FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
KAIRÓS, REVISTA DE
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
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Introducción
Las políticas públicas acompañan los procesos de desarrollo y crecimiento económico de los países (González-Páramo,
1994; Biescas, 2000; Röth, 2003; Ramón y Cajal, 2007; Ayala, 2008; Montero et al., 2008; Arias, 2014). En América Latina,
estas no tuvieron buenos resultados importantes en relación al desarrollo y la reducción de la pobreza (Stahl, 1994;
Arrizabalo, 2000; García, 2003; Pellitero, 2003). Actualmente persisten grupos vulnerables en la sociedad, al respecto se
menciona que “han fracasado, en cuanto a lograr el objetivo de llegar a los pobres y sacarlos de esa condición” (Godínez
et al., 1995:14). Esta situación ha cambiado con la aplicación de políticas sociales, que “implementan las transferencias
directas a las familias, con el propósito de moderar la intensidad de la pobreza y contribuir a insertar a sectores excluidos
en las matrices de protección social” (Filgueira, 2014:29). En este sentido, las políticas públicas fueron complementadas
con políticas sociales denominadas Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), con el propósito de disminuir la
desigualdad y pobreza.
Al mismo tiempo, Godínez et al. (1995) y Monterrey (2013), mencionan que es importante realizar una focalización
adecuada de los grupos sociales beneciados –en su generalidad se consideran grupos vulnerables a los niños, madres,
ancianos– y realizar la evaluación –inversión y ecacia– de las políticas sociales. Esto como consecuencia de que, en
muchos países, “los gobiernos destinan una importante cantidad de recursos a la realización de políticas sociales, pero
cuando se analizan los resultados de esa inversión, la principal conclusión es que los recursos no favorecen a los pobres”
(Godínez et al., 1995:13). Por su parte, Ortiz (2007:6), indica que “las políticas sociales pueden superar el círculo vicioso
de la pobreza y el atraso, y crear un círculo virtuoso en el que el desarrollo humano, genere crecimiento económico”;
es decir, la política social, en este caso expresada en las transferencias monetarias condicionadas permitirá mejorar las
condiciones de vida de la población y consecuentemente los indicadores de pobreza. En esta misma línea, la aplicación
de los programas de transferencias condicionadas en efectivo ha ido acompañada de evaluaciones para medir su ecacia
e impacto (Ugarte & Bolívar, 2015:48).
Los programas sociales de Transferencias Monetarias Condicionadas, diseñadas en reemplazo a las políticas tradicionales
de suministro de bienes y servicios, son objeto de un amplio debate. Las políticas de entrega directa de dinero en efectivo
a grupos focalizados respecto de la implementación de programas y proyectos económico-productivos generan una
disyuntiva de prioridades entre el aspecto social y económico, entre el presente y el futuro (Ramos et al., 2017). Estos
programas fueron expandidos a nales de los noventa e inicios del milenio en varios países, y se los conoce como
“transferencias condicionadas o “con corresponsabilidad, con énfasis en tres propósitos: i) transferencia directa de
ingresos para alivio a la pobreza; ii) incentivos a la inversión en capital humano, e iii) incorporación de la población a
redes de protección y promoción social (Filgueira, 2014:29). Así, los Programas TMC se aplicaron en América Latina
como la principal forma de intervención de los gobiernos para atender a la población en situación de pobreza, a través
de la asignación de recursos monetarios, cuyo objetivo fue buscar la reducción de la pobreza, mediante programas de
asistencia social condicionada a las acciones de los receptores (Cena, 2015).
En el caso de Bolivia, fue en el año 2006, donde se efectuaron transformaciones al modelo neoliberal –el mismo estuvo
caracterizado por la implementación de diferentes programas sociales– orientados a la construcción del Modelo
Económico Social Comunitario Productivo fundamentado en el paradigma del Vivir Bien (Ugarte y Bolívar, 2015:46).
El modelo orienta la política económica a la generación de excedentes económicos que deben ser redistribuidos a los
sectores más vulnerables de la población boliviana mediante programas condicionados, que permitan atenuar los niveles
de pobreza. En esa línea, Monterrey (2013), arma que en 2002-2004 fueron implementadas algunas estrategias para
disminuir los niveles de pobreza, entre ellas, la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), cuyo instrumento
fue la directriz en la causa y el objetivo de la pobreza, siendo uno de los componentes estratégicos la protección social,
entendida como el conjunto de políticas orientadas a los grupos vulnerables de la sociedad.
Con respecto a la pobreza en Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estableció que en el periodo 2005-2015, la
pobreza disminuyó de 59,6% a 38,6%, 21 puntos porcentuales; a su vez, la pobreza extrema nacional se redujo de 36,7%
a 16,8%. La pobreza extrema en el área rural registró una disminución de 32,3% y en el área urbana de 11,2%. Siendo
una de las funciones esenciales del Estado garantizar la seguridad alimentaria (Constitución Política del Estado, 2009),
se instituyó en Bolivia el bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy (BJA) a partir del 3 de abril de 2009, con la nalidad
de “mejorar la salud y nutrición de las mujeres embarazadas, niños y niñas menores de dos años” (Decreto Supremo N°
066, 2009); este bono consiste en la asignación de dinero por la asistencia de las madres a los servicios de salud materna
Kairós, Vol. (4) No. 6, pp. 8-18, Enero - Junio 2021, Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba-Ecuador - ISSN No. 2631-2743
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