EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS COLECTIVOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: EL CASO DE PERÚ Y EL ECUADOR
EFFECTIVENESS OF THE COLLECTIVE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES:
THE CASE OF PERU AND ECUADOR
Luis Alberto Tuaza-Castro
1
Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador). Correo electrónico: ltuaza@unach.edu.ec.
Resumen
El artículo analiza el alcance de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Perú y en el Ecuador. Para el efecto se
analizan los casos de los conictos mineros en la Comunidad Nativa Tres Islas del Departamento peruano Madre Dios,
y la lucha de los indígenas de la parroquia Tundayme, de la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe. Se considera
que el Convenio 169 de la OIT y los tratados internacionales, referentes a los derechos colectivos indígenas, garantizan
sus derechos al territorio y a la sana supervivencia, y constituyen los instrumentos jurídicos más importantes en la
lucha frente a la minería. No obstante, la existencia de estos y otros instrumentos internacionales suscritos por Perú y el
Ecuador, los derechos colectivos de los indígenas son escasamente asumidos por los Estados.
Palabras clave
Pueblos indígenas, Derechos colectivos, Minería ilegal, Tratados internacionales.
Abstract
e article analyzes the scope of the collective rights of indigenous peoples in Peru and Ecuador. For this purpose, the
cases of mining conicts in the Tres Islas Native Community of the Peruvian Department Madre Dios, and the struggle
of the indigenous people of the Tundayme parish, in the Ecuadorian province of Zamora Chinchipe, are analyzed.
ILO Convention 169 and international treaties, referring to collective rights, are considered to guarantee the rights to
the territory and the healthy survival of indigenous people and constitute the most important legal instruments in the
ght against mining. Despite the existence of these and other international instruments signed by Peru and Ecuador,
Indigenous collective rights are scarcely assumed by the states.
Key Words
Indigenous peoples, Collective rights, Illegal mining, International treaties.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
KAIRÓS, REVISTA DE
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
Vol. 3 (2020), No. 5, Segundo Semestre (Julio - Diciembre), (30-40)
ISSN No. 2631-2743
Recibido 20 de enero de 2020, Aceptado 15 de abril de 2020
FACULTAD DE
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Introducción
Históricamente los pueblos indígenas en América
Latina, y particularmente en Perú y en el Ecuador, han
permanecido en los márgenes de los Estados (Das y Poole,
2008). Sus derechos a una vida digna, a ser ciudadanos
en la diversidad cultural, a una educación propia, a la
administración de justicia de acuerdo a sus costumbres
y tradiciones, o a que sus territorios sean protegidos,
escasamente han sido asumidos por los Estados.
Hace doscientos años, las luchas emancipatorias
protagonizadas por los próceres de la independencia,
provocaron la ruptura del dominio colonial europeo e
instauraron las repúblicas a lo largo y ancho de la región
(Borja, 2009). Sin embargo, estas luchas libertarias, lejos
de buscar la emancipación de todos los integrantes de
las nacientes repúblicas latinoamericanas, promovieron
únicamente la ruptura de las élites criollas de la Corona
española (Paz y Miño, 2009). Algunos padres de la
independencia tenían deudas por impuestos a la Corona y
buscaban afanosamente manejar el poder local (Hurtado,
1997); por tanto, en las campañas independentistas
encontraron la oportunidad de liberarse de las deudas
y asumir inmediatamente el control del poder político
y económico, pero sin tomar en cuenta la libertad de
todos los habitantes, especialmente los indígenas y
afrodescendientes.
La historiografía tradicional exalta a los héroes criollos
o blancos, pero no a “indígenas, esclavos, comerciantes,
artesanos” (Hurtado, 1997, p.50), ni a los afrodescendientes,
tampoco a las mujeres. Cuando se establecieron las
repúblicas, en las primeras constituciones, no aparecen
artículos referentes a los indígenas, al contrario, la
administración de estas poblaciones se delegó a la esfera de
lo privado (Guerrero, 2010). La constitución ecuatoriana
de 1830, artículo 68, determinaba que los curas párrocos
sean nombrados “tutores y padres naturales” de la
“inocente, abyecta y miserable” raza indígena. En el Perú,
la primera constitución de 1823 ni siquiera menciona a
los indígenas.
No obstante, en el siglo XX, tanto en Ecuador como en
el Perú, surgió el propósito de incorporar a los indígenas
al Estado Nación, blanco mestizo, a través de las políticas
indigenistas de educación, proyectos de desarrollo, el
apoyo a las organizaciones campesinas, la emisión de
leyes favorables a la creación de las comunidades, la
promulgación de las reformas agrarias, la modernización
de zonas rurales mediante una inyección enorme de
capitales extranjeros, y la colonización forzada de las
regiones indias (Barre, 1983; Favre, 1998).
A nales del siglo XX, en los dos países, sus constituciones
reconocieron la composición multicultural de sus
ciudadanos
2
, la existencia de territorios y derechos
colectivos indígenas, especialmente de aquellos que
ya se recogían en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas
y tribales, y en diversos tratados internacionales. Ahora
bien, es válido preguntarse hasta qué punto estos
reconocimientos jurídicos favorecieron a los pueblos
indígenas, y en qué medida los dos Estados asumieron
las orientaciones contenidas en el Convenio 169 y otros
tratados internacionales que también abordan la materia.
Con el propósito de analizar estas preocupaciones, en
el presente artículo se plantean las siguientes preguntas
¿Cuál es el alcance de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas actualmente en el Perú y en el
Ecuador? ¿En qué medida los gobiernos de los dos
países observan las exhortaciones del Convenio 169 y los
tratados internacionales que garantizan los derechos de
los indígenas?
La reexión consta de tres partes: de entrada, se describe
los conictos mineros a los que se enfrentan los pueblos
indígenas en los dos países, en la segunda parte, se señala
la importancia que tienen los derechos colectivos para
los pueblos indígenas en su lucha frente al extractivismo
minero y, nalmente, a manera de conclusión se estudian
los procedimientos que los dos Estados observan para
cumplir con las exhortaciones, tanto del Convenio 169,
como de otros tratados internaciones referentes a los
pueblos indígenas. Para este análisis se toman los casos de
los conictos mineros presentes en la Comunidad Nativa
Tres Islas del departamento peruano de Madre de Dios
y la lucha de los indígenas de la parroquia Tundayme,
de la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe, que
aparecen en las notas de prensa, los reportajes televisivos,
las denuncias judiciales de los dirigentes presentados a
las cortes estatales y a la comunidad internacional, y en
los trabajos secundarios sobre la minería en territorios
indígenas.
Los conictos mineros y los pueblos
indígenas en Perú y en Ecuador
En estos últimos años, los pueblos indígenas de América
Latina son víctimas del extractivismo minero. Sus
territorios son invadidos constantemente por personas
En el caso de Perú la Constitución de 1993, en el artículo 2 habla del derecho a la identidad de cada persona, numeral 2 del mismo artículo entre
otros aspectos a no ser discriminado por razones de raza. En Ecuador, la constitución de 1998, reconoce el carácter pluricultural y multiétnico del
país; por su parte, la Constitución 2008 reconoce al Estado como intercultural y plurinacional.
Kairós, Vol. (3) No. 5, pp. 30-40, Julio - Diciembre 2020, Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba-Ecuador - ISSN No. 2631-2743
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extrañas, algunas vinculadas con maas, que buscan
hacer fortuna con la explotación del oro, el cobre y otros
metales (Palacín, 2014). Es importante resaltar que la
minería altera la vida de los indígenas, destruye los
bosques, la ora y la fauna nativa.
Los Estados que otorgan concesiones mineras a las
empresas transnacionales en los territorios indígenas,
y las personas que se dedican a la minería legal e ilegal,
piensan que esta actividad otorga benecios económicos
inmediatos y promueve el desarrollo de los países y de los
habitantes del lugar, en los que se encuentran las minas
(Palacín, 2014). Sin embargo, esto no sucede, tal como se
demostrará más adelante.
Uno de los conictos mineros que ha llamado la atención
de la comunidad internacional, es el caso de la Comunidad
Nativa Tres Islas de Madre de Dios. El 3 de marzo de 2016,
los dirigentes de esta comunidad presentaron la solicitud
de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), para que la República del
Perú “adopte las medidas necesarias y garantice la vida e
integridad de los miembros” (CIDH, 2017, p. 1) de dicha
comunidad.
La comunidad Nativa Tres Islas se encuentra asentada
en la sub-cuenca del río Madre de Dios, en el distrito y
provincia de Tambopata del departamento de Madre de
Dios, en la región amazónica del Perú. Según los estudios
de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SDA,
2020), el departamento de Madre de Dios es una de las
zonas más biodiversas del planeta. Hasta los años noventa
fue la región mejor preservada de la Amazonía peruana,
pero el alza sin precedentes del precio internacional del
oro en la primera década del dos mil, originó una ebre
extractivista de este metal precioso, que afecta gravemente
al bosque nativo y a la biodiversidad. Se calcula que desde
2005 hasta 2018, se ha deforestado 50 mil hectáreas de
bosque (SDA, 2020).
La extracción del oro se realiza en los ríos Tambopata,
Madre de Dios y sus auentes. Igualmente, en las
tierras húmedas por medio de la explotación aurífera
aluvial. Según el informe preparado por el Instituto de
Investigaciones de la Amazonía peruana y del Ministerio
del Ambiente (2011), al recorrer la región se puede
ver árboles talados, charcos de agua contaminada con
mercurio, montañas articiales de piedra y arena, o
se puede escuchar el ruido de los motores que siguen
drenando los bosques. A decir de Julio Cusurichi,
presidente de la Federación Nativa del Río Madre de
Dios y Auentes (FENAMAD), “en medio del bosque,
los mineros ingresan a las tierras pertenecientes a las
comunidades, abren caminos y talan árboles. Pueden
tener permiso de uso, pero sus métodos de extracción
son ilegales porque utilizan mercurio y contaminan el
agua y la tierra” (Entrevistado por Diario El Comercio,
15.09.19).
Evidentemente, para la extracción del oro, los mineros
invaden violentamente los territorios indígenas sin
ningún tipo de permisos. La presidenta de la comunidad
Tres Islas señala, “los mineros vienen a las orillas del río,
instalan sus barcazas, sus motores, sin pedir permiso
a nadie y abren los hoyos. Cuando alguien reclama,
amenazan con pistola” (Entrevistada por Panorama Perú,
20.12.2014). De acuerdo a los reportajes de la televisión
peruana, las zonas como La Pampa, km 103 de la vía
interoceánica, es un territorio donde no hay presencia del
Estado. En esta parte operan las maas que violentamente
invaden los territorios indígenas, introducen sus
maquinarias, imponen sus negocios que van desde la
venta de herramientas, combustible, cervezas, trata de
personas y prostitución (Panorama Perú, 2014).
Los mineros que llegan a esta región, proceden del Puno,
Cusco, Lima y de otras regiones del Perú. Son personas
que no encuentran fuentes de trabajo en sus lugares
de origen. Van a la selva con la esperanza de encontrar
ganancias económicas altas y tener mejores condiciones
de vida. En su mayoría son jóvenes reclutados por los
mineros ilegales, que trabajan al margen de la ley y en
conexiones con las maas. Uno de los mineros maniesta,
“aquí en Cusco no hay nada que hacer. Si encontramos
trabajo, nos pagan poco. En Madre de Dios podemos sacar
el oro y con poco de suerte, en un día podemos tener 150
soles. El trabajo es duro, pero qué vamos hacer. La única
manera de sacar adelante a la familia es trabajando ahí”
(Entrevistado por Panorama Perú, 23.04.17).
En efecto, un minero pasa día y noche en las minas,
sumergido en el agua, con poco alimento, realiza su
labor en pésimas condiciones y en un ambiente de alta
inseguridad. Hay dos tipos de mineros, unos los dueños