ISSN No. 2631-2743
Enero 2021 N°6
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
II
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
TABLA DE CONTENIDOS
LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LA POBREZA EN BOLIVIA. UN EJERCICIO
EVALUATIVO...............................................................................................................................................................................8
Braulio Ramos Menar, Amparito Díaz, Dante Ayaviri-Nina
DEMOCRACIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESTADOS
UNIDOS.......................................................................................................................................................................................19
Leonardo A. Curzio-Guiérrez
UNIVERSITY OF AZUAY WELLBEING SURVEY 2019................................................................................37
Anne Carr, Matías AbaD Merchán, Narcisa Ullauri
EL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD COMO HERRAMIENTA PARA EL
DISEÑO DE PRODUCTOS: CUY ANDINO (CAVIA PORCELLUS) COMO CASO DE
ESTUDIO.....................................................................................................................................................................................52
Carlos Leonel Burgos-Arcos , Patricia A. Viñan-Guerrero, María Fernanda Rivera-Velásquez,
María Fernanda Romero-Villacrés, Dolores Amada Gualli-Bonilla
PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS
SÓLIDOS MEDIANTE ECOTACHOS EN EL BARRIO SAN ALFONSO, CANTÓN
RIOBAMBA................................................................................................................................................................................70
Nicole Daniela Solís Aguirre
WATER ENVIRONMENTAL REGULATION IN COLOMBIA .....................................................................82
David Tobón-Orozco - Carlos Andrés Vasco Correa
III
EQUIPO EDITORIALCOMITÉ EDITORIAL
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Ph.D. Diego Enrique Pinilla Rodríguez
DIRECTOR / EDITOR EN JEFE
Ph.D. Gerardo Miguel Nieves Loja
COORDINADOR EDITORIAL
MSc. María B. Ávalos-Torres
COORDNADORA EDITORIAL
MSc. Pablo Rosas Chávez
DISEÑADOR
MSc. Pablo Méndez Naranjo
COORDINADOR TECNOLÓGICO
MSc. Patricia Chiriboga
ASISTENTE EDITORIAL
Brayan Stalin Cullay Parco
MAQUETADOR
Ph.D. Galo Rodrígo Guerrero
Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador.
Msc. Carlos Hernando Escobar Uribe
Universidad del Bosque, Colombia.
Ph.D. Damián Bil.
Consejo Nacional de Investigaciones Cientícas
y Técnicas, Argentina.
Msc. Marcos Baudean
Universidad ORT, Uruguay.
Ph.D. Juan Carlos Vilaseca Berrios
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia.
Ph.D. Susana de las Mercedes Andrade Orellana
Ponticia Universidad Católica del Ecuador.
Ph.D. Andrés Botero Bernal
Universidad Industrial de Santander, Colombia.
Ph.D. Julio César Guanche Zaldivar
Flacso, Ecuador.
Ph.D. Tania Lizeth Zabala-Peñael
Flacso, Ecuador
Ph.D. Edgar Corzo Sosa
Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Universidad Nacional Autónoma de México,
México.
Eco. Abg. Patricio Sánchez Msc.
Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.
Lcd. Jenny Alexandra Freire Rivera
Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador
IV
COMITE CIENTÍFICO
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Ph.D. (c) Andrés Santacoloma Santacoloma
Goethe University Frankfurt, Alemania.
Ph.D. Paula Otero Hermida
Universidad Politécnica de Valencia,
España.
Msc. Maximiliano Alberto Aramburo Calle
Universidad EAFIT, Colombia.
Ph.D. Javier Ivan Soledad Suescún
Universidad de Pamplona, Colombia.
Ph.D. Vicente José Benito Gil
Universidad de Alicante, España.
Ph.D. Diana Beatriz González Carvallo
Centro de Estudios Constitucionales de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
México.
Ph.D. Myrna Limas Hernández
Universidad Autónoma de Ciudad Juarez,
México.
Ph.D. Luis Rafael Morales La Paz
Universidad Católica Andrés Bello.
Venezuela
Ph.D. Daniel Lahoud
Universidad Católica Andrés Bello,
Venezuela.
MSc. Miguel Ángel García
School of Law, University of Glasgow,
Escocia.
Ph.D. Roberto del Barco Gamarra
Universidad Técnica de Oruro, Bolivia.
Msc. Gonzálo Jonás Paredes Reyes
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Msc. Diana Milena Murcia Riaño
Universidad del Bosque, Colombia.
Ph.D. Juan Pablo Jaimes Villamizar
Universidad de Pamplona, Colombia.
Msc. Sol David López Dominguez Rivas
Universidad de Guayaquil, Ecuador.
Ph.D. Juan Ramos Martín
Ponticia Universidad Javeriana, Colombia.
Ph.D Priscila Hermida
Ponticia Universidad Católica del Ecuador.
Ph.D. Milton Fernando Montoya Pardo
Universidad Externado de Colombia.
MSc. Juan Pablo Cabrera Vélez
Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador.
Msc. Sol David Lópezdomínguez Rivas
Universidad de Guayaquil, Ecuador.
Ph.D. Juan Ramos Martín
Ponticia Universidad Javeriana, Colombia.
Ph.D. Priscila Hermida
Ponticia Universidad Católica del Ecuador,
Ecuador.
COMITE CIENTÍFICO
Ph.D. Milton Fernando Montoya
Pardo
Universidad Externado de Colombia.
MSc. Juan Pablo Cabrera Vélez
Universidad Estatal de Bolívar,
Ecuador.
MSc. Jorge Andrés Cruz Silva
Ponticia Universidad Católica del
Ecuador, Ecuador.
Ph.D. Narcisa Jessenia Medranda
Morales
Universidad Politécnica Salesiana,
Ecuador.
Msc. Ximena Margarita Coronado
Otavalo
Ponticia Universidad Católica del
Ecuador, Ecuador.
Ph.D. Pablo Andrés Escandón Montenegro
Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.
Msc. María Eugenia Borja Lombeida
Universidad Nacional de Chimborazo,
Ecuador.
Ph.D. Verónica Paulima Altamirano Benítez
Universidad Técnica Particular de Loja,
Ecuador.
Ph.D. Damián Emilio Gibaja Romero
Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla, México.
Abogado William Iván Gallo Aponte
Universidad Externado de Colombia.
V
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
ÁRBITROS INVITADOS
MSc. Emiliano Fernández
UNCPBA-CONICET – Argentina
Ph.D. Mónica María Uribe Gómez
Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín
Rafael Barberá
Universidad Complutense de Madrid -
España
Dr. Mario Lagomarsino Montoya
Universidad Adventista de Chile
Sharon Doherty MA
University of Central Lancashire –
Reino Unido.
MSc. Gabriela Jimena Dumancela Nina
Universidad Nacional de Chimborazo
MSc. Jasmin Herrera De la Barrera
Fundación Universitaria Tecnológico
Comfenalco - Colombia
MSc. Andrés Mauricio Paredes Rodríguez
Corporación Universitaria Minuto de
Dios - Colombia
MSc. Wilson Daniel Símpalo López
Universidad Cesar Vallejo – Perú
MSc. Carlos Esteban Aristizábal Alzate
Instituto Tecnológico Metropolitano de
Medellín – Colombia
Ph.D. Mayra D’Armas Regnault
Universidad Estatal de Milagro – Ecuador
Abogado William Ivan Gallo Aponte
Universidad Externado de Colombia
MSc. Felipe Gussoli
Universidade Federal do Paraná (Curitiba-PR)
– Brasil
Dr. Pablo Guerra
Universidad de la República – Uruguay
Ph.D. Joaquín Linne
CONICET-UBA/UNLa – Argentina
MSc. Clara Inés Villamil Guzmán
Universidad de Boyacá – Colombia
Ph.D. Francisco Cantamutto
Universidad Nacional del Sur – CONICET)
– Argentina
MSc. Kenji Eduardo Moreno Huaccha
Banco Interamericano de Desarrollo
Ph.D. Susana Callao
Universidad de Zaragoza – España
Ph.D. José I. Jarne
Universidad de Zaragoza – España
Ph.D. Carla Bonato Marcolin
Federal University of Uberlândia (UFU) – Brasil
VI
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ADMINISTRATIVAS
EDITORIAL
Equipo Editorial
Presentamos el número 6 de KAIRÓS, revista de ciencias económicas, jurídicas y
administrativas, de la Universidad Nacional de Chimborazo. Este es el primer número
después de haber obtenido el ingreso al catálogo Latindex cumpliendo la totalidad de las
características editoriales solicitadas. Tomamos este reconocimiento como una señal de la
calidad y rigurosidad editorial con la que aspiramos continuar.
En este número, el primer artículo Los programas sociales y la pobreza en Bolivia. un ejercicio
evaluativo, Ramos (U. Técnica de Oruro) y Ayaviri-Nina (Unach), evalúan el programa
de transferencia monetaria condicionada Bono Juana Azurduy en Bolivia. Concluyen la
efectividad del programa en la reducción de la pobreza por ingreso y extrema.
En el segundo artículo, Democracia y medios de comunicación en Estados Unidos, Curzio-
Gutiérrez de la Unam de México, aborda un tema de alta actualidad académica y política:
el papel de los medios de comunicación en la democracia norteamericana. Su profunda
transformación en las últimas décadas, marcada por una nueva realidad tecnológica, ha
modicado de forma radical la manera de conducir la deliberación pública. El diagnóstico no
es positivo: polarización, confrontación, manipulación y fake news, parecen haberse instalado
en la forma de hacer política en Norteamérica.
En el tercer artículo Encuesta de bienestar de la Universidad del Azuay 2019, los profesores de
la Universidad del Azuay, Carr, Abad-Merchán y Ullauri, presentan los principales hallazgos de
una investigación destinada a establecer el estado del bienestar de la comunidad académica
de la Universidad del Azuay (Ecuador), con el n de tener una base para implementar un plan
de acción en este sentido. La principal recomendación se centra en implementar una mayor
transparencia y direccionalidad en la rendición de cuentas.
En el cuarto artículo, Burgos-Arcos (Unach), Viñan-Guerrero (Unach), Rivera-Velásquez
(Espoch), y Romero-Villacrés (Unach), presentan la implementación de la metodología
despliegue de la función de calidad, para el diseño y comercialización del producto denominado
“Cuy Faenado”. Concluyen que, respecto a este producto, existen características que el cliente
percibe como fundamentales (precio, sabor, tamaño, apariencia y la garantía de stock del
producto). Al ser estas propiedades organolépticas, se evidencia que los clientes se guían
por sus sentidos al momento de la decisión de compra. Para conseguir estas características,
es importante la implementación de buenas prácticas cavícolas.
En el quinto artículo, Percepción ciudadana sobre el sistema de recolección de desechos
sólidos mediante ecotachos en el barrio San Alfonso, cantón Riobamba, Solís-Aguirre (Flacso –
Ecuador) analiza las percepciones ciudadanas sobre el sistema de recolección de desechos
sólidos mediante ecotachos en San Alfonso, un barrio de la ciudad de Riobamba. Se resaltan
aspectos importantes y opiniones en relación con el comportamiento como productores de
residuos y usuarios de los contenedores, información útil para lograr una mutua satisfacción
de expectativas entre los usuarios y proveedores de este servicio público.
Por último, Tobón-Orozco y Vasco Correa (U. de Antioquia – Colombia), en su texto, Regulación
ambiental del agua en Colombia, realizan un análisis económico exhaustivo de la regulación
ambiental hídrica en Colombia. Concluyen que el deterioro en la calidad del agua es el
resultado de las deciencias regulatorias dadas por la debilidad institucional, la falta de
cumplimiento y la inuencia de grupos de interés.
Como siempre agradecemos a los autores que publican en esta edición, así como a los
revisores, quienes aportaron para mejorar estos artículos.
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CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
VII
LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LA POBREZA EN BOLIVIA. UN EJERCICIO
EVALUATIVO
SOCIAL PROGRAMS AND POVERTY IN BOLIVIA. AN EVALUATIVE EXERCISE
Braulio Ramos Menar
1
Dante Ayaviri-Nina
2
Universidad Técnica de Oruro (Bolivia). Correo electrónico: bramosmenar@gmail.com
Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador). Correo electrónico: dayaviri@unach.edu.ec.
Resumen
La presente investigación realiza una evaluación de los programas sociales de lucha contra la pobreza. En concreto, se
estudia el programa de transferencia monetaria condicionada Bono Juana Azurduy en Bolivia. La muestra está conformada
por dos grupos, uno de tratamiento y otro de control; y se realiza la estimación propensity score matching de evaluación,
a partir de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. Las variables dependientes analizadas son la
pobreza por ingreso y la pobreza extrema; a su vez, la percepción del bono se considera como la variable de tratamiento.
Asimismo, las variables independientes del modelo estuvieron representadas por características demográcas, sociales
y económicas del hogar. Los resultados permiten observar que la política social operativizada a través de transferencias
monetarias, permitieron reducir en un 2,6% la pobreza por ingreso y 3,6% la pobreza extrema.
Palabras Clave
Transferencia monetaria condicionada, bono Juana Azurduy, pobreza.
Abstract
is research carries out an evaluation of the social programs to ght poverty. Specically the conditional cash transfer
program of the Juana Azurduy bond in Bolivia is studied. e sample is made up of two groups, treatment and control;
and the evaluation propensity score matching is performed, based on the Household Survey of the National Institute of
Statistics; the dependent variables analyzed are income poverty and extreme poverty; in turn, the perception of the bonus
is considered as a treatment variable. Likewise, the independent variables of the model were represented by demographic,
social and economic characteristics of the household. e results allow us to observe that the social policy implemented
through monetary transfers, made it possible to reduce income poverty by 2.6% and extreme poverty by 3.6%.
Key Words
Conditioned money transfer, Juana Azurduy bonus (cash-transfer), poverty.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
KAIRÓS, REVISTA DE
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
Vol. 4 (2021), No. 6, Primer Semestre (Enero - Junio), (8-18)
ISSN No. 2631-2743
DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.06.01
Recibido 27 de febrero de 2020; Aceptado 11 de octubre de 2020
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KAIRÓS, REVISTA DE
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9
Introducción
Las políticas públicas acompañan los procesos de desarrollo y crecimiento económico de los países (González-Páramo,
1994; Biescas, 2000; Röth, 2003; Ramón y Cajal, 2007; Ayala, 2008; Montero et al., 2008; Arias, 2014). En América Latina,
estas no tuvieron buenos resultados importantes en relación al desarrollo y la reducción de la pobreza (Stahl, 1994;
Arrizabalo, 2000; García, 2003; Pellitero, 2003). Actualmente persisten grupos vulnerables en la sociedad, al respecto se
menciona que “han fracasado, en cuanto a lograr el objetivo de llegar a los pobres y sacarlos de esa condición” (Godínez
et al., 1995:14). Esta situación ha cambiado con la aplicación de políticas sociales, que “implementan las transferencias
directas a las familias, con el propósito de moderar la intensidad de la pobreza y contribuir a insertar a sectores excluidos
en las matrices de protección social” (Filgueira, 2014:29). En este sentido, las políticas públicas fueron complementadas
con políticas sociales denominadas Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), con el propósito de disminuir la
desigualdad y pobreza.
Al mismo tiempo, Godínez et al. (1995) y Monterrey (2013), mencionan que es importante realizar una focalización
adecuada de los grupos sociales beneciados –en su generalidad se consideran grupos vulnerables a los niños, madres,
ancianos– y realizar la evaluación –inversión y ecacia– de las políticas sociales. Esto como consecuencia de que, en
muchos países, “los gobiernos destinan una importante cantidad de recursos a la realización de políticas sociales, pero
cuando se analizan los resultados de esa inversión, la principal conclusión es que los recursos no favorecen a los pobres”
(Godínez et al., 1995:13). Por su parte, Ortiz (2007:6), indica que “las políticas sociales pueden superar el círculo vicioso
de la pobreza y el atraso, y crear un círculo virtuoso en el que el desarrollo humano, genere crecimiento económico”;
es decir, la política social, en este caso expresada en las transferencias monetarias condicionadas permitirá mejorar las
condiciones de vida de la población y consecuentemente los indicadores de pobreza. En esta misma línea, la aplicación
de los programas de transferencias condicionadas en efectivo ha ido acompañada de evaluaciones para medir su ecacia
e impacto (Ugarte & Bolívar, 2015:48).
Los programas sociales de Transferencias Monetarias Condicionadas, diseñadas en reemplazo a las políticas tradicionales
de suministro de bienes y servicios, son objeto de un amplio debate. Las políticas de entrega directa de dinero en efectivo
a grupos focalizados respecto de la implementación de programas y proyectos económico-productivos generan una
disyuntiva de prioridades entre el aspecto social y económico, entre el presente y el futuro (Ramos et al., 2017). Estos
programas fueron expandidos a nales de los noventa e inicios del milenio en varios países, y se los conoce como
“transferencias condicionadas o “con corresponsabilidad, con énfasis en tres propósitos: i) transferencia directa de
ingresos para alivio a la pobreza; ii) incentivos a la inversión en capital humano, e iii) incorporación de la población a
redes de protección y promoción social (Filgueira, 2014:29). Así, los Programas TMC se aplicaron en América Latina
como la principal forma de intervención de los gobiernos para atender a la población en situación de pobreza, a través
de la asignación de recursos monetarios, cuyo objetivo fue buscar la reducción de la pobreza, mediante programas de
asistencia social condicionada a las acciones de los receptores (Cena, 2015).
En el caso de Bolivia, fue en el año 2006, donde se efectuaron transformaciones al modelo neoliberal –el mismo estuvo
caracterizado por la implementación de diferentes programas sociales– orientados a la construcción del Modelo
Económico Social Comunitario Productivo fundamentado en el paradigma del Vivir Bien (Ugarte y Bolívar, 2015:46).
El modelo orienta la política económica a la generación de excedentes económicos que deben ser redistribuidos a los
sectores más vulnerables de la población boliviana mediante programas condicionados, que permitan atenuar los niveles
de pobreza. En esa línea, Monterrey (2013), arma que en 2002-2004 fueron implementadas algunas estrategias para
disminuir los niveles de pobreza, entre ellas, la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), cuyo instrumento
fue la directriz en la causa y el objetivo de la pobreza, siendo uno de los componentes estratégicos la protección social,
entendida como el conjunto de políticas orientadas a los grupos vulnerables de la sociedad.
Con respecto a la pobreza en Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estableció que en el periodo 2005-2015, la
pobreza disminuyó de 59,6% a 38,6%, 21 puntos porcentuales; a su vez, la pobreza extrema nacional se redujo de 36,7%
a 16,8%. La pobreza extrema en el área rural registró una disminución de 32,3% y en el área urbana de 11,2%. Siendo
una de las funciones esenciales del Estado garantizar la seguridad alimentaria (Constitución Política del Estado, 2009),
se instituyó en Bolivia el bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy (BJA) a partir del 3 de abril de 2009, con la nalidad
de “mejorar la salud y nutrición de las mujeres embarazadas, niños y niñas menores de dos años” (Decreto Supremo N°
066, 2009); este bono consiste en la asignación de dinero por la asistencia de las madres a los servicios de salud materna
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infantil, previo cumplimiento de los controles respectivos.
En este contexto, Satriano (2006), menciona que las políticas sociales debieran traducirse en resultados que benecien
a la población y reduzca la pobreza. Así, resulta importante realizar una evaluación del bono Juana Azurduy, para
comprender si la implementación fue efectiva y si éste redujo los indicadores de pobreza (pobreza por ingreso y pobreza
extrema). En este contexto, este trabajo tiene el objeto de evaluar para el año 2014, el periodo se considera porque
los datos de las variables son completos, esto en relación a la pobreza de los hogares beneciados del programa de
transferencia monetaria condicionada bono Madre Niño-Niña “Juana Azurduy” en Bolivia.
Fundamentos Teóricos
La economía es una ciencia social que se encarga de la asignación de los recursos escasos en relación a las necesidades
de una sociedad. A su vez, la evaluación de de las políticas públicas, permite comprender la ecacia o inecacia en
la asignación de los recursos, tiene como propósito determinar si un programa produjo los efectos deseados en las
personas, hogares e instituciones a los cuales se aplica; obtener una estimación cuantitativa de estos benecios y evaluar
si ellos son o no atribuibles a la intervención del programa (Godínez et al., 1995:25).
Para evaluar un programa es importante conocer sus efectos, en el caso de la investigación, es el efecto de tratamiento
sobre algún resultado de interés, que es la pobreza, experimentado por los individuos de una población determinada.
Al respecto, Aedo (2005) arma que la estimación o evaluación establece la diferencia, en alguna variable que se ha
escogido como indicador de resultados de un programa, entre la situación que presenta un individuo, o el cambio en
ésta, después de haber participado en el programa versus la situación en que se encontraría, o el cambio en ésta, si no
hubiese sido beneciario; en cambio, Ugarte y Bolívar (2015), arman que para calcular los resultados alcanzados por
los bonos sociales sobre la reducción de la pobreza, se pueden emplear dos técnicas de evaluación: Propensity Score
Matching (PSM) y Variables Instrumentales; los experimentos aleatorios, requieren de un proceso de generación de los
datos, como ser el proceso de diseño muestral y diseño del experimento, cuando no se pueden aplicar estas estrategias,
la econometría de evaluación ofrece diferentes alternativas, basadas en diferentes supuestos.
En una evaluación de un programa social, el objetivo es identicar la relación de causa-efecto entre algún programa
implementado y los resultados obtenidos (Etxebarria, 2000; Sáinz, 2006; Feinstein, 2007; Salazar, 2009; Gutiérrez, 2014;
De la Fuente, 2002); el problema fundamental en una evaluación surge por el hecho de no poder observarse ambos
estados al mismo tiempo para la misma observación, es decir, la situación en caso de participación y la situación en que
se encontraría si hubiese participado en el programa, por lo que uno de los estados es contractual (Gutiérrez, 2014).
Por esta razón, Ugarte y Bolívar (2015) señalan que es necesario denir además de la muestra de participantes sobre
los cuales se ha materializado la intervención (grupo de tratamiento) otra muestra para efectos de comparación (grupo
de control) y denir, a la vez, estrategias de identicación que generen contrafactuales adecuados, en un marco de
inexistencia de información experimental.
a) Inferencia Causal
La inferencia causal pretende cuanticar la inuencia de la política sobre individuos afectados, la medida del efecto se
basa en la comparación entre dos situaciones, cuando la política (tratamiento) se produce y cuando no tiene lugar dicha
medida. Sea Y la variable (continua) objeto de estudio,
Y
it
1
es el valor de la variable para el individuo i en el momento
del tiempo t si el individuo ha recibido el tratamiento, y en el caso de ausencia de tratamiento. Los resultados para el
individuo i en el periodo t de esta medida es
it it it
YY
10
. Sin embargo, esta diferencia es desconocida porque no es
posible observar estos dos términos para un mismo individuo al mismo tiempo:
YD
YD
Y
it ii
ti
it
10
1
()
, donde
D
i
es
un indicador igual a uno si el individuo i recibe el tratamiento y cero en caso contrario. Alfonso (2006), Duran (2004)
mencionan que esta dicultad se conoce por el nombre de Problema Fundamental de Evaluación y fue introducida
por Roy (1951) y Rubin (1974). La solución a este problema depende de tres vías de actuación básicas en un proceso
de evaluación. Dos de ellas son comunes a cualquier estudio aplicado, como son la base de datos y variable objeto de
estudio. La importancia de realizar comparaciones entre grupos comparables es fundamental, como Heckman, Smith
y Clements (1997) resaltan; la tercera vía es más propia de la evaluación de tratamientos, se conforman dos grupos de
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individuos que puedan ser comparados, el grupo de tratamiento formado por aquellos individuos que están afectados por
la política, y el grupo de control, donde se incluyen los individuos que no reciben ningún tipo de tratamiento (Alfonso,
2006).
Por lo tanto, se busca un grupo de control apropiado que permita ser comparable con el grupo de tratamiento para
analizar el efecto de la política en el grupo de individuos que se encuentran afectados. Una dicultad añadida proviene
del proceso de generación de los grupos de tratamiento y control. Una vez determinada la variable de estudio y el
parámetro de interés que se pretende analizar, un factor determinante en el proceso de evaluación es la formación de
un grupo de tratamiento y otro de control. No obstante, existen problemas en la denición del grupo de tratamiento, la
existencia de aleatoriedad en la selección de los elementos a los grupos de tratamiento y control, así como la potencial
heterogeneidad en el tratamiento (el individuo puede completar o abandonar el tratamiento una vez incluido en el grupo
de tratamiento) son factores que afectan a la evaluación de la política.
Así, D* =1 identicaría a los individuos que participan en el programa siguiendo un procedimiento aleatorio y cero si
no participan; en caso de participar, obtendrían un valor Y*, y en caso contrario, Y*. Los individuos seleccionados
en forma aleatoria al programa toman el valor de R=1 condicionado a que D*=1 y R=0 en caso contrario, mientras
T=1 seria para aquellos que participan en el tratamiento y no abandonan condicionado a que R=1. La identicación de
momentos poblacionales requiere condiciones más complejas que las establecidas para las medias condicionales. Un
caso especial es el supuesto de efecto común para todos los individuos, donde la distribución del resultado es degenerada
y se concentra en la media del resultado alcanzado (Abadie, 2003; Heckman, Smith y Clements,1997).
También se observan otros ejemplos de parámetros de interés, como la proporción de individuos tratados que se benecia
del programa (que se dene por la expresión Pr (Y > Y /D =1) o diversos cuantiles de la función de distribución del
efecto (inf -{Y-Y/D=1)<q}, donde q representa el valor del cuantil). Los diferentes condicionantes que presentan
las bases de datos han originado la creación de múltiples deniciones de parámetros de interés sobre el efecto medio del
tratamiento. Los parámetros más conocidos son: (i) el efecto medio del tratamiento, (ii) el efecto medio del tratamiento
en los tratados, (iii) el efecto medio del tratamiento local y (iv) el efecto medio del tratamiento marginal.
El efecto medio del tratamiento (Average Treatment Eect o ATE), se dene como la diferencia de dos valores esperados:
ATE
EY YEYEY
()()
()
12
10
(1)
Este parámetro ofrece el efecto del tratamiento sobre una muestra aleatoria de individuos considerando un colectivo de
observaciones elegidas de forma aleatoria para los grupos de tratamiento y control, con objeto de averiguar el resultado
medio del programa. El efecto medio del tratamiento en los tratados (Average Treatment eect on the Treated o ATT)
determina el valor medio del tratamiento para las personas que recibieron el tratamiento, en comparación con los no
tratados en el caso hipotético de que ellos también hubieran recibido el tratamiento:
ATE
EY YD EY DEYD
(/)(/)(/ )10
10
111
(2)
b) Propensity Score Matching
Uno de los principales problemas de los métodos tradicionales de matching consiste en el condicionamiento por las
variables X’s. Para la construcción del grupo de control se debe encontrar individuos no tratados que sean similares
a individuos tratados. El propensity score, se reere a la probabilidad de haber pasado por el programa, p (ˆX), se
puede estimar para cada uno de los individuos de la muestra de tratados y potenciales controles. El objetivo es obtener
una medida de la comparabilidad de los individuos del grupo de control (individuos “no tratados”) con respecto a
aquellos del grupo de individuos sujetos a tratamiento; en términos de tener valores de propensity score más cercanos.
La estimación del propensity score se reere a la estimación de un modelo de elección discreta de participación en el
programa condicional a un vector de características individuales que puede haber inuıdo en dicha posibilidad (Burga,
2003:10). En este sentido, el propensity score puede estimarse con un modelo PROBIT o LOGIT, utilizando como
variables explicativas diferentes características individuales que pueden determinar la posibilidad de que el individuo
se halla beneciado del programa.
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Metodología
La presente investigación es de tipo explicativa, orientada a evaluar o revisar los resultados alcanzados por el bono Juana
Azurduy que consiste en un incentivo monetario, que perciben todas las madres bolivianas que no cuentan con un
seguro de salud a corto plazo y los niños menores a dos años. Para ello, se realiza el estudio de corte transversal para el
año 2014 a partir de los datos disponibles de la Encuesta de Hogares realizado por el INE, datos que completos para el
análisis de las variables; es decir, la técnica de la revisión documental permitió el análisis de las variables socioeconómicas
y demográcas de la población boliviana. La unidad de observación fueron los hogares y los integrantes que se
beneciaron del bono, la encuesta fue aplicada en los nueve departamentos de Bolivia, recopilados de 36.618 personas
que corresponden a 9.846 hogares, tanto en el área urbana como rural.
La Encuesta de Hogares considera como marco muestral a 10.404 viviendas a nivel nacional y 867 Unidades Primarias de
Muestreo por departamento y área geográca, construido en base a la información del CNPV-2012 (Instituto Nacional
de Estadística, Diseño Muestral EH, 2014). La herramienta que permitió realizar el análisis econométrico fue el soware
STATA/MP 14.0.
Resultados y discusión
Según el Banco Mundial, en el periodo 2000-2014, la pobreza extrema (personas que viven con menos de 2,5 dólares
al día) en América Latina y el Caribe se redujo de 25,5% a 10,8%. Durante la década 2004-2014 la economía boliviana
creció a una tasa anual promedio del 4,9% debido a los altos precios de las materias primas (INE, 2014). Según el Banco
Mundial, la pobreza moderada se redujo del 59% al 39% entre 2005 y 2014 y el coeciente de Gini de desigualdad bajó
de 0,60 a 0,47. Según el INE, la pobreza en Bolivia en el 2014 fue de 39,1% y el 2015 disminuyó a 38,6%. En el periodo
2005-2015, la pobreza en Bolivia bajó de 59,6% a 38,6% y la pobreza extrema disminuyó de 36,7% a 16,8%. La pobreza
extrema en el área rural registró una disminución de 32,3% y en el área urbana de 11,2%.
Bolivia se caracteriza por presentar elevados niveles de pobreza, una gran parte de la población vive en extrema pobreza
e indigencia. Sin embargo, en la última década, las políticas sociales estuvieron orientadas a mejorar la redistribución
de los ingresos y las condiciones de vida de ciertos grupos vulnerados, como son los niños, personas de la tercera edad
y madres embarazadas. A pesar de estos avances, aún persisten las desigualdades en Bolivia, los niveles más altos de
pobreza están en el área rural.
a) Bono Juana Azurduy
En el año 2008, aproximadamente el 74% de la población boliviana no estaba cubierta por la seguridad social de corto
plazo, que incidía principalmente a las mujeres y los niños, evidenciando elevadas tasas de mortalidad materna e infantil
y desnutrición crónica en la población menor de dos años, restringiendo las posibilidades de superación de la exclusión
y la pobreza intergeneracional (Decreto Supremo N° 066, 2009).
El Plan Nacional de Desarrollo Económico Social para Vivir Bien, considera cuatro pilares de Bolivia Digna, Soberana,
Productiva y Democrática, con el objetivo de promover el desarrollo integral mediante la construcción de un nuevo
patrón de desarrollo que permita la erradicación de la pobreza, desigualdad social y exclusión (UDAPE, 2015). Con
el propósito de mantener un crecimiento sostenido y reducir los índices de pobreza y mejorar el acceso a servicios
básicos, a principios del 2016 fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. Con el Plan de
Desarrollo Estratégico Social, se prevé que el crecimiento pueda mantenerse, en promedio, en alrededor del 5% entre 2016
y 2020, reduciendo la extrema pobreza del 17% al 10%. Asimismo, la Política de Protección Social y Desarrollo Integral
Comunitario (PPS-DIC), se inscribe en la Bolivia Digna, que está enfocada a intervenir de manera progresiva en los
territorios y poblaciones vulnerables y de extrema pobreza, a n de lograr en el corto, mediano y largo plazo los cambios
estructurales establecidos en los objetivos de la política. En el marco de la Política de Protección Social, se instituye el
Programa Madre Niño-Niña bono Juana Azurduy, como un programa de transferencias monetarias condicionadas.
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El bono Juana Azurduy, es un Programa social establecido mediante Decreto Supremo N° 066 en fecha 3 de abril de
2009, en los 9 departamentos de Bolivia y sus 339 municipios, cuyo objetivo es instituir el incentivo para la maternidad
segura y el desarrollo integral de la población infantil de cero a dos años de edad, en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo y las políticas de erradicación de la pobreza extrema (Art. 1). En este sentido, el BJA pretende mejorar la salud
y nutrición de las mujeres embarazadas, niños y niñas menores de dos años.
En el marco del Programa de Desnutrición Cero y las políticas de erradicación extrema de pobreza, el pago del bono tiene
por nalidad hacer efectivos los derechos fundamentales de acceso a la salud y desarrollo integral, consagrados en la
Constitución Política del Estado, a n de disminuir los niveles de mortalidad materna e infantil y la desnutrición crónica
de los niños y niñas menores de 2 años (Art. 1, Decreto Supremo N° 066). Bajo estos antecedentes, la Transferencia
Monetaria Condicionada consiste en el pago en efectivo por la asistencia de las madres a los servicios de salud materna
infantil. Los pagos se realizan previa vericación del cumplimiento de los controles, los mismos están asignados de la
siguiente manera:
Tabla 1: Transferencia Monetaria Condicionada BJA
TRANSFERENCIA $US
Controles Prenatales (4 controles cada uno a 7.2 $US) 28.7
Parto institucional más control post-natal 17.2
Controles bimestrales integrales de salud (12 controles cada dos meses $US 17.9,
desde que nace hasta que cumpla los dos años) 215.5
T O T A L 261.5
Fuente: elaboración propia con base en Programa BJA. (2016).
En los 33 meses (nueve meses de embarazo y hasta que cumpla el niño/niña los dos años de edad) la madre percibe en
total Bs. 1820 equivalentes a 261.5 dólares americanos; son beneciarias las madres embarazadas, niños, niñas hasta que
cumplan los dos años de edad y asistan a los controles de los servicios de salud público, certicados mediante el Carnet
de Salud. Durante el periodo 2009-2014 la población beneciaria fue de 1.246.856 personas que corresponde a población
beneciaria Madres (505.354) y población beneciaria Niños (741.502). En el año 2014, se ha beneciado con el pago
del bono Juana Azurduy a 174.879 personas entre madres (77.342), niñas y niños (97.537). Los departamentos con
mayor cobertura de beneciarios respecto al total fueron La Paz (25,7%), Santa Cruz (25,2%) y Cochabamba (18,3%).
Asimismo, los departamentos con menor cobertura se registraron en Pando (1,7%), Beni (4,4%) y Oruro (4,7%). En esa
gestión se ejecutó un presupuesto de 132.820.615 bolivianos, equivalente a 19.083.421,7 dólares americanos.
b) Aplicación de la estimación
Para el análisis, el estudio considera preguntas relacionadas con el bono Juana Azurduy, la encuesta incorpora preguntas
relacionadas con la inscripción al BJA de las Mujeres en Edad Fértil (MEF) y el monto cobrado por los controles realizados
a los niños menores de dos años, las mismas se describen en la siguiente Tabla.
Tabla 2: Preguntas BJA
SECCIÓN FILTRO N° PREG. PREGUNTA RESPUESTA
Sólo para
Mujeres
entre 13 a
50 años
4 SALUD P
ARTE B:
FECUNDIDAD
¿En su último embarazo, se ha inscrito al
bono Juana Azurduy?
¿En los últimos 12 meses, cuánto dinero ha
cobrado por los controles realizados a…?
Alguna vez inscribieron a… al bono Juana
Azurduy
¿En los últimos 12 meses, cuánto dinero ha
cobrado por los controles realizados a…?
16
SI/NO
Monto (Bs.)
SI/NO
Monto (Bs.)
22
Fuente: elaboración propia en base a Cuestionario EH 2014 - INE.
Por otra parte, se presenta la incidencia de la pobreza por ingreso y la pobreza extrema; considerando la muestra de la
EH-2014 de la población boliviana, descrita en la Tabla 3.
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Tabla 3: Incidencia de la Pobreza muestra-población
Personas Beneciaras
BJA - 2014
Tota l Pobreza por Ingreso
Pobreza Extrema o
Indigencia por Ingreso
Muestra EH-2014 1.155 39,45 19,28
Muestra EH-2014 calculo
con factor expansión
Factor preliminar no
válido para el año 2014
39,26 17,26
Población Bolivia 174.879 39,00* 18,83**
Fuente: elaboración propia con base en resultados EH-2014, Banco Mundial*, INE (2014)**.
En la tabla anterior se observa que, en el año 2014, se beneciaron del bono 1.155 personas, para este grupo de
beneciarios se estimó el 39,45% de incidencia de pobreza y 19,28% de incidencia en la pobreza extrema. Por otra parte,
no se aplica el cálculo con factor de expansión que permita vericar la validez de la muestra, debido a que los mismos
son considerados preliminares, sin embargo, se calculan los indicadores de pobreza (39,26%) y pobreza extrema (17,26
%) con el factor de expansión.
A continuación, se seleccionaron para la muestra dos grupos que corresponden al grupo de Tratamiento y grupo de
Control; es decir, los Hogares que recibieron la TMC-BJA (849 hogares) y los que No recibieron TMC-BJ (8.997 hogares),
totalizando 9.846 hogares en los dos grupos (Ver Tabla 4).
Tabla 4: Variables Consideradas en el Modelo
VARIABLE NOMBRE VALOR DESCRIPCION
DEPENDIENTE
Pobreza por
Ingreso
p0
1,00 = Hogar
Pobre
0,00 = Hogar no
pobre
Indicador calculado por el
INE, considerando la
pobreza por ingreso y la
pobreza extrema.
Pobreza
Extrema o
Indigencia por
in
g
reso
pext0
TRATAMIENTO Bono BJA
1 = Hogar recibió
BJA
0 = Hogar no
recibió BJA
Beneficiario o no beneficiario
de la Transferencia
Monetaria Condicionada
BJA.
INDEPENDIENTE
Miembros del
Hogar
Nro.
Número de
miembros
Representa el número de
miembros componentes del
hogar.
Sexo s2a_02
1 = Hombre 2
= Mujer
Describe el género.
Edad s2a_04a Años cumplidos Edad del miembro del hogar.
Lee y escribe s5a_01 1 = Si, 2 = No
Describe si entrevistado
sabe leer y escribir.
Nivel de
instrucción
s5a_02 Grado aprobado
Nivel y Curso más alto de
instrucción aprobado.
Trabaja
actualmente
s6a_01 1 = Si, 2 = No
Describe si la semana
pasada a la entrevista,
trabajo al menos una hora.
URBRUR
Área
Urbano/
Rural
1 = Área Urbano
2 = Área Rural
Lugar de la entrevista.
Ingreso del
Hogar
yhog Bs.
Ingreso promedio mensual
del hogar.
Embarazo
anterior o
actual
s4b_08a
1 = Si,
actualmente
embarazada 2
= Si, estuvo
embarazada 3
= No
Comprende embarazo
actual, anterior o no
embarazo
Fuente: elaboración propia con base en cuestionario EH 2014 – INE (2016).
Las variables dependientes incluidas en el modelo comprenden la pobreza y la pobreza extrema calculados por el INE; a
su vez, la percepción de la transferencia monetaria condicionada BJA, es considerada variable de tratamiento. Entre las
variables independientes se considera a las características demográcas, sociales y económicas representativas del hogar.
En la Tabla 5 se exponen los resultados de la estimación del BJA en la pobreza, mediante la aplicación de la metodología
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econométrica propensity-score matching. El coeciente resultante de la estimación de efectos de tratamiento (al nivel
de signicancia estadística del 1%, 5% y 10%) es negativo, lo que signica que la Transferencia Monetaria Condicionada
bono Madre Niño-Niña “Juana Azurduy” redujo la incidencia de la pobreza por ingreso en 2,6 por ciento en Bolivia
durante el año 2014.
Tabla 5: Estimación Propensity-score matching POBREZA POR INGRESO.
Fuente: elaboración propia Soware STATA/MP 14.0, en base a datos EH 2014 - INE.
Asimismo, la estimación de efectos de tratamiento en los estratos del BJA en la pobreza extrema es -.0357298; el coeciente
signica que la implementación de la TMC del bono Juana Azurduy disminuyó la pobreza extrema o indigencia por
ingreso en 3,6%.
Tabla 6: Estimación Propensity-score matching - pobreza extrema
Fuente: elaboración propia Soware STATA/MP 14.0, en base a datos EH 2014 - INE.
Según el Banco Mundial, la pobreza para el año 2014 fue de 39,00%, a su vez el INE establece que la pobreza extrema para
el mismo año alcanzó al 18,8%. Estos resultados son consecuencia, en alguna medida, de la aplicación de la Transferencia
Monetaria Condicionada: bono Juana Azurduy que permitió reducir la proporción de hogares pobres en Bolivia.
Las políticas sociales en Bolivia, aplicadas a través de las transferencias monetarias condicionadas, están cumpliendo el
objetivo por las cuales fueron concebidas. En el caso del bono Juana Azurduy durante la gestión 2014, las transferencias
en dinero permitieron reducir los niveles de pobreza. Sin embargo, es importante que las autoridades gubernamentales
consideren el análisis respecto de la mejora en los niveles de nutrición y salud de las madres y los niños, expresada en los
registros de los centros médicos. Asimismo, la implementación del bono ha coadyuvado en la mejora de la cobertura de
atención en salud; el mismo debe estar relacionado con el incremento de personal médico, administrativo, equipamiento
e infraestructura adecuada que garantice una prestación eciente.
Por otra parte, es fundamental que se considere una focalización adecuada de las beneciarias del BJA, el contexto socio-
económico, expresado en indicadores de pobreza por ingreso y pobreza extrema son mayores en el área urbana que en el
área rural. Si bien las transferencias en dinero permiten reducir los niveles de pobreza, es necesario considerar el estudio
de la relación BJA- tasas de natalidad, porque el bono se constituye en incentivo económico para las mujeres en edad
fértil que podría ocasionar incrementos en los nacimientos. El tema de la pobreza está relacionado no solo con aumentos
en los ingresos, sino con otros factores tales como la calidad de la vivienda (material de construcción de la vivienda),
índices de hacinamiento y servicios básicos, entre otros; por tanto, adquiere múltiples dimensiones.
Bajo estas circunstancias, se plantean las siguientes interrogantes que deberían ser tomadas en cuenta: ¿Promueven
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mejores condiciones de vida a los niños y madres bolivianas las transferencias monetarias condicionadas? ¿En los
próximos años, el pago del bono Juana Azurduy permitirá disminuir aún más los niveles de pobreza por ingreso y
pobreza extrema en Bolivia?
Conclusiones
EEl programa de Transferencia Monetaria Bono Madre Niño-Niña “Juana Azurduy” condicionada al control de
corresponsabilidades, se implementa a partir del año 2009 con el propósito de mejorar la salud y nutrición de las mujeres
embarazadas, niños y niñas menores de dos años. La aplicación de la metodología propensity-score matching permite
concluir que la implementación del BJA redujo en 2,6% la pobreza por ingreso y 3,6% la pobreza extrema en Bolivia. Y
también conviene mencionar que, si la transferencia en dinero disminuyó los niveles de pobreza, reducirá de la misma
manera en los años siguientes, y por consiguiente mejorar las condiciones de vida de la población boliviana.
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DEMOCRACIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
DEMOCRACY AND THE MEDIA IN THE UNITED STATES
Leonardo A. Curzio-Gutiérrez
1
Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: leonardocurzio@gmail.com.
Resumen
El sistema democrático de los Estados Unidos ha sufrido, desde hace ya varios años, una severa transformación en
la cual los medios de comunicación desempeñan un papel primordial. La nueva realidad tecnológica ha quitado la
centralidad en la articulación de la deliberación pública a los medios tradicionales: la televisión, la radio y la prensa. Hoy
conviven con plataformas como Facebook, Twitter o Instagram que son accesibles a todos y que pueden formar redes
independientes y hacer circular información, en múltiples sentidos, provocando una atomización de la conversación
pública. En ese contexto, las posibilidades de los medios tradicionales de conducir el debate político se reducen, como
se comprobó en las campañas del 2016 y lo vemos ahora de cara al proceso electoral del 2020. Con el triunfo de Donald
Trump el término “fake news” adquirió una connotación de arma arrojadiza en contra de sus críticos y hoy es una de las
principales amenazas a la integridad de la deliberación democrática. Por esta razón, es legítimo preguntarse si la apuesta
de Trump por hostigar a los medios tradicionales es una amenaza para la integridad del sistema democrático o puede la
democracia sobrevivir con una conversación polarizada y confrontacional, plagada de mentiras y manipulación de datos
personales.
Palabras Clave
Democracia, medios de comunicación, deliberación pública, Estados Unidos, redes sociales.
Abstract
e democratic system of the United States has undergone, for several years now, a severe transformation in which the
media play a major role. e new technological reality has removed the centrality in the articulation of public deliberation
to the traditional media: television, radio and the press. Today they coexist with platforms such as Facebook, Twitter or
Instagram that are accessible to all and that can form independent networks and circulate information, in multiple
senses, causing an atomization of public conversation. In this context, the possibilities of the traditional media to conduct
the political debate are reduced, as was veried in the 2016 campaigns and we see it now facing the 2020 electoral process.
With the triumph of Donald Trump, the term “fake news” It acquired a thrown weapon connotation against its critics and
today is one of the main threats to the integrity of democratic deliberation. For this reason, it is legitimate to ask whether
Trump's bid to harass traditional media is a threat to the integrity of the democratic system or can democracy survive
with a polarized and confrontational conversation, riddled with lies and manipulation of personal data.
Key Words
Democracy, media, public deliberation, United States, social networks.
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Vol. 4 (2021), No. 6, Primer Semestre (Enero - Junio), (19-36)
ISSN No. 2631-2743
DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.06.02
Recibido 07 de mayo 2020; Aceptado 19 de agosto de 2020
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Introducción
Una visita a una librería especializada de cualquier capital latinoamericana o europea nos permitirá encontrar, entre las
novedades bibliográcas, por los menos dos títulos que se preguntan si la democracia agoniza en Occidente (Levitsky y
Ziblatt, 2018). Después del entusiasmo de la tercera ola democratizadora, que se extiende desde nales de la década de
los 70 del siglo XX y que inició en Europa del Sur y después recorrió Europa del Este y América Latina, ahora tenemos
un período de pesimismo muy marcado sobre la salud de los sistemas representativos. Lo característico de esta nueva
etapa es que no solamente se percibe el riesgo de fractura de la democracia en países que vivieron una transición reciente
y que ahora pueden ubicarse en la fase de consolidación, sino claramente en democracias consolidadas que propenden a
formas de populismo que conviven de forma parasitaria con el sistema democrático (Urbinati, 2019).
No es nuestro propósito abordar en profundidad este debate, ni tampoco pronunciarnos sobre las posibilidades del
sistema democrático liberal de sobrevivir a las tendencias actuales. En casi todos los países (Japón puede ser la excepción)
que tienen un modelo democrático liberal, se detecta una crisis de representación de los partidos políticos tradicionales
y una mayor desconanza de los ciudadanos en las instituciones. Esta regresión de la conanza y la crisis de los partidos
políticos tiene múltiples implicaciones. Una de ellas es que ha abierto la puerta a formas de organizar la deliberación
pública fuera del ágora que eran los medios tradicionales, cosa que plantea desafíos inéditos. Nuestro propósito es
reexionar sobre el proceso político norteamericano y la transformación que ha tenido la relación entre el poder político
institucional y los medios de comunicación y analizar si el fenómeno Donald Trump es un síntoma o la causa de esta
descomposición. En las siguientes páginas estudiaremos la forma en que el presidente de los Estados Unidos ha alterado
equilibrios importantes en la vida política norteamericana y el efecto que esto tiene en la fortaleza de la musculatura
democrática.
Planteamiento del problema
La democracia deliberativa y la formación de la opinión pública.
Hay múltiples teorías de la democracia y diversas caracterizaciones de la misma. No es el propósito de este texto revisar
las diferencias entre la democracia de los antiguos y la democracia moderna, como tampoco es nuestro afán glosar las
características de una democracia representativa (Sartori, 2003). Damos por supuesto que un régimen democrático
contempla dos grandes campos de actuación. El primero es garantizar la representación, lo más amplia posible, de
una sociedad plural en sus distintos cuerpos de representación locales y nacionales y que, a partir de la voluntad de
la mayoría, se otorgue un título de legitimidad a aquellos que ejercen la dirección de las instituciones. El segundo es
garantizar el acceso a la información y la más extensa distribución de la misma, a n de que los ciudadanos puedan
tomar las decisiones que la propia democracia les exige. Una democracia tiene, en suma, cuando menos un componente
procedimental y un segundo elemento de carácter deliberativo.
La base teórica del régimen democrático supone que el ciudadano elige a los cuerpos representativos que aprobarán
las leyes y tomarán las decisiones que convengan al interés público. Para que este mecanismo funcione hace falta que
la democracia tenga un componente deliberativo y, en consecuencia, siguiendo a Gutmann y ompson (2004), es
necesario que el soberano tenga acceso pleno a la información disponible y pueda leer, ver y escuchar, de manera abierta,
interpretaciones diversas sobre las distintas opciones de política pública que tiene un país en un contexto determinado.
La sociedad democrática requiere, igualmente, de un principio general de rendición de cuentas que obligue al poder
público, en todos sus niveles y expresiones, a justicar sus decisiones con los argumentos técnicos o políticos que
considere pertinentes, para dar una fundamentación jurídica coherente que explique que las decisiones del gobierno no
contravienen al ordenamiento constitucional vigente en un país en un momento determinado o que tienen suciencia
presupuestal. Y nalmente, contrastar con la oposición política las razones que se esgrimen para sostener que la decisión
adoptada es más conveniente que las propuestas formuladas por la minoría. Las democracias modernas y en particular
la americana, requieren de una amplia deliberación de los actores institucionales y los partidos políticos que sea accesible
a todos los ciudadanos sin censura o limitación alguna. Como lo estableció el juez Holmes en 1919, si a un grupo se le
impide expresar sus ideas, el ciudadano se verá privado de todos los elementos que ofrece el (desde entonces) llamado
“mercado de ideas”, que es un pilar de la democracia, o como especicará años después el juez Cardozo: “es la condición
indispensable de casi todas las demás libertades”.
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En los Estados Unidos existe una sólida tradición jurídica que garantiza que, salvo en casos extremos (como una guerra
o el esquivo concepto del peligro inminente “clear and present danger”), no puede limitarse la libertad de expresión sin
generar una tensión con la primera enmienda de la constitución americana. El ujo de las opiniones debe ser libre e
idealmente accesible para todo ciudadano.
Por accesible entendemos tres elementos diferentes:
1) El primero, muy valorado en democracias escandinavas, es el del lenguaje ciudadano (Plain language), que no es otra
cosa que la posibilidad de que todo ciudadano, con independencia de su formación académica o sus conocimientos
jurídicos, pueda tener una versión compacta, pero satisfactoria, de todo aquello que se discute en la arena pública por
complejo y sosticado que pueda parecer. En una democracia los ciudadanos son iguales a la hora de votar y se deben
agotar todos los esfuerzos por garantizar que peculiaridades técnicas o jergas especializadas no alejen al ciudadano
común de los debates más relevantes.
2) El segundo es garantizar que todos los elementos de información que apoyen la discusión pública estén disponibles
para todos los ciudadanos y que la autoridad conciba que una democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y
por el pueblo; pero también frente al pueblo (Bobbio, 2013), dando así la oportunidad a todos los electores de poder
comprobar la información, utilizar los datos abiertos, las bases de datos y todos los elementos técnicos que dan soporte
a la información ocial. Además, todas las decisiones del gobierno, salvo las reservas especicadas en la ley, deben ser
públicas. Una democracia puede tener secretos, pero éstos deben restringirse a la mínima expresión, es decir, seguridad
nacional, la integridad de ciertos procesos delicados o datos personales.
3) El tercer elemento es que la información, las distintas posturas y las visiones alternativas de actores contrarios a la
postura gubernamental, puedan ser distribuidas equitativamente por todos los canales disponibles, a n de que todos los
sectores de la sociedad puedan estar informados de lo que está en juego.
Ahora bien, puesto que una democracia deliberativa supone que todo mundo tiene derecho a participar en el gran
debate nacional o como otros autores lo llaman, la gran conversación pública, es importante garantizar que el número
de ciudadanos que participe en el debate público (y posteriormente participe en el proceso electoral), tenga un umbral
mínimo que legitime colectivamente el proceso (Trejo Delarbre, 2015). Como ocurre con la participación electoral o
su contrario el abstencionismo, no hay un parámetro predeterminado a partir del cual una tasa de participación en
un proceso electoral deslegitime a una autoridad electa, pero es evidente que bajos rangos de participación minan la
legitimidad de los poderes públicos. Los Estados Unidos tienen una larga y poco ejemplar tradición de baja participación
por distintas razones que no es el caso de atender ahora. De manera similar, el número de ciudadanos que se allegan
información y tienen una opinión contrastada y fundada sobre lo que está en juego, es deseable que sea mayoritario,
aunque es sabido que en las democracias modernas buena parte de los ciudadanos no consume, por distintas razones, la
cantidad y la calidad de información que se requeriría a un participante en un debate informado. Los ciudadanos, por
decirlo así, son de pleno derecho, pero no de tiempo completo. En una democracia masiva, como las actuales, es imposible
pedir al ciudadano que esté al día de todos los asuntos de la agenda pública y que tenga una opinión estructurada sobre
las mismas. Es, sin embargo, una aspiración permanente de la democracia la formación de ciudadanos de alta intensidad.
De la misma manera, en una sociedad plural, debe asegurarse que todas las posturas o posiciones (que quepan en
el arco constitucional) tengan la posibilidad de ser transmitidas al conjunto de los ciudadanos. El pluralismo, como
principio, reconoce la discrepancia como un derecho válido y plantea que a través de la argumentación pueda cambiarse
una decisión mayoritaria. Por tanto, discrepar, debatir y oponerse no solamente es éticamente válido, sino que es
consustancial a una democracia. En consecuencia, el establecimiento de un régimen democrático supone la existencia de
un espacio público para que orezca un debate enriquecedor (el ya mencionado mercado de las ideas de Holmes) en el
que nadie pueda ser descalicado a priori. Los opositores al gobierno tienen el mismo derecho a hablar que el Presidente
o la bancada mayoritaria en cualquiera de las dos Cámaras y el ciudadano tiene el derecho de oír a todos para contrastar
opiniones y formular y reformular su criterio. La deliberación pública es dinámica y, por tanto, lo que hoy es aceptado
por las mayorías, mañana podría dejar de serlo a la luz de informaciones novedosas o argumentos más persuasivos y
ecaces o simplemente por un cambio del contexto.
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Una sociedad pluralista tiene, sin embargo, una frontera que los teóricos constitucionales han consignado de manera
sistemática y es que todas las posturas tienen espacio en el debate democrático, salvo aquellas que atentan directamente
contra los valores que son la base de la convivencia. Este tema no está zanjado y hay controversias constitucionales como
la del juez Douglas en 1951 que alegaba que una ideología (el comunismo) no podía ser perseguida por citación judicial,
por indeseable que pudiese parecer a la mayoría el contenido de esa doctrina o por ser contrario a los fundamentos de
una democracia de mercado. El matiz, argumentaba el juez Douglas, estriba en que ni el prejuicio, ni el odio, ni siquiera
el miedo insensato, deben motivar restricciones a la libertad de expresión, salvo cuando exista una prueba de daño
inminente.
Un dilema similar surge cuando una ideología extremista y racista empieza a usar mentiras (fake news) para construir
una conversación pública o una campaña electoral. Mentiras o medias verdades se han dicho siempre y la política, desde
tiempos inmemoriales, ha recurrido a las mismas. George Bush invocó las armas de destrucción masiva para invadir Irak
y ahora Trump busca legitimidad acusando a China de haber creado y diseminado el coronavirus. Nada nuevo bajo el
sol. Pero el nuevo contexto tecnológico y comunicativo facilita el que una mentira pueda alterar la esencia misma de la
democracia al introducir elementos falaces que crean divisiones articiales o una polarización irreconciliable.
El dilema Donald Trump: la mentira como recurso político
Muchos observadores de la vida pública americana se han preguntado si elementos de la retórica de Trump y algunos
de los grupos que lo han apoyado (algunos abiertamente racistas, otros con una marcada mentalidad anticientíca)
deben ser tratados como los que emite un participante más del debate democrático. Es decir, si sus posturas políticas son
aceptables como cualquier otra o bien, deben ser denunciados como los de un enemigo del pluralismo y la democracia.
El dilema fue planteado en reiteradas ocasiones por Paul Krugman (2016) a lo largo de la campaña electoral del 2016.
Su conclusión es que no todas las opiniones son respetables y válidas, algunas se fundan en evidentes mentiras. El
argumento llevado al extremo por Krugman es si alguien plantea que la tierra es plana ¿se le debe considerar como una
opinión más del mercado de las ideas o debe ser denunciada como falaz? Los medios serios, plantea Krugman como
corolario de su razonamiento, deben denunciar la falsedad. Y de alguna manera es lo que hicieron. Buena parte de los
diarios más inuyentes de los Estados Unidos incorporaron (con visibilidad) la comprobación de datos y hechos
1
a sus
propuestas informativas, lo cual arrinconó a la retórica de Trump en la esquina de la demagogia populista y esa dinámica
activó el ciclo de denuncia del presidente contra los medios tradicionales como sus enemigos políticos. No es casual que
a muchos de ellos los mencionara en sus diatribas como uno de los pilares del establishment que había que derribar, como
por lo demás lo hacen la mayoría de los gobiernos populistas de las Américas.
Dicho de otra manera, es discutible que, en nombre del pluralismo, pueda pedirse un espacio y un reconocimiento a
quienes promueven ideologías totalitarias o racistas, como lo es también el de aquellos actores que utilizan el espacio
democrático y al mismo tiempo optan por la violencia y el terrorismo. Los límites de la democracia son los linderos que
evitan que los enemigos de la sociedad abierta se apoderen del espacio público para atentar contra ella. Ese es el principal
dilema de la integridad del sistema democrático en los Estados Unidos.
La deliberación pública supone la existencia de un régimen clásico de libertades que garantiza la libre expresión y
también la libre circulación de las ideas, porque esto permite articular el razonamiento público (Drèze y Sen, 2013,
p. 271 y 55). Es crucial constatar que, en una democracia moderna, con tantas conexiones como las que permiten las
modernas tecnologías, el debate público no se da de una manera (permítaseme la licencia) químicamente pura. No
todos los participantes en el debate están motivados por una visión ideal de lo que signica el interés público. Hay
interferencias que deben ser identicadas y apropiadamente matizadas. La primera es el debate ideológico propiamente
dicho. A diferencia del lenguaje cientíco o académico, el discurso político no se guía por la búsqueda de la verdad y
la objetividad, persigue más bien la legitimación de los propios postulados para maximizar la propia posición. Otro
factor que puede alterar la deliberación pública es el interés económico de grupos (empezando por los propios medios
de comunicación) que pretenden inuir en el debate público, en muchas ocasiones, con más recursos que los propios
actores institucionales para presentar una versión determinada de algunos temas. Y nalmente, podemos tener mentiras
puras y duras motivadas por distintos actores que puedan, como veremos más adelante, tener una aspiración política o
una incidencia en el debate público, como pueden ser candidatos antisistema, iglesias o ciertos grupos de interés.
El sitio Politifact.com estableció un barómetro sobre la veracidad de las declaraciones de Trump e incluso revisó su discurso de toma de posesión
el día 8 de noviembre del 2016.
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Conviene, a estas alturas, traer a colación otro concepto: la agenda pública. Esta se toma por el conjunto de temas que
en un contexto determinado se consideran prioritarios para el funcionamiento y la organización de un país. La agenda
pública se puede integrar por un número indeterminado de temas, pero la capacidad de las sociedades para procesarlos
es limitada; en consecuencia, los componentes que la integran suelen ser dos o tres. La disputa por la atención colectiva
supone un proceso que en inglés llaman agenda setting (Protess y Mc Combs,1991) que no es otra cosa que la capacidad de
determinar que un tema es de interés nacional y, en consecuencia, merece un escrutinio colectivo cotidiano y sistemático.
No es cuestión de profundizar tampoco en estas páginas en la forma en que se integra la agenda pública y los actores
que pugnan para articularla. Baste, para proseguir con nuestra argumentación, con el reconocimiento de que, si en el
modelo clásico de nales del siglo XX, de una democracia deliberativa, el gobierno, los partidos políticos y los medios
de comunicación tenían un papel protagónico, hoy la nueva realidad tecnológica ha venido a trastocar este supuesto. El
gobierno conserva una enorme capacidad de jar temas en la agenda pública a través de los mecanismos tradicionales o
la (seguida por millones) cuenta de Twitter de Trump. Las fuerzas políticas tradicionales conservan también mil canales
para subir a la atención nacional los asuntos que consideren apropiados. Ahora bien, lo que es palmario y visible en los
Estados Unidos y en muchos otros países, es que la nueva realidad tecnológica ha quitado a los medios tradicionales
la función heliocéntrica que antes tenían, para convertirlos en un planeta más. No cabe duda de que son los planetas
mayores, particularmente la televisión, la radio y la llamada prensa seria, pero hoy conviven con plataformas como
Facebook, Twitter o Instagram que son accesibles a todos y que pueden formar redes con independencia de los grandes
canales tradicionales y hacer circular información, en múltiples sentidos, provocando una atomización de la agenda,
fenómeno de creciente interés entre los estudiosos de la comunicación.
La atomización de la agenda pública es una consecuencia directa de esta nueva realidad en la que los distintos intereses
de una sociedad plural encuentran un camino de expresión directo y ampliamente satisfactorio. Todo ciudadano, con
un dispositivo con acceso a Internet y una cámara, puede subir contenidos a la red. Por supuesto, algunos correrán
con mayor o menor aceptación por parte de otros participantes de la red y eso le dará, a esos contenidos, una forma de
validación muy diferente a la de los medios de comunicación tradicionales. En los nuevos canales, el número de likes,
corazones de aceptación, muestras de aprobación por reproducciones de comentarios, tweets o videos, se convierte
en un elemento más importante que el escrúpulo tradicional de los medios de divulgar información atractiva, pero
siempre cuidando la línea general de lo que se llama el rigor periodístico. Es evidente que las fronteras de dicho rigor
no son rígidas, pero en términos generales, puede decirse que en los medios tradicionales la vericación de fuentes y la
verosimilitud de la historia que se presenta a las audiencias se da por supuesta, porque el sello editorial lo respalda
2
. En
los nuevos medios, como veremos más adelante, puede publicarse cualquier cosa sin que nadie se haga responsable del
contenido.
En las redes sociales toda opinión puede expresarse sin ninguna consecuencia. Casi cualquier comentario racista o
peyorativo puede integrarse a la pared del Facebook. Prácticamente cualquier usuario de Twitter puede arrojar insultos
y descalicaciones con pocas cortapisas a sus adversarios. Si en el modelo tradicional la deliberación pública tenía como
límite el respeto a los valores constitucionales, en el periodismo tradicional la búsqueda de la verdad era la estrella
polar, en las redes sociales lo que menos importa es el rigor y casi cualquier contenido puede ser subido a la red sin
que, hasta el momento, se haya encontrado ningún mecanismo para distinguir lo que es una historia verdadera o un
dato incontrastable, de aquello que es mentira o números sin ninguna solidez metodológica. En la red se puede decir lo
que uno quiera sin que haya mecanismos correctivos ni responsabilidad asignada a una casa editorial o a una cadena
televisiva. Es un mercado en el que igual da el gato que la liebre. Trump hizo campaña con el Twitter y, desde esa red,
desaó el conocimiento convencional de la elite republicana y conectó con un electorado radicalizado que no había
aceptado con todas sus consecuencias el triunfo de un presidente afroamericano, Barak Obama, en 2008 y los efectos
devastadores de la crisis y la nueva revolución tecnológica.
De esta forma, el ciudadano contemporáneo y particularmente los más jóvenes, se encuentran con una digitalización
de la conversación pública que circula sin demasiados controles de veracidad en un universo que ha dado en llamarse
multimedia, que no es otra cosa que contenido noticioso que circula por varios soportes de comunicación combinados
(texto, foto, o video) y se distribuye por distintos canales. Se perla como tendencia general que la imagen predomine,
como lo advirtió Sartori en el célebre ensayo sobre el homo videns (Sartori, 1998 y 2003). Las imágenes se canalizan mejor
En su número del 3 de abril del 2017 la revista TIME sugería en su portada una polémica pregunta: Is truth dead?
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que las ideas complejas y la construcción de una razón pública basada en argumentos. Las democracias dominadas por la
televisión mostraron patologías que autores como Popper (1998), al nal de su vida, analizaron con preocupación, pero
las democracias con Internet nos están dando una nueva realidad que plantea, en la misma proporción, oportunidades
y desafíos (Neuman, Bimber y Hindman, 2011).
Las oportunidades de subvertir un orden determinado y el dominio abrumador de los medios tradicionales son viables
por la posibilidad que hoy tienen las sociedades de tener una comunicación horizontal (con video incluido) que puede
llegar a ser viral y que es muy difícil que un gobierno cancele o límite (Fogel y Patiño, 2007). Hoy en día, la represión
gubernamental puede ser exhibida en la red y convertirse en un arma poderosa en contra de impulsos autoritarios de
cualquier gobierno. Buena parte de las revueltas liberadoras, desde Moldavia hasta las del mundo árabe, son producto
de esta nueva realidad tecnológica. No nos detendremos demasiado en esto, que ha sido analizado por Manuel Castells
(2012) y no porque no sea importante, sino porque nos desvía de nuestro objeto de estudio principal que son las
elecciones americanas.
En el proceso electoral del 2016 pudimos constatar el uso masivo de los medios alternativos para diseminar mentiras
(algunos las llamaban pomposamente verdades alternativas) con un propósito político deliberado de desacreditar e
incluso la difusión de falsedades con una innegable vocación de estigmatizar a ciertos grupos. Como ha apuntado
Joshua Benton (2016) de Nieman Lab, en un pequeño pueblo del sur de Luisiana, por ejemplo, la víspera de la elección
aparecieron, en la página del Facebook del alcalde en funciones, historias que no tenían fundamento. Algunas de estas
volvían sobre temas tan disparatados como el hecho de que Hillary Clinton llamaría a una guerra civil en caso de que el
candidato republicano fuera electo, tratando de minar, de esa manera, su compromiso democrático y reforzando la idea
de que Trump en realidad era un candidato genuinamente antisistema, una auténtica amenaza contra el sistema político
que generaba creciente irritación en amplios círculos de la población.
Otra historia difundida por esa vía fue aquella que le dio la vuelta al mundo por su falsedad, según la cual el papa
Francisco había decidido apoyar a Trump. Miles de personas vieron esa información sin que atendieran posteriormente
al desmentido. Muchas de ellas votaron pensando que el Papa, efectivamente, había apoyado a Trump. El tema es que
las nuevas tecnologías permiten direccionar esos mensajes a grupos predispuestos a escucharlos favorablemente, pues
refuerzan sus convicciones y prejuicios.
Las historias sin ningún tipo de fundamento podían reproducirse en miles de páginas y, a través de la interacción, ganar
credibilidad. Algunas eran francamente burdas como el hecho de que Obama había admitido nalmente que había
nacido en Kenia y otras eran más sutiles y venenosas, como aquella que sugería que el agente del FBI que había ltrado
información sobre la corrupción de Hillary Clinton había aparecido muerto.
Los controles crecientes (de los medios de comunicación) sobre la veracidad de la información son difícilmente aplicables
en un universo como Internet, que nació libre y muy probablemente lo siga siendo con los benecios y problemas que
esto plantea. La información generada en páginas web (y reproducida por audiencias predispuestas a creer en ellas)
fomenta las teorías de la conspiración, forma de pensamiento altamente compatible a la ideología extrema de grupos
radicalizados. Todo es culpa de un pequeño grupo que atenta contra el pueblo bueno y engalanado de todas las virtudes
cívicas. Para Facebook, por ejemplo, este tipo de casos implican una nueva responsabilidad (nada sencilla de cumplir)
para etiquetar páginas de amplia difusión o con una interacción importante, si la información que publican es falsa.
Para Twitter, la relación con uno de sus usuarios más activos es hoy motivo de polémica. Todo esto está todavía por
desarrollarse.
De manera exponencial ese amasijo de información falsa, opiniones y prejuicios se fue convirtiendo en una tendencia
en las redes sociales que se distribuyó en páginas de Facebook y cuentas de otras redes que conectan al Tea Party con el
Ku Kux KLAN, por citar solamente dos casos. El encuentro en la red y la reconfortante sensación (todos las sentimos
cuando alguien reeja en el espacio público nuestros anhelos y nuestras frustraciones) de tener una comunidad de
sentimientos (y prejuicios) con un número amplio de ciudadanos que cada vez se auto limita menos para expresarse.
Esta situación fue envalentonando a estos grupos para salir de la periferia del sistema y armar, sin ambages, que no
se avergonzaban de su ideología racista, nativista y anticientíca. Por primera vez, desde que la corrección política se
instaló como norma en los medios de comunicación tradicionales y en la élite política profesional, un candidato se
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atrevía a exteriorizar de forma directa. Incluso llegó a utilizar un lenguaje machista y procaz para dirigirse a mujeres y a
integrantes de otras comunidades. Trump hablaba cómo ese sector quería que hablase y sin que pruritos constitucionales
o cientícos lo limitasen, Trump podía negar la americanidad del juez Curiel (por tener origen mexicano) o la
inexorabilidad del cambio climático por efecto de la actividad humana y eso reconfortaba a los radicales que recibían
mensajes conrmatorios de todas esas falsedades.
Esos grupos, que antes se sentían en la periferia del sistema, consiguieron sus propios medios y un paladín que decidiera
hablar como ellos. Y esos contenidos falaces y mendaces empezaban a circular por ese territorio que algunos tratadistas
han llamado “transmedia” que no es otra cosa que: “un proceso narrativo basado en el fraccionamiento del contenido
y su diseminación a través de múltiples plataformas, soportes y canales (oine y online), con el n de que cada medio
pueda contar una parte especíca y complementaria de la historia” (Rivera, 2012).
Los propios medios tradicionales incorporaron las mentiras y los prejuicios a su agenda informativa cotidiana, algunas
veces para desarrollarlos y otras, para criticarlos. La pregunta de todas las mesas editoriales era la pertinencia de considerar
cualquier opinión como válida y consignarla acríticamente. Por ejemplo, los mexicanos son los responsables de los
elevados niveles de criminalidad. ¿La misión de los periodistas profesionales era demostrar su origen propagandístico
y segregador? ¿O simplemente referirla y atribuirla? En otras palabras, ¿si algún personaje decidía defender la creación
divina en contra del evolucionismo, debería considerarse como una dualidad verdad/mentira o una opinión tan respetable
como cualquier otra? El dilema no es menor, porque muchos grupos intransigentes y abiertamente racistas, pretenden
hacer pasar sus posturas como si fueran una opinión más en el universo plural de una democracia deliberativa. La
campaña de Trump puso a los medios de comunicación frente a uno de los dilemas más importantes de su historia y
Trump se encargó de ubicarlos como sus enemigos frontales, los enemigos del pueblo.
La atomización de la agenda ha permitido, en efecto, a grupos minoritarios rearmar su sentido de pertenencia y poder
disponer de canales de comunicación que rearmen su identidad (Rubio, 2017). Esta atomización ha permitido que
los grupos de interés que uno pueda imaginar, desde informativos hasta de entretenimiento, hoy encuentren modo de
relacionarse con audiencias o colectivos que tienen exactamente los mismos intereses y que en muchos casos comparten
las mismas opiniones. Es una extraña paradoja que la Internet, que estaba llamada a conectar el mundo cada vez con
mayor eciencia esté, al mismo tiempo, desarrollando cada vez con mayor nitidez grupos cerrados que dialogan entre
ellos y son refractarios a una deliberación amplia, en la cual puedan escucharse los puntos de vista que desafían el propio.
La democracia americana amenazada: mentira y desconanza
Ese fundamento de la democracia que apuntábamos antes, la posibilidad de acceder al mercado de las ideas hoy parece
amenazado por esta proliferación de islas inconexas que discuten y se retroalimentan entre ellas sin tomar en cuenta
referentes externos que contradigan, maticen o pongan en entredicho las propias concepciones. Ya un lósofo alemán
(Peter Sloterdijk) lo había notado en el contexto de las democracias europeas y lo había llamado “la conformidad
acústica”. Esta conformidad signica algo tan sencillo como que a algunos ciudadanos les agrada escuchar información
y opiniones que refuercen el propio punto de vista y tienden a sentirse incómodos o desaados cuando escuchan, leen
o ven información que contradice algo en lo que ellos creen. La conformidad acústica ha dado paso a un término que
ha ganado fortuna y que, de alguna manera, sintetiza esa proclividad a rechazar aquello que nos resulta desaante o
contradice una serie de posturas ideológicas y políticas que se asumen e interiorizan. Se trata de la “posverdad” que se
dene como la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el n de inuir en la
opinión pública y en actitudes sociales” (Real Academia Española, 2017).
En un universo de medios competitivos puede encontrarse un equilibrio al garantizar que en los principales canales de
televisión y radiodifusión se permita que todas las voces del abanico constitucional puedan expresarse. De esa manera,
ciertamente imperfecta, se fomenta que un ciudadano que tenga sesgos y preferencias, pueda escuchar información
de otros actores políticos o con otra orientación ideológica e idealmente ponderarla, valorarla e incluso admitirla. En
las redes es menos probable que esto ocurra, porque se rigen por un principio de anidades electivas y eso potencia
que el diálogo se dé entre convencidos. Yo solo hablo con los de mi tribu. Por tal razón, el debate tiende a ser cada
vez más insular y segmentado, lo cual plantea un desafío colosal para una sociedad como la norteamericana que tiene
prácticamente un acceso universal a una Internet de buena calidad.
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En ese contexto de atomización de la agenda pública, las posibilidades de los medios tradicionales de conducir el debate
político se reducen notablemente, como lo pudimos comprobar en las campañas del 2016 y lo vemos ahora de cara al
proceso electoral del 2020. Como bien lo expresó en uno de sus editoriales el e Washington Post (2016), si por ellos
hubiese sido, Trump no hubiera sido ni siquiera candidato del partido republicano, mucho menos presidente de los
Estados Unidos. Pero ganó y eso obliga a replantear algunos supuestos. Para la prensa escrita, la elección de Trump
marca un antes y un después en su capacidad de inuir en la opinión pública. La pérdida de centralidad de los medios
de comunicación tradicionales se combinó con un retroceso de la credibilidad en los mismos que distintas encuestas
consiguieron detectar. Así lo muestra el estudio de Edelman (2019), el cual indica que la conanza en los medios de
comunicación cayó para ubicarse en niveles de 47%.
Figura 1: La conanza en dos instituciones (medios y gobierno).
Fuente: TRUST BAROMETER. Global Report 2019. Edelman.
Cuando el precandidato Donald Trump se refería al establishment al que había que derrotar, incluía invariablemente a los
medios de comunicación a los que, de manera sistemática, sigue utilizando como presidente de los Estados Unidos como
su némesis. Para algunos conservadores esa línea de argumentación ha permitido al presidente consolidar su discurso
como el de un patriota que lucha contra el pantano de los intereses creados (Rose, 2018). Pero al mismo tiempo, como
lo subraya en un reciente libro James Poniewozik (2018), la esencia del Presidente se formó primero en las revistas como
el magnate heterodoxo, una celebridad provocadora y contrastante y después pasó a televisión en el papel estelar del
programa e apprentice. Hoy el aprendiz ha pasado a ser el verdugo.
Ganó la presidencia confrontando al verdadero americano con los globalistas, con aquellos cuyo origen no era nítido, los
que requieren un gentilicio previo (mexicanos, asiáticos, afros, etc.) para tener carta reconocida. Por eso la política de la
identidad ha jugado un papel central en estos tiempos, una política riesgosa y segregadora en el largo plazo (Fukuyama,
2018). Una suerte de ciudadanos de segunda que, aliados con una élite desaprensiva, roban el alma a la nación. Por eso
su lema de “America rst” fue tan potente. Conecta con ese sentimiento de abandono, identicado ya desde hace varias
décadas por Huntington, de los “genuinos” americanos, los que representan la identidad frente a los globalizadores
desnaturalizados. En la ONU, el propio Trump (septiembre, 2019) dijo que el futuro pertenecía a los patriotas no a los
globalistas.
Como todos los populistas, Trump asume que el pueblo es él y desde esa posición despliega su estrategia victimista.
En una entrevista de mayo del 2020 con la cadena FOX armó que desde Lincoln ningún presidente había sido peor
tratado que él por los medios tradicionales, el argumento no era novedoso, ya lo había citado en su cuenta de Twitter
(@realDonaldTrump, enero 2020). Se presenta siempre que puede como el incomprendido. Sus invectivas contra los
medios de comunicación como el NYT y CNN son frecuentes. Los reagrupa bajo la etiqueta de “fakenews lamestream
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media”. Trump alega que ese y otros canales de TV se negaban a publicar los avances de su gobierno, que en otras
palabras signica que no informan lo que él quería. El presidente, tratando de imponer líneas editoriales a los medios o
en querella cotidiana contra ellos es una amenaza directa a la integridad de la democracia americana.
Una sociedad dividida y crecientemente polarizada
En los últimos años se ha popularizado, en el análisis político, la idea de una América dividida en dos grandes mitades
y de que su democracia enfrenta riesgos. Los títulos de las novedades editoriales son sintomáticos. Desde el elegante
ensayo de Greenblat (2018) sobre Shakespeare, hasta obras especializadas que hablan de cómo salvar una democracia
constitucional (Ginsburg and Aziz, 2018) pasando por ensayos que versan sobre las políticas del resentimiento (Cramer,
2016), la petulancia (Wolfe, 2018) y el discurso del odio (Taibbi, 2019). El fantasma del autoritarismo recorre América.
La América dividida en dos partes casi idénticas fue evidente en el proceso electoral del 2016. Sin embargo, podemos armar
que en realidad esta división ha sido una constante (con algunas variaciones) a lo largo del siglo XX. Si analizamos, con
cierto detenimiento, los resultados electorales de los comicios que han tenido lugar en esta centuria, podemos constatar
que existen dos hemisferios de proporciones similares que han variado en las sucesivas convocatorias electorales. Por
ejemplo, en el 2000, George Bush alcanzó 50.456.000 votos, mientras que Al Gore obtuvo 50.996.000 sufragios. El siglo se
inaugura con la paradoja de que el ganador del voto popular no era el triunfador en el colegio electoral, como ocurriría
16 años después con el triunfo de Donald Trump. Pero empezamos el siglo XXI con una América partida en dos mitades
casi perfectas, lo cual no tendría nada de particular dada la naturaleza del sistema electoral norteamericano que fomenta
este tipo de comportamiento, si no estuviésemos también ante dos formas de entender el mundo que se repelen de
forma creciente. Estas dos maneras de concebir los desafíos de los Estados Unidos en la propia realidad nacional y su la
proyección internacional, llegarán muy pronto a una bifurcación de las narrativas nacionales. Un momento clave se dio
cuando el gobierno de George Bush decidió usar una serie de argumentos mendaces y dicotómicos, con ellos justicar
una intervención imperial en Irak (Singer, 2015). La forma en que el entonces gobierno republicano utilizó la dicotomía
amigo-enemigo, es decir, estás conmigo o contra mí, sin matices o mediaciones posibles, acentuaba de manera casi
apocalíptica la irreconciliable partición.
Tabla 1: Resultados electorales 2000-2016
ELECTORAL POPULAR
2000
George W. Bush 271 50,456,062
Albert Gore, Jr. 266 50,996,582
2004
George W. Bush 286 62,039,073
John F. Kerry 251 59,027,478
2008
Barack H. Obama 365 69,456,897
John S. McCain 173 59,934,814
2012
Barack H. Obama 332 65,446,032
W. Mitt Romney 206 60,589,084
2016
Donald J. Trump 304 62,980,160
Hillary R. Clinton 227 65,845,063
Fuente: Historical Presidential Elections. 270 to Win.
En el 2004 cambiaron un poco las cosas y la victoria de Bush fue más holgada, pero la división se mantenía. El polémico
presidente obtendría 62 millones de votos y John Kerry, el candidato demócrata superaba ligeramente los 59 millones.
Si los números dejan ver con claridad esta sociedad de dos mitades, la cartografía electoral nos reeja también una
América azul en las costas y una América roja en el centro que persiste (con algunas variaciones) hasta las elecciones
del 2016. Como podemos ver en los sucesivos mapas y sus coloraciones, hay dos realidades sociológicas y políticas que
estructuralmente parecen incompatibles en los Estados Unidos.
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Figura 2: Votos electorales por Estados. Elección presidencial año 2000.
Fuente: Historical Presidential Elections. 270 to Win
Figura 3: Votos electorales por Estados. Elección presidencial año 2004.
Fuente: Historical Presidential Elections. 270 to Win
Figura 4: Votos electorales por Estados. Elección presidencial año 2008.
Fuente: Historical Presidential Elections. 270 to Win.
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En el 2008, el péndulo cambia de sentido y Barack Obama consigue una abrumadora victoria sobre el senador de Arizona,
John McCain. La distancia es de 10 millones de votos y el triunfador Obama decía que el mandato que le daban las urnas,
implicaba una revitalización del llamado sueño norteamericano y superar las divisiones. No se logró ninguno de los
dos. Los cerca de 60 millones de ciudadanos que votaron por McCain se sintieron desplazados y descolocados en una
América en la que no se reconocían, ni por la pigmentación de la piel de su presidente, ni por sus políticas de protección
a los más necesitados. Esa América blanca que cree que el gobierno no debe extender su brazo protector a temas tan
sensibles como la salud, argumentaba que un “comunista no nacido en los Estados Unidos” estaba usurpando la primera
magistratura. Una buena parte de la narrativa desplegada por los políticos republicanos y sus medios anes consistía
en negar la americanidad del presidente. Una encendida polémica sobre el lugar de nacimiento de Obama consumió,
durante años, a un sector del electorado que sin pruebas y aún contra de ellas, decidió que el presidente afroamericano
no era un integrante de su comunidad. Él no es como nosotros. Necesitamos a alguien que nos represente y ese alguien
fue a la postre Trump.
Esos 60 millones de votantes de los estados del centro del país vivieron la administración Obama como una especie
de amenaza existencial. El cambio demográco que implicaba el que algunas minorías (como los hispanos) pudiesen
determinar quién iba a ser en última instancia el inquilino de La Casa Blanca, resultó perturbador para ellos. La idea ya
muy difundida entonces del declive relativo de los Estados Unidos respecto a potencias en ascenso (China), conjugada
con la percepción de pérdida de inuencia política electoral de los blancos respecto a los afroamericanos y a los hispanos
y otras minorías, adquirió proporciones colosales. Este conjunto de factores fue pregurando el ambiente en el cual un
personaje como Donald Trump cosechara la victoria.
En las elecciones del 2012 las distancias entre republicanos y demócratas se vuelven a recortar. Volvemos a encontrar dos
mitades del voto popular casi perfectas. Mitt Romney alcanza 60.600.000 votos y Barack Obama gana con 65.450.000
votos en números redondos. Nuevamente la geografía electoral nos permite ver que las costas permanecían sólidamente
leales a los demócratas y el centro del país permanecía sólida y pertinazmente favorable a los republicanos, sólo que cada
vez más radicalizados.
Figura 5: Votos electorales por Estados. Elección presidencial año 2012.
Fuente: Historical Presidential Elections. 270 to Win.
Para hacer más complejo el panorama, los estudios de opinión del Pew Research Center y de otras casas encuestadoras,
nos permitieron constatar que la participación de los radicales de cada una de las corrientes políticas era creciente.
Cuando Barack Obama y los republicanos se enfrentan sobre distintos asuntos de la agenda nacional, las posiciones de
los republicanos tendían a concentrarse en enfoques crecientemente conservadores, dejando atrás las posturas centristas
y las posibilidades de compromisos bipartidistas que habían marcado la política americana de la postguerra.
En los dos principales partidos, el número de centristas ha tendido a reducirse en los últimos 20 años en favor de
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visiones consistentemente liberales e incluso francamente críticas entre los demócratas (que explica el ascenso de Bernie
Sanders). Y de manera recíproca, entre los republicanos creció el número de conservadores que encontraron en Trump
su portavoz y paladín. El corrimiento a los extremos se aprecia en las siguientes distribuciones de 1994 a 2017.
Figura 6: Polarización política entre los americanos
Fuente: Pew Research Center, October, 2017, “e Partisan Divide on Political Values Grows Even Wider”.
Lo que vendría en 2016 es una consecuencia natural de esta estructura sociológica del voto. Después de ocho años de
gobiernos demócratas, el péndulo giraba a la derecha y Donald Trump ganaba la elección en el colegio electoral con 304
votos y con un respaldo de cerca de 63 millones de votos populares, mientras que Hillary Clinton no consiguió rebasar
los 65 millones que tuvo Obama en su reelección y a pesar de su triunfo en el voto popular, no pudo retener dos estados
(Michigan y Wisconsin) tradicionalmente azules.
Figura 7: Polarización política entre los americanos
Fuente: Historical Presidential Elections. 270 to Win.
La era de la desconanza
Pese a la enorme división y polarización que hemos constatado, los americanos siguen teniendo una visión positiva de su
futuro. Según otra encuesta del Pew Research Center, el nivel de conanza de los norteamericanos en el futuro de su país
se mantiene en niveles altos. Alrededor del 71% de los ciudadanos dice tener bastante conanza en el porvenir, mientras
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que el número de personas que se muestra pesimista respecto a lo que viene, representa el 28%. El problema es que el
optimismo se liga a una visión cada vez más radical: el futuro será mejor si se suprimen los privilegios de minorías o se
construye un muro. Por supuesto que estos números requieren de una lectura contextualizada para evaluar cómo han
cambiado en este siglo. Si consideramos que en el 2015 el número de americanos que se mostraba poco animado con
el futuro ascendía a 15%, en 2017 ese número se duplicó. Podemos asociar con las campañas una sensación de zozobra
sobre el porvenir, pero eso no lo explica todo. Por supuesto, en Estados Unidos, como en casi todas las democracias,
la lectura partidista cambia la función de los resultados electorales y quien ocupa el gobierno. En 2013, por ejemplo, el
número de republicanos que se decía frustrado por el futuro del país alcanzó niveles inusualmente altos, como vemos en
la gráca sobre las actitudes de los americanos hacia el gobierno.
Figura 8: Opiniones y sentimientos respecto al gobierno.
Fuente: Pew Research Center, April, 2019, “Little Public Support for Reductions in Federal Spending”
.
Si vemos con detenimiento los números contenidos en la gráca 8, veremos qué si bien la distribución no ha cambiado
demasiado en los últimos cinco años, la insatisfacción por el gobierno en turno se ha mantenido en niveles similares
hasta marzo del 2019; la única excepción fue noviembre del 2001 cuando después de los ataques terroristas, 53% los
americanos se sentían muy satisfechos con la acción gubernamental. Hacia 2004, cuando se dio la reelección de George
W. Bush, el número de satisfechos se había encogido en un 20% y el número de frustrados se había incrementado en
una proporción similar, pero en esos años el sentimiento de irritación no había despegado (como lo haría a partir de
2006) cuando el análisis público del gobierno de Bush empezaba a arrojar balances negativos en prácticamente todos los
ámbitos de la acción gubernamental.
Como podemos apreciar en la mencionada tabla, el porcentaje de personas enojadas no volverá ya a niveles de un dígito.
Y un porcentaje cercano a un cuarto de la población mantendrá esta actitud. El porcentaje de frustrados se moverá por
encima de los 50 puntos de manera consistente, con lo cual tenemos a prácticamente tres cuartas partes de la población
americana que se mueve entre la rabia y la frustración contra su gobierno. Y en franco contraste, una minoría de solo
dos de cada 10 se muestran contentos. En otras palabras, la conanza en el gobierno reeja niveles extraordinariamente
bajos. Esa población está predispuesta a consumir información que rearme sus posturas.
Es interesante ver en perspectiva histórica el movimiento que tiene esta variable en la opinión americana. Lejos, muy
lejos, quedan los cerca de 80% que a nales de la década de los 50 manifestaban conanza en su gobierno. Durante los
años 60 la caída en el indicador fue constante y particularmente pronunciada hasta la década de los 80 en la que Reagan
consiguió llevar la tasa de conanza a niveles superiores al 45%. En los 90 el indicador volvería a caer a niveles muy
similares a los que hoy se observan, pero, como se aprecia en la distribución de puntos y como ya señalábamos antes, 2001
le dio un nuevo aire al gobierno y una renta política que George Bush dilapidó. La polarización generada por la elección
de Obama nunca superó la desconanza y el índice nunca más volverá a repuntar. Dicho de otra manera, la conanza
del gobierno no ha dejado de decrecer en los últimos 15 años. Eso explica, a mi juicio, porque un individuo como
Trump pudo conectar con un segmento del electorado que sentía una enorme frustración con la acción gubernamental
de Obama, pero que no tenía conanza en los políticos tradicionales del republicanismo que, como pudimos observar,
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perdieron buena parte de su crédito cuando ejercieron el gobierno bajo la presidencia de Bush.
Figura 9: Conanza en el gobierno (1958-2019)
Fuente: Pew Research Center, May, 2017, “Public Trust in Government Remains Near Historic Lows as Partisan Attitudes Shi”.
Diferentes fuentes, diferentes visiones. Lecturas alternativas
En este contexto de atomización de la agenda pública, polarización y desconanza, vale la pena revisar las fuentes que
nutren de información a ese ciudadano irritado y desconado. Han corrido ríos de tinta sobre las páginas que consultaron
los partidarios de Trump para informarse del proceso electoral. ¿Cuáles eran los medios a los que acudían para formarse
un criterio? Sorprende, por ejemplo, que su animadversión a los tratados de libre comercio no fue compartida por los
medios más cercanos a la derecha económica (e Wall Street Journal, por ejemplo) ni por el establishment tradicional
de los medios cercanos a la órbita republicana. Nosotros tomaremos como punto de referencia la encuesta publicada
por el Pew Research Center que se realizó entre nales de noviembre y principios de diciembre de 2016 con un panel
representativo de las opiniones de los americanos.
La relevancia que Internet y las redes sociales tuvieron en esta elección es muy grande, como quedó establecido en
páginas precedentes. Sitios de Internet como Breitbart o BuzzFeed cumplieron una función estratégica (Woodward,
2018) en el posicionamiento de las ideas del universo trumpista y conguraron la plataforma ideológica que resultó
nalmente triunfadora en las elecciones de noviembre del 2016. Sin desconocer el peso especíco que hoy las redes
sociales y el ciberespacio juegan en la distribución de información y en la articulación de opiniones, conviene señalar
que la televisión siguió siendo el medio más importante para obtener información sobre el proceso político. Como puede
verse en el siguiente gráco, la cadena más mencionada (como principal fuente de información de las campañas del 2016
por todos los votantes) fue Fox News. Dos de cada 10 americanos utilizaron esa cadena conservadora para obtener su
información. En segundo lugar, viene CNN con un distante 13% y después Facebook, plataforma que, como hemos visto,
generó un ambiente incierto por la dispersión de noticias falsas. Prácticamente la mitad de la población se informó por
estas tres vías
.
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Figura10: Los votantes y su fuente de información
Fuente: Pew Research Center, January, 2017, “Trump, Clinton Voters Divided in eir Main Source for Election News”.
Fox News es una cadena que ofrece un encuadre conservador con un elevado nivel de editorialización de la agenda
informativa. El foco está puesto en agradar los oídos de audiencias más conservadoras (Erikson, 2015, p-239) predispuestas
a buscar eso que habíamos llamado ya la conformidad acústica. En esa cadena se difundió, por ejemplo, con enorme
frecuencia que Obama no era un ciudadano en los Estados Unidos y es fácil escuchar también en su programación que
la de México es una frontera porosa y peligrosa, que representa una amenaza similar a Afganistán o Pakistán y, por tanto,
una defensa constante del argumento del país con un muro fronterizo.
Su modelo de negocios en el ámbito informativo tiene un componente particular que es preciso conocer con más
detalle (Cassino, 2016). Para los efectos de este texto, baste decir que si es un buen negocio desplazar a la verdad (o
la objetividad periodística) a un segundo plano, no hay demasiada resistencia en hacerlo si a quien se afecta es a un
enemigo ideológico. Son medios altamente partidistas con un nivel de arbitrariedad superlativo y no sorprende que el
40% de los votantes del neoyorquino eligieran Fox News como su principal fuente de abastecimiento noticioso. Sólo el
8% refería ver habitualmente CNN y el 7% consignaba informarse a través de Facebook. La prensa seria, esa que publicó
de manera casi unánime editoriales críticas de lo que la plataforma de Trump y su programa político suponían, simple y
llanamente no fue leída por sus votantes. Si miramos los detalles de las prácticas informativas de los electores de Hillary
Clinton, veremos que el New York Times, por ejemplo, era consultado por el 5%. No nos detendremos en la distribución
de cada uno de los medios consignada en la tabla, pero subrayamos la relevancia que la cadena Fox tuvo en la difusión
y la construcción del fenómeno Trump. Aún como presidente Trump, insiste en denostar a todas aquellas cadenas que
no comparten su visión y excluye sistemáticamente a Fox de esa categoría, es más, en su cuenta de twitter muchas veces
festeja los elevados niveles de audiencia de Fox como si fuese su publirrelacionista. Una simbiosis mutuamente benéca.
Colofón
Con el triunfo de Donald Trump el término “fake news” adquirió una connotación de arma arrojadiza en contra de sus
críticos. Hoy esa creciente dicultad para tener una deliberación saludable en donde la verdad sea el principal referente
es una de las principales amenazas a la integridad de la deliberación democrática. La utilización sistemática de elementos
falsos forma parte de una estrategia política americana y amenaza con mover la verdad a un relativismo político extremo
que rompe la posibilidad de organizar debates en la que los adversarios se reconozcan mutuamente como opciones
válidas y legítimas. Si en años anteriores el concepto se refería a portales de noticias poco rigurosos que fabricaban
noticias sensacionalistas, el actual presidente se ha encargado de etiquetar a la prensa seria y a los medios electrónicos
bajo esta engañosa categoría. Uno de los contrapesos más ecaces se ha debilitado.
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Es legítimo preguntarse a estas alturas si la apuesta de Trump por hostigar a los medios tradicionales es un daño
irreversible para la integridad del sistema democrático, pues una prensa libre y vigorosa es fundamental para alimentar
la deliberación pública y establecer una supervisión del ejercicio del poder. Esta inquietud admite dos lecturas. La
primera es que el conjunto de instituciones de ese país es lo sucientemente sólido para resistir una agresiva tormenta
verbal del inquilino de la Casa Blanca. Algunos actos arbitrarios, como excluir a representantes de ciertos medios de
determinados eventos o agresivas interrupciones de entrevistas a conductores críticos (Dickerson, 2017) o incluso la
amenaza de cancelar las conferencias de prensa (@realDonaldTrump, mayo, 2017) pueden ser catalogados como un
intento de coartar la libertad de los medios y su función de control democrático. Los medios americanos enfrentan una
grave crisis en su modelo de negocios tradicional, pero conservan una fortaleza considerable para resistir una presión
política de la Casa Blanca, especialmente si consiguen mantener una unidad de propósito que el propio Trump facilita
al criticarlos en bloque.
La segunda es que la hostilidad del presidente a la crítica puede minar, en determinados sectores, la cultura del escrutinio
y la desconanza que hoy suscitan los medios tradicionales en amplios sectores de la población. En un ambiente social
que combina atomización de la agenda con radicalización creciente de la población, la democracia americana puede
caminar por una senda de populismo nacionalista que no solamente le quite su ejemplaridad, como lo hacía notar
Diamond (2016) en un texto reciente, sino que cada vez menos americanos consideren que el opositor no es un actor
moralmente válido con el que se dialoga o discute, sino un enemigo de los valores fundantes y los medios tradicionales,
como dijo Kellyanne Conway, un enemigo del pueblo. No puede haber democracia sin pueblo informado y sin una
prensa libre, por tanto, el trumpismo representa una amenaza seria a la integridad de la democracia norteamericana.
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UNIVERSITY OF AZUAY WELLBEING SURVEY 2019
ENCUESTA DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY 2019
Anne Carr
1
Matías Abad Merchán
2
Narcisa Ullauri
3
Universidad del Azuay (Ecuador). Correo electrónico: acarr@uazuay.edu.ec.
Universidad del Azuay (Ecuador). Correo electrónico: matabad@uazuay.edu.ec.
Universidad del Azuay (Ecuador). Correo electrónico: nullauri@uazuay.edu.ec.
Abstract
To embed health into all aspects of campus culture is one of the Calls to Action in the 2015 International Okanagan
Charter. e Ministry for Higher Education in Ecuador mandates that an institution maintain a welfare administrative
unit to promote the rights of the members of the academic community. Cooperation and communication are central to
maintain a campus model of security and wellbeing. is research collected quantitative and qualitative policy-relevant
data from students, teachers, and administration representatives to guide institutional change. Recommendations and a
suggested plan for action based on the principle nding for increased transparency and directionality of accountability
is made.
Key Words
Campus security, cooperation, accountability, wellbeing.
Resumen
Integrar la salud en todos los aspectos de la cultura del campus es una de las llamadas a la acción en la Carta Internacional
de Okanagan de 2015. El Ministerio de Educación Superior de Ecuador exige que una institución mantenga una unidad
administrativa de bienestar destinada a promover los derechos de los miembros de la comunidad académica. La
cooperación y la comunicación son fundamentales para mantener un modelo de seguridad y bienestar en el campus. Para
guiar el cambio institucional, esta investigación recopiló datos relevantes cuantitativos como cualitativos de estudiantes,
maestros y representantes de la administración. Las recomendaciones para un plan de acción de cuatro años se basan en
el hallazgo principal de una mayor transparencia y direccionalidad de la rendición de cuentas.
Palabras clave
Seguridad en el campus, cooperación, accountability, bienestar.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
KAIRÓS, REVISTA DE
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
Vol. 4 (2021), No. 6, Primer Semestre (Enero - Junio), (37-51)
ISSN No. 2631-2743
DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.06.03
Recibido 30 de enero 2020; Aceptado 13 de junio de 2020
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Introduction
e word university is derived from the Latin Universitas magistrorum et scholarium, which means community of
teachers and scholars. It is an institution of higher education and research that awards academic degrees in various
academic disciplines. In the global knowledge economy higher education is understood as vital to national economic
growth and global competition through the preparation of graduates, and the production of research, invention and
innovations (Atlbach 2004).
However, various factors including “mission, student population, faculty prole, geographic location, funding sources,
level of resources and orientation to local, national and international interests” (Knight 2004, 25) inuence why and how
a university contextualizes its role.
Stein (2016) suggests that the Latin American model of the university is dierent from both the Napoleonic enlightenment
based elitist professional education and the Humboldtian focused on personal development and academic freedom.
Rather the university in the Ecuadorian context and in particular southern Azuay, is inserted into the local community
or communities emphasizing collective reection on the social reality that serves as guidance for the academic (adapted
from Morosin in Brackman 2010, 24).
Drawing on Haraway’s work on situated knowledges (1988), Puig de la Casa (2016) uses the notion of “thinking with
care” to argue how thinking and knowing both necessarily require care in the way they are always already relational
processes in a thickly interdependent world. She argues for care and ethics as an analytic, as enacting a speculative, that
is, open ended non-predetermined mode of thinking. inking with care means asking ourselves, as an institution, if we
incorporate only one kind of epistemology when we talk about wellbeing in quantitative terms such as the number of
female students sexually assaulted (2.53%) on campus or the number of bias motivated violence (12.1%) or the number
of physically harassed and stalked female students (20.3%) (University of West Virginia oce of strategic planning
survey 2016). Quantitative data without accompanying qualitative data can be based in a particular historical, political,
socio-economic and cultural circumstances that strongly determine a persistence of a gender supremacy imaginary. For
example, according to ocial Ecuadorian gures, six out of ten women are victims of some kind of violence. Additionally,
survey results from a reference group of 3000 Ecuadorian university students found a lack of awareness on the part of
men as well as a certain tolerance towards gender violence (Ibanez 2017).
In response to campus gender violence, some universities have taken broad equality and social justice perspective by
developing “campus toolkits” to demonstrate a culture of respect by focusing on male students’ attitudes (VAWnet 2020)
or a mobile app to help students of any gender identify and navigate a range of abuse concerns (Johns Hopkins My Plan
2020).
Internationally, there is a growing body of evidence concerned with the need to address the mental and emotional
health and the physical wellbeing of university students (Orygen, 2017). Healthy students are better placed to have a
successful student experience while at University (Holt & Powell, 2017; Baik et al., 2016). In June 2015, participants
from 45 countries, representing both educational institutions and health organizations, including the World Health
Organization and UNESCO, collaborated on the Okanagan Charter's development: An International Charter for Health
Promoting Universities and Colleges.
e Okanagan Charter provides institutions with a common language, principles, and framework to become a “health
and wellbeing promoting campus” and outlines two Calls to Action:
• To embed health into all aspects of campus culture, across the administration, operations, and academic mandates;
• To lead health promotion action and collaboration locally and globally
One response to the Okanagan Call to Action: in March 2020, e Women’s Health, Gender, and Empowerment Center
of Expertise, which is part of the University of California Global Health Institute, sought proposals from global university
partners to research to strengthen their campus’ prevention and response to sexual assault, harassment, stalking, dating
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violence and other forms of gender-based violence.
Ecuador
Article 68 of the Higher Education Law in Ecuador (Ley Orgánica de Educación Superior), in what pertains to wellbeing,
mandates that Higher Education institutions maintain a welfare administrative unit to promote the rights of the members
of the academic community. is department should develop vocational and professional guidance processes and obtain
credits, incentives, nancial aid, and scholarships. It will oer assistance services that are determined in the regulations
of each institution. It will also allocate sta and resources to strengthen this Unit. Among its attributions are:
1. Promoting an environment of respect for the rights and physical, psychological, and sexual integrity of the entire
university community;
2. Promoting an environment free of all forms of harassment and violence;
3. Assisting to those who report violations of these rights;
4. Formulating and implementing policies, programs, and projects to prevent and oer immediate care for victims
of sexual violence. e student welfare unit, through the legal representative of the higher education institution,
will present or initiate the administrative and judicial actions to report any acts of violence that have come to its
knowledge;
5. Implementing programs and projects to inform, prevent, and to control the use of drugs, alcoholic beverages,
cigarettes, and tobacco products;
6. Coordinating actions with the competent agencies for the treatment and rehabilitation of addictions within the
framework of the national drug plan;
7. Generating projects and programs to meet the special educational needs of the population that requires it, as is the
case of people with disabilities;
8. Generating projects and programs to promote the integration of historically excluded and discriminated population;
9. Promoting intercultural coexistence;
10. Implementing child care and welfare spaces for the daughters and sons of the institution’s students.
Objectives of this research
In the emergent knowledge society, higher education institutions are positioned to generate, share, and implement
knowledge and research ndings to enhance citizens' and communities' health and wellbeing both now and in the future.
is research's primary objective was to provide policy-relevant data on the extent and distribution of various types of
victimization that students, faculty, and sta experience on the University of Azuay campus.
As a way to enter the discourse of wellbeing at UDA and obtain an internal baseline measurement, in January 2019,
a campus wellbeing survey was designed to identify information on perceptions concerning the campus’ social and
cultural climate, responsibility to self-protect and assist others (bystanders). ese are bottom-up social accountability
concepts that are not externally enforceable but rather at the will of the individual campus members based on their
degree of intrinsic motivation.
Additional Survey questions sought perceptions of how UDA would handle a situation in which a student reported
sexual misconduct and their knowledge of types of support services that exist. ese are externally mandated concepts
for which campus members are held accountable. ese are top-down social accountability administration driven, for
example, university policy on reporting physical or sexual abuse.
A secondary objective was to highlight the distinction between education and prevention. While existing education –
print posters, webpage administration statements, and online text – may increase awareness and provide the campus
community with information about campus policies, procedures, reporting options, and campus resources, it is not
sucient as a stand-alone strategy for reducing violence in particular. Prevention aims to stop the violence before it
occurs and reduce the number of incidents on (or o-campus). In addition to the survey, an intervention module to
practice specic skills for personal safety, as well as bystander assistance skills in violent incidents, was piloted with a
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convenience sample focus group of students.
Not a component of this research, but an important consideration is how much importance families put on the open
discussion of campus safety and what types of programs are oered to students to prevent crime and assist when an
incident occurs.
Characteristics of UDA
e University of Azuay is a private, non-prot institution, co-nanced by the Ecuadorian government. It has around
600 teachers and more than 6,000 students.
e University of Azuay began in 1968 and is based in the city of Cuenca, the capital of the province of Azuay. In its
beginnings, it was part, rst, of the Catholic University Santiago de Guayaquil and, later, of the Pontical Catholic
University of Ecuador. In 1990, aer complying with all legal requirements, it was recognized as the University of Azuay
through the Law of the Republic.
e University of Azuay oers undergraduate training through its twenty-eight schools distributed in six faculties.
Participants
Students, faculty, administration, and sta, including janitorial and security, anonymously and voluntarily completed
the online survey during February 2019. Only students were invited online and through social media to participate in a
photographic competition during March 2019.
Justication for study
e 2014 Gallup-Purdue Index report, a representative study of 70,000 college graduates in the U.S., found signicant
evidence to support how six key undergraduate experiences prime graduates to succeed in their work and lives aer
college. ose experiences include:
1. I had at least one professor at [college] who made me excited about learning.
2. My professor(s) at [college] cared about me as a person.
3. I had a mentor who encouraged me to pursue my goals and dreams.
4. I worked on a project that took a semester or more to complete.
5. I had an internship or job that allowed me to apply what I was learning in the classroom.
6. I was extremely active in extracurricular activities and organizations while I attended [college].
Gallup's research has shown that these college experiences are related to graduates' long-term well-being, encompassing
more than just physical health. It measures how individuals feel about and experience their daily lives across ve elements:
purpose, social, nancial, community, and physical health. Overall, the top driver of student well-being is the degree to
which a student agrees "they have the opportunity to do what they do best every day" -- one of the key survey questions
used to measure student engagement. e second driver was campus safety and security.
No research had previously been undertaken on campus safety and security at the University of Azuay. Coupled with
undisclosed rumors of sexual harassment and stalking on campus, the Survey was designed in part as a social justice
response to collect policy-relevant data on some types of campus violence and understanding of current institutional
responses to wellbeing. e signicance of rumors is of psychological, sociological, educational, and economic interest
because rumors are information statements in circulation that are unveried. Additionally, rumors are “instrumentally
relevant” in that they answer questions that students (and others on campus) want to be answered that they feel are
important or signicant and because they serve to help understand an ambiguous situation. (Appendix A)
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Photographic competition
Although quantitative measures such as surveys are paramount in collecting numeric data for large groups, important
qualitative data can be collected through visual media, such as photos. Images can prompt a dierent kind of reection
on lived experiences. As images are able to prompt emotions and thoughts about experiences in ways that narrative alone
cannot. is reection may begin with the making of an image: “why is it that I made that photograph, at that moment?”
(Liebenberg 2009).
Such critical reection can lead to a discussion with others, especially to reach and inform policymakers to bring about
change (Harper 1988; Liebenberg et al. 2014). Smith (1987) asserts that it is those who have a voice and participate
in decision making that holds power; Wang and Burris argue that "policy is the articulation of voice through the
concrete distribution of resources. Whose voices participate in the policy dialogue determines which actions are chosen"
(1994:182). For example, Mitchell (2015) demonstrated how participatory visual methods could inuence social change
and make a signicant contribution to policy dialogue.
e collection of both qualitative and quantitative data from community members – students, faculty, and administration
– with a view to rethinking approaches to relationality demonstrates in the process that solidarity, participation, and
reciprocal partnerships are equally valued. e photographic competition's purpose was to gather reective products
of visually documented social, emotional health, and physical wellbeing. Since both the collection of quantitative and
qualitative data was a response to unconrmed rumors of victimization, particularly of females, it was considered
important to model multiple ways of collecting and analyzing data. Additionally, photos and text submitted by students
were judged collaboratively by a panel of teachers and student representatives based on the visual and textual messaging
of examples of friendship, mobility, solidarity, and respect for each other. Aer the competition, the photos and text were
uploaded to social media.
Intervention module
e module “Our Voices” was designed by the research team as an immediate intervention response to rumors of physical
and/or sexual harassment on campus. e PowerPoint presentation consisted of:
a. Visual and verbal explanation of respect: equality, trust, personal growth, negotiation, communication, role
modeling, accountability, and avoiding violence
b. A brief scenario of a physical assault was introduced to inform about types of violence and abuse, issues of power
and control followed by:
c. Demonstration of physical and verbal strategies to avoid violence.
d. Students were invited or volunteered to participate in the practice of (c) followed by an informal large group
discussion of how these strategies might be applied to the brief scene of a physical assault.
Method
All university community members (students, teachers, administration, security and building sta) simultaneously
were invited to anonymously complete the Survey online through a Google Form received in their institutional email.
Besides, to enhance anonymity, respondents were not required to assign gender, age, or academic year on the Survey. e
Survey (Appendix A) was available during February 2019. It consisted of 12 items. Eleven of the items were numerically
evaluated. e nal survey item, "additional comments," was analyzed for thematic content.
e pilot intervention ‘Our Voices’ as implemented with a convenience group during February 2019. Participants’
informal comments were recorded.
During March 2019, students were invited online through institutional email to share their individual or group
experiences of friendship, mobility, solidarity, and respect for each other by submitting photos to a competition. Photos
were required to be accompanied by a text of not more than 280 characters dening or adding to what could be seen in
the photo, what was happening, whether the situation should be discussed, and what could be done about it. A panel
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of four professors from design, international studies, tourism, administration, and a student representative judged the
photos on the basis of the eectiveness of the communicative intent of friendship, mobility, solidarity, and respect.
Results
A total of 718 members of the university community participated in the online Survey. Included in the Administration
total are security and building sta.
• Students: 489
• Teachers: 146
• Administration: 83
• Total: 718
ere are many similarities, as well as some dierences in the quantitative results. For example, all three groups of
respondents had high levels of apprehension about personal and property safety outside of the University (Question 1).
Question 2 is related to the perception of the campus's attitude towards the following groups: people with disabilities,
foreign students, feminists, gays, lesbians, transgender, indigenous, and Afro-Ecuadorians. Teachers and students rated
people with disabilities, foreign students, indigenous and Afro-Ecuadorian similarly high. For administration, the
distribution was more even across the groups, perhaps reecting roles and assignments that are more formal and socially
distant compared to teacher and student ongoing experiences.
Question 3 asked respondents if they saw or heard oensive messages either through print, grati, or social media.
Results are very similar for the three groups, with jokes, comments in general and social media noted as the most likely
to occur.
Question 4 required detailed responses concerning respondents’ experience of hate scenes, for example, verbal, email, or
phone threats, the of personal property, objects thrown at you, being followed and/or spit on, threatened with physical
aggression, calls or sounds, physical assault, unwanted sexual behaviors and/or sexually harassed. Students reported
relatively high levels of experience with verbal, web images, property damage, being threatened with calls of sounds as
well as sexual harassment. Teachers reported higher levels of verbal and oensive web images as did administration but
additionally, property damage.
Question 5 asked for more specic information on whether respondents had been observed or followed by camera or
GPS, stalked (on foot), found threatening objects near them, received unwanted social media messages or gis, been
slandered or sent sexual comments social media. Across the three groups, evidence of these experiences was minimal.
Question 6 asked for responses to specic types of harassment, e.g., followed by a camera, received sexually explicit
phone/text messages, the pressure to date, and/or unwanted sexual gestures. Students reported the highest levels of
unwanted sexual gestures, with all three groups reporting experiences of being followed by a camera.
Question 7: Questions related to intra-familiar physical violence such as pushing, slapping, throwing objects, bent
ngers, hair pulling, punching, kicking, burning, threatening, and using a weapon. Students noted low levels across all
categories, with teachers and administration noting pushing and object throwing at higher levels than students.
Question 8 sought responses to intervention or bystander strategy use. For example, accompanying a friend who had
drunk too much home, asking friends of someone drinking too much to take care of her/him, protesting a sexist joke,
asking someone who looked upset if they were OK, distracted someone trying to take advantage of another person who
has drunk too much, defending another from physical attack. All groups reported consistently high participation rates
across the situations.
Responses related to questions of existing administrative policy, Question 9 (on victim rights and oender sanction),
Question 10 (knowing the University protocol for reporting violence), and Question 11 on future policy decisions
yielded varying results.
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For example, on question 9: How do you perceive the UDA's actions about inappropriate sexual behaviors? (physical
or non-physical contact of a sexual nature in the absence of explicit, conscious, and voluntary consent, for example,
sexual or gender-based harassment, harassment, dating violence), administration rated a higher level of satisfaction than
teachers and students.
Figure 1. Teachers survey, question 9. How do you perceive the actions of the UDA in relation to inappropriate sexual behaviors?
(physical or non-physical contact of a sexual nature in the absence of clear, conscious and voluntary consent, for example, sexual or
gender-based harassment, harassment, dating violence).
* e scale indicates the number of teachers who answered the survey. Source: Adapted from Gallup Inc. (2014)
Figure 2. Teachers survey, question 9. How do you perceive the actions of the UDA in relation to inappropriate sexual behaviors?
(physical or non-physical contact of a sexual nature in the absence of clear, conscious and voluntary consent, for example, sexual or
gender-based harassment, harassment, dating violence).
* e scale indicates the number of students who answered the survey. Source: Adapted from Gallup Inc. (2014).
Figure 3. Administrative survey, question 9: How do you perceive the actions of the UDA in relation to inappropriate sexual
behaviors? (physical or non-physical contact of a sexual nature in the absence of clear, conscious, and voluntary consent, for example,
sexual or gender-based harassment, harassment, dating violence):
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* The scale indicates the number of admnistraves who answered the survey. Source: Adapted from Gallup Inc. (2014)
Question 10 concerning knowledge about existing protocols yielded very diverse responses from the three groups with
75% of administration being familiar with them, 60% of teachers and 25% students.
Figure 4. Teachers, students and administrative survey, question 10: Do you know if the university has any regulations on violence
on campus?
* e scale indicates the number of people (teachers, students, administrators) who answered the survey. Source: Adapted from
Gallup Inc. (2014)c. (2014)
Question 11 asked if there were other factors that, in the respondents’ opinions, could improve campus security by rating
the following protocols. ere was, in fact, close agreement from the three respondent groups.
Figure 5. Question 11: Are there other factors that, in your opinion, could improve your campus security?
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* e scale indicates the number of people (students, teachers, administrators) who answered the survey. Source: Adapted from
Gallup Inc. (2014)
Question 12, “Other Comments,” yielded many responses from each group. Example comments chosen were agreed
by the authors of the research based on themes demonstrated in the intervention module: negotiation, equality, trust,
accountability, personal growth, communication, role modelling and avoiding violence
Students comments:
1. I would love to have everyone protected in the university equally…. no "relatives" or "acquaintances" within the
university. ere is a clear feeling of bias for characters with certain types of surnames and "parents" …. or are
"great entrepreneurs." Continue working for equality where the money is not a factor in determining certain causes.
(equality, trust, accountability)
2. Focus on the behavior of teachers, not just students. (communication & role modeling)
3. It is necessary that students can also report cases of teachers who attack students in any way and who drink alcohol
inside the institution and encourage students to be aggressive. (accountability, role modeling, communication)
4. e university never takes or has taken action against sexual or physical harassment of students by students or,
worse, teachers or representatives of the administration. (accountability, role modeling)
5. I think it is important to know what authority one can resort to in case of some type of abuse, and how is the system
for people to access more easily. (accountability, communication, trust)
6. Many times, students do not report certain behaviors because they believe they are not "very serious." It should be
made known that there is a complaint protocol and that it can be done in each case. (accountability, communication)
7. I think that this should be deepened a little more with teachers since some do give priority and facilities for the
simple fact of gender; more attention should be paid to the behaviors of professors reported in the assessments than
to the students. (accountability, role modeling, communication)
Teachers’ comments (Question 12)
1. Very interesting, but I don't nd any harassment of teachers to students, just as there is nothing about authorities’
harassment to teachers and students. Not only at the sexual level, but at the level of discrimination based on political
ideas, ethnic self-denition, generic gender identity, and religious beliefs. e UDA is a highly intolerant space
regarding the diversity of opinions, which supports some, and represses others. And that comes directly from the
administrative implementation of the policy. It seems to me that denying enrollment to those students with bad
behavior is very drastic. (accountability, communication, trust)
2. I think that there must be an accompaniment to the students, and above all, it must work in prevention and foster an
environment of respect. (accountability, trust, negotiation)
3. I think that violence oen nds its origin in language; it would be essential to promote a strong campaign of good
use of language, tangibly conditioning those who express themselves with vulgar language within the university
elds. (accountability)
4. e University must improve its communication strategies regarding sexual assault or harassment since many
students (and teachers) are unaware of the institution's policies and process to investigate them. As this is not
known, students do not know where to go or what will happen if they make a complaint and have the right to know.
(accountability)
5. Promote educational spaces that rescue moral and ethical values. (trust, equality, negotiation)
6. It is important that the University addresses serious training processes to understand the root problems of coexistence
and violence. Within the area of anthropology, we have contents that point to the study of how the processes of
racism, machismo, homophobia among others, are a proposal of academic analysis, but also of collective analysis
about our behaviors and how socially we can give change responses to eradicate all forms of discrimination that
reproduce unfair societies. I applaud this initiative, and it would be convenient to start dialogues with teachers that
we are working on these issues from our areas of knowledge. (accountability, communication)
Administration comments (Question 12)
1. Internal communication should be improved, on provisions, regulations, to improve administrative sta’s actions.
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(communication, accountability)
2. A socialization is necessary for everything related to the subject. ank you. (trust, equality, communication)
3. e fear of denouncing certain acts of violence is always present; that is why the awareness of the people that
denounce these acts is to assert the rights of the people, and even a life that is in danger would be saved. e silence
of this type of act makes us complicit. (accountability)
4. In question 11, the perspective of the people can vary a lot because there are cases and cases and the situation of each
student should be taken into account; in addition, there is much talk about the behaviors of the students, but nothing
is mentioned about the teachers and the administrative sta of the University also form part of the community. At
any given time, we could all be victims and be victimizers. (accountability, trust, role modeling)
5. e Security Commission should meet regularly. (accountability)
6. Oce sta are not safe inside aer 5.00 when there is minimal security outside and none inside. (accountability)
Student comments from the convenience intervention focus group:
I want my parents to see this content.
1. is is a feminist focus on only women’s rights.
2. Teachers need to learn how to teach. We have everything online. ey should be more like sports referees.
3. Teachers need to learn how to negotiate everything, especially control.
4. We don´t know what the university will do if we report violence.
5. ere should be more counseling.
6. I want to know how to help my friend.
Photo images
Twenty-seven photos with text submissions were received. A panel of four judges from dierent schools in the University
reviewed and collectively chose the most representative of student experiences of friendship, mobility, solidarity, and
respect for each other. Each photo submission was accompanied by a text of not more than 280 characters dening or
adding to what could be seen in the photo, what was happening, should the situation be discussed and what could be
done about it. Here is part of the text that accompanied the winning photo:
… by having a prosocial attitude, which seeks to foster empathy for people who are going through dicult situations and that
their mood oen does not allow them to seek help. It is a problem that occurs daily in the University community that oen
goes unnoticed; erefore, we must promote the importance of mental health since, as well as physical health, its imbalance
has consequences in dierent areas of a person's life. It is a problem that occurs daily in the university community, and that
oen goes unnoticed.
Figure 6. Winning photo of the Student Photo Competition 2019, University of Azuay.
Discussion
Whereas that there are descriptive statistical dierences in the Survey amongst the three participating groups – students,
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teachers, and administration - from both quantitative Survey as well as textual and photographic images - the theme
of accountability prevails especially related to existing and future policy about the wellbeing of all campus community
members.
While this paper will use the English word “accountability,” a clearer meaning in Spanish is either ‘cuentas claras’ (clear
accounting) or ‘transparencia’ (transparency). Accountability refers to the exercise of power, but its directionality remains
profoundly ambiguous. Who is supposed to be accountable to whom, and who decides?
In the context of campus wellbeing and accountability, upward accountability involves students reporting (whether it
is attendance, responsibility for assignments, peer relationships or victimization to their teachers, who in turn report
to administrators/policymakers, who may report to national funders and donors. In contrast, downward accountability
refers to policymakers being responsible to their national (government) and local public. is raises the question: if the
arrow is supposed to go both ways, what happens when these pressures push in opposite directions?
is question of the directionality of accountability relationships is especially relevant in the eld of campus wellbeing
where an upward notion of accountability oen predominates because of its association with institutional compliance in
terms of governmental requirements, nancial inputs, and output metrics. is approach pulls accountability upwards
and inwards, towards funders and donors, rather than downwards and outwards, towards teachers and particularly
students. For example, while funder reporting requirements for educational institutions have led to the creation of
elaborate monitoring systems, the resulting institutional performance data may rarely be proactively disclosed to the
teachers and students. ere is a major missed opportunity if the data are not made available to enable action to help
identify and address impediments. Governmental and donor-driven agendas may not measure the actual day-to-day
quality of wellbeing in particular but rather required legal obligations. For example, having a signicant policy for
denouncing violence needs to be eectively communicated to more than administration but also in ways that teachers
and especially students are aware of so that it can be practiced by all members of the institution together as a signicant
aspect of wellbeing.
Recommendations
e main objectives of the study were:
• To collect policy-relevant data on the extent and distribution of various types of victimization that students may have
experienced through self-report
• To focus on the perceptions of students, teachers, and administration on the campus’ social and cultural climate
• eir knowledge of types of support services that are provided
• eir perceptions of how UDA would handle a situation in which a student reported an incident of gender-based
violence/ misconduct.
From the quantitative and qualitative ndings related to the accountability of campus wellbeing based on the Higher
Education Law requirements in Ecuador, the following general recommendations for how a university can work with all
community members are discussed and then set out as a timetable of objectives.
To increase broad campus-community engagement and accountability is necessary, collaboration and communication are
central to a comprehensive campus model and represent the primary mechanism by which innovation about wellbeing is
spread. e development of a coordinated campus team (administration, teachers, support sta, and students) to guide
institutional change and ensure comprehensive programming could eectively address campus wellbeing to:
1. develop and implement eective policies and protocols about the wellbeing of everyone on campus;
2. conduct on-going campus-wide assessments, strengths and gap analyses, and evaluation of its eorts so that programs
can adapt to the changing needs of its community;
3. ensure leadership across the campus is engaged, knowledgeable about, and supports a survivor-centered approach
with a clear understanding of student demographics on campus;
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4. ensure that all campus community levels receive ongoing training in awareness and prevention of various types of
victimization, for example, sexual assault, dating violence, stalking and any other forms of intimidation to minorities,
as well as drug and alcohol issues.
Eective intervention strategies
In addition to community engagement, there needs to be a focus on creating eective interventions in a meaningful
sequence. Eective interventions move the campus toward fair and consistent oender accountability and include
comprehensive policies that strengthen campus security and investigative strategies. ey also support appropriate
disciplinary actions that hold oenders accountable and
1. provide survivor-centered victim services and advocacy;
2. clarify other individual or group support services, e.g., counseling (MIUDA)
3. ensure a trauma-informed and eective legal response if appropriate
4. create and maintain fair, equitable internal disciplinary processes that hold oenders accountable.
A comprehensive campus model of wellbeing includes prevention and education programming that reects a multi-
tiered approach, including primary prevention strategies in addition to education and awareness eorts.
Although the pilot education module about generic intervention reected students´ broader perceptions of both inside
and outside the campus (family and societal relations), research indicates that eective prevention eorts involve more
than one-time programming and awareness events (need reference here). Prevention consists of multiple methods of
dissemination (printed, social media, focus groups) to incoming students receiving information about campus policies
and resources related to:
• prevention strategies that are comprehensive and campus culturally relevant;
• multiple easily accessible prevention education based on self-help strategies as well as bystander intervention
strategies
• ongoing education prevention training for faculty and sta; and communication of campus norms that state what is
not tolerated and that everyone has a role to play in prevention and intervention especially given the noted lack of
student knowledge concerning University protocols for reporting violent incidents and outcomes.
To enact responsive planning for change with all members of the university community, a ‘Wellbeing Working Group’
led by a student health coordinator with resources for both individual and group counseling and ability access, support
for teacher learning, a security team coordinator and student representatives is required to being the process. A plan
should consist of ve action areas.
Table 7. Action area 1: Foster engaging curricula and learning experiences that build competence, foster intrinsic motivation, and
create social connections.
ACTION RESPONSIBILITY
1.1 Embed resources into the curriculum of each School to
support the students’ wellbeing and learning experiences.
Support for Teacher Learning
Coordinator
Counselling & Access Services,
Learning Support
1.2 Implement a Wellbeing Liaison program for each School to
improve awareness of services and collaboration.
Learning Support & Student
Health Coordinator.
1.3 Promote teaching and learning resources that support
student health and wellbeing.
Learning Support.
1.4 Maintain a MiUDA page and/or collaboration site as a
repository for resources/links.
Student Health Coordinator.
1.5 Engage in research on teaching practices that support
student wellbeing.
Support for Learning.
Table 8. Action area 2: Support the health and wellbeing of students by creating and maintaining healthy organizational, learning,
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cultural, social, and natural environments.
ACTION RESPONSIBILITY
2.1 Update and expand online health and wellbeing resources, and
ensure content is accessible for all students.
Student Health Coordinator
2.2 Promote the safety of students on campuses. Security Community Team
2.3 Training for staff to support student mental health and wellbeing. Counseling Services.
2.4 Training and support for Wellbeing Peer Leader activities. Student Health Coordinator.
2.5 Student mental health and wellbeing needs analysis. Student Health Coordinator.
2.6 Develop a toolkit to help staff to support students with mental
health conditions.
Manager, Counselling
Services.
Table 9. Action area 3: Provide students with information, resources, and skills needed to take greater control of their overall health
and wellbeing.
ACTION RESPONSIBILITY
3.1 Promote Student Wellbeing services on campus throughout
the semester
Counselling & Access Services
3.2 Promote online health and wellbeing resources on student
communication channels
Student Health Coordinator
3.3 Broaden the online resources offered across a range of mental
health and wellbeing issues
Student Health Coordinator
3.4 Support student-led projects and mental health and wellbeing
resource development
Student Health Coordinator
3.5 Student Committee to represent the student voice in
consideration of student health issues
Student Committee
Student Committee
3.6 Regular mental health promotion awareness-raising
campaigns
Student Health Coordinator
Human Resources
Table 10. Action area 4: Develop and create opportunities to build in particular mental health knowledge and skills, so students are
engaged and thriving in both their academic and personal pursuits.
ACTION RESPONSIBILITY
4.1 Face to face training: wellbeing drop-ins, mental health
awareness.
Counseling Services &
Student Health Coordinator.
4.2 Online modules: Mental Health First Aid (alcohol and drug
intervention).
Counseling Services &
Student Health Coordinator.
4.3 Peer-led skills development: mental health and wellbeing
training for student leaders and student groups.
Counseling Services.
4.4 Students: mental health and wellbeing embedded into training;
increased opportunities for social connection.
Counseling Services & Student
Health Coordinator.
4.5 Investigate opportunities to incorporate topics related to
mental health, mental illness or mental health organizations into
assessment items.
Student Health Coordinator.
Table 11. Action area 4: Develop and create opportunities to build in particular mental health knowledge and skills, so students are
engaged and thriving in both their academic and personal pursuits. Action area 5: Create and maintain services that enhance mental
health and wellbeing and support equitable access across campus
ACTION RESPONSIBILITY
5.1 Promoting and ensuring access to student support services.
Support for Learning
Counseling & Access Service.
5.2 Providing individual and group support.
Counseling & Access
Services.
5.3 Conduct wellbeing forums/focus groups to inform data-driven
service delivery that addresses the identified needs of students.
Access & Ability Services.
5.4 Increasing engagement with external mental health resources
Counseling Services
AccessAbilit
y
Services.
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Each institution can implement the recommended process according to its strategic plan. Follow-up surveys allow all
campus community members to give feedback (Student Wellbeing 2020 Survey, Columbia University follow up to 2018
campus survey).
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EL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD COMO HERRAMIENTA PARA EL
DISEÑO DE PRODUCTOS: CUY ANDINO (CAVIA PORCELLUS) COMO CASO DE
ESTUDIO
Use of Quality Function Deployment for product design: Guinea Pig (Cavia Porcellus) case study.
Carlos Leonel Burgos-Arcos
1
Patricia Elena Viñan-Guerrero
2
María Fernanda Rivera-Velásquez
3
María Fernanda Romero-Villacrés
4
Dolores Amada Gualli-Bonilla
5
1 Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador). Correo electrónico: cburgos@unach.edu.ec
2 Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador). Correo electrónico: patricia.vinan@unach.edu.ec.
3 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Ecuador). Correo electrónico: mafer.rivera@live.com
4 Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador). Correo electrónico: mfromero@unach.edu.ec.
5 Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador). Correo electrónico: dgualli@unach.edu.ec.
Resumen
La metodología del despliegue de la función de calidad (QFD) es aplicada para al diseño y comercialización del producto
denominado “Cuy Faenado”. Se analiza la correlación matricial entre variables que nalmente son consolidadas en
la denominada casa de la calidad. Se analizan los Requerimientos de los Clientes (RC), la evaluación competitiva, la
correlación entre Características Técnicas (CT), las relaciones entre las necesidades de los usuarios versus las características
de calidad, las correlaciones entre las CT de los productos de los competidores poseen. Además, se muestran las CT
priorizadas para los procesos de crianza, faenado y comercialización a ser implementados en el producto. Finalmente, se
cuantican las CT para satisfacer los requerimientos del cliente.
Palabras clave
Cavia porcellus, casa de la calidad, diseño del producto, requerimientos del cliente
Abstract
Quality function deployment (QFD) methodology is applied to study the design and commercialization of “Cuy Faenado”.
e analysis is based on matrix correlation between variables that are eventually consolidated in the so-called house of
quality. We analyze customer requirements (CR), competitive evaluation, evaluation of customer requirements (CR),
correlation between technical characteristics (TC), relation between user needs versus quality characteristics, correlations
between CT and compare the results with those of existing competitors are analyzed. Moreover, the TC prioritized for the
rearing, slaughtering and marketing processes to be implemented in the product are shown. Finally, TCs are quantied
so that they can satisfy customer requirements.
Key Words
Cavia porcellus, product design, house of quality, customer requirements.
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Vol. 4 (2021), No. 6, Primer Semestre (Enero - Junio), (52-69)
ISSN No. 2631-2743
DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.06.04
Recibido 18 de diciembre 2019; Aceptado 23 de septiembre de 2020
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1. Introducción
A nivel mundial la industria alimenticia se caracteriza como un entorno principalmente impulsado por la tecnología,
cuya supervivencia se ve constantemente desaada por un mercado muy orientado al consumidor, que exige el desarrollo
continuo de productos cada vez más innovadores que cumplan con sus expectativas. El ciclo de vida de los productos
sumado a la creciente demanda de los consumidores, en términos de variedad y calidad, han llevado a una necesidad
urgente de desarrollar y aplicar herramientas que puedan ayudar a planicar, estructurar y sistematizar la mejora
continua de la calidad de los alimentos y el desarrollo de nuevos productos (Franceschini and Rupil 1999; Camisón,
Cruz & Gonzáles, 2006.
En este ámbito, la implementación del despliegue de función de calidad (QFD - proviene del inglés Quality Function
Deployment) es un enfoque innovador que brinda calidad, considerando la “voz el cliente” en el proceso de desarrollo
del producto. El QFD puede denirse como un conjunto de herramientas de planicación que ayudan a introducir
productos o servicios nuevos o mejorados de manera más eciente en el mercado, controlando su proceso de desarrollo
y centrándose en la satisfacción del cliente (Chan and Wu 2002; Büyüközkan and Çifçi 2012).
El QFD fue propuesta por primera vez en Japón por Yoji Akao en 1966 (Yoji Akao 1997), sin embargo, solo hasta el
año 1972 tuvo un enfoque viable y formalizado para el control de calidad. Posteriormente, desde los años 80 hasta la
actualidad, el uso de QFD se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada alrededor del mundo con diversos
enfoques, por ejemplo: construcción naval, aerolíneas, partes de motores, telecomunicaciones, vehículos comerciales,
comunicaciones satelitales (Beckwith and Street 1997; Grin y Hauser, 1993; Beckwith and Street 1997; Delano et al.,
2006; Fuxin y Edlud 2001; Ghobadian y Terry, 2010; Herrmann, Huber, y Braunstein, 2000; Kim, Park, y See 1997; Liker
et al., 1996).
El QFD desde su creación mantiene los principios fundamentales que son: 1) mejorar la calidad del diseño y 2)
proporcionar al personal de fabricación y de campo, una lista planicada para la realización de control de calidad (donde
se evidencien los puntos a ser controlados dentro del proceso) antes de la producción inicial. Esta metodología cuenta
con algunas aplicaciones a nivel mundial dentro de la industria alimenticia (Charteris 1993; Sweet et al., 2010; Benner et
al., 2003; Chauca-Francia de Zaldívar 2007; Sweet et al., 2010; Gruber y Pelster 2016).
Por otro lado, el Cuy Andino (Cavia Porcellus) es nativo de la Región Andina de América del Sur, donde ha sido una
fuente valiosa de proteína animal durante siglos, la mayor producción se encuentra en el Perú, Ecuador y Colombia
respectivamente (Aviles-Esquivel, Martínez y Landi, 2014). La composición química del cuy varía aproximadamente
entre 73 a 75.5% de humedad, 24.4–26.4% de materia seca, 18.8–20.36% de proteína, 2.7–5.1% de grasa y 1.1% de ceniza
(Sánchez-Macías, 2016; Sánchez-Macías, Barba-Maggi, Morales-delaNuez, y Palmay-Paredes, 2018). Esta especie es
adecuada para producir carne para consumo doméstico, se caracteriza por ser un animal prolíco, que expresa celos no
estacionales, tiene una duración de gestación que permite varias camadas por año y produce múltiples crías por evento
de nacimiento. Ellos crecen y se reproducen con una dieta exible y se adaptan a una amplia gama de climas. También
son animales de manada que responden favorablemente a la cría y al manejo (Morales 1994). La producción de cuyes
presenta una serie de ventajas biológicas, ecológicas y económicas bajo condiciones adecuadas (Lammers et al. 2009).
Por todas las razones antes citadas el Cuy Andino genera especial interés para la Asociación de productores de la parroquia
San Gerardo - ASOPROCUY – Cantón Guano, considerada una agrupación campesina que busca la generación de
recursos económicos a través de su crianza y comercialización. Sin embargo, la presencia de un nuevo producto en el
mercado está condicionada a su aceptación en torno a los procesos de oferta y demanda que determinan su ciclo de vida.
Esta dinámica ha generado la necesidad de realizar un estudio preliminar, basado en la herramienta QFD, para mejorar
la calidad y cumplir con las expectativas del cliente con respecto al expendio de la carne de cuy faenado. Por medio de
este enfoque, el proceso inició con la perspectiva de realizar un mejor diseño del producto (mejora de la calidad, forma
de presentación, aumento de la satisfacción del cliente, etc.) para colocarlo en el mercado. Enmarcados en este objetivo,
el presidente de la asociación conjuntamente con un grupo de expertos, aplicaron tal herramienta y analizaron los
resultados obtenidos en cada una de las fases.
El estudio inició con el levantamiento de información a través del desarrollo de encuestas de percepción ciudadana que
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permitieron conocer las expectativas del cliente con respecto a la introducción de este nuevo producto; posteriormente,
teniendo en cuenta la metodología propuesta, se analizaron matrices sobre: los requerimientos de los clientes (RC) , la
evaluación competitiva (ASOPROCUY- Nuestra empresa, Señor Cuy, Asociación SumakCuy y CoproCuy), evaluación
de los RC, correlación entre características técnicas (CT), relaciones entre las necesidades de los usuarios versus las
características de la calidad, correlaciones entre las CT, y nalmente se identicó las metas a alcanzar, comparándolas
con los competidores. Los principales resultados generados por el QFD, que no son otra cosa que una adaptación
matemática, muestran variables útiles para el nuevo diseño y, consecuentemente, se logró identicar características
innecesarias, con la nalidad de reducir un posible sobrecoste al producto nal.
2. Metodología
La metodología QFD desarrollada muestra el diseño del producto denominado “Cuy faenado”. Tal técnica se basa en la
compilación de matrices, donde se busca integrar las necesidades del cliente con las características técnicas del producto
mediante 9 pasos. El análisis global, entre todas las matrices, se consolida en la denominada “casa de la calidad” como
se muestra en la gura 1.
Figura 1: Descripción de los pasos necesarios para la construcción de la casa de la calidad.
Fuente: elaboración propia
Paso 1: Denición del objetivo.
El primer paso inicia con la identicación del problema y la posterior denición del objetivo. En este caso, el objetivo es
el diseño del producto denominado “Cuy faenado”, siendo el mercado potencial de venta el Cantón Riobamba ubicado
a pocos kilómetros de la comunidad de San Gerardo, como se muestra en la gura 2. La zona donde se asienta la
comunidad se ha caracterizado por la producción de especies menores, entre ellas el cuy andino, por la presencia de
amplias áreas agrícolas destinadas al cultivo de alfalfa donde se han adecuado construcciones para la crianza de este tipo
de especies (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano 2015). La carne de cuy es un importante aporte
nutricional en la dieta alimenticia, por su bajo contenido de grasa y su alto valor proteico (Sunday et al. 2010), lo que lo
vuelve un producto apetecible en el mercado, sin embargo, aun si el cuy es un producto tradicional, el consumo no es
frecuente, por la poca oferta en el mercado que cumpla con las expectativas del consumidor nal.
Bajo esta premisa se formaron dos círculos de calidad (CC), que contribuyeron a la planicación, ejecución, vericación
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y actuación en el diseño del producto. Estos círculos aportaron criterios para la mejora continua en los procesos y
estuvieron organizados de la siguiente manera:
• Circulo de Calidad 1 (CC1): Integrado por los técnicos de calidad (docentes del área de calidad de la Carrera de
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Chimborazo) y los integrantes de la asociación de productores
de San Gerardo, estos últimos como expertos en los procesos de crianza, faenamiento y distribución del producto.
• Circulo de Calidad 2 (CC2): Integrados por los técnicos de calidad y los dueños de los restaurantes que conocen las
mejores características del producto adquirido (cuy faenado) y conocen su procesamiento nal.
Figura 2: Ubicación de parroquia San Gerardo, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo
RÍO CHAMBO
Quebrada de Yaruquíes
Quebrada Guso
Quebrada Penicahuán
Quebrada Las Abras
SAN GERARDO DE PACAICAGUAN
RIOBAMBA
GUANO
CHAMBO
756000
756000
757000
757000
758000
758000
759000
759000
760000
760000
761000
761000
762000
762000
763000
763000
764000
764000
765000
765000
766000
766000
767000
767000
768000
768000
769000
769000
770000
770000
9813000
9813000
9814000
9814000
9815000
9815000
9816000
9816000
9817000
9817000
9818000
9818000
9819000
9819000
9820000
9820000
Mapa de ubicación
Leyenda
Área de estudio (Zona Urbana Riobamba)
Parroquia San Gerardo
RIOBAMBA
GUANO
PENIP
E
C
OLTA
CHAMBO
CHAMBO
760000
760000
770000
770000
780000
780000
9820000
9820000
MORONA SANTIAGO
CHIMBORAZO
CAÑAR
BOLIVAR
AZUAY
TUNGURAHUA
G
UAYAS
L
OS RIOS
PASTAZ
A
Z
ONA NO DELIMITADA
NAPO
800000
800000
9800000
9800000
NOTAS Y DIAGRAMAS DE COMPILACIÓN
Proyección Cartográfica UTM
WGS 1984 - Zona 17 S
1:60.000
0 1 2 30,5
Km
®
Signos Convensionales
Vía
Río simple
Límite cantonal
Límite provincial
UBICACIÓN DE LA ZONA DE
ESTUDIO RESPECTO AL CANTÓN:
Escala:
El presente estudio fue realizado con cartografía a escala 1:50000 y 1:5000
Para la elaboración de esta información se empleo metadatos Sistema
Nacional de Información "SNI".
GUÍA DE ELEVACIÓN
Zona 17 Sur
Carta Topográfica
Guano Ñ IV-C4
Riobamba Ñ IV-E2
Fuente:
Mapa base
Escala:
Información base
IGM
2013
Capas de Información
Geográfica Base
1:3.000.000
1:60.000
Mapa base
3,0002,0001,0000
2,720
2,700
2,680
2,660
2,640
2,620
2,600
Paso 2. Establecimiento de las expectativas de los clientes
Los requerimientos del cliente (RC) o “QUÉS”, también conocidos como vector de “QUÉS”, fueron obtenidos por
medio de encuestas realizadas a la población, con la nalidad de conocer sus expectativas respecto a la presentación
del producto previo a su comercialización. A través del consenso del CC1 fueron delineadas dos tipos de encuestas: la
primera dirigida a la población de la Cantón Riobamba considerado un potencial mercado de consumo masivo y, la
segunda, a los dueños de restaurantes de comida típica al ser ellos quienes conocen a mayor profundidad características,
parámetros, precios de un óptimo producto.
Para el primer caso, se calculó el tamaño de la muestra en función de una población conocida (Morillas, 2010), como se
muestra en la Ec.1. Tal población es igual a 142289 habitantes, que corresponde a un número aproximado de personas
mayores de 18 años del área urbana de la ciudad de Riobamba, teniendo como valor representativo o muestra uno 368
unidades (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2020):
n
NZ pq
dN Zpq
a
a
...
()..
2
22
1
Donde:
Z = Nivel de conanza (1.94)
P = Variable de investigación que participa directamente (0.05)
q = Variable de investigación que participa incipientemente (1-p, 0.90).
d = Nivel de precisión (10%).
(1)
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En el segundo caso se identicaron 8 restaurantes que expenden platos típicos a base de cuy, en cada uno de ellos se
realizó una encuesta. Las preguntas realizadas para estos dos grupos de interés se muestran en la tabla 1.
Tabla 1: Preguntas realizadas en las encuestas de percepción ciudadana.
Ciudanía en general Restaurante de comidas típicas
¿Consume Ud. la carne de cuy? ¿Cómo prefiere el cuy?
¿Cómo normalmente adquiere el cuy?
¿Conoce la existencia de algún centro de
faenamiento técnico, o camal de cuyes en el
sector?
¿Qué aspectos considera al adquirir la carne
de cuy, marque el grado de importancia en
cada Ítem?
¿Cuál es su preferencia al comprar un cuy?
¿Con que frecuencia usted consume la carne
de cu
y
?
¿Cuántos cuyes faenados estaría dispuesto a
comprar semanalmente?
¿A qué se debe el motivo de que Ud.
Consume con esa frecuencia la carne de cuy?
¿Cuál es el precio que Ud. pagaría por el cuy
faenado? (de más de 1Kg).
¿Cuál sería el lugar donde Ud. le gustaría
adquirir el cu
y
faenado?
¿Qué tipo de empaque le gustaría que tenga
el producto?
¿Cuál es el precio que Ud. pagaría por el cuy
faenado, de más de un kilogramo?
¿Qué tipo de empaque le gustaría que tenga
el producto?
Fuente: elaboración propia
Teniendo como insumo los RC obtenidos, a partir de los dos grupos de encuestas, el CC1 realizó una lista de “QUÉS”
basados en las opiniones de la ciudadanía (muestra uno de 368 personas), la misma que fue complementada con la
información resultante de otro grupo de población “experta”, como son los dueños de los restaurantes que evidenciaron
los “QUÉS” faltantes que la muestra 1 desconoce. Tal lista fue agrupada y estructurada de manera lógica, a través de
un diagrama de anidad en 3 niveles. El diagrama de anidad puede denirse como un sistema de organización de
ideas agrupándola en función de la relación que tienen entre sí. Se basa, por lo tanto, en que muchos de estos datos
son anes, por lo que pueden unirse bajo pocas ideas generales (Carnevalli and Miguel 2008). El nivel 1 representa el
“QUÉ”, o características del producto que requiere el cliente. El nivel 2 y nivel 3 consiguen desagregar el signicado de
esos “QUÉS”, a mayor nivel de detalle, de forma que al ejecutar el proceso productivo la percepción del cliente pueda
ser traducida a parámetros de calidad o características del producto, que se han de obtener en las distintas etapas del
proceso.
Empleando la información de la tabla 1 se comparó las CT obtenidas en las encuestas con las establecidas en la Normativa
Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 1338 – 2012, para determinar los requisitos que deben cumplir los productos cárnicos
crudos, los productos cárnicos curados - madurados y los productos cárnicos precocidos - cocidos a nivel de expendio y
consumo nal (INEC 2012). De esta manera la tabla 1 recoge los “QUÉS”, requisitos o CT denitivas.
Paso 3. Asignación de coeciente de peso a los “QUÉS”
Todos los “QUÉS” son importantes, pero no todos son igualmente importantes (Camisón, Cruz , & Gonzáles , 2006). En
este sentido, a partir del diagrama de anidad realizado en tres niveles, se asigna el grado de importancia de los “QUÉS”,
utilizando la escala de Likert, de la siguiente manera: 1.- nada importante; 2.- poco importante, 3.- indiferente o regular;
4.- importante y 5.- muy importante. La escala de Likert es un método de medición utilizado con el objetivo de evaluar
la opinión y actitudes de las personas. (Joshi et al. 2015). Los pesos o ponderaciones de los “QUÉS” se obtuvieron desde
las encuestas aplicadas a la muestra uno. De esta manera, para cumplir el requisito del cliente respecto a “composición”
(nivel 1), es necesario identicar los nutrientes (nivel 2), que corresponden a: proteínas, carbohidratos, minerales, energía
contenida y grasas (nivel 3); que tienen un grado de importancia (GI): 4, 4, 2, 4,4 respectivamente.
Paso 4. Análisis de competitividad o beckmarking
El análisis de competitividad o beckmarking permite dar cumplimiento a los “QUÉS” tomando para ello la referencia del
mejor competidor en cada “QUÉ” (González et al. 2005). La lista de empresas competidoras se obtuvo de la experticia
de los CC1 y CC2 que conocen a los proveedores líderes del producto en el mercado local. De esta manera, se realizó
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una evaluación competitiva de nuestra empresa denominada ASOPROCUY (Asociación de Productores de cuyes
ASOPROCUY (San Gerardo- ¥) con respecto a las empresas, Señor Cuy (Riobamba - Ω), SumakCuy (Ambato - Φ)
y CoproCuy (Mocha - €). La evaluación toma en consideración la escala de Likert bajo el siguiente criterio: 1.- nada
importante; 2.- poco importante, 3.- indiferente o regular; 4.- importante y 5.- muy importante.
Paso 5. Establecimiento de los “CÓMOS” en función de los “QUÉS”.
El paso 5 muestra las CT o requerimientos del diseño del producto / servicio con las que se satisface las necesidades
expuestas o los “QUÉS” (Kwong et al. 2007). Para este paso se tuvo como insumo la información previa generada en
el paso 2 y, adicionalmente, se contó con la experiencia técnica de los CC1 y CC2, se realizó una lluvia de ideas para
recoger, ordenar y clasicar las CT y determinar los “CÓMOS” que deben implementarse a n de conseguir las CT en el
producto. Los “CÓMOS” son elementos del proceso (máquinas, métodos, materia prima, mano de obra, mediciones y
medio ambiente) que al implementarse consiguen plasmar en el producto los “QUÉS” requeridos.
Paso 6. Análisis de los “CÓMOS”
El análisis de los “CÓMOS” muestra las correlaciones existentes entre ellos. Su importancia radica en que permite
visualizar el efecto que un incremento o mejora en un “CÓMO” tiene sobre los demás (Camisón, Cruz , & Gonzáles ,
2006). Los “CÓMOS” son las acciones que se ejecutan para obtener los “QUÉS”, en el caso de estudio se hace referencia
a los procesos de crianza, faenamiento y distribución. Por ejemplo, para el “QUÉ” # 1 es decir “Que el empaque sea
adecuado” el “CÓMO” alineado es “utilizando bandeja o plástico”; por otra parte, para el “QUÉ” # 3, es decir “Que el
producto tenga el peso adecuado” el “CÓMO” asociado sería “Controlando el tamaño del cuy”. Como se observa de
este ejemplo hay una fuerte correlación positiva (++) entre los dos “CÓMOS” mostrados, es decir, si el tamaño del
cuy aumenta, obviamente el tamaño de la bandeja o plástico también debe aumentar. El techo constituye una matriz
de correlaciones que evidencia las interrelaciones existentes entre los distintos “CÓMOS” y puede identicar posibles
priorizaciones de los “CÓMOS”. La simbología utilizada para mostrar el tipo de correlación es la siguiente: “++” = fuerte
correlación positiva, “+” = correlación positiva, “--” = fuerte correlación negativa y; “-” = correlación negativa (Camisón,
Cruz , & Gonzáles , 2006).
Posteriormente, se realizó un análisis del objetivo de desempeño con el n de establecer la orientación deseada dentro
del proceso de cada uno de los “QUÉS”; la simbología utilizada es la siguiente:
• Mayor es Mejor (“
↑
”): Si se incrementa una unidad de desempeño de la especicación técnica es mejor.
• Igual es mejor (o): Si se mantiene en el estándar una unidad de desempeño de la especicación técnica es mejor.
• Menor es Mejor (
↓
): Si se disminuye una unidad de desempeño de la especicación técnica es mejor.
Una unidad de desempeño debe entenderse como una CT denitiva del producto que se ha conseguido a través de la
implementación de los “CÓMOS”, esta CT tiende a variar como resultado de los efectos que los “CÓMOS” circundantes
generan en la misma.
Paso 7. Establecimiento de la matriz de relaciones entre “QUÉS” y “CÓMOS”.
El paso 7 muestra las relaciones entre los RC y los elementos de los procesos o “CÓMOS”. Esta matriz expresa cuánto
afecta a cada RC un “CÓMO” especíco, permitiendo relacionar las variables de percepción (atributos o CT del producto)
con las de acción (elementos del proceso o acción), es decir, las interrelaciones entre los “QUÉS” y los “CÓMOS”. Los
“CÓMOS” pueden ser vistos como componentes del proceso productivo. Por esta razón, es fundamental que los “QUÉS”
hayan sido bien obtenidos, a través del levantamiento de información de primer orden, como en este caso, encuestas de
percepción ciudadana y reuniones o círculos de calidad, de modo que, los elementos del proceso efectivamente consigan
plasmar en el producto los “QUÉS” solicitados por el cliente. Por ejemplo, para el “QUÉ” # 3, es decir, “Que el producto
tenga el peso adecuado” el “CÓMO” asociado sería “Controlando el tamaño del cuy”, por lo tanto, el peso en relación al
tamaño del cuy presenta una fuerte correlación, en consecuencia, el símbolo a utilizarse sería .
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La escala japonesa utilizada en este análisis tiene la siguiente estructura de ponderación: fuerte 9, mediana 3 y
débil 1. (Myint 2003)
Paso 8: Cuanticación de los objetivos de los “CÓMOS”.
El paso 8 pretende cuanticar el valor objetivo que debe cumplir cada requerimiento en el diseño para satisfacer al cliente,
dicho de otra manera, son acciones, que pueden verse como valores concretos para la mejora de las CT que debe llegar a
tener el producto a n de garantizar los RC (Nahm, Ishikawa, and Inoue 2013). En el caso de estudio, se ha cuanticado
tales objetivos considerando los resultados de las encuestas y de los círculos de calidad. Por ejemplo, en la característica
“peso” el cliente maniesta que idealmente sería de 1Kg, y actualmente el producto que se está expendiendo no está
cumpliendo con este requerimiento, por tal razón, la escala nominal asignada es de: mayor es mejor (“
↑
”), lo cual
implica que en este caso la empresa debe tomar acciones de mejora o “cuanto” para incrementar este valor en el nuevo
diseño del producto “ cuy faenado” con un peso igual o mayor a1 Kg (1000 g).
En este paso, los CC1 y los CC2 intervienen de manera activa para establecer valores concretos de los “QUÉS”, por
ejemplo, si el “QUÉ” en estudio es el tamaño del cuy las intervenciones de los CC llegan a determinar que su valor ideal
es de 45 cm. De este modo proceden con todos los “QUÉS” y consiguen un “diseño especíco del producto”.
Paso 9: Puntuación nal y análisis
La puntuación nal se ubica en el piso de la Casa de Calidad, expresada a través de una puntuación absoluta y relativa
que sirven para denir las alternativas de diseño, es decir, muestra la importancia de cada “CÓMO” en base al peso de
los “QUÉS”, y a las relaciones existentes entre ambas variables. La puntuación absoluta y relativa se obtienen a través de
las ecuaciones 2 y 3 respectivamente.
Punt.Absoluta del Cómo =
Qué
∑
(Peso de cada "Qué")(Coeciente de correlación) (2)
Punt.Relativa del Cómo
=
Qué
∑
(Peso de cada "Qué")(Coeciente de correlación)
(3)
∑
Punt.Absoluta del Cómo
El cálculo de la puntuación absoluta, se realizó utilizando la Ec.2 de manera concreta multiplicando el peso de cada
“QUÉ”, obtenido en el paso 3, por el coeciente de correlación (fuerte = 9, mediana = 3 y débil =1) entre las
dos variables. Posteriormente, se suma el resultado de todas las multiplicaciones realizadas en esa columna (“CÓMOS”),
de manera análoga se realiza el mismo cálculo para las restantes columnas obteniendo la importancia de los “CÓMOS”
evaluados. Por otra parte, la puntuación relativa del “CÓMO” es un valor ponderado con respecto al total de los valores
ya obtenidos como se muestra en la Ec.3. Los valores más altos marcan la prioridad para implementar los “CÓMOS” o
acciones, pues representan los que inciden en mayor grado sobre las CT que requiere el cliente. Tales características han
de priorizarse en las etapas del diseño de procesos, y se tomarán acciones como: mayor asignación de recursos, mejor
talento humano y otras estrategias que garanticen procesos ecientes.
3 Resultados y discusión
La Asociación de productores de Cuy de la Parroquia San Gerardo busca mejorar su nivel de ingresos económicos
a través de la crianza, faenamiento y comercialización del cuy faenado. En este sentido, la implementación de la
metodología QFD contribuyó a este propósito otorgando al nuevo producto “Cuy Faenado” un valor agregado mediante
la determinación de las CT y los “CÓMOS”(elementos del proceso) para alcanzar el n planteado, otorgándole un valor
agregado con características competitivas en el mercado. De esta manera, en reuniones con los CC1 y CC2 se planicó
la ejecución de los 9 pasos en los cuales se basa el presente estudio donde se alcanzaron los resultados mostrados a
continuación.
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El estudio inició con la denición del objetivo del estudio (Paso 1), que fue “Diseñar el producto llamado cuy faenado”
empleando la metodología Despliegue de Función de Calidad (QFD). En el paso 2 se establecieron las expectativas
de los clientes, lo que en la herramienta se denominan los “QUÉS” obtenidos de las encuestas aplicadas a las muestras
seleccionadas. Este es el segundo paso para aplicar el QFD, usualmente esto se hace escuchando de alguna manera la
voz del cliente […]” (Gutiérrez Pulido et al. 2014). Los resultados de las encuestas se muestran en la tabla 2, del análisis
es evidente que los posibles clientes requieren que en el diseño del producto “cuy faenado” se tomen en cuenta los
parámetros o CTs como: precio, sabor, tamaño, apariencia, etiquetado, certicado de Agrocalidad, cumplimiento de
normas de buenas Prácticas de Manufactura (BPM), variedad de presentación, buen material de empaquetado, peso del
producto, entrega a tiempo, que se garantice el stock y que haya accesibilidad al producto. La variedad de presentación
determina que el cuy pueda entregarse en unidad, medio y cuarto de cuy; estas presentaciones están contenidas en el
“QUÉ” # 8 presentes en la mencionada tabla. A partir de los “QUÉS” obtenidos se elabora un diagrama de anidad
herramienta que permite agrupar un conjunto de características en grupos comunes, esto con el objetivo de llegar a un
nivel de detalle adecuado de los “QUÉS” es identicar las diferentes categorías en las que puedan agrupar las ideas (Vilar
Barrio, Gómez Fraile, & Tejero Monzón, 1997 ).El resultado de aplicar el diagrama de anidad también se muestra en la
tabla 2.
Para seguir el orden de la metodología QFD, en el paso 3 se aplicaron encuestas a los consumidores, estas emplearon escalas
de Likert para conseguir el grado de importancia que, de acuerdo con su percepción, tienen los “QUÉS” obtenidos. En
este paso se jerarquizaron los “QUÉS” de la tabla 2 asignando coecientes de peso, es decir, en las encuestas se evaluaron
distintos aspectos del producto y el servicio asociado. La encuesta constituye una de las fuentes de información primaria
más importantes, es un elemento único utilizado para informar la toma de decisiones en cualquier ámbito” (Morgan et
al. 2019). Los resultados de la ponderación se muestran en la tabla 2.
Tabla 2: Diagrama de anidad para los “QUÉS” e importancia
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 IMPORTANCIA
CUY FAENADO
PRODUCTO
CARACTERISTICAS DE PRODUCTO
a. Precio 5
b.
S
abor 5
c. Tamaño 5
d. Apariencia 5
e. Etiquetado 5
f. Certificado de Agro Calidad 4
g. Cumpliendo Normas: BPM 3
h.
Variedad de Presentación 4
i. Buen Material de Empaquetado 4
j. Peso 5
SERVICIO
ENTREGA
k. Entrega a Tiempo 4
l. Garantizando STOCK del producto 5
CANALES DE
DISTRIBUCIÓN
m. Accesibilidad al Producto 4
Fuente: elaboración propia
Como puede observarse en la tabla 2, las características del producto (los “QUÉS”) se pueden especicar empleando tres
niveles: En el nivel 0 el producto a diseñar: “Cuy Faenado”, este producto se puede descomponer en dos elementos para
conseguir el nivel 1 estos son: producto y servicio; el nivel 2 contiene parámetros o características técnicas del producto,
entrega y canales de distribución, estos últimos se desagregan en un nivel 3 en donde se muestran parámetros especícos
(CT) como por ejemplo precio, sabor y los demás que se muestran en la tabla 2 bajo la columna de “QUÉS”. Los niveles
de importancia varían en una escala de 1 a 5 en donde 1 es lo menos importante para el cliente y 5 lo más importante. La
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jerarquía de los “QUÉS” que exige el paso 3 se observa en la gura 2:
Se evidencia además que de acuerdo con la tabla 2 para el potencial cliente el precio, el sabor, el etiquetado, el peso tienen
la mayor importancia pues le asignan un valor de 5; en cambio el certicado de calidad, buen material de empaquetado,
entrega a tiempo y accesibilidad al producto no tienen la misma importancia pues le asignan un valor de 4.
Empleando la información de la tabla 2 se realizó un comparativo con Normativa Técnica ecuatoriana INEN 1338 –
2012 (Instituto Técnico de Normalización, 2012, 17 de Abril). De esta manera la tabla 2 recoge los “QUÉS” adecuados,
entendidos como características técnicas (CT) o propiedades que debe tener el producto para cumplir con los
requerimientos del cliente.
Figura 3: Importancia de los QUÉS.
Fuente: elaboración propia
En la gura 3 puede verse que el consumidor se guía en aspectos o parámetros característicos del producto que puede
apreciar directamente con sus sentidos como: sabor, tamaño, la apariencia y el peso, es decir, el denominado perl
sensorial descriptivo en carne presente en las diferentes líneas de cuyes” (Flores-Mancheno, Duarte, and Salgado-Tello
2017).
En el paso 4 evalúa los diferentes productos o servicios ofertados por la competencia, conocido también como
“benchmarking”. La concepción de “benchmarking” es desarrollar una meta a la cual llegar y después desarrollar un
estándar o punto de comparación contra el cual medir el propio desempeño (Heizer and Render 2009). En el caso de
la Asociación de Productores de cuyes de San Gerardo (ASOPRO-CUY), se compararon los parámetros del producto
“cuy faenado” con los de productos elaborados por empresas de similar naturaleza estas son: Señor cuy, legalizada ante
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) desde el mes de agosto del 2007 (Pazmino Meza and Vásconez
LLaguno 2015), la Asociación Sumak Cuy, asociación dedicada a la producción y comercialización del cuy domiciliada
en la ciudad de Ambato y, nalmente, el tercer competidor es la Red Productiva Coprocuy domiciliados en el cantón
Mocha (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2020).
Los resultados de dicha comparación se recogen en la gura 4, donde se observa qué percepción tiene el cliente de
nuestro producto respecto al ofrecido por la competencia.
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Figura 4: Benchmarking o comparación frente a la competencia
Es evidente que ASOPRO-CUY supera a la competencia en variedad de producto, certicado de Agrocalidad,
cumplimiento de normas BPM los que serán “parámetros diferenciadores” del producto bajo la premisa que los
“potenciales consumidores” lo evalúan con un valor de 4 sobre 5 con respecto a los otros competidores a quienes se les
asigna un valor de 1. Tales estrategias […] de “Buenas Prácticas”, que en términos generales son las condiciones y prácticas
operativas básicas, necesarias para la producción primaria de alimentos inocuos. Estas prácticas establecen un proceso
racional y documental para asegurar la calidad de los productos, identicando con precisión los procedimientos más
adecuados en la producción, transformación, transporte, preparación y aún el consumo de los alimentos” (McAllister,
2009).
El sabor se menciona como parámetro o característica que el cliente percibe y considera importante, en este sentido,
este parámetro entregado al “cuy faenado” de ASOPROCUY muestra niveles de calidad superiores al de la competencia
considerando que los resultados de las encuestas evalúan al producto con 5 sobre 5; y en el caso de la competencia
Coprocuy, Sumakcuy y Señor Cuy alcanzan un valor de 4 sobre 4. En cuanto al etiquetado, que es otro de los parámetros
de calidad que se incluyen en el benchmarking efectuado, el producto estará etiquetado conforme a la Norma NTE
INEN 22 “Rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y empaquetados”, de esta manera se cumplirá
con este parámetro exigido por el cliente y el reglamento ecuatoriano, los consumidores nos evalúan con un valor de 4
sobre 5 al igual que lo hacen con Coprocuy y Señor Cuy, sin embargo, superamos en este parámetro a Sumak Cuy pues
lo evalúan con 3 sobre 5.
En el paso 5 se estableció la relación entre los “QUÉS” y “CÓMOS”, esta relación se puede observar en el diagrama de
árbol de la gura 4. La metodología despliegue de función de calidad QFD determina que los “QUÉS” o características
del producto a ofertar se consiguen a través de una serie de “CÓMOS” que son entendidos como las acciones o estrategias
que se deben implementar para obtener las características que el cliente busca en el producto (Camisón, Cruz , &
Gonzáles , 2006).
De la gura 5 se determina que a n de garantizar que el cuy faenado tenga un empaque adecuado, como característica
de calidad requerida por el consumidor, se debe tener una máquina de vacío y colocar el producto en una bandeja
de espuma poliuretano. Del mismo modo, para garantizar que el producto sea inocuo en la planta de faenamiento se
deberán emplear equipos de protección personal (EPP) debidamente seleccionados, emplear bandas transportadoras a
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n de evitar el contacto entre el producto y el personal que lo manipula. Otro elemento entendido como un “CÓMO”
que garantizaría la inocuidad del producto es la implementación y aplicación de prácticas cavícolas (Ministerio de
Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca 2014).
Figura 5: Relación entre los “QUÉS” y “CÓMOS”
“CÓMOS”
S”
“QUÉS”
”
Objetivos
o
o
s
Fuente: elaboración propia
Los “CÓMOS” son acciones que se debe realizar para alcanzar los “QUÉS” (Rodríguez, Erazo, and Narváez 2019). Se
puede concluir que el cliente está enfocado en la adquisición de carne de cuy en un empaque adecuado, inocuo, de fácil
acceso, varias presentaciones y todo a un precio accesible para el consumidor. La empresa tendrá que tomar acciones en
cada una de sus actividades para la optimización de sus procesos y, de esta manera, controlar sus costos de producción.
La identicación de puntos críticos de control, el análisis y control de esta variable asegurará que se obtenga el certicado
de BPM (Camisón, Cruz , & Gonzáles , 2006); contar con este tipo de certicación determina que el cliente exige tenga
la seguridad de consumir esta carne procesada bajo estándares de inocuidad.
De la matriz de relación entre los “CÓMOS”, denominada objetivos de los “CÓMOS”, o también, conocida como “el
techo de la casa de calidad” mostrada en el paso 6, se determinó que existen “CÓMOS” que deben ser implementados
para conseguir los “QUÉS” o características del producto. Esos “CÓMOS” se relacionan mutuamente de manera positiva
(+), positiva fuerte (++), de manera negativa (-) y fuertemente negativa (--) o, a su vez, no existe ningún tipo de relación
(o). Para conseguir las correlaciones entre los distintos “CÓMOS” obtenidos con anterioridad fue necesario trabajar con
el CC1. La matriz de relaciones de los “CÓMOS” se muestra en la gura 6.
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Figura 6: Matriz de correlaciones de los “CÓMOS”
Fuente: elaboración propia
Las correlaciones obtenidas se analizan si son positivas o negativas en los siguientes apartados.
Correlación Positiva
Varios son los factores que tienen una correlación positiva entre los “CÓMOS” son, por ejemplo: el uso de una máquina
de vacío tiene una correlación fuerte positiva (++) con la utilización de bandejas de poliuretano, y una relación positiva
simple (+) con las presentaciones del cuy en una pieza, cuartos o en cuy entero. Por otro lado, implementar la máquina
de vacío también presentará una fuerte correlación positiva (++) con el uso de bandas transportadoras, así como
también tiene una relación positiva fuerte la implementación de BPM, esta última se basa en la consideración que es
indispensable extremar las medidas de protección sanitaria en el producto terminado y condiciones tales como empaque
al vacío (Gobierno del Ecuador, 2015, 30 de julio).
El uso de EPP tiene una correlación positiva fuerte (++) con el uso de bandas transportadoras, ya que no solo se protegerá
el producto que sea inocuo, sino que también protegerá al personal operativo ante cualquier peligro físico, químico o
biológico. El uso de EPP guarda una correlación positiva fuerte (++) con las buenas prácticas cavícolas, ya que al
ser el cuy la materia prima, en el proceso de crianza se deben tomar medidas de bioseguridad para protegerlo ante
cualquier enfermedad y, de igual manera, la protección del personal operativo, las BPM también se verán estrechamente
relacionadas con el uso de EPP y su relación es fuerte y positiva (++); esto debido a que el correcto uso de este equipo
contribuirá a prevenir, reducir o eliminar el peligro de contaminación alimentaria.
Adicionalmente, se pone en evidencia que las buenas prácticas cavícolas contribuirán fuertemente (++) en la presentación
del cuy (entero, medio o cuarto), debido a que una buena crianza asegurará una carne limpia, exenta de laceraciones en
la piel, tamaño ideal y se aprovecha toda la carne. En el mismo sentido, las buenas prácticas cavícolas están fuertemente
correlacionadas (++) con la BPM considerando que estas dos variables aseguran un producto inocuo y proporcionan
una ventaja competitiva. (Gutiérrez Pulido, 2014). En la gura 6, se observa que el manejo adecuado de los costos de
producción es fundamental dentro de este análisis, es así que los costos se relacionan fuertemente (++) con los costos
de los insumos y no tiene ninguna relación (o) con los costos de transporte de producto hasta sus puntos de venta. Los
canales de distribución tienen una fuerte correlación (++) con los costos de transporte del producto hasta su punto de
venta, la efectiva cadena de comercialización contribuye a controlar los costos de transporte y, de esta manera, los costos
de comercialización. Al tener varios canales de distribución también obligará a tener variedad en la presentación del
cuy (entero, medio, cuarto) de ahí se justica la correlación positiva fuerte (++) que existe entre estos “CÓMOS”. La
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correlación positiva entre los “QUÉS” determina que al implementarlos estos se potencian unos con otros, lo que deja en
libertad a quienes diseñan e implementan los procesos.
Correlación Negativa
Se llegó a determinar que la existencia de una máquina de vacío tiene una correlación negativa (-) con los costos de
producción, esto se podría interpretar como que al adquirir equipos se aumentan los costos, sin embargo, esto afectaría a
otras estrategias como las BPM, por lo que se debe analizar qué tan contraproducente es la adquisición de la maquinaria.
El uso de bandejas de poliuretano también afectaría negativamente (-) a los costos de producción, así como con la
compra de equipos de protección personal (EPP), pero realizando un análisis de costo benecio estos serán un elemento
que favorece a asegurar la inocuidad del producto terminado. Se observó que las diversas formas de presentación de
Cuy guardan una correlación negativa (-) con el peso del animal vivo antes del ingreso al proceso de faenamiento,
entonces es importante que el animal tenga un peso estandarizado con un valor de tolerancia para ofrecer un producto
homogéneo. Las correlaciones negativas determinan que en la implementación de los “QUÉS” se debe tener cuidado,
pues implementar un “QUÉ” pude ser contraproducente para otros, el buen juicio y el conocimiento de los procesos
de faenado puede evitar dicultades. Los análisis llevados a cabo dentro del círculo de calidad CC1 mostraron que
hay “QUÉS” que entre sí no guardan ningún tipo de correlación (o), por ejemplo, la máquina de vacío con el uso de
equipos de protección persona (EPP), el peso del animal antes de ingresar al proceso de faenamiento y los canales de
distribución. De este modo se pueden analizar el resto de las relaciones neutras o sin relación entre los “QUÉS”, lo que
determina que estos “QUÉS” podrán ser implementados sin que unos afecten a otros y tampoco los potencien, lo que da
libertad a los diseñadores de los procesos.
En el paso 7 se determinó la relación de los “QUÉS” con los “CÓMOS”, para este análisis se empleó la escala japonesa
que tiene la siguiente estructura de ponderación: fuerte 9, mediana 3 y débil 1. (Myint 2003). Los resultados
del análisis se observan en la Figura 7 denominada Matriz de relaciones entre los “QUÉS” y los “CÓMOS”.
Figura 7: Matriz de relaciones entre los “QUÉS” y los “CÓMOS”.
Utilizando bandas transportadoras
que eviten el contacto del producto
con el operador
Certicado de Agro Calidad
Variedad de Presentación
Cumpliendo Normas: BPM
Buen Material de Empaquetado
Garantizando STOCK del
producto
Accesibilidad al Producto
Ponderación Absoluta
PonderAción relativa
Fuente: elaboración propia
En la gura 7 puede preciarse que el “QUÉ” # 1: presencia de una máquina de vacío tiene una relación o inuencia
fuerte (9) con la apariencia y el etiquetado (“QUÉ” # 4 y “QUÉ” # 6 respectivamente), por otro lado, el mismo
“CÓMO” # 1 guarda una relación o inuencia débil (1) con la variedad de presentación, el certicado de Agrocalidad,
el cumplimiento de normas BPM y la garantía de stock que corresponden a los “QUÉS” # 7, 8, 9, 11 y 12 respectivamente.
El uso de bandejas de poliuretano (“CÓMO” # 2) inuye fuertemente (9) en la apariencia o “QUÉ” # 4, sin embargo,
inuye medianamente (3), en el etiquetado, la variedad de presentación, el cumplimiento de Normas BPM y el
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material de empaquetado (“QUÉS” # 1, 6, 7 y 11 respectivamente) e inuye de manera débil (1) en el “QUÉ” # 8
certicado de Agrocalidad. La implementación adecuada de buenas prácticas cavícolas (“CÓMO” # 5) inuye de manera
fuerte (9) en el etiquetado, en el certicado de Agrocalidad y en el cumplimiento de normas BPM. Existen otros
“CÓMOS” o elementos del proceso fundamentales para obtener las características del producto que el cliente requiere,
esos “CÓMOS” son el cuidado de los costos de producción (“CÓMO” # 7), la reducción de los costos de los insumos
(“CÓMO” # 8) que inuyen fuertemente (9) en el precio, en la obtención del certicado de Agrocalidad (“QUÉ”
# 8) y el cumplimiento de normas de buenas prácticas de manufactura BPM (“QUÉ” # 9). Adicionalmente, se llegó a
determinar que las formas de presentación de cuy entero (“CÓMO” # 10), medio cuy (“CÓMO” # 11) y cuarto de cuy
(“CÓMO” # 12) inuye fuertemente (9) en el tamaño (“QUÉ” # 3), y del mismo modo en la variedad de presentación
(“QUÉ” # 7). Por otro lado, se puede establecer que el “CÓMO” # 14 que se reere a implementación de BPM incide
fuertemente (9) en el precio, en la obtención del certicado de Agrocalidad y cumplimiento de las BPM, estos son
los “QUÉS” # 1,8 y 9 respectivamente; así mismo de los análisis dentro del círculo de calidad (CC1) se determinó que
la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (“QUÉS” # 14) inuye medianamente (3) en el sabor, el
tamaño, la apariencia, la entrega a tiempo, la calidad del material de empaquetado y la accesibilidad del producto.
En el paso 8 se determinó el valor objetivo que debe cumplir cada requerimiento en el diseño del producto para satisfacer
al cliente (Nahm, Ishikawa, and Inoue 2013), es decir, se obtuvieron los valores de los “QUÉS”, con la intervención de
los CC1 y CC2, de manera que los “QUÉS” ya obtenidos se llevaron a valores especícos. Los resultados se recogen en la
tabla 3. Adicionalmente, se determinó los objetivos de cada uno de los parámetros, tales objetivos pueden ser: mayor es
mejor ( ), igual es mejor (), menor es mejor ( ), de esta manera se pretende que los encargados de los procesos busquen
con cada parámetro del producto, o con cada “QUÉ”, actuar sobre ellos empleando los “CÓMOS” y, de esta manera,
cumplir con los RC. Como se muestra en la tabla 3, el objetivo de los parámetros técnicos o características óptimas a ser
implementadas deben cambiar en sus valores conforme se consiguen e implementan, es así que por ejemplo, el precio
debe en lo posible reducirse ( ), la accesibilidad al producto debe incrementarse ( ), otras características o “QUÉS”
como el sabor, el tamaño, la apariencia, el etiquetado, la variedad de presentación, el peso, la entrega a tiempo, certicado
de Agrocalidad y cumplimiento de BPM deberán mantenerse () a n de incrementar la satisfacción del cliente. En
la tabla 3, se observa que los parámetros o “QUÉS” se han cuanticado, y consecuentemente, el diseño del producto
queda establecido para implementar los respectivos procesos o “CÓMOS” de forma que se consigan en el producto las
propiedades o características deseadas.
Tabla 3: Cuanticación de los objetivos de los “QUÉS”.
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Finalmente, la gura 7, en sus dos última las, muestra la ponderación absoluta o nivel de importancia de los “CÓMOS”
obtenida mediante Ec.1 y Ec.2 (Gutiérrez Pulido, 2014). Del análisis se observa que existen “CÓMOS” que tienen mayor
incidencia en las características del producto “cuy faenado”, por ejemplo, el “CÓMO # 8” denominado “reducción de los
costos de los insumos” presenta una ponderación absoluta de 270 y una ponderación relativa de 19%, lo que determina
que inuye signicativamente en las CTs: precio, certicado de Agrocalidad y cumplimiento de BPM.
Por otro lado, el cuy faenado en presentación entero, medio y cuarto de cuy (“CÓMOS” # 10, 11 y 12) suman un
nivel de importancia absoluta de 151 puntos y, por lo tanto, inuyen en mayor grado sobre la variedad, el tamaño y el
peso, e inuyen en menor grado sobre el etiquetado y la apariencia. Los “QUÉS” con mayor puntuación, en el caso de
estudio se hace referencia a: buenas prácticas cavícolas y buenas prácticas de manufactura BPM, tienen una importancia
preponderante al momento de ser implementados, pues inuyen directamente sobre varias características del producto
“cuy faenado”, de ahí que su implementación deberá considerarse como elementos del proceso, fundamental para que la
calidad del producto se garantice.
Conclusiones
El QFD exige manejar técnicas de estudio y segmentación de mercado que permitan seleccionar una muestra
representativa de los potenciales clientes, para aplicar técnicas como: encuestas o entrevistas y recoger de primera mano
datos relacionados a requerimientos del potencial cliente (los llamados “QUÉS”). La técnica logra establecer las acciones
o procesos que deben implementarse para plasmar en el producto los “QUÉS” requeridos. De esta manera, se logra
priorizar los “QUÉS” que son fundamentales y cuáles “CÓMOS” deben implementarse con mayor rigurosidad, a n de
garantizar la calidad del producto y demostrar que se ha escuchado la llamada “voz del cliente”.
En el diseño del producto “cuy faenado” existen características que el cliente percibe como fundamentales, estas
son el precio, el sabor, el tamaño, la apariencia y la garantía de stock del producto; muchas de estas son propiedades
organolépticas, lo que evidencia que el cliente se guía por sus sentidos al momento de la decisión de compra. Se observó
que para conseguir estas características en el producto es importante la implementación de BPM y buenas prácticas
cavícolas, ya que estas recogen elementos fundamentales de los procesos de crianza, faenado y distribución del “cuy
faenado”, que bien implementados garantizan la satisfacción del cliente.
Agradecimiento
El presente trabajo se desarrolló a través del Proyecto de Vinculación denominado “Fortalecimiento a la Gestión
Institucional de los GADs Parroquiales de la Provincia de Chimborazo”, entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Chimborazo y la Asociación de Productores de la Parroquia San Gerardo, siendo estos últimos un apoyo
fundamental en el desarrollo del Proyecto. Se deja un especial reconocimiento a los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería Industrial, que desarrollaron su proceso de vinculación durante el periodo académico abril - agosto 2018,
quienes contribuyeron con el levantamiento y sistematización de información de campo.
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PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS
SÓLIDOS MEDIANTE ECOTACHOS EN EL BARRIO SAN ALFONSO, CANTÓN
RIOBAMBA
CITIZEN PERCEPTIONS OF THE SOLID WASTE COLLECTION SYSTEM THROUGH ECOTACHOS IN
THE SAN ALFONSO NEIGHBORHOOD, RIOBAMBA CITY
Nicole Daniela Solís Aguirre
1
1 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador. Correo electrónico: nicole_solis94@hotmail.com.
Resumen
Se analizaron las percepciones ciudadanas sobre el sistema de recolección de desechos sólidos mediante ecotachos en
San Alfonso, un barrio de índole comercial y constante crecimiento poblacional. Para ello, mediante un diseño de corte
transversal, se recolectaron datos a través de la aplicación de encuestas a moradores de la zona. Así, la investigación reveló
aspectos importantes y opiniones de la gente, en relación con su comportamiento como productores de los residuos
y usuarios de los contenedores, información útil con miras a lograr una mutua satisfacción de expectativas entre los
usuarios y proveedores de este servicio público. Además, se determinó que existen factores predominantes, como el tipo
de establecimiento y el género, que inciden en la cantidad y tipo de residuos generados y en el sector de la población
encargado de su manejo.
Palabras clave
Sistema de recolección, desechos sólidos, gestión integral.
Abstract
Citizen perceptions about the solid waste collection system through ecotachos in San Alfonso, a comercial neighborhood
with constant population growth, were analyzed. So, through a cross-sectional design, data collection has been carried
out by applying surveys to residents in the area. e research revealed important aspects and opinions of the people,
in relation to their behavior as producers of garbage and users of containers, useful information in order to achieve a
mutual satisfaction of expectatives between users and providers of this public service. In addition, it nds that there are
predominant factors, such as the type of establishment and gender, which aect the amount and kind of waste generated
and the sector of the population responsible for its management.
Key Words
Collection system, solid waste, integral management.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
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Vol. 4 (2021), No. 6, Primer Semestre (Enero - Junio), (70-81)
ISSN No. 2631-2743
DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.06.05
Recibido 13 de agosto 2020; Aceptado 23 de noviembre de 2020
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Introducción
En el marco de una progresiva degradación ambiental, como consecuencia de la contaminación del aire, las fuentes
de agua y el suelo, abordar temas relacionados a los móviles de dicha contaminación resulta apremiante. Uno de estos
móviles sin lugar a duda ha sido la creciente generación y la inadecuada gestión de desechos sólidos a nivel mundial. Es
por este motivo, que tanto Wang, Lin y Lin (2008), como Ahmed et al. (2019), coinciden en que el manejo de los residuos
sólidos constituye un desafío para todas las naciones, no sólo a nivel ambiental y social, sino también político.
Cada año, se producen en todo el planeta más de 2100 millones de toneladas de residuos, de los cuales tan sólo el
16% son reciclados (British Broadcasting Corporation [BBC], 2019). Por otra parte, según cifras del Banco Mundial
(2018), en su informe titulado “What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050”, se maniesta
que “si no se adoptan medidas urgentes, para 2050 los desechos a nivel mundial crecerán un 70% con respecto a los
niveles actuales”. Este informe además denuncia como impulsores de la generación de desechos, al incesante incremento
poblacional y al acelerado crecimiento urbano (Kaza, Yao, Bhada-Tata y Van Woerden, 2018). Esta última, es claramente
una problemática con estrecha relación a una serie de factores socioeconómicos, como el cambio en los patrones de
consumo tanto en zonas urbanas como rurales, así como al creciente desarrollo del sector industrial, comercial y
empresarial (Sáez y Urdaneta, 2014, p.122). Por esta razón, la provisión de todo tipo de servicios públicos es una labor
clave para los gobiernos a nivel mundial (Jeréz, Borja y D´ Armas, 2018, p.13). La cual, como aluden Passarini et al.
(2011), no solo depende de las capacidades gubernamentales de gestión, sino también del contexto social, cultural y
económico del territorio en cuestión. No obstante, el papel que la ciudadanía ha jugado habitualmente, ha sido el de ser
únicamente un receptor pasivo de servicios estandarizados, sin que su proceder frente a estos pueda ser evaluado y sin
que puedan expresar su veredicto sobre la calidad que perciben en los mismos (Martinović, Pavlić y Tolić, 2017).
América Latina y el Caribe se caracterizan por ser la región más urbanizada a nivel mundial si se toma en cuenta los
países en vías de desarrollo, un 80% de su población vive en ciudades, las cuales han debido afrontar las consecuencias
del raudo incremento poblacional, agravado principalmente por la migración desde el sector rural (Rondón, Szantó,
Pacheco, Contreras y Gálvez, 2016). Además, se conoce que sólo el 19,8% de municipios de la región poseen planes de
Gestión Integral de Desechos Sólidos (GIDS), y que únicamente el 2,2% cuentan con programas formales de reciclaje,
otorgando los municipios esta responsabilidad al sector informal, como una alternativa de generación de ingresos,
aunque la mayoría de veces, en condiciones precarias e insalubres (CNC, 2019, p.12). Debe señalarse además que, como
reeren Poletto et al. (2016), la labor de los recolectores debe visibilizarse aún más en la elaboración de la política pública
relacionada con la gestión de los desechos sólidos en las ciudades, sobre todo en las naciones en desarrollo.
De esta manera, de acuerdo con el “Informe de la evaluación regional del manejo de residuos sólidos urbanos en América
Latina y el Caribe 2010”, la generación de desechos constituye un hito importante que permite dimensionar el nivel que
deben manejar los servicios de gestión de los mismos, con el n de anticipar las dicultades que pudiesen aparecer en
los procesos tanto de proyección y diseño de sistemas de recolección y disposición nal (Tello, Martínez, Daza, Soulier
y Terraza, 2010, p.103). Dentro de este orden de ideas, Seng y Seng (2018), anticipan que, en cuanto a la generación de
residuos sólidos y sus métodos de gestión, es fundamental también el análisis de las características físicas y químicas de
dichos residuos. No obstante, como lo maniesta Duque (2005), aparte de las consideraciones meramente técnicas, resulta
imprescindible el establecimiento y análisis de la mutua satisfacción de expectativas entre los usuarios y los organismos
proveedores de todo tipo de servicios públicos en la región, haciendo hincapié en que la recolección de residuos urbanos
y domiciliarios es un servicio “que puede ser coproducido mediante la participación mutua de ciudadanos, servidores
públicos y entidades públicas” (Ayala y Valencia, 2017). En esta perspectiva, Taiwo (2011), identica además al sector
privado como un considerable soporte para la gestión ecaz de los residuos sólidos en las ciudades.
Para el caso de Ecuador se estima que la población urbana alcanza el 63%, mientras que el 37% restante corresponde al
sector rural (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador [MIDUVI], 2015, p.6). En relación a la provisión
de servicios básicos, se conoce que el 77% de los hogares eliminan sus desechos a través de carros recolectores y que
su disposición nal se realiza en un 65% en botaderos y en un 35% en rellenos sanitarios (Ministerio de Ambiente
de Ecuador [MAE], 2013). Adicionalmente, los datos arrojan que semanalmente en el país se producen alrededor de
58000 toneladas de residuos sólidos, de los cuales, tan sólo el 14% forma parte de procesos de reciclaje, sean formales o
informales (Solíz, 2015, p.4). Tal es así, que se prevé una tendencia creciente de generación de desechos en el país, por
lo que la gestión adecuada de los mismos es imprescindible (MAE, 2015, p.2). Como respuesta a lo anterior, en abril de
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2010 se creó el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), cuyo objetivo primordial
fue:
La gestión de los desechos sólidos en los municipios del Ecuador, con un enfoque integral y sostenible, con la nalidad
de disminuir la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de estrategias, planes y
actividades de capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes actores relacionados (MAE, 2015).
Para la consecución de éste objetivo, el PNGIDS realiza su gestión con base en siete componentes: político, técnico,
participación, inclusión económica y social, optimización de servicios, responsabilidad y corresponsabilidad, y control,
seguimiento y monitoreo (MAE, 2019). A un año de su creación, el programa determinó que el 52 % de la población
ya contaba con un manejo controlado de los desechos sólidos. Además, el anexo 6 del libro VI del Código Ambiental
Ecuatoriano reconoció algunas etapas de la cadena de valor de la GIDS (Figura 1).
Figura 1: Etapas de la cadena de la GIDS
Fuente: Ministerio del Ambiente, 2015, p.3
Pese a todos estos avances, y en concordancia con estudios como los de Harari et al. (2009, p.123), es que, tanto en
términos legales como operativos, la gestión de los desechos en el país aún adolece de deciencias notables, sobre
en todo en lo que respecta a las etapas de recuperación, almacenamiento y aprovechamiento, principalmente por su
informalidad y la carencia de un marco legal denido (MAE, 2015, p.2). Adicionalmente, se conoce que en el Ecuador
las necesidades y expectativas de los ciudadanos están en constante cambio, sobre todo en lo que respecta a los servicios
básicos gestionados a nivel gubernamental y sus estándares de calidad, por lo que los organismos competentes se ven
obligados a evidenciar una incesante mejora y rendimiento de estos, pero con base en las opiniones y perspectivas de
los usuarios (Jeréz et al, 2018, p.8).
El cantón Riobamba ha tenido un notable crecimiento urbano y económico en los últimos años (Mora, 2016, p.39), lo
que ha devenido en un incremento de los desechos sólidos generados, los cuales ascienden diariamente a un monto
aproximado de entre 105 a 100 toneladas, según datos del Departamento de Higiene del GADM del cantón Riobamba
(2019). Es así, que la adecuada gestión de los mismos constituye uno de los principales retos que afronta la capital
chimboracense. Un reto que sin duda requiere cambios no sólo a nivel pragmático, sino también a nivel reexivo, que
deconstruyan la metáfora del “usar y tirar” que, según Bettini (1998, p.265) ha caracterizado a nuestra sociedad durante
mucho tiempo.
Así, el Gobierno Autónomo Municipal del cantón Riobamba (GADM Riobamba) a través del Departamento de Higiene
y en el marco de un proyecto a escala nacional, realizó en agosto del año 2013 la implementación de un sistema de
contenedores de basura de uso público, denominados “ecotachos” reriendo que, a diferencia del sistema tradicional
con camiones de carga trasera y personal recolector, estos contenedores serían más amigables con el ambiente ya que
los residuos serían almacenados en forma más eciente e higiénica, evitando así los molestos olores de la basura y su
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exposición a roedores y otros animales que muchas veces los removían y esparcían, además de otras ventajas como su
fácil utilización, ya que para levantar la tapa, el usuario únicamente debía presionar una palanca con el pie (Sarzosa,
2013, p.7).
De esta manera, la puesta en marcha de este nuevo sistema incluyó la instalación de 1050 contenedores con una capacidad
de 2,4m3, 6 recolectores de carga lateral y 3 lava contenedores para la zona urbana de la urbe. Además, a nales de 2016
se concluyó la primera etapa de la construcción del relleno sanitario para la ciudad, ubicado en la comunidad de Porlón
(Técnico del Departamento de Higiene del GADM del cantón Riobamba, comunicación personal, 12 de julio de 2019).
No obstante, la ciudad aún no cuenta con una estación de transferencia que permita una integración más ecaz de
recicladores en la cadena de GIDS, además de un proceso de recuperación más íntegro de todos los materiales, antes de
ser enviados a Porlón (Espín, 2018, p.71). Por todo lo anterior, es evidente que:
La calidad en la gestión pública debe medirse en función de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las
necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo con metas preestablecidas alineadas con los nes y propósitos
superiores de la administración pública y de acuerdo con resultados cuanticables que tengan en cuenta el interés y las
necesidades de la sociedad. (Jeréz et al, 2018, p.13)
Además, a nivel local se debe enfatizar en la prestación del servicio de recolección y tratamiento de desechos domiciliarios,
como uno de los servicios comunitarios más importantes, sobre todo por su inuencia en la salud no sólo de los
ciudadanos sino también del entorno en el que se desarrollan, tal y como lo expresan Quintero y Ávila (2006).
El barrio San Alfonso, se localiza en la zona céntrica de la ciudad de Riobamba. Está conformado por 32 manzanas (Figura
2), cada una de las cuales alberga a alrededor de 12 familias. San Alfonso, se caracteriza además por su marcada actividad
comercial debido a la presencia del Mercado Simón Bolívar, un factor que sumado al evidente e incesante crecimiento
poblacional que ha experimentado el barrio desde la década de los ochenta, ha desembocado en problemáticas tales
como aumento del tráco vehicular e incremento en la generación de desechos sólidos (Ramos, 2008). Es por ello, que
esta fue una de las primeras zonas donde la municipalidad implementó el sistema de ecotachos. Son 16 los contenedores
ubicados en las calles transversales del barrio, a una distancia de 200 metros uno del otro. Adicionalmente, se conoce
que en este sector el retiro de los desechos por parte del camión recolector se realiza una vez al día en horario de 8:00 am
a 9:00 am (Técnico del Departamento de Higiene del GADM del cantón Riobamba, comunicación personal, 12 de julio
de 2019). Por lo que, el conocimiento de todas estas características del sistema, sumado a la consideración del criterio de
la población, como lo expresa Hadiyati (2014), podría generar luces que permitan por una parte, evaluar la conducta y
medir el nivel de satisfacción de los moradores del barrio, frente al servicio público de recolección de desechos y por otra,
encaminar la política pública sobre la gestión de los residuos a nivel del cantón Riobamba hacia su desempeño óptimo.
Figura 1: Etapas de la cadena de la GIDS
Fuente: Dirección de Avalúos y Catastros, GADM del cantón Riobamba, 2019
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En este contexto, el objetivo de esta investigación fue determinar las percepciones de los moradores del barrio San
Alfonso sobre el sistema de recolección por ecotachos, en relación con su comportamiento como productores de los
desechos y usuarios de los contenedores, en una zona de índole comercial y de constante crecimiento poblacional. Así, se
pretende que estos resultados sirvan como punto de partida y como un ejercicio de retroalimentación para la generación
y perfeccionamiento de la política pública municipal en torno a la gestión de los residuos, pero en función a las opiniones
y requerimientos de los usuarios.
Metodología
La investigación planteada fue de carácter mixto, con componentes cualitativos y cuantitativos. Es así, que en primera
instancia se acudió a la Dirección de Avalúos y Catastros y a la Dirección de Higiene de la municipalidad del cantón
Riobamba, para lo cual se realizó una breve entrevista con funcionarios de estas dependencias. Esto, con la nalidad
de obtener información sobre la delimitación espacial del barrio San Alfonso, el número de ecotachos instalados en el
mismo, así como la frecuencia de recolección de los desechos por parte del camión recolector y otros datos relevantes
para el presente estudio.
Posteriormente, se consideró como población al número de unidades familiares que habitan y poseen locales comerciales
en el barrio, tomando en cuenta que el almacenamiento de los desechos y su disposición en los contenedores se realiza
a nivel de establecimiento y que, por lo general en cada uno de ellos, es una sola persona quien se encarga de estas
actividades. Por ello, conociendo que son aproximadamente 384 familias las que integran el barrio, se seleccionó de
manera casual al 8% de las mismas como muestra. De las cuales, se escogió a 1 integrante entre mujeres y hombres
y se ajustó dicho porcentaje al número de manzanas que integran San Alfonso. Esto, con la nalidad de asegurar la
participación de un grupo considerable de pobladores y de analizar todos los sectores del barrio, por lo que en total
se aplicó 32 cuestionarios, uno en cada manzana. Sin embargo, hay que especicar que al ser San Alfonso un barrio
eminentemente comercial, un 70% de encuestas se aplicaron en locales comerciales y el 30% restante en residencias.
Es así que, con base en la revisión de literatura y la problemática descrita, se identicaron las variables en relación al
manejo de los desechos y uso de los contenedores por parte de los moradores del barrio, tales como el sexo, el tipo de
desechos generados, la separación o reciclaje de los mismos, la frecuencia con que se depositan en los contenedores,
la capacidad de estos últimos de abastecer la generación de basura, la preferencia por sobre el sistema tradicional de
recolección a lo de vereda y las principales ventajas, falencias y posibles mejoras aplicables al sistema.
Previo a la aplicación, se validó el instrumento de investigación con base en el criterio de un experto de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. El diseño de la investigación fue de corte transversal, ya que la
encuesta se aplicó en una sola ocasión. Los reactivos del cuestionario fueron 30 en total, cuyos productos se incorporaron
en una base de datos que, a través del soware Microso Excel 2017, permitió realizar un estudio descriptivo de los
resultados para su posterior análisis.
Resultados
En primera instancia se realizó una tabulación diferenciada entre los resultados obtenidos de las encuestas a locales
comerciales y residencias. Sin embargo, al no encontrarse diferencias signicativas en torno a las respuestas de los
encuestados en estas dos categorías de establecimientos se elaboró una tabulación general para ambas. Se exceptúan las
preguntas relacionadas al tipo de desechos sólidos que más se generan en el local comercial o residencia y a cómo son
manejados los mismos, para las cuales sí se registraron diferencias importantes. A continuación, se presenta el perl de
encuestados del barrio San Alfonso con base en las preguntas elaboradas para el instrumento de evaluación.
El 71,9% de los encuestados pertenece al sexo femenino, mientras que el 28,1% restante corresponde al sexo masculino.
En cuanto al tipo de desechos sólidos que se generan en locales comerciales, el 9% armó que eran desechos orgánicos
(restos de comida y jardinería y desechos de mascotas), el 73% eligió como opción a los desechos inorgánicos reciclables
(plástico, vidrio, cartón y papel), un 14% se rerió a los desechos inorgánicos no reciclables (cds, vajilla desechable,
servilletas y papel de baño usados), y el 4% restante escogió la opción de desechos especiales (tóners, material electrónico,
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pilas y focos).
En referencia al tipo de desechos sólidos que se generan en residencias, el 70% armó que eran desechos orgánicos
(restos de comida y jardinería y desechos de mascotas), el 30% restante eligió como opción a los desechos inorgánicos
reciclables (plástico, vidrio, cartón y papel). No existieron registros para desechos inorgánicos no reciclables (cds, vajilla
desechable, servilletas y papel de baño usados) ni desechos especiales (tóners, material electrónico, pilas y focos).
En relación con la pregunta sobre cómo son manejados los desechos sólidos en locales comerciales, el 32% manifestó que
separa los materiales que se pueden reciclar, mientras que el 4% rerió que separa entre desechos orgánicos e inorgánicos
y el 64% restante armó que no separa ningún tipo de desecho.
Con base en la interrogante sobre cómo son manejados los desechos sólidos en residencias, el 20% manifestó que separa
los materiales que se pueden reciclar, mientras que un 30% armó que separa entre desechos orgánicos e inorgánicos y
el 50% restante rerió que no separa ningún tipo de desecho.
Por otro lado, se registró que un 34,4% de los encuestados considera que sí existen sucientes ecotachos para la adecuada
recolección de los desechos sólidos en el barrio, frente a un 65,6% que respondió que no. Así también, el 81,2% prerió
los ecotachos como el mejor sistema de recolección, por sobre el servicio de recolección a lo de vereda, que alcanzó el
18,8%.
Con respecto a la frecuencia con que los encuestados depositan sus desechos sólidos en el ecotacho, el 25% armó que lo
hace 1 día a la semana, frente al 12,5% que manifestó que realiza esta actividad 2 días a la semana y nalmente un 62,5%
que expresó que lo realiza 3 o más días a la semana.
Tomando en cuenta la principal ventaja de la implementación del sistema de ecotachos, el 68,8% manifestó que ha sido
la exibilidad en el horario para sacar los desechos, frente a un 25% que expuso que ha sido la mejora en el aspecto
visual del barrio y en la eliminación de olores, nalmente un 6,2% consideró que no ha existido ninguna ventaja. No se
registraron percepciones en cuanto a otras ventajas de la implementación del sistema.
Considerando la percepción con respecto a la principal falencia en la implementación del sistema de ecotachos, el 28,1%
consideró que la frecuencia con la que el camión recolector retira los desechos no es la adecuada, por otro lado el
65,6% percibe que el ecotacho no permite clasicar la basura por tipo de desecho, mientras que el 6,3% restante armó
que existen otras desventajas importantes del sistema, reriéndose a que los ecotachos no reciben el mantenimiento
adecuado y que el tamaño de los contenedores no abastece la cantidad de desechos sólidos que se generan diariamente.
No hubo registros de encuestados que consideren que no existe ninguna falencia en la implementación del sistema.
Finalmente, abordando la cuestión de la mejora más deseable que se podría realizar en cuanto al sistema de recolección
por ecotachos, el 9,4% señaló la instalación de más contenedores en puntos estratégicos del barrio, frente al 25% que
armó que lo prioritario sería que se aumente la frecuencia con la que el camión recolector retira los desechos, así
también se registró que un 62,5% de los encuestados coincidieron en que se debería instalar un contenedor para cada
tipo de material que se pueda clasicar y/o reciclar, concluyendo con el 3,1% restante que manifestó que otra mejora
preeminente sería que se dé un mantenimiento frecuente de los contenedores.
Discusión
Los resultados obtenidos en el barrio muestran una tendencia mayoritaria de mujeres a cargo de la atención de los
negocios de la zona (bodegas de artículos de primera necesidad, abastos, panaderías, carnicerías principalmente, así
como restaurantes, talleres artesanales, farmacias y bazares, aunque en menor proporción). En los domicilios, de igual
manera son en su mayoría mujeres las que se encuentran a cargo de las labores domésticas y el cuidado del hogar. Es
así que son ellas las que están directamente involucradas en las etapas de la GIDS correspondientes a la separación
en la fuente y almacenamiento temporal, constituyendo un sector clave en lo que reere a servicios de educación y
comunicación ciudadana, siempre en el marco de evaluaciones previas que consideren su juicio y sus necesidades. De
igual forma, la idea del trascendental rol de la mujer en la gestión de los desechos urbanos se refuerza en la investigación
realizada por Srinivasan (2006). En este trabajo, la autora registra que de las CBO (organizaciones de base comunitaria)
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creadas en Chennai, India (con el n de contribuir desde la sociedad civil al adecuado manejo de los residuos), aquellas
que tuvieron éxito fueron dirigidas e impulsadas por mujeres, en dos de cada tres casos. Esto, debido a que ellas parecieron
más comprometidas y motivadas con la causa, pese a que no todas se desempeñaban únicamente como amas de casa.
Tomando en cuenta que el mayor porcentaje de desechos que se generan en los locales comerciales del barrio son
aquellos de tipo inorgánico reciclable (plástico, vidrio, cartón y papel), es evidente que esto ha sido resultado de la
creciente tendencia de consumo que atraviesa no sólo la ciudad de Riobamba, sino también el país y el planeta entero.
Como otro ejemplo, cabe mencionar el caso de la ciudad de Tehran, en Irán, donde el más amplio porcentaje de residuos
producidos son los inorgánicos reciclables. No obstante, como indica el mismo caso de estudio realizado por Nasrabadi
et al. (2008), en torno a la evaluación de las actitudes y participación ciudadana en la gestión de los residuos sólidos,
únicamente un 15,9% de los ciudadanos teheranís separan frecuentemente los desechos inorgánicos generados, tales
como cartón, plástico, metal y vidrio.
Por otra parte, los domicilios de San Alfonso, sin embargo, se caracterizan por una alta producción de desechos orgánicos,
los cuales en gran mayoría no están integrados en procesos adecuados de aprovechamiento y disposición nal, debido
en parte a la ubicación y estructura del barrio, un factor que evidentemente no fue considerado en la fase de diseño
del sistema de recolección. De modo que, los mismos Nasrabadi et al. (2008), advierten que la correcta gestión de los
residuos domiciliaros y comerciales precisa de acertadas adecuaciones en cuanto a la infraestructura y los sistemas
utilizados. Así, se evidencia la prioridad que en todas las etapas de la GIDS deben tener las zonas comerciales de las
ciudades, sobre todo las aledañas a mercados y plazas.
Existe una alta proporción de locales comerciales y residencias que no realizan ningún proceso de clasicación o
separación de los desechos que generan. Es con base en las opiniones recabadas que se inrió que, si bien una proporción
minoritaria de los encuestados no recicla los desechos por desconocimiento o por falta de interés, la gran mayoría no
lo hace porque consideran que es una acción inútil. A nal de cuentas toda la basura se mezcla en los ecotachos y por
lo tanto la gente induce que no recibirá ni la separación, ni el tratamiento adecuado en las etapas posteriores de la
GIDS, un factor agravado por la carencia de un programa formal de reciclaje en el cabildo municipal. En esta lógica,
Colorado y Echeverri (2020), mencionan que como ocurre en el caso colombiano, diversas políticas para la eliminación
de vertederos, valoración y reutilización de residuos orgánicos, metales y plásticos, deben desarrollarse no sólo en los
grandes centros urbanos, sino también en ciudades más pequeñas. No obstante, es claro que los sistemas de reciclaje
exitosos precisan primero un manejo participativo reexivo que disminuya incluso la necesidad de los usuarios de
generar desechos, en ocasiones injusticables.
Así también se deduce que, para ambos estratos analizados, el sistema de recolección por ecotachos es ampliamente
preferido por sobre el sistema de recolección a lo de vereda, debido principalmente a que muchas veces los horarios
del camión recolector no se cumplían, causando malestar en los pobladores, quienes calican como positiva la gestión
realizada por la autoridad municipal. Sin embargo, otros aspectos que no han sido analizados por la Dirección de Higiene
y que tampoco ha considerado la ciudadanía, son las condiciones laborales en las que se desenvuelven los recicladores
informales, ni el efecto que ha tenido la sustitución de los trabajadores que realizaban las labores de recolección manual
por el sistema mecanizado, se desconoce si fueron o no direccionados a otras actividades. De allí, que cobran sentido las
armaciones de Mberu et al. (2019) en torno a la relevancia del sector informal que realiza tareas de recolección. Esto,
por cuanto la gestión de los residuos sólidos genera empleo para cada 6 de 1000 habitantes en las naciones en desarrollo.
De este modo y en función de lo planteado, es que a nivel del presente estudio se arman ciertas inconsistencias en la
calidad de la gestión pública municipal, pues no se estiman ni se satisfacen las necesidades de todos los involucrados.
Tanto en residencias y locales comerciales existió una estrecha relación entre la frecuencia con la que los pobladores
depositan sus desechos en el contenedor y su percepción acerca del número de ecotachos instalados en el barrio. La
mayoría de los encuestados arroja sus desechos en un rango de frecuencia de 3 a 7 días a la semana, por lo que la
cantidad de ecotachos parece no abastecer. Un factor que atiende más a un aspecto técnico que ha considerado la
autoridad municipal previa a la implementación de los contenedores. Puesto que aumentar la cantidad o el tamaño
de estos podría signicar dicultades en la vialidad del sector, tomando en cuenta su ubicación céntrica y su marcada
actividad comercial. Empero, se conoce que en ocasiones los ecotachos, posterior a su lavado, son ubicados sobre la
acera, lo que diculta el tránsito de personas con discapacidad física, visual y adultos mayores. De todas maneras, resulta
pertinente mencionar el caso de Honduras, un país donde muchas comunidades de la costa norte, pese a no contar con
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un servicio técnico y organizado de recolección y eliminación de residuos sólidos, tomaron el control de este proceso
mediante prácticas domésticas, un tanto rudimentarias pero efectivas. Para ejemplicar, se habla sobre la obtención de
biocombustibles a partir de los gases emitidos por la bra de coco que, como una técnica de eliminación, es esparcida
en los patios de la gente local (Goett, 1998). Con esto, lo que se quiere dar cuenta, es que muchas veces no es suciente
con esperar actuaciones y soluciones por parte de los organismos gubernamentales en torno a ciertos servicios públicos.
Sino que también es importante, la voluntad, interés y predisposición de la sociedad civil.
Sin duda, las principales ventajas percibidas sobre la implementación del sistema, atienden a aspectos relacionados
con la comodidad de los pobladores para poder sacar sus desechos en horarios exibles y por su anhelo de que se
precautele el orden y la sanidad en la zona, especialmente por la alta incidencia que tiene el mercado Simón Bolívar
en la generación de residuos. De este modo, analizando el tema de las percepciones, es destacable la incidencia de
las preferencias sociales y los enfoques conductuales en torno a la problemática de los residuos sólidos y el diseño de
sistemas para su gestión (Jagadeshi y Rodrigues, 2020). Muchas de estas, como algunas que se registran en este estudio,
tienen que ver principalmente con motivaciones extrínsecas (normas sociales), tal es el caso de la contaminación visual
observada en el barrio. También, este motivo ratica la preeminencia que tiene la consideración de los comportamientos
sociales en la formulación de la política pública para el mantenimiento de la salud comunitaria y ambiental de la zona.
A pesar de ello, las falencias más notables percibidas en el sistema, tales como la carencia de contenedores para clasicar
los desechos, así como la insuciente frecuencia de retiro de estos por parte del camión recolector, están relacionadas
con aspectos que dependen más de la gestión municipal, evidenciando la falta de un marco legal delimitado, además
de retos técnicos y de coordinación. Mismos que, en el contexto de zonas en desarrollo y de incesante crecimiento
poblacional, podrían deberse también a la escasez de recursos humanos, a la inadecuada gestión de las nanzas y recursos
en los cabildos, e incluso a la laxitud de determinados servidores públicos, tal y como lo exponen Mwanthi, Nyabola y
Tenambergen (1997). Lo que, a la vez, deja ver que en la zona que aborda esta investigación, apremia el establecimiento
de metas cuanticables y cualicables por parte de la administración pública, principalmente a la luz del sentir y pensar
ciudadano.
De todas maneras, la principal y potencial mejora identicada y requerida para el sistema, como es la instalación de un
contenedor para cada tipo de material que se pueda clasicar y/o reciclar, evidencia por parte de los usuarios una clara
conciencia e intención de establecer ya en la práctica y desde sus posiciones, acciones de clasicación y reciclaje, en
miras de alcanzar una adecuada gestión de los desechos. Es así como, similar a la situación de San Alfonso, se presenta
la coyuntura dada en torno al Mercado Municipal Puerto Bolívar, en la ciudad de Machala. En este sector, la ciudadanía
ha expresado que, debido a la gran cantidad de desechos reciclables que se generan, es necesaria la implementación de
estrategias que partiendo desde su emplazamiento y desarrolladas de manera ecaz, les permitan desarrollar alternativas
económicas y mejorar la calidad ambiental de su circunscripción (García, Socorro y Maldonado, 2019). Con lo anterior,
se rearma el postulado sobre lo esencial que resulta trabajar en las apreciaciones y comportamientos de la comunidad
frente a los servicios públicos que les son provistos.
Conclusiones
La implementación del sistema de ecotachos en la ciudad de Riobamba, responde a las exigencias del PGIDS llevado
a cabo a nivel nacional. Sin embargo y como lo exponen a continuación las conclusiones del presente estudio, existen
todavía diversos factores en los que es necesario trabajar y evaluar constantemente, no sólo a nivel de las competencias
de la autoridad municipal, sino también del papel que los usuarios del sistema cumplen, con el objetivo de lograr una
gestión integral de los residuos.
Uno de los aspectos más apremiantes evidenciados en este trabajo, es que la mayoría de las etapas de la Gestión Integral
de Desechos Sólidos requieren como eje transversal, la planicación de actividades de evaluación y concientización, que
ejecuten estrategias adecuadas, basadas en criterios de género principalmente, debido al importante rol de las mujeres
en el manejo de la basura. Y además, por que como ya se enunció anteriormente, lo que la comunidad quiere y lo que
espera en relación a los servicios gubernamentales, está cambiando constantemente.
Vale mencionar también, que los desechos inorgánicos reciclables generados en el barrio pueden signicar un recurso
que a través de una gestión adecuada contribuyan considerablemente al componente de inclusión económica y social del
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PNGIDS, considerando así a todos los actores involucrados. Por otra parte, el sistema de acopio común para desechos
orgánicos requiere asistencia urgente, pues esta basura al terminar en el ecotacho e incluso fuera de él, cuando ya no
abastece, se convierte en el sitio perfecto para que perros y ratas hurguen, derramen y conviertan a estos espacios en
focos de potenciales enfermedades. Esto, pese a que las características especícas de implementación de los ecotachos
fueron las de evitar este tipo de inconvenientes sanitarios.
La baja tasa de reciclaje en el barrio denota también que, en muchos casos no es únicamente necesaria la voluntad de la
gente, sino también que esta pueda acceder a capital y tecnología que asegure que la mínima cantidad de desperdicios
tengan que llegar a la etapa de disposición nal. Esta última, que para este caso de estudio se ve afectada además por
la carencia de una estación de transferencia de desechos en la ciudad y porque un alto porcentaje de la población de
Riobamba, no conoce ni la existencia, ni los procesos que se llevan a cabo en el relleno sanitario de Porlón, por lo
que las estrategias de comunicación ciudadana deben incluirse de forma inmediata, para así despertar e impulsar la
potencialidad de los usuarios como entes activos en todos los procesos de la GIDS.
Existen varias aristas a considerar en lo que respecta a los sistemas de recolección, los cuales en determinadas etapas
pueden por una parte beneciar a un sector de la población, pero al mismo tiempo afectar a otro. Por ello, la importancia de
realizar estudios previos a la implementación de estos sistemas, estudios que abarquen la complejidad de la problemática,
no sólo en términos ambientales, sino también sociales, económicos e incluso políticos, que atiendan de forma bilateral
las expectativas y demandas de la población y de las entidades gubernamentales.
La clara percepción de benecios a raíz de la implementación del sistema en San Alfonso, evidencia logros importantes
en aspectos puntuales dentro del marco del PNGIDS, así como de las ordenanzas que rigen a nivel local. De todas
maneras, ciertas falencias menos acentuadas y que no han sido ampliamente reconocidas por los pobladores, están
condicionadas por la actitud de ciertos usuarios, que han hecho un uso incorrecto de los contenedores, convirtiéndolos
en urinarios públicos y en objetos de vandalismo, por lo que se deben ejecutar actividades de educación ciudadana,
pero también las sanciones pertinentes cuando sea necesario. Conrmando la idea de que, el discernimiento de las
características del sistema deviene en una estrategia que permite entender y tomar medidas sobre el acertado o erróneo
proceder ciudadano, pero también orientar ciertos decretos municipales.
Finalmente, en lo que respecta al mejoramiento del sistema de recolección por ecotachos, los moradores del barrio
reconocen necesario el aporte complementario de los recicladores informales como parte de la cadena de valor, así
como la injerencia de la autoridad municipal competente, en mejoras potenciales como el aumento de la frecuencia de
recolección y mantenimiento frecuente de los contenedores. Ahora tenemos la certeza, de que la gestión de los residuos
urbanos es un servicio que necesariamente debe ser coproducido por la sociedad civil y los organismos públicos. Sin
olvidar también que el sector privado puede servir de apoyo a dicha gestión.
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WATER ENVIRONMENTAL REGULATION IN COLOMBIA
REGULACIÓN AMBIENTAL DEL AGUA EN COLOMBIA
David Tobón-Orozco
1
Carlos Andrés Vasco Correa
2
1 Universidad de Antioquia (Colombia). Correo electrónico: david.tobon@udea.edu.co
2 Universidad de Antioquia (Colombia). Correo electrónico: carlos.vasco@udea.edu.co
Abstract
Water resources are vital to life and economic development, but in Colombia they are under threat by negative
externalities from diverse economic sectors. Water resource protection depends fundamentally on the quality and
eectiveness of environmental regulation and Colombia seems to be an international reference point on environmental
institutionalization given its completeness and comprehensiveness. However, Colombian water resources have declined in
quality and availability over the last years. is reality motivated the development of an exhaustive analysis of Colombian
water environmental regulation with an economic perspective. is article includes a review of the characteristics of
these regulations concluding that the deterioration of water quality is not only the result of increasing population and
economic development, but also of regulatory shortcomings due to institutional weakness, lack of enforcement, and the
inuence of interest groups.
Key Words
Environmental regulation, water, command and control, economic incentives, enforcement.
Resumen
Los recursos hídricos son vitales para la vida y el desarrollo económico, pero en Colombia están amenazados
por externalidades negativas de diversos sectores económicos. La protección de los recursos hídricos depende
fundamentalmente de la calidad y efectividad de la regulación ambiental y Colombia parece ser un punto de referencia
internacional en institucionalización ambiental, dada su exhaustividad e integralidad. Sin embargo, los recursos hídricos
colombianos han disminuido en calidad y disponibilidad en los últimos años. Esta realidad motivó el desarrollo de un
análisis exhaustivo de la regulación ambiental hídrica colombiana con perspectiva económica. Este artículo incluye una
revisión de las características de estas regulaciones, concluyendo que el deterioro de la calidad del agua no es solo el
resultado del aumento de la población y el desarrollo económico, sino también de las deciencias regulatorias debido a
la debilidad institucional, la falta de cumplimiento y la inuencia de grupos de interés.
Palabras clave
Regulación ambiental, agua, comando y control, incentivos económicos, aplicación.
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Vol. 4 (2021), No. 6, Primer Semestre (Enero - Junio), (82-96)
ISSN No. 2631-2743
DOI: https://doi.org/10.37135/kai.03.06.06
Recibido 09 de agosto de 2020; Aceptado 12 de diciembre de 2020
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Introduction
According to New Institutional Economics (NIE), institutions decide the functioning of a society, whether by formal or
informal rules, and its structures for compliance (North, 2008). Both requirements must be fullled since a formal rule
that is not carried out is simply a dead letter (Ostrom, 2009). Environmental policy is part of an institutionalization aimed
at regulating the behavior of actors in a market when their actions cause negative externalities for others, and the market
does not respond to it. In Colombia, this institutionalization has been envisioned in a decentralized, participative and
autonomous way, which would have certain merits: the aected parties have incentives to check its functioning and have
greater information on how resources can be better used; the regulations are clearer, more participative and eective,
and are not in conict with other levels of government (Ostrom, 2009). However, decision-making must be transparent
and democratic, and there must be clarity on the social cost of the agents’ economic activities (their externalities) and,
therefore, these agents must face exemplary sanctions.
Colombia has a complete environmental institutionalization, abundant natural resources, water resources, and an
increasingly vibrant market economy that is approaching the level of a medium-income country. However, among
rankings such as the Environmental Protection Index (EPI), Colombia was number 85 among 178 countries showing
an alarming trend in the deterioration of its ecosystems and human health (Yale University, 2015), as well as in the
extinction risk from climate change (Urban, 2015). It is therefore important to research the quality of these regulations,
which can be characterized as a hybrid of Command-and-Control policies (CAC) and environmental taxes.
Another characteristic of the country’s institutions is the asymmetry among them. ere are better institutional
allocations in the center and precarious allocations in the peripheries, as well as factors which are counterproductive to
their proper functioning, such as a complex geography, territories controlled by illegal armed groups, political cronyism,
and a socioeconomic context rife with income inequality (Rodríguez, 2012).
e aim of this article is to show the advances made in environmental regulation in an emerging country such as Colombia,
in which apparently there is a great regulatory development, and which is a model of institutional involvement for other
nations in the application of a hybrid between command-and-control standards and economic instruments. However,
according to the authors' criteria, this complexity does not guarantee shielding the protection of water resources since it
is dicult to enforce both for the regulator and the regulated.
Regarding the methods for regulating environmental externalities, it was believed that economic instruments (Pigouvian
taxes, pollution permits, payment for environmental services) were more proper than CAC (technical and quantity
standards) to adopt the social costs of pollution, encourage to reduce this pollution at eciency levels and adopt cleaner
technologies. ese economic instruments provide exibility to nd the best solutions for each agent's restrictions,
nding a lower tax payment or new market opportunities. However, these results are subject to the assumption of a
“rst best world” in which there are no additional failures such as: uncertainty and unequal distribution of information,
limited wisdom, capital restrictions, undesirable behavior by the regulator (shortsightedness, lack of commitment and
enforcement diculties, being subject to capture or corruption), heterogeneity and market power of regulated agents,
research and innovation activities with public-good characteristics, and dierent types of reduction technologies. For
example, Bergek et al. (2014) show that CAC are preferred for their political acceptability or when there is uncertainty
about the measurement of environmental costs; hybrid instruments are recommended as an immediate solution.
Prior to this paper, several studies have explored Colombian water legislation (Blackman, 2009; Kathuria, 2006; OECD,
2014; e World Bank, 1999) and argued that the eectiveness of environmental regulation is partially successful in only
some watersheds due to problems such as: limited implementation, widespread refusal by municipal sewerage authorities,
and a confused relationship between discharge fees and emission standards (Blackman, 2009); the need to make sectoral
ministries accountable for the environmental impacts of their policies and strengthen the system of environmental
management involving dierent levels of government and the environmental information system (OECD, 2014).e
combination of environmental policy instruments including license fees, standards, charges, and subsidies reinforced by
active enforcement led to an overall improvement in environment compliance (Kathuria, 2006).
is article provides an exhaustive review of Colombian environmental water regulation’s main characteristics and
a conceptual answer to the question of whether a broad combination of instruments helps or impairs the quality of
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regulations. It is based on the economics of regulation and environmental economy, as well as certain recent evaluations,
highlighting institutional weakness, enforcement diculties, and the generalized inuence of interest groups.
The complex regulatory institutionalism
In Colombia, laws are dened by Congress, are the general frameworks that dene environmental policies and are
subject to compliance as per the 1991 Political Constitution. e Presidency of the Republic has the power to issue
decrees as long as they are within the guidelines of the law. Ministries, which dene sectoral policies, are part of the
executive branch together with the Presidency and other government units at the regional (department) and local levels
(municipalities, districts, and metropolitan areas). e Ministry of Environment and Sustainable Development (MADS
for its acronyms in Spanish) oversees environmental regulation and is responsible for overseeing the management of the
environment and renewable natural resources. e 33 regional autonomous corporations (CARs) are responsible for
enforcing regulations, conducting surveillance and control activities, imposing nes and making investments to expand
or maintain the supply of natural resources for the provision of ecosystem and water services to feed the aqueducts.
Regional and local governments should support the functions of CARs (Tobón & Vasco, 2019). is organizational
model, which dierentiates those who design the regulation from the regulatory compliance ocials, is motivated by the
idea of reducing the capture and control of institutions by increasing the number of agencies that fulll the regulatory
task, specializing in each activity, and generating checks and balance sheets between them, even if the cost of regulatory
work increases (Kugler & Rosenthal, 2000).
e judiciary also supports environmental policy through the Public Prosecutor's Oce, together with the executive
(Presidency, ministries and regional government units) and legislative powers (Congress). Fiscal accountability also
includes valuation of environmental management and environmental costs and advancing processes of scal responsibility
for damages to natural resources.
In Colombia more agencies were created from the 1991 Constitution to support the three traditional branches of public
power, called autonomous bodies, complementing the work of CAR. e Comptroller general, in the exercise of his
work, ensures the scal and managerial accountability of the public agencies and of agents or entities that manage public
resources, and the Attorney general and the Oce of the Ombudsman should watch and support compliance with
environmental regulation.
e Ministry of Environment was merged with the ministries of Housing and Territorial Development in 2002 for "reasons
of scal austerity and administrative eciency" (Law 790 of 2002 of the Congress), reducing its management capabilities
by entailing a reduction of resources and personnel to fulll its environmental work, which is increasingly extensive and
complex. In 2011 the functions of Environment and Housing were again separated under the name of MADS (Law 1444
of 2011 of the Congress). e MADS's management of environmental licenses, permits and formalities was then split
to create the Environmental Licensing Agency (ANLA), as an autonomous and independent body (Presidential Decree
3573 of 2011). ANLA has become one of the most controversial institutions because it launched the licensing process
through "express licenses" and by generating the social belief that obtaining environmental licenses became a simple
requirement rather than a duty, and because of the extension of its functions, as well as the control and monitoring of
rms’ compliance with the management plans (Tobón & Vasco, 2019).
Other public bodies enter the scene of Colombian environmental regulation of water resources, considering that
the political decentralization established since the 1991 constitution also led to a decentralization in environmental
management, and that regulation begins with the establishment of information systems on the territory, its environmental,
economic, and social resources, development plans, land management and water uses. e above as a prelude to the
application of technical regulations on the quantity, quality, and price of water, which are grouped into CAC policies
and economic instruments. is is what is called the National Environmental System, to which the following entities
are added: e National Planning Department (DNP), corporations and research institutes on environmental issues
(IDEAM, Humboldt Institute, SINCHI, Invemar and IIAP), Colombian National Natural Parks, autonomous bodies
and environmental and ecological police, citizen environmental authorities and non-state actors such as NGOs,
environmental movements, and ethnic-territorial organizations.
e organization of special environmental areas involves the Ministry of Justice and the Constitutional Court, addressing
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conicts between the interests of various ministries, by setting up prohibitions or limits on mining activity. In addition,
environmental crimes were brought into such category in the reform of the Penal Code (Law 1453 of 2011). Some of the
exceptional areas are managed by Colombia's National Natural Parks while others are managed by regional governments.
Transfers from the electricity sector to regional local governments are some of the most signicant sources of income,
and they are a compensation for the opportunity benets of water uses by hydroelectric plants. ese transfers were
created in environmental law (Law 99 of 1993), but their interpretation and calculation are moderated by the Energy
and Gas Regulatory Commission (CREG). In the precision of CAC policies on the use and quality of water discharged by
agribusiness, there is a complementary or substitute role to the work of MADS and CARs of the ministries of health and
agriculture, and the body in charge of technical standards and quality certications —Colombian Institute of Technical
Regulations and Certication (ICONTEC) —.
While subsidy types are dened by Congress and range from better technologies and production processes to the
promotion of private initiatives such as payments for environmental services to those who protect environmental and
aquifer reservoirs, companies must be registered in the National Science and Technology System and subsidy caps are
set up by the Ministry of Finance.
Since the 1991 constitutional reform in Colombia, both the regulations and the institutions in charge of the regulation of
the water resource have been increasingly expanded. e nancing of these organizations is limited by the growth of the
nation's overall budget; as the resources of these organizations do not depend on regulatory management, they must be
shared among all of them, and their tasks and technical complexity increase. As will be explained later, the taxes collected
by the application of all economic instruments are ridiculously small. Decisions on the strictness of the national water
environmental policy should strike a ministerial balance, as is the case with the ongoing feud between the Ministries of
Mines and Energy and the Ministry of Environment on issues such as mining exclusion zones, the Ministry of Finance's
support for obtaining scal resources in an emerging country that focuses on accelerated growth with pressing needs
such as poverty reduction, and the medium-term scal rule to be met (Wijen & Tulder, 2011). All this sets a limit to
environmental policy along with the pressure of stakeholders in the design of regulations and in the management of
the dierent regulatory and territorial bodies. e deterioration of strategic water resources has led the Constitutional
Court to mandate that these be dened as subjects of rights, ordering the various institutions to take coordinated action
to protect them (Sentence 622 de 2016).
1
Water environmental policy in Colombia
Water environmental policy can be analyzed based on the restrictions faced by rms that create impacts on water resources.
When water taken directly from natural sources is used in production, rms must allocate 1% of their investments for
recovery, preservation, oversight of the watershed and a closure plan. Although it is impossible to leave the site exactly as
it was found when the activity began, it should be le such that in a “reasonable” period, it will recover (Decree 1541 of
1978). In addition, rms must make compensation plans for one unit of new coverage for each aected unit and between
two and eight trees planted for each tree cut down following Resolution 1503 of 2010 by the Ministry of the Environment
and Sustainable Development (MADS), which presents the method to perform environmental impact studies, showing
that “in order to compensate for the impact generated, it is necessary to compensate an equivalent ecosystem.” And
while a rm must have an environmental license and there are various methodologies for that (Resolution 1478 of 2003)
(MADS, 2010), conict resolution by judicial organizations has not been possible given the lack of criterion unity, the
subjectivity of environmental evaluation, and implementation diculties.
2
Information systems and territorial organization
Another limit is the scope of regulatory institutionality as there are ways of organizing water use and providing aqueducts. ese abound in rural areas and
coexist with agribusiness, and with public utility companies where these do not have coverage. ere is a tension between the state force that seeks to institutionalize
these ways that escape compliance with regulation and the market logic of giving water a price, and which can be more eective in achieving cooperative solutions
(community water self-management). Institutionality has made positive progress in universal access to the resource by ensuring a vital minimum and for the most
vulnerable not to be cut o when they do not pay; actions that have been promoted by citizen mobilizations (Water Referendum) (Moncada et al., 2013). However,
increasingly scarce water quality and quantity increase illegal and violent appropriations of the resource that violate the constitutional right to water use by anyone
who requires it (Guerrero et al., 2016).
Also, anyone who does not comply with legislations in force incurs sanctions between 140 and 50000 legal minimum monthly wages, prison sentence of 55 to 112
months and additional administrative sanctions (article 34 of the Criminal Code – Law 1453 of 2011).
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From the regulator's perspective, the environmental policy can be classied in terms of information systems, CAC policies,
and economic instruments. e rst are the basis for both the knowledge of economic actors and the organization and
administration of a territory, as well as regulation and oversight, environmental auditing, and control. ey include the
Water Resource Information System (Decree 1323 of 2007), the models for classifying priority implementation zing
watersheds, and calculating groundwater scarcity, and actor registries (Decrees 303 of 2012 and 1324 of 2007).
3
ey
also include the limiting of riparian buer zones and protected areas or aerent conservation areas, watershed and
aquifer planning, policies and regulations on land use, control and monitoring systems on the quality of water for human
consumption, among others.
Water resource management has its origins in Decree 1381 of 1940, but it was made concrete through Decree-Law
2811 of 1974, which denes a watershed as a “special management area” and establishes that “watershed management is
understood as the planning of coordinated use of the land, water, ora, and fauna, as well as the execution of projects and
treatments.” rough Law 99 of 1993, which created the MADS as the body responsible for overseeing the management
of the environment and renewable natural resources, the National Environmental System (Sistema Nacional Ambiental)
was appointed to set guidelines for watershed management, as well as the scope of the CARs in managing the watersheds
in their authority. In 2010, the MADS issued the National Integrated Water Resources Management Plan (PNGIRH),
dening watersheds as special units in which water interacts with other renewable natural resources, ecosystems, and
anthropogenic actors (public organizations and residential, industrial, and commercial users)
.
Law 1523 of 2012, which adopts the “National Disaster Risk Management Policy” and establishes the National Disaster Risk
Management System (SNGRD), ordered that CARs must support territorial entities within their authority by integrating
them into the WMPs. Decree 1640 of 2012 implements the instruments for planning and managing watersheds, aquifers,
and others, supplying greater clarity in the CARs’ management and the dierent responsible entities and actors. In
addition, municipalities must incorporate the conditions of these WMPs into their LMPs.
Finally, Decree 3600 of 2007, which regulates Law 388 of 1997, considers restrictions on human settlements and the
possibility of urbanizing an area if it is protected as rural land (conservation and environmental protection areas,
agricultural and shing production, cultural heritage, public utility services, among others).
Table 1: Main instruments for managing renewable resources to be considered in WMPs
Source: (MADS, 2014)
In December 2015, the Law on Areas of Interest for Rural, Economic, and Social Development (ZIDRES) was approved.
e demarcation of the Santurbán Moor stands out, as it is a point of reference for the declaration of other moors. Constitutional Court decision C-035 of 2016,
which prohibits mining in moor areas, and C-367 of 2011, which modied the Mining Code (Law 685 of 2001), extended mining exclusion areas (natural parks,
forest reserves, moors, and wetlands). Territorial entities must invest 1% of their income in increasing the oering of strategic areas (Decree 1900 of 2006) and areas
of interest for aqueducts (article 11 of Law 99 of 1993), along with the investments made by the CARs, which are territorial organizations responsible for applying
environmental regulations dened by the MADS at the central level. e serious problem is that other economic resources are required to the eectiveness of control
and management.
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is law looks to develop areas that demand inated costs for productive adaptation, have low population density and
extreme poverty rates, and lack transportation and product commercialization infrastructure, such as waste-land areas.
ese projects must be registered in the MADS and follow LMPs and Basic Land Management Plans (PBOTs) with
property productive and social management criteria dened by the Agricultural Rural Planning Unit (UPRA). is has
created some controversy since, in addition to promoting land concentration, if the projects do not follow these plans,
environmental sustainability can be aected due to the fragility of some areas such as high plains and the large-scale
projects being promoted (El Espectador, 2015).
Water Use Tax (WUT)
e WUT is charged for the use of water from a natural source and is subject to a water concession (Decree 2811 of
1974). It is a management instrument for conservation and ecient water use, and a nancial source of investments to
guarantee its renewability.
e value to be paid (
Vp
) is calculated as:
Vp FopWUT v= ..
(1)
where
Fop
is a factor of opportunity cost,
v
is the volume of water; in turn, the WUT is dened as follows:
WUTFTRM
in
=
.
(2)
T
Min
is the minimum tax dened by the MADS,
F
R
is a regional factor calculated by the respective RAC.
FCkCeCsR
1.
(3)
where Ck is an investment factor, which should add the total costs of the LMP and the WMP not included in the
T
Min
and the largest limit of seven to twelve for groundwater and surface water, Ce is the scarcity index of the watershed, and
there is a socioeconomic factor (Cs), calculated using the Unsatised Basic Human Needs (UBN).
4
However, Decree 4742 of 2005 established that for 2006
WUTT USD
Min
= = $
0 00016.
/
m
arguing a foundation in
Resolution of “based on an estimated average per cubic meter of the annual investments in which the competent
environmental authorities have participated in the last three years for the effects of preventing or controlling
depreciation of the resource” and for it defined the Unit Tax for water use UT Unit Tax instead of the WUT
Water Use Tax as follows:
UT UT XIPC
tt
tt
11
11.( ).
()
(4)
where
X
WUT
UT
n
t
t
t
n
1
1 2017,t
is a factor of real increase calculated as follows:
X
WUT
UT
nt
t
t
n
1
1 2017
,t
and
WUTFTtR
Min
1 .
(5)
Finally, beginning in 2017, the
UT WUTtt=
. e Fop considers whether the user creates opportunity costs for consumers
downstream (Decree 155 of 2004) and is calculated as follows:
F
VV
V
op
CV
v
for those who return the water to the same
watershed or hydrological unit.
F
op
=1
, in other cases.
e Fop
∈
(0,1) and relates only catchment volume (Vc) and discharged volume (Vv). In addition, a consumer can stock
from multiple sources and discharge in a single source, which would express that Vv > Vc, with an extremely low Fop
and a lesser value to be paid. It is also probable that the consumer may have been granted several water catchment and
As Cs = (100-UBN)/100 it would attract consumers of water that would encourage employment in less developed areas.
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discharge permits, which imply a dierent cost, but make it possible to add up all catchment and discharge costs and
nd a single Fop. It is also possible that some discharge volumes may not be declared, or that groundwater catchment is
carried out with no later discharge in watersheds, causing changes in the value to be paid. And, unfortunately, the Fop
is unrelated to the use made of the resource or the opportunity cost of not having it. As a result, in Colombia, negligible
amounts are charged for water use, although new regulations are expected to increase its value.
7
Electricity Sector Transfers (ESTs)
Electricity Sector Transfers are a tax for water use which substitute payment of WUTs by hydroelectric power generators
with an installed capacity greater than 10000 kW (Article 45 of Law 99 of 1993 and Decree 1933 of 1994) and are equal
to 6% of gross electricity sales, the result of multiplying the amount generated by the block sales rate calculated by
the Gas and Energy Regulation Commission (CREG). ese transfers are distributed among the municipalities that
provide or hold a reservoir (3%) and the CARs in authority (3%)
5
8
OB
J
e former must be earmarked for projects
including priorities of basic sanitation and environmental improvement in their development plans; only up to 10%
should be assigned to functioning
6
8
OB
J
CARs contributions are allocated to environmental protection and defense of
the watershed and the hydroelectric project’s area of inuence.
Debates on this tax suggest it should be extended to hydroelectric plants with a capacity between 500 and 9999 KW,
which should pay 5% of their gross sales; the National Parks should receive the income given that in their jurisdiction
there are also supplier watersheds; and the tax should be raised to 7%. While gross sales are an amount that discounted
from the transfer of some payments made by the generators for the price of nancing equity funds in the electrical sector
and the administration and regulation of the electrical system, there is an even greater dierence between the spot price
of electricity and the gross sales value, where the opportunity benets for water use are not transferred, especially when
the spot price increases abruptly in anticipation of situations of water scarcity.
CAC Policies
Some indices have been developed to reduce the lack of available information and gure out a way the identify of changes
in water quality in cases of discharge. e National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF-WQI) presented
by Brown et al. (1970) suggests that 9 of 44 substances should be included in it.
10
Despite the ease of using an index, the
non-specicity of components leads to mistaken conclusions. For example, if eight obtain scores greater than zero but
the pH obtains an extremely low value, the global index will be “good,” but a body of water with an extreme pH value
will not be able to support certain forms of aquatic life or productive and recreational activities (Wills and Irvine, 1996).
In Colombia, CAC policies include some of the NSF-WQI and Pratti Index
11
components such as BOD5, pH, temperature,
and TSS (Total Suspended Solids). e others are subject to analysis and report by the CARs. ese norms date from
Decree 1594 of 1984 and were updated by Resolution 631 of 2015 of the MADS.
12
is decree set up discharge limits
as a total percentage of pollutants (Table 2). It also distinguished between new and existing users, being laxer with the
latter, and determined xed values for cyanide, mercury and lead, among others. e percentage removal of 80% is not
arbitrary but follows a technical study that showed if an environmental tax of USD$100/ton were set up, industries would
seek to reduce their discharge by 80% (e World Bank, 1999).
In Ecuador $0.11009 is charged per m3; in Peru, USD$ 0.01573; and in Brazil, USD$ 0.17300 (2015 COP).
ermoelectric plants are charged 4% of electricity sales, distributed into 2.5% for the RAC and 1.5% for the municipality where the plant is located.
It has been found that municipalities allocate many of these resources for other purposes including fiscal consolidation public debt electrification and others;
they are diverted for councilor pay life insurance fuel and automobile fleet maintenance Recommendations include applying management indicators associated with
environmental results and basic sanitation and making municipal fiscal effort a condition for access to the ESTs Hernández et al Decree of dictates that
municipalities must allocate these resources to investments that counteract and mitigate disaster situations and social economic and ecological emergency situations
caused by winters that lead to the intervention by the central government.
The components and their weights are: O fecal coliform pH day biochemical oxygen demand BOD Nitrate NO phosphates
temperature turbidity and total suspended solids TSS
The Pratti Index requires dissolved oxygen as a crucial parameter in water selfpurification and it is made up of pH O BOD Chemical
Oxygen Demand (COD), TSS Ammonia NO and Chlorine
Previously Decree had been modified by Decree 3930 of 2010 of the Presidency and Decree 4728 of 2010 of the MESD
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Table 2: Parameters for discharge into supercial bodies of water
Source: article 72 of decree 1594.
In general, Decree 1594 allows discharge of liquid waste that does not correspond to the set of the characteristics of water
bodies, such as ow rate and volume, but the pollutant change taken on by a water body, and it is incomplete since it does
not set global maximum pollutant loads. Resolution 631 tried to resolve these issues, but it also has several problems:
1. e majority of parameters are subject to analysis and report, such that lower costs are incurred when each of them
are specied, though the polluting actor must be the one to report information to the environmental authority, and the
latter must input it in the Water Resource Information System or WRIS); 2. It also does not contemplate maximum loads,
so, it is possible to discharge as many liters of water as are desired, as long as the parameters per liter are complied with;
it is therefore important to review the possibility of establishing global limits. 3. Since micrograms per liter (mg/l) are
regulated, the restrictions can be followed by diluting the pollutant load in a greater quantity of water, which motivates
greater water use. 4. e parameters are not comparable with earlier regulation, which set up a discharge percentage
(80% on the average) instead of absolute values. e latter are more restrictive for large polluting rms (Peláez, 2015).
However, in general equilibrium exercises, it has been concluded that if these values are not reviewed over time, they will
be more permissive than the earlier regulation (Tobón et al., 2018).
Regarding discharge of combined waste from two independent activities, agriculture and shing, with the most
restrictive values being applied to each reference; pollutant control for agrochemical use. In addition to complying with
the measures demanded by the CARs, it prohibits: 1. eir manual application within a buer of three meters measured
from the shores of any body of water and 2. eir aerial application within a buer of 30 meters is also measured from
these shores. Regarding pesticides, the contents of Decree 1843 of 1991 of the Ministry of Health are considered.
For land agrochemicals, Colombian Technical Regulation (NTC) 5167 of the ICONTEC establishes that compost must
not be used for agricultural purposes since its components are bio accumulative and soak the soil, unless they follow
the parameters approved. is standard sets the criteria for controlling supercial water discharge from agricultural
activities, supplying a list of 21 parameters that are not comparable to the earlier norm except for pH, which follows
Decrees 1594 of 1984 of the Ministry of Agriculture and 631 of 2015 of the MADS. In addition, the NTC suggests
evaluating other substances, such as phosphorus and nitrogen, bases for the component's phosphate and nitrate, which
are suggested in the NSF-WQI.
Regarding the progressive deterioration of water resources (IDEAM, 2014), Resolution 631 of 2015 was passed to regulate
article 28 of Decree 3930 of 2010 and update Decree 1594 of 1984, modifying measurement of pollutant discharge and
specifying parameters per economic activity (73 activities and 8 sectors).
13
Measurement must be completed in terms of
the number of pollutants per liter of water discharged, considering pH, COD (Chemical Oxygen Demand), BOD5, TSS,
sediment solids, and fats, oils and grease. e concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons must be less than or
equal to 0.01 mg/L, and for some economic sectors exist additional parameters. For temperature, the criterion of 40°C is
kept, but requirements are extended since the dierence in values between the mixing area and the body of water before
discharge must not be greater than 5°C.
Finally, according to the Contraloría General de la República (2015), Resolution 631 is not as strict as others worldwide.
Recommendations include implementing measurements for types of water ows based on the Brazilian experience since
smaller rms have greater BOD5 and COD levels and could support a greater quantity of TSS or creating a hybrid
in percentage and xed terms with a maximum supercial water discharge concentration and a minimum reduction
Given that agricultural activities are partially considered by Decree 631 (it only includes agroindustrial activities), they must be regulated by the Ministry of
Agriculture and the technical standards of ICONTEC mentioned above.
This regulation also includes total hydrocarbons orthophosphates and others.
Of the 9 parameters suggested in the NSFWQI, only are considered and their weights are not significant on the index
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percentage and considering the location of the discharge site into water bodies, as in the European Union.
Environmental compensatory tax
is tax complements the CAC policies, and therefore there is a hybrid system in Colombia: a tax is levied on some
regulated discharges, founded in Law 99 of 1993 in article 42 as follows:
Direct and indirect use of the atmosphere, water, and land in order to introduce or dump refuse or agricultural, mining, or
industrial waste, wastewater, or sewage of any origin, smoke, fumes, and harmful substances resulting from anthropogenic
activities or activities created by mankind, or economic or service activities, whether for prot or not, shall be subject to the
payment of environmental taxes for the harmful consequences of the said activities
e goal is to give cues to change consumption and production patterns and make decisions following the social and
environmental costs of pollution, as well as to incentivize changes toward cleaner technologies. Its background includes
Presidential Decrees 2811 of 1974 and 1594 of 1984. It was centered only on for-prot activities, excluding public utility
services for aqueduct and sewer rms in nancial trouble, and payment depended on the cost of the monitoring and
control programs for the CARs. Aer Law 99 of 1993, the tax was transformed by a clearer economic incentive (Restrepo,
et al, 2007).
For each of the seven parameters subject to taxation, the CAR should set up an environmental compensatory tax rate
which is the result of multiplying the smallest rate (Tm) by a regional factor (FR):
MP Tm FR C
i
ii
i
**
(5)
where:
MP: Amount to be paid
Cí: Pollutant load from parameter i
e Tm was set up by Resolution 273 of 1997 and updated by Resolution 372 of 1998 of the MADS. However, there are
only two parameters subject to charge; TSS and BOD5 and it must be updated with the annual CPI (Consumer Price
Index).
Decree 2667 of 2012 of the MADS establishes that the following parameters must also be checked: temperature, COD,
dissolved oxygen, fecal coliform, and pH. is choice is taken from the NSF-WQI and some rms have made complaints
about it and the respective caps, arguing that the method applies to the characteristics of water bodies and rivers in
the United States in the 1970s without an understanding of the particularities of Colombia (Consejo de Estado, 2007).
However, neither a Tm nor an FR has been set up for these new parameters. It is also important to mention that according
to the NSF-WQI, dissolved oxygen is more important than BOD5, and sand turbidity is more important than TSS
(Abbasi and Abbasi, 2012).
e FR aims to multiply the smallest Tm rate such that it represents social and environmental costs of discharge. is is
calculated by the CARs according to global and individual quality goals and was proposed by the rescinded Decrees 901
of 1997 and 3100 of 2003. Its evolution has been as follows:
Article 9 of Decree 901 proposed that the CARs must see an increase in the FR “until reaching a regional rate level that
causes a reduction in the total pollutant load that meets the pre-established level for the reduction goal” and beginning at
1 and increasing 0.5 each semester. e CARs stopped increasing the FR as goals were reached. e clarication of article
10 states that, in any case, the amount to be paid: “includes the value of depreciation of the aected resource, considering
See decrees 901 of 1997 and 3100 of 2003 of the MESD (modified by Decree 3440 of 2004) which regulated levying of environmental taxes
and set the procedure for the minimum rate regional factor reduction goals taxable entities collection mechanisms oversight and control and
complaints
The allocation of these payments shall be up to % to RACs to cover costs of tax implementation and monitoring and the remaining % for
investment projects in water decontamination and monitoring water quality Of the 9 parameters
suggested in the NSFWQI, only are considered and their weights are not significant on the index
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the social and environmental costs of the damage stated in the pollutant load reduction goal. Likewise, the costs of
resource recovery are reected in the minimum rate (Tm).” Despite its conception within the decree, the environmental
compensatory tax abandons the spirit of Law 99 since in its regulatory evolution it has moved away from the concept of
social and environmental costs.
Five years later, Article 15 of Decree 3100 of 2003 updated the Fr method beginning with a value equal to one, adjusting
it annually beginning at the end of the second year and applying the following to actors who did not meet the goal:
FR FR
CC CCM
CCLt CCM
tt
tt
t
1
()
()
(6)
where:
FR FR
CC CCM
CCLt CCM
tt
tt
t
1
()
()
: Adjusted regional factor.
FR FR
CC CCM
CCLt CCM
tt
tt
t
1
()
()
: Previous year’s regional factor.
FR FR
CC CCM
CCLt CCM
tt
tt
t
1
()
()
: Total pollutant load received by the river, water body or section in kg/year.
FR FR
CC CCM
CCLt CCM
tt
tt
t
1
()
()
: Global pollutant load goal in kg/year.
FR FR
CC CCM
CCLt CCM
tt
tt
t
1
()
()
: Total pollutant load in kg/year.
At the end of the ve-year period, if the goal was reached, FR begins at 1; if not, it begins at the value at which it ended
the earlier ve-year period. In any case, 1 ≤ FR ≤ 5.5. Formula (6) would be evaluated again at the end of the second
year of the new ve-year period, updating the variables CCL and CCM.
Finally, Decree 2667 of 2012 changed the formula for FR as follows:
FR FR
CC
CCM
tt
t
t
1
(7)
e global goals require a consultation for BOD5 and TSS as follows: baseline, projections of user load and quality goals
in force at the end of the ve-year cycle, the body of water’s ability and execution of works included in the Sanitation
and Discharge Management Plan (Discharge Permit, and Plan for Reconversion to Clean Technology and Discharge
Management, goals per user based on their own loads, and global goal). In addition, group goals may be dened for users
who share or do not share the same economic activity.
Article 184 of Law 1607 of 2012, which changes the Colombian tax code, obligated state institutions to perform a study
on the eectiveness of these taxes, as well as the identication and viability of new taxes. It is worth noting that during
2008-2012, the 39 CARs levied environmental compensatory taxes, either with only Tm (57.9%) or applying the FR
(44%), and 43% were implementing the process of calculating FR for 368 water bodies (52.6% of the total). Of 21.2% of
the water bodies in which the environmental tax with FR was charged, it was above 1.00, which shows global goals for
pollutant load are not followed, while 20.9% of these show compliance (FR = 1) (Contraloría General de la República,
2014).
Recommendations include strengthening charges since collection is less than what is billed; and improving information
given that it is not only incomplete, but also incorrect for many of the CARs. e environmental compensatory tax
also requires updates in all the parameters presented by the new regulations and the specication for goal loads for the
regional factor, which are lesser or equal to those set up in the regulation.
Since the Tm was approved in 1998, the value has barely surpassed the negligible threshold of USD$0.03145 per kg of
pollutant load (BOD5). e Tm for 2015 is USD$0.03864/kg for DBO5 and USD$0.01653/kg for TSS (MADS, 2015). In
addition, of the seven parameters to be measured, only TSS and DBO5 are charged, leaving out critical variables such as
temperature, pH, dissolved oxygen, and turbidity.
e CARs' behavior can be explained by the funding sources since the environmental tax is the one that generates the least
Not every year, as currently occurs in accordance with Decree 2667 of 2012.
Not including the reduction goal of sewerage firms
This limit is due to a technical issue regarding the assimilation capacity of bodies of water for discharges (Uribe, 2016; Naranjo, 2016).
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income (0.03% of total income on the average). Other sources such as participation in property taxation (environmental
surcharge), electricity sector transfers, issuance of environmental licenses and the imposition of nes generate a large part
of their income (Sánchez, 2011). Finally, there exists the possible interference of interest groups, particularly polluting
rms, in the social agreement required by the goals, and of political parties in the makeup of the CARs.
Payments for environmental services (PES)
Another economic instrument is PES, which can be understood from dierent viewpoints ranging from environmental
to ecological economy, from paying for the opportunity cost of the individual that oers them to a symbolic value
when the service is considered a social contribution (Tacconi, 2012). e main problem lies in calculating that range
of value and the social utility generated by said services. In addition, payments tend to be limited to one of the several
environmental services provided by a natural system; for example, when only CO2 catchment provided by a forest is paid
for, there is another benet of water regulation that is not being paid for.
Another problem with PES is their nancing as public goods since those who pay for them help other users who do
not have to pay. erefore, there are incentives to free-rider behavior and the resulting allocation will be smaller than
socially desired. erefore, since PES are private initiatives, there are intentions to increase them through public policy.
For example, in Colombia, tax subsidies are awarded to those who demand them or substitute closure plans that must
be prepared by rms that have an impact on the environment (see Decree 1007 of 2018 of the MADS and 953 of 2013
of the Presidency).
It is common in Colombia to sign contracts with the provider of an environmental service for up to ve years, in which
awareness is raised to keep habits of environmental protection. From the outset of the contract, the oeror is notied
that he or she will receive an economic incentive for practices that he or she should already be undertaking given that
many are approved by environmental regulations but are not enforced by the regulator, for example, respecting 15 meters
around bodies of water. erefore, another characteristic of these services in Colombia is that they help with compliance
with environmental regulations, which are not followed due to the technical diculties and the costs of carrying out this
function. At the end of the ve-year period, an evaluation is made of whether the practices are sustainable or whether
the economic incentive is still necessary, and if so, the contract is renewed for a reasonable period.
Examples of PES include rural aqueducts, in which beneciaries nance the protection of water reservoirs, and the
Ecoversa and Patrimonio Natural funds, which negotiate directly with the owner of the service site, such that a minimum
value is paid to him or her. In the case of the fund BanCO2 for Eastern Antioquia, rms and even consumers may pay
for the service of CO2 catchment achieved by strategic forests, and the product of each tree and the number of trees per
hectare are valued as shown by the global carbon market. In addition, the program is reinforced by the environmental
corporation CORNARE since it is a substitution mechanism to compensate for trees cut down, giving rms corporate
social responsibility certicates. As of 2015, USD$62.9 are paid per hectare, although the payment has a limit of USD$188.7
independently of the number of hectares and for an unlimited time. In addition, it is concentrated in a special population
such as those with extremely low income or those displaced by the armed conict. is type of mechanism is also being
applied in the RioGrande watershed in northern Antioquia through the Cuenca Verde initiative, in which the owners
of the lands reserve an area for protection or reforestation and are compensated with technical aid, the installation of
wastewater treatment plants, the building of restraining walls in threatened areas, the installation of energy saving stoves,
the building of orchard sheds and reforestation on the banks of water bodies.
Tax incentives
rough the approval of Law 99 of 1993, the Ministry of the Environment is in charge of promoting plans for industrial
restructuring as well as the economic instruments analyzed. ese actions have been included in international
initiatives such as the global carbon market whose goal is to help mitigate climate change. Another action is the creation
of Green Markets, which seek to attract demand with environmental sensitivity. A rm considered to be green is certied
through the ICONTEC, which shows that the rm sustainably uses resources, renewable energies, recycling policies, and
cleaner technologies. ey are also subject to tax benets.
This is what is known in the literature as changing the production process, contrary to the use of end of pipe technologies in which the production process is
maintained but filters or treatment plants are added at the end of the production process The former is more efficient for achieving environmental goals but is more
costly and provides uncertain results.
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Tax exemptions and exclusions applicable to the acquisition of reduction technologies and investment in research that
favors innovation in clean production processes fall within the framework of tax legislation (Law 6 of 1992 of Congress),
article 123 of which sets up deductions for investments in control and improvement of the environment. Article 158
and the following articles of the Tax Code establish that “legal persons who make direct investments in control and
improvement of the environment shall have the right to annually deduct from their income the value of said investments
which have been made in the respective tax year. e value to be deducted for this reason shall in no case exceed twenty
percent (20%) of the taxpayer's taxable income determined before subtracting the value of the investment.” In addition,
deductions are granted on income taxes for investments in research, technological development, and innovation, as well
as control and improvement of the environment. For example, projects carried out through research and technological
development entities recognized by the Ministry of Science and Technology may deduct from its income 175% of the
investment in said projects with a limit that may not exceed 40% of taxable income determined before subtraction of the
investment.
Decree 722 of 2014 of the Ministry of Finance, which updates the goods excluded from the VAT tax, previously
established by Laws 1607 of 2012 and 223 of 1995 of the Congress and the Tax Code, sets up a competitiveness factor
in the production sectors, such as food with agricultural origins and its production inputs. e tax code shows that
importation of machinery not produced in Colombia for the following activities does not incur sales tax: garbage and
waste recycling, wastewater purication and treatment, atmospheric emissions or solid waste, river recovery and basic
sanitation, as well as importation of equipment for environmental control and monitoring included in the Montreal
Protocol on substances that reduce the ozone Layer. is imported machinery must stay during its service life unless it
is transferred to a leasing company.
ese incentives promote importations that will help move toward cleaner production and the exportation of goods with
an added value. However, rms show their contempt for being subject to the implementation of environmental goals
agreed upon with the Ministry of the Environment and the plans and programs of the Ministry of Mines and Energy,
which are, in turn, subject to budget availability in the Medium-term Fiscal Framework and other restrictions reported
by the Ministry of Finance. e above causes high uncertainty: for example, regarding some plans such as the one for
energy and environmental eciency administered by the Mining Energy Planning Unit (UPME), which is part of the
Ministry of Mines and Energy, only 50% of the projects presented were approved (UPME, 2015). In addition, rms that
belong to the small and mid-sized sector do not pay high income taxes, so they could not take advantage of discounting
those investment payments made for pollution reduction technologies (Supersociedades, 2015). Finally, accessing these
incentives is exclusive of rms formally set up, which can imply greater costs that could not be justied by the expected
benets.
Discussion and nal remarks
In Colombia, there is progressive deterioration of water resources resulting from growing population and economic
dynamics. However, there are also failures in the regulation of water production and consumption activities. Commitment
to have more legislation is the most common response but also the most ineective. Since it has been shown that the
normative architecture to regulate water resources is comprehensive, Colombia should not follow the easy route of
redening goals or new regulations; the better path is to improve or enforce existing regulations. Hybridization between
CAC policies and economic incentives has another attribute that makes them more eective in the current circumstances
where there is an increasing political and social sensitivity to economic adjustment measures in emerging countries
(Monahan, 2019), because it has greater social approval given the xed part of the regulation (CAC policies), which has
the attribute of ensuring minimal protection of water resources, albeit with higher costs of regulatory intervention.
Technical regulations mainly include sector orientations and the National Centers for Cleaner Production and Environmental Technologies (CNPMLTA).
The goal agreed upon in the COP 21 (December 2015) of increasing temperature by °C, and the additional efforts to try to limit it to °C, depend on the
implementation of the Paris Agreement in 2020. All the signatory countries must limit their greenhouse gas emissions although developed countries will have to make
a greater effort and mobilize at least USD$100.000 million annually to contribute to an adaptation and energy conversion fund for developing countries and those
most vulnerable to climate change. Colombia’s position is complex given that it has gone from being an underdeveloped country which could previously sell emission
reduction efforts below the MDL, to being one with a medium income and which must comply with environmental goals of reducing emissions by % in based
on pollution levels in 2010. In addition, it is on the list of most vulnerable countries to climate change meaning that the establishment of goals and carbon taxes are
required, but that it also hopes to benefit from said fund.
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Some suggested improvements to the set of CAC policies may be: land use management should consider information
restrictions and the priority of water resources; water use taxes should be similar to those in other countries in the region
or be related to the benets of using the resource, as occurs with the signicant income transfers made by hydroelectric
producers; environmental compensatory taxes should abide by the spirit of Law 99 of 1993 and be comparable in their
parameters to the new discharge regulations such that this hybrid environmental policy can function as a safeguard
against the risk of greater environmental deterioration and provide minimal signals to modify patterns of consumption
and production, and economic decisions should be made according to the social and environmental costs of pollution;
changes should be incentivized toward cleaner technologies; or greater use should be made of tax subsidies to consider
the option of a nancial sustainability in the sense that subsidies should come in some percentage from the collection
of environmental taxes. ere should also be private mechanisms like PES, although so far, they have been incentivized
by public policy, their scope is limited, and payment made for them does not compensate for the opportunity cost of the
various ecosystem services that can be preserved.
Adjusting water use and environmental compensatory taxes would be expensive, and most agricultural production
has a remarkably high subsidy implicit to the use and contamination of water. General equilibrium models applied to
Colombian water resources estimate that adjusting countervailing rates to the social cost of pollution would signicantly
increase environmental compensatory taxes, causing higher prices on essential foods such as milk (Tobón, Molina &
Vasco, 2018). Under current and medium-term conditions, where there will be other priorities such as poverty alleviation
and economic growth recovery, it will be more dicult to resort to the use of economic instruments. It is therefore
recommended that tax adjustments supply a minimal sign of scarcity, such as that needed for the operation of regulatory
bodies.
In any case, this institutional adjustment must consider the inuence exercised by interest groups and the administrative
and technical capacities of the regional corporations (CARs) to apply regulations, which means increasing their
autonomy and their access to greater resources, for example by limiting the inuence of political parties in their makeup,
making their budget more dependent on the collection of environmental taxes, and requiring that monitoring and
control of compliance with regulations be nanced by regulator actors. e budget exibility of these bodies should
also be considered since they have xed income regardless of eciency in their regulatory management, in addition to
assigning regulatory management costs to regulated rms as the tasks of regulatory bodies are increasing, making them
impossible to accomplish given the limited resources they have.
Finally, the regulation of water and other environmental goods and services is intricately linked to that of greenhouse
gases. And facing climate change implies a more comprehensive regulatory evolution in terms of CAC policies,
promotion of unconventional energy sources, rational and ecient use programs, tax benets and carbon markets. is
regulatory evolution is linked to the commitments that Colombia must meet under the Kyoto Protocol. As there are
complementarities between reducing GHGs and ecient use of water resources, water regulation is expected to be part
of a large umbrella program that has as its central focus the ght against climate change.
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La lista se escribe a espacio y medio.
Los títulos de revistas o de libros se escriben en cursiva. En el caso de revistas, el texto en cursiva
comprende desde el título de la revista hasta el número del volumen.
Tablas, guras, grácos e ilustraciones serán los estrictamente necesarios y deben explicarse
por sí solos (sin tener que recurrir al texto para su comprensión). Deben indicar las unidades
de medición, y contener todas las notas al pie y se debe especicar claramente la fuente. Deben
enviarse insertadas en el texto en el lugar que cada autor considere oportuno.
Cada tabla y gura debe encabezarse con la expresión “Tabla” o “Figura” y la leyenda de esta.
Además, se enviará un único archivo con una carpeta comprimida en la que vayan incluidas todas
las guras en formato JPG o PNG, fácilmente identicables (número de gura en el nombre del
archivo) y con una calidad aceptable.
Notación matemática. Las ecuaciones o fórmulas deben ir alineadas al centro con numeración
arábiga consecutiva encerrada entre paréntesis a su derecha. Asimismo, deben contar con los
respectivos subíndices, superíndices y letras griegas claramente especicadas.
Una vez revisado el artículo y aprobado por los pares evaluadores ciegos, se procederá a su edición en
PDF, antes de ser publicado se enviará a cada autor/a una prueba de impresión en el formato PDF denitivo.
El autor deberá dar su consentimiento a la última edición y una vez autorizado podrá ser publicado.
Los artículos pueden ser de los tres tipos descritos a continuación:
Investigación original
Trabajos realizados con metodología cuantitativa o cualitativa relacionados con cualquier
aspecto de la investigación en los campos económicos, administrativos, contables, jurídicos y
comunicacionales.
Revisiones bibliográcas
Estudios bibliométricos, revisiones sistemáticas, metaanálisis y metasíntesis sobre temas relevantes y
de actualidad en los campos económicos, administrativos, contables, jurídicos y comunicacionales.
Se tratará de un artículo cientíco que recopila la información más relevante sobre un tema
especíco. El objetivo fundamental es identicar qué se conoce del tema, qué se ha investigado y
qué aspectos permanecen desconocidos.
Para la preparación de revisiones sistemáticas o metanálisis se recomienda adaptarse a lo indicado
TIPOS DE ARTÍCULOS
por la última versión de la declaración PRISMA (http://www.prisma-statement.org/).
Reexión
Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica,
interpretativa o crítica del autor, sobre un tema especíco, recurriendo a fuentes originales. Estos
puedenser estudios monográcos (artículos doctrinales) o comentarios de jurisprudencia.
