para garantizar un buen
producto.
3,60 3,79 3,73
Control presupuestal
Proyectar, estimar, dirigir y
controlar las operaciones.
Coordinar la estructuración de un
plan para el logro de sus objetivos.
Modicar nuevos controles que permitan
el crecimiento de la empresa.
3,67 3,74 3,97
Implementación de
contabilidad
Contratar personal de acorde con
el área nanciera.
Diagnosticar la situación del siste-
ma contable.
Analizar la relación costo- benecios de
la empresa.
3,41 3,63 4,06
Planeación estratégica
Crear la misión y visión de la
empresa.
Implementar un plan estratégico
para el área de ventas.
Innovar cada periodo estrategias de
venta.
3,58 3,78 3,88
Auditoría interna
Realizar auditoría interna cada
cierto tiempo.
Evaluar y mejorar los procesos de
las operaciones contables.
Proteger a la empresa contra fraudes,
despilfarros y pérdidas.
3,30 3,54 3,82
Sistemas de información
Automatizar las tareas de proce-
samiento de datos.
Facilitar el acceso e intercambio
de información general de la
empresa entre empleados.
Agrupar y almacenar todos los datos de
la empresa en un solo lugar.
3,40 3,63 3,99
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las pymes del cantón Riobamba.
Nota: 1 signica sin importancia, 2 de poca importancia, 3 moderadamente importante, 4 importante y 5 muy importante.
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La tabla 3 determinada por la cultura organizacional de las pymes, la cultura adhocrática maneja
un ambiente dinámico emprendedor entre jefe y trabajador. Para la cultura mercado es importante
forjar trabajadores orientados a los objetivos de la empresa, en la cultura clan prevén el benecio
sobre los recursos humanos y en la cultura jerárquica lo primordial es respetar las reglas y políticas
establecidas por la empresa.
Tabla 3. Promedio del nivel de importancia de la cultura organizacional.
Cultura organizacional Enunciados
Cultura Adhocrática
Manejar un ambiente
dinámico emprendedor. Tomar el riesgo e innovar. Estar a la vanguardia del crecimiento y
adquirir nuevos recursos.
4,03 3,82 3,85
Cultura Mercado
Manejar un ambiente
orientado a los resultados.
Ser un líder duro, productor
y exigente.
Ser trabajadores competitivos orienta-
dos a los objetivos.
3,93 3,93 3,99
Cultura Clan
Manejar un ambiente
amigable.
Ser un líder unido por tradi-
ción o lealtad.
Prever el benecio a largo plazo sobre
los recursos humanos.
3,78 3,80 3,83
Cultura Jerárquica
Mantener un ambiente
formalizado y
estructurado.
Respetar reglas y políticas
de la empresa.
Énfasis por el empleo seguro y
previsibilidad.
4,09 4,20 4,16
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las pymes del cantón Riobamba.
En cuanto a los sistemas de control de gestión, la cultura adhocrática, mercado, clan y jerárquica
se asemejan a considerar a la implementación de controles de calidad como un proceso importante
en la toma de decisiones a cargo de gerencia. En cambio, la auditoría interna es un proceso
moderadamente importante para las pymes, se lo toma en cuenta para procesos futuros, que a
través del tiempo son postergados y no cumplen con el debido proceso. A continuación, se reeja
en la tabla 4 el promedio total de los sistemas de control de gestión y la cultura organizacional de
las pymes del Cantón Riobamba.
Tabla 4. Promedio total de los sistemas de control de gestión y la cultura organizacional de las pymes del Cantón
Riobamba.
Cultura organizacional
Sistemas de control de gestión
Cultura adhocrática Cultura mercado Cultura clan Cultura jerárquica
Implementación de controles de calidad 3,88 3,91 3,83 4,01
Análisis de datos nancieros 3,80 3,83 3,76 3,93
Control presupuestal 3,85 3,87 3,80 3,97
Implementación de contabilidad 3,80 3,83 3,75 3,93
Planeación estratégica 3,82 3,85 3,78 3,95
Auditoría interna 3,73 3,75 3,68 3,85
Sistemas de información 3,79 3,81 3,74 3,91
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las pymes del cantón Riobamba.
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Tabla 5. Análisis de correlación entre los sistemas de control de gestión y el nivel de signicancia por tipo de cultura
organizacional.
Cultura
Adhocrática Cultura Mercado Cultura Clan Cultura
Jerárquica
Implementación de controles de calidad 0.568* 0.534 0.392 0.479
Análisis de datos nancieros 0.548 0.552* 0.308 0.518
Control presupuestal 0.579 0.505 0.426 0.630*
Implementación de contabilidad 0.495 0.523 0.397 0.562*
Planeación estratégica 0.590 0.519 0.439 0.611*
Auditoría interna 0.632* 0.503 0.434 0.549
Sistema informático 0.533 0.573* 0.399 0.552
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las pymes del cantón Riobamba.
*muestra el nivel de correlación más alto de las culturas organizacionales.
Para comprobar las hipótesis planteadas, en la tabla 5 se presentan los resultados obtenidos de
correlación entre la adopción de los sistemas de control de gestión y los diferentes tipos de cultura
organizacional. En donde sus correlaciones demuestran una signicancia positiva pero no perfecta,
susceptible de aplicar el coeciente lineal de Spearman, es decir, este conjunto de puntos tiene
interés de conocer la naturaleza de la relación de las dos variables.
Los resultados muestran tres tipos de culturas predominantes, se destaca la cultura jerárquica con una
correlación positiva más alta con respecto al control presupuestal, la implementación de un sistema
contable y la planeación estratégica cuyos valores son 0.630, 0.562 y 0.611 respectivamente. Las otras
dos culturas que muestran mayor signicancia son la adhocrática con la implementación de controles
de calidad y auditoría interna con 0.568 y 0.632 respectivamente, nalmente la de mercado tiene una
correlación importante con el análisis de datos nancieros y el control del sistema informático con 0.552
y 0.573 respectivamente.
Tabla 6. Correlación mediante Rho de Spearman para la cultura jerárquica, adhocrática y mercado y las dimensiones de
gestión de control
Dimensiones Cultura Jerárquica
Control Presupuestal 0, 623**
Implementación de contabilidad 0,550**
Planeación estratégica 0,603**
Dimensiones Cultura Adhocrática
Implementación de contabilidad 0,462**
Auditoría interna 0,513**
Dimensiones Cultura mercado
Análisis de datos nancieros 0,491**
Sistema informático 0,492**
**. La correlación es signicativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las pymes del cantón Riobamba.
El coeciente de Spearman mide la fuerza y la dirección de la asociación de las variables que
reeja un número cercano a uno. El análisis muestra un valor de 0,623 entre la cultura jerárquica
y el control presupuestal, lo que indica una asociación de variables alta y positiva. Por otra parte,
la correlación con la implementación de contabilidad muestra un valor de 0,550 y, nalmente, la
asociación lineal entre la cultura jerárquica y la planeación estratégica presenta un valor de 0,603.
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El modelo y los resultados están explicando la dependencia que existe entre la variable regresada
con la variable regresora.
El análisis muestra un valor de 0,462** entre la cultura adhocrática y la implementación de
contabilidad, lo que indica una asociación de variables media y positiva. Por otra parte, la correlación
con la auditoría interna muestra un valor de 0,513. La correlación entre la cultura mercado y el
análisis de datos nancieros muestra un valor de 0,491, la correlación con el sistema informático
muestra un valor de 0,492, lo que revela una asociación media y positiva para ambas variables.
Resultados del modelo econométrico
Se presentan los resultados de los modelos de regresión lineal múltiple entre los sistemas de gestión
de control y las culturas organizacionales que ingresan como variables explicativas, para determinar
el grado de causalidad con las variables explicadas.
En la tabla 7 se muestran los principales resultados. La implementación de controles de calidad
tiene una signicancia estadística al 1% con respecto a la cultura adhocrática, mientras que con
respecto a la cultura mercado, su signicancia estadística es para un nivel del 10%, se debe indicar
que las otras culturas (clan y jerárquica) no son signicativas para esta dimensión. Para la dimensión
análisis nancieros es importante indicar que todas las culturas son signicativas, lo que implica
que, para las pymes, el control nanciero es una de las dimensiones más importantes.
Con respecto a las dimensiones: control presupuestal, Implementación de contabilidad, planeación
estratégica, y auditoría interna, los resultados indican que la cultura adhocrática y jerárquica son
signicativas al 1%, mientras que las culturas mercado y clan no son signicativas. Finalmente,
en cuanto a la dimensión sistema informático, se denota que las culturas adhocráticas, mercado y
jerárquica son signicativas para un nivel del 1%, indicando que las pymes del cantón Riobamba
consideran importante la implementación y uso de TICs.
Tabla 7. Resultados de los modelos de regresión lineal múltiple que relacionan los sistemas de control de
gestión y las culturas organizacionales.
Implementación de controles de calidad Implementación de contabilidad
Coecientes Probabilidad Coecientes Probabilidad
Intercepción 0,96908368 0,00790123 Intercepción 0,775966085 0,031718134
Cultura
Adhocrática 0,35587289 0,0002886
Cultura
Adhocrática 0,216493937 0,024125362
Cultura Mercado 0,21207264 0,06525437 Cultura Mercado 0,174959145 0,125714725
Cultura Clan -0,00180974 0,9867511 Cultura Clan -0,094629123 0,383898732
Cultura Jerárquica 0,17044287 0,20084417 Cultura Jerárquica 0,441733135 0,001096585
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Análisis de datos nancieros Planeación Estratégica
Coecientes Probabilidad Coecientes Probabilidad
Intercepción 1,04338261 0,00189527 Intercepción 0,18197 0,618977252
Cultura
Adhocrática 0,28279003 0,00153185
Cultura
Adhocrática 0,404303881 5,85438E-05
Cultura Mercado 0,25389972 0,01646315 Cultura Mercado 0,02788686 0,810438501
Cultura Clan -0,23365623 0,02063289 Cultura Clan -0,080689902 0,467583372
Cultura Jerárquica 0,38259844 0,00205137 Cultura Jerárquica 0,552434729 7,85642E-05
Control Presupuestal Auditoría Interna
Coecientes Probabilidad Coecientes Probabilidad
Intercepción 0,74185352 0,01795073 Intercepción 0,242555718 0,492355947
Cultura
Adhocrática 0,3359891 7,8392E-05
Cultura
Adhocrática 0,494857091 5,82441E-07
Cultura Mercado -0,01096184 0,91132192 Cultura Mercado 0,004706642 0,966534285
Cultura Clan -0,11364323 0,22784777 Cultura Clan 0,00605173 0,954926969
Cultura Jerárquica 0,56066757 3,0402E-06 Cultura Jerárquica 0,340412523 0,010107957
Sistema Informático
Coecientes Probabilidad
Intercepción 0,43750753 0,242971565
Cultura
Adhocrática 0,25760099 0,010456546
Cultura Mercado 0,28635419 0,017238453
Cultura Clan -0,1052569 0,35396192
Cultura Jerárquica 0,37934155 0,006860612
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las pymes del cantón Riobamba.
Discusión y conclusiones
La importancia de la cultura organizacional en la implementación de sistemas de control de gestión
es clave para el desempeño de la institución. En el control de gestión, la función administrativa
se compone de previsión, organización, dirección y control, que consiste en comprobar que el
programa se ejecute de una manera clara y ordenada, cumpliendo con el objetivo de señalar los
aciertos y errores con el n de que se repare y evite cualquier problema. Esto coincide con los
hallazgos de Domínguez (2008) quien establece que la cultura organizacional se convierte en un
factor clave en la adopción de los sistemas de control de gestión.
Los resultados muestran tres tipos de culturas predominantes, se destaca la cultura jerárquica
con una correlación positiva más alta con respecto al control presupuestal, la implementación
de un sistema contable y la planeación estratégica cuyos valores son 0.630, 0.562 y 0.611
respectivamente. Las otras dos culturas que muestran mayor signicancia son la adhocrática con
la implementación de controles de calidad y auditoría interna con 0.568 y 0.632 respectivamente,
nalmente la de mercado tiene una correlación importante con el análisis de datos nancieros
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y el control del sistema informático con 0.552 y 0.573 respectivamente. Esto contrasta con lo
recomendado por los autores Cameron y Quinn (2011); y Vivanco (2011) quienes señalan que
la cultura adhocrática es adecuada para que las empresas se vuelvan ecientes y competitivas,
ya que esta permite la apertura a cambios, se aceptan riesgos aumentando así la posibilidad de
permanecer en el mercado.
Los sistemas de control de gestión adoptados por las pymes del cantón Riobamba de acuerdo con
su nivel de importancia son la implementación de controles de calidad con un valor promedio de
3,86, le sigue el control presupuestal con 3,79, la planeación estratégica con 3,75, el análisis de
datos nancieros con 3,71, los sistemas de información con 3,67 y, nalmente, la auditoría interna
con 3,55 en promedio.
En cuanto a los resultados de las regresiones se denota que para la cultura adhocrática es muy
signicativo la implementación de controles de calidad mientras que, con respecto a la cultura
mercado, su signicancia estadística es para un nivel del 10%, además las otras culturas clan y
jerárquica no son signicativas para esta dimensión. Para la dimensión análisis nancieros es
importante indicar que todas las culturas son signicativas, lo que implica que, para las pymes, el
control nanciero es una de las dimensiones más importantes, esto coincide con los hallazgos de
(Vivanco et al, 2011).
Con respecto a las dimensiones: control presupuestal, Implementación de contabilidad, planeación
estratégica, y auditoría interna, los resultados indican que la cultura adhocrática y jerárquica son
signicativas al 1%, mientras que las culturas mercado y clan no son signicativas. Finalmente,
en cuanto a la dimensión sistema informático, se denota que las culturas adhocráticas, mercado y
jerárquica son signicativas para un nivel del 1%, indicando que las pymes del cantón Riobamba
consideran importante la implementación y uso de TICs.
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SILENCIO ADMINISTRATIVO
Y PRESENTACIONES
ELECTRÓNICAS EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA.
UNA REFORMA INACABADA
ADMINISTRATIVE SILENCE
AND ELECTRONIC
PRESENTATIONS IN THE
ARGENTINE REPUBLIC. AN
UNFINISHED REFORM
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.05
Recibido: 16/05/22
Aceptado: 23/06/22
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Mauricio Goldfarb
estudiogoldfarb@hotmail.com
Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales y Políticas
(Corrientes - Argentina)
ORCID: 0000-0002-9152-7638
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 89-101, julio - diciembre 2022
ISSN No. 2631-2743
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 89-101, julio - diciembre 2022
Resumen
El tradicional principio del silencio como
desestimación, sostenido en el derecho federal
administrativo argentino, se ha visto en jaque por la
propuesta de modernización de los procedimientos
y el innegable impacto de las nuevas tecnologías.
En este artículo se analiza la normativa referida al
silencio de la Administración, con especial énfasis
en el caso de las presentaciones electrónicas. Para
ello, se exponen las reglas generales del sistema
ante la falta de respuesta expresa, así como las
excepciones al principio general, con una mirada
especial sobre las reformas introducidas en los
últimos años a partir de la gestión documental a
distancia y electrónica.
Palabras clave: administración pública,
gobierno electrónico, modernización, nuevas
tecnologías, gestión de documentos.
Abstract
The traditional principle of silence as sustained
dismissal in Argentine federal administrative law
has been threatened by the proposal to modernize
procedures and the undeniable impact of new
technologies. This paper analyzes the regulations
referring to the silence of the Administration, with
special emphasis on the case of electronic lings.
For this, the general rules of the system are exposed
in the absence of an express response, as well as the
exceptions to the general principle, with a special
look at the reforms derived in recent years from
remote and electronic document management.
Keywords: public administration,
e-governance, modernization, technological
change, document management
SILENCIO
ADMINISTRATIVO Y
PRESENTACIONES
ELECTRÓNICAS EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA.
UNA REFORMA
INACABADA
ADMINISTRATIVE
SILENCE AND
ELECTRONIC
PRESENTATIONS IN THE
ARGENTINE REPUBLIC.
AN UNFINISHED REFORM
DOI:
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ISSN No. 2631-2743
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Introducción
A pesar de que el procedimiento administrativo presupone un inicio, desarrollo y nalización, la
realidad nos enseña que -a menudo- llegar a este punto nal no es sencillo. Una de las conductas
más utilizadas por la administración para evitar expedirse respecto de algunos asuntos, sea porque
son especialmente controversiales o porque para el propio ente público carecen de prioridad, es la
de omitir una resolución expresa. Esta inactividad y falta de respuesta es un grave problema, que
conspira de manera directa contra el ejercicio de los derechos fundamentales, los cuales deben
cumplir siempre con las reglas jadas por la administración para su pleno goce, sea por que son
necesarias autorizaciones, permisos o licencias. Y es que, lamentablemente, a menudo el arma más
fuerte que tiene la administración contra el administrado es el silencio, la demora, la inexpresividad
(Gordillo, 2013).
Es en este marco en el que cobra relevancia la gura del silencio de la administración, una institución
clásica del derecho administrativo que otorga a dicha omisión, bajo ciertas condiciones y plazos,
un sentido positivo o negativo, especialmente respecto de los procedimientos iniciados a pedido
de parte. Si bien el sistema de trámites digitales y los propósitos de migración a un sistema más
ágil y despapelizado ya existían hace tiempo, es indudable que las restricciones a la circulación
vigentes durante la pandemia de Covid-19 han impulsado una difusión y adopción de este tipo de
tecnologías de modo exponencial en toda la región, con lo que el tema a abordar reviste aún más
importancia1.
¿Cuáles son los principales cambios normativos respecto de las consecuencias de la inactividad
administrativa? ¿Se han concretado los objetivos propuestos para la modernización del
procedimiento administrativo planteados desde el Estado? Para dar respuesta a estos interrogantes,
examinaremos el marco normativo general de la gura del silencio de la administración en el
orden federal argentino, con especial énfasis en algunas innovaciones introducidas en los últimos
años respecto de las presentaciones electrónicas. Si bien existen trabajos doctrinales que han
tratado la cuestión de las plataformas electrónicas de trámites y el proceso de modernización
del procedimiento administrativo estatal en general (en el orden nacional, Corvalán, 2018; Galli
Basualdo, 2018; Raván y Sá Zachén, 2018; Stringhini, 2018, en la doctrina comparada Delpiazzo,
2010; Parejo Alfonso, 2012), no existen estudios especícos sobre la cuestión del silencio y las
variantes que sobre este instituto incluyeron dichos planes. Adicionalmente, los estudios referidos
fueron publicados al poco tiempo del lanzamiento de los planes de modernización, por lo que, es
relevante volver a analizar el tema, con la mirada puesta en la efectividad de las reformas, a más
de un lustro del inicio del plan.
1 Puede verse el excelente trabajo elaborado en forma conjunta por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la CEPAL respecto
del impacto de la pandemia en la digitalización derivada de los efectos de la pandemia “Las oportunidades de la digitalización en
América Latina frente al Covid-19” disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45360/4/OportDigitalizaCo-
vid-19_es.pdf
Mauricio Goldfarb
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de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.05
La naturaleza local del derecho administrativo argentino –consecuencia del sistema federal adoptado
constitucionalmente- determina que cada estado provincial posea una regulación propia sobre el
procedimiento administrativo, incluyendo el instituto del silencio. Sin embargo, y por razones
metodológicas, nuestra unidad de análisis será solo el ordenamiento aplicable a los procedimientos
administrativos ante los entes federales, sin perjuicio de que los principios que expondremos sean
aplicables a los estados locales provinciales y municipales, por su gran similitud normativa.
Por ello, el esquema que seguiremos es el siguiente: en primer término, pasaremos revista al
marco constitucional y supranacional aplicable, al principio legal general respecto del silencio,
los antecedentes en materia de silencio con efecto positivo y luego la normativa de rango inferior
más reciente, que auspicia excepciones al principio general. Finalmente, expondremos algunas
reexiones y propuestas sobre el futuro de la materia.
El silencio de la Administración en la República Argentina:
El principio general
Antes de considerar las innovaciones respecto del silencio de la administración, resulta necesario
describir sumariamente el sistema vigente en la República Argentina. El deber de la Administración
de dar respuesta a las peticiones de los habitantes, que se hallaba implícito en los artículos 14
-derecho a peticionar a las autoridades- y 18 –garantía del debido proceso adjetivo- de la Constitución
Nacional (CN) argentina tuvo un reconocimiento expreso a partir de la reforma constitucional de
1994 (Gelli, 2008). El nuevo texto constitucional, al otorgar jerarquía constitucional a los tratados de
Derechos Humanos (CN, artículo 75 inciso 22) y en particular, el artículo XXIV de la Declaración
Americana de Derechos Humanos ahora lo dispone expresamente:
Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente,
ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.
De este modo, el ordenamiento jurídico argentino contiene un reconocimiento indiscutible al
derecho del ciudadano no solo a presentar sus inquietudes, sino también a obtener una respuesta
por parte de la Administración, que debe ser “pronta”, esto es veloz, oportuna y fundada (Basterra,
2013).
En el mismo sentido, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos
garantizan los derechos a ser oído, “con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial” y a un “recurso sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes”. Es importante
destacar que las denominadas garantías “judiciales” del artículo 8.1. de la Convención han sido
interpretadas como plenamente aplicables a cualquier tipo de procedimiento de determinación de
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derechos,segúnla jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.2
Pero ya antes del impacto de la reforma constitucional de 1994 sobre la materia, las consecuencias
del silencio estaban previstas en el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Ley 19.549)
aplicable al orden federal.3 Así, en su artículo 10 se prevé que:
El silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un
pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá
acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el
pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado
requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros treinta días sin producirse dicha resolución, se
considerará que hay silencio de la Administración.
En consecuencia, y salvo que exista una previsión expresa en sentido contrario –que como veremos
más adelante, son escasas- el principio del derecho administrativo federal argentino es el del silencio
como desestimatorio de la petición del particular, a diferencia de otros sistemas, como el español,
donde la regla es la inversa4.
El instituto del silencio administrativo desestimatorio en la Argentina tenía como antecedente la
Ley de Demandas contra el Estado N°3952, sancionada en 1900. Como regla, y según este régimen,
la Administración solo podía ser demandada cuando existía una denegación expresa del reclamo
administrativo previo. Pero en su artículo 2, se preveía el caso de silencio:
Si la resolución de la Administración demorase por más de seis meses después de iniciado el reclamo ante
ella, el interesado requerirá el pronto despacho, y si transcurriesen otros tres meses sin producirse dicha
resolución, la acción podrá ser llevada directamente ante los Tribunales, acreditándose el transcurso de
dichos plazos.
Es importante destacar que, en la actualidad, la posibilidad –no obligación- del particular de
otorgar el efecto desestimatorio al silencio solo compete al promotor del procedimiento (y titular
del derecho subjetivo o interés legítimo) nunca como una potestad estatal o como derecho de un
tercero, incluso si tiene interés en el trámite (Tenreyro, 2011: 186).
Como se advierte de la letra de la ley, el silencio estaba previsto originalmente, más que como una
2 CIDH, “Claude Reyes y otros c. Chile” (2006). Texto completo disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/se-
riec_151_esp.pdf En relación a la cuestión del plazo razonable, la Corte Interamericana sigue los parámetros de la Corte Europea de
Derechos Humanos para examinar si, en el caso concreto, la resolución se ha dictado en un plazo ajustado a derecho, considerando
la complejidad del asunto; la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades. En tal sentido, ver “Kimel c. Argen-
tina”, sentencia del 2 de mayo de 2008; “Valle Jaramillo y otros c. Colombia” sentencia del 27 de noviembre de 2008; “Luna López
c. Honduras” sentencia de 10 de octubre de 2013; “Osorio Rivera y Familiares c. Perú” sentencia del 26 de noviembre de 2013,
entre otros.
3 El texto completo de esta norma y de todas las demás normas mencionadas en el artículo se hallan disponibles en el sitio ocial
http://www.infoleg.gob.ar/
4 Puede compararse este sistema con el caso del derecho español, donde el silencio tiene, en principio sentido positivo. Ver Gold-
farb, M. (2018). Procedimiento administrativo y silencio de la Administración. Régimen del derecho argentino y español. AIS: Ars
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Mauricio Goldfarb
94 KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 89-102. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.05
forma anormal de nalización del procedimiento, como un requisito de admisibilidad de la posterior
acción contenciosa contra el Estado; un mero presupuesto necesario para el examen judicial de la
conducta de la Administración. Superado el dogma de la revisión del acto como valladar al accionar
jurisdiccional (Meilán Gil, 2012), y reconocida la función judicial de control amplio del accionar (y
de las omisiones de la Administración), parece difícil sostener esta posibilidad como una conducta
admisible por parte de los funcionarios públicos (Gordillo, 2010).
Así lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia: “El derecho a peticionar a las autoridades,
consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, comprende el de obtener de aquellas
una respuesta fundada, cuya omisión admite la procedencia del amparo por mora para tutelar
adecuadamente el derecho de defensa del particular, garantía consagrada en el artículo 18 de la Ley
Fundamental”. En igual sentido, se resolvió que: “No decidir o decidir fuera de plazo constituyen
conductas irregulares de la Administración que perjudican al particular y atentan contra el accionar
ecaz de aquella”.5
Como vimos, en el derecho argentino la regla es que, ante la falta de pronunciamiento por parte de
la Administración, la omisión tiene efecto denegatorio, salvo que una norma disponga lo contrario.
En estas condiciones, el silencio de la Administración funciona con carácter desestimatorio
opcional, siempre a favor del particular, quien tiene la facultad de considerar denegado su pedido,
y así, habilitada la instancia judicial.
La ley 19.549 de procedimientos no señala cuáles son aquellas excepciones a la regla del silencio
como denegación, por lo que para encontrarlas se requiere un examen integrador de las normas
especiales y complementarias. Este relevamiento nos muestra que los ejemplos de silencio con
efectos positivos en el orden jurídico federal argentino son escasos y poco utilizados.
Entre los casos más importantes de silencio estimatorio, encontramos el caso de la aceptación
tácita de la renuncia de los funcionarios públicos (que se tiene por aceptada si no se la rechaza
expresamente dentro de los 30 días de presentada); la omisión de decisión expresa del Tribunal
de Defensa de la Competencia sobre proyectos de concentración económica; la autorización para
realizar vuelos de transporte no regular de pasajeros; y el caso de la autorización para la importación
de gas natural por parte de la Secretaría de Energía de la Nación.
El impulso de las presentaciones electrónicas y del silencio positivo
El sistema que hemos descrito anteriormente se vio parcialmente modicado con la iniciativa de
promoción de la modernización de los procedimientos impulsada desde el Ministerio de Justicia
y el Ministerio de Modernización de la Nación a partir de 2016. Como consecuencia de esta
5 Cámara Nacional Federal en lo Contencioso Administrativo, Sala II, sentencia del 6/6/11 en autos Rosas c. Estado Nacional; Cá-
mara Nacional Federal en lo Contencioso Administrativo, Sala III, sentencia del 3/10/07 en autos Pérez, Ángel c. Estado Nacional.
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política se dictaron las normas que pasaremos revista a continuación, referidas al procedimiento
administrativo en general y al instituto del silencio en particular.
El primer antecedente en este sentido es el “Plan de Modernización del Estado” aprobado por Decreto
434/2016. El plan era un ambicioso programa que se proponía avanzar hacia la incorporación
de infraestructura tecnológica, una administración sin papeles y con interacción autónoma de los
distintos organismos, la profesionalización de los trabajadores y un gobierno abierto, accesible
y digital. Para lograr estos objetivos, se jaba como prioridad el desarrollo pleno de un sistema
de trámites digitales a distancia, expediente electrónico y una reingeniería de los procedimientos
administrativos y de control, de modo que permitieran la simplicación de los trámites y la mayor
participación de los ciudadanos.
A las iniciativas antes indicadas, cabe sumar el Decreto Nº 561 de fecha 6 de abril de 2016 aprobó la
implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) una plataforma informática,
de uso exclusivo para los agentes de la Administración Pública Nacional, que funciona como un
sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de
todas las actuaciones y expedientes del sector público. Esta plataforma permitió la implementación
de gestión de expedientes electrónicos, cumpliendo así uno de los objetivos principales del Plan de
Modernización: la “despapelización” de la Administración pública nacional.
Este sistema de Gestión Electrónica fue avalado muy fuertemente con la sanción de la Ley 27.446
de “Simplicación y Desburocratización de la Administración Pública Nacional” que, entre otras
disposiciones, determina:
Artículo 7. Establécese que los documentos ociales electrónicos rmados digitalmente, expedientes
electrónicos, comunicaciones ociales, noticaciones electrónicas y domicilio especial constituido electrónico
de la plataforma de trámites a distancia y de los sistemas de gestión documental electrónica que utilizan el
sector público nacional, las provincias, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios,
poderes judiciales, entes públicos no estatales, sociedades del Estado, entes tripartitos, entes binacionales,
Banco Central de la República Argentina, en procedimientos administrativos y procesos judiciales, tienen
para el sector público nacional idéntica ecacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel
o cualquier otro soporte que se utilice a la fecha de entrada en vigencia de la presente medida, debido a
su interoperabilidad que produce su reconocimiento automático en los sistemas de gestión documental
electrónica, por lo que no se requerirá su legalización.
A posteriori, por Decreto N° 1063 de fecha 4 de octubre de 2016, se aprobó la implementación de
la plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica
(GDE), como un medio de interacción del ciudadano con la Administración. La TAD permite la
recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, escritos, solicitudes, noticaciones y
comunicaciones, entre otras posibilidades. A la fecha de elaboración de este trabajo la plataforma se
ha ampliado de tal modo que permite realizar ya 2383 trámites diferentes, de ante 89 entes y órganos
diferentes, tanto de la administración central, órganos desconcentrados y organismos descentralizados.
Mauricio Goldfarb
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Otro hito en materia de simplicación registral y agilización del procedimiento administrativo
es el Decreto 1273/2016 que obliga a las entidades que componen el Sector Público Nacional a
“intercambiar la información pública que produzcan, obtengan, obre en su poder o se encuentre
bajo su control, con cualquier otro organismo público que así se lo solicite”.
También, en el marco del Plan de Modernización del Estado, se dictó el Decreto 891/17 de
aprobación de “Buenas prácticas en materia de simplicación aplicables para el funcionamiento
del sector público nacional”, que además de eliminar la exigencia de documentación irrelevante,
redundante o innecesaria para algunos trámites (que puede ser suplida por declaraciones juradas),
auspicia de manera directa la desburocratización. Entre otras medidas, el decreto jó una directriz
muy clara respecto de las futuras normas a dictarse sobre los efectos del silencio en el procedimiento
administrativo. En su artículo 10 se estableció:
Silencio positivo. En la elaboración de las normas regulatorias deberá tenerse en cuenta la posibilidad
de incrementar el carácter positivo del silencio de la Administración, en la medida que resulte posible
en atención a la naturaleza de las relaciones jurídicas tuteladas por la norma de aplicación, siempre y
cuando sea en benecio del requirente y no se afecten derechos a terceros.
A pesar de esta directiva, y hasta la fecha de este trabajo, son escasas las nuevas normas que
incrementan el carácter positivo del silencio en el procedimiento federal. A continuación,
pasaremos revista a estas innovaciones normativas, en particular, a las referidas a los trámites con
procedimiento electrónico.
En primer lugar, cabe considerar la norma del Decreto 894/17, que modicó el Reglamento
del Procedimiento Administrativo Nacional. Entre las principales innovaciones introducidas
al procedimiento se encuentran la incorporación de nuevas tecnologías; la incorporación del
Jefe de Gabinete de Ministros al circuito administrativo y la simplicación del procedimiento
administrativo. En particular y referida al recurso jerárquico en su artículo 91 establece:
El plazo para resolver el recurso jerárquico será de TREINTA (30) días, a contar desde la recepción
de las actuaciones por la autoridad competente, o en su caso de la presentación del alegato —o
vencimiento del plazo para hacerlo— si se hubiere recibido prueba. No será necesario pedir pronto
despacho para que se produzca la denegatoria por silencio.
Con un espíritu similar se creó la Plataforma Digital del Sector Público Nacional (Decreto
87/2017), con el propósito de facilitar la interacción entre los particulares y el Estado, y así unicar
los servicios y trámites en línea, posibilitando la realización de trámites con el concurso de las
herramientas insertas en la plataforma, que permite efectuar consultas, solicitar turnos y acceder a
información sobre la gestión pública y los trámites de los ciudadanos.
En el año 2018 el Poder Ejecutivo Nacional intentó dar un nuevo impulso al silencio positivo
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digital, al dictar el Decreto N° 733/2018. La norma establece, en primer lugar, la obligatoria
tramitación electrónica de todos los procedimientos administrativos. Así, dispone que la totalidad
de los documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, noticaciones, actos
administrativos y procedimientos en general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión
Documental Electrónica (GDE), permitiendo a partir del 1 de enero de 2019 su acceso y tramitación
digital completa, remota, simple, automática e instantánea para todo el Sector Público Nacional.
Además, la misma norma establece en su artículo 4 que la ausencia de información no impide la
continuidad del trámite en el procedimiento administrativo.
Artículo 4°. La Administración sólo debe solicitar una vez la documentación al administrado. Los
organismos deben intercambiar la información entre sí, mediante el Módulo “INTEROPER.AR” del
sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, o el intercambio de comunicaciones ociales en
dicho sistema o los servicios de interoperabilidad que se implementen, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto N° 1273/2016 y en la Ley N° 25.326. El silencio del organismo que dispone de la información
no obstará a la continuación del trámite.
Como corolario de esta iniciativa se ha dictado un importante número de normas reglamentarias,
especialmente en lo que se reere a la incorporación de diversos entes al sistema unicado de
gestión electrónica.6
También en el mismo sentido el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 800/18 Reglamentario de la Ley
de Compre Argentino N°27.437), que prevé un nuevo supuesto de silencio positivo, al disponer:
Artículo 17 – La autoridad de aplicación entregará el Certicado de Vericación (CDV) dentro de los
quince días hábiles administrativos de solicitado. Dicho plazo comenzará a computarse a partir de que el
sujeto obligado haya presentado a la autoridad de aplicación la documentación de respaldo en correcta
forma. Finalizado el plazo señalado sin que se haya otorgado el CDV, los sujetos contratantes podrán
continuar con el proceso de contratación, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda.
Por último, es muy importante destacar –por su extensión material y personal- la Resolución
390/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que aprueba los “Principios rectores de las buenas
prácticas en materia de simplicación” aplicables al Ministerio de Seguridad y todas las Fuerzas
Policiales y de Seguridad Federales (Ejército Argentino, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería
Nacional, Prefectura Nacional, Policía Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Nacional y Policía
Federal). En dicha resolución se establece en su Anexo I, artículo 6°:
Silencio positivo. Las áreas del Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales podrán
establecer, en cada caso en particular y en forma expresa, normativa que contemple que el silencio de la Administración
frente a las pretensiones de los ciudadanos que requieran un pronunciamiento en concreto, tendrá sentido positivo,
cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) La Administración no se hubiera expedido en el plazo establecido
En el sitio http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=149 se encuentra un apartado especial sobre la “Normativa Sistema de Gestión
Documental Electrónica – GDE”, que a la última fecha de consulta (15 de mayo de 2022) abarca 366 normas reglamentarias del
sistema, ninguna posterior a 2019.
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en la normativa respectiva; y b) del otorgamiento tácito de la solicitud no pueda resultar la afectación de intereses
o derechos de terceros. En los casos en los que se regule el silencio positivo referido, deberá indicarse, en forma
expresa, el procedimiento mediante el cual se hará efectivo el otorgamiento tácito a favor del requirente.
Con posterioridad a tal resolución, no hay otros antecedentes de avances en materia de silencio
positivo de la Administración. Solo debe recordarse que la reciente crisis sanitaria de 2020/2021
generó una ampliación acelerada –en algunos casos desordenada- del uso de las nuevas tecnologías
para la comunicación entre la Administración y los ciudadanos, en muchos casos, otorgando efectos
de verdaderos actos administrativos automáticos. Un ejemplo claro de ello es la amplia difusión
que tuvo en nuestro país la aplicación para teléfonos celulares Cuidar (Aprobada por Decisión
Administrativa N°432/2020), que permitía una variada gama de recursos como la realización de
auto exámenes de síntomas de COVID, la obtención de certicados de autorización de circulación
o para la realización de actividades laborales.
Reexiones nales
El silencio de la Administración es una institución de larga raigambre en el procedimiento
administrativo que permite salvar, al menos parcialmente, la inactividad formal de los órganos y
funcionarios públicos (Nieto García, 1962). Sin embargo, esta pasividad de los funcionarios no
debe dejar de ser denunciada como una anomalía y un vicio de la Administración que, como tal,
debe ser combatido.
Pero, como ya vimos, este silencio puede tener como consecuencia legal tanto la estimación como la
desestimación del pedido del ciudadano, según lo dena de manera previa la normativa aplicable. Y es
que la opción por una u otra solución es en denitiva una cuestión de política legislativa, sin perjuicio
de su consiguiente impacto en el procedimiento y la ecacia del accionar de la Administración.
El tradicional principio del silencio como desestimación, sostenido en el derecho federal
administrativo argentino y consagrado desde antaño como una regla con muy pocas excepciones,
se ha visto amenazado por la propuesta de modernización de los procedimientos y el innegable
impacto de las nuevas tecnologías. Sin embargo, la investigación que realizamos demuestra que,
a pesar de la claridad de principios expuestos en el Plan de Modernización impulsado en el último
lustro, los cambios en materia de silencio positivo como de automatización y autorización de
procedimientos han sido de escasa signicación, salvo el caso del funcionamiento del sistema
de Gestión de Documentos Electrónicos (GDE) y la ampliación de servicios de la plataforma de
trámites a distancia (TAD).
Estas iniciativas, aunque solo parcialmente completadas e instrumentadas, no pueden dejar de ser
rescatadas como valiosas, aunque muy aisladas. La apuesta por la interoperabilidad de los trámites
y la eciencia de la función administrativa constituye un verdadero cambio de paradigma de la
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gestión, no solo porque colabora con la simplicación del procedimiento, sino porque además
evita la multiplicación de trámites, constancias y certicaciones que el particular debe presentar
cuando las mismas ya obran en poder (de otra ocina) del Estado. Así se invierte –correctamente-
la ecuación, al colocar al funcionario público al servicio del ciudadano y no al revés, como
lamentablemente sucede muchas veces (Stringhini, 2018).
Lo cierto es que, de acuerdo a los datos recogidos en este relevamiento a partir de nes de 2018
–y de modo coincidente con la desaparición del Ministerio de Modernización y su degradación
a Secretaría de Estado por Decreto 801/2018, sumado al posterior cambio de signo político de la
Administración Nacional- no se registran normas (ni del Poder Ejecutivo, ni de rango ministerial
y menos aún legislativas) que avancen en el sentido de otorgar carácter positivo al silencio
administrativo, lo que demuestra que el supuesto cambio de paradigma impulsado por el Plan de
Modernización – a pesar de seguir siendo una norma legal vigente- ha quedado inconcluso o trunco.
Esta pausa en el desarrollo y puesta en marcha del Plan de Modernización resulta paradójico si
se lo compara con el inmenso desarrollo de los sistemas de información y comunicación con el
Estado, especialmente durante la emergencia sanitaria. Y es que a partir de marzo de 2020 se ha
producido un aumento notorio en la cantidad de normas administrativas, a partir del Decreto de
necesidad y urgencia 297/20205, que dispuso el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”
(ASPO)7 en todo el territorio nacional. La obligación de que las personas permanecieran en
sus domicilios generó un inaudito aumento del tráco en línea, así como un desarrollo de todo
tipo de aplicaciones y comunicaciones,8 tanto para la autorización de circulación, para ciertas
actividades laborales y para la campaña de vacunación de contra el COVID-19 realizada entre
2021 y 2022.
Desde el inicio de la crisis y de acuerdo al Digesto Emergencia Sanitaria,9 el Poder Ejecutivo
Nacional dictó normas sobre temas tan variados como las restricciones de movilidad ya referidos, a
la prohibición de despidos sin justa causa, la modicación del presupuesto del Estado nacional, la
creación del Programa de Asistencia al Trabajo para empresas en crisis, la instauración del Ingreso
Familiar de Emergencia para trabajadores informales, la suspensión de los desalojos de inmuebles
por falta de pago, la prórroga de los contratos de alquiler, la prohibición de corte de servicios
domiciliarios en caso de mora y la declaración como servicios públicos de la televisión por cable y
el acceso a internet, entre muchos otros.
7 Texto completo disponible en https://www.boletinocial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
8 La aplicación más importante en esta materia fue la “Cuidar” disponible para dispositivos móviles, desde la cual se podía obtener
el pase sanitario, descargar el esquema de vacunación y diagnóstico; y solicitar los permisos de circulación dentro del territorio
nacional.
9 El Digesto Emergencia Sanitaria Coronavirus COVID-19 es una compilación de normas nacionales originadas a partir de la
pandemia por el coronavirus. Contiene toda la normativa que ha sido publicada en el Boletín Ocial de la Nación en su versión
actualizada. A la fecha, consta de 3 volúmenes con un total de más de 700 páginas, disponibles en http://www.infoleg.gob.
ar/?page_id=3832#:~:text=El%20Digesto%20Emergencia%20Sanitaria%20Coronavirus,Naci%C3%B3n%2C%20en%20su%20
versi%C3%B3n%20actualizada
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Sin perjuicio de los avances que hemos reseñado, es evidente que el desarrollo y extensión de
las nuevas tecnologías permiten considerar que queda todavía mucho camino para recorrer,
incorporando el uso de herramientas de gobierno inteligente como la efectiva implementación de
la interoperabilidad, la utilización masiva de la rma digital, blockchain, big data e Inteligencia
Articial (IA), entre otros instrumentos que hoy brindan las TICs, con el objetivo nal de llegar
no solo a un gobierno electrónico (e-governance) sino a un gobierno inteligente (i-governance).
Todo ello debe tener siempre como norte facilitar el acceso del ciudadano a un mayor ejercicio
de sus derechos, con las debidas garantías de seguridad y privacidad (Corvalán, 2017) así como
permitiendo su adaptación gradual a los entornos exclusivamente digitales (Flores, 2018).
En tal sentido, es necesario recordar que siempre, cualquiera que sea el conjunto de procedimientos
y reglas que se adopten para la actuación del servicio público, la interpretación –tanto administrativa
como judicial- de la actividad o inactividad administrativa debería inclinarse por las soluciones que
protejan la tutela efectiva de los derechos del particular (Capalbo, 2011) y el absoluto respeto del
principio pro homine (Pinto, M. 1997; Sagüés, N. 2002).
Para concluir, debe subrayarse que cualquier reforma debe tener siempre en cuenta las
particularidades de la sociedad (incluidas las cuestiones ideológicas y políticas), considerando
cuáles son los incentivos para un pronunciamiento expreso y oportuno de la Administración, de
modo que se combata el vicio de la inactividad formal. Y es que, las reglas de procedimiento
(administrativo y judicial) deben ser claras y ampliamente difundidas para garantizar la eciencia
de la gestión pública y para evitar perjuicios a la seguridad jurídica de los ciudadanos.
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ANÁLISIS CRÍTICO DE
LA INSERCIÓN EN EL
MERCADO LABORAL DE
LOS TRABAJADORES EN
PLATAFORMAS DIGITALES
DE REPARTO A DOMICILIO
CRITICAL ANALYSIS OF THE
INSERTION IN THE LABOR
MARKET OF WORKERS ON
DIGITAL PLATFORMS OF
HOME DELIVERY
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.06
Recibido: 20/05/22
Aceptado: 29/06/22
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
María C. Sánchez-Vera
msanchez@uotavalo.edu.ec
Universidad de Otavalo
Carrera de Derecho
(Otavalo - Ecuador)
ORCID: 0000-0002-1882-0176
Erlin R. Estrada-Murillo
eestrada@uotavalo.edu.ec
Universidad de Otavalo
Carrera de Derecho
(Otavalo - Ecuador)
ORCID: 0000-0002-2731-0805
María A. Vásquez-Proaño
mvasquez@uotavalo.edu.ec
Universidad de Otavalo
Carrera de Derecho
(Otavalo - Ecuador)
ORCID: 0000-0003-0429-1231
Carolina P. Montenegro-Benalcázar
cmontenegro@uotavalo.edu.ec
Universidad de Otavalo
Carrera de Derecho
(Otavalo - Ecuador)
ORCID: 0000-0002-2077-1369
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 102-115, julio - diciembre 2022
ISSN No. 2631-2743
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 102-115, julio - diciembre 2022
Resumen
Referente a los derechos de los trabajadores, esta
investigación se planteó como objetivo indagar la
posible vulneración al principio de progresividad
por parte del Estado en la relación laboral existente
entre los trabajadores de plataformas digitales frente
a los empleadores transnacionales; debido a la falta
de regularización normativa en materia laboral y de
seguridad social; concluyendo que, aquello genera
precariedad laboral para este sector de la población
trabajadora. Este análisis se realizó mediante el estudio
crítico y académico de la doctrina, normativa y la
jurisprudencia internacional, desarrollado en torno al
derecho laboral y sus principios rectores, la innovación
tecnológica y la economía digital; el trabajo en
plataformas digitales, el ser y el deber ser.
Palabras clave: principio de progresividad,
derecho laboral, plataformas digitales, precariedad laboral.
Abstract
This research aimed at investigating the possible
violation of the principle of progressivity of rights by the
State in the existing employment relationship between
digital platform workers and transnational employers
caused by the lack of regulatory measures in labor and
social security matters. This analysis made through the
critical and academic study of the doctrine, regulations,
and national jurisprudence developed around labor law
and its guiding principles, technological innovation,
and the digital economy concluded that work on digital
platforms generates job insecurity for this sector of the
working population.
Keywords: principle of progressivity, labor law,
digital platforms, job insecurity.
ANÁLISIS CRÍTICO DE
LA INSERCIÓN EN EL
MERCADO LABORAL DE
LOS TRABAJADORES
EN PLATAFORMAS
DIGITALES DE REPARTO
A DOMICILIO
CRITICAL ANALYSIS OF
THE INSERTION IN THE
LABOR MARKET OF
WORKERS ON DIGITAL
PLATFORMS OF HOME
DELIVERY
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.06
ISSN No. 2631-2743
Análisis crítico de la inserción en el mercado laboral de los trabajadores...
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de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.06
Introducción
El presente trabajo académico tendrá como nalidad principal indagar la posible vulneración
al principio de progresividad por parte del Estado en la relación laboral existente entre los
trabajadores de plataformas digitales frente a los empleadores transnacionales y, además, visibilizar
la necesidad que tiene el Derecho Laboral tal como se presenta actualmente en Ecuador, a través
de la normativa, actualizarse y así adecuarse a las nuevas circunstancias dentro de una economía
digital; realidad característica en pleno siglo XXI, con el objetivo de proteger las necesidades
de la sociedad trabajadora y su pleno derecho al trabajo. En tal virtud, en esta investigación, se
reexionará teóricamente en un primer momento acerca de conceptos básicos e indispensables para
la comprensión de la temática, tales como: trabajo, Derecho Laboral y sus principios.
En un segundo momento se abordará a la innovación tecnológica, como un fenómeno cuyo avance
es inevitable. En este contexto, se la relacionará con la economía digital (conformada por los
servicios TIC, red de actividades económicas facilitadas por el internet, etc.), aquella que conlleva
a replantearnos la forma de concebir y organizar el trabajo.
En esta tónica, se hará referencia también a la economía de plataformas; analizando un ejemplo de
ello, como es el trabajo en plataformas digitales de reparto a domicilio, el cual reúne en calidad de
trabajadores principalmente a los jóvenes, por la dicultad que tiene este grupo de conseguir un
trabajo decente, concepto que también se incluirá en el presente documento. Ahora bien, al respecto
de este tipo de trabajo, lo que se cuestionará es su deslaboralización (apartar de la esfera del derecho
del trabajo, tratando un trabajo dependiente como si no lo fuera), lo cual trae como resultado un
trabajo precario y que, por ende, conlleva entonces una inminente necesidad de protección laboral.
En concordancia, es inaceptable que en un Estado constitucional de derechos no se garantice
a los trabajadores de plataformas digitales benecios laborales como: jornada laboral máxima,
compensación por jornada suplementaria, extraordinaria y nocturna, vacaciones, fondos de reserva,
estabilidad laboral, remuneraciones adicionales propias que se han de adjudicar al trabajador (en el
caso ecuatoriano el décimo tercer y décimo cuarto sueldo), aliación al seguro general obligatorio,
libertad sindical (derecho de aliarse y desaliarse libremente a las asociaciones profesionales
de trabajadores); para ello se tomará como referencia el caso español. Por último, con todo el
bagaje teórico y jurisprudencial, será posible cerrar este trabajo de investigación con una serie
de conclusiones y recomendaciones en benecio de este sector de la población trabajadora y sus
derechos y que, de esa manera, el Derecho Laboral amplíe cada vez más su ámbito de protección.
Trabajo: aspectos generales
A manera de inicio, cabe recalcar que esta sección del ensayo académico se dedicará a ciertos
aspectos importantes, tales como: la denición jurídica del término trabajo, su reconocimiento
María C. Sánchez-Vera, Erlin R. Estrada-Murillo, María A. Vásquez-Proaño, Carolina P. Montenegro-Benalcázar
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constitucional, la visión clásica y amplia del mismo, el trabajo como un derecho humano y los
elementos de la relación jurídica laboral. Dicho esto, es posible iniciar la explicación teórica.
Siguiendo con el hilo conductor, Monesterolo (2015), en su obra Curso de Derecho Laboral
ecuatoriano, cita a Domingo Campos quien indica que la “noción jurídica concibe al trabajo como
toda actividad humana, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona
natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, cualquiera sea su nalidad (…)” (p. 27). De
lo señalado por la doctrina, se destacan varias ideas, la primera, es que trabajo es la actividad
desarrollada únicamente por el ser humano; pudiendo como consecuencia lógica tener la calidad
de trabajador únicamente una persona natural, más no la persona jurídica. En segundo lugar, se
desprende la no importancia de si en él predomina la fuerza física del obrero (actividades materiales)
o los conocimientos, la preparación, el liderazgo (actividades de índole intelectual). En tercer lugar
y, por último, se resalta la característica principal que guía las relaciones obrero-patronales y, es la
dependencia o subordinación jurídica existente entre empleador y trabajador.
Tan es así que los elementos esenciales, propios y característicos de un contrato individual de
trabajo en la realidad ecuatoriana, por medio del cual se inicia generalmente una relación laboral,
son los siguientes “acuerdo de voluntades, prestación de servicios lícitos y personales, trabajo bajo
dependencia y, el pago de una remuneración” (Fernández, 2013, pp. 151-152).
Sin duda alguna, el trabajo como derecho goza de reconocimiento constitucional y, además de una
amplia visión, en razón de que conforme lo dispone la Constitución de la República del Ecuador
(2008) que señala en su artículo 325 “(…) se reconocen todas las modalidades de trabajo, en
relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano
(…)” (p. 59), estas actividades constituyen una modalidad atípica donde no está presente la gura
del patrono, ni tampoco a la prestación de servicios le sigue una contraprestación (remuneración),
no existe una jornada laboral, únicamente la satisfacción del deber cumplido o del deber moral
familiar.
Siguiendo ahora sí con el hilo conductor que guía este artículo y, para cerrar este punto, se debe
tener siempre presente que el trabajo es un derecho humano que pertenece a todos los individuos, sin
discriminación alguna por el simple hecho de ser persona; reconocido en el ordenamiento jurídico
tanto nacional como en diferentes tratados internacionales de derechos humanos raticados por el
Estado ecuatoriano (Rodríguez y Carbonell, 2009, p. 481).
En concordancia con lo expresado, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador (2008)
que dispone que el trabajo “(…) es un derecho (…), y base de la economía. El Estado garantizará
a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”
(p.36). En denitiva, la constitución resalta el rol del Estado y su compromiso con garantizar a
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la ciudadanía en general no solo un trabajo, sino un trabajo decente que aance su dignidad y
precautele su salud. A continuación, se estudiará brevemente acerca de la rama del Derecho que
estudia las relaciones laborales.
El Derecho laboral: concepto y principios
En este apartado, se presentará la denición, nalidad; el principio protectorio, el principio de
progresividad como dos de los que guían al Derecho Laboral, dejando claro también lo que signica
el término principio y su relevancia dentro de un Estado Constitucional como otra de las fuentes a
parte de la ley.
Ahora sí, en lo referente al Derecho Laboral, se debe resaltar que la jurista Robalino (2006), con
base en una investigación publicada por el tratadista mexicano Néstor de Buen, lo conceptualiza
como el “(…) conjunto de normas que directa o indirectamente derivan de la prestación, libre,
subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de
los factores en juego mediante la realización de la justicia social (…)” (p. 32). En otras palabras,
conforme se desprende de la cita anterior, es evidente que la presente denición no ha evolucionado
por dos razones:
En primer lugar, sigue considerando parte del Derecho Laboral solamente a las normas jurídicas,
no a los principios; en este contexto el concepto se remonta al Estado legal de derecho, en el cual la
única fuente era la ley. En este sentido, el Derecho Laboral o del trabajo no tendría principios que
regulen su aplicación, armación que actualmente es errónea.
En segundo lugar, únicamente enmarca dentro de la protección del derecho laboral a la tradicional
prestación subordinada y remunerada del trabajador hacia el empleador, excluyendo por lo tanto a
los trabajadores autónomos, independientes y personas que realizan trabajo no remunerado dentro
del hogar. Ahora bien, no todo es incorrecto; muestra de ello es lo relativo a su nalidad, que es
lograr equilibrar la balanza entre los diversos actores que forman parte de la relación laboral para,
de esta manera, alcanzar la justicia social y el respeto a los derechos de ambas partes, no solo del
trabajador.
A continuación, se teorizará acerca de los principios que guían al Derecho Laboral; pero previo
a ello, es preciso aclarar que al término principio se lo conoce de varias maneras; como mandato
de optimización (Alexy, 1997, p. 86); y, la más conocida norma técnica. (Ferrajoli, 2001, p. 34).
En concordancia, la idea de Ávila Santamaría (2008), indica que este “(…) no tiene hipótesis de
hecho como tampoco determina obligaciones o soluciones” (p. 40). En suma, el principio carece
del silogismo jurídico, una hipótesis y una consecuencia, característico de la norma regla; es por
ello inclusive que se considera al principio como menos fuerte que a la norma jurídica como tal.
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Se debe tener presente que como característica propia del Estado constitucional de derechos, donde
la única fuente no es la ley, sino también los principios, existen ciertos que le son característicos
al derecho del trabajo. No obstante, es indispensable precisar que dos son los fundamentales, estos
son: el principio protectorio y el principio de progresividad; que si bien es cierto éste último es
común a todos los derechos constitucionales, es vital para el desarrollo de la temática planteada.
En concordancia, para Díez Selva (2019) el principio protectorio es “(…) aquello de lo cual procede
el derecho del trabajo a n de lograr un cierto equilibrio jurídico entre empleado y empleador
en la relación laboral en dependencia, y así permitir el imperio de la justicia en dicho tipo de
vinculación particular (…)” (p. 340). En suma, el citado principio responde a la esencia tutelar tan
única del Derecho Laboral, aquel que vela sobre todo por el trabajador, quien es considerado la
parte vulnerable y débil de la relación laboral, lo protege frente a los posibles abusos de poder que
pueda cometer el empleador en su contra.
Por último, en lo relativo al principio de progresividad, cabe recalcar que este principio está reconocido
en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y guarda relación directa con el principio de prohibición de
regresividad de derechos, contemplado en el artículo 11 numeral 8 de la Constitución del Ecuador.
En esta línea Sepúlveda (2006) expresa que “(…) los Estados han asumido una obligación de
‘avanzar’ supone, al menos, dos obligaciones implícitas: 1) la obligación de mejorar continuamente
el disfrute de los derechos; y 2) la obligación de abstenerse de tomar medidas deliberadamente
regresivas (…)” (p.124). En este punto es necesaria una precisión; y es que, cuando la autora trae
a colación a los Estados, se reere a aquellos que han suscrito el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, los cuales tienen un deber prescrito no solo en la normativa
nacional, sino también internacional, vigentes como son en el caso del Estado ecuatoriano.
Ahora bien, esta prohibición de regresividad en materia de derechos fundamentales contenidos
tanto en la norma constitucional como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Establece una serie de límites y vínculos a los poderes públicos en la toma de decisiones (políticas,
normativas y judiciales) cuando se encuentren inmersos derechos de las personas. En este sentido,
la Constitución del Ecuador (2008) establece este límite a los poderes públicos y privados en
su artículo 11, numeral 8, inciso segundo, señalando: “será inconstitucional cualquier acción u
omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injusticadamente el ejercicio de
los derechos” (p. 12).
Esto signica que toda actuación por parte del poder público ya sea por acción (hacer) o por omisión
(dejar de hacer), que genere una regresividad a la efectiva vigencia de los derechos se constituirá
como un acto inconstitucional y lesivo de derechos fundamentales. Este canon constitucional impone
límites intangibles en materia laboral, tanto a los poderes públicos y privados, en no retroceder en
aquellos derechos adquiridos previamente por los trabajadores, como: jornada máxima establecida,
vacaciones, seguridad social, salario mínimo, estabilidad laboral, etc.
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Así como también, impone vínculos o prescripciones de carácter positiva (prestación) por parte de
los Estados, para el desarrollo progresivo de los derechos fundamentales de los trabajadores. A través
de normas jurídicas, políticas públicas y la jurisprudencia, cuya nalidad es garantizar la efectiva
vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y en su bloque de constitucionalidad,
como también eliminar y sancionar todo tipo de actos (acción u omisión), que sean contrarias a la
Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La innovación tecnológica y la economía digital
A manera de inicio, vale la pena indicar que, en este punto de la reexión, se teorizará sobre dos
conceptos: a) la innovación tecnológica y b) la economía digital, abriendo con ello el preámbulo
para tratar al trabajo en las plataformas digitales de reparto. Acerca de este fenómeno Cedrola
Spremolla (2017), con base al pensamiento de Diane Gabrielle Tremblay, indica que por “(…)
innovación tecnológica entendemos cualquier incorporación de nueva tecnología a los efectos de
generar un cambio en las formas de producir, trabajar, desarrollar un negocio u organizar una
empresa (…)” (pp. 104-105). Dicho de otro modo, signica avance en lo que a la tecnología respecta,
con la introducción de nuevos aparatos; siendo importante que el Estado invierta y fomente la
investigación, la producción cientíca – técnica, para así no depender de otros países productores
de tecnología, lo cual con seguridad como se observará con posterioridad inuirá en el trabajo.
En este contexto, es indispensable indicar que “la economía digital está constituida por la
infraestructura de telecomunicaciones, las industrias TIC (…) y la red de actividades económicas
y sociales facilitadas por Internet, la computación en la nube y las redes móviles, las sociales (…)”
(Comisión Económica para América y el Caribe, 2013, p. 9). En otros términos, se reere a que la
oferta de bienes (tecnología, instrumentos para el hogar, alimentos, repuestos para automotores,
vestimenta, etc.) y servicios (pago de luz, agua, teléfono, internet, planillas del IESS, transacciones
bancarias), se realizan a través de las distintas aplicaciones, a las cuales los demandantes (los
clientes) pueden acceder por medio de un teléfono celular (Smartphone) o computador, sin tener
que acudir presencialmente a los bancos, centros comerciales, locales de comida, etc., pagando en
efectivo o con tarjeta de crédito. Es entonces, tal como se ve a primera vista una herramienta que
facilita el intercambio, que mueve sencillamente la economía de una ciudad o país.
Sin embargo, existen dos problemas latentes; el primero, el desigual desarrollo de las TICS en los
distintos países y, el segundo que será objeto de estudio, el trabajo precario de los trabajadores de
plataformas.
Trabajo en plataformas digitales: el caso de los repartidores - parte I “el ser”
Este análisis se centrará en los siguientes aspectos: el itinerario de los trabajadores de reparto,
un antecedente histórico de la empresa Uber como un dato adicional, las características de los
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repartidores, la imposibilidad de establecer acuerdos colectivos, la precarización laboral, y el
desconocimiento de las relaciones laborales.
Con todos estos antecedentes, es importante manifestar que “(…) las empresas de plataforma
organizan el trabajo de los repartidores a través de aplicaciones móviles online que brindan
información sobre los requerimientos de traslado (…)” (Abal y Morales, 2020, p.2). Lo cual quiere
decir que la empresa determina la jornada laboral de los repartidores por medio de aplicaciones
móviles que señalan la ruta que seguirá el trabajador desde el centro comercial hasta el domicilio
del cliente que ha solicitado el servicio, de igual manera, a través de una aplicación, por lo cual
es claro que existe una subordinación jurídica o dependencia entre la empresa y el repartidor a
domicilio, característica de una relación laboral regulada por el Código del Trabajo en Ecuador.
Como un antecedente histórico, se dice que en este contexto de continua destrucción del mercado
laboral ecuatoriano surge:
(…) en 2017, la empresa multinacional Uber Technologies Inc. ingresa al mercado de servicios digitales
de transporte, a pesar de no considerarse una empresa de transporte, sino facilitadoras de tecnología.
[Es más, tal como lo indica la autora,] no existen datos ociales sobre cuántas personas trabajan en esta
aplicación digital debido a la falta de transparencia; sin embargo, de acuerdo con cifras publicadas en un
diario nacional, a nes de 2019 contaba con 20 000 personas “socias conductoras (…). (Salazar, 2020,
p. 11).
Con ello, se debe señalar que “(…) el itinerario predominante que realizan los trabajadores del reparto
se inicia en los establecimientos de centros comerciales, hipermercados y cadenas de restaurantes
de comida rápida para concluir con la entrega de sus productos en un domicilio particular (…)”
(Abal y Morales, 2020, p.2). En suma, la ruta inicia cuando el trabajador espera en las cadenas
de comida o cualquier otro local para recoger el producto, colocarlo en su moto y dirigirse en un
tiempo determinado al domicilio del usuario; es aquí donde radica la importancia de la aliación
al sistema de seguridad social, en razón de que en el transcurso puede sufrir un accidente que
sería claramente relacionado con el trabajo, por lo cual tendría que otorgársele una prestación
económica (pensión, subsidio e indemnización), dependiendo de la gravedad de la incapacidad,
atención médica (consulta, cirugía, hospitalización, medicamentos), auxilio de funerales y pensión
de montepío a su cónyuge o conviviente en unión de hecho y a sus hijos menores de edad, en caso
de fallecer el repartidor. En este contexto, es de resaltar lo siguiente:
Entre los repartidores se destacan dos características: la importante presencia de jóvenes (…), y también
de migrantes, en especial los “recién llegados”, ya que las empresas de plataforma pueden sumar
repartidores casi ilimitadamente (las regulaciones en esta materia son prácticamente nulas). De esta
forma, las condiciones requeridas para que los repartidores sean “activados” en una App. son mínimas.
En efecto, los requisitos en los países latinoamericanos suelen reducirse a acreditar identidad (en
ocasiones con documento extranjero), poseer un medio de transporte (moto, bicicleta o auto) y tener un
smartphone con plan de internet suciente para manejar la aplicación (…). (Salazar, 2020, p. 11).
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De lo dicho, se desprende que en estas relaciones laborales existe una desregularización que causa
una condición de vulnerabilidad, en razón de circunstancias como: la necesidad de los jóvenes
recién egresados del colegio o de la universidad que no han podido insertarse en un mercado
laboral formalmente o de las personas en situación de movilidad irregular, quienes por su condición
de indocumentados se ven obligados a aceptar estas condiciones deplorables que únicamente les
permiten sobrevivir.
Es más, este grupo de la población trabajadora viven al día sin poder exigir el cumplimiento de
un deber fundamental del empleador, como es la aliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), estando totalmente desprotegidos frente a una contingencia social. En este contexto,
al referido grupo de trabajadores, Bria (2019) los llama “(…) emprendedores precarizados [, por
el] capitalismo de plataformas (…)” (p. 117); personas vulnerables, que no pertenecen al mercado
laboral formal (ya sea por falta de preparación o de oportunidades): seguro y, con garantías; quienes
pelean al menos por un salario digno que les permita cubrir sus necesidades básicas; por lo que, al
no tener estabilidad laboral, se ven obligados a callar cualquier atropello a sus derechos.
Agravando su situación, ni siquiera tienen “(…) posibilidades de establecer acuerdos colectivos”
(Bria, 2019, p.117). Lo cual es grave, debido a que se les priva de ejercer un derecho que la
Constitución de la República del Ecuador reconoce a todos los trabajadores, en este caso el de
organizarse para defender de manera colectiva sus derechos laborales frente al empleador, a través
de las asociaciones profesionales de trabajadores, como son el: sindicato, comité de empresa y
comité central único; derecho que está contemplado en la Constitución de la República del 2008
en el numeral 7 del artículo 326.
Es tan clara la situación de precarización laboral, que:
(…) en estas plataformas los repartidores ponen a disposición del servicio su propio medio de transporte,
que puede ser automóvil, motocicleta o bicicleta, y su teléfono inteligente. Para el reparto, que es asignado
por la empresa, al igual que las tarifas y las tasas, utilizan cajas o mochilas con el logo de la compañía, lo
que hace que sean ampliamente visibles en el espacio público. Estas cajas y otros materiales necesarios
son alquilados por Glovo a sus repartidores (…). (Abal y Morales, 2020, p.3)
El hecho de que sean los propios repartidores quienes utilicen sus propios instrumentos para realizar el
trabajo, y no sea la empresa quien les provea, es inadmisible en el contexto actual de un modelo de Estado
cuyo centro son los derechos de los ciudadanos, mucho más de quienes por su condición son vulnerables
ante el poder de los empleadores, en este caso de las grandes empresas de plataformas y por temor a perder
su única fuente de ingreso, aunque ésta no respete a su dignidad, se ven impedidos de reclamar sus derechos.
No obstante, (…) estas condiciones de trabajo en que no se cuenta con derechos laborales, seguridad
salarial o benecios sociales inciden en el incremento de la vulnerabilidad para quienes hacen del empleo
informal una actividad de subsistencia. A diferencia de la idea […] del emprendimiento como una opción
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de autonomía (…). (Salazar, 2020, p. 8)
En otros términos, este tipo de trabajos reproducen la opresión y la vulneración de derechos de los
trabajadores. En esta línea, cabe recalcar que:
En Ecuador, (conforme lo indica el INEC), la canasta básica familiar alcanza los 720,03 US$ para
satisfacer las necesidades básicas de una familia de cuatro personas en la capital. Sin embargo, para las
personas que conducen Uber que logran hacer un poco más de un salario básico mensualmente 400 US$,
ese dinero no es suciente para cubrir la canasta básica, obligándoles a dedicar más horas a la aplicación
(Salazar, 2020, p. 17).
Por todo lo expuesto, queda absolutamente claro que el trabajo en plataformas digitales es una
muestra de una realidad constante en el mercado laboral ecuatoriano, como es la precariedad laboral.
En este sentido, con respecto a la precariedad; Barattini (2009) en su artículo titulado El trabajo
precario en la era de la globalización ¿Es posible la organización?, con base al pensamiento de
Aguiar, recalca que:
(…) La OIT utilizó dicho concepto por primera vez en 1974, y era denido por la inestabilidad en el
puesto de trabajo, ya sea por la inexistencia de contrato, o por contratos por tiempo determinado; (…)
pero siempre la precariedad era pensada como un efecto no deseado (…) de la incorporación de las
tecnologías al proceso productivo y la implementación de nuevas formas de organización del trabajo
(…). (p.1)
Tal como se observa, tiempo atrás, el organismo internacional en materia laboral ya hacía referencia
a este término, como un fenómeno que genera incertidumbre en la clase trabajadora, debido a
que la precariedad se implica contratar personas por un período de tiempo determinado o, en su
defecto, la ausencia de un contrato individual de trabajo, instrumento que contempla los derechos y
obligaciones de las partes y brinda seguridad jurídica, así no se goce de estabilidad laboral.
Además, la incorporación de la tecnología, de la economía digital y las plataformas digitales,
conllevan precariedad laboral, ya que ofertan un trabajo frente a la necesidad, donde no ofrecen
aliación al seguro social, jornada laboral, derechos colectivos de trabajo, remuneraciones
adicionales propias que se han de adjudicar al trabajador (en el caso ecuatoriano el décimo tercer
y décimo cuarto sueldo), fondos de reserva, vacaciones, recargos por jornada suplementaria,
extraordinaria, salario digno y demás benecios propios de la naturaleza del derecho de los
trabajadores.
Aquello, se debe al:
(…) diseño de las empresas y su constante desconocimiento de relaciones laborales con quienes
sostienen a las plataformas a través de su trabajo, se reeren a las personas trabajadoras como “socias”
o “colaboradoras”, o en el caso de Uber “socias conductoras”, con la nalidad de dejar sentado que
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son parte de una falsa “economía colaborativa” y que las personas son contratistas independientes y no
trabajadoras. Esto les exime de cualquier responsabilidad patronal y laboral con quienes hacen que las
plataformas crezcan en ganancias (Salazar, 2020, p. 12).
En otras palabras, es la misma empresa la que les vende la imagen a los repartidores, no como
trabajadores, sino como socios o colaboradores, considerándolos contratistas independientes;
eximiéndose de cualquier responsabilidad laboral (empleador – trabajador), lo cual entra en la
esfera de la deslaboralización, debido a que
(…) el máximo de exibilidad contractual deriva de colocar una cierta relación laboral al margen de las
normas del Derecho del Trabajo; (tratando) un vínculo dependiente como si no lo fuera, (…) (aquella
que) libera de la incidencia de todos los costos del sistema de protección laboral y de la seguridad social
(…) hablando entonces de una exclusión provocada del derecho laboral, que genera vulneración de
derechos (Goldin, 2017, p. 188-189).
Como preámbulo a lo que se vendrá en el próximo apartado del texto, cabe recalcar que existe parte
de la doctrina que, basada en el estudio de la jurisprudencia, atribuye un carácter distinto al trabajo
en plataformas digitales, señalando que “la libertad de aceptar o rechazar un servicio no es tal si
existe un sistema de puntuación y sanciones, pues esto da a entender que el prestador del servicio
está sometido al poder disciplinario de la empresa titular de la plataforma (…)” (Monereo y Martín,
2020, 2). Es decir, el hecho de que aceptar o no un servicio no sea una opción para los repartidores,
demuestra con claridad la existencia de un elemento propio de las relaciones laborales como es la
dependencia entre las partes.
Trabajo en plataformas digitales: el caso de los repartidores - parte 2
“el deber ser”.
Es menester hacer énfasis en este punto, en el cual el trabajo ya está avanzado, que con respecto a la
naturaleza de las actividades ejecutadas por los repartidores a domicilio presenta el ordenamiento
jurídico español, temática que ha sido desarrollada a través de su jurisprudencia, debido a que
los fallos de triple reiteración sobre casos análogos constituyen fuente de derecho, aquello en
cumplimiento del principio de progresividad y prohibición de regresividad.
En este contexto, en la sentencia No. 805/2020 emitida por la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo de España, debido a un recurso de casación, citada por los juristas Monereo y Martín
(2020), contiene la siguiente decisión:
(…) Revoca en parte la sentencia de instancia, declarando que la relación entre el recurrente y la empresa
Glovo tenía naturaleza laboral por cuanto que concurren todas y cada una de las notas tipológicas
distintivas de la relación jurídico-laboral recogidas en el artículo 1.1 del ET (voluntariedad, remuneración
salarial, ajenidad y dependencia o subordinación técnico-organizativa en la prestación del trabajo para
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otro) (…). (p. 2)
En suma, tal como se desprende del contenido de la sentencia, la relación entre un repartidor y la
empresa Glovo es de índole obrero – patronal, debido a que reúne ciertos requisitos (autonomía
de la voluntad, presencia de una contraprestación económica, y sobre todo dependencia jurídica
con la referida empresa). Finalmente, es importante destacar que los efectos de la modulación
realizada por este tribunal no se reservan únicamente para las partes, es decir, no es interpartes sino
ergaomnes de carácter general.
Este reconocimiento permite alcanzar el deber ser del trabajo en plataformas digitales, en el
contenido esencial de lo determinado como trabajo decente, otorgando la posibilidad de exigir
legalmente a los empleadores (empresas transnacionales) a cumplir sus responsabilidades para con
los repartidores, acercándose así un poco más hacia el ejercicio material de los derechos laborales
(Organización Internacional del Trabajo, 2021, párr. 1).
Conclusiones
Del análisis de la doctrina, normativa y jurisprudencia, es posible concluir que el Ecuador, como
Estado Constitucional de Derechos, ha incumplido con su obligación de garantizar sin discriminación
alguna a toda la población el pleno goce de su derecho al trabajo. En esta línea, si bien es cierto
que la desactualización normativa no constituye persé una violación al principio de progresividad,
justamente debido a que la relación laboral que involucra a las empresas transnacionales como
empleadores y a los repartidores de las plataformas digitales en la calidad de trabajadores, no se
encuentra desarrollada en el marco de protección legislativa, se congura su relación en la esfera
de la precariedad laboral, en el subempleo y en una expresión del poder sobre las minorías más
débiles en esta relación de poder.
No obstante, de acuerdo con la sentencia No. 805/2020 emitida por la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo de España, el hecho de que el repartidor no se pueda negar a prestar el servicio,
la delimitación de la ruta, conguran un elemento fundamental de la relación laboral que es la
dependencia; por lo tanto, la naturaleza de las actividades que desarrollan los repartidores es sin
duda alguna de índole laboral.
Ahora bien, no es posible negar que existen factores económicos, sociales, culturales, ambientales
y de realidad social (COVID -19), que ineren de manera negativa en la permanencia de la
subordinación de los trabajadores digitales frente a los empleadores, trascendiendo en el tiempo
estas estructuras de poder que anulan los derechos laborales de los trabajadores reconocidos en la
Constitución y en los instrumentos de protección desarrollados en esta materia.
Se debe dejar sentada la necesidad imperante de que, en primer lugar, se reconozca en Ecuador a
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los repartidores a domicilio como trabajadores bajo relación de dependencia, lo cual conllevará
consecuentemente a que estén protegidos por el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social y,
el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS (Resolución N.° CD 513), para
de esta manera lograr que tanto ellos como sus familias accedan a las distintas prestaciones por las
contingencias reconocidas por la referida ley, para lo cual no hace falta más que voluntad política
de las autoridades.
Ahora bien, el actual Código de Trabajo debe evolucionar a la par de estas nuevas necesidades
de la sociedad que se presentan a raíz de la economía digital y del trabajo en las plataformas
digitales; reformándose en el sentido de regular en cuanto a esta modalidad de trabajo, aspectos
como: el contenido del contrato, las propinas o comisiones por la entrega de los productos y el
establecimiento de turnos con el objetivo de garantizar que se respete la jornada laboral máxima de
ocho horas diarias, los recargos por jornada suplementaria, extraordinaria, nocturna, los dos días
de descanso semanales.
Por último, se debe cerrar poniendo aún más énfasis en la importancia del avance normativo, en
virtud de que la desregularización de las relaciones abusivas y desiguales entre los empleadores y
los trabajadores en el contexto digital legitiman la precariedad laboral de los repartidores, situación
que cuestiona la naturaleza tutelar del derecho al trabajo.
Referencias
1. Abal, P., Morales, K. (2020). Precarización de plataformas: El caso de los repartidores a domicilio en España”.
Psicoperspectivas: Individuo y Sociedad, 19, (1), 1-12. https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol19-
Issue1-fulltext-1680
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Recibido: 06/04/22
Aceptado: 30/06/22
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Vinshelly M. Patiño-Valdiviezo
vmpatino.fpa@unach.edu.ec
Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas
(Riobamba - Ecuador)
ORCID: 0000-0002-4252-3737
Gabith Miriam Quispe Fernández
gquispe@unach.edu.ec
Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas
(Riobamba - Ecuador)
ORCID: 0000-0002-4252-3737
Gustavo Santos Tapia Daza
tapiadazagustavo@gmail.com
Universidad de Sevilla
Departamento de Geografía Física y
Análisis Geográco Regional
(Sevilla - España)
ORCID: 0000-0003-2566-1721
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 116-135, julio - diciembre 2022
UN ESTUDIO
BIBLIOMETRICO
SOBRE LA RELACION
DE LOS COSTOS Y
ACCIDENTES LABORALES
Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES EN LAS
ORGANIZACIONES
A BIBLIOMETRIC STUDY
ON THE RELATIONSHIP
OF OCCUPATIONAL
COSTS AND ACCIDENTS
AND PROFESSIONAL
ILLNESSES IN
ORGANIZATIONS
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.07
ISSN No. 2631-2743
UN ESTUDIO
BIBLIOMETRICO
SOBRE LA RELACION
DE LOS COSTOS Y
ACCIDENTES LABORALES
Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES EN LAS
ORGANIZACIONES
A BIBLIOMETRIC STUDY
ON THE RELATIONSHIP
OF OCCUPATIONAL
COSTS AND ACCIDENTS
AND PROFESSIONAL
ILLNESSES IN
ORGANIZATIONS
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.07
Resumen
El objetivo es conocer la producción cientíca
sobre la relación entre costo y accidentes laborales
y enfermedades profesionales publicadas entre el
periodo 2010 a 2020, a partir de la aplicación de la
bibliometría y análisis temático. La investigación tiene
un nivel descriptivo de tipo documental con base en
una revisión de artículos cientícos publicados en los
últimos 10 años en bases de datos SCOPUS y WOS.
Se consideró como población 1017 documentos y
932 para el análisis. Los resultados muestran mayor
preferencia de investigaciones sobre accidentes
laborales relacionados a temas de impacto, evolución,
costos, conocimiento, evaluación; en enfermedades
profesionales sobre tipos; y entre ambos sobre riesgos,
no se identica sobre costos en enfermedades laborales.
Palabras clave: Enfermedad profesional,
accidentes, bibliometría, universidad
Abstract
The objective of the research was to know the
scientic production published between the years
2010 to 2020 from the application of bibliometrics and
thematic analysis on the relationship between cost and
occupational accidents and occupational diseases. The
research has a descriptive level of a documentary type
based on a review of scientic articles published in
the last 10 years in the SCOPUS and WOS databases.
1017 documents were considered as population and
932 for analysis. The results show a greater preference
for research on occupational accidents related to issues
of impact, evolution, costs, knowledge, evaluation; in
occupational diseases on types; and between the two
on risks, it is not identied on costs in occupational
diseases.
Keywords: Occupational disease, accidents,
bibliometrics, university
ISSN No. 2631-2743
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 116-135, julio - diciembre 2022
Un estudio bibliometrico sobre la relacion de los costos y accidentes...
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 116-135. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.07
Introducción
Las organizaciones públicas o privadas están obligadas a registrar la siniestralidad laboral, de este
modo los accidentes laborales y enfermedades profesionales son considerados como un riesgo
laboral que puede presentarse en una actividad de trabajo y son importantes para la seguridad
del trabajador. Desde el punto de vista, existe un marco normativo que regula y existen varios
reglamentos a nivel mundial, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Reglamento 957, Decisión 584 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo y el Reglamento del Instrumento Andino de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y otros convenios de la OIT.
En el Ecuador las normas que regulan son: el Código de trabajo; Ley de comercialización y empleo
de plaguicidas; Ley de defensa contra incendios; Ley de minería; Ley Orgánica de Discapacidades
(LOD); Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP); Ley Orgánica de Prevención Integral
Fenómeno Socio Económico Drogas; Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP); y varios
reglamentos, como: el Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del
medio ambiente de trabajo, Reglamento de seguridad en el trabajo contra riesgos en instalaciones
de energía, Reglamento de seguridad e higiene de los trabajadores, entre otros. La institución
encargada es el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Seguridad Social (IES).
Otro aspecto importante para considerar es lo que menciona la Constitución de la República del
Ecuador, en su artículo 326, numeral 5 sobre principios; “Toda persona tendrá derecho a desarrollar
sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad,
higiene y bienestar” al igual que en el Artículo 23 literal L de la Ley Orgánica de Servicio Público
(LOSEP) y otras normas jurídicas que garantizan a los trabajadores la seguridad, integridad,
estabilidad. Además, esta normativa maniesta en su artículo 175 del Código de trabajo: “el
empleador no podrá despedir intempestivamente al trabajador durante el tiempo que este padeciere
de enfermedad no profesional que lo inhabilite para el trabajo, mientras aquella no exceda un
año”; lo que signica que, en el caso de despedir a un trabajador durante su recuperación, el
empleador de manera inmediata debería cancelar la indemnización de acuerdo con ley. Este aspecto
muestra que el contar con un trabajador que se encuentra en baja, implica un efecto en los costos
y gastos institucionales, por ello, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) es importante
la seguridad y salud en el trabajo, porque “es una actividad multidisciplinaria que se encuentra
encaminada a la promoción y protección de la salud de los trabajadores, a través de la prevención
y el control de enfermedades y accidentes ocasionados por el desarrollo de una actividad laboral”
(Organización Mundial de la Salud, 2020).
Los datos muestran para el año 2021 “más de 2,78 millones de muertes a causa accidentes laborales o
enfermedades en el trabajo, de las cuales 2,4 millones se encuentran relacionados con enfermedades
profesionales y 374 millones son a causa de accidentes laborales y el coste de esa adversidad diaria
Vinshelly M. Patiño-Valdiviezo, Gabith M. Quispe-Fernández, Gustavo Santos Tapia Daza
119 KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 116-135. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.07
es enorme y la carga económicos de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 3.94%
del Producto Interno Bruto Global de cada año” (OIT, Organización Internacional del Trabajo,
2021). Del mismo modo, de acuerdo a la OIT, Seguridad y salud en el trabajo (2021) “se calcula
también que 90 millones de años de vida ajustados por discapacidad (DALY) son atribuibles a la
exposición a 19 importantes factores de riesgo laboral. Además, cada año se producen unos 360
millones de accidentes laborales no mortales que tienen como consecuencia más de 4 días de baja
laboral”.
En el caso del Ecuador, en el año 2019, se registraron 802.353 empresas y 1.068.160 establecimientos
según el Directorio de Empresas y Establecimientos, de las cuales se reportó un total de 16. 671
accidentes laborales calicados (Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social, 2020); en el año 2018
se reportaron 22.232, “a pesar del incremento considerable del número de casos noticados por
accidentes de trabajo en los últimos años […] igualmente no se evidencia la existencia del registro
de accidentes de trabajo en el país” (Otero, Torres, Mite, & Anchundia, 2018, pág. 56), por otro
lado,
Las tasas de incidencia de accidentes de trabajo (mortales y no mortales) y enfermedades profesionales
(por cada 1.000 trabajadores aliados) muestran vaivenes con tendencias al aumento (2010-2015) y a la
disminución (2016 y 2017-2019), siendo el 2020 un año atípico debido a la pandemia por la COVID-19”
(Gómez, 2021, pág. 234).
Esto muestra para el año 2020 una reducción tanto en los accidentes laborales y enfermedades
profesionales, algo que puede ser explicado por el COVID-19, como se puede observar en el gráco
1 y gráco 2.
Figura 1. Evolución de los casos y la incidencia de accidentes de trabajo mortales y no mortales calicados en la República
del Ecuador. Periodo 2006-2020 (24 de diciembre de 2020)
Fuente: Gómez (2021).
Un estudio bibliometrico sobre la relacion de los costos y accidentes...
120
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 116-135. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.07
Figura 2. Evolución de los casos y la incidencia de accidentes de trabajo mortales y no mortales calicados en la República
del Ecuador. Periodo 2006-2020 (24 de diciembre de 2020).
Fuente: Gómez (2021).
En ese contexto, abordar un estudio bibliométrico sobre los accidentes laborales y enfermedades
profesionales se constituye en un campo de interés para los diferentes actores de la sociedad,
principalmente cuando esto implica identicar si estudios relacionados a la determinación de
los costos y en qué tipos de organización se realiza, entre ellos las instituciones educativas de
nivel superior, a n de que los investigadores puedan identicar las tendencias y proyectar futuras
investigaciones.
De este modo, a n de conocer si existen estudios bibliométricos o cienciométricos relacionados a
la temática que se aborda, se realizó un recorrido bibliográco. Los resultados de esta indagación
muestran que existen estudios bibliométricos sobre: riesgo psicosocial laboral, publicada entre
2000 y 2010 por Pulido, Puentes, Luney, Rocio, & García (2015); estudio bibliométrico sobre
tuberculosis en trabajadores de la salud por Cruz & Muñoz (2012); accidentalidad laboral en
Arequipa: un estudio bibliométrico a partir de la prensa escrita desde 2000 a 2009 por Arias (2016);
revisión bibliométrica de trabajos de investigación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en
Colombia por Ramirez, y otros (2020); estudio bibliométrico de los artículos publicados en revistas
ecuatorianas indexadas en Latindex sobre seguridad y salud en el trabajo por Ruiz, Ferrer, Freire,
Gómez, & Vilaret (2019).
Por otro lado, también se indagó si existen estudios bibliométricos relacionados con los costos
de los accidentes laborares y enfermedades profesionales, como también relacionados a las
universidades o educación superior. Los resultados muestran que no se pueden identicar ningún
estudio; sin embargo, se identican investigaciones como: indicadores bibliométricos de las
publicaciones cientícas de la revista peruana de medicina experimental y salud pública, 2010-
2017 por Romaní & Cabezas (2018); análisis bibliométrico de los trabajos de titulación de ocho
Vinshelly M. Patiño-Valdiviezo, Gabith M. Quispe-Fernández, Gustavo Santos Tapia Daza
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de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.07
universidades de Pichincha, Napo y Orellana (Ecuador) de Estrella & Lastra (2019); Análisis
bibliométrico y cienciométrico de la producción cientíca de Perú y Ecuador desde Web of Science
(2009-2018) por Limaymanta, Zulueta, Restrepo & Álvarez (2020); Análisis bibliométrico y de
redes sociales de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (2010-2019) por
Jiménez, Diestra, Limaymanta, & Chaviano (2021), entre otros. Lo que quiere decir que no existen
estudios bibliométricos realizados en los últimos 10 años sobre costos de los accidentes laborales
y enfermedades profesionales, lo cual permite vericar que es un campo muy poco explorado y
que se justica esta investigación. De este modo y con los antecedentes descritos, la investigación
parte preguntado ¿los estudios realizados sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales
consideran la determinación de sus costos y cuáles son sus tendencias?
Aspectos teóricos considerados en la investigación
La cienciometría y bibliometría
La cienciometría se dene como “the scientist of cience (Gareld, 1970)” citado en (Polanco, Ossa,
Suelí, & Cudina, 2017, pág. 18) “estudia los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina
o actividad económica, forma parte de la sociología de la ciencia y encuentra aplicación en el
establecimiento de las políticas cientícas, donde incluye entre otras las de publicación” (Araújo
& Arencibia, 2002, pág. 3). Se puede observar que la cienciometría toma importancia en los
estudios desarrollados en un ámbito o fenómeno de estudio, y como fuente de información para la
formulación de políticas y generación de nuevas investigaciones. La bibliometría se considera una
herramienta que sirve para el análisis de datos, ya que “es la rama que emplea métodos matemáticos
y estadísticos a la literatura cientíca y a los escritores que la producen, con el objetivo de aprender
y examinar el dinamismo cientíco” (Llerena, 2021, pág. 134).
Costos de accidentes laborales
El Código de Trabajo, en su Art. 348 menciona que los accidentes laborales “es todo suceso
imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional,
con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecutada por cuenta ajena” (Código de Trabjo,
2020, pág. 138);además, que los “accidentes se deben a la existencia de diversos factores de riesgo,
los mismos que contribuyen a la afectación de la integridad física de los trabajadores, pérdidas
materiales, paralización de los procesos productivos e interrupción de las actividades diarias”
(Guachamin, Moposita, & Ramos, 2021, pág. 244).
Riesgo laboral
De acuerdo al reglamento del Seguro de Riesgos el Trabajo, en su Art. 19 sobre los efectos de los
Siniestros, menciona:
Un estudio bibliometrico sobre la relacion de los costos y accidentes...
122
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 116-135. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.07
Los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales u ocupacionales pueden producir
los siguientes efectos en los asegurados:
a) Incapacidad Temporal;
b) Incapacidad Permanente Parcial;
c) Incapacidad Permanente Total;
d) Incapacidad Permanente Absoluta; y,
e) Muerte.
Asimismo, de acuerdo con la Resolución Nº MDT -2020-023 del Ministerio del Trabajo del 29 de
abril del 2020, la enfermedad del COVID -19 no se considera como un accidente ni enfermedad
laboral, porque la Organización Mundial del Trabajo el 11 de marzo de 2020, lo ha declarado como
una pandemia.
Enfermedades profesionales
Las enfermedades profesionales se consideran como “afecciones crónicas, causadas de una manera
directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de
la exposición a factores de riesgo que producen o no incapacidad laboral, siniestro de tipo laboral
que traen consigo sanciones para los empleadores” (Ramírez, 2018, pág. 22). Y, en el Art. 349 del
Código de Trabajo en el Ecuador determina a las enfermedades profesionales como “afecciones
agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que
realiza el trabajador y que producen incapacidad” (Código de Trabjo, 2020, pág. Art. 349).
En este contexto, la investigación tuvo como objetivo conocer la producción cientíca sobre la
relación entre costo y accidentes laborales y enfermedades profesionales publicadas entre el periodo
2010 a 2020 a partir de la aplicación de la bibliometría y análisis temático.
Métodos
La investigación tiene un nivel descriptivo de tipo documental con un enfoque cuantitativo
y cualitativo, a partir de indicadores bibliométricos, temático y metodológico. La revisión
bibliográca consideró el método sistemático, que consistió en: 1) bases de datos SCOPUS y WOS;
2) periodo de publicación: documentos publicados entre los años 2010 a 2020 (se priorizó este
periodo descartando investigaciones anteriores); 3) acceso al documento (se descartaron aquellos
documentos sin acceso libre); 4) área de aplicación: estudios realizados en todas las organizaciones
para identicar en el ámbito de las universidades u organizaciones educativas y también sobre sus
costos; 5) descriptores en la búsqueda de información, fueron: accidentes laborales, accidentes
laborales y enfermedades profesionales, enfermedades profesionales; como se detalla en la tabla 1:
Vinshelly M. Patiño-Valdiviezo, Gabith M. Quispe-Fernández, Gustavo Santos Tapia Daza
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Tabla 1. Población documental.
Nº Base de datos Palabra clave de búsqueda Tamaño de población-
N.º de artículos
1
SCOPUS
Accidentes laborales - Occupational accidents 45
2Accidentes laborales y enfermedades profesionales -
Occupational accidents and occupational diseases 3
Enfermedades profesionales - occupational diseases 96
1
WOS
Accidentes laborales - Occupational accidents 694
2Accidentes laborales y enfermedades profesionales -
Occupational accidents and occupational diseases 29
Enfermedades profesionales - occupational diseases 294
TOTAL 1017
Fuente: elaboración propia.
Como resultado de la búsqueda de información bibliográca, se identicaron un total de 1017
artículos cientícos, de estos se excluyeron 85 artículos por las siguientes razones: 1) idioma
portugués; 2) contenido del documento que no se relacionaban con los accidentes laborales ni
enfermedades profesionales; 3) duplicadas., siendo de este modo 932 documentos considerados en
la investigación.
Para el análisis de datos, se consideraron indicadores basados en la metodología utilizada por
Fernandez & Bueno (1998) y replicada por Puentes-León, Rincon-Bayona, & Puentes-Suaréz
(2018), que consiste en:
1) Indicadores de contenido, que incluye: tema abordado en artículo, modelo o teoría usada en el estudio,
sector económico, actividad económica, palabras claves del artículo y categorización de los resultados; 2)
indicadores de aliación de los autores, en donde se abarcan aspectos como: nombre del autor, profesión,
aliación, país y sexo; 3) indicadores metodológicos, que tiene en cuenta: enfoque de investigación, tipo
de estudio, variables de estudio, categorías de análisis, numero, sexo y edad de los participantes de las
muestras de estudio, instrumentos o técnicas usadas en recolección de datos, análisis de información,
tratamiento estadístico de datos y número de referencias del artículo, y 4) indicadores de productividad,
donde se analizan: número de autores (p.73).
De igual forma, se plantea hipótesis, como H1 las investigaciones realizadas sobre accidentes
laborales y enfermedades profesionales en el área de educación (universidades) no es signicativo,
H2 el número de publicaciones sobre costos es signicativo en las investigaciones realizadas sobre
accidentes laborales y enfermedades profesionales, H3 las citas bibliográcas dependen del idioma,
el área y tema de investigación.
Resultados
Análisis de productividad
Un estudio bibliometrico sobre la relacion de los costos y accidentes...
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Evolución de las investigaciones sobre accidentes y enfermedades
laborales
Uno de los aspectos importantes es conocer la evolución de las publicaciones que permite identicar
su tendencia; en ese contexto, se identica que existe un crecimiento, aunque su comportamiento
es cíclico, de un 5,7% de publicaciones en el año 2010 a un 13,3% para el 2020. Las publicaciones
más signicativas sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales se realizaron en un
13,3% durante el año 2020; 11,48% en el 2017 y en el año 2019 en un 11,27%. Lo que signica que
existe una tendencia positiva para desarrollar investigaciones sobre los accidentes y enfermedades
(gura 3), introduciendo aspectos particulares, como son: los costos, tipos de enfermedades, entre
otros.
Figura 3. Evolución de los artículos publicados sobre accidentes y enfermedades laborales.
Fuente: elaboración propia.
Importancia del idioma en las publicaciones sobre accidentes y
enfermedades laborales
El idioma es un aspecto importante en las publicaciones. En tal virtud, del total de investigaciones
publicadas sobre los accidentes laborales y enfermedades profesionales el 97% lo realizan en
idioma español en la base de datos de WOS y 3% en la base de datos Scopus; en el idioma ingles
el 99,2% en WOS y el 0,8% en Scopus. Esto muestra que, en su mayoría, este tipo estudios se
publican en revistas que se encuentran en la base de datos de WOS (gura 4)
Vinshelly M. Patiño-Valdiviezo, Gabith M. Quispe-Fernández, Gustavo Santos Tapia Daza
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de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.07
Figura 4. Relación idioma y publicaciones en bases de datos de WOS y SCOPUS.
Fuente: elaboración propia.
Revistas más utilizadas en la publicación sobre accidentes laborales
y enfermedades profesionales
Identicar en qué tipo de revista se publican las investigaciones, es un factor relevante para co-
nocer la calidad investigativa y la importancia que dan a investigaciones relacionadas a los acci-
dentes laborales (A EL) y enfermedades profesionales (EP). Los datos muestran que los autores
publican en 16 revistas internacionales indexadas en la base de datos WOS y SCOPUS. Entre las
más importantes se encuentran: Revista de Medicina y Seguridad del Trabajo, Revista de la Fa-
cultad de Derecho, Revista Brasileria de Enfermagem, Revista Española de Salud Pública, Revis-
ta Da Escola de Enermagem, Medisur y otros que se presenta en la tabla 1.
Tabla 2. Revistas más utilizadas para las publicaciones de Al y EP.
Nº Revistas Frecuencia Porcentaje
1 Medicina y Seguridad del Trabajo 36 3,9
2Revista de la Facultad de Derecho 32 3,4
3Revista Brasileira de Enfermagem 29 3,1
4 Revista Española de Salud Pública 25 2,7
5Revista Latinoamericana de Bioética 24 2,6
6 Revista Da Escola de Enfermagen 19 2,0
7 MediSur 18 2,0
8 Ciencia & trabajo 16 1,7
9Texto & Contexto - Enfermagem 16 1,7
10 Cadernos de Saude Publica 14 1,5
11 Enfermería Global 14 1,5
12 Archivos de Prevención de Riesgos Laborales 12 1.3
13 Revista Panamericana de Salud Pública 11 1,2
14 Bulletin of the World Health Organization 10 1,1
15 Gaceta Sanitaria 9 1,0
16 Revista Gaucha de Enfermería 9 1,0
Fuente: elaboración propia.
Un estudio bibliometrico sobre la relacion de los costos y accidentes...
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KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, 5(9), pp. 116-135. Segundo semestre
de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.07
Área de conocimiento de las investigaciones
Otro de los aspectos importantes fue conocer desde qué tipo de las áreas de conocimiento se
desarrollan las investigaciones relacionadas a accidentes laborales y enfermedades profesionales y
su relación con la determinación de costos. El 5,2% desarrollan desde el área de Servicios; 87,2%%
Salud; 1,6% Manufactura; 2,9% Territorial; 0,6% Cultura; 0,2% Minería; 0,1% Pesca; 0,1%
Agropecuaria; 0,6% Construcción; 1,4% Universidades o Educación Superior, entre otras (tabla 2).
Tabla 3. Área de conocimiento de las investigaciones sobre AL y EP.
Área de conocimiento Frecuencia Porcentaje
Servicios 48 5,20
Salud 813 87,20
Manufactura 15 1,60
Territorial 27 2,90
Cultura 6 0,60
Minería 2 0,20
Pesca 1 0,10
Agropecuaria 1 0,10
Construcción 6 0,60
Universidades 13 1,40
Total 932 100.0
Fuente: elaboración propia.
De esta forma se determina que, en su mayoría, las investigaciones sobre accidentes laborales y
enfermedades profesionales lo realizan desde el área de salud, seguido por servicios; siendo el área
de educación o Universitaria menor al 2%, lo que permite vericar que H1 las investigaciones
realizadas sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales en el área de educación
(universidades) no es signicativo, es decir, existe un bajo número de investigaciones realizadas y
publicadas en el área educativa con relación por ejemplo al área de salud.
Temas abordados en las investigaciones por área de conocimiento
Las publicaciones realizadas en las distintas revistas abordan la temática de accidentes laborales
en un 89,5%, enfermedades laborales el 8,7% y de manera conjunta entre accidentes laborales y
enfermedades profesionales el 1,8%. Por otro lado, conocer el porcentaje de publicaciones en las
distintas temáticas por área de conocimiento también es relevante. En ese contexto, se identica
que realizan investigaciones sobre accidentes laborales en un 92% en el área de Salud; Servicios
79,2%; Manufactura 73,3%; Territorial 55,7%: Cultura 66,7%; Minería 50%; Construcción 66,7%;
Universidades o Educación superior 76,9%. En el caso de enfermedades profesionales se observa en
un 50% en el área de Minería; 26,7% Manufactura; 33,3% Cultura, entre otras. En accidentes laborales
y enfermedades profesionales en un 100% en el área Pesca y Agropecuaria principalmente (tabla.3).
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Tabla 4. Relación área y tema de investigación.
Área Tipo de documento Recuento % del N de columna
Servicios Enfermedades laborales 8 16,7%
Accidentes laborales 38 79,2%
Enfermedades y accidente laborales 24,2%
Salud Enfermedades laborales 59 7,3%
Accidentes laborales 748 92,0%
Enfermedades y accidente laborales 6,7%
Manufactura Enfermedades laborales 4 26,7%
Accidentes laborales 11 73,3%
Enfermedades y accidente laborales 0 0,0%
Territorial Enfermedades laborales 3 11,1%
Accidentes laborales 18 66,7%
Enfermedades y accidente laborales 622,2%
Cultura Enfermedades laborales 2 33,3%
Accidentes laborales 4 66,7%
Enfermedades y accidente laborales 0 0,0%
Minería Enfermedades laborales 1 50,0%
Accidentes laborales 1 50,0%
Enfermedades y accidente laborales 0 0,0%
Pesca Enfermedades laborales 0 0,0%
Accidentes laborales 0 0,0%
Enfermedades y accidente laborales 1 100,0%
Agropecuaria Enfermedades laborales 0 0,0%
Accidentes laborales 0 0,0%
Enfermedades y accidente laborales 1 100,0%
Construcción Enfermedades laborales 116,7%
Accidentes laborales 4 66,7%
Enfermedades y accidente laborales 116,7%
Universidades Enfermedades laborales 3 23,1%
Accidentes laborales 10 76,9%
Enfermedades y accidente laborales 0 0,0%
Fuente: elaboración propia.
De este modo, se deduce que en su mayoría los estudios están relacionados a accidentes laborales;
principalmente en el área de salud, seguido por servicios y manufactura; en cambio, en los estudios
sobre las enfermedades profesionales se desarrollan en el área de minería y cultura.
A n de conocer la causa de ese comportamiento en las publicaciones se aplicó el modelo de
regresión lineal (Variable dependiente= tema de investigación; Variable independiente = Área de
conocimiento), los resultados muestran (R2 = 000 y Sig. =0,933) que no existe ninguna dependencia
entre el área de conocimiento y tema de investigación; lo que quiere decir que este tipo de
investigaciones se pueden abordar desde distintas áreas de conocimiento y actividades productivas.
Un estudio bibliometrico sobre la relacion de los costos y accidentes...
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Frecuencia de los temas de investigación por año
Asimismo, se identicó los años de publicación de las investigaciones por tema y área de
conocimiento. Se puede observar que las publicaciones sobre enfermedades profesionales se dieron
en el área de servicios en el año 2010, salud 2014, manufactura 2013, territorial 2010, cultura 2013,
minería 2014, construcción 2015 y sobre universidades 2013. En cambio, sobre los accidentes
laborales; en el año 2010 en el área de servicios, 2020 salud, 2011 manufactura, 2014 territorial,
2013 cultura, 2017 minería, 2011 construcción y 2010 universidades. Finalmente, con relación a
enfermedades profesionales y accidentes laborales de manera conjunta, se publicaron en el área de
servicios en 2013, salud 2015, 2019 territorial, 2018 pesca, agropecuaria 2020, construcción 2020 y
no existe publicaciones en área manufactura, cultura, minería y universidades en los últimos años.
De este modo se puede concluir que las investigaciones son publicadas en las distintas áreas dentro
del marco de los temas de enfermedades profesionales, accidentes laborales y ambos, en su mayoría
a partir del año 2010; aunque, en algunas áreas no se publican en los últimos años, especialmente
como en las áreas de manufactura cultura, minería y universidad, pesca y agropecuaria (tabla 4).
Este comportamiento, permite proyectar nuevas investigaciones en los tres temas, principalmente
aquello que aborde tanto los accidentes laborales como las enfermedades profesionales.
Tabla 5. Frecuencia de año de publicación.
Servicios Salud Manufactura Territorial Cultura Minería Pesca Agropecuaria Construcción Universidades
Enfermedades
laborales 2010 2014 2013 2010 2013 2014 2015 2013
Accidentes
laborales 2010 2020 2011 2014 2013 2017 2011 2010
Enfermedades
y accidentes
laborales 2013 2015 2019 2018 2020 2020
Fuente: elaboración propia.
Citas bibliográcas por área de conocimiento de las investigaciones
Los datos muestran que las investigaciones son citadas, en promedio, alrededor de 4 citas por autor
y 2 citas por áreas, existiendo un intervalo de variación de entre cero citas a ciento treinta y ocho
citas. Las investigaciones más citadas se encuentran en el área de salud con un 87,22%. Por otro
lado, en promedio las citas por área de conocimiento esta relacionados a 5,63 veces en el área de
servicios: salud 3,53 veces; manufactura 1,13 veces; territorial 2,26 veces; cultura 4 veces; minería
1 veces; pesca 1 veces; agropecuaria 0 veces; construcción 2,50 veces y; universidades 2,85 veces
(tabla 5), concluyendo que son las investigaciones del área de salud las más citadas.
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Tabla 6. Citas por área de conocimiento
Área
Citas Servicios Salud Manufactura Territorial Cultura Minería Pesca Agropecuaria Construcción Universidades
Porcentaje de
participación 5.16 87.22 1.61 2.90 0.64 0.21 0.11 0.11 0.64 1.40
Media
Número de
citas 5.63 3.53 1.13 2.26 4.00 1.00 1.00 0.00 2.50 2.85
Fuente: elaboración propia.
Análisis de contenido
Relación de objetivos por tema de investigación
Para identicar el grado de importancia de las investigaciones por sus objetivos, como parte del
análisis de contenido. Los resultados del análisis bibliométrico, muestran que las investigaciones
persiguen distintos objetivos, como: 1) analizar los trastornos músculo esqueléticos se relacio-
na con enfermedades profesionales un 85,7% y con accidentes y enfermedades profesionales de
manera conjunta con el 14,3%; 2) identicar enfermedades profesionales en un 100% con enfer-
medades profesionales; 3) Comportamiento de accidentes laborales un 5,9% con enfermedades
profesionales, 76,5% con AL y EP ; 4) determinar riesgos de trabajo en un 100% con AL y EP; 5)
impacto de los accidentes en un 100% con AL; 6) identicar la incidencia de tensión muscular en
un 66.7% con AL; 7) establecer los riesgos, analizar y señalar las ocupaciones y actividades en las
que se desarrollan en un 100% con AL y EP; 8) evoluciones de noticaciones en un 100% con AL;
9) medir el costo de riesgos laborales en un 100% con accidentes; 10) examinar condiciones de tra-
bajo 50% con EP y, 50% con AL y EP;11) medir el costo de riesgos laborales en un 100% con AL;
12) identicar conocimientos profesionales, bioseguridad, fractura en un 100% con AL (tabla 6).
Tabla 7. Relación objetivos y tipo de investigaciones.
Objetivos % Enfermedades
profesionales
% Accidentes
laborales
% Accidentes laborales
y enfermedades
profesionales
Analizar transtornos musculoesqueletico 85,7% 0,0% 14,3%
Identicar enfermedades profesionales 100,0% 0,0% 0,0%
Comportamiento del accidente laboral 5,9% 76,5% 17,6%
Determinar riesgos de trabajo 0,0% 0,0% 100,0%
Impacto del accidente laboral 0,0% 100,0% 0,0%
Identicar la incidencia de tensiónmuscular 33,3% 66,7% 0,0%
Establecer los riesgos, analizar y señalar las ocupaciones
y actividades en las que se desarrollan 0,0% 0,0% 100,0%
Evoluciones de noticaciones de accidentes de trabajo 0,0% 100,0% 0,0%
Determinar la relación entre la antigüedad laboral y el
tipo de accidente 0,0% 0,0% 0,0%
Medir el costo de riesgos laborales 0,0% 100,0% 0,0%
Examinar condiciones de trabajo 50,0% 0,0% 50,0%
Identicar el conocimiento de profesionales 0,0% 100,0% 0,0%
Conocer las caracteristicas de bioseguridad 0,0% 100,0% 0,0%
Evaluar pacientes con fracturas 0,0% 100,0% 0,0%
Fuente: elaboración propia.
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Por tanto, las publicaciones e investigaciones en su mayoría no se enfocan en medir los costos
relacionados a los accidentes y enfermedades laborales, ya que solo representa el 12%, de este modo
se verica que H2 el número de publicaciones sobre costos no es signicativo en las investigaciones
realizada sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Importancia de los estudios sobre costos en accidentes laborales
y enfermedades profesionales en función de los resultados y tema
de las investigaciones
Otro de los aspectos identicados en el análisis de contenido está relacionado a los resultados
de las investigaciones, los resultados muestran que están relacionadas con: 1) trastornos musculo
esqueléticos en un 23,4% de los cuales el 72,7% con enfermedades profesionales y 27,3% con AL
y EP; 2) mortalidad por accidentes laborales (AL) y enfermedades profesionales (EP) en un 2,1%;,
de los cuales en un 100% corresponde a AL y EP; 3) riesgos físicos, químicos y disergonómicos
en un 2,1 de los cuales en un 100% son AL y EP; 4) accidentes con objetos cortopunzantes en un
17% de los cuales en un 12,5% se relaciona con EP, el 75% AL y el 12,5% con AL y EP; 5) baja
accidentabilidad laboral en un 4,3% de los cuales en un 100% se relaciona con AL; 6) alto nivel de
tensión muscular 2,1% se relaciona en un 100% con EL; 7)heridas en extremidades por accidentes
laborales en un 6,4% se relaciona en un 100% con AL; 8) registro de enfermedades respiratorias,
dérmicas y neoplasias en un 2,1% relacionado a EP en un 100%; 9) alta accidentabilidad en
trabajadores en un 12,8% relacionado en un 100% con AL;10) incremento de AL y EP en un 6,4%
relacionado a AL y EP en un 100%; 11) disminución de AL y EP en un 2,1% relacionado en un
100$ a AL y EP; 12) muerte AL en un 2,1% relacionado en un 100% con AL; 13) cáncer de vías
respiratorias en un 2,1% relacionado en un 100% con EP; 14) accidentabilidad en manos en un
2,1% relacionado en un 100% con AL; 15) costo total de siniestralidad en un 6,4% relacionado en
un 100% con AL; 16) conocimiento de los riesgos ocupacionales en un 2,1% relacionado en un
100% con AL; 17) escasez de material de protección en un 2,1%relacionado con AL en un 100%;
y 18) fracturas múltiples en un 2,1% relacionado en un 100% con AL ( tabla 7).
De esta forma, que se puede identicar que la mayoría de las investigaciones están relacionadas a
accidentes laborales, incluido el de costos.
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Tabla 8. Resultado de las investigaciones y tipo de investigación.
Tipo de resultados % general % Enfermedades
profesionales
% Acciden-
tes laborales
% Accidentes
laborales y
Enfermedades
profesionales
Trastorno musculo esquelético 23.4 72,7% 0,0% 27,3%
Mortalidad por AL y EP 2.1 0,0% 0,0% 100%
Riesgos físicos, químicos y disergonómicos 2.1 0,0% 0,0% 100%
Accidentes con objetos cortopunzantes 17 12,5% 75% 12,5%
Baja accidentabilidad laboral 4.3 0,0% 100% 0,0%
Alto nivel de tensión muscular 2.1 100% 0,0% 0,0%
Heridas en extremidades por accidentes laborales 6.4 0,0% 100% 0,0%
Registro de enfermedades respiratorias, dérmicas y neoplasias 2.1 100% 0,0% 0,0%
Alta accidentabilidad en trabajadores 12.8 0,0% 100% 0,0%
Incremento de AL y EP 6.4 0,0% 0,0% 100%
Disminución de AL y EP 2.1 0,0% 0,0% 100%
Muerte por AL 2.1 0,0% 100% 0,0%
Cáncer de vías respiratorias 2.1 100% 0,0% 0,0%
Accidentabilidad en manos 2.1 0,0% 100% 0,0%
Costo total de siniestralidad 6.4 0,0% 100% 0,0%
Conocimiento de los riesgos ocupacionales 2.1 0,0% 100% 0,0%
Escasez de material de protección 2.1 0,0% 100% 0,0%
Fracturas múltiples 2.1 0,0% 100% 0,0%
Fuente: elaboración propia.
Discusión y conclusiones
Las investigaciones bibliométricas que se aproximan a los estudios relacionados a los accidentes
laborales y enfermedades profesionales, mencionan por ejemplo que en el Perú, los accidentes y las
tasas de accidentabilidad son bajas en comparación a América Latina (Arias, 2015); en cambio, los
artículos sobre riesgos psicosociales laborales se encuentran en un estado exploratorio y descriptivo
(Pulido, Puentes, Luney, Rocio, & Garcia, 2015); en ese contexto, la investigación verica que
existen estudios con diferentes temáticas, en diferentes áreas y revistas; asimismo, se verica que
H3 las citas bibliográcas dependen del idioma, el área y tema de investigación. Se arma, porque
los resultados de la aplicación del modelo de regresión lineal (variable dependiente Nª de citas y
como variables independientes: idioma, año, área de conocimiento y tipo de documento) muestran
que estas variables explican las investigaciones sobre accidentes laborales y enfermedades
profesionales en un 35,2%, donde la participación de cada una de las variables alcanza a un 25,9%
del idioma, 0,7% del tema de investigación. Sin embargo, se puede observar, que existe una relación
inversa, donde dependiendo del año y del área puede incrementar las investigaciones (tabla 8).
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Tabla 9. Correlaciones y regresión lineal.
Número
de citas Idioma Área Año Tipo de
documento
Correlación de Pearson Número de citas 1.000 .259 -.043 -.282 .007
Idioma .259 1.000 -.017 -.209 -.024
Área -.043 -.017 1.000 -.016 -.003
Año -.282 -.209 -.016 1.000 .039
Tema .007 -.024 -.003 .039 1.000
Sig. (unilateral) Número de citas .000 .093 .000 .413
Idioma .000 .298 .000 .234
Área .093 .298 .317 .460
Año .000 .000 .317 .120
Tema .413 .234 .460 .120
Modelo
a. Variable dependiente: Núme-
ro de citas
RR
cuadrado
R cuadrado
ajustado
Error estándar
de la estimación
Sig.
Cambio
en F
Sig.
MODELO 1: b. Predictores:
(Constante), Tipo de documento,
área, Idioma, Año
,352a.124 .120 6.94281 0,000 ,000b
MODELO 2: b. Predictores:
(Constante), Idioma ,259a.067 .066 7.15268 0,000 ,000b
MODELO 3: b. Predictores:
(Constante), Año ,282a.080 .079 7.10416 0,000 ,000b
MODELO 4: b. Predictores:
(Constante), Area ,043a.002 .001 7.39840 0,186 ,186b
MODELO 5: b. Predictores:
(Constante), Tipo de documento ,007a.000 -.001 7.40516 0,827 ,827b
Fuente: elaboración propia.
De este modo, los estudios sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales en Ecuador,
América Latina y el mundo es de gran interés para el ámbito social y empresarial. Por tanto,
se concluye que los estudios sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales están
relacionados principalmente con organizaciones del área de salud y se concentran en las empresas
de servicios, no se puede observar estudios que estén relacionados con las instituciones de educación
o universidades.
No se puede identicar estudios relacionados sobre la determinación de costos de los accidentes
laborales y enfermedades profesionales en las organizaciones, las que existen están relacionadas
principalmente con el área de salud y servicios. Las investigaciones sobre los accidentes laborales
y enfermedades profesionales dependen del idioma, área, tipo de documento y año, pero
fundamentalmente del idioma y año. También es posible armar que existe mayor preferencia de
investigaciones sobre accidentes laborales relacionados a temas de impacto, evolución, costos,
conocimiento, evaluación; en enfermedades profesionales sobre tipos; y entre ambos sobre riesgos,
no se identica sobre costos en enfermedades laborales.
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Por último, existe una tendencia de las investigaciones sobre accidentes laborales, seguido de las
enfermedades laborales en los últimos años. Sin embargo, se convierte en un tema por explorar la
determinación de sus costos. Asimismo, se puedan estudiar en instituciones educativas, considerando
el aspecto legal como son las que actúan bajo el marco del estado o privado.
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Recibido: 06/04/22
Aceptado: 30/06/22
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Carlos J. Chagcha-Solis
cchagcha@uotavalo.edu.ec
Universidad de Otavalo
Carrera de Derecho
(Otavalo - Ecuador)
ORCID: 0000-0002-1882-0176
Carolina P. Montenegro-Benalcázar
cmontenegro@uotavalo.edu.ec
Universidad de Otavalo
Carrera de Derecho
(Otavalo - Ecuador)
ORCID: 0000-0002-2077-1369
Erlin R. Estrada-Murillo
eestrada@uotavalo.edu.ec
Universidad de Otavalo
Carrera de Derecho
(Otavalo - Ecuador)
ORCID: 0000-0002-2731-0805
María A. Vásquez-Proaño
mvasquez@uotavalo.edu.ec
Universidad de Otavalo
Carrera de Derecho
(Otavalo - Ecuador)
ORCID: 0000-0003-0429-1231
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 136-154, julio - diciembre 2022
EL ACCESO A INTERNET
COMO DERECHO
FUNDAMENTAL: LA
EDUCACIÓN EN TIEMPOS
DE COVID-19
ACCESS TO THE
INTERNET AS A
FUNDAMENTAL RIGHT:
EDUCATION IN TIMES OF
COVID-19
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.08
ISSN No. 2631-2743
KAIRÓS, Vol. (5) No. 9, pp. 136-154, julio - diciembre 2022
Resumen
El cambio en la modalidad de educación en el contexto
de la pandemia ocasionada por el COVID-19 generó la
instrumentalización del internet como medio de acceso
a la educación en todos sus niveles de enseñanza. El
objetivo fue analizar el acceso a internet como derecho
fundamental y la responsabilidad del Estado frente a
la educación en tiempos de COVID-19; a través de un
análisis crítico de la doctrina, normativa y jurisprudencia
a la luz de los instrumentos internacionales de derechos
humanos. Concluyendo que la defectuosa estructura
económica, política y social del Estado para afrontar
de manera eciente la pandemia, afectó el ejercicio del
derecho a la educación a causa de la imposibilidad del
acceso a herramientas tecnológicas de uso obligatorio
acentuando la desigualdad de los no ciudadanos
digitales.
Palabras Clave: acceso a internet, derecho
fundamental, educación, COVID 19.
Abstract
The change in the modality of education in the context of
the pandemic caused by COVID-19 was prompted by the
instrumentalization of the internet as a means of access to
education at all levels of education. The objective was to
analyze access to the internet as a fundamental right and
the State’s responsibility toward education in times of
COVID-19, for which a critical analysis of the doctrine,
regulations, and jurisprudence was carried out in light of
international human rights instruments. In conclusion,
a awed economic, political, and social structure of the
State in liaising efciently with the pandemic affected
the exercise of the right to education because of the
impossibility to freely access mandatory technological
tools, accentuating the inequality of digital non-citizens.
Keywords: Internet access, fundamental right,
education, COVID 19.
EL ACCESO A INTERNET
COMO DERECHO
FUNDAMENTAL: LA
EDUCACIÓN EN TIEMPOS
DE COVID-19
ACCESS TO THE
INTERNET AS A
FUNDAMENTAL RIGHT:
EDUCATION IN TIMES OF
COVID-19
DOI:
https://doi.org/10.37135/kai.03.09.08
ISSN No. 2631-2743
El acceso a internet como derecho fundamental: la educación en tiempos de covid-19
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de 2022 (Ecuador). ISSN 2631-2743. DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.09.08
Introducción
La impredecible pandemia generada por el COVID-19 ha tenido impacto en todos los ámbitos,
siendo la educación, posiblemente el área que más se ha visto afectada debido a la suspensión de las
actividades académicas presenciales en todos sus niveles; con el n de contener el contagio masivo
de la enfermedad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y
la Educación (UNESCO) a mediados del año 2020 ciento sesenta millones de estudiantes habían
dejado de recibir clases presenciales en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), así pues,
en Ecuador el 16 de marzo del 2020 fue la última vez que de forma cotidiana las instituciones
educativas acogieron a sus estudiantes presencialmente, ello debido a la declaratoria de Estado de
excepción por la crisis sanitaria (El Comercio, 2020).
En tal sentido, las políticas públicas en educación entorno a la pandemia han sido dispuestas con el
objetivo mismo de precautelar la vida de los actores educativos, es así como, a partir del cierre de
las instituciones educativas, estas de forma abrupta debieron adaptarse a una nueva realidad, en la
que la virtualidad y las diferentes plataformas educativas, incluso sociales, se han convertido en el
espacio de enseñanza – aprendizaje idóneo.
Sin embargo, la crisis en la educación se agudiza aún más, entre otras, por el desconocimiento
del uso de plataformas y/o aulas virtuales, la capacitación respecto de la educación virtual y sobre
todo del limitado acceso a internet, ya sea por situaciones geográcas o económicas, así como, la
calidad y deciencia del servicio brindado por las operadoras a nivel nacional, sumando a ello,
el analfabetismo digital que envuelve a gran parte de la sociedad ecuatoriana, así entonces, es
trascendental reconocer la importancia del acceso a un servicio de internet de calidad para cumplir
con el objetivo enseñanza – aprendizaje que se pregona en la educación, y entendiendo además;
que es la principal herramienta para el ejercicio de los derechos.
El Ecuador reconoce constitucionalmente la educación como un derecho de las personas y como
un deber ineludible e inexcusable del Estado, constituyéndola además como un área prioritaria para
el desarrollo del Estado, no obstante, la actual pandemia COVID-19 ha detonado la necesidad de
establecer políticas públicas que permitan y garanticen al Estado cumplir con su deber y garantizar
el derecho al acceso y desarrollo de la educación, que bajo la perspectiva actual se centra en la
educación virtual, o en su caso, híbrida (virtual-presencial), mismas que usan el internet como
sistema-medio de transferencia y construcción de conocimientos.
De esta forma, la presente investigación tiene como objetivo general analizar el acceso a internet
como un derecho fundamental y la responsabilidad del Estado, entendiendo el internet como la
principal herramienta de acceso a la educación frente a la pandemia de la COVID-19 e incluso
como la oportunidad de garantizar una educación sostenible, que permita la inclusión al sistema
educativo de personas y comunidades que históricamente por su situación geográca o económica
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han sido marginadas, todo ello a través de un exhaustivo análisis doctrinario y normativo que
permita determinar la importancia de garantizar el acceso a internet como garantía para el ejercicio
de los derechos fundamentales; especialmente a la educación.
Derecho fundamental a la educación
Previo a determinar la concepción de la educación como un derecho fundamental, será relevante
destacar la importancia de ésta para congurarse como aquel elemento esencial del desarrollo social,
cultural y económico de la sociedad; que, de forma análoga, contribuye a entender la naturaleza
jurídica fundamental del derecho a la educación que a decir de Scarfó y Aued (2013) es “esencial
para poder ejercitar todos los demás derechos” (p.91). En este sentido, partiendo de la denición de
educación plateada por Massó (2021) se señala que la educación es el sistema-medio destinado para
la transmisión de conocimientos y destrezas, que, en razón de la temporalidad, permite establecer
mecanismos idóneos; que, a más de transmitir, pretende mejorar, superar o evolucionar dichos
conocimientos; que en la mayoría de los casos responden a las distintas problemáticas que se
presentan en la realidad social.
Así, tal como reere Guzmán (2011) la educación responde de forma directa al contexto social y
surge la inminente necesidad de su integración a la sociedad, para ser el instrumento que genere la
estabilidad e innovación social, teniendo como punto de partida el desarrollo personal, que a través
de una conciencia crítica, un pensamiento creativo, pleno, útil y comprometido con la sociedad sea
capaz de responder a las divergencias propias del entorno social, así como también su desarrollo,
transformación y evolución.
De la misma forma, la educación se instituye como la principal herramienta para promulgar un
prominente desarrollo cultural, desde el sentido polisémico del término cultura, así como también,
el desarrollo económico personal y social, por consiguiente, se puede colegir que “los países cuyas
políticas apostaron a la educación y a la investigación han marcado la diferencia, y una de las
consecuencias más importantes es la reducción vertiginosa de la pobreza” (De Sousa, 2011, p. 1),
con lo que concuerda Lipset (1966), quien señala que “la educación crea aptitudes y capacidades
importantes para el desarrollo económico” (como se citó en Barkin, 1971, p.951); y que además,
contribuye a la democratización social del ejercicio del poder y los
derechos, permitiendo de esta forma, el acceso a nuevas y mejores oportunidades a minorías que
ampliamente han sido excluidas, sin embargo, surgen una serie de cuestionamientos sobre estas
oportunidades de inclusión y el ejercicio de la educación como un derecho en época de pandemia
que serán analizados más adelante.
Ahora bien, desde la concepción teórica planteada por Ferrajoli (2009) quien señala que derechos
fundamentales “son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos
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los seres humanos” (p. 19), por el mero hecho de ser persona; que se debe entender además, que
se consideran derechos subjetivos todos aquellos que han sido tipicados y forman parte de un
ordenamiento jurídico, que de forma particular tendrán su génesis en la Constitución; se desprende
que efectivamente la educación es un derecho fundamental. En tal sentido, y dejando de lado la
distinción doctrinaria realizada sobre derechos humanos y derechos fundamentales, bajo la premisa
del derecho fundamental a la educación como un todo; la educación es un derecho social, humano y
fundamental reconocido y exigible, siendo el Estado a través de la Constitución el avalista principal
del ejercicio de este derecho.
Conforme se ha señalado y entendiendo “la concepción y estructura del derecho como derecho
fundamental, implica el reconocimiento de posiciones jurídicas que deben ser respetadas tanto por
particulares como por el Estado” (Scioscioli, 2014, p. 7), así pues, ante el reconocimiento de los
convenios y tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1948) en su artículo 26 numeral 1 tipica que:
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en
lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. (p. 8)
Así mismo, la ONU en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966), en reconocimiento de la necesidad de promover el respeto y el ejercicio de los derechos
inherentes al ser humano determina en su artículo 13 numeral 1 que: “los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación (…)”(p. 4); en la misma línea,
instrumentos internacionales como: la Convención de los Derechos del Niño (1989), la Declaración
de Nueva Delhi (1993), Declaración y Plan de acción integrado sobre la Educación para la Paz,
los Derechos Humanos y Democracia (1995), la Declaración de Hamburgo (1997), la Declaración
de Beijín, Grupo E-9 (2001) y la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad
(2006); según Montanchez (2015) han marcado una línea especíca a través de la cual se pretende
proteger el derecho a la educación desde la concepción de derecho humano y fundamental para el
desarrollo del ser humano, pero por sobre todo, reconocer éste derecho a las minorías y grupos que
históricamente han sido excluidos.
En concordancia con los citados Instrumentos internacionales, la Constitución de la República
del Ecuador (CRE, 2008) determina en el artículo 3 numeral 1 que tendrá como deber primordial
“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución
y en los instrumentos internacionales, en particular la educación (…)”, en correspondencia con el
artículo 26 ibídem que a más de etiquetarlo como Derecho del Buen Vivir tipica que:
La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable
del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
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igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (p. 14)
De la misma manera, las normas infra constitucionales que rigen al ciudadano como ente de
deberes y derechos en el Ecuador, reconocen en el mismo sentido, que el Estado tiene el deber
de garantizar un sistema educativo a través del cual se garantice el acceso y permanencia en las
distintas instituciones educativas. De este modo, el Estado ecuatoriano, reconoce la educación
como aquel derecho fundamental y prioritario para el desarrollo social, económico y cultural,
determina, además, que se constituye en un derecho esencial para el ejercicio de otros derechos, el
desarrollo social, político, organizativo; entre otros, con ello concuerda Pérez (2013) quien señala
que: “no puede darse un ejercicio de libertad y un funcionamiento efectivo de la democracia sin un
substrato educativo” (p. 195).
En consecuencia, la educación cumple con el carácter de derecho fundamental, no solo por su
importancia sociológica, sino también bajo el estricto amparo jurídico, y como tal, es impermeable
a cualquier forma de limitación de su ejercicio pleno, de lo cual el Estado a través de la política
pública nacional tiene como deber garantizarlo, sin importar la temporalidad o circunstancias
que la sociedad enfrente, pues goza de aquellas características de universalidad, inalienabilidad,
irrenunciabilidad, imprescriptibilidad e indivisibilidad. De la misma forma, el derecho a la
educación al ser normativizado positivamente goza de justiciabilidad e incluso en un campo mucho
más amplio a una mera activación de actos de proposición en el sistema de justicia, es exigible en
el orden legislativo, político o social.
La educación en época de COVID-19
El 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara emergencia de salud pública
por la epidemia por Coronavirus; posteriormente, debido a la propagación de la enfermedad en
todo el mundo se modica su denominación y se declara la pandemia por COVID -19.
En el Ecuador, el 16 de marzo del 2020, se emite el decreto ejecutivo número 1017, en el que el
presidente de la República declaró: “(…) el estado de excepción por calamidad pública en todo
el territorio nacional, por los casos de coronavirus conrmados y la declaratoria de pandemia de
COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (…)” (p.14). El Comité Nacional de
Operaciones de Emergencia (COE), el 15 de marzo del 2020 indica:
Todas las clases de todos los niveles quedan suspendidas hasta el 5 de abril de 2020 y se recuperarán al
nalizar el curso escolar. Los profesores impartirán clases online y otras actividades hasta el 5 de abril y
el personal educativo trabajará a través del teletrabajo. (p.2)
En el Registro Ocial Suplemento 195 de 4 de mayo del 2020, el Presidente de la República dispone
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que a continuación de la Disposición General Novena del Reglamento General a la Ley Orgánica
de Educación Intercultural (LOEI), se agregue la siguiente disposición: “(…) DÉCIMA: La
Autoridad Educativa Nacional a través de políticas educativas y la emisión de los actos normativos
correspondientes denirá y regulará mecanismos de educación en línea, virtual y otras formas de
educación abierta (…)”(Decreto Ejecutivo No. 1027, 2020, p.4).
Una vez emitida la normativa, la educación en todos los niveles enfrenta un reto en la aplicación
de nuevas herramientas para el proceso de aprendizaje con la denominada “educación abierta”,
descrita por el artículo 1 de la Normativa para Regular la Implementación de la Educación Abierta
en el Sistema Nacional de Educación, emitida el 24 de julio del 2020; que la describe como:
La Educación Abierta es una forma de educación escolarizada ordinaria que desarrolla el proceso de
enseñanza-aprendizaje, la que no exige asistencia regular del estudiante a la institución educativa y
demanda un proceso autónomo con el acompañamiento, seguimiento y retroalimentación de uno o
varios docentes o tutores de grado o curso. La Educación Abierta implica el uso de medios alternativos
y exibles, contribuyendo a la eliminación de barreras de acceso al conocimiento con criterios de
accesibilidad, comunicación permanente, aprendizaje a ritmo propio, diversidad de metodologías y
recursos. (Ministerio de Educación, 2020, p.7)
De acuerdo a las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Educación en Ecuador, en el Reporte
anual de información (2021), se identica la ubicación geográca de los centros de educación de
acuerdo a los siguientes datos:
(…) para el último período escolar 2020, 8.760 (54,04 %) instituciones educativas había en el área
urbana, por 7.449 (45,96 %) en el ámbito rural (…) para el periodo 2020-2021 se alcanza el 48,50 %,
es decir, 7.862 instituciones activas de las 16.209 cuentan con el servicio de conectividad a internet.
(p- 24-26)
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC):
En el 2020, el porcentaje de hogares con computadora de escritorio, a nivel nacional, se ubicó en 25,3%;
los hogares con computadora portátil en 31,3%; mientras que el porcentaje de hogares con computadora
de escritorio y portátil alcanzó el 12,7%. En el 2020, los hogares que tuvieron acceso a internet fue el
53,2% a nivel nacional; el 61,7% en el área urbana y el 34,7% en el área rural. (2021, p. 10-11)
En los hogares conformados por más de un miembro familiar con la obligación de trabajo y/o
educación; se muestra que fue insuciente la tecnología y herramientas para poder acceder a los
recursos digitales; notoriamente se optimizaría en la generalidad, el uso de los teléfonos celulares
en el mejor de los casos, para poder cumplir con las actividades laborales y/o educativas.
La ejecución de las actividades académicas mediante el uso limitado de una computadora por familia
(en el mejor de los casos), afectó directamente al proceso de aprendizaje de los estudiantes y al
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cumplimiento de los objetivos planteados como resultados en el modelo de educación previamente
establecido.
Referente a la educación superior, tanto en los Institutos Técnicos y Tecnológicos (ITT), como en
las Universidades y Escuelas Politécnicas (UEPE), la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENESCYT) en su evaluación de los efectos e impactos del COVID 19
en la educación superior, indica:
(…) se estima que 20% de los estudiantes de ITT y 9,37% de los estudiantes de UEP vieron restringido
su acceso al no contar con recursos tecnológicos mínimos (computadoras y conectividad a internet)
para poder acceder a clases virtuales. Esto implica que alrededor de 81.200 alumnos, que representan al
11,07% del número total de estudiantes matriculados en el sistema de educación superior, hayan tenido
que interrumpir sus estudios. (2022, p. 5)
Referente a la adecuación a las clases en la modalidad abierta, la educación superior en el Ecuador
indica que:
(…) el principal impacto que tuvo la pandemia respecto de la demanda nacional de educación superior fue
la relación entre el restringido acceso a tecnología por parte de los estudiantes y la total automatización
del proceso de postulación, lo que obligó a postergar esto último por varios meses. Asimismo, reconoce
que el principal reto que enfrentaron las IES ante la declaratoria de emergencia fue la implementación
de plataformas de enseñanza virtual y la preparación de docentes para el uso de esas plataformas.
(SENESCYT, 2022, p.6)
El cambio de la modalidad de estudio de la presencialidad a la virtualidad implicó restricciones de
acceso al derecho a la educación a un gran número de estudiantes, y su impacto está determinado
por factores económicos, sociales y geográcos que han inferido de manera negativa con una
afectación especial en la población con mayores vulnerabilidades.
En los informes y cifras ociales de instituciones como el INEC, la SENESCYT, el Ministerio de Educación
en Ecuador, Organización de Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las
Ciencias y la Educación UNESCO, entre otras, se han identicado mediante informes estadísticos, como
durante la pandemia por COVID 19, en el cambio de modalidad de estudio a la virtualidad, la tasa de
deserción es aún mayor en zonas rurales, y afecta más al género femenino (SENESCYT, 2022); rearmando
las desigualdades sociales y su afectación en el ejercicio del derecho fundamental a la educación.
El cambio de la modalidad de estudio durante la pandemia por COVID 19, a la educación abierta,
quiso dar una posibilidad al acceso al ejercicio del derecho a la educación; sin embargo, al momento
de plantear la normativa, resoluciones y planes de adecuación, se inobservó las limitaciones del
Estado para la implementación de las herramientas tecnológicas necesarias para poder crear un
acceso igualitario y no discriminatorio a este derecho.
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En la adecuación de la educación virtual durante la pandemia, se inobservó las particularidades
de los estudiantes que de acuerdo a las cifras antes descritas no tuvieron acceso a la conectividad,
además de los factores económicos que incidieron en el equipamiento de recursos para poder
adquirir computadoras, tabletas o herramientas tecnológicas que permitan la posibilidad del acceso
a la educación abierta.
La imposibilidad del Estado referente al cumplimiento de la normativa emitida para la implementación
de la educación virtual, reriéndonos a la igualdad material del ejercicio del derecho a la educación,
se analiza también en la realidad de la existencia de estudiantes con discapacidad, que presenta
una tendencia creciente en ciertas categorías como la intelectual, autismo, etc. (Ministerio de
Educación, 2021); situación que resulta insubsanable cuando se analiza este derecho a la a luz de
las obligaciones del Estado y el signicado del principio de igualdad y no discriminación.
El Ecuador realizó un esfuerzo para lograr establecer la adecuación de la educación al régimen
virtual debido a la pandemia por COVID 19; sin embargo, la realidad socio económica del país no
permitió la materialización del ejercicio del derecho a la educación en las condiciones en las que
debió alcanzar este objetivo.
La educación planteada para la llamada modalidad abierta, no logró superar los retos sociales,
económicos y tecnológicos que se presentaron y por lo tanto durante la pandemia por COVID 19,
el estado ecuatoriano es responsable por la restricción, desigualdad y discriminación que sufrieron
los estudiantes en el acceso y ejercicio material del derecho a la educación en la modalidad virtual.
La pandemia por COVID 19 nos ha canalizado en una nueva dirección, con miras a la implementación
cada vez mayoritaria de la preferencia del uso de las herramientas tecnológicas y digitales en la
educación; este proceso de integración a un mundo globalizado por las inteligencias articiales,
plantea un novísimo reto en el ámbito educacional; no solamente referente a la superación de la
indiscutible brecha económica que impide el acceso igualitario y que incide en el ejercicio de este
derecho; sino que, nos confronta al viejo paradigma del integracionismo abolicionista en un mundo
globalizado.
De acuerdo a las últimas cifras de la Organización de Naciones Unidas (2022), en Ecuador desde
el 3 de enero de 2020 hasta el 8 de abril de 2022, se registraron “(…) 863.398 casos conrmados
de COVID-19 con 35.461 muertes, noticados a la OMS. Al 1 de abril de 2022 se han adminis-
trado un total de 33.266.348 dosis de vacunas” (p. 1). Sin duda la pandemia por COVID 19, ha
impactado al mundo en todos los ámbitos, dejando muertes, devastación, pobreza y una evidente
deciencia en el sistema educativo debido a los contrastes ya analizados.
El Comité de Operaciones de Emergencia del Ecuador, autorizó el retorno a clases presenciales desde
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el 7 de febrero del 2022 y actualmente la educación en todos los niveles retorna progresivamente
a clases modalidad presencial, aún hoy existe gran número de estudiantes sin conectividad y sin
acceso a la educación digital.
El acceso a la educación por medio del internet como un derecho
fundamental y humano
El acceso a la educación en el contexto del COVID-19 a través de los diferentes medios tecnológicos,
trae consigo, una nueva forma de ver y analizar a las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación). No solo, como una herramienta de estudio o trabajo en la nueva era digital sino más
bien como un nuevo derecho fundamental y humano que todas las personas necesitan para ejercicio
pleno de otros derechos. En este sentido, este apartado se focaliza en el desarrollo normativo y
jurisprudencial referente al acceso al internet como un derecho-medio en donde se interconectan
con otros derechos como es el caso del derecho a la educación. Así como, todas aquellas medidas
que deben adoptar los Estados para la satisfacción de este derecho en situaciones de emergencia.
En este orden de ideas, a continuación, se realiza un estudio normativo y jurisprudencial en torno
al reconocimiento progresivo del acceso de las nuevas tecnologías, como es el caso del internet,
considerado como un nuevo derecho humano y fundamental consagrado en diferentes instrumentos
internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia y normas de derecho interno.
En un primer acercamiento sobre la base de este reconocimiento del acceso al internet como un
derecho fundamental y humano. Es preciso mencionar, que el acelerado avance tecnológico y su
pronta expansión a escala mundial, generó, una preocupación por parte de la comunidad internacional
por la ausencia de regulación y protección de los derechos humanos en un espacio digital. Sobre
este particular, fue analizado y debatido por Naciones Unidas en la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información (2016), donde se reconoce que “la propagación de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, son también una función para la progresividad en lo que
respecta a la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales” (párr. 9).
De igual manera, en otros instrumentos internacionales de derechos humanos el derecho al acceso a
internet como un derecho humano se lo vincula como un medio para la realización de las libertades
de comunicación, opinión y expresión. En este sentido, la Declaración Conjunta sobre libertad
de expresión e internet (2011) en un trabajo en conjunto por varios relatores especiales para la
libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados
Americanos (OEA), Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), establece que el acceso al
internet en su numeral 6 lo siguiente:
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a. Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute
efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el
respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho
de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres. (párr. 6)
El presente estándar reconocido por la comunidad internacional deja claro la relevancia que amerita
el derecho al acceso a internet para el desarrollo de otros derechos. En donde, se impone a los Estados
la obligación de garantizar el acceso universal de este derecho para la consolidación y ejercicio de
otros derechos como: el derecho a la educación, a la salud, el trabajo, el de reunión y asociación e
incluso a derechos políticos, sobre ello, Frosini (2017) señala que “el derecho de acceso a internet
implica una nueva forma de libertad de comunicar destinada para transmitir y recibir informaciones
sin límites del nuevo poder del conocimiento otorgado por las vías telemáticas” (p. 193).
Este reconocimiento universal del derecho al acceso a internet se ha venido realizando de manera
progresiva en otros estamentos jurídicos como por ejemplo en Naciones Unidas en la Declaración
de Ginebra (2003) y la Declaración de Túnez (2005) que establecen el acceso a la información y
al conocimiento a través de herramientas tecnológicas como el internet, con el n de “promover el
acceso universal, con las mismas oportunidades para todos, al conocimiento cientíco y la creación
y divulgación de información cientíca y técnica, con inclusión de las iniciativas de acceso abierto
para las publicaciones cientícas” (párr. 28).
Lo importante de estas dos declaraciones de Naciones Unidas es el reconocimiento de este nuevo
derecho humano no solo universal sino también un acceso abierto con las mismas oportunidades para
todos. Sobre este particular, impone nuevos retos para los Estados de la comunidad internacional,
en adecuar, sus ordenamientos jurídicos internos e impulsar las regulaciones necesarias con el n
de garantizar este derecho universal y abierto.
Estas obligaciones impuestas a los Estados desde la esfera internacional no han sido inmediatas como
lo señala Cotino (2020) porque, “no es un reconocimiento homogéneo puesto que esta dimensión
prestacional se va destilando a partir de diversos derechos fundamentales, o se va reconociendo
jurídicamente por medio en textos normativos de diferente naturaleza” (p. 17).
Así, en el ámbito normativo comunitario de la Unión Europea en la Directiva 2002/22/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2002) se reconoció la liberación del sector de las
comunicaciones dentro de un marco regulador que garantice la prestación del servicio universal
de las comunicaciones como es el caso del internet. Además, este documento supranacional de
integración se complementa con la Directiva 2018/1972, que establece un Código Europeo de las
Comunicaciones Electrónicas (2018) con la nalidad de que los Estados miembros velarán para
que todos los consumidores en sus territorios tengan un servicio universal asequible, adecuado y
disponible a una internet de banda ancha.
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Este reconocimiento progresivo del derecho al acceso al internet como un derecho humano, también,
se lo recepta en la esfera estatal como un derecho fundamental para sus ciudadanos. Varios, son los
países que reconocen este nuevo derecho en sus ordenamientos jurídicos internos e impone varias
regulaciones para el ejercicio pleno de este derecho, entre ellos, tenemos cinco países que según
Galloway (2019) arma que el “acceso a internet es considerado un derecho básico” (párr. 1).
El caso de Estonia (2000) en su artículo 5 de la Ley de Telecomunicaciones reconoce como “un
servicio universal el acceso a internet” (p. 2), en cambio Finlandia (2010) en su Ley del Mercado
de las Comunicaciones declaró “el derecho a una conexión de banda ancha de un 1MB/s como
mínimo hasta alcanzar a 100 MB/s de cara a 2015” (p. 1). De la misma manera Israel, Canadá y
Corea del Sur han reconocido el derecho al acceso al internet en normas jurídicas legales o a través
de políticas públicas que impulsen su acceso libre y sin restricciones (BBC News, 2019). Pero,
también existen países como Grecia (1975) que han incorporado el derecho al acceso al internet
dentro del catálogo de los derechos fundamentales, especícamente, en la reforma de 06 de abril
de 2001 a su artículo 5 A numeral 1 y 2 de la Constitución Helénica (p.5).
También en la región latinoamericana este derecho fundamental se ha incorporado en algunos textos
jurídicos internos. En Colombia, en la Ley 1341 (2009) en su artículo 2 numeral 7, dispone que el
“Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y
las comunicaciones básicas” (p. 3), además, en la Ley 1955 (2019) señala en su artículo 310 que
el Gobierno “diseñará e implementará planes, programas y proyectos que promuevan en forma
prioritaria el acceso y el servicio universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC)” (p. 92). Por otro lado, en Perú el “Congreso de la República aprobó por unanimidad (104
votos) y en primera votación, la reforma constitucional que reconoce como derecho fundamental
el derecho de acceso a internet, y para ello modicará el artículo 14 de la Constitución Política del
Estado” (Congreso de Perú, 2021).
En la Constitución de la República del Ecuador (2008), este derecho tiene rango constitucional
ubicándose dentro de los derechos del Buen Vivir en su artículo 16 numeral 2 como “el acceso
universal a las tecnologías de información y comunicación” (p.14). Además, el ejercicio pleno
de este nuevo derecho fundamental se encuentra regulado en la Ley Orgánica de Comunicación
(2013) en su artículo 35 estableciendo que “todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse
y usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y
oportunidades de desarrollo” (p.13).
Ahora, es importante señalar que este reconocimiento del derecho al acceso a internet no solo ha
quedado plasmado en textos normativos de índole nacional e internacional. Sino que, también, es
parte de la basta jurisprudencia que del mismo derecho se han pronunciado las cortes supraestatales,
supranacionales y nacionales. Entre, lo más destacado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
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(TEDH) en el caso Times Newspapers Ltd. contra Reino Unido (2009)1 destaca la relevancia de
este derecho para la difusión y almacenamiento de la información en la actualidad en “vista que
su accesibilidad y su capacidad para almacenar y comunicar grandes cantidades de información,
Internet juega un papel importante en mejorar el acceso del público a las noticias y facilitar la
difusión de información en general” (p. 27).
Además, el TEDH ha creado una línea jurisprudencial sólida sobre el derecho al acceso a internet a
través del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Al respecto, los casos
Ahmet Yildirim contra Turquía2 (2012), Del AS contra Estonia3 (2015), Ashby Donal y otros
contra Francia (2013) y Comité Editorial de Pravoye Delo y Shtekel contra Ucrania4 (2011), han
1 El caso se reere sobre la responsabilidad internacional en contra del Reino Unido debido a la violación del artículo
10 sobre el derecho a la libertad de expresión del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamenta-
les. Por haber, prohibido la publicación de un artículo periodístico que exponía hechos investigados sobre un problema
de interés público que se ventilava en un tribunal de justicia. Esta sentencia, deja marcado un estándar jurisprudencial
sobre la importancia del internet en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la protección de su acceso
público para facilitar la difución de la información.
2 El caso se reere sobre denuncia internacional en contra de Turquía por la imposibilidad de acceder a un sitio web
resultante de una medida acordada en el marco de un proceso penal sin conexión alguna con su sitio web del acusa-
do. Esta medida es un atentado al derecho a la libertad de recibir y de comunicar informaciones e ideas, garantizado
por el artículo 10 del Convenio. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la medida
enjuiciada constituye una restricción resultante de una medida cautelar de bloqueo de un sitio Internet: para ejecutar
tal medida, el tribunal ordenó igualmente, solicitándolo a la PTI, el bloqueo del acceso a Google Sites, que alojaba
asimismo el sitio web del demandante. De este modo, este último se vio en la imposibilidad de acceder a su sitio web.
Este hecho es suciente para que el Tribunal concluya que la medida en cuestión constituye una “injerencia de las au-
toridades públicas” en el derecho del interesado a la libertad de expresión, de la que forma parte la libertad de recibir
y de comunicar informaciones o ideas.
3 El caso trata de un portal de noticias web famoso en Estonia. En dicha página web se publicaban cientos de noticias
diarias, y además se permitía a los lectores dejar constancia de sus opiniones sin necesidad de identicación. Por su
gran volumen de visitas, miles de opiniones diarias quedaban reejadas en la web. Estas opiniones escritas sólo pa-
saban un ltro o moderación consistente en un sistema automatizado que impedía la publicación de comentarios con
ciertas palabras consideradas como inapropiadas. La conclusión unánime del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
es que, en el caso presente, la decisión de los tribunales domésticos de declarar responsable al portal de noticias Del
por los comentarios difamatorios redactados por sus lectores es una restricción justicada y proporcionada del derecho
a la libertad de expresión de dicho portal y que no ha habido por tanto una violación del artículo 10 del Convenio.
Ello resuelve la pregunta de si estos foros alojados en webs han de ser considerados intermediarios de servicios de la
sociedad de la información, (exentos de responsabilidad frente a comentarios de usuarios), o si tienen naturaleza de
proveedores de contenidos. Y como vemos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la resuelve, aseverando que
tienen la obligación de controlar sus contenidos mediante moderadores, y no dejar abandonados y sin vigilancia alguna
sus canales de comunicación.
4 En septiembre de 2003, Pravoe Delo publicó una carta anónima supuestamente escrita por un empleado del Servicio
de Seguridad de Ucrania, la carta había sido descargada de un sitio web de noticias y contenía denuncias de actividades
ilícitas y corruptas contra altos funcionarios. La Corte de Ucrania falló en contra del periódico obligándole a retractar-
se. El TEDH determinó en el caso que Ucrania había violado el Art. 10 de la Convención Europea de Derechos Huma-
nos y en su razonamiento analiza el uso y límites de Internet, estableciendo que “es una herramienta de información
y comunicación particularmente distinta de los medios impresos, en particular en lo que se reere a la capacidad de
almacenar y transmitir información. La red electrónica que atiende a miles de millones de usuarios en todo el mundo no
está y potencialmente no puede estar sujeta a las mismas regulaciones y controles. El riesgo de perjuicio que suponen
los contenidos y las comunicaciones en Internet para el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y las libertades, en
particular el derecho al respeto de la vida privada, es ciertamente mayor que el que plantea la prensa. Por lo tanto, las
políticas que rigen la reproducción de material de los medios impresos e Internet pueden diferir. Es innegable que estos
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dotado de contenido y alcance al derecho a la libertad de expresión en el “internet como un medio
de comunicación” y el ejercicio de otros derechos conexos (pp.127-131). También, añade que el
ámbito de protección de la libertad de expresión abarca otros contenidos de difusión realizados en
el internet “sea cual sea el tipo de mensaje e incluso cuando se utiliza con nes comerciales” (p.
34). Incluso se impone a los Estados parte la “obligación positiva de crear un marco regulatorio
apropiado para garantizar la protección efectiva de la libertad de expresión de los periodistas en
Internet” (p. 64).
Por último, en el ámbito supranacional europeo la Recomendación No. 1.1 del Consejo de Europa
de (2016) siguiendo la misma línea del TEDH, dota de contenido el alcance del artículo 10 de la
CEDH. Recomendando a los Estados su deber de respetar y garantizar el ejercicio del derecho a
la libertad de expresión y otros derechos conexos tanto en la modalidad ofine como online (p. 1).
De la misma forma, a nivel estatal las Cortes Supremas de Justicia, Tribunales o Cortes
Constitucionales han reconocido a través de su jurisprudencia la importancia del derecho al acceso
a internet como un instrumento que fomente el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
Sobre ello, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (2010) en su fallo dentro del Expediente
10-003560-0007-CO de 18 de junio del mismo año5, reconoce que: “el derecho al acceso a internet
es un derecho fundamental para todas las personas” (p.1). Mientras, la Corte Constitucional de la
República de Colombia (2020) en su sentencia T-030/206 declara: “el derecho al acceso a internet
como un servicio público vital para el desarrollo de otros derechos como el de la educación de los
niñas, niños y adolescentes en los sectores rurales” (p.1)
últimos deben ajustarse de acuerdo con las características especícas de la tecnología para garantizar la protección y
promoción de los derechos y libertades en cuestión.”
5 El recurrente interpone recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD y maniesta que des-
de el mes de Julio del 2009 se presentó a dicha agencia a solicitar el servicio de internet de banda ancha para su casa de habitación,
ubicada en León XIII. Sin embargo, después de múltiples reclamos y reiteraciones de su solicitud, y de que le dijeran que dentro
de poco llegarían a instalarle el servicio, en enero del 2010, mediante una llamada telefónica, le indicaron que el servicio no le será
instalado porque reside en una zona marginal y no pueden entrar al sector. La Corte Suprema de Justicia reconoce el internet debe ser
de manera universal para todos sus habitantes como un derecho a exigir, recibir y usar el servicio público en igualdad de condiciones
y de conformidad con las normas que los rigen. Todos los servicios públicos prestados por las administraciones públicas incluidos
los asistenciales o sociales están regidos por una serie de principios que deben ser observados y respetados, en todo momento y sin
excepción alguna, por los funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación. Tales principios constituyen una obligación
jurídica de carácter indeclinable impuesta a cualquier ente u órgano administrativo por su ecacia normativa directa e inmediata.
6 El 20 de junio de 2017, Diana Marcela Ocampo Villegas, Gladis Elena Morales, Luz Nélida Morales Ríos, Ana Li-
ner Mosquera y Leidy Yuliana Henao interpusieron acción de tutela contra la Secretaría de Educación Departamental
de Antioquia y la Secretaría Municipal de Jericó, actuando en representación de sus respectivos hijos, quienes son
estudiantes de la Escuela Institución Educativa Normal Superior sede CER. En su criterio, la suspensión injusti-
cada del servicio de internet, del que venían disfrutando los menores estudiantes en la institución educativa, vulnera
los derechos fundamentales a “gozar del servicio de internet en su proceso educativo.” Para la Corte Constitucional
Colombiana analiza que el servicio de internet es una de tantas herramientas con que cuentan las personas dedicadas
a la docencia para asegurar el goce efectivo del derecho fundamental a la educación. Las instituciones educativas no
pueden dejar de preparar a los niños y a las niñas a ser parte de una sociedad estructurada en tecnologías de la informa-
ción, hace parte de su desarrollo armónico e integral. Cómo se haga y por qué medio, es una cuestión que compete a
las autoridades encargadas en democracia para tomar tales decisiones. Hay muchos casos en los que, por ejemplo, los
estudiantes accedan a dicha tecnología de la información desde sus casas o en lugares públicos.
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En cambio, la Corte Constitucional del Ecuador (2022) en un reciente fallo sobre el derecho a
la libertad de expresión en el internet y redes sociales en contextos educativos, establece en su
sentencia No. 785-20-JP/22 de 19 de enero del mismo año, el siguiente precedente vinculante:
(…) por lo dicho, se concluye que el derecho a la libertad de expresión se ejerce, en sus dimensiones
individual y social, por medio de diferentes mecanismos, entre ellos el internet y más concretamente las
redes sociales. En términos generales, se debe garantizar su acceso sin discriminación y evitar que se
afecte el pluralismo como la privacidad de las personas. (p. 100)
En este punto, luego de haber analizado el reconocimiento progresivo del derecho al acceso a
internet en varias esferas normativas y jurisprudenciales. Es evidente, que este derecho ha ganado
su espacio dentro del catálogo de derechos fundamentales y humanos que tiene toda persona. Es un
derecho, de tan importancia como los demás derechos que el ser humano posee para poder subsistir
en un entorno cada vez más digitalizado y conectado con las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. Entorno digital que necesita de garantías públicas ecaces para la realización
de otros derechos conexos.
Es de vital importancia la satisfacción de este derecho, que los mismos organismos internacionales
de derechos humanos como también los Estados en sede nacional, lo han reconocido e incluso
universalizado a través de las diversas fuentes del derecho. Un nuevo derecho, que impone varios
retos tecnológicos y operativos para la satisfacción de este derecho digital, en donde, el rol de los
Estados juega un papel de suma importancia para su libre ejercicio. Derecho humano y fundamental
que debe ser respetado y garantizado por los Estados, los cuales, tienen el deber de eliminar toda
barrera que impida o limite el libre acceso a internet de todos sus ciudadanos digitales.
Es preocupante, las cifras de la tasa de desigualdad que se evidenció en el ejercicio del derecho al
acceso a internet durante el COVID-19. Un fenómeno de salud pública mundial que desenmascaro
otros problemas sociales entorno al ejercicio pleno de los derechos sociales en medios digitales
como es el internet. Abriendo una nueva brecha de desigualdad en aquellos grupos vulnerables que
no pudieron ejercer plenamente su derecho a la educación, trabajo, salud, libertad de expresión,
reunión y asociación en la virtualidad, dejando así, un telón abierto sobre la falta de operatividad
de los Estados en impulsar políticas públicas para la satisfacción de este derecho humano y
fundamental.
Conclusiones
Durante la pandemia por COVID-19 declarada por la OMS a nivel mundial, se evidenciaron las
falencias del Estado, referente al cumplimiento de sus deberes positivos y negativos para proteger
el ejercicio material del derecho a la educación durante la emergencia sanitaria.
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Debido a la instauración de la educación abierta en el sistema de aprendizaje en todos los niveles,
el ejercicio del derecho a la educación se limitó a quienes podían hacer uso de las tecnologías,
señalando en la sociedad aún más las diferencias basadas en modelos de segregación económica,
social y geográca.
La pandemia del COVID-19 produjo una transformación generalizada en todos los ámbitos y
esferas sociales en el mundo entero, la educación también se vio absorbida por esos cambios, en ese
sentido, pasar de la educación presencial a la tele educación de manera abrupta se desconocieron
las facilidades de acceso a esta modalidad de educación. Es así, que la falta de acceso a internet
y a dispositivos digitales produjo procesos de deserción estudiantil, afectando a la población
económicamente sensible.
Los estados mostraron una defectuosa estructura económica, política y social para afrontar de
manera eciente la pandemia por COVID 19, debido a ello, el ejercicio del derecho a la educación
fue limitado, debido a la imposibilidad de acceso a las herramientas tecnológicas necesarias de uso
obligatorio para su ejercicio.
El reconocimiento del derecho al acceso a internet se encuentra reconocido en varios instrumentos
de derechos humanos, normativa nacional e internacional y jurisprudencia, sin embargo, se lo
vincula a la libertad de comunicación, opinión y expresión, más no asociado como medio de acceso
fundamental para la educación.
Sin embargo, la crisis en la educación se agudiza aún más, entre otras, por el desconocimiento del
uso de plataformas y/o aulas virtuales, la capacitación respecto de la educación virtual, así como,
la calidad y deciencia del servicio brindado por las operadoras a nivel nacional, sumando a ello,
el analfabetismo digital que envuelve a gran parte de la sociedad ecuatoriana, así entonces, es
signicativo reconocer la importancia del acceso a un servicio de internet de calidad para cumplir
con el objetivo enseñanza – aprendizaje que se pregona en la educación, y entendiendo además;
que es la principal herramienta para el ejercicio de los derechos.
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ENFOQUE Y ALCANCE
EVALUACIÓN PARES
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, es una revista
académica de difusión nacional e internacional, que publica artículos producto de
investigaciones relacionadas con aspectos económicos, administrativos, contables, jurídicos
y comunicacionales.
Cada artículo recibido es sometido al juicio de evaluadores anónimos bajo la metodología de
doble ciego. La evaluación está a cargo de académicos con amplia trayectoria y reconocimiento
en cada uno de los temas evaluados. Estos serán preferentemente internacionales y externos a la
institución editora. En este proceso se utiliza un formato pertinente a las áreas de conocimiento
de la revista, y que garantiza que la evaluación se guíe por los siguientes criterios:
• En cuanto a contenidos, por su relevancia, pertinencia, por sus aportes, por su profundidad,
y rigor conceptual y metodológico.
• En lo referente al aspecto formal, por su estructuración, estilo y facilidad de lectura.
• El proceso de evaluación y los criterios de éste, garantiza que los artículos publicados en
la revista sean de excelente calidad.
KAIRÓS, Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, considera para su
publicación artículos académicos inéditos y originales relacionados con aspectos políticos,
económicos, jurídicos, administrativos, contables, comunicacionales, y turísticos,
presentados como contribuciones teóricas o aplicadas. La revista conferirá prelación a la
publicación de trabajos cuyo objeto de estudio sean problemas ecuatorianos y latinoamericanos.
Los artículos recibidos por la revista son evaluados preliminarmente por el editor,
considerando estándares de calidad académica y originalidad. Aquellos artículos que cumplan
con este requerimiento son sometidos a la evaluación anónima de dos jurados nacionales o
internacionales (método doble ciego). Los comentarios de los jurados serán conocidos por
los autores. A juicio del editor, en la revista también podrán publicarse notas metodológicas,
revisión de libros y breves comentarios sobre artículos publicados, junto con la respuesta
del(los) autor(es) del artículo original.
La revista ofrece sus artículos en formato libre (Open Access, OAJ); es decir que se puede
acceder de forma gratuita a cualquier artículo publicado en la misma a través de la página web
de la revista: http://kairos.unach.edu.ec
POLÍTICA EDITORIAL
FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN
POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO
TÉRMINOS DE LA LICENCIA
EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y PROCESO EDITORIAL
La revista publica semestralmente un número (2 ediciones bajo un volumen anual), que
abarcan los períodos de enero-junio y julio-diciembre. Los números son publicados al inicio
de los periodos declarados (enero y julio).
Esta es una revista de acceso abierto, lo que signica que todo el contenido está disponible
gratuitamente sin cargo para el usuario o su institución. Los usuarios pueden leer, descargar,
copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular a los textos completos de los artículos, o usarlos
para cualquier otro propósito legal, sin pedir permiso previo del editor o del autor.
Esta revista cientíca no exige pagos por procesamiento de artículos o por la publicación, ni
establece periodos de embargo a sus autores.
KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas, sostiene su compromiso
con las políticas de Acceso Abierto a la información cientíca, al considerar que tanto las
publicaciones cientícas como las investigaciones nanciadas con fondos públicos deben
circular en Internet en forma libre, gratuita y sin restricciones.
Los artículos publicados por Kairós se distribuyen bajo una licencia CC BY-NC-ND por lo
cual es libre de compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
En el momento de recibir un artículo, el equipo editorial evalúa si cumple con los requisitos
básicos exigidos por la revista (Extensión del resumen y el documento normas de citación
y presentación formal), así como su pertinencia (temas) y calidad (objetivo, marco teórico,
metodología, conclusiones y bibliografía).
Los artículos que cumplan con los requisitos temáticos y formales indicados en estas
instrucciones serán recibidos para evaluación y puestos a consideración de los pares evaluadores.
Los artículos que no se ajusten a estas normas serán declarados como no aprobado. KAIRÓS,
Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas se reserva el derecho de hacer
los cambios editoriales que considere convenientes.
Posteriormente, toda contribución es sometida a la evaluación de árbitros anónimos. Estos
pueden recomendar la publicación sin observaciones, la publicación con modicaciones
mayores (de fondo), o que el manuscrito no es publicable. En caso de controversia en el
dictamen de los pares evaluadores, se dirimirá mediante la solicitud de una nueva evaluación
por otro par evaluador. Si el artículo es rechazado por ambos revisores, será devuelto a su autor
explicándole los motivos.
El resultado de las evaluaciones será comunicado al autor en un período inferior a tres meses
aproximadamente a partir de la recepción del artículo.
POLÍTICA EDITORIAL
DERECHOS DE AUTOR
DECLARACIÓN DE ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS Y EDITORIALES
Al enviar su trabajo a Kairós, Revista de ciencias económicas, jurídica y administrativas,
el autor cede al editor de manera no exclusiva los derechos de reproducción, publicación,
comunicación pública, distribución y transformación con el n de que pueda ser publicado en
la revista en versión electrónica y se pueda consultar desde la web de la revista.
Asimismo, los autores autorizan que su artículo sea publicado con una licencia Creative
Commons Reconocimiento CC BY-NC-ND.
Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:
• Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser
la primera publicación del trabajo al igual que licenciado bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento CC BY-NC-ND.
• Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución no
exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista (por ejemplo, situarlo en un
repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su publicación
inicial en esta revista.
• Se permite y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónicamente (por ejemplo,
en repositorios institucionales o en su propio sitio web) después de su publicación, ya
que puede dar lugar a intercambios productivos, así como a una citación más temprana y
mayor de los trabajos publicados.
Esta revista cientíca se rige por los estándares internacionales publicados por el Comité
de Ética en la Publicación (COPE). A su vez, se basa en la Guía de mejores prácticas para
editores de revistas cientícas y el Paquete de recursos para la ética en la publicación (PERK),
desarrollado por el grupo editorial Elsevier, a n de garantizar transparencia tanto en la
publicación de las contribuciones como en los procedimientos de resolución de conictos
asociados. El equipo editorial de esta revista cientíca se asegurará de que todas las partes
(editores, pares evaluadores y autores) sigan a cabalidad las normas éticas en todo el proceso
editorial.
KAIRÓS usa el sistema automatizado de manejo de plagio -Urkund- para detectar posible
POLÍTICA EDITORIAL
aproximadamente a partir de la recepción del artículo.
Las observaciones de los evaluadores, así como las del equipo editorial, deberán ser tomadas
en cuenta por el autor, quien hará los ajustes solicitados, y explicará los cambios realizados en
carta adjunta. Estas modicaciones y correcciones al manuscrito deberán ser realizadas por el
autor en el plazo que le será indicado por el editor de la revista (aprox. 15 días).
Luego de recibir el artículo modicado, se le informará al autor acerca de su aprobación. El
equipo editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número
en el cual se publicarán. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar toda la
documentación que le es solicitada en el plazo indicado.
POLÍTICA EDITORIAL
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
KAIRÓS usa el sistema automatizado de manejo de plagio -Urkund- para detectar posible
plagio en los manuscritos recibidos, de forma que todos los artículos serán revisados con este
método, aceptando hasta un máximo de 10% de similitudes.
Autores
Evitar una conducta impropia en la investigación:
• Fraude en la investigación.
• Experimentación indebida con o en animales y humanos.
Evitar faltas graves de ética profesional:
• Envíos simultáneos, publicación duplicada.
• Conicto de intereses.
• Disputas de autoría.
• Fragmentación.
Pares evaluadores
• Declarar conictos de intereses o inhabilidades.
• Adherirse estrictamente a las políticas del proceso de evaluación de la revista.
• Responder las solicitudes y enviar evaluaciones a tiempo.
• Hacer una evaluación metódica y rigurosa, como se espera, dado el nivel de experticia del
par evaluador.
• Respetar la condencialidad de la información ligada al proceso editorial.
Editor
• Garantizar la transparencia de las contribuciones y los procesos de evaluación y publicación.
• Garantizar la interlocución objetiva y la condencialidad de las partes involucradas en el
proceso editorial.
• Responder con celeridad y respeto a las preguntas y noticaciones.
• Garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de ética, de la investigación y
la publicación en todos los procesos cientícos y editoriales relacionados con la revista.
KAIRÓS, Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, solo publica los
resultados de trabajos originales de investigación, teóricos y prácticos, relacionados con
aspectos económicos, administrativos, contables, jurídicos, turísticos y comunicacionales. Se
reciben publicaciones en español, inglés, francés y portugués. No se publican traducciones
(favor revisar apartado “sobre la revista).
• La recepción de artículos es abierta y constante.
• Se tendrán en cuenta los artículos subidos y enviados por los autores a través de la
plataforma OJS.
http://kairos.unach.edu.ec
INFORMACIÓN GENERAL
http://kairos.unach.edu.ec
• También se tendrán en cuenta artículos remitidos al correo electrónico de la revista:
kairos@unach.edu.ec
• Antes de enviar o subir su artículo a la plataforma OJS, asegúrese que el archivo no
contenga ni su nombre ni demás datos personales, esto con el n de garantizar la revisión
a ciegas.
• Si su artículo es publicado en español o en otro idioma, la revista no publica ni sube al
portal una versión diferente al idioma enviado.
• Tenga en cuenta que el proceso de revisión de su artículo oscilará entre tres meses y seis
meses.
• Durante el proceso de recepción y evaluación, la revista envía a través de la plataforma
OJS, mensajes a su cuenta de correo electrónico sobre el estado de su contribución, por lo
que le recomendamos revisar constantemente la carpeta de correo no deseado o de spam
porque muchos mensajes enviados desde OJS pueden estar alojados en este sitio.
• Por último, le sugerimos tener en cuenta todos los requisitos y normas de la revista antes
de enviar su artículo. Este es el primer ltro que se realiza, el documento que no llegue con
todos los requisitos no se aprobará.
• Le solicitamos tener en cuenta la siguiente información para que tanto ustedes como el
equipo de la revista hagan un uso eciente de los tiempos y procesos editoriales.
El autor del artículo deberá registrarse como autor en el perl Open Journal System (OJS) de
la revista:
http://kairos.unach.edu.ec
Una vez registrado deberá seguir las instrucciones que allí se encuentran, subir el artículo y el
formato solicitado (información de procedencia del artículo). Es indispensable y obligatorio
llenar todos los campos del formulario del registro tanto de cada autor como la información
del artículo. En el campo de teléfono se deben poner todos los indicativos de marcado para el
país correspondiente.
Aunque la revista fomenta el uso de la plataforma OJS, también se tendrán en cuenta artículos
remitidos al correo electrónico de la revista:
kairos@unach.edu.ec
REQUISITOS GENERALES:
1. Los trabajos deben ser totalmente inéditos, y no deben ser enviados simultáneamente a
otra publicación. No se aceptan traducciones de artículos ya publicados.
2. Antes de enviar o subir su artículo a la plataforma OJS, asegúrese que el archivo del
manuscrito NO contenga los nombres de los autores ni demás datos personales. Para el
efecto, en una hoja aparte el autor indicará su nombre, tal como desea que aparezca en
la publicación, incluido el de los coautores si los hubiese, su lugar de adscripción y los
datos de teléfono o correo electrónico, y en general toda aquella información que permita
su localización en caso de que se requiriera alguna consulta, para ello llenará el formato
“Datos académicos del autor” que se le hará llegar vía electrónica.
3. Antes de enviar o subir su artículo a la plataforma OJS, asegúrese que el artículo cumple
con todas las normas y requisitos de la revista.
4. Debe enviarse al correo electrónico de la revista o subirse a la plataforma en OJS en
formato Word con márgenes en estilo Normal (inferior y superior: 2.5 cm; izquierda y
derecha: 2.5 cm), en hoja tamaño A4, espacio interlineado 1.5, justicado, en letra Arial
12.
5. La extensión máxima de cada manuscrito no deberá pasar de las 8.000 palabras, y la
mínima de 4.000, incluidas guras, tablas y referencias bibliográcas. El Comité Editorial
en casos excepcionales podrá aprobar manuscritos que sobrepasen las 8.000 palabras.
6. No se reciben documentos de género periodístico o comentarios generales sobre algún
tema.
7. Los autores otorgan permiso a KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y
administrativas para que su artículo se difunda en otros medios.
8. La recepción de artículos es abierta y constante.
9. Se reciben artículos en español, inglés, francés y portugués.
10. Todos los autores deben registrar el nombre bajo el cual publican en el registro internacional
de autores —IRALIS—, en la dirección: http://www.iralis.org/
11. Todos los autores debe proporcionar su ORCID, de no tenerlo el autor deberá registrarse
en http://orcid.org/.
12. Los apartados que debe incluir el trabajo son los siguientes (a excepción de los artículos de
reexión, en los cuales no es necesario diferenciar los apartados de metodología, resultados
y discusión):
• Título. Debe ser descriptivo y que abarcar el contenido del trabajo. Debe ir en mayúscula
ja,negrita y centrado. En el siguiente reglón, en mayúscula ja, centrado, pero sin negrita,
en el idioma inglés.
• Resumen. (máximo 800 caracteres con espacio) que contenga una breve descripción de
cada una de las secciones principales: introducción, metodología, resultados, discusión y
conclusiones más relevantes. Se debe evitar iniciar “Este artículo trata de...” o similares.
No debe incluir tablas, números, referencias o expresiones matemáticas. La información
del resumen debe ser congruente con la que se presenta en el resto del artículo. Se debe
presentar en idioma del manuscrito y en inglés.
• Palabras clave. Son descriptores del contenido del manuscrito, con un mínimo de tres y un
máximo de cinco, separadas por coma (,). Deben redactarse en el idioma del manuscrito y
en inglés. Las palabras claves son conceptos generales relacionados con el contenido. Esto
permite identicar la temática del artículo.
Dado que las palabras clave son las marcas que los buscadores utilizan para encontrar artículos
en Internet, se recomienda que se escojan palabras que no formen parte del título y que resalten
los principales aspectos del artículo. Se recomienda revisar los términos y jerarquías en el
listado bibliográco THESAURUS - http://databases.unesco.org/thesaurus/.
• Introducción. Debe motivar el estudio, resumiendo su marco o fundamentos, sin necesidad
de revisar exhaustivamente el tema, y nalizar con una exposición clara del objetivo del
trabajo. Se incluirán sólo aquellas referencias estrictamente necesarias según criterios de
actualidad y relevancia en relación con los nes del estudio.
• Métodos. Los investigadores deben describir sus métodos de forma clara y sin ambigüedades,
incluyendo la información necesaria acerca de los procedimientos, los instrumentos de
medida, las variables y los métodos de análisis empleados. Esta sección debe incluir
información suciente para que otros/otras autores/as puedan replicar el trabajo. El comité
editorial puede solicitar el cuestionario utilizado en el estudio, si lo hubiere, o que éste sea
publicado con el artículo si nalmente es aceptado. Los estudios en seres humanos deben
contar con la aprobación expresa del comité de ética correspondiente.
• Resultados. Los resultados han de presentarse de forma concisa y clara, con el número
mínimo necesario de tablas y guras. Se presentarán de modo que no haya duplicación ni
repetición innecesaria de información en el texto y en las guras o tablas.
• Discusión y Conclusiones. Se destacarán los aspectos novedosos y relevantes del trabajo,
así como las conclusiones que de él se derivan. Debe evitarse repetir con detalle información
o datos ya presentados en las secciones anteriores. Se comentarán los resultados obtenidos
en relación con los de otros estudios previos relevantes, y se interpretarán las diferencias y
las similitudes. Se señalarán las fortalezas y las limitaciones del estudio, y se comentarán
sus posibles implicaciones en la interpretación de los resultados. Las conclusiones han de
relacionarse con los objetivos del estudio, y hay que evitar armaciones no respaldadas
sucientemente por los datos disponibles. Cuando sea pertinente, se recomienda a los
autores que hagan referencia a las implicaciones de su estudio para la política pública o la
gestión pública o privada.
• Referencias. Deberán aparecer completas al nal del artículo en forma de lista, en letra
Arial 12, organizadas alfabéticamente por autor y, para cada autor, en orden cronológico,
de más antiguo a más reciente. Siguiendo las normas internacionales APA (American
Psychological Association). Se recomienda vericar la citación de las referencias en un
generador automático de bibliografía. Puede consultar http:// citethisforme.com/es
La lista bibliográca según el estilo APA guarda una relación exacta con las citas que aparecen
en el texto del trabajo. Solamente incluye aquellos recursos que se utilizaron para llevar a cabo
la investigación y preparación del trabajo.
La lista bibliográca se titulará: Referencias.
La lista tiene un orden alfabético por apellido del autor(a) y se incluye con las iniciales de sus
nombres de pila.
La lista se escribe a espacio y medio.
Los títulos de revistas o de libros se escriben en cursiva. En el caso de revistas, el texto en
cursiva comprende desde el título de la revista hasta el número del volumen.
Tablas, guras, grácos e ilustraciones serán los estrictamente necesarios y deben explicarse
por sí solos (sin tener que recurrir al texto para su comprensión). Deben indicar las unidades
de medición, y contener todas las notas al pie y se debe especicar claramente la fuente. Deben
enviarse insertadas en el texto en el lugar que cada autor considere oportuno.
Cada tabla y gura debe encabezarse con la expresión “Tabla” o “Figura” y la leyenda de esta.
Además, se enviará un único archivo con una carpeta comprimida en la que vayan incluidas
todas las guras en formato JPG o PNG, fácilmente identicables (número de gura en el
nombre del archivo) y con una calidad aceptable.
Notación matemática. Las ecuaciones o fórmulas deben ir alineadas al centro con numeración
arábiga consecutiva encerrada entre paréntesis a su derecha. Asimismo, deben contar con los
respectivos subíndices, superíndices y letras griegas claramente especicadas.
TIPOS DE ARTÍCULOS
Los artículos pueden ser de los tres tipos descritos a continuación:
Investigación original
Trabajos realizados con metodología cuantitativa o cualitativa relacionados con cualquier
aspecto de la investigación en los campos económicos, administrativos, contables, jurídicos y
comunicacionales.
Revisiones bibliográcas
Estudios bibliométricos, revisiones sistemáticas, metaanálisis y metasíntesis sobre temas
relevantes y de actualidad en los campos económicos, administrativos, contables, jurídicos y
comunicacionales. Se tratará de un artículo cientíco que recopila la información más relevante
sobre un tema especíco. El objetivo fundamental es identicar qué se conoce del tema, qué se
ha investigado y qué aspectos permanecen desconocidos.
Para la preparación de revisiones sistemáticas o metanálisis se recomienda adaptarse a lo
indicado por la última versión de la declaración PRISMA (http://www.prisma-statement.org/).
Reexión
Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva
analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema especíco, recurriendo a fuentes
originales. Estos puedenser estudios monográcos (artículos doctrinales) o comentarios de
jurisprudencia.
Una vez revisado el artículo y aprobado por los pares evaluadores ciegos, se procederá a su
edición en PDF, antes de ser publicado se enviará a cada autor/a una prueba de impresión en
el formato PDF denitivo. El autor deberá dar su consentimiento a la última edición y una vez
autorizado podrá ser publicado.
